Desde hace seis meses, el Gobierno de Santa Fe implementa el programa M3 -sigla que responde a Mapeo, Métricas y Monitoreo- con el objetivo de profesionalizar la gestión policial y fortalecer el modelo de policiamiento urbano a partir del análisis sistemático de datos. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, permite planificar y evaluar el despliegue operativo mediante información objetiva sobre criminalidad, desempeño policial y disponibilidad de recursos.

El M3 se estructura en tres ejes complementarios: el mapeo del delito, el análisis de métricas del trabajo en calle y el monitoreo de indicadores vinculados a resultados operativos.

Se trata de un esquema descentralizado y con fuerte anclaje territorial, que articula a la conducción ministerial con la Policía de Santa Fe y los equipos locales.

Actualmente, el programa se aplica en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Avellaneda y Esperanza. Estas 13 ciudades reúnen a más del 60 % de la población provincial y concentran una parte sustantiva de la demanda de seguridad.

En cada una de ellas se elaboran y revisan a diario los Informes de Indicadores Básicos, que sistematizan datos sobre circulación de violencia, hechos predatorios, resultados operativos y recursos disponibles.

A esa información se suma el seguimiento del Tiempo de Respuesta al Ciudadano (TRC), medido a partir de los registros de la Central de Emergencias 911.

De manera semanal, se realizan reuniones de análisis y planificación operativa entre la conducción policial y los referentes territoriales del Ministerio. Allí se evalúan los indicadores de criminalidad y la operatividad en calle, además de analizar eventos relevantes que deban escalarse a niveles superiores de decisión. Este circuito consolida un canal permanente entre la conducción política -encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni- y las dinámicas operativas de cada territorio.

Un método basado en evidencia

“El gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni nos marcan que esta es la metodología adecuada para monitorear y evaluar el accionar policial”, explicó el director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi. Según detalló, el programa permite medir de manera parametrizada los indicadores de violencia y delito -robos, hurtos, tentativas, personas heridas y hechos de violencia altamente lesiva- y vincularlos con el despliegue operativo.

A ese análisis se incorporan métricas de operatividad y resultados: identificaciones en la vía pública, aprehensiones, traslados a comisarías por el artículo 10 bis y secuestros de armas de fuego, entre otros. “Estos indicadores nos permiten evaluar el trabajo policial y mejorar las estrategias en conjunto con la conducción”, señaló Galassi.

El seguimiento del M3 se apoya en una dinámica rigurosa de informes, reuniones y minutas que consolidan decisiones y líneas de acción. El esquema facilita la detección temprana de problemas y consolida una lógica de gestión basada en evidencia y corresponsabilidad institucional.

Mejora en los tiempos de respuesta

Dentro del programa M3 también se evalúa el desempeño del sistema de emergencias. Galassi precisó que el Tiempo de Respuesta al Ciudadano mostró una mejora sustancial: “Al inicio de la gestión, el promedio rondaba los 18 minutos. Hoy estamos entre los seis y siete minutos para todo tipo de incidencias que ingresan por el 911”.

Según explicó, la optimización de recursos y la asignación del móvil más cercano a cada evento permiten ordenar la operatividad en calle. “Muchos llamados se realizan con fines preventivos; desde que el vecino se comunica hasta que llega el patrullero transcurren, en promedio, entre seis y siete minutos”, concluyó.

Con este enfoque, el programa M3 se consolida como una herramienta central para fortalecer la seguridad en la provincia, combinando planificación técnica, articulación territorial y control permanente de resultados.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en una inversión histórica para dotar de indumentaria deportiva a los cadetes del Instituto de Seguridad Pública (ISeP). 

En ese marco, este lunes se llevó adelante la primera licitación de este tipo, con un presupuesto oficial de $ 303.994.658, que permitirá adquirir 2.200 buzos, 2.200 pantalones y 4.400 remeras destinados a los alumnos de primero y segundo año de formación.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó el acto de apertura de sobres en la ciudad de Santa Fe donde se presentaron 7 empresas: Mariana S.A ofertó $ 242.684.472,32; Geotex S.R.L $ 249.646.760; Zapata Elisa Mabel $ 256.300.000; Luna Indumentaria S.R.L $ 177.320.000; Inve S.R.L $ 160.380.000; Mercotex S.A $ 165.440.000; y Cooperativa de Trabajo del Centro Limitada $ 249.920.000 - $ 166.760.000.

“Recuperamos la compra centralizada de uniformes para todo el personal policial y penitenciario”, aseguró Cococcioni, y reconoció que “hay que dar un equipamiento adecuado para que los cadetes cumplan con las exigencias”. 

En ese sentido el ministro valoró que con esta gestión de compra “se está equipando a los que ahora están en primer año y pasan a segundo; los que están seleccionados y comienzan la carrera el año que viene; y también quedará un remanente para los que se seleccionarán el año próximo para comenzar a cursar en 2027”, destacando que “un simple objeto material refleja una decisión en política formativa porque queremos que los policías salgan mejor capacitados, formados con exigencias físicas, psicológicas y ambientales a lo largo de la carrera a través de los elementos materiales”. 

Del acto participaron también las secretarias de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; el director provincial de Inspección de Institutos de Formación, Dardo Simil; el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; y el director general del Instituto de Seguridad Pública, Mario Goyenechea.

“Es un proceso licitatorio muy novedoso para el ISeP que posibilita en esta primera etapa licitatoria que los cadetes de primer y segundo año cuenten con el equipamiento deportivo para la realización de sus tareas y el cursado de sus materias deportivas, académicas y de formación”, destacó Orciani, quien reconoció que esto se “suma a una batería de medidas que nos encomendó el gobernador Maximiliano Pullaro, que tiende a la realización efectiva de la labor de formación en condiciones dignas”. 

La funcionaria aseguró, además, que desde el Gobierno Provincial “se estipuló un plan becario diferenciado y devolviendo el internado, posibilitando que los cadetes que eligen esta carrera tengan un lugar donde alojarse, y ha facilitado el racionamiento, para devolver la dignidad y enaltecer la carrera policial en Santa Fe”.

La adquisición tiene alcance nacional y está dirigida a uniformar con prendas deportivas de calidad a los futuros integrantes de las fuerzas provinciales, en el marco del plan de modernización y jerarquización del sistema de seguridad impulsado por la gestión provincial.

Con esta licitación, la Provincia da un paso más en la mejora de las condiciones de estudio, entrenamiento y profesionalización de los futuros agentes de seguridad, reafirmando la premisa del gobierno de Maximiliano Pullaro de fortalecer la formación, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones vinculadas a la seguridad pública.

La Policía de Investigaciones (PDI), que integra la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, detuvo este martes a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

Gómez era requerido por una causa de homicidio y por otra en la que se lo sindicaba como integrante de una asociación ilícita, investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, estaba acusado por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

Capturaron a 'Dibu' Gómez, vinculado a la banda de Los Monos, en Avellaneda.

El detenido fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

La inclusión de Gómez en la lista de los diez más buscados respondía a su peligrosidad y a su papel en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el pasado 5 de agosto, al presentar la nómina.

'Dibu' Gómez, vinculado a la banda de Los Monos, era intensamente buscado.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del MPA, del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Dentro de esta estructura, la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil tiene a su cargo las acciones operativas. En el último año fueron localizados seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se concretó la detención de otros dos.

Este sábado por la mañana se desarrolló en la sede comunal una reunión clave entre autoridades locales y provinciales para abordar la situación de seguridad en Elortondo, luego de los hechos ocurridos en los últimos días.  

Participaron la presidente comunal, María Isabel Bosco; el secretario de Gobierno, Angelo Yocco; el asistente técnico Walter Blanc; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Diego Bordón; el jefe de la Primera Zona de Inspección, comisario Renzo Salcedo; y la subcomisario Patricia Luna.

Entre las novedades, se confirmó que fue recuperada la moto de alta cilindrada robada días atrás, hallada en Venado Tuerto, y que además se detuvo a un menor por robo calificado. Durante el encuentro se remarcó que los episodios fueron aislados y que no existe una banda delictiva operando en la localidad, llevando tranquilidad a la población.

Trabajo en equipo

En primer término, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Diego Bordón, anticipó que “en las próximas horas se va a notar el despliegue en la localidad, porque llegarán fuerzas especiales regionales y provinciales para realizar operativos de saturación aleatorios y sorpresivos”.

