Una advertencia recibida por la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina movilizó a la Justicia y a la Policía del departamento General López. El caso involucró a un niño de 11 años y derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, la constatación de su estado de salud, el secuestro de un teléfono celular y la participación de organismos de niñez y acción social.

Madrugada del lunes

Una publicación realizada en TikTok encendió las alarmas durante la madrugada del lunes en el sur santafesino. Según la información judicial, el contenido fue atribuido a un menor de edad y habría incluido referencias a una situación de riesgo, por lo que la fiscal Mayra Vuletic ordenó una actuación inmediata.

El procedimiento comenzó en Diego de Alvear y luego se extendió a San Gregorio, localidades del departamento General López. La intervención permitió constatar que el niño se encontraba en buen estado de salud y activar medidas de resguardo y seguimiento familiar.

La advertencia que inició el operativo

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía recibió un aviso de la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina. La advertencia señalaba una publicación en TikTok atribuida a un niño de 11 años, con elementos que podían representar un riesgo para su integridad.

Ante ese escenario, la fiscal Vuletic dispuso que personal policial se dirigiera de inmediato al domicilio informado inicialmente en Diego de Alvear. Allí, los agentes fueron anoticiados de que el menor residía en San Gregorio, por lo que se dio intervención a efectivos de esa localidad.

Con la premura del caso, personal policial se trasladó hasta una vivienda de San Gregorio, donde ya se encontraban efectivos locales entrevistando a familiares del niño. Una vez en el lugar, los agentes ingresaron con autorización de la madre y constataron que el menor estaba durmiendo y en buen estado de salud.

Luego, por disposición fiscal, se procedió al secuestro del teléfono celular del menor, que quedó a disposición de la investigación para su análisis. La medida busca establecer el origen, el contexto y el alcance de la publicación que motivó el alerta.

No hallaron armas de fuego

Como parte del procedimiento, se realizó un registro domiciliario para determinar si en la vivienda había un arma de fuego vinculada con la publicación detectada. Según consta en las actuaciones, no se encontró ningún arma de fuego.

La familia entregó voluntariamente un elemento de aire comprimido, que también fue secuestrado de manera preventiva por orden de la Fiscalía.

Intervención de Niñez y Acción Social

Tras ser informada de lo actuado, la fiscal Vuletic dispuso nuevas medidas: entrevistar a los padres del niño y dar intervención al área de Acción Social de San Gregorio y a la Delegación de Niñez.

El objetivo será realizar un seguimiento de la situación familiar y brindar acompañamiento institucional ante un episodio considerado delicado por las autoridades.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Poder Ejecutivo con incumbencia en el abordaje de las víctimas de delitos.

El encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe, fue convocado por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la priorización del abordaje de las víctimas como lineamiento estratégico de gestión.

Los funcionarios provinciales que participaron de la reunión son el Secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; la Secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el Subsecretario de Acceso a la Justicia, Raúl Marcelo Suárez y la Directora Provincial de Centros de Denuncia, Elsa Virili.

Por su parte, estuvieron presentes por el MPA el Secretario General, Leandro Maiarota, y la Secretaria de Gestión, Marina Pieretti, como coordinadora del Equipo de Trabajo para el diseño e implementación de un Plan de Abordaje Integral de Acceso a Justicia, Orientación, Protección y Acompañamiento a las Personas Víctimas de Delito (de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución FG 487/2023).

Vranicich valoró que "la reunión nos permitió seguir avanzando en la definición de los límites funcionales de cada una de las áreas que trabajan en la temática y en la elaboración de protocolos conjuntos que permitan un abordaje integral para las personas que fueron víctimas de delitos, lo cual facilitará su acceso a la justicia, orientación y acompañamiento".

Una vez más los fiscales del Nuevo Sistema Procesal Penal de Santa Fe hicieron visible su reclamo para “equiparar” a los adjuntos con los titulares, o lisa y llanamente eliminar la figura del adjunto, cuyo rol ideal se ha convertido en letra muerta en la rutina diaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Recursos administrativos, documentos, comunicados, planteos ante la Legislatura, se repiten con el correr de los años en pos de una modificación en la legislación que demora en llegar. En esta ocasión, la caja de resonancia fue el IX Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal, que se desarrolló el pasado 10 y 11 de noviembre en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto.

