El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, llevó a cabo la apertura de sobres con las ofertas económicas para comprar 3.000 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros y 11.814 chalecos antibalas de protección individual de nivel RB2, RB3, RB2 de talles especiales destinados a la Policía de Santa Fe. 

Durante la actividad, llevada a cabo en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, agradeció “por el trabajo en equipo para llevar a cabo un programa de obra pública y de adquisiciones de gran porte y estratégicas para la seguridad de la Provincia. Hoy estamos dando un paso más para empezar a cumplir uno de los pilares de la política de seguridad que nos señaló nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que es tener la policía más equipada de Argentina. Vamos a tener una policía capacitada, dotada, equipada, eficiente y en total capacidad de garantizar la seguridad de los santafesinos”.

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, sostuvo que “la Unidad Ejecutora es una estructura que creó el gobernador con un fin específico, que es llevar adelante proyectos y compras de distintos sistemas que se consideran de importancia para el Gobierno. Para eso buscamos una estructura eficiente y transparente para poder canalizar y concretar todos los temas que tenemos”. 

En el marco, Leone destacó “la cantidad de oferentes que tenemos, somos un Gobierno que cumple con los compromisos que tomamos. En el área de seguridad, lo dice siempre el gobernador, son prioritarios los recursos para que los bienes se puedan entregar”, finalizó Leone.

En tanto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, resaltó “la decisión política de equipar a la policía pero también, y consecuentemente, con un plan de obras públicas que permite el restablecimiento de las condiciones dignas de trabajo. En Santa Fe se mancomunan esfuerzos, se despliega todo el capital político y económico para poder restablecer las condiciones de prestación de servicios de las fuerzas de seguridad. Es un día de mucha alegría el poder llevar adelante otra apertura que se suma a una innumerable cantidad de procesos licitatorios”. 

Por último, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que “este acto es la consolidación de todo un proceso de trabajo que empezó el 10 de diciembre de 2023, con una gestión que desde el primer día marcó la necesidad de recuperar la seguridad pública a partir de la recuperación de sus fuerzas de seguridad. La realidad de la seguridad pública hoy nos marca un avance fuerte sobre la delincuencia y sobre la baja de los índices delincuenciales”. 

Participaron también de la actividad la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la diputada nacional Melina Georgi; y el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi.

Con un presupuesto inicial de 3.300 millones de pesos, la licitación acelerada contempla la adquisición de 3.000 pistolas semiautomáticas calibre 9x19 mm Nato con sistema de disparo simple y doble acción.Para ello se presentó una oferta correspondiente a Bersa S. A. por $2.205.000.000.

El presupuesto para la licitación acelerada de 11.814 chalecos antibalas de protección individual de nivel RB2, RB3, RB2 de talles especiales, supone una inversión de más de $13.684.481.750. 

Para tal fin se presentaron 6 ofertas: Delta V S. A. ofertó para el renglón 1: $ 12.762.495.000, para el renglón 2: $ 675.000.000 y para el renglón 3 no cotiza, en tanto la oferta alternativa para el renglón 1 es de $7.229.300.000; Industrias Seatle S. A. para el renglón 1 $10.009.788.878, el renglón 2 y 3 no cotiza y la oferta alternativa para el renglón 1 es de $8.874.110.336; Fabricaciones Militares S. E. cotiza para el renglón 1 $8.296.622.730, en tanto renglón 2 y 3 no cotiza y la oferta alternativa al renglón 1 es de $7.559.145.154; Tecnología Antibalas S. A. oferta para el renglón 1 $ 11.099.756.000, para el renglón 2 y 3 no cotiza y la oferta alternativa del renglón 1 es de $ 11.099.756.000; FG Group S. R. L. no cotiza; y Geotex S. R. L. oferta para el renglón 1 USD 3.660.750,51 y para el renglón 3 USD 157.590 y no cotiza para el renglón 2.

El Gobierno Nacional presentó públicamente este viernes el proyecto de Ley Penal Juvenil con la que busca bajar la edad de imputabilidad que en la actualidad se aplica sobre menores de edad entre los 16 y 18 años.

La presentación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro nacional de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En una conferencia de prensa anticiparon detalles de la reforma que impulsa la administración libertaria.

El texto, de acuerdo a lo que precisaron los funcionarios, ya fue enviado al Congreso de la Nación por mandato del propio presidente Javier Milei que está destinado a combatir el delito efectuado por parte de menores de edad.

Según anunciaron Cúneo Libarona y Bullrich, el proyecto para un nuevo Régimen Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad desde los 13 hasta los 18 años. Entre esas edades, según el proyecto, quienes delinquen podrán ser privados de su libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo".

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

"Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva", sostuvo la ministra.

"La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, años tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas", subrayó el Ministerio de Seguridad.

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Además, mediante un comunicado, la cartera agregó que "las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados".

"Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente. El Gobierno nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma", resaltaron desde Seguridad.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, mantuvo este jueves una reunión con legisladores santafesinos, quienes lo convocaron para abordar cuestiones referidas a proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en las cámaras.

