El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, visitó Sancti Spiritu y mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Cristian Vincenti. El encuentro estuvo centrado en la prevención, el fortalecimiento del control urbano y la articulación entre la Provincia y la comuna para mejorar las herramientas de seguridad en la localidad.

La visita se concretó en la jornada del jueves y fue informada por el Gobierno de Sancti Spiritu a través de sus canales oficiales, donde se destacó el diálogo mantenido con el funcionario provincial sobre distintos temas vinculados al cuidado de los vecinos.

Agenda de trabajo en la localidad

Durante la reunión, Cococcioni y Vincenti repasaron las acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad local, con eje en la prevención y en el acompañamiento institucional a las áreas encargadas del control territorial.

El presidente comunal remarcó la importancia de sostener un trabajo coordinado con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de seguridad y sumar recursos que permitan mejorar la respuesta ante las demandas de la comunidad.

Recorrida por el Centro de Monitoreo

Como parte de la agenda, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Sancti Spiritu. Allí, el ministro conoció de primera mano la tarea que lleva adelante el área de Control Urbano, un espacio clave para la prevención, la observación de situaciones en la vía pública y el acompañamiento a los operativos locales.

La incorporación y el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento urbano forman parte de una línea de trabajo que distintas localidades santafesinas vienen impulsando con apoyo provincial, en el marco de políticas orientadas a reforzar la prevención y la presencia territorial.

Visita a la comisaría local

Luego de la recorrida por el Centro de Monitoreo, la comitiva se trasladó a la comisaría, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de la dependencia y las necesidades vinculadas al trabajo policial cotidiano.

La presencia del ministro en la localidad se inscribe en una agenda provincial que busca sostener el vínculo directo con municipios, comunas y fuerzas de seguridad

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio provincial, lo que representa una reducción del 67 % respecto del mismo período de 2023, cuando se contabilizaron 217 asesinatos. Se trata del registro más bajo de los últimos 25 años, según los datos del Observatorio de Seguridad Pública.

La información fue presentada este jueves por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que repasó los principales indicadores del Plan de Seguridad que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Del total de homicidios registrados entre enero y junio de este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 15 en el departamento La Capital. En Rosario, la disminución fue del 70 %, al pasar de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en igual período de 2026. En La Capital, la reducción alcanzó el 57 %, con 15 casos frente a los 35 registrados tres años atrás.

Coudannes definió estos resultados como “una baja inédita”, y sostuvo que obedecen a una política pública sostenida en el tiempo. “No es magia ni demagogia. Es el resultado de acciones, de un plan de inversiones, de una decisión del gobernador de dar siempre prioridad al Plan de Seguridad, que está en constante reconstrucción y mejora. Todo eso es inversión, decisión y seguimiento”, afirmó.

“El miedo cambió de lado”

Luego, la vocera explicó que se toman como muestra los datos del Observatorio de Seguridad Pública, una herramienta conjunta del Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y que estos números reflejan que “la desidia, la improvisación y la falta de planificación en materia de seguridad durante la anterior gestión de gobierno era una moneda corriente”, pero esa situación “hoy cambió, el miedo cambió de lado, y no es una frase hecha, es una realidad, porque los vecinos y los comerciantes nos lo transmiten”.

Según señaló, la actual estrategia combina prevención, presencia policial, investigación criminal, atención a las víctimas y un monitoreo permanente de los indicadores del delito. Además, destacó que existe un seguimiento diario de la actividad policial y de la distribución de los recursos en el territorio por parte del gobernador y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por último, Coudannes advirtió que, pese a la fuerte reducción de los homicidios, el desafío continúa: “Todavía hay delincuentes y organizaciones criminales que resisten, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Al gobernador Pullaro y a nuestra gestión no los va a vencer la delincuencia”, concluyó.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), abrió la inscripción para incorporar a 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el trayecto formativo que habilita el ingreso a la Policía de la Provincia. La convocatoria está dirigida a jóvenes de toda Santa Fe, sin distinción de género, y contempla un renovado sistema de becas que alcanza los 500.000 pesos mensuales para postulantes de departamentos priorizados.