Anunciado bajo el título “Análisis crítico del Sistema Procesal Penal a 8 años de su reforma. Claves para su consolidación”, las instituciones que nuclean a los fiscales provinciales aprovecharon la ocasión para volver a plantear sus críticas.

“Es necesario ser claro, desde el primer día de la puesta en marcha del actual sistema procesal penal, los fiscales adjuntos han cumplido funciones en igualdad de condiciones a los fiscales de distrito”, señalan desde la Asociación de Fiscales de Santa Fe.

“Durante los más de ocho años, los fiscales adjuntos han dirigido investigaciones, ordenado detenciones, requerido cautelares y apertura de juicio, liderado unidades fiscales, recurrido en apelación ante los Colegios de Segunda Instancia, presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Corte e incluso formulado recursos extraordinarios por ante la Corte nacional”. Además, “han sido sometidos a procesos disciplinarios sin intervención del supuesto fiscal supervisor y delegante”.

Y aunque “esta situación es reconocida y admitida por todos los operadores del sistema de justicia penal”, la pretendida equiparación no tiene tratamiento parlamentario.

Uno de los puntos clave que sostiene y fortalece el reclamo está directamente ligada a la inviabilidad del sistema si los operadores con la categoría de “adjuntos” se limitasen a sus funciones de subordinados.

No se trata de un simple “reclamo salarial” o de “recategorización” de un sector de los fiscales, sino de comprender que es sólo uno de los problemas de diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal de la provincia que debe ser atendido de manera urgente y en una revisión integral de todo el sistema.

“Es de público conocimiento la lucha emprendida contra el narcotráfico, las organizaciones delictivas y la corrupción. No parece necesario puntualizar procesos, cuando se ha necesitado crear una ‘fiscalía de balaceras’ y cuando el accionar de las bandas criminales es airadamente pública y ostentosa con la finalidad de intimidar a la población y a los encargados de combatirlas”, señalan.

“No es casual, ni aleatoria esta descripción, los fiscales se enfrentan a diario contra el inmenso poder de estos grupos, que no dudan en utilizar todos los recursos posibles para eludir las investigaciones.

Agresiones, intimidaciones, amenazas, descalificaciones personales en redes sociales y medios de comunicación, denuncias a los fiscales para apartarlos, sancionarlos y removerlos y un sinnúmero de acciones dirigidas a doblegar la voluntad de combatir el delito y procurar el bienestar general de la población.

La corrupción generalizada (por oposición a los simples hechos aislados), ha encontrado un Ministerio Público de la Acusación que no dudó en procesar, detener y juzgar a colegas, y funcionarios policiales”, enunciaron los representantes del MPA.

Por último, la entidad que concentra a los fiscales santafesinos advierte que “de no reparar los errores conceptuales en el diseño legal del Ministerio Público, las consecuencias serán gravísimas”.

Existe un consenso al pensar que todo cambio genera oportunidades para quienes participan de él. Pero también se crean desigualdades, en algunos casos difíciles de subsanar.

Así lo expresa la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) al comparar las escalas salariales de fiscales (adjuntos y titulares) con la de los jueces.

“Es insostenible e ilógico que un Fiscal (adjunto o titular) tenga una categoría administrativa o remuneración menor que el Juez ante la instancia en la que litiga, por una sencilla razón: nadie querrá ejercer el cargo de fiscal si por el mismo examen puede ser juez. No hay otro modo de decirlo”, señalaron.

“Peor aún, son los mismos miembros del Ministerio Público de la Acusación quienes por las presiones constantes, amenazas, intimidaciones, y por ser un trabajo mucho más desgastante, prefieren volver a rendir exámenes y concursos para la misma instancia, pero como Juez. El último llamado a concurso para cubrir 6 cargos de jueces fueron cubiertos por 4 fiscales adjuntos y 1 fiscal titular”, recordaron.

“Esta situación produce un debilitamiento progresivo del Ministerio Público de la Acusación, que requiere inmediata atención. Un éxodo perfectamente evitable”, vaticina el órgano nacional.