La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe revocó la medida de “cese de estado antijurídico” que había ordenado a distintas entidades financieras y prestadoras de servicios de pago devolver más de 29 millones de pesos a dos víctimas de una estafa informática investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La resolución fue dictada por el camarista penal Fabio Mudry, quien hizo lugar parcialmente a los recursos presentados por las empresas involucradas y dejó sin efecto el cese del estado antijurídico dispuesto en primera instancia.

Como consecuencia, ordenó que los particulares que ya habían percibido los fondos restituyan las sumas depositadas por BIND PSP y Tecnoint, mientras que la eventual responsabilidad patrimonial de las firmas deberá discutirse en otra instancia.

La decisión revisó el fallo del juez Sergio Carraro, quien a fines de marzo había ordenado que Invertir Online, BIND PSP, Mercado Libre y Tecnoint restituyeran de manera conjunta los montos reclamados por dos víctimas, al considerar que las deficiencias en los sistemas de validación de identidad habían facilitado la maniobra delictiva.

Posteriormente, Mercado Libre quedó excluida de la medida al determinarse que no integraba el objeto de la investigación.

Durante la audiencia de apelación, las empresas sostuvieron que la resolución de primera instancia implicaba una condena patrimonial anticipada sin que existiera una atribución penal en su contra.

La representación de BIND PSP afirmó que la medida trasladaba el costo económico del fraude a terceros que también habían resultado perjudicados por la maniobra criminal.

Además, cuestionó la inexistencia del requisito de peligro en la demora, al sostener que todas las firmas involucradas poseen solvencia suficiente para responder ante una eventual sentencia definitiva.

En la misma línea, la defensa de Invertir Online argumentó que la sociedad de bolsa también era víctima de la intrusión informática investigada y que carecía de sentido jurídico imponerle la restitución de fondos cuando la propia fiscalía había reconocido que sus sistemas habían sido vulnerados por terceros.

Los representantes legales también destacaron que se trata de empresas reguladas, sometidas a controles permanentes y sin riesgo de insolvencia, por lo que entendieron que no existía justificación para adelantar los efectos de una eventual responsabilidad civil.

Por su parte, el fiscal de Cámara, Carlos Arietti, sostuvo la validez de la decisión original y afirmó que las omisiones o negligencias en los controles de seguridad habrían permitido concretar las maniobras investigadas. Esa postura fue acompañada por los abogados de las víctimas.

Al abordar los planteos, Mudry descartó en primer término que la resolución de primera instancia fuera arbitraria por falta de fundamentación. A su criterio, el juez Carraro había expuesto los fundamentos mínimos necesarios para justificar su decisión.

También desarrolló el marco jurídico aplicable a este tipo de medidas, recordando que las cautelares penales poseen carácter instrumental, provisional y excepcional, y que únicamente pueden prosperar cuando concurren todos los requisitos previstos por la ley.

Respecto del cuestionamiento sobre la competencia del fuero penal para intervenir en un conflicto que también podría derivar en responsabilidades civiles, el magistrado sostuvo que, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, existía una apariencia razonable de derecho ("fumus boni iuris") para examinar la conducta de las entidades.

En ese sentido, consideró que las empresas alcanzadas por la medida están sujetas a los deberes de protección de datos e identidad digital incorporados por la Constitución de la provincia de Santa Fe y que, de acuerdo con la evidencia presentada por la fiscalía, existirían indicios de que esos estándares de seguridad no habrían sido adecuadamente observados.

El camarista también entendió que, en esta etapa de la investigación, aparece acreditado de manera preliminar que los hechos responden a una maniobra de phishing y recordó que la pesquisa ya permitió identificar a parte de la organización que habría ejecutado las estafas.

Incluso describió que la hipótesis fiscal atribuye a los autores haber utilizado las plataformas de Invertir Online, BIND PSP y Tecnoint mediante mecanismos que presuntamente carecían de un segundo factor de autenticación u otras herramientas elementales destinadas a prevenir este tipo de fraudes digitales.

Sin embargo, para Mudry el aspecto decisivo del caso estuvo en otro requisito de la medida de cese de estado antijurídico.

El camarista sostuvo que el agravio más sólido planteado por las empresas era la ausencia de peligro en la demora, presupuesto exigido por el artículo 205 del Código Procesal Penal.

Según explicó, ni al momento de dictarse la resolución de primera instancia ni durante la revisión existía elemento alguno que permitiera sospechar que las empresas pudieran ser insolventes o eludir una eventual obligación patrimonial futura.

"Es evidente que las entidades a las que se les exigió la restitución de los montos involucrados no se encuentran en ninguna situación que implique una sospecha o riesgo de insolvencia", afirmó.

Para el magistrado, la acusación tampoco acreditó la existencia de un riesgo concreto que justificara anticipar los efectos de una eventual condena mediante una cautelar de contenido patrimonial.

Esa ausencia de uno de los presupuestos legales indispensables resultó suficiente, a su criterio, para revocar la medida y ordenar la devolución de las sumas que habían sido depositadas en cumplimiento de la resolución ahora dejada sin efecto.

La resolución de la Cámara se circunscribe exclusivamente al cese del estado antijurídico dispuesto respecto de las entidades financieras y no modifica el avance de la investigación penal sobre los presuntos autores de las maniobras.

En esa causa, el fiscal Agustín Nigro imputó a tres personas como integrantes de la organización investigada por las estafas informáticas.

Tras la audiencia de medidas cautelares celebrada a fines de junio, la jueza Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para los dos imputados varones y dispuso la libertad bajo medidas alternativas para la mujer investigada, mientras la pesquisa continúa respecto de otros sospechosos identificados.

Para la fiscalía las tres personas habrían integrado una asociación ilícita dedicada a vulnerar cuentas de inversión mediante maniobras de phishing, abrir cuentas puente y convertir los fondos sustraídos en criptoactivos para dificultar su rastreo.

La investigación atribuye a la organización un perjuicio superior a los 34 millones de pesos en perjuicio de tres víctimas de San José del Rincón, Rosario y San Lorenzo, y sostiene que aún hay otras personas identificadas vinculadas a la maniobra.

En esa misma audiencia, el fiscal reiteró que las plataformas financieras también resultaron afectadas por la maniobra, aunque sostuvo que las deficiencias detectadas en algunos de sus mecanismos de validación habrían facilitado la concreción del fraude y dificultado parte de la pesquisa.

El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.

En ese contexto, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estableció que se trata de uno de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal del MPA, definió los lineamientos institucionales sobre la implementación progresiva y dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para que centralice las gestiones sobre esta materia en el ámbito de la Fiscalía General.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia. Foto: Archivo

El equipo está actualmente conformado por la Fiscal Coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General Carla Cerliani, los Fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el Subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones Victor Moloeznik y la Secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia.

"Luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes", remarcó Vranicich. "La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos".

Según los informes del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y la Secretaria de Política Criminal del MPA se realizaron 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas.

Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema.

Vranicich subrayó que "el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía".

En ese sentido, en el video institucional que difundió el MPA se señala que "nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias".

"El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional", afirmó Vranicich.

La Fiscal General finalizó respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales que "la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados".

El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el MPA se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.

 En ese contexto, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estableció que se trata de uno de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal del MPA, definió los lineamientos institucionales sobre la implementación progresiva y dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para que centralice las gestiones sobre esta materia en el ámbito de la Fiscalía General.

El equipo está actualmente conformado por la Fiscal Coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General Carla Cerliani, los Fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el Subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones Victor Moloeznik y la Secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia.

Resultados obtenidos

“Luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes”, remarcó Vranicich “La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos”.

Según los informes del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y la Secretaria de Política Criminal del MPA se realizaron 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas.

Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema. 

Objetivo priorizado

Vranicich subrayó que “el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía”.

En ese sentido, en el video institucional que difundió el MPA se señala que “nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias”. 

Articulación

“El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”, afirmó Vranicich.

La Fiscal General finalizó respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales que “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, encabezó el cierre de la capacitación del programa de rediseño del registro de ingresos y de la gestión estratégica de la carga de trabajo. La actividad se desarrolló a través de dos reuniones plenarias de las que participaron los empleados, funcionarios y fiscales de las cinco Fiscalías Regionales y de la Fiscalía General.

En Rosario, la reunión se llevó a cabo el martes en la sede de la Universidad Católica Argentina, mientras que en la capital de la provincia se realizó el miércoles a la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.

Dichas reuniones fueron el corolario de capacitaciones presenciales y virtuales que se fueron realizando desde el mes de agosto en las cuales se abordó, en primer lugar, la nueva forma de registro y categorización de ingresos y, en segundo lugar, el registro de los actos investigativos en el sistema informático.

