El Consejo de la Magistratura santafesino realiza nuevas pruebas de oposición y entrevistas para cubrir vacantes en los ministerios Público de la Acusación, de la Defensa y del Poder Judicial responsabilidad en distintas circunscripciones de la provincia.

El Consejo de la Magistratura de Santa Fe continúa desarrollando los procesos de selección para la cobertura de cargos vacantes en diversas circunscripciones judiciales. Durante los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre se realizaron en Rosario las pruebas de oposición y entrevistas personales para cubrir las vacantes en la Fiscalía Regional 3, Defensoría Regional 3 y Juzgados de Familia y Responsabilidad Extracontractual. Para los cargos únicos de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación y Defensor Regional del Ministerio Público Provincial para la Defensa Penal, ambos pertenecientes a la Circunscripción Judicial Nº 3.

En paralelo, este jueves y viernes se llevaron adelante en la sede Rosario de la UCA las pruebas de oposición destinadas a cubrir cargos de Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia para las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 2, con un total de 89 postulantes convocados. 

Finalmente, los días 18 y 19 de noviembre, también en la UCA Rosario, se desarrollarán las pruebas de oposición del concurso para Jueces de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual, correspondientes a las Circunscripciones Judiciales Nº 1 y Nº 2, con la participación de 79 postulantes.Con este cronograma, el Consejo ratifica su compromiso con el funcionamiento del sistema judicial y la cobertura de cargos para el servicio de justicia en toda la provincia.

Más allá de que no hubo sesiones en la semana ni en el Senado ni en Diputados, el Poder Ejecutivo remitió nueve pliegos de magistrados para análisis de la Comisión de Acuerdos y posterior votación en Asamblea Legislativa.

Son siete vacantes para suplir vacantes en cinco sedes judiciales, entre ellas Santa Fe y dos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela y Reconquista.

La semana próxima, la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini pondrá fechas para el tratamiento y la vicegobernadora Gisela Scaglia deberá definir si la Asamblea Legislativa es convocada antes de noviembre o los pliegos serán considerados en Extraordinarias en diciembre.

Con los nuevos pliegos más 88 aprobados en sendas asambleas legislativas, el Ejecutivo avanza en la cobertura de vacantes tan reclamada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el Consejo de la Magistratura lleva adelante varios concursos, entre ellos para el fiscal regional de Venado Tuerto.

Por otra parte, la Legislatura deberá definir los alcances del nuevo instituto para seleccionar candidatos para la justicia siguiendo los lineamientos de la nueva Constitución.

Los pliegos remitidos para análisis legislativo son los siguientes:

María Josefina Olcese: jueza subrogante de 1° Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ª Nominación en Santa Fe.

Nicolás Alejandro Occhi: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 4ª. Nominación para Santa Fe.

Federico Lema: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual de la 4ta. Nominación de Rosario.

Guillermo Roldán: Juez Subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de San Lorenzo.

Javier Pedro Bértora: Juez Subrogante de Primera Instancia de Circuito de San Lorenzo.

Carolina Burgos Grabich: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Villa Gobernador Gálvez.

María de los Milagros de la Torre: Jueza Subrogante de Primera Instancia de Circuito de Sunchales.

Paula Prieto: fiscal adjunta subrogante para Reconquista.

Brenda Baños: fiscal adjunta subrogante para Rafaela.

Mediante el decreto Nro. 2632 del pasado 21 de octubre, el Poder Ejecutivo habilitó una serie de créditos para garantizar el pago de los salarios de los agentes que se desempeñan en el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo, respectivamente, de Estrella Moreno Robinson y María Cecilia Vranicich. La determinación es una derivación de la última reforma constitucional, sancionada el pasado 11 de setiembre y que consagró tanto al MPA como al MPD como organismos extrapoder.

El decreto autoriza una ampliación presupuestaria de siete mil millones de pesos para atender a la política salarial de ambos organismos. Ello, en orden a lo que plantea la cláusula décimoséptima de las Disposiciones Transitorias de la nueva Carta Magna, cuando establece que los agentes que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal "pasan a integrar el Ministerio Público con la entrada en vigencia de la misma; son traspasados de pleno derecho y de manera inmediata, conjuntamente con sus respectivos cargos y las partidas presupuestarias que tienen asignadas". Se deben trasladar, asimismo, los cargos que se encuentren vacantes y que correspondan a dichos órganos.

A los fines del traspaso, se toma en cuenta la planta existente al momento del inicio de la Convención Reformadora. Se les respeta la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios y pautas que protejan el derecho a la carrera.

Se aclara que "no obstante los cambios introducidos por la nueva Constitución Provincial, hay una continuidad de las funciones, régimen de remuneraciones y ámbito geográfico de actuación de todos sus integrantes, por lo que conservan sus números de inscripciones en los distintos organismos públicos nacionales y provinciales".

La nueva Constitución dispuso que el Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente.

La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe, Dra. Estrella Jorgelina Moreno Robinson, encabezó el viernes 3 de octubre en la ciudad de Rosario el acto de jura a la nueva Constitución ProvincialLa Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, encabezó los actos de jura de jura de la nueva Constitución Provincial. Archivo El Litoral

El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal, en coordinación con las demás autoridades de la Provincia, ejerce la acción penal pública y su actuación se orienta al resguardo de los intereses de las víctimas. Y el Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia, el derecho de defensa efectiva y eficaz, la asistencia jurídica integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, tanto en casos individuales como colectivos.

El tratamiento a recibir por el personal de ambos organismos con el cambio de estatus constitucional fue señalado en su momento por integrantes de la Corte Suprema de Justicia como un aspecto a considerar, y mereció fuertes advertencias y movilizaciones de los empleados judiciales.

En sus presentaciones ante la comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales de la Convención reformadora, Moreno Robinson y Vranicich también abordaron la problemática, al exponer sobre las distintas iniciativas en consideración.

Para ambas, en ninguno de los esquemas en debate peligraban los derechos laborales de los empleados ni sus carreras judiciales. Más aún, ambas destacaron que existía una obvia protección constitucional nacional para esos derechos adquiridos y explicaron que se deseaba lo contrario de lo que se temía en el ámbito gremial judicial, fundamentalmente cuando se reclamaba por la pertenencia del personal a ese poder.

Las dos funcionarias, en definitiva, explicaron que se trataba de seguir paradigmas y estructuras que ya existen en otras provincias o en el orden nacional. Y citaron las características particulares de Santa Fe, que fue de las últimas en salir del sistema escrito e inconstitucional.

Por Magín Ferrer (*)

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), manifiesta su disconformidad institucional con la redacción propuesta en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, para el artículo relativo a la conformación del Consejo de la Magistratura -en lo atinente a una integración del cuerpo evaluador de los concursos de cobertura de vacantes de Magistrados y Funcionarios Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa Penal-, en tanto el mismo consagra la exclusión (en el estamento académico) de las universidades de gestión privada.

