El Poder Ejecutivo santafesino presentó ante integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo una serie de estadísticas y de apreciaciones sobre los impactos de políticas en la seguridad pública, brindó detalles de gestiones realizadas ante autoridades nacionales así como sobre los sistemas de compras en marcha para dotar de mayor movilidad y equipamiento a las fuerzas policiales y penitenciarias.

El encuentro se realizó en un colmado Salón Blanco de la Casa Gris y fue previo a la reunión semanal de gabinete. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, llegaron al encuentro procedentes del Congreso Nacional donde fueron invitados a exponer sobre el proyecto de ley antimafias presentado por el Ejecutivo Nacional ante las Cámaras.

Pullaro abrió y cerró el encuentro marcando la necesidad de tener regularidad en este tipo de reuniones entre representantes de los tres poderes donde destacó el trabajo articulado llevado adelante en estos casi seis meses de gobierno. "Sentimos que que se están llevando adelante cambios importantes y se están estableciendo parámetros de delito en franco retroceso" admitiendo que la tarea deberá seguir por el mismo camino.

El propio gobernador fue cediendo la palabra a los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni que, con gran parte de sus equipos, fueron brindados datos sobre las cifras de homicidios, los avances en el reequipamiento policial, la capacitación del personal; obras penitenciarias y en comisarías que están en marcha.

Cárcel y patrullerosAllí, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, informó que estuvo el martes con el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona quien adelantó que en 120 días pretende extender el nuevo sistema procesal penal federal a toda la provincia de Santa Fe mientras que la cárcel federal de Coronda podría estar habilitándose a fin de año. "Algunos nos dicen que está al 93% y otros nos dicen que está al 97%" señaló Cococcioni.

En tanto, la secretaria de Coordinación Técnica de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani dio precisiones sobre la compra directa de cien vehículos para la policía, la pronta adjudicación de la adquisición de otros setecientos vehículos y de la mejora en precios le permitirá a la provincia adquirir otras sesenta unidades. "Vamos a mejorar la movilidad policial" les dijo Pullaro ante preguntas puntuales de móviles para departamentos del interior. Recordó que en sus cuatro años de gestión fueron adquiridos 1.600 vehículos y ahora 800. "Vamos a tener una buena flota".

Antes había pedido paciencia por el cuello de botella que se genera por la cantidad de detenidos en penitenciarías y en comisarías y la necesaria construcción de nuevos pabellones. Lucía Masneri, responsable del Servicio Penitenciario, subrayó que 6,5% de los detenidos en Santa Fe corresponden a la justicia federal, siendo Santa Fe la que tiene el mayor porcentaje de ese sector y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, hizo notar que la provincia es una de las pocas sin cárcel federal hasta el momento.

Microtráfico y armasLa fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, explicó la política de coordinación con la justicia federal por temas de microtráfico de drogas estableciendo los lineamientos de la tarea de los fiscales. Dijo que ya llevan derribados 19 lugares de ventas de drogas y puso como objetivo inmediato el trabajo de un mayor control sobre el mercado ilegal de armas.

Cococcioni señaló al final de la reunión que “para nosotros es muy importante el marcado descenso que ha tenido la cifra de homicidios a lo largo y ancho de nuestra provincia; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas, policiales y penitenciarias, que se encuentran en marcha. En definitiva todo lo que hace a los principales ejes del plan de seguridad que hemos trazado para la provincia de Santa Fe".

El ministro precisó que "si uno compara las cifras de los primeros cuatro meses del año pasado con los primeros cuatro meses del año en curso, la cantidad de homicidios es prácticamente la mitad, en distintos puntos de la provincia y también ha bajado mucho la cantidad de heridos y de lesiones leves con arma de fuego. Esto refleja, de alguna manera, una baja en los principales indicadores de violencia en Santa Fe".

Por último, recordó que fueron entregados los primeros 100 móviles policiales, 70 en Rosario, 30 Santa Fe, ambos para funciones netamente operativas en comandos radioeléctricos. También se encuentra en marcha, y muy avanzada, la licitación para 500 motocicletas de uso policial y se están trabajando los pliegos para la adquisición de pick-up, y equipamiento para las policías especiales y de investigaciones.