En la misma línea, resaltó “el trabajo articulado con la Comuna y el aporte de las cámaras de monitoreo, que fueron claves para avanzar en las investigaciones”, e insistió en que “apelamos a la participación ciudadana: ante cualquier situación sospechosa o presencia de personas ajenas al pueblo, la información que se aporte a la Comisaría es fundamental para prevenir y actuar rápido”.

Por su parte Salcedo, explicó que “para nosotros hechos aislados implica no por la perpetración en sí misma, sino por el modo operandi de cada uno. Eso nos permite primero desalentar que haya una banda operando, que sería otro tipo de investigación”. 

En este sentido, fue contundente: “Diferenciamos los hechos que fueron sucediendo y en base a eso determinamos las formas en que se desarrolló el hecho. Con el secuestro en horas de la madrugada de la motocicleta ya se confirmaba la percepción que teníamos sobre dónde apuntaba la investigación”.

Además, agregó que “la detención del menor, que cometió el robo calificado en la localidad, se dio gracias al rápido accionar de la policía”, donde participaron distintas fuerzas, “con grupos preparados para hacer lo que llamamos operativos tipo cerrojo, que permite actuar de inmediato”.

Desde la Comuna remarcaron la predisposición para colaborar con la policía, la entrega de material de las cámaras y la contención a las familias afectadas, reiterando el compromiso de seguir trabajando en conjunto para brindar seguridad a todos los vecinos.

En una acción considerada inédita en la región, dos viviendas utilizadas como búnkers narco fueron demolidas en la zona sur de Venado Tuerto. La medida fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de una denuncia presentada en enero por el intendente Leonel Chiarella, tras múltiples reclamos de vecinos que advertían sobre la venta de drogas en esa zona.

“Era un lugar que había sido allanado al menos seis veces en los últimos dos años, tanto por la Justicia provincial como federal. Se convirtió en un punto emblemático del delito en Venado”, afirmó Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Seguridad provincial en el sur santafesino. El funcionario remarcó que, si bien las viviendas eran precarias, estaban ubicadas en el “corazón del barrio”, lo que las convertía en un foco constante de violencia, consumo y tráfico de estupefacientes.

Cabe recordar que la denuncia original, ingresada por el intendente Chiarella en representación de vecinos que temían hacerlo con nombre y apellido, dio inicio a una investigación bajo el nuevo marco legal de la Ley de Microtráfico. A partir de allí, el fiscal Iván Raposo encabezó una serie de tareas de inteligencia: escuchas telefónicas, vigilancia encubierta y constatación del movimiento en el lugar. Todo permitió confirmar que las propiedades eran utilizadas exclusivamente para comercializar drogas.

El operativo, ejecutado este miércoles, incluyó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calle Pavón al 1880 (vereda par e impar) y en Marenghini al 300. Como resultado, se detuvo a seis personas, se incautó cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una réplica de pistola, anotaciones contables y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Cinco de los detenidos quedaron con prisión preventiva.

Tras la detención, se realizó una audiencia en la que el fiscal solicitó la “inactivación coercitiva” de las propiedades, es decir, su demolición, fundamentando que eran terrenos propiedad del municipio —adquiridos por prescripción adquisitiva— y que habían sido utilizados exclusivamente para delinquir. Ni los defensores públicos ni los ocupantes actuales de las casas opusieron objeciones. “Algunos dijeron que llevaban un día viviendo allí, otros ni siquiera sabían de quién era la casa. No había una defensa posible”, explicó Pasquinelli, destacando la decisión del gobierno provincial, a través del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, en la lucha contra el delito y el narcotráfico. .

El juez autorizó la demolición, que fue llevada adelante con maquinaria del municipio. “Las construcciones estaban enfrentadas, sobre un terreno que no está subdividido catastralmente. Legalmente son parte de una gran parcela municipal”, detalló el funcionario.

“El efecto que causó esto en el barrio fue muy fuerte. Estábamos rodeados de chicos y adolescentes. Ver que esas casas —donde se vendía droga y se escondían autores de robos o tiroteos— desaparecieran delante de sus ojos fue un mensaje muy claro”, señaló Pasquinelli. La demolición no solo apuntó a desarticular el negocio del narcomenudeo, sino también a recuperar el espacio público y devolverles seguridad a los vecinos.

El delegado del Ministerio de Seguridad confirmó que hay otras propiedades en la mira. “Estamos trabajando en muchos casos más. No todos terminarán con una demolición, pero si se comprueba que se usan exclusivamente para delinquir, vamos a actuar”, sostuvo. Y agregó: “Este es el primer antecedente en el sur de la provincia. A partir de ahora, nos permite avanzar con mayor firmeza cada vez que la situación lo amerite”.

Por último, destacó el rol que cumple la Ley de Microtráfico, sancionada hace poco más de un año, que habilita a la justicia provincial a intervenir en causas por venta de drogas a pequeña escala. “Antes todo debía pasar por la Justicia Federal. Hoy, con esta herramienta, tenemos capacidad de respuesta rápida y directa”, concluyó.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, incorporó nuevas paletas detectoras de metales para el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia, que fueron adquiridas con el dinero producto de las subastas de bienes decomisados a los delincuentes.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló que “las ocho paletas detectoras de metales fueron adquiridas por la Aprad, con el producto de las subastas de los bienes decomisados a los delincuentes. De esta manera se adquieren elementos de seguridad, destinados a la Policía de Santa Fe y al Servicio Penitenciario, un aporte muy importante que valoramos y que ya estamos utilizando”.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, detalló que “mediante los fondos que recaudamos de las subastas de bienes decomisados al delito, pudimos adquirir ocho paletas detectoras de metales para reforzar el Servicio Penitenciario. Estas paletas, que son importadas, tienen una detección muy sensible de los metales, con una distancia de entre ocho y diez centímetros, lo que es sumamente importante para reforzar el control de nuestras cárceles”. 

“Estos detectores sirven para los pabellones de alto perfil y el resto de las cárceles de nuestra provincia, pero lo importante es que los fondos utilizados para comprar estas paletas no provienen de la renta general, sino de la plata que le quitamos a los delincuentes, siguiendo así con los lineamientos que nos diera el gobernador Maximiliano Pullaro”, concluyó el secretario.

Características y uso

El detector de metales PD140E combina características de gran ergonomía y fiabilidad, con funciones avanzadas de detección y de señalización para el operador.

Tiene una capacidad de interceptación uniforme de objetos metálicos, magnéticos y no magnéticos. Su diseño es completamente digital, tiene larga duración en funcionamiento continuo, sensibilidad programable y es apto para funcionar tanto en interiores como en exteriores.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo la licitación para la compra de 300 chalecos antipunzantes con destino al Servicio Penitenciario. El presupuesto oficial es de $ 174.000.000.

El acto se realizó este jueves en el Salón Auditorio de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de los secretarios de Asuntos Penales, Lucía Masneri; de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone; y de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y el director de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, Matías Lanfranchi, entre otros.

Masneri señaló que “estamos abriendo los sobres para la compra de chalecos antipunzantes y anticortantes. Esto es absolutamente innovador en el Servicio Penitenciario de Santa Fe porque son chalecos que no tienen vencimiento”. 

La funcionaria contó que “el nuevo equipamiento que se va a utilizar en los sectores del interior de las Unidades Penitenciarias brindan una mayor protección y durabilidad para la función que desempeñan los agentes”.

Por último, la secretaria de Asuntos Penales indicó esta apertura de ofertas “forma parte del conjunto de licitaciones de equipamiento que lleva adelante la Provincia, que están en sus pasos administrativos como lo son los chalecos RB3 que son los antipunzante y antibalas, que se requieren para los espacios de seguridad externa, como las garitas, los puestos de control y demás, que están más vinculados con un posible ataque externo”.

Los chalecos, destinados a los agentes que realizan la vigilancia interna, están compuestos por material antipunzante y anticortante, conformado por poliéster reforzado con fibra de vidrio, diseño ergonómico rígido y liviano con propiedades de absorber impactos de armas blancas. Tienen una garantía de 5 años.

En la oportunidad se presentaron dos oferentes: Punto de Impacto SA, con una oferta de $ 237.000.000 y una alternativa de $ 177.000.000; y la firma FC Group SRL, que cotizó  $ 114.000.000.

