A través de la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso nuevas medidas para bloquear el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.

La decisión se formalizó este lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del sistema carcelario: las comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles federales.

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece la implementación de tecnología específica para detectar y neutralizar dispositivos móviles dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, en línea con lo que ya prevé la legislación vigente.

El eje central de la resolución es la autorización para instalar sistemas de detección y bloqueo de códigos IMEI e IMSI, herramientas técnicas que permiten identificar y anular la operatividad de teléfonos celulares. El objetivo es impedir que internos utilicen estos dispositivos para coordinar delitos desde el encierro.

La medida se apoya en lo dispuesto por la Ley 24.660, que regula el régimen penitenciario. Si bien esa norma garantiza el derecho de los detenidos a mantener contacto con el exterior, también prohíbe expresamente las comunicaciones a través de equipos móviles no autorizados.

En ese sentido, desde la cartera de Seguridad se remarcó la necesidad de reforzar los controles ante el uso creciente de tecnología en maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales.

El argumento oficial pone el foco en la seguridad pública. Según se desprende del texto, la utilización de celulares en cárceles federales ha sido detectada como una herramienta clave para la planificación de delitos, extorsiones y otras actividades ilegales.

La resolución también se vincula con antecedentes normativos como la resolución conjunta firmada en 2019 junto al Ente Nacional de Comunicaciones, que habilitó el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad.

Bajo ese marco, el Estado busca “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas delictivas que se gestan intramuros, fortaleciendo el rol del sistema penitenciario como espacio de cumplimiento de pena y no como base operativa del crimen organizado.

Otro de los puntos clave de la normativa es la instrucción a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para que lleve adelante el proceso de adquisición, instalación y supervisión de los equipos.

En paralelo, se establece la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que los bloqueos de señal afecten zonas externas a los establecimientos penitenciarios, un aspecto que en experiencias previas generó controversias.

Además, la resolución aprueba un manual de procedimiento específico que fija los lineamientos operativos para la detección y bloqueo de dispositivos, lo que marca un intento de estandarizar los controles en todas las unidades federales.

Con entrada en vigencia inmediata, la medida abre una nueva etapa en la política de control carcelario, con foco en la tecnología como herramienta para limitar la criminalidad organizada desde el encierro.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles este miércoles por la mañana sobre los avances en la investigación del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.

Ambos funcionarios coincidieron en que el hecho se inscribe en un fenómeno vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional.

Durante la conferencia realizada en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pullaro destacó el trabajo articulado entre las fuerzas provinciales y federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. “Los indicadores de violencia y delito muestran niveles históricamente bajos, lo que refleja un abordaje coordinado e integral”, afirmó.

El mandatario santafesino sostuvo que el autor del ataque “no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying”, sino que participaba de una red internacional denominada TCC (True Crime Community), que promueve la fascinación por delitos violentos y, en algunos casos, la imitación de estos hechos en entornos escolares.

Según explicó, se trata de un fenómeno “nuevo y diferente” que obliga al Estado a desarrollar herramientas de prevención.

Pullaro también valoró la respuesta de la comunidad educativa de San Cristóbal, que -dijo- “trabajó con compromiso para atravesar una situación para la que no estábamos preparados”, y destacó el retorno paulatino a la normalidad en las escuelas.

Por su parte, Monteoliva resaltó el trabajo de los equipos de investigación y subrayó la importancia de mantener la reserva en este tipo de procesos para garantizar resultados. “No estamos ante un hecho aislado ni vinculado al bullying, sino frente a comunidades virtuales que reúnen a niños y adolescentes en torno a la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, explicó.

La ministra indicó que en Argentina se identificaron 15 casos vinculados a estas subculturas y que otros cuatro permanecen bajo análisis. En ese marco, consideró clave visibilizar el fenómeno para generar respuestas preventivas que involucren a familias, escuelas, educadores y comunicadores.

De la conferencia participaron también el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle; y el responsable de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas, Guillermo Díaz.

Díaz detalló que la investigación se inició a partir del análisis de redes sociales y derivó en allanamientos, peritajes digitales y la reconstrucción del hecho en el ámbito escolar. A partir del análisis forense del teléfono del agresor, se identificó la vinculación con otro menor, lo que permitió avanzar en nuevas medidas judiciales.

El funcionario explicó que la comunidad TCC es “transnacional, multifacética y descentralizada” y que sus integrantes -en su mayoría adolescentes- comparten contenidos en foros y plataformas cerradas, donde glorifican a perpetradores de masacres y, en algunos casos, planifican ataques.

Asimismo, señaló que los jóvenes investigados también presentaban vínculos con otras corrientes digitales como los llamados “incels” (célibes involuntarios) y grupos catalogados como de riesgo por organismos internacionales. “Se trata de entornos virtuales que pueden derivar en conductas extremas y requieren un abordaje específico desde el Estado y la sociedad”, concluyó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó este martes en Rosario la entrega de 100 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje de fuerzas federales, en el marco del Plan Bandera. Las unidades fueron aportadas por el Gobierno Provincial para colaborar en el trabajo de los equipos federales en la ciudad.