Sobre este último punto, en su presentación, Vranicich refirió a la necesidad de optimizar el uso del Sistema de Apoyo a la Investigación y Gestión de Causas "Heimdall" para una mejora institucional.

A los fines de exponer las ventajas de este rediseño, la actividad tuvo como centro un panel conformado por empleados, quienes compartieron con los presentes sus experiencias piloto con el sistema "Heimdall". Franco Tassini y Jesica Medina expusieron sobre las posibilidades que abre una buena carga en el sistema y la ventaja de contar con un sistema informático de producción propia. Por su parte, Sofía Cudos expuso sobre las ventajas investigativas que la herramienta permite en la investigación de homicidios mediante foco investigativo territorial en Rosario. En tanto, Mariana Sanchis hizo lo propio en relación a la investigación de Microtráfico e Intervención Barrial Focalizada en Santa Fe.

Como cierre, la Fiscal General reafirmó: "Tenemos el claro desafío de consolidar el uso de Heimdall, lo cual nos va a permitir registrar, gestionar y analizar de modo inteligente la información".

En la misma línea, sostuvo que "además de poder gestionar mejor la carga de trabajo al identificar en el registro inicial qué ingresos son realmente investigaciones penales, la adecuada carga de datos en el sistema durante las investigaciones nos permitirá capitalizar toda la información que tenemos y así alcanzar una mejora en nuestra calidad institucional". En tal sentido, destacó que "el nuevo módulo Heimdall Analytics es una herramienta fundamental para poder avanzar en esta dirección".

Por último, Vranicich señaló que "en los próximos tres meses se va a monitorear la implementación de estas modificaciones en el sistema que entrarán en vigencia el 1 de octubre".

En una audiencia que se llevará adelante este viernes 12 de abril, a partir de las 8:00, el tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal definirán si le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria al abogado Antonio Di Benedetto, letrado sentenciado en primera y segunda instancia a 12 años de cárcel, sindicado como el líder de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

La solicitud fue realizada por los abogados de Di Benedetto a mediados de marzo alegando problemas de salud del letrado. Por ese entonces, el fiscal de la causa era Matías Merlo, quien en la actualidad fue designado como interventor del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, por lo que ahora la nominada para llevar adelante la causa es la fiscal Mayra Vuletic. 

En ese sentido, la integrante del Ministerio Publico de la Acusación informó que, en la audiencia de morigeración de pena solicitada por los abogados de Di Benedetto, “analizaremos cuáles son los postulados que los defensores traen a debate”. 

En tanto que, sin ahondar en detalles de la estrategia de la Fiscalía, admitió que “el espíritu de nuestro Ministerio es que las sanciones impuestas sean cumplidas del modo en que se han dispuestos, es decir, en este caso, en carácter efectivo”, reiterando que en la audiencia “se analizará le pedido en virtud de lo que planteen los abogados defensores en respuesta a ello la Fiscalía elaborará su criterio”. 

Di Benedetto está representado por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, quienes mediante estudios médicos intentarán demostrar ante el tribunal que el abogado condenado atraviesa problemas de salud que se podrían agravar en caso de persistir esa condición de detenido. 

En el mes de febrero de 2023 desde el Poder judicial le habilitaron a Raúl Jaime la prisión domiciliaria, basados en que su mujer atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla. El gestor rosarino, es uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria y por el momento no pudo acceder a dicho beneficio ya que no logró reunir los 145.000 dólares fijados como caución. 

El gestor actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita.

Por Juliano Salierno

La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, designó como nuevo secretario general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al abogado Leandro Maiarota, con reconocido trayectoria dentro de la órbita del Estado.

Aunque todavía falta la aprobación por decreto del Poder Ejecutivo, es decir, la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, el nombre de Maiarota fue propuesto este martes por la Corte Suprema de Justicia “para ocupar el cargo de Secretario General del Ministerio Público de la Acusación” con “categoría presupuestaria de Juez de Primera Instancia” y “con asiento en la ciudad de Santa Fe”, según el acta de acuerdo Nº 5 del 27 de febrero.

El artículo 23° de la Ley 13.013 -Ley orgánica del MPA- señala que el cargo de secretario general fue creado para “brindar asistencia administrativa y operacional al Fiscal General” y sus competencias alcanzan “las áreas del despacho de la Fiscalía General, asesoría jurídica, relaciones interinstitucionales, comunicación y las otras que le asigne” la titular del ministerio.

En su letra original, la designación debía realizarse “previo concurso de oposición y antecedentes”, además de cumplir con los requisitos formales, que tras la reciente modificación de Ley Nº 13.013 se sintetizan en: tener ciudadanía argentina, título universitario de abogado, acreditar 5 años de experiencia en la profesión o de la función judicial y 2 años de residencia inmediata en la provincia.

La sanción de la Ley 14.284 del pasado 8 de enero inserta un cambio sustancia a la norma original quitando el concurso como filtro y delegando en el o la fiscal general la facultad de su elección. En el artículo 8° de la mencionada ley dice que “su designación es facultad del Fiscal General, previa presentación por el propuesto de un plan de trabajo” y que “podrá ser removido por el Fiscal General y cesa en su cargo al concluir el mandato de éste”, es decir, a los 6 años como máximo.

En cuanto a los antecedentes, es de público conocimiento el derrotero laboral del Dr. Maiarota, quien fuera Fiscal Municipal de Santa Fe durante la administración del periodista Emilio Jatón hasta fines de 2023. Antes ocupó la presidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia, como secretario de Coordinación Legal y Políticas Judiciales durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

La decisión de Vranicich de reemplazar al Dr. Mario Martín Barletta, quien concursó la Secretaría General del MPA desde los tiempos de Julio De Olazabal y luego subrogó el cargo hasta la actualidad, fue comunicada el pasado 14 de febrero por Resolución Nº 18 y se encuentra publicado desde entonces en la página web oficial.

Allí se hace referencia a un “plan de trabajo” que es condición para ingresar a la función, el cual “ha sido puesto a disposición de la Fiscal General en tiempo y forma”. Asimismo, el plan “se ajusta adecuadamente a los objetivos que pretende plasmar esta Fiscalía General en las áreas que tiene a cargo” (…) “demostrando conocimiento en las problemáticas que se deben abordar, así como las posibles vías de solución”, al punto que marca la “idoneidad para el ejercicio del cargo” en base a sus antecedentes.

A su vez, la resolución oficial señala que el desembarco de Maiarota al MPA implica -en primera instancia- un corrimiento de funcionarios de primera línea que se encontraban subrogando puestos y deberán volver a sus cargos originales.

Se trata de tres profesionales de la planta estable del Ministerio Público de la Acusación. El primero de ellos es el Dr. Barletta, quien ocupará el cargo de prosecretario de la General (según Decreto Nº 330/17); el Dr. Fabián Álvarez, que subrogaba la prosecretaría, regresará a la Dirección de Legal y Técnica (según Decreto Nº 2114/13) y la Dra. María Lucrecia Bracchino, que subrogaba el área de Legal y Técnica, volverá a su rol original, puesto que los tres son funcionarios de carrera.

El propio Mario Barletta (hijo) asumió que se trata de un “cambio consensuado y hablado en buenos términos”. Recordó que en su caso, concursó para el cargo en el período inaugural del Nuevo Sistema, junto al Dr. Julio De Olazabal -exfiscal general-. No obstante, durante la gestión del Dr. Jorge Baclini, subrogó el puesto y transitó los primeros meses de la nueva etapa a cargo de la Dra. Vranicich hasta la fecha.

Consultada por Sur24, la Dra. Vranicich confirmó que “Mario va a seguir en el MPA”. Por otra parte, destacó que “por su perfil, es muy importante para las relaciones interinstitucionales y académicas”. En relación al rol que ocupará Maiarota como secretario de la General, dijo que “el funcionamiento y los procesos de trabajo van a cambiar” de acuerdo a la reciente modificación a la Ley Orgánica del MPA que amplía las facultades del Fiscal General y que por ello se enfrentan a “una nueva lógica de trabajo”.

Este sábado personal de la Policía de Investigaciones, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Casilda. Según las primeras informaciones, el operativo se realizó en una propiedad ubicada en Ayacucho al 1300 de ese distrito santafesino. Todo se dio en el marco de una investigación por una causa de lesiones leves dolosas.

Una vez en el lugar, una brigada de PDI logró secuestrar diversos elementos de interés para la causa y también se procedió a la aprehensión de Sabrina M. de 30 años. Como resultado, se incautó un envoltorio de cocaína (16 gramos), $264.000 pesos en efectivo y teléfonos celulares.