La formación comenzará en marzo de 2027 y finalizará en diciembre de 2028. Durante esos dos años, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado, con salidas los fines de semana, en las sedes del ISEP ubicadas en Rosario y Recreo. Al completar el segundo año obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad.

La inscripción podrá realizarse de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto a través del sitio oficial del Instituto de Seguridad Pública (https://www.isepsantafe.edu.ar/).

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la Provincia reformuló el esquema de becas con el objetivo de fortalecer el proceso de incorporación de nuevos efectivos.

“Rediseñamos el plan de becas para que más jóvenes se sumen a formar parte de la Policía de la invencible provincia de Santa Fe. Una fuerza que, como sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro, logró reducir los índices de violencia en tiempo récord y convertir a Rosario y a la provincia en una referencia nacional en materia de seguridad”, afirmó.

La funcionaria explicó que el nuevo esquema contempla una asignación mensual de 500.000 pesos para los aspirantes radicados en departamentos priorizados de la zona sur de la provincia y de 250.000 pesos para quienes provengan del resto del territorio santafesino. En ambos casos se mantienen los beneficios de alojamiento y alimentación gratuitos durante toda la formación.

* Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:* Ser argentinos.* Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico, previsto para febrero de 2027.* Poseer título secundario o polimodal completo, o constancia de finalización de estudios.* Contar con aptitudes psicofísicas compatibles con la función policial y aprobar los exámenes médicos y psicológicos establecidos para el ingreso.* No haber sido condenados por delitos o contravenciones en la justicia nacional o provincial.* No encontrarse procesados judicialmente, salvo que cuenten con sobreseimiento definitivo o absolución en los términos previstos por la ley.* No desempeñarse como empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal.* No haber sido destituidos, cesanteados o exonerados de organismos públicos.* Presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Los cadetes seleccionados contarán con:* Boleto Educativo Gratuito durante los dos años de cursado.* Cobertura médica a través de Iapos.* Atención médica y psicológica.* Alojamiento y alimentación completos.* Beca mensual de 500.000 pesos para aspirantes de departamentos priorizados y de 250.000 pesos para postulantes del resto de la provincia.* Transporte gratuito programado para los trayectos entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos.La actualización de las becas representa una mejora significativa respecto del esquema vigente. La asignación de 500.000 pesos supone un incremento del 354,5 % en relación con la beca actual de 110.000 pesos, mientras que la de 250.000 pesos implica una mejora del 127,3 %.

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial aproximada de 2.093.743 pesos, compuesta por sueldo básico, función operativa y adicionales específicos, a los que podrán sumarse otros suplementos según el destino asignado.Además, accederán a:* Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de 200.676 pesos mensuales con actualización automática.* Uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria sin coste.* Posibilidad de alojamiento en Rosario cuando las necesidades del servicio lo requieran.* Departamentos priorizados.Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

El proceso de evaluación consta de cuatro etapas:* Examen psicológico y premédico.* Examen médico, evaluación física y examen intelectual.* Evaluación socioambiental.* Curso propedéutico.

El Poder Ejecutivo santafesino presentó ante integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo una serie de estadísticas y de apreciaciones sobre los impactos de políticas en la seguridad pública, brindó detalles de gestiones realizadas ante autoridades nacionales así como sobre los sistemas de compras en marcha para dotar de mayor movilidad y equipamiento a las fuerzas policiales y penitenciarias.

El encuentro se realizó en un colmado Salón Blanco de la Casa Gris y fue previo a la reunión semanal de gabinete. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, llegaron al encuentro procedentes del Congreso Nacional donde fueron invitados a exponer sobre el proyecto de ley antimafias presentado por el Ejecutivo Nacional ante las Cámaras.