El acto se desarrolló en el Parque Independencia y contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; autoridades municipales, legisladores y jefes de cinco fuerzas federales.

En su intervención, Pullaro afirmó que la articulación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”. Según el mandatario, ese resultado fue producto de “ponerse espalda con espalda y no conceder ni un milímetro de ventaja a la delincuencia”.

El gobernador subrayó que esa estrategia se desplegó “sin violar garantías constitucionales”, y destacó el compromiso de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios políticos que “ponen el cuerpo” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Pullaro sostuvo que en Rosario “el narcotráfico no ganó ninguna batalla” y que la acción coordinada permitió “empujar hasta los límites al crimen organizado y a la violencia”. En ese marco, aseguró que 2024 y 2025 “fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe”.

El gobernador agradeció a Monteoliva, a su antecesora Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei por la “definición política” que hizo posible el Plan Bandera. También destacó el rol de la Legislatura provincial, con la que se avanzó en leyes “que nadie se animaba a debatir” frente a lo que calificó como una etapa dominada por una “corriente garantista”.

Asimismo, valoró el trabajo del Ministerio Público de la Acusación y de fiscales “muy comprometidos” que incrementaron las probabilidades de esclarecimiento de delitos contra la vida y contra las personas.

“Por primera vez en la Argentina los distintos niveles del Estado trabajamos juntos de manera inteligente para recuperar el orden y la paz que durante años se prometieron”, concluyó.

En otro tramo de su discurso, el alentó “a que se trate de una vez por todas el proyecto de la baja de imputabilidad. No puede ser que un menor cometa un delito de mayor y el Estado bobo no pueda perseguirlo ni hacer nada sobre esa persona”. “Veamos qué hacemos también con los inimputables -agregó-, cómo el Estado los puede tener para que no sigan cometiendo delitos violentos, y lo decimos acá, que hemos tenido muchos menores que han cometido homicidios para las organizaciones criminales. Animémonos a cambiar, y así vamos a poder lograr mejores niveles de seguridad”.

Monteoliva resaltó que el Plan Bandera es resultado de “articulación, coordinación y decisión política”. A su juicio, Rosario hoy “tiene otro rostro” y volvió a recuperar espacios públicos, actividades culturales y deportivas, aunque admitió que “en seguridad siempre hay margen para mejorar”.

La ministra destacó además los resultados de enero en materia de seguridad provincial y afirmó que no son fruto del azar, sino de “planificación, seguimiento y trabajo cotidiano” de las fuerzas federales y provinciales.

Las 100 camionetas forman parte de las 720 unidades adquiridas por Santa Fe en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Son Chevrolet Montana 4x2, preparadas para patrullaje: cuentan con paragolpes reforzados, rejas protectoras de luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

El Ministerio de Seguridad de la Nación abrió este viernes la inscripción para la carrera de Investigador del Delito, una propuesta formativa orientada a profesionales universitarios que deseen incorporarse a la Policía Federal Argentina (PFA) con funciones específicas en tareas de investigación criminal.

La ministra Patricia Bullrich fue quien encabezó el anuncio a través de sus redes sociales, con una consigna directa: “¿Querés ser detective? Te buscamos”. El mensaje incluyó el enlace oficial para acceder a los requisitos de ingreso.

Ilustración publicada por Patricia Bullrich para anunciar la convocatoria.

Según la información oficial publicada en argentina.gob.ar/seguridad/pfa, la propuesta está destinada a jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado.

Quienes resulten seleccionados accederán a un entrenamiento intensivo de nueve meses que abarca contenidos de investigación criminal, uso de tecnologías aplicadas y prácticas policiales. Al finalizar el curso, los egresados ingresarán a la fuerza con el grado de Subinspector.

La inscripción ya está abierta y se realiza de manera online a través del portal oficial del Ministerio de Seguridad. Allí se detallan los requisitos académicos, físicos y psicológicos que deben reunir los postulantes, así como las etapas del proceso de selección.

Desde el Gobierno nacional destacan que la formación apunta a fortalecer el cuerpo investigativo de la PFA, especialmente frente a delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado.

El comandante retirado Claudio Brilloni será el nuevo director de Gendarmería Nacional. El ex funcionario de la provincia de Santa Fe fue convocado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y ambos ya mantuvieron un encuentro en el que se conversó acerca del nuevo rol que tendrá el santafesino.

Brilloni, cuyo decreto de designación se conocerá en las próximas horas, reemplazará al comandante Rosendo Ponce.

Brilloni fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe durante el último tramo de la gestión de Omar Perotti, después de un recambio incesante de funcionarios en esa cartera que implicó la rotación de cuatro ministros. Con Bullrich ya había prestado colaboración, coordinando las fuerzas federales en la ciudad de Rosario durante la gestión de Miguel Lifschitz, y cuando la actual funcionaria era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Noticia en desarrollo…

El Gobierno de la Nación creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad con el fin de poder usar esas nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito, lo que incluye monitorear redes sociales, aplicaciones y sitios de internet.