Es dado recordar, que las universidades de gestión privada, desde su surgimiento como institutos de formación y su reconocimiento legal nacional a mediados del siglo pasado, han recorrido un largo camino de consolidación académica que dio como fruto más tangible la equiparación completa y absoluta de los títulos que emiten -tanto en la acreditación de la formación disciplinar, como en el carácter habilitante profesional-, con aquellos expedidos por Casas de Estudios dependientes del Estado nacional o provincial.

De igual forma, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) garantiza los estándares académicos en los planes de estudio y en el perfil tripartito docente (pedagógico-didáctico, de extensión y de investigación), contando las universidades de gestión privada con planteles docentes del alta calidad formativa -especializados y posgraduados- y diseños curriculares modernos y adaptados a las exigencias disciplinares sustantivas y las demandas del mundo del trabajo.

En el caso puntual de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la misma es de las unidades académicas fundacionales de la UCSF y su trayectoria se encuentra pronta a alcanzar las siete décadas de fecunda labor en sus diversas sedes, las que se proyectan incluso fuera del territorio provincial. Egresados de esta facultad cumplen destacada labor en el ámbito público y privado, disciplinar y docente, e incluso integran, tanto en calidad de Convencionales Reformadores, como de asesores técnicos, la Convención Constituyente en curso.

Dicho esto, no resulta razonable sostener ningún tipo de distinción arbitraria respecto a la composición del estamento académico del cuerpo evaluador del proyectado Consejo de la Magistratura, amén de observarse también, la exigua representación atribuida al mismo, con un solo, siendo que la solidez formativa es la principal cualidad a validar en dicha instancia.

El criterio de redacción propuesto, sin perjuicio de las facultades políticas e institucionales de la Convención Reformadora, afecta el principio de igualdad en sentido amplio y la construcción jurisprudencial complementaria de "igualdad entre los iguales", que estaría dada, con base en los aspectos de calidad institucional que se reúnen -en la absoluta paridad académica y competencia de emitir títulos habilitantes profesionales, tanto para universidades de gestión pública como de gestión privada- y que, en consecuencia, se extiende a las calidades de sus académicos especializados en tanto evaluadores a considerar en la instancia proyectada.

En función de lo expuesto, es que solicitamos a la Presidencia de ese cuerpo, se sirva valorar los argumentos vertidos y provea la remisión del presente escrito a la Comisión Redactora, para que en su ámbito -y de ser requerido, al amparo del Reglamento del cuerpo, con citación a las Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales- se revalúe la propuesta de redacción final, incluyendo en paridad de condiciones a las universidades de gestión privada para integrar el Cuerpo Evaluador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe.

(*) Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe

En horas de la mañana de este viernes, una mujer se encontró con su automóvil rayado intencionalmente en ambos laterales y el capote. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad privadas que hay en el lugar y ahora intentan dar con el responsable. 

El hecho ocurrió en Juan Bautista Alberdi al 500, cuando un masculino atacó el vehículo que se encontraba estacionado. Si bien aún se desconocen los motivos, algunos testigos que lograron identificarlo aseguraron que esta persona salió de café, visiblemente enojado y decidió descargarse con el auto, marca Chevrolet Onix, color negro.

La propietaria del vehículo decidió hacer la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras tanto, difundieron las imágenes para tratar de obtener más datos del atacante. 

El Poder Ejecutivo sumó en las últimas horas 13 pliegos con candidatos a ocupar vacantes de cargos de fiscales adjuntos para las fiscalías regionales 2, 3, 4 y 5 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hoy, la Legislatura tiene a consideración 39 pliegos de fiscales subrogantes para toda la provincia que serán considerados en la Asamblea Legislativa convocada para el jueves venidero, a las 13.

La Comisión de Acuerdos, que este año preside la diputada socialista Lionella Cattalini, entrevistará el miércoles venidero a los 39 candidatos y en caso de tener los dictámenes respectivos, serían votados al día siguiente en Asamblea o bien pedirían una postergación de una semana.

También para el jueves venidero está convocada una sesión conjunta de ambas cámaras para considerar el pedido de remoción del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez.

Pero además, el jueves venidero, desde las 9, en el recinto de la Cámara de Diputados, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich hará el informe anual ante las cámaras que ordena la ley orgánica de ese instituto, la Ley 13.013.

En cuanto a la nueva remesa de pliegos remitidos esta semana a Legislatura y que serían tratados recién en junio en el recinto, son todos para fiscales adjuntos.

En ese caso son seis para la regional 2 de Rosario; dos para la regional 3 de Venado Tuerto; uno para 4 de Reconquista y cuatro para la 5 de Rafaela.

Los candidatos propuestos por el Ejecutivo para fiscales adjuntos de Rosario son a Romina Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Carlos Gabriel Alvarez, Brenda Coassolo, Juan José Cabanellas y Ana Clara Grabowski.

A marzo de este año, en el MPA se indicaban que en la fiscalía regional 2 había 18 vacantes de cuales once son de fiscales adjuntos por renuncias, suspensiones y pase a otros cargos judiciales.

Marianela Montemarani Menna y Leandro Carozzo son los propuestos para la regional 3 que a marzo tenía tres vacantes.

El Ejecutivo propone a María Mercedes del Sastre como fiscal adjunta para la regional 4 con cabecera en Reconquista que tenía una vacante en esa categoría a principios de año.

En cuanto a la regional 5 con sede en Rafaela, las propuestas son María Cecilia Doro, Carina Gerbaldo, Heriberto Ramón Ferrero y Susana Guillermina Vega. En la regional del oeste son cuatro las vacantes, entre ellas la de Frontera, ciudad lindante a Córdoba.

A marzo, en la regional 1 con cabecera en esta capital, eran siete las vacantes de fiscales adjuntos que hasta el momento el Ejecutivo no propuso coberturas. Algunas de esas vacantes datan de 2022 cuando sus entonces titulares pasaron a desempeñarse como jueces penales.

Por otra parte, el Ejecutivo también enviaría en días más a consideración de Asamblea Legislativa las propuestas para ocupar las fiscalías de menores al entrar en vigencia el 21 de junio el nuevo Código Procesal Penal para ese sector.

La Corte Suprema de Justicia, en una acordada sugirió nombres de funcionarios actuales del fuero penal para encarar la nueva etapa.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió esta semana a Fabio Marcelo Della Siega quien venía desempeñándose al frente del juzgado unipersonal de familia N° 5 de la circunscripción judicial primera con sede en esta capital.

El tribunal integrado por la Corte, abogados y legisladores ahora analizará la conducta del magistrado tras aceptar el pronunciamiento del procurador general, Jorge Barraguirre, quien observó irregularidades en la conducción del juzgado y en el tratamiento de causas.

La Auditoría General de Gestión (AGG) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició el año último 114 legajos disciplinarios a fiscales, fiscales adjuntos y funcionarios ante denuncias de particulares, del propio ministerio o bien de otros actores del Poder Judicial.

Los datos del trabajo realizado por la auditoría que conduce Leandro Mai estén en el escritorio de la fiscal general, María Cecilia Vranicich y formarán parte del informe que debe presentar ante el Poder Legislativo como ordena la ley orgánica del MPA.