En el CongresoEl gobernador Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expusieron ante las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación durante el tratamiento del proyecto de ley sobre Abordaje Integral del Crimen Organizado (conocida como Ley Anti Mafias), presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ambos manifestaron su acuerdo general con el proyecto, aunque también propusieron algunas modificaciones, expusieron detalles de la legislación santafesina y de las medidas que se aplican en la provincia, y respondieron las preguntas de los legisladores nacionales.

Pullaro afirmó que "venimos a respaldar el proyecto de ley y a dar la mirada que tenemos, y a decirles que no tenemos que tener miedo a llevar adelante reformas importantes, y lo voy a demostrar con datos y cómo con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable". Además consideró que el proyecto "tiene un exceso de garantismo" y consideró "sumamente importante poder contar con una ley que que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales", y con "instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas".

La Legislatura sancionó este jueves otras dos leyes del paquete de las normas sobre seguridad pública que remitió el Poder Ejecutivo a las cámaras: una ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad. Ambos temas fueron considerados en la misma jornada por las dos cámaras y en el caso de la primera, Diputados introdujo algunas reformas al texto aprobado por el Senado siete días atrás. A los pocos minutos, la Cámara Alta convalidó los cambios y convirtió en ley ese mensaje.

Ahora le resta a la Legislatura el acuerdo para otros proyectos como la creación de una agencia de inteligencia; las reformas al Código Procesal Penal y a los principales institutos: el Ministerio Público de la Acusación y el Sistema de la Defensa Pública, temas donde todavía no están logrados los consensos suficientes para votarlos en el recinto.

"Es una herramienta que sumamos a las votadas siete días atrás para organizar el Estado y recomponer la autoridad en la batalla contra la violencia y el narcotráfico", afirmó José Corral (UCR - Unidos) al presentar en el recinto el texto a votar sobre la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. "Venimos a cumplir con el compromiso de campaña de nuestro gobernador, de legislar para mejorar la política de seguridad" agregó el miembro informante de la mayoría. Los diputados oficialistas aceptaron algunas modificaciones solicitadas por el justicialismo y por Unite para consolidar una sólida mayoría a la hora de votar. Solo se abstuvieron los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía y los dos de Viva la Libertad.

Corral explicó los alcances de la ley, los objetivos e incluso se detuvo en el capítulo especial referido a los detenidos de alta peligrosidad. "Es una ley basada en el conocimiento de nuestro gobernador que fue ministro de Seguridad y del ministro actual que estuvo al frente del Servicio Penitenciario", advirtió. Valoró los aportes introducidos por algunas legisladoras de Unidos e incluso de Celia Arena (PJ) y de Emiliano Peralta (Unite),

Enseguida Lucila De Ponti (PJ) destacó el camino del diálogo en el proyecto y lo contrapuso a la actuación del oficialismo siete días antes que avanzó con proyectos sin debate en comisiones. "Es saludable esta discusión, darle herramientas a la justicia más allá de algunos reparos que podemos tener con el capítulo de alta peligrosidad. Su par, Verónica Baró Graf también valoró el debate y subrayó que lograron la inclusión de que las víctimas puedan ser escuchadas en esta norma.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías estuvieron puliendo la letra chica de la ley hasta el inicio de la sesión con la mirada atenta del Senado para aceptar los cambios. Después, en el recinto la Comisión de Presupuesto y Hacienda hizo el dictamen y lo firmó en un cuarto intermedio.

El proyecto sancionado regula los institutos propios del régimen de progresividad, incluso las salidas transitorias y semilibertad, con relativa autonomía de la legislación nacional vigente en la materia. El Poder Ejecutivo entendió que "el acople normativo es necesario y buscado por el texto, a punto tal que se toma como base para el cálculo de las principales etapas la fecha estimada de puesta en libertad según la legislación de fondo".

En cuanto a los institutos de soltura anticipada, guardan proporción con las normas nacionales que regulan la libertad condicional y la libertad asistida, evitando la salida anticipada de condenados no susceptibles de liberación bajo estos títulos, con el riesgo agravado de incumplimiento que la falta de perspectivas liberatorias previsiblemente genera.