La decisión fue adoptada a través de la Resolución 710 publicada este lunes en el Boletín Oficial firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido se argumentó que el uso de la Inteligencia Artificial “mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias”

De acuerdo a esa medida, la resolución establece que esa cartera podrá "prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial (IA)".

Es ese sentido fija que esa Unidad de Inteligencia Artificial podrá hacer el "monitoreo de redes sociales, apps y webs: La unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública".

También fija que se harán análisis en redes sociales "para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios".

Detalla que "la unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales" y se podrá utilizar robots para desactivar explosivos.

La nueva estructura de la Unidad de Inteligencia Artificial estará integrada por especialistas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes serán designados por sus respectivas autoridades.

La coordinación estará a cargo del Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Seguridad.

En los fundamentos de la resolución para crear esa unidad es que el "desarrollo de la IA representa uno de los cambios socio-tecnológicos más importantes de la década"

Agrega que "países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India ya son pioneros en su uso en áreas de gobierno y seguridad, aplicándola en análisis de videos y reconocimiento facial, predicción de crímenes, ciberseguridad, análisis de datos, drones y robótica, comunicación y coordinación, asistentes virtuales, automatización, análisis de redes sociales y detección de fraude y anomalías".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo con José Peña, el papá de Loan, y allí manifestó: "Acá hay gente que está callando y quiere la impunidad".

Con respecto al encuentro que tuvo con el papá del menor desaparecido hace casi un mes, Bullrich explicó: “Como ministerio le mostramos la profundización de esta investigación y que estamos involucrados”.

“No hay que desviarse de lo central y sobre quienes son los responsables. No queremos darles herramientas para que desvíen la causa”, manifestó.

Sobre la tardanza en el hallazgo de Loan, la titular sostuvo: “Sabemos que pasó tiempo y que no enteramos tarde, pero el compromiso es absoluto”.

“En nombre del gobierno nos hacemos cargo y seguiremos en contacto. La información sobre cómo sigue el caso la da la Justicia Federal, no damos hipótesis nosotros”, detalló.

Junto a José Peña, la funcionaria ratificó: “Hoy la situación de la familia es difícil después de tantos días, pero creo que se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa. La familia ya cuenta con seguridad personal”.

"Acá hay gente que está callando y quiere la impunidad", expuso.

Acerca de la actuación de Javier Milei en la causa y la posible reunión que solicitó Peña, Bullrich respondió: “El presidente está también en la investigación y espera que haya un desenlace feliz para acercarse a hablar con ellos, pero no puede responder”.

Luego, tomó la palabra el papá del menor desaparecido y dijo qué cree que ocurrió con su hijo: “Para mí Loan está vivo y lo quiero encontrar sano”.

“Quiero que el que lo tenga me lo devuelva. Pasaron 28 días y no sabemos nada de él”, expresó. Por último, José ratificó que confía en la investigación.

Para combatir el narcotráfico en una de las ciudades más afectadas por este flagelo, el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich anunció la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) y entró en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial mediante la resolución 360/2024.

Esta decisión surge como respuesta a la compleja problemática del tráfico y comercialización de estupefacientes que azota a la ciudad santafesina y busca optimizar los esfuerzos nacionales para enfrentar este desafío.

La Ley de Seguridad Interior N° 24.059 define la seguridad interior como la situación en la que se protegen la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como la plena vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. En este marco, el Decreto N° 8/2024, que modifica el Decreto N° 50/2019, redefinió el ámbito de actuación de los organismos del Ministerio de Seguridad, otorgando a la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada la tarea de coordinar estrategias contra el narcotráfico y el crimen organizado.

CREAMOS EL GRUPO ESPECIAL ANTINARCOTRÁFICO ROSARIO: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA DARLE BATALLA AL NARCOTERRORISMOA partir de hoy, el Grupo Especial Antinarcotráfico va a funcionar para dar soporte a las fuerzas que trabajan en el Plan Bandera de Rosario. Formado por…

El GEANRO, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, tiene como misión principal colaborar con la justicia federal y el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). El objetivo es asegurar un intercambio eficiente de información, recursos y capacidades entre las distintas entidades involucradas en la lucha contra el narcotráfico, facilitando así la agilidad y efectividad en la investigación de casos complejos.

El grupo estará compuesto por dos representantes de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Estos representantes serán seleccionados por su vasta experiencia en áreas investigativas, asegurando así que el GEANRO cuente con el personal más capacitado para enfrentar los desafíos del narcotráfico.

La coordinación del GEANRO estará a cargo de un Coordinador General, quien será la máxima autoridad en materia de drogas de una de las fuerzas participantes. Este rol rotará cada 24 meses entre las diferentes fuerzas, asegurando así una equitativa distribución de responsabilidades y una perspectiva variada en el abordaje del narcotráfico. El personal destinado al grupo prestará funciones por un período de dos años, prorrogables previa evaluación de su desempeño y los resultados obtenidos.