Cuatro empresas se presentaron este viernes a la licitación para la compra de 300 camionetas para patrullaje de la Policía de Santa Fe que llevó adelante el Gobierno provincial. El acto de apertura de sobres se concretó en la sede de Gobierno de Rosario y fue encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone, y a la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani.

Con un presupuesto oficial de $ 13.016.225.400, las 300 unidades 4x4 y 4x2 doble cabina estarán equipadas para el patrullaje.

Los vehículos serán entregados con una serie de modificaciones y adaptaciones vinculadas a la estructura y con equipamiento de última tecnología que requieren los patrulleros. Estos 300 nuevos móviles se sumarán a los 940 patrulleros y las 500 motos que ya fueron adquiridas por la Provincia este año.

Durante el acto, Cococcioni “resaltó el gran trabajo de la Unidad Ejecutora que encabeza Leone, que es una forma de priorizar la seguridad. Ha trabajado en articulación con el Ministerio de Economía y del Ministerio de Obras Públicas y, todos juntos, crearon un equipo muy dinámico, con gran experticia y compromiso, demostrando que para el Gobierno de Maximiliano Pullaro, la Seguridad es la preocupación número 1 y que no va a escatimar recursos hasta devolverle completamente la tranquilidad a los santafesinos”. Respecto a la compra de camionetas, destacó que “se está recomponiendo la flota policial” para darle a la fuerza “las herramientas para llevar adelante un Plan de Seguridad que incluye un despliegue policial sostenido, proactivo y controlado día tras día en Rosario, en Santa Fe y en las principales zonas urbanas de la provincia”.

Finalmente, el ministro detalló que “la compra de camionetas va a permitir dar una herramienta muy requerida por las unidades regionales del interior que tienen mucho camino de tierra y de ripio donde un auto no tiene un fácil acceso. También es para abastecer a la guardia de seguridad rural Los Pumas, a la Policía de Acción Táctica, a la Tropa de Operaciones Especiales, y otras secciones policiales que necesitan esta herramienta para desplegar una operación policial distinta a la que se hace con el patrullero automóvil o moto”.

Retomando las palabras de Cococcioni, Leone explicó que “la Unidad Ejecutora es idea del gobernador Pullaro, quien decidió generar un ente que se ocupe de temas puntuales de Seguridad, buscando celeridad y agilidad en los trámites”. Luego, indicó que “trabajamos de manera articulada, orgánica, en todos estos temas ya que lo importante es poder hacer todas las obras o este tipo de compras de manera rápida y eficiente”. Finalmente, sobre la licitación de las camionetas, destacó el hecho de que “haya muchas ofertas, como sucedió en licitaciones anteriores, marca un Estado que cumple con sus compromisos”.

A su turno, Orciani remarcó que “el año termina de la mejor manera. Cuando asumimos la gestión, el primer proceso de compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad se dio rápidamente en el mes de marzo. En mayo, fueron las primeras entregas de los móviles para equipar a las fuerzas de seguridad, particularmente a la Policía. Y hoy, culminando el año calendario, damos apertura a un nuevo proceso de gestión de compra para poder complementar también este proceso de reequipamiento que las fuerzas de seguridad necesitan”.

Para concluir, la funcionaria aseguró que “aún no se alcanzaron los objetivos finales y seguimos trabajando para ello. El proceso de reequipamiento y de restauración de la flota seguramente nos demande toda la gestión pero es un Gobierno que no va a descansar hasta poder otorgarle a las fuerzas de seguridad todas las herramientas para que complementar sus tareas, porque en ellos está la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes de todos los santafesinos”.

En la oportunidad, se presentaron fueron las siguientes ofertas:

* La primera oferta fue de la UTE constituida por Seprio SA y Volant SA y cotizaron la compra en $ 12.817.087.560.

* La segunda fue de la firma Chevent SA, quien solo cotiza 120 unidades, por un monto de $ 5.268.000.000.

* La tercera perteneció a Alberto J. Macua SA por $ 5.682.000.000, que cotiza 120 unidades y presenta un oferta alternativa por 50 unidades en $ 5.451.000.000.

* La cuarta y última de Coinauto SA, por 120 unidades, en un monto total de $ 5.268.000.000.

El Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Seguridad, presentó un informe en el que detalla las inversiones realizadas y proyectadas en esta materia para las fuerzas de seguridad, para lo cual se destinarán unos $ 170.000 millones. 

El detalle fue dado a conocer durante la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y la inversión está destinada a armamento, uniformes, nuevos vehículos y el mantenimiento de unidades, chalecos balísticos y equipamiento de protección, cámaras de seguridad y escáneres.

En ese sentido, el gobernador Maximiliano Pullaro, destacó que también “estamos llevando adelante obras. En cuatro años vamos a construir 4.280 celdas, lo que nos va a permitir sacar a los presos de comisarías y que los presos del Servicio Penitenciario estén en las condiciones que corresponden, con una cárcel de alto perfil, que va a ser la más segura de América Latina”, y agregó que “la baja de la violencia que estamos viviendo en la provincia y la baja del delito, en un contexto de recesión económica, es única”.

Mientras, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “estamos dando los primeros pasos para devolverle la tranquilidad a la provincia”, y reconoció que “no podemos decir que hemos logrado los niveles de prevención y de seguridad óptimos, pero sí se han controlado algunos indicadores muy importantes”.

Ante la Junta de Seguridad, el secretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, explicó que “se está equipando a la Policía para que trabaje proactivamente, cumpliendo con el Plan de Seguridad”, y enumeró la adquisición de “960 patrulleros, 600 motos, 300 camionetas (en proceso de licitación), 5 minibuses y 25 utilitarios para la Policía de Investigaciones (PDI)”. 

El funcionario también se refirió a la compra de pistolas Taser (electrochoque) y Byrna (aire comprimido): “Necesitamos tener armas que permitan un uso gradual de la fuerza. Para qué utilizar un arma de fuego si podemos reducir a un delincuente con un arma menos letal”. Además hizo mención a la incorporación de “escáneres corporales y de bultos en los penales para controlar a las visitas, a los internos, a los proveedores y al personal del penal, aumentando así la seguridad y evitar la entrada o salida de elementos prohibidos, como por ejemplo teléfonos celulares”.

Finalmente, Faraoni indicó un “cambio en el paradigma del mantenimiento de la flota vehicular: ahora se gestiona a través de una empresa que tiene una red de talleres en toda la provincia. Esto permite reparar más rápido, y más barato por la trazabilidad y auditoria de la empresa”, y mencionó que “en lo que va del año se hicieron más de 4.000 intervenciones”.

Las inversiones ya realizadas y las proyectadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer las Fuerzas de seguridad abarcan diferentes segmentos, como el armamento, para el cual se estableció la compra de pistolas de conversión Bersa (por 850.000 dólares), armamento para las Tropas de Operaciones Especiales (TOE, 900.000 dólares); 100 armas no letales (aire comprimido, 1.000.000 de dólares); y 100 armas no letales (choque eléctrico, 1.000.000 de dólares).

En cuanto a los vehículos, se destaca la adquisición de 940 patrulleros (29.000 millones de pesos); 500 motos (6.500 millones de pesos); 300 camionetas (15.500 millones de pesos); 5 furgones y 25 utilitarios para la PDI (1.802 millones de pesos); movilidad, autos y pick up para la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV, 1.100 millones de pesos); 11 autobombas (8,2 millones de dólares); y mantenimiento de flota (3.500 millones de pesos).

Respecto de los elementos de seguridad, el informe menciona los chalecos balísticos RB3 para personal del Servicio Penitenciario (346.500.000 pesos); equipamiento de protección policial (1.422.530 dólares); y escudos y cascos para personal del Servicio Penitenciario (300.000 dólares).

Asimismo, se realiza una sustanciosa inversión para la compra e instalación de 5.000 cámaras de AI (70 millones de dólares); así como en escáneres de bulto y body scann (1,8 millones de dólares).

También se contemplan los uniformes para las fuerzas de seguridad (21.000 millones de pesos); cartuchería para la Policía (2.000 millones de pesos) y cartuchería para el Servicio Penitenciario (300.000 dólares); uniformes para detenidos de alto perfil Nivel 1 (13 millones de pesos) y equipamiento de protección para bomberos zapadores (350 millones de pesos).