"En el año 2024, se registró un total de 114 legajos disciplinarios iniciados, el valor más alto desde la puesta en funcionamiento de la AGG", se subraya. De esos 114 legajos, a fin de año 90 habían concluido su tratamiento en el organismo y otros 24 permanecían en trámite.

El extenso racconto realizado por Mai sobre lo actuado el año pasado tiene, entre sus capítulos, el tema del área disciplinaria, cedazo inicial de toda denuncia y que en caso de entender que hay faltas graves se eleva el expediente a Legislatura para que sea la Comisión de Acuerdos la que instruya el caso y aconseje al pleno de senadores y diputados la absolución, destitución o una sanción menor.

De los 114 legajos iniciados en la AGG de gestión en 2024, 48 (42,11%) corresponden a la regional 2 con cabecera en Rosario; 28 (24,56%) a la 4 con sede en Reconquista; 27 (23,68%) a la 1 con sede en esta capital; 7 (6,14%) a la 3 de Venado Tuerto y 4 (3,51%) a la 5 de Rafaela.

El inicio del legajo disciplinario puede ser consecuencia de presentaciones o remisiones de distintos actores, o incluso iniciados de oficio por la propia Auditoría. El desglose del inicio marca que más del 50% fueron presentaciones particulares ya sea ante la propia Auditoría (39 casos) o ante otra dependencia del MPA (23). "Se registraron 62 legajos disciplinarios iniciados por la presentación de un particular", se subraya. Durante 2024 fue el año con mayor cantidad de presentación de particulares contra fiscales desde que se tienen registros. En el 20'23, habían sido 55 los casos.

De oficio, la AGG abrió 13 carpetas; otras 11 fueron remitidas desde las fiscalías regionales; 9 desde otras oficinas del Poder Judicial y otras 8 por presentaciones de organismos fiscales.

De las 90 carpetas terminadas por la Auditoría el año último se destaca que en 60 (66,67%) se desestimó la denuncia; 13 casos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos por conexidad subjetiva u objetiva; en 8 casos inhibición del organismo; en 3 casos hubo formulación de cargos a fiscales por falta leve; un número similar de funcionarios no estaban alcanzados por las incumbencias del órgano; en 2 fue apartado la Auditoría y en el caso restante se avocó la Comisión de Acuerdos de Legislatura.

En el año 2024, la Legislatura se pronunció en distintos casos ante expedientes disciplinarios que giró la Auditoría. Así, por ejemplo, sancionó durante 4 meses, sin goce de sueldos, al fiscal adjunto de Rosario, Matías Edery; también primero suspendió y luego en marzo de este año removió al fiscal Aldo Gerosa de Reconquista. También el año pasado fue removida la fiscal Gabriela Lescano (Cañada de Gómez) y sobre fin de año suspendió por 30 días al fiscal de San Justo, Guillermo Persello.

La Comisión de Acuerdos ya tiene el trabajo realizado por el diputado José Corral como instructor, ante la denuncia de la Auditoría sobre la conducta del fiscal adjunto de Reconquista, Alejandro Héctor Rodríguez. Trascendió que el legislador oficialista pidió la remoción de Rodríguez, tema que debe ser analizado por Acuerdos junto al autor del trabajo, antes de remitir el tema a la sesión conjunta de senadores y diputados.

El trabajo de Mai elevado a Vranicich concluye advirtiendo que en los últimos años "el MPA ha crecido notoriamente, no solo aumentando sus incumbencias en nuevos desafíos que debe afrontar la institución (microtráfico y justicia penal juvenil por sólo citar alguno de ellos), sino que también ha sido fortalecido con un aumento considerable de órganos fiscales con el inminente nombramiento de los fiscales subrogantes".

También hace notar que "a la par de ello, las últimas reformas legales implicaron que sea de incumbencia de la AGG el abordaje como acusador en los legajos disciplinarios de los empleados del MPA, aumentando el caudal de trabajo de esta área en concreto la cual viene teniendo un aumento sostenido de ingresos".

Desde este año, la Auditoría conformó la Comisión Regional Evaluadora de las Fiscalías Regionales 1, 2, y 5, lo que demanda una notable carga de trabajo a este órgano de apoyo a la gestión.

"Estos nuevos desafíos institucionales, deberán ser auditados con la misma cantidad de recursos humanos y materiales que posee esta AGG, lo cual conlleva necesariamente una planificación para realizar de forma más eficiente y eficaz su labor", señala.

Postula sobre el final "el tablero de indicadores, como mecanismo de relevamiento de datos en tiempo real, cuyo norte sean las prioridades institucionales ya definidas por la autoridad, lo que devendrá en una herramienta de notoria utilidad para monitorear, corregir y dirigir el desempeño institucional."

En el comienzo del escrito, Mai destaca que el organismo que conduce se constituyó presencialmente en cada dependencia del MPA para poder construir un insumo que no solo dependa de la información suministrada por los auditados, relevando en cada espacio funcional legajos prioritarios abiertos y sin movimiento durante el plazo de 12 meses.

Por Juliano Salierno

Aunque todavía falta mucho, el Fiscal Regional N° 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, sabe que este año no hará el tradicional informe de gestión en la ciudad de Santa Fe, como se viene realizando desde 2015, tras el primer año de vigencia del nuevo sistema de justicia penal santafesino, el 10 de febrero de 2014.

Esta vez será después de la feria judicial de invierno, probablemente entre julio y agosto, y la sede elegida se encuentra en la ciudad de Esperanza, donde funciona la Unidad Fiscal del departamento Las Colonias.

¿El motivo? Responder a un criterio de cercanía con la realidad de los habitantes de ciudades y pueblos del interior provincial, cuyas características, en muchos casos difieren notablemente de las problemáticas delictivas de la capital provincial e incluso son disímiles entre cada zona.

“La Fiscalía Regional N° 1 comprende territorialmente siete departamentos de la provincia. La sede está en Santa Fe, con unidades fiscales en los restantes seis departamentos”, introduce el fiscal Nessier, cuya política de trabajo implica visitar cada una de las fiscalías al menos dos veces por año.

Además de La Capital, con la ciudad de Santa Fe como eje, pero con un área metropolitana que se lleva el grueso de la labor de los fiscales, la Regional N° 1 alcanza a los departamentos San Martín, San Jerónimo, Las Colonias, San Justo, Garay y San Javier.

“En todos los departamentos existe un local con una unidad fiscal en marcha y con un fiscal -titular o subrogante-, salvo el departamento San Martín donde son dos los fiscales designados y un tribunal propio”.

En ese contexto de territorialidad, Nessier señala que “la Fiscal General María Cecilia Vranicich diseña el plan de persecución penal para toda la provincia. Pero es claro que somos los fiscales regionales quienes debemos, conjuntamente con los fiscales de cada lugar, trasladar esa política de persecución penal general a las particularidades de cada zona”.

“En nuestro caso, siete departamentos con una extensión territorial muy amplia y con particularidades sociales y delictivas específicas en cada uno”, abunda el titular de la Regional N° 1.