Para garantizar que el personal del GEANRO esté siempre actualizado y capacitado, se organizarán entrenamientos especializados impartidos por entidades nacionales e internacionales. Estos programas de formación están diseñados para desarrollar habilidades específicas en la investigación del narcotráfico y delitos conexos, permitiendo así una respuesta más efectiva a la criminalidad organizada.

La Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico actuará como punto focal en la coordinación y cooperación de investigaciones sobre organizaciones criminales complejas y redes delictivas. Esta estructura permitirá una mayor cohesión entre las diversas fuerzas y organismos involucrados, optimizando el uso de recursos y mejorando los resultados de las investigaciones.

La creación del GEANRO representa un hito en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. La ciudad, conocida por ser un punto neurálgico en el tráfico de drogas, experimento un aumento en la violencia y criminalidad asociada al narcotráfico en los últimos años. Con esta nueva medida, se espera una mejora sustancial en la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y una disminución en la incidencia de delitos relacionados con las drogas.

Resolución 360/2024 by El Litoral

Se limitaron las comunicaciones telefónicas desde prisión para los narcos rosarinos Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.

Alvarado se encuentra alojado en los pabellones de la Unidad Regional VI de la cárcel de Ezeiza. Había sido capturado en un camping de Córdoba y protagonizó un cinematográfico intento de fuga con un helicóptero.

Mansilla, al cual Alvarado le prometió venganza luego de un traslado desde Piñero, fue recapturado en un departamento del barrio Fontanarrosa de la ciudad de Rosario y actualmente se encuentra en Marcos Paz.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 298/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada este martes en el Boletín Oficial.

El documento cuenta con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el texto se detalla que por el término de 30 días se suspendieron las comunicaciones telefónicas de ambos líderes narcos “a excepción de aquellas que cursen con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubieran designado en carácter de defensores y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo y con los organismos de control”.

“Al término del plazo previsto, se formulará una consulta a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe respecto de la continuidad de la medida”, agrega la Resolución.

La misma se da en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal que tiene como objetivo enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

Resolución 298/2024 by El Litoral

El MPA firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) para abordar las investigaciones vinculadas con los mercados ilegales de armas de fuego.

El convenio, que apunta a desactivar los circuitos ilegales de armas, fue rubricado ayer en Buenos Aires. Lo firmaron la Fiscal General, María Cecilia Vranicich; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANMac, Juan Pablo Allan.

"El MPA va a comenzar no solo a investigar fraccionadamente aquellos delitos que se realizan con armas de fuego, sino también profundizar estratégica y focalizadamente el mercado ilegal de armas", sostuvo Vranicich.

"Con este acuerdo generaremos instancias de colaboración interinstitucional y de intercambio de información para trabajar sobre la problemática de las violencias altamente lesivas que involucran la utilización de armas de fuego", sostuvo Vranicich.

La titular del MPA precisó que "el trabajo coordinado se dará a partir del registro de evidencia balística y su sistematización y análisis en causas de relevancia o en balaceras recurrentes".

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

En la reunión también estuvo presente la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti. Por el ministerio de Seguridad de la Nación, además participaron el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el titular de la Dirección Nacional de Prevención del delito, Germán Pugnaloni; y el titular de la Unidad Gabinete de asesores, Carlos Manfroni.

En el marco del convenio, Vranicich informó que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. "Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías Regionales".

Las fuerzas de seguridad de Argentina y Paraguay, a través de un trabajo conjunto lograron interceptar al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció a través de sus redes sociales el éxito de un operativo que resultó en la detención del líder y tres miembros destacados de esta organización, vinculada a una serie de ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico en la región.

El anuncio de Bullrich informó sobre las complicidades que presuntamente permitió a estos individuos encontrar refugio en territorio argentino, pese a su historial criminal. Según la funcionaria, el gobierno kirchnerista habría otorgado asilo a estos individuos. La funcionaria afirmó que iniciarán los procedimientos para la extradición de estos individuos, argumentando que no cumplen con las condiciones para ser considerados refugiados.

Retuvimos al líder y a 3 miembros del Ejercito del Pueblo Paraguayo, una organización guerrillera vinculada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico. El kirchnerismo les había dado asilo, por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen… pic.twitter.com/xgldHGAqin

El trasfondo de esta operación revela una compleja trama de violencia y delincuencia que afectó tanto a Paraguay como a Argentina. Según las autoridades, los miembros del EPP detenidos habrían utilizado territorio argentino como base de operaciones y refugio, desde donde planearon y ejecutaron una serie de acciones criminales en suelo paraguayo. Además, se sugirió que reclutaron y entrenaron a jóvenes argentinos para integrar sus filas, ampliando así su influencia y capacidad de acción en la región.

La Ministra Bullrich destacó la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El operativo en cuestión fue llevado a cabo de manera conjunta entre la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional de Paraguay, así como los respectivos Ministerios y Cancillerías de ambos países.

Esta cooperación transfronteriza fue fundamental para desarticular una célula peligrosa y llevar ante la justicia a sus líderes y miembros destacados.

Las implicaciones de este golpe contra el EPP son significativas tanto a nivel nacional como regional. En primer lugar, representa un claro mensaje de que Argentina está comprometida con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, así como con la cooperación internacional en materia de seguridad.