“Vinimos convocados para dialogar sobre dos proyectos puntuales, uno con propuestas de reformas parciales al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, y otro con el proyecto de ley para instaurar el juicio por jurados en materia penal”, explicó el funcionario, quien aclaró que con estos mensajes “buscamos fortalecer a los órganos de la política criminal, a la Policía, a la Fiscalía, y tratar de que las audiencias judiciales, las que son distintas al juicio oral -que tiene su propia lógica-, puedan darse de una manera mucho más dinámica y la justicia pueda aplicar más eficientemente sus recursos”, señaló en diálogo con la prensa.

Al ser consultado por los medios sobre los dos primeros meses de trabajo, el funcionario destacó que “estamos teniendo a lo largo y ancho de toda la provincia algunos indicadores que ostentan una leve mejora” pero remarcó que “no es para salir a festejar que estemos bien, para nada: es simplemente para poder hacer ajustes, detectar problemas, corregirlos a tiempo, pero no compartimos que un descenso de los homicidios -que por cierto es muy marcado- deba salir a ser exhibido como un trofeo en materia de gestión”.

Cococcioni señaló además que “no sólo contamos los homicidios, sino también medimos cantidad de heridos de arma de fuego, secuestros de arma de fuego, entre otros datos. En 2 meses de gestión en la provincia de Santa Fe hay 300 presos más, pero no es que aprehendimos 300 personas más, sino que son personas que quedan dentro del sistema con causas judiciales que después pueden ser acreditadas en un tribunal. Y esto habla también no sólo de la proactividad en calle, sino de la calidad que se está ganando en materia de investigación a partir de la reestructuración de la PDI”. 

Por otra parte, valoró el acompañamiento de la Legislatura: reflejó como ejemplo que con la sancionada Ley de Emergencia “nosotros reparamos más de 200 vehículos policiales, incluyendo los vehículos en posesión de las fuerzas federales afectados al Plan Bandera en Rosario. Esto nos permite que hoy en la ciudad de Santa Fe estemos entre 60 y 70 vehículos operativos en tareas de patrullaje urbano, habiendo iniciado la gestión con 9 autos y dos motos”.

La Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, mantuvo una reunión con el Ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, para implementar el curso de capacitación de prevención en violencia institucional destinado a miembros de las fuerzas de seguridad santafesinas que surge del convenio firmado entre el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) y el Ministerio de Seguridad.

La iniciativa tuvo lugar a partir del análisis y entrecruzamiento de los datos recabados por el Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos de la Defensoría Provincial con los datos del Ministerio de Seguridad como así de algunas decisiones judiciales que han impuesto a imputados miembros de fuerzas de seguridad reglas de conducta consistentes en la participación en cursos de capacitación sobre violencia institucional.

Brilloni le respondió a Frederic y defendió a la policía de Santa Fe

El acuerdo propende a la prevención de la violencia institucional a partir de la capacitación, formación profesional y construcción e internalización de buenas prácticas por parte de fuerzas policiales. Ambos organismos establecieron las bases de contenidos mínimos y el programa de capacitación con enfoque de Derechos Humanos, el cual comenzará a mediados de marzo de este año, y estará dirigido en primera instancia a las jerarquías superiores del cuerpo policial.

Esta actividad está proyectada para el resto del escalafón de las fuerzas de seguridad lo que insume un gran esfuerzo por parte del SPPDP y del Ministerio de Seguridad, en atención a los casi veinte mil agentes y cadetes para quienes se encuentra proyectado el curso.

Respecto a la currícula, se abordarán temas referidos al concepto de violencia institucional, sus antecedentes, contexto histórico y abordaje normativo; los principios sobre el uso de la fuerza en relación al ejercicio de la función policial; la relación entre las prácticas policiales actuales con las dictaduras militares en el contexto argentino y latinoamericano; y el control de las fuerzas de seguridad.

El curso se dictará desde el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública, en forma virtual habida cuenta la cantidad de gente que lo tomará y la extensión territorial de la provincia.

El cuerpo docente de esta formación es encabezado y coordinado por la propia Defensora Balangione acompañada por la Subsecretaria del Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos, Lorena Negro, y lo integran defensores y funcionarios con formación profesional específica en la materia.

Se trata de la primera propuesta formativa con este tipo de características específicas. Desde el servicio de Defensa se valoró la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad para dar respuesta tanto a situaciones puntuales como para propender a la formación general de la agencia policial en su conjunto con perspectiva en Derechos Humanos. Balangione destacó la predisposición del Ministro de Seguridad en la búsqueda de potenciar la vocación policial a través de la formación y capacitación constante de sus agentes.

La Provincia de Santa Fe se encuentra obligada por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina y, entre ellos se encuentra el deber de adoptar medidas progresivas para erradicar la violencia institucional.

Descabezar a la cúpula de la policía provincial en Santa Fe y desplazar a Miguel Angel Oliva como Jefe de las fuerzas fue la primera decisión que adoptó Claudio Brilloni a sólo minutos de haberse hecho cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia. Brilloni posee una mirada crítica de la institución y así se lo manifestaba en los primeros días de enero, cuando hablaba de un “déficit” en el entrenamiento y en la formación, y de una “pérdida del ejercicio de mando”.