“Por eso es que la forma de tomar contacto con esas realidades es realizar periódicas visitas del Fiscal Regional, sin perjuicio de que funcionarios de la Regional vayan para cualquier cuestión puntual que se dé en las fiscalías”, apunta el Dr. Nessier.

En la misma tónica, el jefe de los fiscales santafesinos resalta que “tratamos de que sean al menos dos por año de manera ordinaria”.

El viaje “no sólo implica la visita y un relevamiento de la situación de la unidad fiscal, sino también un encuentro con las fuerzas policiales -provinciales y federales-; autoridades municipales -intendentes, concejales-; y hasta legisladores provinciales que provienen del departamento, que normalmente son los senadores y a veces algún diputado que la zona”.

-Hace poco estuvieron en Coronda y Gálvez. ¿Con qué problemática se encontraron?

-El último lugar en que estuvimos fue el departamento San Jerónimo, en las dos principales ciudades que son Gálvez y Coronda, esta última donde está la unidad fiscal. Son dos ciudades con características sociales, productivas y económicas muy diferentes, pero cada una con sus preocupaciones.

Lo que se hace es un testeo de cuáles son, desde la perspectiva de las autoridades locales, las problemáticas más acuciantes, que a veces no son hechos particularmente graves, pero sí tienen que ver con conductas delictivas tal vez menores, pero que en comunidades más pequeñas resultan preocupantes.

-¿Por ejemplo cuáles?

-Problemas vinculados con delitos contra la propiedad. No ha habido prácticamente hechos de homicidio, si bien existen algunas situaciones de violencia altamente lesiva a través de riñas o peleas, no ha habido grandes hechos en ese sentido.

Y se dan cuestiones de índole rural, no solo abigeato, sino otro tipo de problemáticas rurales, como el hurto campestre, que tiene una regulación específica en el Código.

Además, la incursión de bandas o pequeños grupos que cometen hechos delictivos, particularmente robos, tanto en negocios como en viviendas particulares,urbanas como rurales, provenientes de otras provincias o de otros lugares de nuestra provincia.

-¿También estuvieron en otros departamentos?

Los departamentos San Justo, San Martín, San Javier y Garay también fueron visitados. La idea era completar la vuelta antes de la finalización de este semestre. Quedaría solamente Las Colonias, donde este año nos hemos comprometido a que el informe de gestión que realice la Fiscalía Regional va a ser llevado a cabo en Esperanza.

El año pasado el primer informe de gestión fue en la ciudad de Santa Fe (en la Estación Belgrano) y ahí asumimos el compromiso de que los futuros informes se vayan realizando en los distintos departamentos de nuestra jurisdicción.

-¿Para cuándo está previsto?

A diferencia de la Fiscal General, que realiza su informe de gestión en la Legislatura, alternando entre Senado y Diputados y dentro del primer mes de la apertura de las sesiones ordinarias, el nuestro tiene un periodo más amplio para hacerlo.

El año pasado se demoró bastante porque se terminó haciendo el 17 de octubre. Pero la idea este año es anticiparlo y probablemente antes de agosto o más tardar en agosto va a ser el informe de gestión.

En el final del período Extraordinario de sesiones de la Legislatura, el Poder Ejecutivo remitió un mensaje a las cámaras con 39 propuestas para desempeñarse como fiscales adjuntos subrogantes en las cinco circunscripciones que tiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Más de la mitad de los pliegos remitidos corresponden a la segunda circunscripción con sede en Rosario, seguida por la tercera (Venado Tuerto) con seis nombres. Para las cabeceras Reconquista y Rafaela son cuatro los nominados mientras que para Santa Fe solo tres.

La Legislatura tiene 30 días para considerar esos nombres y en caso de no ser tratados en Asamblea Legislativa quedarán aprobados en forma ficta. La comisión de Acuerdos será la encargada de evaluar a los candidatos e incluso entrevistarlos antes de emitir el o los dictámenes correspondientes.

El envío de pliegos para reforzar el MPA había sido prometido por el ministro de Justicia y Seguridad que incluso confiaba que iban a ser ingresados en la previa al feriado a Pascua.

La Capital: Vivian Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Montegrosso son las propuestas. En el MPA se informó de siete vacantes producidas en los últimos cinco años como consecuencia de fiscales que pasaron a ser jueces o renuncias.

Rosario: Son 22 los pliegos enviados y fueron 18 los cargos que quedaron vacantes por renuncias, destituciones o pases a jueces o camaristas.

Venado Tuerto: son seis los nombres y las vacantes de los últimos años fueron cuatro. Los propuestos son Lorena Arcangioli, Larisa Barucca, Luciana Del Grecco, Luis Lagiogia, Ana Stampella y Débora Valentin.

Reconquista: Leandro Aguilar, Elizabet Aguirre, Luciana Chiavarini y Sebastián Galleano. Suspensiones y destituciones dejaron al MPA en esta región con escasos fiscales.

Rafaela: Analía Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Odriozola y Adrián Soria son los propuestos. Fueron cuatro los cargos perdidos en el MPA del oeste santafesino en cuatro años.

Sin abstenciones y con unas pocas ausencias, la totalidad de los diputados y senadores presentes votaron por remover del cargo de fiscal al Dr. Aldo Gerosa, que pertenecía a la Fiscalía Regional 4 de Reconquista, por la figura de “mal desempeño en sus funciones”. La dura sanción incluye además una inhabilitación por diez años para ingresar a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación.

Por norma, cada Cámara debe votar ser por separado. Primero confirmaron el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa 15 senadores (donde se registraron cuatro ausencias), y luego hicieron lo mismo 47 diputados (con tres ausentes).

El fiscal Aldo Gerosa expuso días atrás ante senadores y diputados provinciales.

En pocas palabras, en la segunda oportunidad en la que la Legislatura revisó la labor de Gerosa, tomó la decisión de apartarlo, al confirmar lo aconsejado por el dictamen -también unánime- de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que el martes pasado escuchó al ahora ex fiscal y luego deliberó y dictaminó.

El año pasado había sido suspendido, con la mitad de sus haberes, por diez meses, en el llamado caso caso Galaz, sobre el que se le reprochó haber firmado un juicio abreviado.

Desde entonces solo restaba que se celebrara la sesión conjunta para que se lleve a cabo la decisión que Acuerdos recomendó y que no tuvo ninguna disidencia, ni pedidos de abstención.

Al cierre de esta edición, la diputada Rosana Bellatti (PS-Unidos para Cambiar Santa Fe) se extendió sobre las razones por las que se produjo el apartamiento. Mencionó casos en los que como responsable de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista fue ineficaz en la administración de justicia, lo que prolongó el sufrimiento de las víctimas y permitió la impunidad en numerosos casos, según la legisladora. Abundó en detalles al respecto.

Los legisladores fundamentaron la decisión sobre Gerosa por la figura de “mal desempeño en sus funciones”.