En tanto, el Departamento operativo de Investigación de PDI, Distrito Casilda, comenzó las actuaciones a raíz de una denuncia, donde una mujer manifestó haber sido golpeada y amenazada por otra, provocándole lesiones.

Por tal motivo, los investigadores realizaron las tareas correspondientes, bajo las directivas encomendadas por el fiscal Juan Pablo Baños del MPA. Finalmente, la joven quedó detenida e incomunicada a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

Cabe destacar que para el diligenciamiento de la medida se contó con la colaboración del Grupo de irrupción del (GOT) UR IV - Caseros.

En las últimas horas personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo un allanamiento por un hecho de robo en la ciudad de Carcarañá. Dicho operativo se realizó en una propiedad de calle Bermejo de ese distrito del sur santafesino. Las directivas fueron encomendadas por el fiscal Juan Pablo Baños del MPA Casilda, en relación a un hecho delictivo ocurrido el 11 de noviembre, en el cual resultó víctima un hombre mayor de edad.

El denunciante es propietario de un local comercial ubicado en el microcentro, dedicado a la realización de cobranzas mediante la aplicación de Mercado Pago. Según lo informado, el delincuente sustrajo un aparato electrónico que se utiliza para tal fin. A partir de ese suceso, una brigada de la AIC inició una investigación logrando identificar al individuo en cuestión, quien carga varias causas en su haber. Además, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa y se procedió a la aprehensión del individuo sindicado como el autor del hecho. El mismo se encuentra alojado en la Comisaría 3ra de Carcarañá a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

Cabe destacar que para el diligenciamiento de la medida se contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IV Caseros en conjunto con personal de la comisaría local.

Mariana Ortigala (1ro de septiembre de 2023, 13.37 hs): - Mati ! Más allá de todo la justicia es solo de Dios!

Mariana Ortigala (Idem, 13.38): - Gracias por todo te adoro de verdad siempre voy a estar para vos. Y para Luis aunque sea malo. Vos sabés que aunque nadie lo sepa o crea, lo que mas intento es frenar muertes, siempre intento ayudar sea quien sea la persona !

Matias Edery (Ídem, 14.10): - No es malo Luis. Pero él tiene miedo de que después nos quieran sancionar o sumariar por decir que nosotros lo ayudamos a Rodrigo.

* * *

Si fuera una obra de teatro ese sería el epílogo de un acto, acaso uno de los más atractivos, del extenso intercambio de mensajes entre el fiscal de la ciudad de Rosario Matías Edery y Mariana Ortigala, su informante, que hoy está detenida por ser parte de Los Monos y presuntamente haber cometido extorsiones en una causa que se lleva adelante a nivel de la justicia federal.

Edery y Ortigala hablan del fiscal Luis Schiappa Pietra, el jefe de él; y de Rodrigo Ortigala, el hermano de ella. Son también personajes principales, siempre citados en sus diálogos.

Ciertamente, da para una obra de ficción novelada, pero todo es parte de una compleja realidad: la de la relación que complica a Edery (y comienza a hacerlo con Schiappa Pietra) con una testigo clave para llevar a juicio al jefe del Clan Alvarado, rival de aquella banda.

Según se desprende de lo que aquí se resume, también Ortigala habría sido clave para otra causa que hizo muy conocidos a ambos fiscales: la que se ha reabierto ahora contra el senador justicialista Armando Traferri, por presuntos vínculos y pedidos de coima con un empresario del juego ilegal. El legislador hace un par de meses ha dejado de ampararse en sus fueros y acepta enfrentar a la justicia. Su primer paso es pedir a la fiscalía regional del MPA que designe otros acusadores.

Más allá de que haya existido o no vinculación entre la trama de fondo de aquel diálogo con las acusaciones que, otro personaje femenino (ya se verá quién) efectivamente llevó a cabo contra el representante de San Lorenzo, está claro que hubo una cuidada negociación entre ambos. Ella sobreabunda en argumentos; él es parco, pero dice lo suyo.

* * *

Para la defensa de Traferri (pero también para los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno que fueron apartados de la causa contra Edery) lo que Mariana Ortigala le "facturaba" a Edery era su aporte de un nuevo testigo contra el senador. Pero eso es materia de otro capítulo, con personajes llegados desde la ciudad de Rafaela. "Continuará...", decían los comics cuando se llamaban historietas.

Es evidente la presión de Ortigala sobre el fiscal para que su hermano no vaya a prisión, para que la causa que enfrenta pueda tener otro desenlace. Ella ya había sobrevivido a sicarios que le dispararon 35 balazos de los Alvarado y teme que no haya otro milagro para Rodrigo. Como se ha visto en las primeras líneas de este texto, los ruegos de Mariana tuvieron el efecto deseado sobre los fiscales y ella lo celebra, acude a la justicia divina.

* * *

El primer día de septiembre de este año la justicia provincial dictó duras condenas contra los responsables de los disparos al Casino City Center que, en enero de 2020, mataron a alguien que simplemente había salido al balcón a fumar: Enrique Encino, ex gerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, víctima de la violencia extorsiva de Los Monos.

Las crónicas sobre el fallo histórico de dos meses atrás mencionan que Rodrigo Ortigala fue condenado solo a un año y medio. Y que en la sentencia de Cámara constan reproches a los fiscales por lo insuficiente de su acusación sobre quien por ellos fue llevado a juicio por complicidad en una extorsión. Aquí se verá por qué. Y se deberá adivinar el objetivo.

* * *

Es el 26 de julio de 2022 y son las 16.51. Ortigala llama, envía mensajes y deja audios al fiscal Edery. Está desesperada y usa todo lo que ha vuelto a escuchar de sus chats con el MPA que no ha borrado. Debe cuidar a su hermano. Ruega que no vaya preso. (Se usan paréntesis para agregan datos que guíen al lector). ¿Qué estaba "re cerradito"?

Mariana Ortigala: - Mati, querido, yo sé que vos estás a full, lo sé, lo sé, lo sé. Te torturo con esto que es algo re personal, viste, yo ya lo tenía como, con lo que habíamos hablado, re cerradito, viste, y Luis (Schiappa Pietra) me cortó el rostro re mal, como que me dijo que lo que yo hablé con vos imposible, como que no hay posibilidades. Si vos querés lo hablamos solos y en persona, o con Luis, o con quien sea, con quien vos me digas, Mati, lo que sí… Yo apelo a... A ver, a la confianza que vos sabes de las cosas que yo te he mandado desde que te conozco. Apelo a eso. Vos imaginate Mati que... En el lugar en que estoy yo que... Ese teléfono del cual salen las mismas escuchas de Rodrigo (Ortigala)... Sale lo de Leo (Peiti, quien acusó a Traferri entre otros), sale lo de los fiscales (que debieron renunciar por coimas, el ex regional de Rosario, Patricio Serjal y su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad) y todo lo demás… (¿Qué será?) Ayer justamente estaba revisando los audios con Carla (una colaboradora del MPA con contacto directo con Ortigala), hasta ese teléfono se lo entregué yo. A ustedes. Ni hablar que... O sea... A Leo… Hemos parado allanamiento, hemos parado mediante ese allanamiento que yo te pasé. Hemos parado cosas gravísimas en Rosario. Hemos parado un montón de cosas y yo creo que he colaborado pero infinitas veces.

M O: - Siempre obviamente con la confianza que te tengo a vos, Mati, que vos no ibas a decir nada y yo tampoco, obviamente. Pero yo me he metido en villas a filmar a gente para mandárselo a Carla. Ayer justo leía todo eso. Carla me ha pedido un millón de cosas que tampoco correspondían y yo las he hecho, Mati. Yo esto no lo voy a hablar ni con Luis ni con nadie, solo con vos y si querés lo hablamos en persona. Pero yo necesito que me den una mano, Mati, con lo de mi hermano, porque encima es una pavada. O sea, si vos lees la imputación, yo no creo ni siquiera que se configure en una tentativa de extorsión. Nosotros ya hablamos con el muchacho (la víctima), el muchacho tampoco quiere denunciar, no quiere nada, ¿viste? Pero para mí es un problemón porque si Rodri va preso, a él lo matan. Ya sabemos todos que a él lo matan. Aparte mi hermano… mi mamá se muere, yo también, y mi hermano tiene cuatro hijos y la mujer de él no trabaja. Qué se yo, mi hermano nunca más… está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días construyendo cabañas, que eso está re bien mi hermano, está re tranqui, no se junta con absolutamente nadie. La verdad que nosotros con esto que nos metimos de Alvarado. Ya sabes Mati, como nos arruinamos la vida y todo lo demás, está bien, no es tu culpa, ¿no? Pero no sabíamos que iba a pasar lo de Bancora, o que nos iban a entregar así, y bueno, que iba a pasar todo lo que pasó. Así que yo te pido Mati, por favor, que nos reunamos y... que me den una mano, si no es nada extraño, no es que mató a una persona. Viste, tiene que haber algo, hay una posibilidad de algo. Yo creo que yo me he portado más que bien. Con Luis también, vos sabés que las últimas intenciones del loco, cuáles eran y… hablé con Vane, hablé con aquel, se paró todo. Yo creo que he colaborado mucho más que una pavada de esto de ahora. Avísame Mati, avísame cómo hacemos, porfi. Muchas gracias y disculpa Mati.