En el marco de la decisión del Gobierno Provincial de combatir el delito en todo el territorio santafesino, se lleva a cabo una inversión de USD 18.999.420,12 en infraestructura y equipamientos para instalar el sistema de comunicaciones Tetra. Esta nueva tecnología permite la incorporación al sistema 911 de forma segura y encriptada.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia del sistema porque “es lo que nos permite construir un mapa del delito para planificar el despliegue policial, para asignar más recursos en aquellos momentos del día, o en aquellos días de la semana, o en aquellos lugares de la ciudad donde se observa una mayor incidencia delictiva; como así también para controlar el servicio policial, el tiempo de respuesta”.

En este sentido, explicó: “Hasta ahora, si uno llamaba a la Policía y llegaba en 5 minutos o en 2 horas no había forma fehaciente de controlarlo, había que acudir a pruebas testimoniales. Este nuevo sistema es fehaciente, es absolutamente medible el tiempo de respuesta”.

“Poder medir el servicio policial, cuántos kilómetros hace un móvil, cruzarlo con el consumo de combustible, cuánto demora en llegar desde la llamada de emergencia, cuántas consultas al sistema Cóndor hacen por día, cuántas identificaciones etcétera, es lo que nos permite a nosotros tener un seguimiento mucho más eficaz”, agregó el ministro.

“Más eficiente en la asignación de recursos”

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, detalló que “14 localidades de la provincia ya contaban con el sistema de comunicaciones digitales que usa la Policía, Protección Civil, los Bomberos y diferentes agencias del Estado para poder comunicarse entre sí de una forma segura y encriptada, para que ninguna persona pueda escuchar e interferir con esas comunicaciones”. 

Durante los primeros seis meses de gestión “inauguramos 4 antenas Tetra con una inversión de 4 millones de dólares. En el próximo trimestre vamos a inaugurar en 10 localidades en total, que suman una inversión de casi 19 millones de dólares en toda la provincia. Eso también incluye equipamiento para la Policía y los móviles, para que puedan utilizar este mismo sistema digital”, precisó el secretario de Tecnologías para la Gestión. 

Este sistema de comunicaciones Tetra reemplaza al viejo sistema analógico, el VHF, en el cual cualquier dispositivo podía configurar la frecuencia para interferir en las comunicaciones. El sistema de comunicaciones Tetra es digital y encriptado, es decir que para que un dispositivo pueda entrar al sistema de comunicaciones provinciales tiene que estar registrado previamente y tiene que estar autorizado para poder usar ese canal o esa frecuencia. “Esto da seguridad a las comunicaciones oficiales que hoy tiene la provincia. Esta inversión es importante porque estamos llegando al 78% de la población con estas nuevas diez localidades, completando un total de 26 ciudades a nivel provincial”, explicó Tabares. 

Por último, el secretario de Tecnologías para la Gestión explicó que “la interoperabilidad que tiene este sistema con el 911 permite la atención telefónica y el posterior despacho de móviles de forma mucho más automatizada porque permite saber dónde está cada uno de los patrulleros con esa misma radio Tetra. Además, permite ser más eficiente en la asignación de recursos”. 

¿Qué es el sistema de comunicaciones Tetra?

El sistema de comunicaciones Tetra es el que utiliza la Provincia para las comunicaciones oficiales de las fuerzas de seguridad, 911 (atención y despacho), bomberos, protección civil, emergencia sanitaria y otros organismos del Estado. Permite encriptar las comunicaciones, lo que lo hace más seguro ya que no permite que personas no autorizadas escuchen las conversaciones. Se conecta con otros sistemas de comunicaciones existentes y, además, se graban todas las comunicaciones dando más confianza para procesos de auditoría.

La provincia cuenta con sitios en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto, Coronda, Monje, Oliveros, Funes, Rafaela, Villa Constitución, Esperanza, Casilda, Cañada de Gómez y Sunchales. En esta etapa se están emplazando torres y antenas en Firmat, Melincué, Las Rosas, Sastre, San Justo, Helvecia, San Javier, San Cristóbal, Vera, Recreo, Granadero Baigorria y Santo Tomé. El monto de la inversión es USD 18.999.420,12.

“Estamos hablando de una persona que ha matado por encargo, a sangre fría. Para decirlo en pocas palabras: no era un soldadito que sale y mata, no era alguien que improvisaba; era una persona de temer”. Así describió el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni a Mauricio “Caníbal” Laferrara, de 28 años, el sicario detenido el viernes a la tarde en Andino, departamento Iriondo, donde se ocultaba tras haberse fugado de la cárcel federal de Devoto en octubre pasado, en un container de basura.

Laferrara era el jefe de sicarios de la banda del narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, quien está detenido. El Caníbal cumplía condena por siete asesinatos comprobados. Ahora quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

En declaraciones a la prensa, este sábado, el ministro Cococcioni destacó: “Para que se entienda la importancia de esta aprehensión: Laferrara era un objetivo estratégico de seguridad para Nación y Provincia”. Y relató que “se había fugado pocos meses antes de que asumiéramos los nuevos gobiernos provincial y nacional. Se había fugado de una cárcel federal de Buenos Aires donde lo habían derivado precisamente para que no se fugue de Piñero”, recordó el funcionario.

Esa decisión con Laferrara se tomó tras la masiva fuga ocurrida en 2021 de la cárcel de Piñero, en la que escaparon en una operación comando Claudio “Morocho” Mansilla y otros peligrosos delincuentes, luego recapturados. “El gobierno de Santa Fe de ese momento, en aquella gestión, lo define como de alto perfil. Pero para esa esa gestión alto perfil era solo un rótulo: no tenía restricciones en sus movimientos y vida diaria. Le ponían el rótulo de alto perfil pero el riesgo seguía siendo tan alto como antes de esa denominación”. Cococcioni agregó que en ese momento “se hicieron gestiones desde Santa Fe para que se lo lleven junto a otros también considerados de mayor riesgo al Servicio Penitenciario Federal”.

“Laferrara deambuló por varios establecimientos federales, porque en algún momento había coincidido que lo habían trasladado al mismo penal donde estaban los líderes de Los Monos”, rememoró. Vale señalar que la banda de Los Monos y la de Alvarado están enfrentadas. “Se dan cuenta del error, lo trasladan. Va a parar al penal de Devoto hasta que en un momento notan que no estaba. Después descubren cómo fue la fuga, que salió en un container de basura, una maniobra con algo de complejidad”, agregó el funcionario. “En un momento no se sabía si estaba vivo o muerto; si estaba en el país o no. Hablamos del jefe de sicarios de la banda de Alvarado. Así como a él casi lo hacen fugar en un helicóptero se especulaba con que a Ferrara lo habían ayudado a escapar a un país limítrofe. Por eso había alerta roja de Interpol con pedido de búsqueda y extradición”.

Con la asunción de las nuevas gestiones, nacional y provincial, Laferrara pasó a ser un objetivo principal por el peligro que significaba esta persona en libertad. “Había rumores de que Caníbal estaba planeando un crimen de alto impacto político. Solo podemos conjeturar porque de estos temas no suele haber evidencias concretas. Lo cierto es que la persona número 1 a la que habría mandado Alvarado para cometer un hecho de ese nivel de atrocidad o de otros hechos contra la población civil, era él. En cualquier caso era una bomba de tiempo para los santafesinos que esta persona estuviera en libertad”, afirmó el ministro.

Sobre el procedimiento conjunto del viernes, Cococcioni dijo: “Teníamos casi confirmado, pero no lo podíamos confirmar hace algunos meses, que Laferrara estaba en Andino. Era un riesgo muy alto entrar sin tener la certeza de que iba a estar ahí, porque de alguna manera se quemaba la operación y si se descubría lo perdíamos para siempre. Por eso se tomó la decisión de aguardar hasta tener confirmación, evidencia concreta de que estaba, una fotografía incluso y recién ahí se tomó la decisión de intervenir porque el riesgo de perderlo de vista era muy alto, junto al riesgo en homicidios futuros”.

Vale señalar que para el procedimiento fue clave el trabajo entre la creada área de Inteligencia Criminal en la Provincia, y el trabajo mancomunado con Nación, la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación, y el Poder Judicial. Eso terminó en la detención de Laferrara, y que además quedaran a disposición de la Justicia un hombre y una mujer.