Luego, su par opositor Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) lamentó la posición que llevó la defensa técnica de Gerosa ante la Comisión de Acuerdos y anunció que por vía judicial ha iniciado una demanda por tráfico de influencias que lo incluye.

Como abogada de Gerosa ante Acuerdos se presentó Cecilia Goyeneche, muy conocida por su actuación como procuradora adjunta en el caso por el que terminó condenado y preso el ex gobernador Urribarri. La fiscal anticorrupción había sido destituida de su cargo en el Poder Judicial entrerriano, pero en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo del Superior Tribunal de de esa provincia.

Los legisladores fundamentaron la decisión sobre Gerosa por la figura de “mal desempeño en sus funciones”.

En la Sesión Conjunta, el ex intendente de Santo Tomé citó expresiones del propio Gerosa en uno de sus escritos como fiscal sobre los abusos sufrido por una niña en el norte provincial, que describen un acceso carnal y la posterior (y contradictoria) consideración del caso como de abuso sin acceso carnal, “con el solo objetivo de llegar a un juicio abreviado, comenzó pidiendo 16 años de pena y terminó con una vergonzosa condena para el violador de tres años en suspenso”, según la opinión de Palo Oliver.

El diputado Emiliano Peralta, también opositor pero del bloque celeste Somos Vida, dijo que “ha quedado demostrado cabalmente que no ha sido esto un pase de facturas de poderosos estudios jurídicos”. Destacó lo “concluyente y contundente” del informe del auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai.

Elogió la forma como la Comisión de Acuerdos tramitó el caso de Gerosa y recordó que pudo defenderse aún con los plazos ya vencidos. Dijo que son “injustificables” sus argumentos para convalidar un juicio abreviado que no tuvo en cuenta el deseo de la víctima de “que vaya preso” el violador, además de no haber ordenado medidas en protección de la niña.

“Hemos hecho un acto de justicia y de legitimación del poder judicial”, es “la respuesta política que corresponde para fortalecer al MPA”, subrayó. Reclamó más fiscales para el norte santafesino.

El Programa Recompensas, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y presentado públicamente a mediados de febrero, tuvo esta semana un resultado de alto impacto: la captura en Bolivia de Damián Reinfestuel, evadido de la Justicia desde el 30 de septiembre de 2023. Era buscado por el asesinato de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Rosario Central que fue atacada a piedrazos por simpatizantes de Newell’s tras el clásico disputado entre ambos equipos el 30 de septiembre de 2023.

El programa busca reducir los niveles de violencia y la impunidad. Para ello propone el ofrecimiento de un monto de dinero para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos desde el año 2014 a la fecha. La identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

Este mecanismo de Recompensas se suma al sistema ya vigente. La diferencia fundamental es que el programa que ya existía se establecía para casos específicos y a través de un pedido puntual. Hoy, a través de la decisión del gobernador Pullaro, el trabajo es absolutamente general y transversal a todos los homicidios que hayan ocurrido desde el 2014. Por lo tanto, en aquellos casos ocurridos desde esa fecha y que no tengan una resolución, está abierta la posibilidad de que quien sepa algo pueda aportar datos y, si es válido, cobrar una recompensa.

El gobernador sostuvo, tras la detención de Reinfestuel, que el Programa de Recompensas de la provincia “es el más ambicioso de la República Argentina por los recursos que implica y por el mensaje que le queremos enviar a todos los santafesinos y a los familiares de las víctimas de delitos violentos. La audacia de esta iniciativa es mirar hacia atrás para reducir la impunidad y la violencia”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Lucía Masneri, detalló que “el monto básico de la recompensa es de 8 millones de pesos. Sabemos que tenemos casos absolutamente particulares que pueden requerir una recompensa aún mayor. Un caso muy claro y absolutamente vigente es el de Paula Perassi (la joven sanlorencina desaparecida desde 2011), donde la recompensa es mayor por la complejidad que ha demostrado”.

Aquellas personas que tengan datos para aportar sobre cualquier causa pueden contactarse a través de correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o llamar al 911. Tanto la información recibida así como quien la brinda es “absolutamente confidencial. Los datos que se reciben son únicamente mandados al fiscal del caso”, precisó Masneri.

Cuando se recibe un dato, primero, se corrobora su veracidad, la utilidad en la causa y allí se determina la recompensa. “El pago se realiza en un sobre cerrado lacrado que no forma parte del expediente, por lo tanto el nombre de quien aportó datos no va a aparecer en ningún lado”. “Si reducimos la impunidad de 11 años para atrás, es claro que los niveles de violencia también van a empezar a bajar”, subrayó la secretaria de Asuntos Penales.

Sobre la posibilidad de falsos testimonios, Masneri afirmó que “es poco probable que tengamos un caso así. La sociedad se compromete seriamente con la necesidad resolver estos casos para que ningún asesino esté suelto. La resolución de homicidios nos va a traer paz. Muchas de estas personas están condenadas, tal vez por otro caso o lo siguieron cometiendo. Un asesino impune es realmente un riesgo para nosotros, no importa si en el 2015 o ayer. Además, a través del programa se realiza una mayor difusión de los casos. Eso nos va a ayudar a reducir la impunidad. Prueba de eso es el reciente caso de Ivana Garcilazo”.

Por último, la secretaria de Asuntos Penales explicó que “el Ministerio Público de la Acusación está cuantificando la cantidad de casos posibles en los últimos 11 años. En una instancia promedio, hoy estamos en un esclarecimiento del 50 % de los casos de homicidio. Es un número absolutamente alto y pocas veces visto en ciudades de América Latina. Muchas veces se esclarece a través del autor material y, en algunas instancias, esto no anula la continuidad del caso porque tal vez falte el instigador de este homicidio. Entonces, es un conjunto de datos lo que estamos buscando”, completó.

Por Luis Rodrigo

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; los fiscales del MPA Artacho y Ávila; y familiares directos de Ivana Garcilazo hablaron sobre la captura en Bolivia del condenado por ese homicidio.

Damián Reifenstuel era intensamente buscado desde fines del 2023 cuando la fiscalía lo identificó como uno de los autores materiales del crimen de la hincha de Central que fue atacada a piedrazos, en inmediaciones del estadio de Newell's.

Personal de Interpol lo encontró en Samaipata, una pequeña localidad cercana a Santa Cruz de la Sierra y está siendo trasladado a Sucre donde permanecerá detenido hasta el momento de la extradición.

En contacto con la prensa, en la ciudad de Rosario, la Dra. Vranicich destacó el "trabajo en conjunto del MPA, con gobierno provincial y por eso aquí nos acompaña el gobernador", expresó y de inmediato añadió: "destacó también la labor del gobierno nacional", que actuó a toda prisa ante la posibilidad de dar con el prófugo de la justicia.

"Desde el jueves a hoy han sido muy poquitos días realmente, y se llegó a este resultado porque hubo un trabajo enorme y en equipo; también, porque funciona el programa de recompensas" para quienes aporten información relevante que otorga el Estado provincial", dijo.