Además, la detención y eventual extradición de estos individuos podrían contribuir a debilitar la estructura y capacidad operativa del grupo guerrillero en Paraguay, lo que podría tener un impacto positivo en la estabilidad y seguridad de la región.

La Prefectura Naval Argentina designó al ayudante mayor Roberto Ortiz como nuevo Suboficial Encargado General y entregó sables y reconocimientos a quienes ascendieron al grado de ayudante mayor, en una ceremonia presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada por el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, y el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini.

“Hoy nos convoca un momento especial para ustedes y también para nosotros. Como lo han dicho, se termina una etapa, pero se abre otra. Esa continuidad institucional de tantos años que guarda las formas y la disciplina en favor de la Patria. Los suboficiales superiores que hoy reciben su sable, habiendo alcanzado el grado máximo, recorrieron hasta aquí un camino enorme, de muchos, muchos años, al servicio de la institución y de la Patria”, expresó Patricia Bullrich.

Además, la Ministra de Seguridad agregó: “quiero hoy felicitar, especialmente, al ayudante mayor Héctor Palladino quien ha llevado cuatro años el rol de Suboficial Encargado General, un rol de acompañamiento a todos los suboficiales, como es comunicar las necesidades que tiene el personal, poder escucharlos, poder saber el estado de ánimo, poder sentir qué les pasa. Me parece un rol muy importante porque significa ser un nexo y eso requiere de liderazgo, de empatía, de comprensión, de camaradería y también de capacidad de conducción.”

Durante el evento, el Prefecto Nacional puso en cargo al ayudante mayor Ortiz quien, habiendo ingresado a la Institución en 1984 y ascendido al grado máximo en 2017, cuenta con una vasta carrera profesional, entre las que se destacan las funciones que cumplió en las casas de estudios de la Fuerza, como las Escuelas de Oficiales y Suboficiales.

Tras escuchar la disposición de designación, la Ministra y el prefecto general Giménez Pérez le entregaron a Ortiz los reconocimientos inherentes a su nuevo cargo, consistentes en el cordón y el distintivo de Suboficial Encargado General.

Por otro lado, las autoridades distinguieron al ayudante mayor Héctor Palladino, quien ocupó, durante los últimos cuatro años, el mencionado cargo, haciendo entrega de un cofre con un distintivo a su trayectoria institucional y un diploma.

En ese sentido, Palladino sostuvo: “fe, gratitud y alegría, así cierro este momento. Hoy siento una mezcla de emociones y sensaciones. Terminó un ciclo después de 45 años de servicio activo en esta institución. Es difícil despedirme de ustedes, por ello pretendo que estas palabras sean de agradecimiento y reflexión para quienes de diferentes maneras han influido en mí durante este largo trayecto. Llegó el momento de entregar mi cargo de Suboficial Encargado General de la Prefectura Naval Argentina, el cual desempeñé con predisposición y dedicación siempre en pos de dar soluciones al personal subalterno. Soy feliz de haber finalizado esta gestión que comenzó el día que elegí ingresar a la institución, un 1 de febrero de 1979.”

Por su parte, se entregaron los mismos reconocimientos al ayudante mayor (retirado) Luis Antonio Calgaro, quien fue Suboficial Encargado General desde 2016 al 2020.

Asimismo, en la ceremonia fueron distinguidos, y recibieron su sable, los suboficiales superiores que ascendieron al grado de ayudante mayor.

En medio de la escalada de la violencia narco en Rosario, el Ministerio de Seguridad de la República oficializó la creación de la Unidad Antimafia (UA), una iniciativa destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado de tipo mafioso en el país. La Resolución 134/2024 surge en respuesta al creciente desafío que representa el crimen organizado.

La UA, creada en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, tendrá como principal objetivo detectar y prevenir el accionar de organizaciones criminales de tipo mafioso en el territorio argentino. Según lo estipulado en la resolución ministerial, la UA también será responsable de centralizar información proveniente de investigaciones relacionadas con estas organizaciones y elaborar informes periódicos que servirán como insumos para el diseño de estrategias de prevención y represión del crimen organizado.

Una de las funciones clave de la UA será coordinar el intercambio de información entre las diferentes agencias y fuerzas de seguridad del país, con el fin de generar indicadores de alerta temprana sobre la comisión de delitos por parte de estas organizaciones. Además, la unidad se encargará de brindar apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento de la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM), un espacio dedicado al análisis y la planificación de acciones contra el crimen organizado.

El titular de la UA será designado por la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad y estará a cargo de liderar la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Este funcionario será responsable de convocar reuniones periódicas de la MECOAM y de elaborar el reglamento interno de la unidad, entre otras tareas.