La nueva realidad del líder de la banda que inició el tiroteo en avenida Alem en marzo de 2022, que dejó como saldo un muerto y dos personas heridas, es compartida por él y su novia a través de una cuenta conjunta en la red social TikTok.

Sandro Ariel Mendoza (28), alias el "Cone", cumple condena a 9 años de prisión en la cárcel de Coronda. Hasta allí se traslada su novia, Brenda Bergallo (22), quien si bien actualmente está en libertad, fue condenada por intentar ingresar al penal con un DNI falso.

En los distintos videos que publicaron en una cuenta comparten fotos y videos tomados en el interior de la cárcel. El "Cone" muestra momentos de su vida cotidiana en el penal y ella comparte cómo se prepara para ir a verlo.

En los comentarios, algunos usuarios les preguntan dónde está alojado, e incluso uno de ellos les manda saludos desde el penal de "olmos city".

En un rápido accionar del Ministerio de Seguridad santafesino, se realizó un operativo en la celda donde se alojaba el condenado y se encontró el teléfono oculto dentro de un televisor Led.

Posteriormente el preso fue trasladado al penal de Piñero. Cabe señalar que se le suspendieron las visitas.

Mendoza fue condenado a mediados del año pasado por la jueza Cecilia Labanca. De la investigación realizada por los fiscales Laura Urquiza y Bárbara Ilera, surgió que lideraba una banda que se autodenominaba "Lampp" ("La Mafia Matando Pulgas"), que buscaba encontrar al narco Claudio "Pulga" Casco, por entonces prófugo.

El grupo criminal operó al menos desde septiembre de 2021 hasta el 22 de noviembre de 2022, y su objetivo era la ocupación de territorio y la usurpación de domicilios ubicados en el sector noroeste de la ciudad de Santa Fe, haciendo uso de medios violentos, como amenazas y armas de fuego.

Por la balacera de la madrugada del 13 de marzo de 2022 a la salida del boliche "La Loca", ubicado en barrio Candioti Sur frente a avenida Alem, el "Cone" fue condenado como partícipe secundario de "homicidio", "lesiones leves dolosas" y "lesiones graves dolosas", todos los delitos agravados por el uso de arma de fuego. El joven asesinado, Gonzalo "Pandu" Ojeda, estaba vinculado al "Pulga" Casco.

Además, al "Cone" lo sentenciaron como jefe de "asociación ilícita", y coautor de "violación de domicilio", "amenazas calificadas", "robo" y "lesiones leves dolosas agravadas", todos delitos cometidos en el marco de las usurpaciones que realizaba la banda que lideraba.

Brenda fue condenada por la jueza Susana Luna en junio de 2022, como autora de "encubrimiento agravado" y "utilización ilegítima de documento correspondiente a otra persona" en dos oportunidades.

Colaboró con la banda liderada por su novio tras el tiroteo en avenida Alem, buscándolos en un auto para ayudarlos a darse a la fuga. A diferencia de su novio y del resto de la banda, la mujer logró permanecer prófuga, y terminó siendo detenida cuando intentaba visitar a su novio que cumplía prisión preventiva en la cárcel de Coronda.

Luego de haberse cambiado el "look" para pasar desapercibida, utilizando el DNI de otra persona se presentó en el penal, haciéndose pasar por la prima de Mendoza. Los agentes del Servicio Penitenciarios se dieron cuenta, fue detenida e imputada.

Bergallo firmó un juicio abreviado, y le impusieron la pena de 3 años de prisión en suspenso, debido a que era su primera condena.

Se llevaron adelante esta mañana los tres primeros derrumbes de puestos de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico. Los tres estaban en zona de calle Cochabamba, en la intersección con Iturraspe. 

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue quien brindó los pormenores en el lugar al momento de dialogar con los medios de prensa: “Hoy estamos cumplimentando las tres primeras medidas de inactivación coercitiva de puntos de venta de estupefacientes ordenadas por la Justicia a instancias del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe; estamos inactivando -mediante desmantelamiento y derrumbe- tres lugares que fueron señalados, indicados en audiencia como punto de venta de estupefacientes”, explicó.

El ministro afirmó que “hoy se da inicio puntualmente en la ciudad de Santa Fe, a una parte de la política de microtráfico que ha generado la provincia a partir de la Ley de Federalización que consiste en atacar fuertemente la venta minorista, la venta en barrios y poder así devolver un poco de tranquilidad a los vecinos que muchas veces no podían salir de sus casas porque alrededor de un punto de venta de droga en un barrio hay disparos de armas de fuego, hay gente, hay desorden urbano, hay desorden social”. 

Cococcioni dejó en claro que “entendemos que más allá de lo que es la política de drogas como política sanitaria a nivel nacional, nosotros como Provincia tenemos que pensar también el impacto en la violencia territorial que desencadena la venta de drogas, así que esto es la anulación de este lugar como punto de venta”.

En toda la provincia

El funcionario contó que “esto es muy frecuente en distintos puntos, a lo largo y ancho de toda provincia, y le diría que ha ocurrido también la misma problemática en otras provincias; también hay intervenciones judiciales que por ahí resultan en detenciones o en imputaciones a las personas, pero muchas veces el que atiende un kiosco de drogas o es una persona fungible dentro de una organización que los maneja, con lo cual si uno de alguna manera desactiva el kiosco, uno detiene dos o tres personas y mañana hay cinco más ocupando ese lugar”, señaló.

“Se trata de bloquear de cualquier manera la posibilidad que, en el medio de un barrio y el medio de un vecindario, se instale esta lógica mafiosa que no deja a la gente vivir en paz”, aseveró.

Finalmente, Cococcioni informó a los vecinos que “ni siquiera hace falta formalizar la denuncia, con el mero anoticiamiento se toma con Fiscalía y las áreas de inteligencia; no vamos a exponer a los vecinos a declarar porque pensamos en preservar a quienes nos brindan información. Así que pueden comunicarse con la página web del Ministerio de la Acusación, ir a un Centro Territorial de Denuncias, a una comisaría o llamar al 911”, alentó.  

En tanto, el fiscal Diego Vigo destacó “el trabajo interagencial en el que se ha priorizado el abordaje de determinados puntos de venta y se ha materializado de esta manera la recuperación del espacio público que tiene un efecto simbólico muy importante, entonces el vecino pueda recuperar cierta tranquilidad de pacificación social”.

Primeros derrumbes

La demolición de estos tres búnkeres de venta de drogas, situados en la misma zona capital provincial, se suman a los 20 derrumbados en Rosario y localidades cercanas, tras haber sido identificados y judicializados en el marco de la Ley de Microtráfico. Esos 20 eran puntos de venta ubicados en Tiro Suizo, Empalme Granero y La Tablada de Rosario; uno en Fray Luis Beltrán, uno en Villa Constitución y uno en Puerto General San Martín.

Se conocieron imágenes de la nueva flota de patrulleros de la policía de la provincia de Santa Fe. Este viernes se entrega el primer lote de 33, de un total de 100 por contratación directa

La presentación se realizó en un acto oficial en la Estación Policial Sudoeste de la ciudad de Rosario, en Crespo y Av. Sabattini, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública.

El mismo fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Todos los vehículos que la Santa Fe incorporará cuentan con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento que son necesarias para que los autos puedan efectivamente ser utilizados como patrulleros, asegurando su fortaleza, durabilidad y equipamiento tecnológico.

El presupuesto oficial para el total de 700 unidades a adquirir es de 27.300 millones de pesos, una cifra equiparable al déficit de marzo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, según se encargó de subrayar el gobernador Maximiliano Pullaro a mediados de abril.

La convocatoria a licitación por medio de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria es por las que se le concedió a dicha dependencia en materia etapas de proyectos, contratación, adjudicación, ejecución, supervisión y dotación de infraestructura, de obra pública, bienes y servicios prioritarios en la materia; y en virtud de la puesta en vigencia de la Ley N° 14.237 "Estado de Emergencia en Seguridad Pública en la Provincia de Santa Fe".

El decreto que reglamentó la Emergencia en lo referente a las contrataciones de bienes y servicios facultó a dicha Unidad “con el propósito de garantizar que todas las adquisiciones y contrataciones realizadas sean efectuadas de manera rápida, eficiente y transparente, con un enfoque prioritario en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en situaciones de emergencia”.