Muy especialmente Vranicich destacó la labor de los fiscales Artacho y Ávila y volvió a hablar de los distintos niveles del Estado que han actuado para obtener la captura en el país hermano.

Subrayó que "el Ministerio de Seguridad de la Nación rápidamente cuando tuvimos el dato nos pusieron en contacto, de un modo muy comprometido, con los funcionarios competentes" de la República Plurinacional de Bolivia.

Destacó "la labor del director nacional de Interpol, el comandante Juan Carlos Basualdo y a la distancia le brindamos nuestro reconocimiento; al jefe de la Policía Nacional de Bolivia, que cumple un rol similar al de un ministro de Seguridad para nosotros, el general Augusto Russo Sandoval, quien con una enorme solidaridad se ha puesto a trabajar en este sentido".

"Para nosotros -siguió la titular del órgano acusador- es importante institucionalmente poder dar una respuesta. Sentimos que rendimos cuentas. Marco nuevamente lo que le decía a los familiares de la víctima cuando nos reunimos antes con ellos: queríamos que fueran los primeros en enterarse. Nos atraviesa una enorme emoción en esto. Creo que un poquito ayudamos a bajar el dolor", dijo.

Además presentó a "Silvina y su compañero que siempre han estado requiriéndonos, cuando era necesario". Extendió esos conceptos a "Sergio, que es hermano de Ivana y a Laura", que compartieron el estrado en la sede del MPA de Rosario.

La noticia "nos conmueve" dijo Silvina, que actuó como vocera de los deudos. "La emoción desborda los límites que puedan imaginar, lo venimos esperando desde ese 30 se septiembre", expresó. Ese día "le arrebataron la vida a Ivana y destruyeron nuestra familia".

"Hoy celebramos que lo hayan capturado gracias a los fiscales, a la fiscal general, al gobernador, a la ministra de Seguridad de la Nación. Sabemos del trabajo que vienen haciendo", destacó.

Lo sé. Estuve ahí, me han visto siempre en representación de la familia y estuve siempre encima de ellos. Yo sabía muy bien que estaban trabajando y que tarde o temprano íbamos a tener el fruto de este trabajo que incansablemente hicieron. De mi parte, gracias. Y a los medios también por estar siempre con nosotros", agregó. Reflexionó luego: "las recompensas sirven. Tienen sus frutos".

Y cerró: "A familiares de víctimas le dejamos un mensaje: no pierdan nunca las esperanzas , tarda en llegar , pero todos vamos a tener justicia y la vamos a tener. Existe la justicia y hoy lo están demostrando. No se encajonan las causas, no se duermen. Hoy quedó demostrado, tras casi un año y medio que todo ese trabajo tuvo su recompensa".

El titular del Poder Ejecutivo eligió hablar en último lugar, tras las exposiciones antes señaladas. En cada enumeración de los méritos para que se logre la captura nombró al Ministerio de Seguridad de la Nación y su titular, Patricia Bullrich.

"Es un día importante: se muestra el trabajo articulado de las instituciones de la provincia de Santa Fe", expresó y volvió a nombrar a los fiscales Artacho y Ávila, y a la fiscal general Vranicich, "que hasta sentí durante muchos días que lo habían tomado como algo personal" aseguró el gobernador.

"Entre emocionada y conmovida iba poniéndome al tanto de algunos adelantos fundamentalmente para que tengamos los recursos a disponer como estado para poder dar con esta persona que tenía una orden de captura" agregó sobre Vranicich.

"Siento una profunda emoción en este momento, porque cuando se golpea a la impunidad, cuando hay menos impunidad, es posible que puedan bajar los altos niveles de violencia que tuvimos y que tenemos aún en la ciudad de Rosario y en la Provincia de Santa Fe" dijo con esperanza Pullaro.

Además remarcó: "Y que todos los rosarinos y santafesinos sepan que, como lo dijimos muchas veces, este es un camino muy difícil, muy duro, pero que no vamos a escatimar ningún recurso por parte del gobierno provincial para dar con los responsables de los hechos violentos en nuestra provincia".

"Es un momento para agradecer y poner en valor. Agradezco como siempre a la ministra Patricia Bullrich que trabaja de manera incansable al lado nuestro, que se comunicó de inmediato con Interpol. Quiero agradecerle a Interpol su esfuerzo en estos casi cinco días para dar con esta persona que estaba prófuga de la justicia y tenía un pedido de captura", insistió.

"La ley de recompensas y su programa son importantes. A veces estas decisiones lo contrarían mucho a uno… tener que ofrecer dinero para que se pueda adquirir información importante para las causas justas. Pero cuando uno ve que una familia lo valora es importante".

"Seguramente no podrán dejar de sufrir por la pérdida, nadie, nunca, nada la va a poder saldar, pero uno al menos les pueda dar un poquito más de paz que es seguramente necesitaban los familiares de Ivana", sostuvo.

"Ella destacó que el aporte que puede hacer el Estado provincial puede ser importante para dar con los que creyeron durante muchos años que podían cometer cualquier hecho violento, y que nadie los iba a buscar, a detener y que iban a pagar en la Justicia la condena que merecían".

Minutos antes del mediodía de este viernes, Kevin P., quien está acusado de apuñalar a un hombre de 68 años en Pringles y Caseros, se entregó en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acompañado de su abogado. El joven quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas se deberá resolver su situación procesal. 

Cabe recordar que el hecho se produjo alrededor de las 9, cuando Kevin le propició dos puñaladas al hombre que estaba sentado fuera de su domicilio en calle Pringles, a metros de Caseros, y se dio a la fuga. 

Según las primeras investigaciones, esta no sería la primera agresión que el muchacho habría ejercido, ya que semanas atrás disparó contra la vivienda de la víctima. Incluso, estaba prevista una audiencia este mismo viernes a las 11.

El origen de la disputa entre estas personas sería la presencia de un perro, el cual atacaba a quienes pasaban por allí. Esta situación había provocado discusiones previas y que derivaron en este hecho. 

Un dato no menor será la carátula que solicite la Fiscalía, que en principio sería “homicidio en grado de tentativa”. Además, se le podrían sumar causas anteriores, como los disparos contra la propiedad, amenazas y tenencia de arma de fuego. 

Mientras tanto, la víctima se encuentra internada en el Hospital regional Dr. Gutiérrez, donde será intervenido quirúrgicamente producto de las heridas sufridas. 

(Por Carlos Retamal) - Un colectivo del transporte urbano de pasajeros de Rosario fue atacado a tiros mientras circulaba por una calle de barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad. La unidad recibió cuatro impactos en su lateral derecho.

El ataque se produjo poco después de las 20 del jueves 5 de septiembre, cuando un interno de la línea 146 roja circulaba de sur a norte por avenida Abanderado Grandoli. Al llegar a la intersección con calle Spiro, al menos una persona comenzó a disparar contra el coche.

Voceros policiales indicaron que, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, el conductor del colectivo aceleró y se fue de la zona. Varias cuadras después, activó el botón de pánico que tiene en la unidad. Siguió con su recorrido y poco antes de llegar a la esquina de bulevar 27 de febrero y Necochea, fue interceptado por un patrullero.