La MECOAM, por su parte, tendrá como objetivo detectar las diferentes manifestaciones del crimen organizado de tipo mafioso y elaborar planes y programas para su persecución. Esta mesa estará integrada por representantes de diversas instituciones y organismos relacionados con la seguridad y la justicia, incluyendo la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Además de la participación de organismos nacionales, la UA podrá invitar a representantes de fuerzas policiales y de seguridad de otros países a participar en la MECOAM. Esta medida refleja el compromiso del gobierno argentino de colaborar con la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA), creado en el ámbito de la UA, estará compuesto por representantes de varias fuerzas de seguridad y se encargará de llevar a cabo investigaciones específicas relacionadas con el combate al crimen organizado de tipo mafioso. Este grupo trabajará en estrecha colaboración con la MECOAM y otras agencias de seguridad y justicia para identificar y desmantelar las redes criminales.

La creación de la UA representa un paso importante en los esfuerzos del gobierno argentino por combatir el crimen organizado y proteger la seguridad de sus ciudadanos. El crimen organizado, con sus diversas manifestaciones, representa una amenaza constante para la sociedad y requiere una respuesta coordinada y multifacética por parte del Estado.

En un contexto marcado por el avance del crimen organizado, la iniciativa de crear la UA y fortalecer la cooperación con otros países en la lucha contra este flagelo es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, queda claro que la lucha contra el crimen organizado es un desafío continuo que requerirá un compromiso sostenido y la cooperación de todos los actores involucrados.

Resolución 134/2024 by El Litoral

Por César Rodríguez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza el recibimiento de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario, Santa Fe, en medio de la escalada de violencia narco de las últimas horas.

El anuncio había sido realizado más temprano por su par de Defensa, Luis Petri. “Han logrado sembrar el terror y los vamos a enfrentar con toda las fuerzas”, indicó Bullrich en declaraciones televisivas.

En ese aspecto, el envío incluye personal de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Prefectura Naval, esta última también mandará sus lanchas artilladas compradas a Israel, con cañones 20 mílimetros.

Coordinando con los jefes del EMCO las operaciones de apoyo a las acciones que llevará a cabo, en Rosario, el Ministerio de Defensa. pic.twitter.com/qiVtu2YxUm

Además, se espera que el Ejército o la Fuerza Aérea Argentina (FAA) aporten un helicóptero Bell 212-412 para control aéreo.

Estas aeronaves tienen cámaras con visión nocturna que facilitarán los rastrillajes durante la madrugada.

El gobierno Nacional busca triplicar la acción operativa en Rosario en cuatro zonas de trabajo.

En tanto, continuaba el paro de colectiveros, remiseros, taxistas, de estaciones de servicio y docentes por el temor que generaron estos ataques narcos, sobre todo con la idea de paralizar las tareas entre las 22:00 y las 6:00.

Tres nuevas detenciones se registraron en Rosario, presuntamente vinculadas a los crímenes de dos taxistas, un colectivero y un playero, ocurridos durante los últimos cinco días, en medio del arribo de las fuerzas federales y del Ejército.

La PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este lunes una decena de allanamientos, en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich.

Los operativos, a cargo de la Dirección Operativa Región II, junto con la División Especial de Homicidios, se concretaron en domicilios ubicados en Pago de los Arroyos al 6631, Pje. Morales al 3500, Belgrano y Avenida Argentina, Pte. Quintana al 120 bis, Presidente Quintana entre Esmeralda y Chacabuco, Avenida Argentina al 4940, Sánchez de Loria al 870 bis y Becquer al 533 bis de la ciudad de Rosario; y Pitágoras al 351 y Sucre al 135, de la vecina localidad de Granadero Baigorria.

Recompensa

Asimismo, el Gobierno de Santa Fe ofreció, además, una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio del joven, ocurrido el sábado 9 de marzo cerca de la medianoche en la zona oeste de la ciudad.

"La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", señaló el escrito.

(Por Diego Budassi) - El jueves por la mañana se conoció que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Firmat será favorecido por el Gobierno Nacional con un aporte de más de 11 millones de pesos. Esto se debe a la Resolución 94/2024 que el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó para destinar casi 12 mil millones de pesos a unas 1.050 asociaciones bomberiles de todo el país.

Según la ley, el dinero deberá ser destinado a la compra de equipamiento, vestuarios, materiales, gastos de funcionamiento y capacitaciones. Se trata de un beneficio que prioriza a las organizaciones que presentan las rendiciones a tiempo.

Mostrando una gran satisfacción por la decisión política del presidente Javier Milei, unos de los principales referentes de Fuerza Libertaria Firmat, Mauro Cisilini, expresó: “El Gobierno Nacional, con parte del superávit fiscal obtenido hasta el momento, efectuó un aporte a través de la Resolución 94/2024, destinándose más de 11.600 millones de pesos para más de mil Asociaciones de Cuerpos de Bomberos de todo el país”.

Seguidamente agregó: “Una de ellas es la de la ciudad de Firmat, en donde se van a recibir 11.122.879,37 de pesos y se van a invertir en la compra de equipamiento en general, equipos de vestuario y demás elementos que hacen al trabajo diario de los servidores públicos que están en los cuarteles de bomberos. Obviamente, tienen que rendir lo invertido una vez que reciben el dinero”.