El pliego de bases y condiciones tiene 30 páginas donde establece que las ofertas serán presentadas en sobre único, pudiendo ser en pesos o en dólares. Prevé que la entrega de los 700 vehículos se realice en un plazo no superior a los 90 días de la adjudicación.

La compra apunta a 700 vehículos sedan cuatro puertas, con baúl, identificable y equipados para patrullajes.

La agenda de trabajo conjunto que vienen llevando adelante el gobierno de Venado Tuerto con el Gobierno provincial tuvo su continuidad este miércoles con una jornada donde se hicieron anuncios importantes en materia de Seguridad para el sur santafesino y se ratificó la decisión de dotar de mayor infraestructura y personal a los departamentos sureños. 

En conferencia de prensa, el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucia Masneri y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur-sur santafesino, Nahuel Pasquinelli, destacaron los puntos más importantes de la presencia en la ciudad, haciendo hincapié en el trabajo para fortalecer la seguridad en Venado y en la región, las diferentes convocatorias para sumar recurso humano, la ampliación del sistema de videovigilancia venadense y se anunció la construcción de la nueva Alcaidía de Melincué, que estaría ubicada entre dicha localidad y Miguel Torres y estará en manos del Servicio Penitenciario.  

En la ocasión, el intendente destacó la jornada como una “continuidad a una agenda que nos marcó y que trabajamos en conjunto con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y que tiene ver con la posibilidad de que las políticas que se plantean desde el Gobierno provincial puedan llegar a los diferentes puntos, en este caso a nuestra ciudad, y tiene que ver con los diferentes programas que hemos presentado para ampliar el Sistema Municipal de Videovigilancia”. 

Además, anticipó una recorrida por el Centro de Monitoreo ubicado en el Palacio Municipal, que está siendo ampliado a través del programa Vínculos. “En esta ocasión particular, estaremos haciendo un monitoreo del trabajo que se viene generando en virtud del patrullaje, de la presencia policial en nuestra ciudad, de los hechos delictivos, también del trabajo coordinado con la justicia, con la fiscalía y con los diferentes actores sociales que forman parte del entramado de la seguridad, y también con la convocatoria que se hace a los agentes retirados que puedan volver a prestar funciones dentro de las fuerzas como una herramienta para poder fortalecer el patrullaje y poder fortalecer la cuestión operativa de las fuerzas de seguridad”.

A su turno, la isabelense Georgina Orciani puso el acento en la decisión del Gobierno provincial en dirigir recursos para la cartera que integra, considerando que “uno puede tener una verdadera decisión política, pero si no se le asigna partida presupuestaria, cae en saco roto, y esta no es la situación que pasa en materia de Seguridad y Justicia, donde hay una férrea decisión política del gobernador (Maximiliano Pullaro) y de nuestro ministro (de Seguridad, Pablo Cococcioni), y por ende una correspondiente asignación presupuestaria”.

La ex diputada provincial, en cuanto a la presencia en Venado Tuerto, expuso la “planificación en materia de Justicia y Seguridad en la localidad y en la región, pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad de Rosario, con la constitución del Comité de Crisis que emerge por una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, y abocando los recursos, pero sin descuidar el entramado de Seguridad y la planificación que tenemos en el resto de la provincia” añadiendo que “para nosotros es tan importante el santafesino que vive en Venado Tuerto, o en La Chispa, como el que vive en Rosario o en las grandes urbes, y para eso es importante reconocer la enorme labor que realizan los gobiernos locales, que no despliegan su responsabilidad en materia de seguridad pudiéndolo hacer, sino que se acoplan al plan dispuesto por el Gobierno provincial”.

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucia Masneri, puso sobre el tapete la falta de recursos, lo que atribuyó a “largos años sin obra pública penitenciaria. Recientemente hicimos una licitación en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario donde anunciamos un mínimo de 3.300 plazas para personas detenidas”, reconociendo que “esto viene de la mano de la necesidad de recursos humanos” 

En ese sentido, indicó que “está abierta la convocatoria para que las personas que tengan hasta 29 años se inscriban como agentes penitenciarios. La preinscripción se realiza muy fácilmente, de manera digital, y es hasta este viernes 19 de abril”. 

Con esta incorporación, la cantidad de agentes del Servicio Penitenciario santafesino rozaría los 5.000.

Seguidamente, Masneri enfatizó en la decisión, “desde el gobernador hasta abajo” sobre la necesidad de priorizar los departamentos del sur de la provincia. Por eso, “esta convocatoria tiene un 55% asignado a los departamentos del sur de la provincia, donde además está puesta la mayor parte de la obra pública y la mayor parte de las cárceles; nuestros espacios de trabajo se centran de Rosario para abajo”. 

“Necesitamos que se inscriban, que participen, que vuelva a ser fuerte el sur provincial”, sostuvo, agregando que, “cuando tengamos la alcaldía de Melincué estaría en manos del Servicio Penitenciario, lo que sin lugar a dudas es lo que más permite la operatividad policial”.

Reiterando el llamado para futuros agentes, la funcionaria recordó que “hasta el viernes 19 es la preinscripción online y después la presentación de papeles. El requisito es el básico, la secundaria. El resto de la capacitación y los demás se brinda a partir del servicio penitenciario”. 

Sobre la carrera, esgrimió que “no es la carrera policial, son dos escuelas completamente distintas. Se ingresa como suboficial y tiene seis jerarquías adentro, es decir, que se puede ascender desde esa jerarquía que no es una sola y que, además, una vez que la persona ingresa, si decide realizar la carrera de oficial puede seguir creciendo en su carrera”.

“Se propone crecimiento profesional, trabajo seguro y estar de Rosario para abajo, o sea, en el sur provincial. Es una gran oportunidad para las personas que aún tal vez no saben qué quieren estudiar, no saben a dónde quieren ir. El Servicio Penitenciario es un excelente lugar para aprender, capacitarnos y profesionalizarnos y, por supuesto, brindar a todos los vecinos la seguridad que necesitamos”. 

En una noticia trascendente para General López, Lucia Masneri anunció que, que el pase de mando de la Alcaidía de Melincué, actualmente en manos de la Policía de Santa Fe, a Asuntos Penitenciarios “depende de la construcción de una nueva Alcaidía, como siempre. La Alcaidía de Melincué no está en condiciones de ser arreglada, esto no es información nueva. Se construirá una Alcaidía nueva, como las de Rosario y como las de Santa Fe que ya están construidas”.

Según expuso, la nueva Alcaidía estaría en el distrito de Melincué, entre esa localidad y Miguel Torres. 

Cobertura: Mauro Dalmazzo

El Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, implementa, en todos los partidos de la provincia, el programa nacional “Tribuna Segura” que permite identificar personas con pedido de captura de la justicia, con derecho de admisión a los estadios por alguna causa abierta o proceso judicial en curso.

El pasado fin de semana, en el marco de los operativos realizados, efectivos de la policía de Santa Fe detuvieron a Sabrina B., de 46 años, que intentaba ingresar al partido entre Newell’s y Boca que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. La mujer, quien está vinculada a una banda de criminalidad organizada de Rosario, tiene pedido de detención nacional por amenazas extorsivas y venta de estupefacientes desde el año 2021.

Por otro lado, en Santa Fe, en el ingreso al estadio Brigadier López para el encuentro de Colón Chicago, detuvieron a David R. de 21 años que tenía pedido de captura activa por más de 10 causas de amenazas, robos calificados, abusos de armas de fuego, entre otras.

Al respecto, el director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo explicó que “el programa de tribuna segura es una herramienta súper importante porque además de controlar el ingreso de violentos o hinchas con antecedentes nos permite llevar un control e identificación de las personas que ingresan por cada puerta del estadio”.

“Si bien el control de acceso de simpatizantes es de un 60 % del total de espectadores, en estos meses tuvimos un buen número de capturas, admisiones y pedidos de paradero de personas desaparecidas”, indicó el funcionario.

El programa de Tribunas Seguras, que depende del Ministerio de Seguridad de Nación, funciona en 10 provincias del país. En Santa Fe se aplica en los cinco estadios principales de Atlético Rafaela, Colon, Unión, Central y Newell’s en partidos de la Liga Profesional de Futbol, de la Primera B Nacional y Copa Argentina. También las distintas Unidades Regionales tienen a disposición teléfonos con el programa de Tribuna Segura activa para utilizar en partidos destacados de las Ligas Federadas de la provincia.Desde inicios de la gestión hasta principios de abril el programa estuvo en la cobertura de 22 partidos, con un total de 7522 efectivos policiales de la provincia afectados a los operativos.