Al momento del ataque, en el colectivo iban 5 pasajeros, además del chofer. Pero cuando fue interceptado por personal de la Policía de Acción Táctica, solamente quedaba una persona.

Los uniformados comprobaron que el coche había recibido 4 impactos de bala en su lateral derecho.

Durante la madrugada del viernes 6, fueron detenidas al menos 3 personas, una de ellas menor de edad, por su presunta participación en la balacera. El arresto se produjo en un sector de barrio Las Heras, unas 15 cuadras al sur del lugar del ataque. El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación.

Una joven que trabajaba en la barra del local bailable ubicado en Ruta Nacional 8 y Alvear, denunció al propietario por abuso sexual. El hecho se produjo el último fin de semana y este lunes, el empresario fue aprehendido. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias imputativa y cautelar, mientras avanza la investigación.

En diálogo con Sur24, la víctima (reservamos su identidad) que desde el mes de marzo se desempeñaba como empleada, relató lo sucedido: “Yo estaba trabajando en la barra de atrás, adentro del boliche bailable. Cerca de las 5.40 fui al baño, donde me tocó esperar porque había chicos de relaciones pública. Cuando llega mi turno, S. me empuja con el cuerpo y me mete al baño; como la puerta estaba rota, se traba y es ahí cuando me empieza a tocar, besar el cuello, pecho. En todo momento lo empujaba y le decía que no quería, que me dejara ir, pero trataba a la fuerza de sacarme la ropa, que no lo logró porque no lo dejé”.

Y agregó: “Él se empieza a sacar el pantalón y el bóxer. Es ahí es cuando lo empujo, hago fuerza y abro la puerta. Me toma del brazo para que vuelva a entrar pero como ya estaba desnudo y había gente, no salió, se quedó adentro unos minutos y luego sí terminó saliendo”. 

La noche terminaba y la joven decidió buscar resguardo en compañeros y compañeras de trabajo para poder volver sin riesgo a su casa. Al día siguiente, decide no sólo hacer un descargo en las redes sociales, contando parte de lo ocurrido, sino también presentar la denuncia formal en el Ministerio Público de la Acusación que derivó en la aprehensión del empresario. 

“Luego de lo que me sucedió a mí, me enteré que ya habían pasado otros casos, incluso una vez realizada la publicación se pusieron en contacto otras chicas que también atravesaron situaciones similares, hasta algunas eran menores de edad”, señaló.

Si bien por el momento es la única denuncia presentada en el MPA, no se descarta que se sumen nuevos testimonios a la causa.    

El subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz, el director de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani, y el fiscal Franco Carbone, brindaron detalles del operativo de entrega controlada con la participación de un “agente revelador”, en un procedimiento conjunto entre fuerzas policiales dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investiga una banda por venta de estupefacientes en zona oeste de Rosario.A partir de la reciente reforma en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, el miércoles se llevó adelante el primer operativo con entrega controlada, en la esquina de Rouillon y Espinosa de la ciudad de Rosario, y participación de la figura del agente revelador, que desembocó en la ejecución de ocho allanamientos contra posibles integrantes de la banda de Mauro Ayala, en el marco de una causa por microtráfico que investiga el fiscal Franco Carbone.En ese sentido, Carbone explicó: “Hemos hecho un total de ocho procedimientos en simultáneo. El puntapié de todo esto fue la utilización de un agente revelador, por primera vez en la historia de nuestra provincia. Esto tiene que ver con la reforma procesal que se llevó adelante en el mes de abril. Pusimos en práctica, mediante autorización judicial, la compra pactada de estupefacientes por parte de un miembro de la Policía de Investigaciones. A partir de ahí, hicimos un seguimiento controlado de esta persona y llegamos hasta el domicilio donde estaba. En ese momento allanamos ese domicilio y siete otros inmuebles que estaban siendo investigados conjuntamente”.Respecto al resultado de los allanamientos, el fiscal precisó que se secuestraron “estupefacientes, balanzas de precisión, dinero en efectivo. Estamos evaluando la posibilidad de inactivar alguno de esos inmuebles” y detalló que en esta oportunidad, solamente se encontró marihuana “que está siendo procesada en estos momentos. También había plantas y demás”, pero aún no se cuenta con el pesaje total. “Son cuatro las personas, pero se sigue investigando. Hemos encontrado muchos teléfonos celulares que van a servir para ahondar en la investigación. Mauri Ayala es la persona que está detrás de todo esto. Es una persona que se disputa el territorio en Parque Oeste con el Clan Tripi. Hicimos allanamientos la semana anterior y tuvimos el derribo de algunas instalaciones también en el marco de esta disputa territorial”, agregó.Sobre el final, recordó que “Ayala es una persona que está con orden de captura”, ya que a fines de enero, policías del Comando Radioeléctrico plantaron tres armas de fuego en torno a las amenazas al gobernador de la provincia y es por eso que tiene orden de captura. Es que estas armas fueron otorgadas por Mauri Ayala en el medio de esta disputa con sus rivales que serían estas personas de apellido Tripi. En este contexto, se sigue trabajando. Esto es una arista más de la investigación”.Asimismo, explicó que “esto se pudo dar gracias a un ciberpatrullaje que ha hecho personal de la Policía de Investigaciones, conjuntamente con el equipo de microtráfico de la Fiscalía General, hace un mes que se está trabajando sobre estas personas y el primer paso fue el que se dio ayer con la puesta en marcha del agente revelador”.

La figura del agente revelador es una de las herramientas que contempla la nueva Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Establece que se trata de un funcionario de las fuerzas de seguridad, de investigación judicial o de organismos de inteligencia designado a fin de ejecutar el transporte o compra -para sí o para terceros-, de dinero, bienes, servicios, armas, o participar de cualquier otra actividad de una organización delictiva, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos.Como resultado de los operativos, los agentes policiales detuvieron a Franco M. de 19 años; y demoraron a Héctor N. (37), Jorge R. D. (32) y Ariana C. (30); secuestraron material estupefaciente, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal regional interino, Horacio Puyrredón, puso en relieve el trabajo conjunto desarrollado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las fuerzas de seguridad de todo el sur santafesino, el gobierno de Venado Tuerto y los municipios y comunas de la zona, para poder detener a los autores del robo a la financiera, minutos después de cometido el ilícito. 

Según remarcó se trató de un hecho de características particulares para una ciudad como Venado Tuerto, ya que se trataba de un domicilio ubicado en el centro de la ciudad, Rivadavia y Cabral; se produjo a plena luz del día, alrededor de las 10.30; ingresaron a cara descubierta y escaparon a pie por casi 100 metros, para luego subirse a un automóvil y emprender la huida.

“Tomamos conocimiento en horas cercanas al mediodía del jueves que se había producido un robo calificado y que la policía ya estaba trabajando al respecto. De inmediato recibimos las imágenes, que luego se viralizaron, que nos brindaron algunos datos, sobre todo el ingreso y egreso a la vivienda. A través del Centro de Monitoreo municipal, pudimos identificar el vehículo, un Nissan Versa color oscuro y visualizar la chapa patente; así que se estableció la alerta y se dispuso un operativo cerrojo no sólo en Venado sino en toda la región”, comenzó contando el funcionario del MPA. 