La norma incorpora el régimen de internos de alto perfil, que hasta ahora tiene una base normativa de carácter meramente reglamentario. Además crea la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, organismo que concentrará las apelaciones en materia de ejecución penal y hábeas corpus, y tendrá competencia consultiva para anticipar criterios de interpretación y aplicación de la ley penal-ejecutiva. Este artículo fue votado en contra por la bancada justicialista entendiendo que genera un mayor gasto y choca con otras normas.

"El régimen penitenciario será progresivo, y estará segmentado en períodos que implicarán sucesivamente mayores niveles de autodeterminación personal. El avance a través de dichos períodos, y en particular el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida, estará supeditado al activo involucramiento en el programa de tratamiento y a la reducción comprobable del riesgo de reiteración delictiva", dice el artículo 6.

Dispone además que los regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida y prisión domiciliaria, como así también las medidas no privativas de libertad o de atenuación de la coerción serán supervisadas por la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad, creada por otra ley dictada este jueves.

Un artículo dispone que la administración penitenciaria proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, si éste no tuviere, para usarla en el interior del establecimiento y también regula normas de alimentación. También se ocupa de reglar las faltas y las sanciones por cometer faltas por parte de los internos. Otro del régimen de visitas y de comunicaciones.

Plenario

Un plenario de cuatro comisiones fue convocada para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para buscar un dictamen sobre otro proyecto en materia de seguridad. Es la propuesta del Poder Ejecutivo para regular la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito. El tema tiene controversias incluso dentro de Unidos mientras que los bloques de la oposición sugieren algunos cambios al mensaje.

Alto perfil

El capítulo 11 de la ley apunta a las normas de trato para los internos de alto perfil, definiendo como tal a aquellos internos que hayan tenido participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares fuera de su lugar de alojamiento, por sí o por medio de allegados u organizaciones criminales. También a aquellos con antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto o con disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

Con más de 200 crímenes en lo que va del año en Rosario, el 2022 se perfila como el más violento de la historia. A su vez, se registran hechos insólitos y de extrema gravedad en materia de inseguridad. En este contexto, y a 30 días de asumir la conducción del Ministerio de Seguridad, el comisario retirado Rubén Rimoldi será citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, que preside el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido – integrante del Bloque UCR Evolución. “Hace un mes que asumió y no conocemos que piensa hacer con la seguridad en la provincia y en las principales ciudades” afirmó el legislador.

Rosario superó la barrera de los 200 homicidios y, según explicaron los equipos técnicos de seguridad del bloque UCR Evolución, el 2022 se perfila como el más violento de la historia. Agregaron además que desde principios de Agosto se viene sucediendo – en promedio – un crimen por día. “Vemos una situación de total abandono. No hay prevención, no se ven móviles patrullar las calles. Son reiterados los testimonios de víctimas que llaman al 911 y esperan más de media hora la llegada de un policía que los asista” relató Cándido.

Por otro lado, el legislador señaló que “en la ciudad de Santa Fe la situación de inseguridad, robos, arrebatos y violencia esta descontrolada pese a algunas acciones que fueron fruto de la insistencia de las víctimas y no como parte de un plan integral para mejorar la seguridad”.

“Ya pasaron tres ministros, tres jefes de policía de provincia, 10 jefes de unidad regional en Rosario y nada cambia. Creemos que estos son los riesgos de haber subestimado el tema en campaña en 2019 y haber asumido sin un plan, sin interiorizarse de lo hecho durante la gestión del ex ministro Pullaro y haber delegado la conducción política de la seguridad. Necesitamos respuestas urgentes” señaló el diputado.

La reunión del ministro Rimoldi se realizará, en principio, en el anexo de la Legislatura en la ciudad de Santa Fe. “No conocimos de ninguno de los tres ministros un plan de seguridad para el presente, lo que demuestra que quien no tiene plan es el gobernador Perotti. Queremos saber lo que piensa hacer Rimoldi, porque hasta aquí no hemos visto ni escuchado su opinión al respecto”.

Por último, Cándido señaló que se están viviendo situaciones insólitas como el cierre del Instituto de Seguridad Pública que tuvo que ser cerrado por “contagios de sarna” entre los cadetes. “Es total el estado de abandono de las cosas, ni siquiera garantizan condiciones mínimas de salubridad para los jóvenes que eligen formarse para aportar a la seguridad pública”.