Para Brilloni, la policía de Santa Fe tiene un “déficit de entrenamiento y perdió el ejercicio de mando”

Con el diagnóstico en la mano y el hándicap de venir siendo parte de la gestión en su rol de vice ministro con un fuerte desempeño en el territorio, el ex comandante de Gendarmería tendrá diez meses para intentar mitigar los inusitados hechos de violencia que se producen – sobre todo- en Rosario.

“Tenemos claramente definidos los puntos críticos de la provincia; vamos a desplegar toda la actividad operativa y de prevención con la que contemos. Vamos a colaborar con el Ministerio Público de la Acusación y jueces federales para fortalecer el trabajo de investigación criminal”, dijo Brilloni, al adelantar sus primeras medidas. Asimilando que la policía perdió control del territorio, consideró que la manera de revertir esa situación es “con liderazgo policial”. En tal sentido, manifestó su total confianza en el nuevo jefe de la fuerza, Martín García. “Tiene legitimidad por peso propio, por su entrenamiento que para mí es esencial; y por su formación y actualización, que es constante. Debemos conjugar adecuadamente las potencialidades que tienen nuestros policías”, planteó.

Claudio Brilloni juró como nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe

Brilloni no descartó promover una reforma policial, teniendo en cuenta que no prosperaron en lo que va de la gestión ninguno de los proyectos que había impulsado el Poder Ejecutivo sobre la temática. De todos modos, aclaró que ello demanda tiempo, y su gestión corre contrarreloj. “Eso debe trabajarse ordenadamente, con tiempo y dando participación a las bases. (Aun así) puede haber proyectos en ese sentido. Tenemos un plan de trabajo y lo hemos conversado con el gobernador; tiene que ver con el despliegue policial pero también, con la formación de los efectivos. Y ante una posible reforma policial, impulsar el paquete de leyes o medidas que sean necesarias para tener una policía profesional y que esté a la altura de las exigencias que hoy nos tocan vivir. Nos queda mucho por hacer pero nos animamos a hacerlo, porque la policía de la provincia tiene un material humano con fuerte perfil democrático y respeto al sistema de gobierno. Quizá el desafío sea entrenarla más y mejor; a veces, la cotidianeidad nos subsume y nos olvidamos de algo esencial como la formación y el entrenamiento”.

Cambio en Seguridad: Rimoldi quedó afuera y Brilloni es el nuevo ministro

Brilloni valoró el trabajo de los actuales jefes de unidades regionales y descartó, por ahora, cambios en esas cúpulas. “En principio no habrá cambios; estoy muy conforme con el trabajo de los jefes regionales. Sí les voy a pedir algunos cambios en cuanto a la funcionalidad. Quiero jefes que caminen conmigo el territorio y que estén en cada situación crítica. También deben controlar al personal porque ésa es una de sus funciones básicas, así como motivarlos e incentivarlos. Si el jefe está al lado de la tropa, las cosas se resuelven mejor”, precisó.

Respecto de la presencia de fuerzas federales de la provincia, el flamante ministro relativizó el factor “cantidad” y consideró que más importantes es dotarlos de los medios necesarios. “Necesitamos ajustar algunos procederes y contar con más logística por parte de las fuerzas federales. Destaco el trabajo del efectivo en la calle. Pero lo que veo y constato es que tienen muy pocos medios de movilidad”, concluyó.

El gobernador Omar Perotti puso en funciones este miércoles por la noche al nuevo ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, en reemplazo de Rubén Rimoldi. El flamante titular de la cartera se venía desempeñando como secretario de Seguridad Pública.

Brilloni nació en Santa Fe el 20 de noviembre de 1962. Integró la Gendarmería Nacional Argentina desde y se retiró como Comandante General, en 2020. Además, prestó servicios en distintos elementos de la Fuerza, principalmente ligados a los operativos en frontera con Paraguay y Bolivia. Cuenta con una amplia experiencia en investigaciones judiciales.

Cambio en Seguridad: Rimoldi quedó afuera y Brilloni es el nuevo ministro

El nuevo ministro de Seguridad recibió constantes capacitaciones en Institutos de la Fuerza, FBI y otros organismos tanto nacionales como internacionales. También, integró un equipo de Observadores de OEA en México en el año 2018. Tiene un perfil sumamente operativo, donde destaca el trabajo en equipo y la multiagencialidad para abordar la Seguridad, además de una gran experiencia y trayectoria en la materia.

En su cargo anterior como secretario de Seguridad Pública, logró consolidar equipos de trabajo profesionales, una conducción consensuada de las Fuerzas desplegadas en el territorio y fortalecimiento de los vínculos con la Justicia, tanto provincial como nacional, en pos de lograr un trabajo mancomunado.

