La Policía Antinarcotráfico y empleados del Ministerio Público (MPF) desmantelaron recientemente un grupo que reclutaba mujeres embarazadas para contrabandear drogas a las cárceles. Seis personas fueron detenidas en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, según fuentes judiciales, una de las cuales era un policía retirado.

Se realizaron allanamientos domiciliarios en la ciudad de Córdoba y la Unidad Penitenciaria cercana, según la fiscal de lucha contra el narcotráfico Paulina Lingua. La banda conformada por tres hombres y tres mujeres aprovechaba que los controles de ingreso a la cárcel no son rigurosos para las embarazadas, ya que no son examinadas por los escáneres láser, con la idea de no poner en riesgo la salud del bebé por nacer.

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, los detenidos tenían una larga lista de condenas penales, que incluían violación, robo calificado, venta de drogas, coacción, robo y fraude. Lingua afirmó que el delito fue planificado, ya que buscaban embarazadas para poder ingresar al penal. La banda sacaba esa ventaja para que las mujeres se entregarán a un interno con fines de comercialización dentro de la misma dependencia carcelaria.

Como resultado de los allanamientos en la Unidad Penitenciaria, en una celda se encontró cocaína, marihuana y otros estupefacientes, además de elementos para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Por su parte, en las viviendas allanadas en la ciudad de Córdoba las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres mayores con vínculos familiares con algunos internos, se secuestraron 513 dosis de cocaína y 79 de marihuana, una balanza digital, un automóvil, 276.060 pesos y 300 00 dólares, entre otros elementos. La causa fue caratulada preventivamente como “confabulación para la comercialización agravada de estupefacientes”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para modificar el Código Penal, en su artículo 186 bis, e incorporar penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen incendios en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná y, también, brindar más herramientas al Poder Judicial.

“Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”, remarcó el legislador.

“Las quemas en las islas del delta del Paraná están provocando una situación acuciante en todas las localidades aledañas. La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, señaló Mirabella. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, enfatizó.

Hasta el momento, el Código sólo contemplaba sanciones por incendios, y en el proyecto del rafaelino se incorporan penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen quemas en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente. Asimismo, el artículo 186 ter también propone sanciones a quienes dañen, drenen o rellenen humedales, lagunas, esteros, cenagales o pantanos; o modifiquen, alteren o eliminen cursos o espejos hídricos, entre otros.

“Como sabemos, el disfrute y el ejercicio de gran cantidad de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, están profundamente vinculados a la protección del medio ambiente. Por eso, el acceso a un medio ambiente saludable es considerado un derecho humano autónomo por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el diputado.