Como resultado hubo 24 admisiones, 9 prohibiciones administrativas, 20 pedidos de captura y 6 con prohibición judicial.

Además, en el estadio de Colón hubo un total de 31 admisiones preventivas de la barra “La Negrada” por ocasionar disturbios e incitar a la violencia.

Con una inversión del Estado provincial de más de 7.700 millones de pesos, la obra alojará a 320 presos. El acto se realizará este martes 9, a las 10, en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Para avanzar en el traslado de presos alojados en las comisarías a dependencias del Servicio Penitenciario y así optimizar el trabajo operativo en calle de la Policía de Santa Fe, el Gobierno provincial abrirá los sobres con las ofertas económicas para la construcción de cuatro nuevos pabellones, para alojar a 320 reclusos, en el Complejo Penitenciario Rosario. La obra tiene un presupuesto de más de 7.700 millones de pesos, y se proyecta que esté terminada en menos de un año.

El acto se llevará a cabo este martes 9 de abril, a las 10, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

"Realizaremos la apertura de sobres de la licitación y posteriormente, la adjudicación de la obra de la Sub Unidad 4 en el Complejo Penitenciario de Rosario, lo que nos permitirá alojar a 320 internos más", detalló la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri.

Cabe recordar que, actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones.

La funcionaria enmarcó esta obra en el contexto actual del Sistema Penitenciario provincial: "Cuando inició la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, recibimos más de 1.700 presos en comisarías, de los que hoy quedan 1.330 aproximadamente. Esta obra, como ya lo anticipamos, servirá para reforzar el traslado de internos de comisarías al Servicio Penitenciario. Así, además, desde el Estado provincial vamos poniendo de nuevo en movimiento la rueda de la construcción de cárceles, porque esa es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro en función de una política de seguridad integral". Masneri recalcó que sacar los presos de las comisarías "nos permite garantizar tanto la operatividad en calle de la Policía de Santa Fe, como el control de los internos dentro de las unidades penitenciarias".

La obra fue diseñada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, que depende directamente del gobernador Maximiliano Pullaro. A cargo de esa unidad está Diego Leone, quien confirmó que desde que se anunció el llamado a licitación "hubo muchas empresas, tanto santafesinas como de otras provincias, que se mostraron interesadas en conocer detalles. El martes conoceremos cuáles son las ofertas para posteriormente avanzar en la adjudicación", señaló el funcionario.

Leone además brindó detalles sobre esta ampliación del Complejo Penitenciario, ubicado en 27 de Febrero al 7800: "Se realizará en un terreno vacante. La obra consiste en 4 pabellones, y se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora vamos a concretar los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos".

También apuntó datos constructivos de la obra: "Buscamos un método constructivo de sistemas pre moldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón 'in situ', pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería pre moldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses".

Esta obra tendrá 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados serán destinados a áreas recreativas y patios.

La construcción demandará una inversión -a valores a diciembre de 2023- de 7.744.776.033,19 pesos. El inicio de obra está planificado para junio de 2024 y la fecha de finalización se estima para marzo de 2025.

El acto se llevará a cabo este martes 9 de abril, a las 10, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley N° 14253 que instaura los juicios por jurados en la provincia para cuatro tipos de delito mientras que el ministerio de Justicia y Seguridad ya trabaja en la confección de los listados principales de ciudadanos que participarán del sorteo para integrar esos cuerpos.

Más allá de este plazo de 30 días para confeccionar la lista, en Justicia y Derechos Humanos se aclaró que no es inminente la entrada en funcionamiento de los juicios por jurados. Es más, lo primero será conformar una mesa de trabajo para la implementación del sistema que se aplicará para los delitos de homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte; robo calificado por homicidio y el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco de servicio.

"Estamos definiendo los alcances de la mesa que, en principio tendrá a la Corte Suprema de Justicia, representantes del Ministerio Público de la Acusación, del servicio de la Defensa; universidades nacionales, colegios de abogados", señaló un vocero de esa cartera ante la consulta de El Litoral.

Otro vocero de la cartera señaló que será clave la difusión pública que se haga del sistema para que la ciudadanía se entere cómo funciona el sistema, cuál será el rol de los jurados, qué obligaciones tendrá, etc.

Los proyectos para reglamentar juicios por jurados tuvieron un largo y fallido trámite parlamentario en la provincia hasta este año en que la Legislatura acompañó la decisión del Poder Ejecutivo de dictar la ley respectiva. Lo aprobó Diputados, luego el Senado introdujo algunas correcciones y fue Diputados que terminó aceptando el texto que -sin observaciones- ya fue promulgado.

Tema no menor es armar el padrón para el sorteo de ciudadanos con los filtros de quienes deberán ser excluidos del sorteo: profesionales del derecho, morosos alimentarios, funcionarios de los tres poderes del Estado, etc, advirtió uno de los funcionarios que trabaja en la reglamentación de algunos aspectos de la norma.

Una de las primeras cuestiones a resolver por la mesa de implementación es determinar si aplicación del juicio por jurados será en toda la provincia o bien por circunscripciones y en caso de primar esta última alternativa, por cuál de las cinco regiones judiciales avanzar. En esa mesa se definirá además qué artículos de la ley ameritan una reglamentación específica.

El artículo 93 de la ley es taxativo y marca que "dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la presente, el Ministerio de Justicia y Seguridad procederá a confeccionar los listados principales de ciudadanos detallados en la presente y a efectuar el correspondiente sorteo en audiencia pública. El resultado del sorteo será inmediatamente remitido a la Corte Suprema de Justicia a los fines previstos en la presente. Si por cualquier razón los listados principales no estuviesen confeccionados dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento será iniciado y concluido por la Corte Suprema de Justicia, a cuyos efectos convocará a través de las respectivas oficinas de gestión judicial de cada circunscripción a la audiencia pública a que refiere el artículo 14, llevará a cabo el sorteo y la posterior depuración con el objetivo de definir el primer listado definitivo".

Según la norma, el jurado estará integrado por 12 miembros titulares y, como mínimo, por 2 suplentes, y es dirigido por un Tribunal penal unipersonal. El Tribunal puede ordenar que haya más suplentes, según la gravedad o complejidad del caso. El panel de jurados titulares y suplentes debe garantizar la paridad de género entre varones y mujeres. Está previsto que este tipo de juicios se realicen en la circunscripción judicial en la que se hubiera cometido el hecho delictivo. "Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el juez puede disponer, sólo a pedido del acusado y mediante resolución fundada, que el juicio se lleve a cabo en otra circunscripción judicial, mediante sorteo público", dispone la ley.

El capítulo II de la norma es el que determinada las condiciones para ser jurado y las incompatibilidades que motivarán la depuración del padrón. El capítulo siguiente está destinado a la formación, publicidad y notificación de las listas de jurados mientras que el siguiente regla la preparación del juicio. Los artículos posteriores apuntan a definir la integración del tribunal así como deberes y derechos de cada uno de los jurados.

El marco legal marca las reglas que se deben cumplir en dichos juicios así como se debe hacer la clausura del debate, las instrucción, deliberación y el veredicto. "El veredicto declara al acusado 'no culpable', 'no culpable por razón de inimputabilidad' o 'culpable' sin ningún tipo de aclaración o aditamento, salvo el veredicto de culpabilidad, que debe indicar el delito o grado de éste por el cual debe responder el acusado. Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con otros delitos inferiores necesariamente incluidos en el delito mayor, el veredicto rendido especifica el grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado", dice el texto. En principio se deberá dar el veredicto por unanimidad aunque luego se acepta una mayoría de diez integrantes.

Los últimos capítulos de la ley se encargan de modificar algunos artículos de la Ley 10.160, la Orgánica del Poder Judicial para dar cabida al nuevo instituto.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la incautación de más de 1.800 celulares en las requisas que se realizaron, desde el inicio de su gestión, en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe.

Durante una visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, con quienes observó los 1.800 dispositivos incautados en los diferentes penales durante las requisas que se llevan adelante desde que asumieron las nuevas autoridades.