Perfil democrático, fuerza motivada y perspectiva de género, entre las fortalezas de la institución policial santafesina. Falta de entrenamiento, pérdida del ejercicio de mando y su consecuente repercusión negativa en el desarrollo de liderazgos, entre sus debilidades.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Claudio Brilloni, trazó un diagnóstico de la policía provincial. Mencionó qué debería cambiar en su formación, a la par de admitir deficiencias en los recursos que se le asignan. Sobre la situación grave que padece Rosario, admitió que Nación “debe colaborar más”, aunque aclaró que no son necesarios más efectivos federales.

“Algo que para mí es central y creo que la policía en los últimos tiempos lo ha perdido, no sólo la de Santa Fe sino también las fuerzas federales, es el ejercicio del mando. Para mí eso es central – insistió Brilloni-. El mando no es sólo ordenar ‘vaya para allá o para acá; es dar el ejemplo, motivar, acompañar y controlar al personal. Es en términos más actuales, ejercer liderazgo. Ese ejercicio del mando en una institución policial cobra una especial relevancia porque es la cara visible del estado las 24 horas, tiene un arma en la cintura y la facultad y obligación de proceder ante un hecho delictivo. El policía de calle – continuó- necesita de un jefe que lo asista; que no sólo pelee por su sueldo, sino que también lo vaya guiando respecto de cómo se deben hacer las cosas para no caer en la tentación. Debe contar con un guía que tenga muy en claro el ejercicio del mando para cumplir su misión”, explicó.

– ¿Esa falta de ejercicio de mando es porque falló o está fallando la conducción política de la fuerza?

– Los grandes generales de la historia lo fueron y son respetados no sólo por sus cualidades profesionales y arrojo a la hora del combate, sino porque la política los sostenía y apuntalaba. Lo vengo viendo desde hace varios años y es un error de la política sin ninguna duda; la política no ha permitido el desarrollo del liderazgo policial. Eso es algo que estamos corrigiendo; apuntalamos a quienes se erigen como líderes dentro de la policía tanto por su idoneidad como por su capacidad de mando.

– ¿No se confunde a veces liderazgo policial con aspiración de autonomía policial?

– La conducción política tiene que apuntalar al líder policial y también acompañarlo en la cotidianeidad, en las recorridas por las comisarías, las alcaidías, los operativos, los controles vehiculares… Eso es más acción y menos reunión, como me encomendó el gobernador.

– Sí. El mando de tropa lo ejerce el jefe de guardia; la conducción de las operaciones la ejercen los jefes policiales. En eso hay que dar libertad de acción; los controlo, los monitoreo, los acompaño, pero la decisión de conducir la operación es del jefe policial. Lo que no podemos dejar de lado de la gestión política es el gobierno y la administración de la policía, que lo ejerce el gobernador a través del Ministerio de Seguridad. Esos conceptos me parece que no están del todo claros. A veces el político habla de ‘poner un policía acá, otro allá’. Pero no. Desde la política tenemos que tener lectura del problema; después, cómo se ejecuta la operación, es una responsabilidad del jefe policial.

– ¿Cuál es su radiografía de la institución policial santafesina?

– Es una policía motivada, con una perspectiva democrática y de género ejemplar. Hemos tenido casos de corrupción pero casi todos fueron desarticulados por la propia policía; hay anticuerpos. Eso es lo que rescato. Pero tenemos que mejorar muchas cosas así como tenemos que darle también a la policía muchas cosas. Las comisarías son paupérrimas. Recién ahora se están proveyendo de patrulleros; recién ahora se está trabajando fuerte en la capacitación. Hoy no tenemos un polígono virtual en la policía, que no sólo sirve para tirar o empuñar el arma sino que permite ejercitarse en la toma de decisiones operativas.

– ¿Hay una falla en la formación también del policía?

– Hay un déficit en el entrenamiento. El ISEP satisface las necesidades que requiere un policía en cuanto a las herramientas primarias. Pero desde el primer día que sale del instituto va a la calle y con el tiempo, nos hemos encontrado con que no han tenido ni entrenamiento ni reentrenamiento. Me he encontrado con policías, con comisarios que no tomaban el arma o no efectuaban disparos desde hacía siete u ocho años. Eso es mucho tiempo. Un policía tiene que ir al polígono al menos una vez por mes. Esto viene desde hace muchos años.

– ¿Es necesaria una reforma policial en Santa Fe o hay que empezar por entrenar mejor a la policía que tenemos?

– Es que también para eso necesitamos un proyecto de reforma policial, no sólo por el entrenamiento, sino por la capacitación profesional que tiene que tener el personal. En un momento determinado de la carrera, el comisario o jefe policial tiene que salir de la calle e ir al claustro académico policial para que en un año sea capacitado en gestión, gerenciamiento policial… Así es en las fuerzas federales; después de cinco o seis años, se vuelve a la Escuela Superior y ése es su destino. Así fue en mi caso y fue lo más significativo que tuve en mi formación profesional. Actualmente, el cadete termina su cursado de dos años y no vuelve excepto por ocasiones como los ascensos o cursos que se dan con cierta periodicidad. Pero no es el diseño curricular de un año. Para mí, debe ser todo un año académico con afectación de servicio, y que su trabajo sea el estudio.