El intendente Leonel Maximino presidirá la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal el martes 12 de marzo, desde las 19.30, en la Sala “Alejandro Real”.

En su mensaje, en conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, el mandatario local informará sobre las acciones realizadas durante 2023 y aquellas a desarrollar durante el corriente año.

Un joven fue detenido este miércoles tras ser denunciado por amenazar de muerte a un usuario en internet y al propio presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, al cual indicó que el disparo iría en la cabeza.

Agentes de la División Delitos Constituciones perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales realizaron una investigación a raíz de una denuncia realizada por un hombre que discutió vía Instagram con el detenido en cuestión.

Además, el radicado en el barrio porteño de Chacarita advirtió que pretendía atentar contra las personas que asistan a marchas a favor del primer mandatario.

Uno de los detalles más llamativos del parte oficial brindado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, es el apartado sobre la investigación previa al detenido que indica que “mediante el relevamiento de sus redes sociales, se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética”.

“Además contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”, completan desde Seguridad.

Junto a la Policía Federal Argentina, intervino en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría N°20 a cargo del Dr. Fernando Pascual.

Pascual ordenó un allanamiento en el inmueble del acusado, ubicado en su domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los detectives montaron un discreto operativo en la zona mediante el cual se consiguió dar con el buscado en la vía pública, sobre la Avenida Elcano al 3600 en horas de la madrugada. Luego de identificarlo, los policías procedieron a su detención y más tarde realizaron el allanamiento en su domicilio. Allí secuestraron un teléfono celular.

El detenido, argentino de 29 años, junto al elemento secuestrado, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por “Intimidación pública”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó los resultados de los controles realizados en lo que va del 2024 en Rosario, donde los homicidios dolosos cometidos en la vía pública "que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada" descendieron un 57 por ciento respecto al mismo período del 2023, lo cual consideró como una cifra "impactante".

"Sabemos que falta mucho por hacer pero podemos decir que hemos logrado, en el mismo período del 2023, que los homicidios cometidos en la vía pública que tienen que ver con los conflictos de la criminalidad organizada hayan bajado un cincuenta y siete por ciento, es una cifra impactante", afirmó la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por funcionarios nacionales, pero no de la provincia ni la Municipalidad.

En momentos en que se extrema la tensión del gobierno nacional con el interior, e incluso se generan interrogantes sobre el efectivo aporte de la administración central a la cuestión de seguridad en Santa Fe, la funcionaria minimizó esa circunstancia al ser consultada al respecto, y se limitó a consignar que simplemente "es una manera que hemos tomado para estas presentaciones". Y que, en todo caso, "nuestro compromiso con Santa Fe es total".

"Estamos controlando, auditando, varios funcionarios van toda la semana a la ciudad de Rosario, también hemos trabajado con otras ciudades de la provincia de Santa Fe, con Rafaela, con Venado Tuerto con el que tenemos contacto, con la ciudad de Santa Fe y con varias más que tienen crisis de seguridad con la ciudad de frontera del lado de Santa Fe y San Francisco del lado de Córdoba, así que nuestro compromiso con Santa Fe es total", destacó la ministra.

En la conferencia, Bullrich se refirió al "Operativo Bandera" desplegado en la ciudad del sur, en particular en los barrios Empalme Graneros, Ludueña, Tablada y General Las Heras de la localidad de Rosario y proporcionó estadísticas de los resultados, aunque no precisó el número de gendarmes afectados, luego de que desde el Consejo de esa ciudad e incluso por parte de diputados nacionales santafesinos se hubiese denunciado un "desplazamiento" de efectivos.

Según las cifras dadas a conocer por su cartera, en los dos primeros meses del año los homicidios dolosos descendieron un 47,83 por ciento respecto al mismo período del año pasado y un 57 por ciento los cometidos en la vía pública.

La ministra aseguró que esto sucedió debido a la "decisión de trabajar juntos, de haber armado pabellones especiales para los presos de alto riesgo que no conduzcan las operaciones desde las cárceles, más la decisión de ir por los cuatro pilares del narcotráfico: la comercialización, la logística, la policriminalidad (extorsiones, sicariatos) y la demanda".

"Dispusimos que todas las motos que circulan sean controladas porque ha sido el vehículo por excelencia de las amenazas, de los tiroteos, y les solicitamos a todos la documentación y reglamentación y trabajamos con perros para ver si tienen algún tipo de producto ilegal", señaló. Bullrich añadió que han "detenido en dos meses a 157 personas, 139 vehículos y 603 motos".

BAJAMOS LOS HOMICIDIOS UN 57 % EN ROSARIO✅ 157 detenidos ✅ 56 kg de cocaína incautados ✅ 890 kg de precursores químicos menosEn dos meses con el Plan Bandera, y junto al Gobierno de Santa Fe y el intendente de Rosario, logramos resultados impactantes.El objetivo es… pic.twitter.com/4xJpshiYh7

"Estamos trabajando en los accesos y las circunvalaciones de Rosario a través de un anillo digital que está prestando atención especial en los peajes y realizando operativos de saturación espontáneos que no estén siempre en el mismo lugar para que los delincuentes no evadan los controles", resaltó.