Con los celulares ocupando gran parte del patio que la institución posee en la ciudad de Santa Fe, el gobernador resaltó que la decisión de llevar adelante estas requisas "se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad; y de muchos delitos que, se probaron, se cometían desde la cárcel, con teléfonos celulares. Producto del control que se está teniendo de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión", detalló.

A continuación, Pullaro indicó la importancia de "las herramientas que la Legislatura nos dio y que nos permitieron intervenir con más fuerza y tener mayor niveles de control en el Servicio Penitenciario, porque el Estado tiene que tener lo mecanismo que permita limitar la comisión permanente de delitos".

"Hoy la sociedad puede ver algún tipo de resultado que le ha dado el Gobierno, pero fundamentalmente los poderes del Estado", destacó el gobernador, al tiempo que manifestó: "Somos conscientes de las críticas, pero solamente estamos haciendo cumplir la ley y la Constitución de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe"

Durante la visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

Por su parte, Cococcioni detalló que "estos 1.800 celulares son equivalentes, en número, a todos los secuestrados en los cuatro años anteriores" y destacó "la decisión, que ha tomado el Gobierno de Santa Fe y ejecutado la Secretaría de Asuntos Penales y el Servicio Penitenciario, de restituir los grupos de requisas organizados, que habían sido disueltos".

El funcionario precisó que "la decisión fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva, no se le avisa a los directores de unidad; y que reporta directamente a la directora del Servicio Penitenciario, por vía de su plana mayor. Esto permite, por supuesto, una mayor efectividad, porque quienes están en el grupo de requisas no tienen contacto regular y familiar con los privados de la libertad, y actúan como un grupo de choque externo".

Asimismo, el ministro detalló que los celulares incautados "están a disposición del Ministerio Público de la Acusación, porque entendemos que la mejor opción siempre es una investigación externa e imparcial".

Por último, Cococcioni manifestó que "la realidad nos exige ser contundentes en nuestra acción. A lo mejor hace 10 ó 15 años el celular podía ser considerado inofensivo, pero hoy, en un contexto de criminalidad organizada, no tenemos más alternativa que proceder de esta manera, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan manejando sus organizaciones desde dentro de la cárcel".

La provincia de Santa Fe abrió la convocatoria a personal retirado de la Policía para realizar funciones operativas para la custodia de escuelas, hospitales o edificios públicos de la ciudad de Rosario. "La convocatoria es para retirados de toda la provincia" le aclaró a El Litoral la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani. Uno de los requisitos exigidos es que se hayan retirado en la última década y por supuesto sin haber sido sancionado o exonerado.

Orciani precisó que la convocatoria es para prestar servicios, en principio, por 18 meses que es el plazo estipulado de la vigente Ley de Emergencia en Seguridad de la provincia, la Nº 14237, una de las primeras dictadas en el inicio de la actual gestión. El artículo 13 de la norma habla sobre la reincorporación del personal retirado. "El Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para convocar personal retirado de las fuerzas de seguridad a reincorporarse al servicio activo. La retribución que recibirán será equivalente al doble del importe que perciban en su calidad de retirados, no rigiendo al respecto ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 57 de la Ley N° 6830 durante ese período. El Poder Ejecutivo debe confeccionar la nómina del personal a convocar, no existiendo un derecho a favor del personal retirado a ser convocado por fuera de dicha nómina". En el siguiente artículo se aclara que "en ningún caso puede reintegrarse al servicio a personal de la Policía de la Provincia que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena".

En el artículo 15 ordena que el personal de las fuerzas de seguridad que hubiera sido reincorporado conforme lo establecido en los artículos precedentes y hubiere permanecido en el servicio activo por un plazo mayor a 18 meses demostrando un desempeño ejemplar en el ejercicio de sus funciones, podrá obtener un ascenso extraordinario de un grado en la escala respecto de la que ostentaba cuando se concretó su reincorporación. El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento para obtener dicho ascenso".

En este caso, dijo Orciani, que el llamado es para desempeñar funciones en la Unidad Regional II, en Rosario. Los interesados deben inscribirse, de manera presencial, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Rosario, o en las delegaciones del resto de la provincia.

El anuncio de la convocatoria lo había adelantado el gobernador Maximiliano Pullaro durante la conferencia de prensa que realizó, junto a los ministros nacionales de Seguridad, Patricias Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, para brindar detalles sobre el trabajo conjunto: "Estamos lanzando, en este momento, una convocatoria a todos los policías retirados para cubrir funciones, solamente, operativas. Estamos poniendo todos los recursos necesarios para desentrañar esta lógica criminal", precisó el mandatario santafesino en esa oportunidad", señaló.

Para Orciani "es una medida extraordinaria dentro del marco de la situación compleja que vive la ciudad de Rosario, y toda la Unidad Regional II. Convocamos a todos los policías retirados, por causas ordinarias y que no estén condenados por delitos contra la administración pública ni hayan sido exonerados de la fuerza, para que se reincorporen y vuelvan a ser personal activo. La ley Nº14.237, de Emergencia en Seguridad, es la que nos ha posibilitado contar con esta herramienta para recuperar personal operativo".

Recalcó que esta convocatoria es "para desempeñar tareas únicamente en la ciudad de Rosario" y permitirá al gobierno provincial "contar con un nuevo recurso que posibilita las tareas operativas en edificios públicos y que ese personal que hoy está abocado a esas tareas pueda ser volcado a tareas operativas en calle".

Orciani aclaró que "quienes cumplan con la normativa y puedan ser reincorporados como personal activo", recibirán una remuneración que significa "el doble de lo que percibían como personal retirado, por lo cual sus haberes dejan de ser abonados por la Caja de Jubilaciones de la Provincia y pasa a ser personal activo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia".

Los interesados deberán inscribirse, de manera presencial, en la ciudad de Rosario, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, situado en calle Santa Fe 1950, en el subsuelo, oficina 4; en la ciudad de Santa Fe, en el Ministerio, planta baja, oficina 6; y en las ciudades de Reconquista y Rafaela, en las oficinas de Asuntos Internos; y en Venado Tuerto, en el Nodo Regional.

La Cámara de Diputados realizará este jueves el reconocimiento a mujeres e instituciones santafesinas por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres. La actividad -en el recinto- será encabeza por la presidenta del cuerpo, Clara García, la primera mujer en presidir la Cámara Baja de la provincia en la historia institucional santafesina.

El reconocimiento a las mujeres en fechas cercanas al 8 de marzo tiene una larga historia en la Cámara de Diputados y se inició a instancias de Alicia Gutiérrez, legisladora que integró las bancadas del Frente Progresista, Cívico y Social.

Los nombres para esta ocasión ya fueron acercados por los integrantes del cuerpo y la distinción se hará este jueves, día en que no han sido citadas las cámaras a sesionar. Son 21 mujeres, una de ellas ya fallecidas y dos instituciones: la Asociación Civil de Hockey Amateur de Rosario y la Corriente Clasista y Combativa.

Las mujeres a ser reconocidas este año son Isabel Mac Donald (post morten), Susana Stochero, María Amalia Lucca, Nadia Fink; María Soledad Aramendi, Ivana Victoria Taborda, María Herminia Rabasedas, Juana Rodríguez, Noemí Berros, María Celeste Ortega, Stella Maris Kennes, María Gisela Ferreghini, Lidia Sartoris Ángeli, Irene Delfino, Ana María Deambrosi, Graciela Brondino, Betina Zubeldía, Carolina Cristinziano, Stella Maris Celestino, Alicia Perna y Araceli Díaz.

El diputado Dionisio Scarpin propuso el nombre de Alicia Perna e informó que es por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres en el norte santafesino. "Esta instancia nos permite visibilizar el trabajo que las mujeres de nuestra provincia llevan adelante en pos de la igualdad y la defensa de derechos. Alicia, siempre estuvo comprometida con la lucha social como representante gremial, como militante de la UCR y también como propulsora de actividades y espacios, que la convirtieron en una de las principales referentes en temas de género, en el norte santafesino", afirmó el legislador.

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados invitó para este jueves al presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, a la reunión semanal para analizar la crisis del sistema urbano e interurbano a partir del retiro de subsidios por parte del gobierno nacional. Lucila De Ponti encabeza la comisión de Transporte y confirmó que el objetivo es conocer de boca de los empresarios su mirada sobre el sistema.