– ¿Tiene la provincia dependencia total de las fuerzas federales o es una justificación por la situación que se atraviesa sobre todo en Rosario?

– Santa Fe está en un lugar estratégico para las organizaciones narcocriminales. Entonces necesitamos del trabajo mancomunado con las fuerzas federales, y su aporte. Pero no es sólo gendarmes. El 80% de las muertes violentas en Rosario se produjeron con armas de fuego; la mayoría pertenecen a civiles con la correspondiente habilitación. Después las venden, roban, prestan o alquilan. Hay que revisar las licencias que se otorgan para portar armas. Y eso depende también de un organismo nacional. Pido, entonces, que ANMAC tenga más control territorial y más control de las armas en Santa Fe.

– ¿Considera que Nación ha dejado sola a la provincia?

– No nos han dejado solos pero nos falta un poco más de colaboración y apoyo, por ejemplo, en el control de las armas, en el destino de los presos federales… La situación carcelaria en Santa Fe es grave; el estado de hacinamiento de los detenidos es inquietante. Me preocupa lo que pueda pasar allí, si no trabajamos rápido y fuerte para descomprimir. La opción de tobilleras puede ser parte de la solución.

– ¿Hacen falta más efectivos federales?

– En 2017, con la misma cantidad de gendarmes, tuvimos la menor tasa de homicidios en la provincia. Sí hacen falta más medios, más vehículos, por ejemplo. Hay controles que hacen los gendarmes de a pie. El trabajo es mancomunado. Más gendarmes, no; en cuanto a la cantidad estamos bien.

Este miércoles, el Ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, recorrió las localidades de Casilda, Los Molinos, San José de la Esquina, Arteaga, Bigand y Berabevú, todas pertenecientes al departamento Caseros. Allí hizo entrega de 10 camionetas 0km para la policía de Santa Fe en el marco de las inversiones por la Ley de Emergencia en Seguridad y visitó el destacamento de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” de la localidad de Cuatro Esquinas. Lo hizo junto al senador departamental, Eduardo Rosconi y el equipo de Seguridad.

En relación a los nuevos vehículos, Rimoldi indicó: “A los camaradas que tienen la obligación de utilizar estos vehículos les recomiendo el cuidado y que los utilicen para la prevención y protección, que es lo que hoy el vecino está necesitando”.

Asimismo, el funcionario provincial se refirió a la seguridad integrada en el trabajo que permite la implementación a las comunas del sistema de video vigilancia sosteniendo que “estos sistemas de video vigilancia vamos a hacerlos de una manera tal que, adecuado a las leyes que regulan esa actividad, podamos tenerlas trabajando a futuro, porque este proyecto que hoy ejecutamos forma parte de nuestras políticas de largo alcance, es decir, pretendemos no solo el trabajo en conjunto a nivel provincial sino que además, sería para nosotros muy importante elevarlo a nivel nacional”.

“Las leyes que regulan este sistema poseen características especiales, y más allá de entregarle a cada municipio y comuna el aporte para la compra de estos elementos que hoy se necesitan, también les otorgamos la facultad de poder hacer una regionalización que nos permita, en principio, tener una vista más amplia de la zona de influencia para custodiar con cámaras de seguridad a cada una de las poblaciones”, concluyó.

En la ceremonia central, que tuvo lugar en Casilda, cabecera del departamento Caseros, estuvieron presentes además el intendente Andrés Golosetti; el subsecretario de políticas de seguridad pública, Edgardo Glavinich; y el subjefe de policía, Martín García; como así también los presidentes comunales de Bigand, Alejandro Ruggeri; de Los Molinos, Jorge Paladini; de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani; de Berabevu, Tomás Sorribas y de Arteaga, Julián Vignati.

Este miércoles concurrieron a la Legislatura el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y la secretaria administrativa Ana Morel para explicar en que se invirtieron los 3.338 millones de pesos que la Legislatura le había asignado al Gobierno de Omar Perotti por Ley de emergencia para gastar en Seguridad. “A esta altura el único responsable de la inacción y la falta de respuestas en materia de Seguridad es el Gobernador”, sostienen el el comunicado los diputados del bloque radical.