Matias Edery (dos minutos después): - No, no.

M O: - Jajaja, gracias

Edery: - Estoy resolviendo un quilombo

M O: - Tranqui Mati, tranqui, tranqui, yo re confío en vos, duermo más que tranquila, tranqui Mati, cuando puedas, no te hagas problema.

Edery (el mismo día, 8:32): - Sí, Mari, lo hablamos en persona con Luis, porque lo que me dice Luis, está bien, yo no había leído la acusación, pero lo que me dice Luis es que al margen de lo que diga o no diga la víctima, hay datos objetivos que van a salir en el juicio, que es la pericia básicamente, y que va a ser evidente que… que nosotros mínimamente tendríamos que haber llevado a Rodrigo a juicio o algo así. Y a nosotros no nos van a aprobar el archivo con esa evidencia. Eso es lo que dice Luis. Nos juntamos y lo hablamos bien. Ahora le pregunto a él cuánto puede y nos juntamos los tres.

M O: - Dale Mati, excelente, excelente. Claro, a mí me pareció un poquito raro cuando vos me dijiste eso, pero como que Luis tampoco me creía, obvio. Yo me quedé más que tranquila y después con lo que dijo Luis, me quedé más que no tranquila, me quedé desesperada. Mal, re mal. Pero dale, dale, nos juntamos los tres, vos decime cuándo y vemos, dentro de todo lo malo qué se puede hacer. Viste, igual a lo mejor, no sé… Bueno vos sabrás mejor, yo ahora le di lo que hay de prueba a Jesús (un abogado), pero para mí ni siquiera da para una tentativa de extorsión lo que hay, que son dos mensajitos de Rodrigo, loco, voladores, por ahí. Pero dale, vos decime cuándo y obvio que nos juntamos.

* * *

De inmediato, el mismo día de julio del año pasado, ella pide información precisa (seguramente solicitada por su abogado) sobre "las fechas de Rodrigo de condena para tratar de buscarle, no sé, cualquier cosa, una domiciliaria con salida laborales, qué se yo, cualquier cosa, lo que sea, que no estaría encerrado". Para "ver legalmente qué vuelta le puedo dar, sé que es complejo. Encima, viste, que lo que yo te decía, me da una bronca bárbara que sea tan chiquita la causa, viste. Pero bueno, a lo mejor algo se puede hacer", le dice a Edery.

El fiscal solo pide que ella se lo recuerde al día siguiente, se van a ver en Tribunales. Así "te paso el reincidencia, te paso el certificado, que ahí están todas las fechas", comenta él. Ella agradece y sugiere: "a mí me suena como que capaz que estamos muy cerca también de que (su hermano) no sea reincidente, por eso quería agotar esa vía también, esa opción viste, qué se yo, un abreviado, pero bueno, sin que tenga un cumplimiento efectivo (de prisión) sería, sabes qué, tocar el cielo en las manos", predice. Y sí, la justicia acaso sea "sólo de Dios".

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura terminará de escuchar, entre martes y miércoles, testimonios en la investigación que lleva adelante sobre la conducta del fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa y luego podría poner a la firma al o a los dictámenes para la sesión conjunta de Senadores y Diputados que deberá definir si lo expulsa del Ministerio Público de la Acusación o lo repone en el cargo.

Este martes, Acuerdos -presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini- escuchará a testigos testimoniales que el propio fiscal ofreció. Ya el grupo entrevistó a otros actores, incluso a la víctima de Galaz. En tanto, el miércoles será el turno de Gerosa de presentarse ante la comisión para hacer su descargo ante senadores y diputados.

El 15 de junio, la sesión conjunta de Senadores y Diputados suspendió a Aldo Héctor Gerosa por el término que demande la investigación sobre su actuación en el caso del violador Marcelo Galaz. La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA, Leandro Mai, quien consideró gravísimo el caso y elevó directamente el asunto al Poder Legislativo como marca la ley.

Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso del violador Galaz, que ha admitido haber cometido ese delito durante seis años contra su sobrina menor de edad. Un tribunal de Reconquista aceptó el abreviado a pedido de las partes y Galaz, ex funcionario municipal de Avellaneda resarció con dinero a la víctima y aceptó purgar siete años de prisión.

La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró la admisibilidad del trámite sobre ese miembro del MPA que aceptó bajar la pena de Galaz a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la justicia aunque provocó una fuerte polémica.

El 30 de noviembre de 2017, en medio del gobierno de Miguel Lifschitz (1995-2021), la Legislatura aprobó una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Fue tratada sin debate y con un texto que fue el producto de un intenso intercambio de borradores entre ambas Cámaras.

En aquella jornada, que fue justamente durante la última sesión de prórroga del período ordinario de sesiones, es decir, cuando no se necesita que el Poder Ejecutivo habilite una asunto, los legisladores decidieron que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal debían tener límites además de los que imponen la ley y las instancias de auditoría interna previstas para ambos órganos.

Es bueno recordar cuál era el escenario del poder seis años atrás: gobernaba el Frente Progresista, Cívico y Social, que tenía mayoría de socialistas, radicales y otras fuerzas (en ese orden) en la Cámara de Diputados, y el peronismo su histórica mayoría en el Senado (que cambiará de manos en poco tiempo). Fue un acuerdo político de unanimidades, que se ejecutó con el consenso de todos los partidos relevantes. Algunos años después dijeron estar arrepentidos de haber votado de manera favorable; otros (casi todos los que siguieron en la Legislatura) reivindican esa decisión y por acción u omisión nada se ha cambiado.

Por entonces hubo polémica y quejas desde el Poder Judicial, en especial de las asociaciones de fiscales. En ese sentido se dijo que se trataba de la invasión de un poder sobre otro, que las decisiones políticas iban a manchar la administración del servicio de justicia en sus instancias anteriores a los fallos de los jueces. Pero en la corriente de opinión contraria, que apenas se había recuperado una facultad que ya estaba presente en las normas que crearon los institutos de Acusación y de Defensa. Aquella discusión fue saldada con la promulgación de la ley por el gobernador Lifschitz en 2018. Y casi tres años después, en 2021, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de validar ese control legislativo sobre la conducta de fiscales y defensores. El máximo tribunal entendió que no viola la Constitución Provincial la norma cuestionado por uno de los sancionados por la Legislatura en Sesión Conjunta de Ambas Cámaras (que requiere quórum y mayoría de cada cuerpo, lo que exige aún más consenso).

En la Corte votaron por la constitucionalidad Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. En tanto, Mario Netri y Daniel Erbetta entendieron lo contrario que no es constitucional el procedimiento derivado de la ley 13.807, sancionada a fines de 2018. Antes, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, también se había pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma. En síntesis, el sistema creado (faltas leves a cargo de los auditores y faltas graves a ser juzgadas por la Legislatura) dividió y divide opiniones, pero hoy está vigente sin cambios de fondo.

Aquel proyecto que se aprobó en cuestión de horas ingresó por el Senado, pero por los pasillos se dejó en claro que ya había sido acordado con los diputados. Sólo Lisandro Enrico (UCR-General López) -quien se quedó con las ganas de incluir algún artículo sobre los jueces- se limitó a decir que los fundamentos serían agregados en la versión taquigráfica, en el momento del tratamiento en la Cámara alta. En la copia que se repartió a los cronistas parlamentarios aquel jueves, aún no figuraban esos argumentos.

El trámite veloz es, aunque poco prolijo, perfectamente legítimo, solo se lo describe para mostrar las urgencias que en aquellas circunstancias. Ciertamente había apuro en establecer una instancia más por sobre acusadores y defensores.

De hecho, 2016 estuvo marcado en la Legislatura por el apartamiento del ex titular de la Defensa, Gabriel Ganón -quien finalmente fue suspendido- y los cuestionamientos al fiscal regional Eladio García, que sufrió la misma suerte, por decisión de la Legislatura. Fueron decisiones políticas, que sopesaron sus actos en el Poder Judicial.