El número de patente fue cargado en el identificador que tiene la ciudad de Firmat sobre la ruta 33 que alertó el paso del mismo. Así fue que el Comando Radioeléctrico inició un seguimiento controlado, finalizando en la localidad de Villada, donde fueron aprendidas las cuatro personas, tres masculinos y una femenina, y secuestraron elementos probatorios para la causa.

En el lugar trabajo la Policía de Investigación (PDI) de Venado y Firmat, mientras que la continuidad de las actuaciones quedó a cargo de personal de la Comisaría 2da. 

“Quiero destacar el rápido y eficiente accionar policial, que fue determinante al momento de dilucidar este caso”, exclamó Puyrredón. 

Seguidamente, el fiscal también reconoció el valioso aporte que hicieron vecinos de la ciudad, quienes captaron el ingreso y egreso de los delincuentes al inmueble, brindando datos de las personas y del modo de escape, permitiendo que las cámaras de seguridad del gobierno local puedan identificar el auto y así dar la alerta. 

“Tenemos que destacar el compromiso de los vecinos. Sin duda, Venado Tuerto es una localidad comprometida con la seguridad y un hecho de este tipo no pasa desapercibido, por el movimiento, la acción, la forma de ingreso y demás cuestiones que llamaran la atención”, enfatizó. 

El fiscal regional interino, precisó que por estas horas están a la espera de los informes sobre las actuaciones para tener precisiones sobre los cuatro detenidos, todos mayores de edad. “Se han solicitado registros de antecedentes y estamos a la espera. Serían todas personas de Rosario, si bien una de ellas, un masculino, tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires”. Y subrayó: “Estamos al inicio de la investigación, recién transcurrieron las primeras 24 horas. Los elementos más fuertes y contundentes son el trabajo y accionar policial, los secuestros que tenemos y la detención de los sujetos involucrados”. 

A su vez, adelantó que la semana que viene, entre lunes y martes, se procederá a la imputación de los cuatro por “robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, y privación ilegítima de libertad en concurso ideal de delitos”, y allí se solicitará la prisión preventiva. Mientras tanto, fueron trasladados a la Alcaidía de Melincué. 

En cuanto al vehículo, detalló que, en principio, no tenía ningún impedimento para circular, aunque deberán analizar los guarismos, que no estén alterados, lo mismo que la patente.      

Según consideró el fiscal, podría haberse dado un trabajo previo, con datos puntuales sobre el movimiento que había en este inmueble. “A primera vista, estas personas se habrían acercado a la ciudad con un plan previo de cometer este ilícito”, planteó. 

Sobre el mediodía de este jueves, a las pocas horas de cometido el robo a la financiera ubicada en la esquina de Rivadavia y Cabral de la ciudad de Venado Tuerto, la policía logró detener en la localidad de Villada a cuatro personas, tres hombres y una mujer, que serían las autoras del hecho.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a Sur24, el operativo cerrojo que se dispuso luego del robo que se produjo a media mañana, a plena luz del día y a cara descubierta, dio sus frutos, ya que personal del Comando Radioeléctrico de Firmat pudo visualizar el vehículo Nissan Versa, color negro, en el que se movilizaban los presuntos malvivientes y detenerlos. 

Las imágenes aportadas por un vecino que transitaba por la zona donde funciona la financiera y que captó el momento que dos masculinos salían del edificio, por calle Cabral y se dirigieron hacia Juan Bautista Alberdi, para posteriormente subir a un auto que los esperaba y escapar, fueron fundamentales para dar con estas personas. 

A priori, el botín con el que se habían alzado, alcanzaba los 5 mil dólares. A su vez, se investiga si existe alguna vinculación con otros ilícitos cometidos en Venado Tuerto.  

El pasado 28 de abril, Oscar “Moncho” Álvarez, el joven de 28 años de edad que fuera internado a principios de abril tras recibir un botellazo en la cabeza, y tras permanecer casi un mes en la terapia intensiva del Hospital Alejandro Gutiérrez, finalmente fue dado de alta.

Así lo confirmaron las autoridades del nosocomio regional a Sur24, quienes habían adelantado a mediados de abril que Álvarez evolucionaba favorablemente, aunque en ese entonces su cuadro seguía siendo reservado. Ahora, ya en su casa, “Moncho” se encuentra realizando la correspondiente rehabilitación por las graves heridas recibidas.

Oscar Álvarez había trascendido mediáticamente días antes de la gresca por la que terminó en el hospital con golpes en su cabeza por un video viralizado donde se lo veía haciendo “willy” con su moto por las calles céntricas de Venado Tuerto, registro fílmico que trascendió las fronteras locales y fue replicado por medios provinciales y nacionales. 

Oscar “Moncho” Álvarez fue agredido brutalmente por al menos una persona el pasado 5 de abril, en inmediaciones de calle López al 2.300.

Según las investigaciones, la víctima habría recibido un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente, y después un segundo golpe que le provocó la fractura de cráneo y hemorragia.

Luego, el 7 de abril, tras varios allanamientos, fue detenido un sujeto acusado de ser el agresor de Álvarez e imputado por la fiscal del caso, Mayra Vuletic, bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa”, fijándole prisión preventiva ordinaria sin plazo.

En la actualidad, la causa sigue su curso bajo la misma calificación (homicidio en grado de tentativa), y el imputado, según afirmó la fiscal Vuletic a Sur24, continúa en prisión preventiva ya que, si bien Álvarez fue dado de alta, se encuentra realizando rehabilitación y todavía no está en condiciones de poder prestar declaración para conocer los pormenores del hecho.

El MPA firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) para abordar las investigaciones vinculadas con los mercados ilegales de armas de fuego.

El convenio, que apunta a desactivar los circuitos ilegales de armas, fue rubricado ayer en Buenos Aires. Lo firmaron la Fiscal General, María Cecilia Vranicich; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANMac, Juan Pablo Allan.

"El MPA va a comenzar no solo a investigar fraccionadamente aquellos delitos que se realizan con armas de fuego, sino también profundizar estratégica y focalizadamente el mercado ilegal de armas", sostuvo Vranicich.

"Con este acuerdo generaremos instancias de colaboración interinstitucional y de intercambio de información para trabajar sobre la problemática de las violencias altamente lesivas que involucran la utilización de armas de fuego", sostuvo Vranicich.

La titular del MPA precisó que "el trabajo coordinado se dará a partir del registro de evidencia balística y su sistematización y análisis en causas de relevancia o en balaceras recurrentes".

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

En la reunión también estuvo presente la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti. Por el ministerio de Seguridad de la Nación, además participaron el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el titular de la Dirección Nacional de Prevención del delito, Germán Pugnaloni; y el titular de la Unidad Gabinete de asesores, Carlos Manfroni.

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".