Pullaro abrió y cerró el encuentro marcando la necesidad de tener regularidad en este tipo de reuniones entre representantes de los tres poderes donde destacó el trabajo articulado llevado adelante en estos casi seis meses de gobierno. "Sentimos que que se están llevando adelante cambios importantes y se están estableciendo parámetros de delito en franco retroceso" admitiendo que la tarea deberá seguir por el mismo camino.

El propio gobernador fue cediendo la palabra a los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni que, con gran parte de sus equipos, fueron brindados datos sobre las cifras de homicidios, los avances en el reequipamiento policial, la capacitación del personal; obras penitenciarias y en comisarías que están en marcha.

Cárcel y patrullerosAllí, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, informó que estuvo el martes con el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona quien adelantó que en 120 días pretende extender el nuevo sistema procesal penal federal a toda la provincia de Santa Fe mientras que la cárcel federal de Coronda podría estar habilitándose a fin de año. "Algunos nos dicen que está al 93% y otros nos dicen que está al 97%" señaló Cococcioni.

En tanto, la secretaria de Coordinación Técnica de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani dio precisiones sobre la compra directa de cien vehículos para la policía, la pronta adjudicación de la adquisición de otros setecientos vehículos y de la mejora en precios le permitirá a la provincia adquirir otras sesenta unidades. "Vamos a mejorar la movilidad policial" les dijo Pullaro ante preguntas puntuales de móviles para departamentos del interior. Recordó que en sus cuatro años de gestión fueron adquiridos 1.600 vehículos y ahora 800. "Vamos a tener una buena flota".

Antes había pedido paciencia por el cuello de botella que se genera por la cantidad de detenidos en penitenciarías y en comisarías y la necesaria construcción de nuevos pabellones. Lucía Masneri, responsable del Servicio Penitenciario, subrayó que 6,5% de los detenidos en Santa Fe corresponden a la justicia federal, siendo Santa Fe la que tiene el mayor porcentaje de ese sector y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, hizo notar que la provincia es una de las pocas sin cárcel federal hasta el momento.

Microtráfico y armasLa fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, explicó la política de coordinación con la justicia federal por temas de microtráfico de drogas estableciendo los lineamientos de la tarea de los fiscales. Dijo que ya llevan derribados 19 lugares de ventas de drogas y puso como objetivo inmediato el trabajo de un mayor control sobre el mercado ilegal de armas.

Cococcioni señaló al final de la reunión que “para nosotros es muy importante el marcado descenso que ha tenido la cifra de homicidios a lo largo y ancho de nuestra provincia; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas, policiales y penitenciarias, que se encuentran en marcha. En definitiva todo lo que hace a los principales ejes del plan de seguridad que hemos trazado para la provincia de Santa Fe".

El ministro precisó que "si uno compara las cifras de los primeros cuatro meses del año pasado con los primeros cuatro meses del año en curso, la cantidad de homicidios es prácticamente la mitad, en distintos puntos de la provincia y también ha bajado mucho la cantidad de heridos y de lesiones leves con arma de fuego. Esto refleja, de alguna manera, una baja en los principales indicadores de violencia en Santa Fe".

Por último, recordó que fueron entregados los primeros 100 móviles policiales, 70 en Rosario, 30 Santa Fe, ambos para funciones netamente operativas en comandos radioeléctricos. También se encuentra en marcha, y muy avanzada, la licitación para 500 motocicletas de uso policial y se están trabajando los pliegos para la adquisición de pick-up, y equipamiento para las policías especiales y de investigaciones.

En el CongresoEl gobernador Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expusieron ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación durante el tratamiento del proyecto de ley sobre Abordaje Integral del Crimen Organizado (conocida como Ley Anti Mafias), presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ambos manifestaron su acuerdo general con el proyecto, aunque también propusieron algunas modificaciones, expusieron detalles de la legislación santafesina y de las medidas que se aplican en la provincia, y respondieron las preguntas de los legisladores nacionales.