Lo que hoy sucede en la Legislatura con las chances de modificar o no el panorama en la Fiscalía Regional de Rosario o en el propio MPA refiere a esas facultades de los diputados y los senadores provinciales que son anteriores al control directo de todos los fiscales y los defensores votado en 2017. Así nació la reforma penal con control político de fiscales generales y regionales, que esta semana debieron acudir a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Distinto es lo que puede o no suceder con Matías Edery. Para su caso aún la bicameral no votó el avocamiento, aunque a partir del contenido de las acusaciones en su contra, de la gravedad institucional de los presuntos hechos en cuestión, se desató una catarata de invitaciones a María Eugenia Iribarren, su superior en Rosairo y María Cecilia Vranicich en la jefatura de los fiscales que se cumplieron el miércoles 11 y el jueves 12.

Los integrantes de Acuerdos y los legisladores en general tanto hacen evaluaciones políticas sobre cómo proceder para recuperar credibilidad en el MPA del punto más candente del mapa de la bota referido al delito, pero también sopesan consideraciones entre el deber ser de cómo debe actuar un fiscal y de sus actos. Mientras tanto, el gobernador electo que pronto dejará de ser diputado provincial pone en igualdad de condiciones a los fiscales acusadores y a su par acusado. Habrá que ver qué se impone, en medio de la transición también en las Cámaras, donde el futuro oficialismo estará fortalecido.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura analizó este miércoles la situación de tres expedientes que involucran a otros tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación y, acordó solicitar la convocatoria a una Sesión Conjunta de Senadores y de Diputados para votar la suspensión de Gabriela Lescano quien cumple servicios en Cañada de Gómez.

Acuerdos se hizo además de la acusación formal presentada contra el suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, instancia que cumplimentó la diputada socialista Erica Hynes mientras que resolvió citar para el miércoles venidero al auditor general del MPA, Lisandro Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza sobre la conducta del fiscal de Rosario, Matías Edery.

La fiscal Gabriela Lescano.

El encuentro de Acuerdos fue encabezado por la diputada Lionella Cattalini (PS) quien tramitará ante la presidencia del Senado la convocatoria a la reunión conjunta de la semana venidera donde únicamente se ventilaría el caso Lescano.

Lescano está siendo investigada por posible incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y la instrucción del caso la lleva adelante la diputada Silvana Di Stefano (UCR - Evolución). El caso de la fiscal de Cañada de Gómez cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA asegura que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsa.

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando legajos de investigación.

El fiscal Aldo Gerosa.

En el caso de fiscal Gerosa de Reconquista está suspendido con la reducción de su sueldo al 50% y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. Hynes presentó el pasado 14 de agosto la acusación formal contra el fiscal y Acuerdos ahora citará a algunos testigos antes de elaborar el o los dictámenes para determinar si el profesional sigue o no en el MPA.

El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.

Hynes llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control de Gestión del propio MPA que considera gravísimo el caso y lo elevó directamente al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

El fiscal de Rosario, Matías Edery.

En cuanto a Edery, Acuerdos citó para el miércoles próximo, a las 9.30 al Auditor del MPA, Leonardo Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza en torno al comportamiento y actuación del fiscal rosarino denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, que tienen su a cargo la investigación por una serie de extorsiones atribuidas al jefe narco Ariel "Guille" Cantero. Le atribuyeron la presumible comisión de delitos de acción pública y la fiscal general, María Cecilia Vranicich giró la actuación al auditor.

Edery quedó en el ojo de la tormenta a partir de su relación con Mariana Ortigala, un vínculo evidenciado en uno de los teléfonos secuestrados en una case de un country de Funes donde personal policial incautó vehículos y dos armas. Uno de los celulares estaba destinado únicamente "a pasarle información a Edery".

El MPA informó la apertura de una causa judicial contra el fiscal Edery que integra la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 y giró el expediente al auditor Mai para evaluar el desempeño del fiscal. Sobre su tarea, Mai informará el miércoles a los legisladores.

Dos fiscales de la ciudad de Santa Fe tendrán a su cargo las actuaciones correspondientes a la denuncia penal presentada contra otro integrante del Ministerio Público de la Acusación: el fiscal rosarino Matías Edery. María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, pertenecientes a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en esta ciudad fueron asignadas para la investigación, después de que se excusaran – por una cuestión de proximidad- sus pares de Rosario. Ambas estarán bajo la coordinación directa del Fiscal Regional Jorge Nessier.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. Ello, después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero. Edery había notificado a sus superiores en 2021 que la mujer era su "informante", pero Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos derivaba un intercambio inapropiado de información puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso. Asimismo, cuestionaron la figura del "informante", puesto que no está regulada por normativas provinciales.

Además de la denuncia penal, se tramita una investigación administrativa en el ámbito de la Auditoría General del propio Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Leandro Mai. Ante Mai, Socca amplió en las últimas horas su denuncia apuntando elementos probatorios sobre el posible encubrimiento de Edery hacia Ortigala. Según el denunciante, Edery, al inscribirla en el programa de Testigos Protegidos en el marco de la causa abierta a Esteban Alvarado por homicidio, no la incluyó como miembro de la asociación ilícita que estaba bajo investigación. Ello insinuaría que Ortigala gozaba de "protección institucional" desde la fiscalía, y que Edery – según el denunciante- encubría actividades ilegales de Ortigala, a cambio de información.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

En cuanto a la investigación que se tramita en la vía administrativa, el caso sigue por ahora en el ámbito de la Auditoría. Mai no se ha expedido aún respecto de si avanzará con las actuaciones, o se inhibirá. Sus competencias son acotadas, puesto que podrá intervenir si la falta eventualmente cometida por Edery es leve y en cuyo caso, la sanción no podría superar los dos meses de suspensión. En cambio, si la falta es considerada grave, debería intervenir directamente la Legislatura que tiene facultades plenas para llevar adelante un proceso disciplinario, incluso, hasta con la sanción máxima como la destitución.

La semana pasada, el auditor ya había notificado sobre el caso a la propia Comisión Bicameral de Acuerdo, que lo había citado para este miércoles a fin de conocer los pormenores de sus actuaciones. Pero el encuentro se pospuso hasta la próxima semana, a fin de poder procesar la información recabada y los alcances de la denuncia ampliada en las últimas horas.

El Ministerio Público de la Acusación se encuentra inmerso en un proceso de “rediseño orgánico funcional del Organismo de Investigaciones (OI)”, según informó este viernes la Oficina de Prensa y Difusión del MPA.

La medida fue dispuesta este martes, mediante resolución Nº 301 y lleva la firma de la Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich. Entre las directrices a seguir, le asignó provisoriamente las funciones de directora provincial de la dependencia a la fiscal rosarina, Carla Cerliani, quien hasta hace poco formaba parte de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos de la Regional Nº 2.

Además, dispone la disolución del área de Investigación y Análisis y establece la optimización del funcionamiento de los Laboratorios Químico e Informático Forense.

“Este rediseño implica el cese en la forma en la que se encuentra funcionando el área de investigación y análisis, disponiendo su disolución a los fines de avanzar en un nuevo esquema de trabajo”, dice el documento publicado en la página web oficial www.mpa.santafe.gov.ar

“Particularmente del procedimiento de supervisión surgió que en las direcciones regionales de Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista, los equipos del OI realizan tareas investigativas distintas a las incumbencias específicas establecidas en la ley”, amplía el texto.

Vranicich plantea cuatro ejes en esta primera etapa del rediseño del organismo, de los cuales resalta la necesidad de formar “equipos especializados”. Crédito: Pablo Aguirre

Por ende “corresponde disponer que estos equipos cesen su relación con el OI y pasen a depender funcionalmente de los fiscales regionales de estas circunscripciones”, completa.

En el apartado tercero “Directrices a seguir”, Vranicich plantea cuatro ejes en esta primera etapa del rediseño del organismo:

La medida tiene como “antecedente principal el informe que los funcionarios a cargo del procedimiento de supervisión integral del OI presentaron a Vranicich el 15 de agosto”, señala el parte oficial.

Dicho procedimiento de supervisión comenzó el 18 de mayo pasado (Resolución 170/23) para lo que se llamó un “control jerárquico interno” durante 90 días, cuyo informe final fue presentado a Vranicich el 15 de agosto y el 17 del mismo mes fue remitido un nuevo hallazgo.

El informe, de 154 páginas y 8 anexos estuvo a cargo de un equipo de cinco profesionales de la Fiscalía General. El equipo de supervisión lo integran: CPN Guillermo Rabazzi, Dra. Marina Pieretti, Dr. Francisco Iturraspe, CPN María Guillermina Maissner y el Dr. Alexis Nahuel Ponce.