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“Después de más de 4 horas de audiencia, la verdad es que seguimos sin respuestas y además nos llevamos varias preocupaciones. Vimos con sorpresa cómo la funcionaria, con total desparpajo y a veces hasta soberbia, le faltó el respeto a los legisladores y legisladores presentes. Delante de un ministro en silencio y cabizbajo, solo pudo mostrar una compra por 54 millones mientras el resto del dinero está atrapado en una maraña administrativa que le quita recursos a la Policía y castiga a los vecinos”, resumen sobre el encuentro. La Ley de emergencia “es una herramienta para agilizar los trámites y obtener recursos de manera más rápida. A 10 meses de tenerla a disposición, a 2 meses de vencer, el gobierno de Omar Perotti ejecutó menos del 1,6%. En un contexto de inflación creciente, lo que no se compró en febrero hoy cuesta mucho más. En una situación de crisis de Seguridad, los recursos que no se proveen, alimentan el sufrimiento de los vecinos que padecen robos, entraderas, asesinatos y balaceras todos los días”, esgrimen los legisladores. Y añaden que “la preocupación se acrecienta si pensamos en la imagen de un ministro callado y subordinado a una funcionaria con línea directa al gobernador Perotti. El Ministerio de Seguridad necesita, como ningún otro, una voz de mando clara sobre una fuerza vertical de 23 mil policías y 5 mil hombres y mujeres del Servicio Penitenciario. Dotar de recursos a la Policía; de móviles, de combustible, de equipamiento; no puede depender, como parece ser el caso, de la decisión de una administrativa que no conoce de Seguridad. El rol del ministro parece quedar subordinado a una funcionaria que se impone ante la presencia de un superior.” “Tras este papelón le reiteramos al gobernador Omar Perotti, responsable principal de las políticas de Seguridad, que le de a su ministro el poder necesario para llevar adelante un plan de Seguridad que lleve a mejorar este desastre. Gobernar bien es gestionar, invertir y dar respuestas a la gente”, cierran.

Este lunes por la mañana, se llevó a cabo una reunión en la Unidad Regional IV tras la balacera perpetrada el sábado 17 de septiembre en esa localidad cabecera del departamento Caseros. Del conclave participó el ministro de Seguridad de la Provincia, Rubén Rimoldi, el intendente Andres Golosetti y el director de policía, Sebastián Sanitá.

“Pusimos a disposición de la Agencia de Investigación Criminal las filmaciones de tres cámaras de seguridad próximas a la zona donde sucedieron los hechos, las cuales, según me confirmaron las autoridades a cargo, fueron de utilidad para la investigación determinando que tras el echo los delincuentes se fueron de la ciudad en un vehículo en dirección a la autopista”, sostuvo Golosetti.

Asimismo, agregó: “Como intendente estoy preocupado por el tema. Por eso decidí fortalecer el sistema de videovigilancia urbana para colaborar en la prevención del delito y ayudar a las fuerzas de seguridad provincial”.

Pasadas las 20 de este sábado, se registró una brutal balacera contra el frente de una propiedad ubicada en Cerrito al 1600, en la ciudad de Casilda. Según los testimonios de los vecinos, se escucharon alrededor de 20 detonaciones de arma de fuego. En la vivienda baleada habita un matrimonio. La causa está en manos del fiscal Emiliano Ehret del MPA Casilda. En tanto, se está investigando si los gatilleros tenían planificado actuar en esa dirección o si se equivocaron de domicilio. Por orden de fiscalía, se dispuso una custodia policial frente al domicilio en cuestión, con la finalidad de resguardar la integridad física de sus moradores.

Este viernes por la mañana, el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe estuvo presente en la Municipalidad de Casilda. Rubén Rimoldi se reunió con el intendente Andrés Golosetti para trabajar en conjunto de cara a los próximos meses. “Cómo mencioné el día de su nombramiento, de casildense a casildense, le deseo lo mejor y cuenta conmigo para afrontar este enorme desafío que tenemos como santafesinos por delante”, expresó Golosetti.

Luego de tomar juramento en la Casa Gris, el actual titular de la cartera de seguridad de la provincia pasó este viernes por su ciudad natal.

Rubén Rimoldi, tiene 62 años, nació en Casilda el 30 de diciembre de 1959. Desde 1978 ejerció diversas tareas en la fuerza policial. Fue jefe de policía de la Unidad Regional IV del departamento Caseros en el 2008. En 2015 fue candidato a intendente de la ciudad de Casilda. En el mismo año, se desempeñó en ese municipio como Secretario de Seguridad Ciudadana. Durante esa gestión creó el primer sistema de videovigilancia monitoreado las 24 horas en la provincia.

También conformó la primera junta de Protección Civil en la ciudad; y además creó el registro y capacitación para personal de control y permanencia en espectáculos públicos.

“La prioridad se basa en la restructuración de la policía y también colaboraremos con todos los estados locales desde los medios técnicos que podamos aportar desde el ministerio”, dijo Rimoldi horas previas a su asunción.

El flamante ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, sostuvo que se van a continuar las políticas que estaban en curso en el área, aunque “vamos a reestructurar los cuadros” a efecto de que “en los lugares más álgidos estemos presentes con rapidez”.

El ex comisario y hasta ahora colaborador del ministro de Gestión, Marcos Corach, dialogó brevemente con el periodismo luego de su acto de asunción, y fue interrogado por su pasado político, ya que fue candidato a intendente de Casilda por un sector del radicalismo.

“Lo habíamos hablado anteriormente con el gobernador. Estaba totalmente claro que fue una decisión de vecinos que yo me haya presentado, como también he trabajado en otros municipios que no son del partido político. Solamente estoy trabajando en este cargo por mi profesionalidad.