Pullaro afirmó que "venimos a respaldar el proyecto de ley y a dar la mirada que tenemos, y a decirles que no tenemos que tener miedo a llevar adelante reformas importantes, y lo voy a demostrar con datos y cómo con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable". Además consideró que el proyecto "tiene un exceso de garantismo" y consideró "sumamente importante poder contar con una ley que que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales", y con "instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas".

La Legislatura sancionó este jueves otras dos leyes del paquete de las normas sobre seguridad pública que remitió el Poder Ejecutivo a las cámaras: una ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad. Ambos temas fueron considerados en la misma jornada por las dos cámaras y en el caso de la primera, Diputados introdujo algunas reformas al texto aprobado por el Senado siete días atrás. A los pocos minutos, la Cámara Alta convalidó los cambios y convirtió en ley ese mensaje.

Ahora le resta a la Legislatura el acuerdo para otros proyectos como la creación de una agencia de inteligencia; las reformas al Código Procesal Penal y a los principales institutos: el Ministerio Público de la Acusación y el Sistema de la Defensa Pública, temas donde todavía no están logrados los consensos suficientes para votarlos en el recinto.

"Es una herramienta que sumamos a las votadas siete días atrás para organizar el Estado y recomponer la autoridad en la batalla contra la violencia y el narcotráfico", afirmó José Corral (UCR - Unidos) al presentar en el recinto el texto a votar sobre la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. "Venimos a cumplir con el compromiso de campaña de nuestro gobernador, de legislar para mejorar la política de seguridad" agregó el miembro informante de la mayoría. Los diputados oficialistas aceptaron algunas modificaciones solicitadas por el justicialismo y por Unite para consolidar una sólida mayoría a la hora de votar. Solo se abstuvieron los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía y los dos de Viva la Libertad.

Corral explicó los alcances de la ley, los objetivos e incluso se detuvo en el capítulo especial referido a los detenidos de alta peligrosidad. "Es una ley basada en el conocimiento de nuestro gobernador que fue ministro de Seguridad y del ministro actual que estuvo al frente del Servicio Penitenciario", advirtió. Valoró los aportes introducidos por algunas legisladoras de Unidos e incluso de Celia Arena (PJ) y de Emiliano Peralta (Unite),

Enseguida Lucila De Ponti (PJ) destacó el camino del diálogo en el proyecto y lo contrapuso a la actuación del oficialismo siete días antes que avanzó con proyectos sin debate en comisiones. "Es saludable esta discusión, darle herramientas a la justicia más allá de algunos reparos que podemos tener con el capítulo de alta peligrosidad. Su par, Verónica Baró Graf también valoró el debate y subrayó que lograron la inclusión de que las víctimas puedan ser escuchadas en esta norma.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías estuvieron puliendo la letra chica de la ley hasta el inicio de la sesión con la mirada atenta del Senado para aceptar los cambios. Después, en el recinto la Comisión de Presupuesto y Hacienda hizo el dictamen y lo firmó en un cuarto intermedio.

El proyecto sancionado regula los institutos propios del régimen de progresividad, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional vigente en la materia. El Poder Ejecutivo entendió que "el acople normativo es necesario y buscado por el texto, a punto tal que se toma como base para el cálculo de las principales etapas la fecha estimada de puesta en libertad según la legislación de fondo".

En cuanto a los institutos de soltura anticipada, guardan proporción con las normas nacionales que regulan la libertad condicional y la libertad asistida, evitando la salida anticipada de condenados no susceptibles de liberación bajo estos títulos, con el riesgo agravado de incumplimiento que la falta de perspectivas liberatorias previsiblemente genera.

La norma incorpora el régimen de internos de alto perfil, que hasta ahora tiene una base normativa de carácter meramente reglamentario. Además crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva. Este artículo fue votado en contra por la bancada justicialista entendiendo que genera un mayor gasto y choca con otras normas.