Por último, y dado que el cargo de Director Provincial del OI se encuentra vacante tras la expulsión de Marcelo Sain como jefe máximo, la Fiscal General provincial eligió a la Dra. Carla Cerliani para las funciones de la Dirección Provincial del OI durante 90 días.

Además de la mencionada acefalía del OI, la designación de Cerliani se ampara en la necesidad de contar con una funcionaria “con un perfil idóneo, técnico, profesional y comprometido para asumir transitoriamente el rol”, en un “contexto de violencia social y urbana que se concreta en violencias altamente lesivas con altos índices de homicidios y heridos de armas de fuego en contexto de criminalidad organizada”.

El MPA informó que se realizaron con éxito varias medidas judiciales tendientes al esclarecimiento de un cuantioso robo de aceite vegetal del que fue víctima la firma Buyatti SAICA.

En la jornada, efectivos policiales dieron cumplimiento a órdenes de fiscales de la ciudad de Reconquista y Paraná para efectuar allanamientos en el departamento San Lorenzo, a raíz de la investigación que apuntó al accionar de una banda de reducidores de materias primas especiales (aceite vegetal) que operaba bajo la modalidad de hurtos, robos y estafas.

En Reconquista, donde tiene la sede la empresa aceitera, la causa está caratulada “KMJ y otros s/ hurto etc.” En el procedimiento llevada a cabo este martes intervinieron las unidades operativas del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, Rosario, Santa Fe y Rafaela, bajo la conducción del jefe de Inteligencia, Rolando Galfrascoli, con la colaboración de unidades y equipos de la Policía de Santa Fe más un grupo especial de investigación de la Policía de la Provincia de Entre Rios.

La empresa afectada por el accionar ilegal de esta banda radicó la denuncia el 1 de noviembre del año pasado por la sustracción de aceite vegetal a granel de dos camiones cisternas por un valor estimado de 180.000 dólares.

El fiscal a cargo de la causa, Sebastián Marichal, junto a su par Gastón Popelka de Paraná, solicitaron a la jueza de la Iinstrucción Penal Preparatoria, Norma Senn, las pesquisas mencionadas.

Ambos fiscales constituyeron un equipo de investigación conformado por el Organismo de Investigaciones y la Fiscalía Regional de Reconquista. En tanto, en la ciudad de San Lorenzo intervino el juez autorizante Dr. Facundo Becerra.

En el operativo se secuestró dos camiones cisternas aptos para el transporte de líquido a granel o volumen, se detuvo a dos personas a disposición de los fiscales de Reconquista y Paraná, se recolectó documentación de interés, dispositivos de telefonía, aparatos de almacenamiento, etc.

De acuerdo a datos aportados por los fiscales, los integrantes de la banda “operaban bajo la modalidad de hurtos, robos y estafas con la finalidad de hacerse de grandes cantidades de materia prima a granel o volumen (camiones cisternas), y la posterior reducción en puertos secos de dicha mercadería y su ulterior refinamiento y venta en el mercado ilegal interno como externo, a través de terminales de venta en zona portuaria”

“Los primeros tres meses todas las medidas que se realizaron fueron a instancias de la defensa, y los siete meses subsiguientes no se realizó ninguna medida salvo en la última semana que fue justamente cuando se pide la revisión de la medida cautelar. Lo cual indica que hubo siete meses que el Estado santafesino tuvo una persona privada de su libertad sin hacer absolutamente nada para que llegue a juicio”, descerrajó el juez penal Santiago Banegas, en la audiencia en la que dictó la libertad de Jorge Marcelo M., encartado en una causa por abuso sexual simple.

El magistrado explicó que la investigación por abuso se inició en septiembre del año pasado y agregó que para el mes de diciembre de 2022 ya se habían finalizado todas las medidas investigativas. En tanto, recordó que la defensa había solicitado la morigeración de la prisión preventiva en aquel mes y que en la audiencia respectiva entendió que por la subsistencia de los riesgos procesales no correspondía la atenuación.

Sin embargo, instó al Ministerio Público de la Acusación a que presentara justamente la solicitud de elevación a juicio del caso. Pero, “transcurrieron siete meses en los que la investigación no avanzó nada, no se tomaron entrevistas, no se realizó ninguna medida de ningún tipo”.

Caso paralizado

A raíz de ello, la semana pasada la defensa técnica del Dr. Ricardo Degoumois pidió la revisión nuevamente de la prisión preventiva y “en ese momento la fiscalía evidentemente advierte que tiene este caso paralizado, podríamos decir, desde hacía siete meses y ahí la fiscal Díaz con celeridad, cuando toma conocimiento de esta circunstancia ya que causa no era de ella, insta a la realización de una pericia y presenta la acusación al día siguiente de ser notificada de la audiencia”.

Para el juez, efectuar la pericia en cuestión no podía insumir mayor tiempo que una semana de plazo, pero pasaron siete meses sin hacer nada: “La situación es lamentable en todo sentido, es lamentable para la víctima y yo le pedí disculpas públicamente en la audiencia en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe”, pero “no podemos tener a una persona detenida durante siete meses sin hacer nada para que la causa tenga una conclusión, porque es una detención que ya se torna absolutamente irracional”.

“Y para que quede bien claro -prosiguió-, no es hacer justicia dejar a una persona en prisión preventiva eternamente, digamos, sino que lo que es hacer justicia, tanto para el imputado como para la víctima, es lograr que una causa avance lo más rápido posible hacia el juicio”.

Replanteo

El funcionario judicial citó que “hace unos días en El Litoral una nota que cualquier persona puede haber leído sobre el estado en el que se encuentran las cárceles, las comisarías, cualquier dependencia policial, de superpoblación carcelaria, digamos, y el enorme número que hay de presos preventivos que está superando nuevamente el número de personas condenadas, es decir tenemos más inocentes en las cárceles que culpables; entonces, esto necesariamente tiene que empezar a revertirse y creo que es responsabilidad de todos los actores del sistema penal”.

Tras realizar un mea culpa como juez por haber llegado a una “situación de exceso de trámites de procesos con personas privadas de la libertad”, exigió al MPA un replanteo tanto al “pedir las prisiones preventivas, ver en qué casos las piden, como también a la hora de sostener esas prisiones preventivas en el tiempo, ver si tiene un sentido esta prisión preventiva o no lo tiene”.

“Cómo se les explica a personas que han estado en prisión preventiva dos, tres años incluso, y luego en un juicio son declaradas inocentes. ¿Cómo se les devuelve esos tres años de vida, dos años de vida, a una persona? No hay forma de devolvérselo, ni indemnizándolo ni demás”, se preocupó.

En consecuencia, coligió que se trata de una “necesaria tarea que tenemos que hacer todos los operadores judiciales, tanto del lado de los jueces como del lado del Ministerio Público de la Acusación, de replantearnos hacia dónde queremos que avance este sistema”

Estado de inocencia

El juez Banegas aclaró que “cuando el Ministerio Público de la Acusación logra aprobar un hecho que cometió un imputado yo fijo pena sumamente alta sobre todo en delitos sexuales porque creo que son de los más aberrantes que hay en nuestro código, pero para eso hay que llegar a un juicio y no se puede llegar a un juicio si el Ministerio Público de la Acusación no avanza. Tener presa a una persona en estado de inocencia si no es exclusivamente a los fines de hacer avanzar la investigación claramente constituye una violación del derecho. Entonces, nos ha pasado, y nos pasa y sigue pasando, de tener personas presas en estado de inocencia y que una vez que se demuestra su culpabilidad, porque firman un abreviado, recuperan la libertad. Lo cual claramente implica una perversión del derecho”.

(Por Luis Rodrigo) – Una publicación de la revista Noticias que en tapa se titula “Fiscales en peligro” e incluye fotos y citas textuales de cuatro fiscales de la ciudad de Rosario son el nudo de un procedimiento disciplinario interno del Ministerio Público de la Acusación, por sus declaraciones a la prensa.

En la revista Noticias, hablan de su trabajo, del riesgo que enfrentan y hasta de sus temores cuatro fiscales que suelen tener exposición pública y que no han tenido mayores inconvenientes por formular declaraciones a los periodistas o mantenerlos informados. Son Matías Edery, Franco Carbone, Valeria Haurigot y Pablo Socca.

Ese sería el meollo del reproche que debe resolver el área de Auditoría interna del MPA: que pese a que hubo una indicación del encargado de la comunicación institucional las entrevistas fueron igualmente concedidas.