– Las políticas de seguridad que se venían llevando a cabo continuarán como se estaba haciendo. En la policía vamos a ordenar los mandos de la manera que corresponde, y vamos a reestructurar los cuadros para que en los lugares más álgidos, donde tenemos el problema de la falta de seguridad, estemos presentes en el tiempo que sea necesario en cuanto a rapidez. Trabajaremos a partir de ahora, desde mañana, en reacomodar los cuadros para volver a poner la policía en la calle.

Perotti, por su parte, no aceptó que recurrir a un ex policía como ministro de Seguridad (y no a un civil, como es desde que se creó esa cartera) sea “un retroceso para la democracia”, como platean algunos dirigentes de la oposición.

“La situación requiere de aportes, no me pongo a mirar si tienen pertenencia política de tal o de cual”, respondió, ante la pregunta de El Litoral. La situación, para el gobernador, “amerita en este momento grandeza de todos. Quienes pertenecieron a una fuerza tienen conocimiento, experiencia y formación. Cuando terminan su tarea en la fuerza se incorporan plenamente a la actividad civil. Y a la actividad en vida democrática. Más si alguien también participa en un proceso electoral.

“Independientemente de eso, la voluntad y el deseo de seguir trabajando y profesionalizándose lo ha llevado al actual ministro a seguir estudiando en ámbitos universitarios. Creo que tener conocimiento conocimiento, experiencia, vínculo con la instancia política no le falta al ministro. Y ese equipo tiene que estar marcado por trabajo. Sería bueno que sin prejuzgar, los legisladores o quienes opinan de esta manera contribuyan, ayuden, generemos los mejores lineamientos para un trabajo común, que es lo que la gente espera”.

En esa cuerda, Perotti insistió en enfrentar los cuestionamientos: “Cuando se habla de un ministro de la Producción se ve bien que sea un productor. Cuando se habla de un Ministerio de Salud, se ve bien que sea un médico; cuando hablamos de seguridad parece que no es lo mismo. Quizás algunos tengan en mente algunos personajes que le hay hecho muy mal a la institución, de los cuales hay muchos presos, procesados que quizás corrieron el eje hacia otro lado. Acá estamos con una situación distinta y directivas claras e inamovibles: la lucha contra el delito y aquel funcionario de la fuerza (que esté a cargo) va a tener todo el respaldo, mientras se atenga al cumplimiento de la ley con plena vocación de servicio. Caso contrario, fuera de la fuerza. Esas cosas son inalterables. El numero de exoneraciones en este tiempo habla a las claras de lo que estoy diciendo”.

El propio mandatario se ocupó de disuadir a los periodistas de requerir precisiones sobre las medidas que el nuevo ministro vaya a implementar para afrontar la situación de inseguridad en Rosario. “Lo que le he pedido al ministro y al equipo es: pocas palabras y muchos hechos. Las respuestas que le están pidiendo las tienen que empezar a ver hoy”.

Incursionó en la actividad política partidaria en 2015, como candidato a intendente de Casilda en el sector del entonces aspirante a la gobernación Mario Barletta, dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Con el radical ex intendente de Santa Fe compartió, hace más de siete años, la nómina de “Firmeza para avanzar”, pero quedó tercero en aquellas elecciones primarias del 19 de abril, con apenas el 7% de los votos. Sumó 667 tildes de las 8.694 marcas que contó esa fuerza

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, votó temprano por la mañana en Venado Tuerto y aprovechó para realizar una recorrida por los diferentes centros donde se desarrollan las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Tenemos a cargo el operativo de seguridad en todo el territorio provincial, en un trabajo conjunto con las fuerzas nacionales, al tratarse de dos elecciones totalmente diferentes. Puede ser invisible, pero hace dos meses que venimos con esta organización, para evitar problemas en los votantes”, expresó el funcionario.

“Sabemos que en Venado Tuerto las elecciones son tranquilas, nunca tuvimos inconvenientes, de todos modos estamos frente a una jornada muy larga y de mucha actividad para la policía”, puntualizó.

Por último expresó: “En un día para celebrar la democracia, más allá del humor social que hoy no es de lo mejor”.

“Hay que cortar el vínculo entre los chicos violentos de los barrios y los grandes lavadores de dinero de Rosario”, aseguró el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, en diálogo con Sur 24, al analizar las distintas problemáticas que afectan a Santa Fe, según las regiones.

El funcionario destacó que dieron “golpes estratégicos contra el sicariato” en la última semana. Y que al mismo tiempo están avanzando en “una inversión tecnológica sin antecedentes” en la provincia.

Por otro lado, hizo referencia a que las áreas dedicadas a combatir la venta de estupefacientes “fue lo más flojo que encontramos cuando nos tocó asumir el Gobierno”.

Además, fue claro al decir que la “inseguridad no se combate solo con más policías y móviles en la calle”, sino que es necesario “articular políticas desde los distintos órganos del Estado”.

En este contexto, destacó que actualmente “hay 300 agentes contagiados” de Covid 19. Y que la meta es contar con más personal en la vía pública y menos administrativos.