"El régimen penitenciario será progresivo, y estará segmentado en períodos que implicarán sucesivamente mayores niveles de autodeterminación personal. El avance a través de dichos períodos, y en particular el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, estará supeditado al activo involucramiento en el programa de tratamiento y a la reducción comprobable del riesgo de reiteración delictiva", dice el artículo 6.

Dispone además que los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria, como así también las medidas no privativas de libertad o de atenuación de la coerción serán supervisadas por la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad, creada por otra ley dictada este jueves.

Un artículo dispone que la administración penitenciaria proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, si éste no tuviere, para usarla en el interior del establecimiento y también regula normas de alimentación. También se ocupa de reglar las faltas y las sanciones por cometer faltas por parte de los internos. Otro del régimen de visitas y de comunicaciones.

Plenario

Un plenario de cuatro comisiones fue convocada para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para buscar un dictamen sobre otro proyecto en materia de seguridad. Es la propuesta del Poder Ejecutivo para regular la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito. El tema tiene controversias incluso dentro de Unidos mientras que los bloques de la oposición sugieren algunos cambios al mensaje.

Alto perfil

El capítulo 11 de la ley apunta a las normas de trato para los internos de alto perfil, definiendo como tal a aquellos internos que hayan tenido participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares fuera de su lugar de alojamiento, por sí o por medio de allegados u organizaciones criminales. También a aquellos con antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto o con disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

Con más de 200 crímenes en lo que va del año en Rosario, el 2022 se perfila como el más violento de la historia. A su vez, se registran hechos insólitos y de extrema gravedad en materia de inseguridad. En este contexto, y a 30 días de asumir la conducción del Ministerio de Seguridad, el comisario retirado Rubén Rimoldi será citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, que preside el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido – integrante del Bloque UCR Evolución. “Hace un mes que asumió y no conocemos que piensa hacer con la seguridad en la provincia y en las principales ciudades” afirmó el legislador.

Rosario superó la barrera de los 200 homicidios y, según explicaron los equipos técnicos de seguridad del bloque UCR Evolución, el 2022 se perfila como el más violento de la historia. Agregaron además que desde principios de Agosto se viene sucediendo – en promedio – un crimen por día. “Vemos una situación de total abandono. No hay prevención, no se ven móviles patrullar las calles. Son reiterados los testimonios de víctimas que llaman al 911 y esperan más de media hora la llegada de un policía que los asista” relató Cándido.

Por otro lado, el legislador señaló que “en la ciudad de Santa Fe la situación de inseguridad, robos, arrebatos y violencia esta descontrolada pese a algunas acciones que fueron fruto de la insistencia de las víctimas y no como parte de un plan integral para mejorar la seguridad”.

“Ya pasaron tres ministros, tres jefes de policía de provincia, 10 jefes de unidad regional en Rosario y nada cambia. Creemos que estos son los riesgos de haber subestimado el tema en campaña en 2019 y haber asumido sin un plan, sin interiorizarse de lo hecho durante la gestión del ex ministro Pullaro y haber delegado la conducción política de la seguridad. Necesitamos respuestas urgentes” señaló el diputado.

La reunión del ministro Rimoldi se realizará, en principio, en el anexo de la Legislatura en la ciudad de Santa Fe. “No conocimos de ninguno de los tres ministros un plan de seguridad para el presente, lo que demuestra que quien no tiene plan es el gobernador Perotti. Queremos saber lo que piensa hacer Rimoldi, porque hasta aquí no hemos visto ni escuchado su opinión al respecto”.

Por último, Cándido señaló que se están viviendo situaciones insólitas como el cierre del Instituto de Seguridad Pública que tuvo que ser cerrado por “contagios de sarna” entre los cadetes. “Es total el estado de abandono de las cosas, ni siquiera garantizan condiciones mínimas de salubridad para los jóvenes que eligen formarse para aportar a la seguridad pública”.