El tema fue expuesto en su edición de hoy por el diario La Capital, con la firma de Hernán Lascano. Fuentes cercanas a la Fiscalía Regional de Rosario confirmaron a El Litoral que el tema está aún bajo estudio en la oficina que encabeza el auditor del MPA, Leandro Mai.

En Noticias se publicaron, en marzo de este año, expresiones de los fiscales como las que siguen: “Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”; “Es increíble, en las audiencias se nos cagan de risa”; “No nos matan porque no quieren, no porque no puedan”. En tapa, la nota fue promocionada con información bajo los adelantos: “cómo viven los funcionarios que acusan a las bandas”, “el miedo a ser custodiados por policías corruptos” y “los mensajes mafiosos más feroces y extorsiones”.

En páginas interiores, con la firma del periodista Carlos Claá se menciona que hay fiscales que necesitan ir a terapia, además de contar con custodios, para enfrentar el miedo. La nota abunda en casos conocidos de aprietes a fiscales por parte del mundo del narcotráfico. Describe la muy comentada escena en un juicio oral donde, en plena audiencia y frente a un juez un sicario amenazó a dos fiscales, al tramitarse el juicio contra Nazareno Gauna. Los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone recibieron ese apriete, en diciembre del año pasado.

“En mayo, previo a una audiencia con el líder de Los Monos, hubo un llamado telefónico anónimo de una mujer al 911. ‘Si El Viejo Cantero no sale hoy en libertad, habrá plomo para todos. Fierros y balas nos sobran’, dijo”, cita a Haurigot la publicación al describir otra amenaza. También recuerda que la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero amenazó a Edery, lo que “viniendo de quien viene, era una situación para preocuparse”, según expresó ese fiscal y enumera los mensajes que por otros medios llegaron a manos de los integrantes del MPA.

Este domingo por la noche se registró una violenta entradera en una propiedad de calle Urquiza al 2500 de la ciudad de Casilda. Según las primeras informaciones, tres malvivientes sorprendieron a un matrimonio de adultos mayores y luego los encerraron en una habitación.

“Cerca de las 20, ingresó un llamado al 911 por un hecho de robo en una vivienda. A raíz de eso, se dirigió un móvil policial hasta el lugar y se entrevistó con las víctimas. Aparentemente, una mujer fue sorprendida por un individuo que la amenazó con un cuchillo. En total, fueron tres personas que ingresaron a la casa, uno de ellos con un arma blanca. En medio de una actitud hostil, encerraron a la pareja en una pieza y comenzaron exigirle dinero. Finalmente, sustrajeron 400 mil pesos en efectivo y algunas joyas”, expresó Sebastián Sanitá, jefe de la Unidad Regional IV, en diálogo con este medio.

Luego de cometer el ilícito, los sujetos se dieron rápidamente a la fuga. Hasta el momento no han sido identificados. Una vez que los damnificados lograron salir del lugar, acudieron a un vecino que llamó rápidamente a la policía.

El fiscal Emiliano Ehret tomó intervención del caso. Trabajo en el lugar personal de Comando Radioeléctrico, Policía Científica y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Por Alan Vidaña

Este miércoles personal de la Agencia de Investigación Criminal – Casilda llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba, logrando dar con el paradero de un grupo delincuentes especializados en estafas virtuales. En el marco de ese operativo, tres personas mayores de edad fueron detenidas. Las tareas investigativas comenzaron a partir del relato de una mujer que denunció la faltante de más de un millón de pesos de su cuenta bancar

Roban importante suma de dinero en una cuenta bancaria de Chañar Ladeado

Según se pudo establecer, los delincuentes utilizaron una técnica conocida como “SIM Swapping”, que consiste en duplicar la información de la tarjeta SIM de un celular y cambiar la titularidad de la línea para acceder a la información bancaria. Al poseer la SIM con el número de verificación del banco, obtuvieron acceso a la clave suministrada por la entidad financiera.

Finalmente, los agentes lograron identificar a los principales involucrados y se constataron sus domicilios en la ciudad de Córdoba. A partir de la información recopilada por la Unidad Fiscal de Casilda, el Dr. Baños instó al poder judicial de la provincia de Córdoba a tomar las medidas pertinentes.

Las ordenes fueron diligenciadas por personal de AIC Casilda, junto con la colaboración de la policía cordobesa para efectuar las intervenciones. Tres personas, de 29, 32 y 33 años de edad, fueron aprehendidas. Siendo dos mujeres y un hombre. Además, se secuestró telefonía celular, dispositivos con acceso a aplicaciones bancarias, chips, blíster y documentación relevante para la investigación.

Las personas detenidas permanecerán provisionalmente bajo custodia en las instalaciones de la policía de Córdoba hasta que se emita el respectivo exhorto para su traslado a la ciudad de Casilda, donde se llevará a cabo la correspondiente audiencia imputativa.

(Por Mario Cáffaro) – María Cecilia Vranicich juró el jueves como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación siendo la tercera en ejercer el cargo luego de Julio De Olazábal y Jorge Baclini y se transformó así en la primera mujer en dirigir el organismo. Pero además como le gusta remarcar, convencida del sistema desde los últimos años de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde se formó y donde hoy es docente de procesal penal. “Siendo estudiante pensaba en este sistema. Empecé siendo ayudante-alumna de Procesal Penal en la UNR, en 1996. Me recibí en diciembre del 96 y en el 97 pasé a trabajar en la cátedra. La última bolilla de la carrera, de esa materia, era el proceso que queremos. Y éramos muy críticos en ese momento del proceso penal que tenía la provincia de Santa Fe que después en el caso Fraticelli fue declarado inconstitucional”.

Además de la cátedra, fue funcionaria del Ministerio de Justicia de la provincia a la hora de preparar las leyes orgánicas del nuevo sistema, leyes que demandaron mucho diálogo legislativo. Viene de ejercer durante los últimos seis años el cargo de Auditora General de Gestión por lo que en su cabeza tiene un mapa claro del funcionamiento del MPA. Cuando el Poder Ejecutivo abrió los concursos para los cargos de conducción se inscribió tanto para repetir en la Auditoría, para fiscal regional de Rosario y fiscal general. En los tres concursos integró las ternas seleccionadas por el jurado.

– ¿Con qué objetivos llega a este cargo de fiscal general por seis años?

– Mi plan de trabajo lo pensé muchísimo. Plantee, por un lado, los lineamientos, que es lo que tiene que hacer el fiscal general. Los lineamientos de persecución penal serán los priorizados. Si bien el fiscal general no tiene facultades para intervenir en investigaciones en particular, si es el encargado de decidir cuáles van a ser los delitos cuya investigación se van a priorizar. El primer lineamiento claramente que trabajé, en razón del contexto de violencia que estamos viviendo en la provincia y especialmente en los grandes centros urbanos, es trabajar aquellos delitos que están atravesados por lo que llamamos violencias altamente lesivas: homicidios, heridos de armas de fuego. Nosotros focalizamos mucho en los homicidios, como número, pero hay muchísimos heridos de armas de fuego, que también es un dato a trabajar y que está dentro de esta priorización a lo que llamamos delitos de violencias altamente lesivas. ¿Qué puede hacer y qué tiene que hacer la fiscalía general? Primero, bajar el lineamiento de que cada una de las regionales tiene que priorizar esto. ¿Cómo lo priorizamos? La impronta que yo le voy a dar es una fiscalía general acompañando a las regionales, a las cinco. Cuando hablamos de violencia altamente lesiva focalizamos el distrito capital y el distrito Rosario. Pero ya hay algunos casos, en algunas otras fiscalías regionales, caso Rafaela, de sicariato. Entiendo que se debe trabajar transversalmente la problemática con la Agencia de Delitos Complejos.

– El Organismo de Investigaciones depende del fiscal general pero está vacante su conducción. ¿Qué está previendo?

– El diagnóstico actual es que tiene una debilidad institucional importante. No tiene un director provincial, pero tampoco tiene personal propio del Ministerio Público de la Acusación. El personal que hoy tiene es personal en comisión, en servicio del Poder Ejecutivo. El procedimiento de designación fue modificado en la última ley. Antes era un concurso interno dentro del MPA. Ahora, es un concurso que le compete el Consejo de la Magistratura con acuerdo a la Legislatura. Es el mismo procedimiento que para la selección de Fiscal General. Falta de director y personal que no es propio, con lo cual el MPA no tiene ni siquiera incumbencia sobre lo disciplinario con respecto a ello. Hay personas que están contratadas. Uno de los objetivos de estos seis años es fortalecer al Organismo. De hecho, hoy el Organismo de Investigaciones tiene equipamiento que el fiscal anterior (Jorge Baclini) ha podido comprar, conseguir. Hay un cromatógrafo, hay aparatos muy importantes para realizar la extracción de la información dentro de los teléfonos celulares. No estamos haciendo rendir a pleno el equipamiento porque nos faltan personas para operarlo. Como aspiración de gestión es prioritario el OI porque es el órgano de apoyo para tener investigaciones propias, es el que investiga el delito complejo.