El venadense Jorge Lagna asumió como ministro de Seguridad el 19 de marzo, tras la salida del polémico Marcelo Sain, quien había generado distintos frentes de tormenta que hicieron insostenible su continuidad en el cargo.

Uno de los grandes desafíos en la actualidad es bajar el nivel de violencia en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Descender el número de homicidios, muertes por encargo y cortar lazos en lo relacionado al narcotráfico.

“Lo complejo es el narco delito, que lleva años azotando ciudades como Rosario, Santa Fe y en menor medida Venado Tuerto. Tuvimos que rehacer totalmente la División Drogas y la Agencia de Investigación Criminal, que era lo más flojo que habíamos encontrado. Y, sobre todo, decidir una inversión en tecnología y recursos humanos para atacar el narco delito en cuanto al lavado”, sostuvo Jorge Lagna.

En este contexto, aseguró que “se están viendo investigaciones que antes no se veían. Nombres rimbombantes enjuiciados en los Tribunales, acusados de lavado de dinero, de activos. Tenemos que seguir profundizando esa línea”.

Los crímenes por encargo y los homicidios producto de venganzas entre bandas narcos, son las problemáticas que se profundizaron en los últimos años en la provincia de Santa Fe, principalmente en Rosario, y con menor impacto en otros distritos como Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe capital.

“Esta semana hemos dado golpes muy fuertes con los fiscales y nuestra Agencia de Investigación Criminal. Desarmamos la agencia más grande de sicariato que había en Rosario, manejada desde la cárcel por la familia Cantero. También detuvimos a uno de los cómplices más importantes”, indicó el ministro.

A esto se suma “que estamos trabajando muy bien en lo relacionado a la extorsión, que es otra de las modalidades que utilizan las bandas dedicadas al narcotráfico. Pero la competencia desleal que tenemos es que el consumo de cocaína es cada vez mayor en las grandes ciudades. Y lo que tenemos que tratar de reducir es el nivel de violencia”, resaltó el funcionario.

Robos clásicos

En relación a los robos de los denominados “tradicionales”, Lagna hizo hincapié en la desigualdad social, apuntando principalmente a la crisis económica que dejó la gestión de Mauricio Macri.

“Esto genera más inseguridad. No es un problema que se pueda encarar sólo con patrulleros y agentes. Debe ser integral, de los tres niveles del Estado, con desarrollo social, con cultura, con educación. No hay otra manera de encarar la problemática”, afirmó el ministro.

En cuanto al delito que aflige más a todos, el hurto, el arrebato, “necesitamos poner mucha más presencia policial en la calle, sacándolos de los escritorios. Para eso también estamos haciendo una inversión que es inédita en la provincia, que va a poner a Santa Fe dentro de las mejores policías, con un salto tecnológico sin antecedentes”, enfatizó el ex diputado provincial.

Desde la cartera, destacaron que adquirieron en los últimos meses 220 camionetas, 260 motocicletas japonesas, chalecos antibala, armas y la pronta compra de 450 móviles policiales.

“Vamos a crear en un corto plazo grandes Centros de Operaciones Policiales, y Venado Tuerto va a tener uno. Esto va a permitir una conexión directa entre la gente, el patrullero que está en la calle y la Central. Y vamos a sumarle drones para hacer video vigilancia”, anticipó Jorge Lagna.

Luego de un convenio firmado en la sede rosarina del Gobierno de Santa Fe, el presidente comunal César Bainotti, confirmó que el gobierno provincial invertirá más de $2.5 millones para ampliar la obra del nuevo edificio para la Comisaría 10º de Sancti Spiritu. El anuncio, llega luego del acuerdo rubricado con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

Bainotti, dijo que los fondos serán destinados a la incorporación de dos habitaciones (una para las trabajadoras mujeres y otra para los hombres), además de un baño. “Hubo muy buena predisposición de la provincia y del ministro (Jorge) Lagna. Es un hombre de la zona que conoce el territorio y sabe de la necesidad de obras de este tipo en las localidades del interior”, contó el titular del gobierno local.

En esta línea, valoró que desde la Casa Gris se tenga en cuenta la inquietud, previo a la habilitación formal del destacamento policial. “Es una obra que implicó mucho esfuerzo, tiempo y sobre todo, inversión. Cuando la empezamos a gestionar no existía la pandemia y el virus estaba muy lejos de nuestra provincia. Ver que ahora estamos a punto de concretarla cuando el contexto sanitario y económico que nos rodea es delicado, nos llena de orgullo”, aseguró.

“Tener una Comisaría nueva es una necesidad para el pueblo, pero también para el personal que viene a cumplir con su trabajo. El lugar donde está todavía la fuerza de seguridad local, no soporta más arreglos ni mejoras. Había que hacer una sede nueva desde los cimientos. Así lo concebimos, la pensamos, la gestionamos y hoy la podemos ver casi lista. Falta poco para inaugurarla y para nosotros es una felicidad muy grande porque demostramos que, con una administración seria, responsable y sólida, aun en la adversidad como la pandemia que nos golpea, se puede seguir impulsando el crecimiento del pueblo”, finalizó Bainotti.