– Sí. Y en muchos casos que se va dilucidando con bandas que operan, que vienen desde afuera de la provincia. Fue en los casos de los golpes más grandes, más allá de la predación que hay permanentemente. En este caso, es un lineamiento que se va a sostener y que se tiene que sostener, pero está dentro de lo que es un poco ya la investigación generalista del fiscal. Ya hay equipos de fiscales que trabajan estos temas en las fiscalías regionales. Creo que sí hay que fortalecer lazos con la policía de investigaciones.

– ¿Va a mantener la Junta de Fiscales?

– Sí, sí, sí, claramente. Es importantísima. La Junta es un órgano de apoyo establecido en la ley. El principio de unidad de actuación, directrices, decisiones que se toman consensuadamente junto a la Junta de Fiscales. De hecho, esto ha sido una reforma legal de diciembre del 2017. Cuando se pasan las facultades disciplinarias a la Legislatura, también al fiscal general le quitan ciertas atribuciones y las pasa a tener la Junta de Fiscales. Por ejemplo, poder crear unidades interregionales. La Junta de Fiscales es un órgano de apoyo importante de gobierno y si el fiscal general dicta una instrucción de determinado lineamiento sobre algún eje, la Junta de Fiscales puede revocarla. Es un sistema de contrapesos absolutamente atendible en una institución democrática y republicana. A los controles internos no hay que tenerles miedo, al contrario.

– Fue Auditora de Control de Gestión, o sea tiene un mapa perfecto del cuerpo de fiscales…

– Sí, sí, y de las debilidades y fortalezas institucionales en general del desempeño. El desempeño individual de cada fiscal lo tiene cada fiscal regional y desde la Auditoría lo que se observa son desempeños de institutos a lo mejor particulares. Por ejemplo, en estos años se hizo un trabajo muy exhaustivo y riguroso sobre el control de detenciones domiciliarias, cómo funciona ese instituto. Sobre el final estábamos haciendo un monitoreo sobre abreviados. Toda la información del órgano va al fiscal general que es quien da los lineamientos.

– ¿Va a reclamar, como venía haciéndolo el fiscal saliente, que las facultades de sanción vuelvan al MPA?

– Entiendo que desde el Ministerio Público de la Acusación tenemos obligación de rendir cuentas y para eso articular muchos mecanismos de rendición de cuentas, uno es el disciplinario y debe ser mejorado el sistema que hoy existe. Fui auditora, autoridad de aplicación y he aplicado el sistema vigente, entiendo que en el momento fue el mejor sistema que pudimos tener con el contexto político institucional que tenía la provincia Creo que tiene que ser modificado, no a lo mejor exactamente de la misma forma que en el origen. Tenemos que usar la oportunidad para aprovechar y mejorar también la versión original. Sería importante ampliar el Tribunal de Disciplina, los miembros del Tribunal de Disciplina. En este caso hay algo que me preocupa, porque es atendible la preocupación de determinados fiscales o a lo mejor de la asociación de fiscales, el propio fiscal general saliente que así lo ha expuesto, que es el temor a una remoción injustificada o una remoción política con otro tipo de interés. A mí lo que me preocupa también son los marcos de impunidad que puede generar internamente y que yo no quiero en determinados desempeños fiscales que no están siendo adecuados. Porque a veces también esta lógica política que no termina de ser técnica habilita. Eso es, a mí también me alerta al otro, o sea, superar el otro.

– Está asumiendo en un momento casi de transición política en la provincia, nos guste o no, porque estamos ya casi en cierre de listas, iniciamos un proceso electoral, usted va a compartir todo el gobierno que viene y un pedazo del otro gobierno.

– Sí, sí, claro y eso supongo que motivará diálogo, habrá que ver cómo se motiva.

– En el dictamen de la Cámara de Diputados sobre Emergencia en Seguridad prevé incluso 250 cargos para el OI y 50 de auxiliares para el MPA. ¿Son necesarios?.

– Por lo que hablábamos antes. Esos cargos serían la base de lo que sería la creación de un organismo de investigación… sí, sí, sí, son muy necesarios.

Lo otro que dice de traspasar gestiones es importante. Ojalá me vaya bien en mi gestión y llegue a los seis años donde habrá tres gobiernos diferentes. En los seis años que fui auditora observé muchas cuestiones y concluí que no hay que tenerle miedo a la relación del MPA con los otros poderes del Estado, pero siempre respetando la incumbencia legal de cada uno: del Ejecutivo, del Legislativo y de los otros actores del Poder Judicial. O sea, la relación del MPA con el Poder Ejecutivo tiene que ser fluida. Estamos hablando, varias veces lo hemos repetido en esta entrevista, de la policía judicial. Entonces, yo entiendo que tiene que ser natural, fluido, pero siempre con objetividad, autonomía e independencia.

Rafaela

La jurisdicción regional 5, con cabecera en Rafaela, no tiene aún designado el fiscal regional debido a que fue rechazado el pliego de Orlando Toniolo. Ahora el Poder Ejecutivo propuso otro nombre, Carlos Vottero, cuya designación está en manos de la Legislatura. Mientras tanto, Vranicich firmó una resolución en la que designa al Fiscal Regional 1, Nessier, a cargo interinamente de la Fiscalía Regional 5.

– Hay toda una polémica abierta por abogados sobre los juicios abreviados. ¿Cuál es su postura?

– De hecho, en la entrevista en la Comisión de Acuerdos fue un tema.

– ¿Sirve?

– No solo sirve sino que hoy es la mayor respuesta que damos dentro de la institución punitiva. En la fiscalía estamos para investigar delitos y para lograr condenas, más allá de pacificar aquellos conflictos que se logre pacificar. Pero lo primero es la persecución penal, es una respuesta punitiva. Si tomamos todas las respuestas de condenas que surgieron a través de pedidos del MPA y que fueron tomadas por un juez, entre un 94% y un 96% son condenas que vienen de juicios abreviados. Es una herramienta que, si bien se ha puesto en crisis, pero creo que se ha puesto en crisis por determinados casos puntuales. Casos que incluso he tenido casos en la Auditoría, donde hay fiscales que han terminado sancionados por juicios abreviados mal acordados.

Pero en el juicio abreviado, si bien es el fiscal una de las partes que lo propone, es un acuerdo con un defensor. Entonces hay un control adversarial con un defensor que representa al imputado. El imputado tiene que asumir culpabilidad, pero un juez en audiencia lo valida. Los juicios abreviados también se dan en un marco de una audiencia pública que puede ser presenciada por la ciudadanía. Es el juez el que termina sentenciando ya que hace un control de legalidad y no solo legalidad de razonabilidad de lo que le están presentando. Lo primero que hace es preguntarle al futuro condenado, ¿usted entiende que está asumiendo la culpabilidad de este delito? Está controlado por muchos lados, porque si el fiscal cierra a seis años, lo controla un fiscal regional. Si lo cierra a ocho, el fiscal general. En mi plan de trabajo de auditora propuse un monitoreo, al azar, de abreviados cerrados con condenas menores a seis años.

– En la misma Asamblea Legislativa se dio un debate que se está instalando sobre la posibilidad de que el narcomenudeo sea jurisdicción provincial.

– Me preguntaron en Acuerdos, mi opinión fue que no tenía opinión y que ya era válido. Puntualmente el senador Enrico fue muy activo con eso, en la Asamblea, nos ha llamado tibios. Yo entiendo que cada uno tiene un rol determinado. Soy docente de procesal penal en la facultad, conozco claramente los pros y los contras y si tuviera una posición tomada no tendría ningún problema en decirlo, no lo tengo ni siquiera académicamente. Entiendo que tiene muchos pros y muchos contras. Entiendo también a los legisladores porque ellos tienen al ciudadano, al vecino que va y le dice tengo el bunker en la esquina, me pasan por la nariz y no podemos hacer nada. Pero más allá del marco legal, que exista o no exista, hoy ya hay un trabajo muy rico entre los fiscales provinciales y los fiscales federales. Puntualmente se está dando en la regional Rosario. Entonces me parece que con acuerdos institucionales de trabajo se pueden articular abordajes así. Si los legisladores toman la decisión de que en Santa Fe investigue el narcomenudeo vamos para adelante y vamos a poner lo mejor de las energías para que esto ocurra.