La ministra sostuvo que hubo "57 procedimientos de incautaciones de drogas y armas" y han "trabajado en más de 150 investigaciones".

"Operación Bandera juntamente con la tarea de la provincia de Santa Fe es algo que hemos tomado con total absoluta seriedad, efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y también de la policía provincial están realizando actividades en común", indicó Bullrich, quien felicitó a las fuerzas y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, había afirmado previamente en la misma jornada que "aunque los primeros indicadores son buenos, todavía es muy prematuro y tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo que nos planteamos".

Y al igual que en declaraciones anteriores, no circunscribió ese panorama a Rosario y la aplicación del Plan Bandera, sino que hay "a lo largo y ancho de toda la provincia algunos indicadores que ostentan una leve mejora" en materia de seguridad pública.

"No sólo contamos los homicidios, sino también medimos cantidad de heridos de arma de fuego, secuestros de arma de fuego, entre otros datos", añadió.

Para el encargado de la seguridad en Santa Fe, "en 2 meses de gestión en la provincia hay 300 presos más, pero no es que aprehendimos 300 personas más, sino que son personas que quedan dentro del sistema con causas judiciales que después pueden ser acreditadas en un tribunal".

"Y esto habla también no sólo de la proactividad en calle, sino de la calidad que se está ganando en materia de investigación a partir de la reestructuración de la Policía de Investigaciones (PDI)", cerró Cococcioni.

Patricia Bullrich se mostró conforme con el operativo nacional donde se detuvo a familiares y colaboradores del líder narco ecuatoriano, José Adolfo "Fito" Macías, en Córdoba.

La Ministra de Seguridad de la Nación realizó una conferencia de prensa junto al Ministro de Defensa, Luis Petri y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, donde detallaron cómo fue el operativo en la provincia.

“Supimos que el día 5 de enero, tres días antes de que 'Fito' se escape de la cárcel, su mujer, sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina, lo que significaba un riesgo enorme para el país”, inició Bullrich.

“Desde el Gobierno Nacional recibimos un alerta de las autoridades de Ecuador porque la familia se escondía en Córdoba y a partir de ahí comenzamos con la operación junto con el departamento antiterrorista y el jefe de la PFA”, detalló.

Con el inicio del operativo, se comunicaron con el Ministro de Seguridad de la provincia y ahí Quinteros les informó que habían iniciado por medios propios una investigación porque les llamó la atención el ingreso de dicha familia: “Desde ese momento unificamos el caso”.

Luego de que en la madrugada del viernes se haya efectivizado la detención de ocho personas en el barrio privado Valle del Golf, Bullrich sostuvo: “Hoy la Argentina como Nación y Córdoba como provincia logramos y estamos orgullosos de que seamos hostiles a la banda de narcotraficantes que venía a instalarse”.

“Es un éxito importante con tanta rapidez haberlos deportado del país. Hoy el avión ya está aterrizado en ecuador”, expresó.

Durante la conferencia también tomó la palabra el Ministro de Seguridad de Córdoba y manifestó: “Es un día importante para el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Hemos demostrado que con un trabajo en conjunto se pueden hacer grandes cosas”.

“Desde la provincia recibimos información anónima sobre la presencia de la mujer en un country. Empezamos a trabajar y a las horas tuvimos acreditado que eran familiares directos del líder narco”, informó.

“En el operativo retuvimos a ocho personas y a las 3 de la mañana los expulsamos del país”, indicó Quinteros.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó este martes que la Justicia expulse a los extranjeros que comentan delitos en el país y no tengan residencia permanente en Argentina.

"En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata", aseguró Bullrich en declaraciones radiales.

En esa línea, la integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, argumentó: "El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata".

En ese sentido, Bullrich cuestionó al municipio bonaerense de La Matanza al hablar de “permisividad” en la toma de tierras en ese distrito, tras el asesinato de cinco personas el domingo en la localidad de González Catán durante un conflicto por la ocupación de terrenos del que participaron algunos ciudadanos oriundos de países vecinos.

En días previos, fueron varios los funcionarios que se manifestaron en el mismo sentido. El primero fue el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien reclamó la reposición de un decreto que se firmó en 2017, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.

Lo propio hizo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien respaldó su reclamo con estadísticas de la Ciudad. "Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)", detalló Wolff en la red social X.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, también adhirió al pedido de expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina y consideró que deben "cumplir con la pena" que se les imponga, para luego ser "expulsados del país con prohibición de reingreso".

En enero de 2017, el ex presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 70, que modificó la Ley de Migraciones. La norma que había impuesto el ex mandatario se amparaba en la potestad del Estado para "decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales".

En tanto, creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, quien argumentó que dicha normativa no trajo mejoras sustanciales en materia migratoria, sino que "agravó exponencialmente la litigiosidad".

Esta tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunirá con el policía Luis Chocobar, quien fue condenado por el crimen de un delincuente.

El encuentro está programado para las 14 horas y tendrá lugar en la sede de la cartera policial, ubicada en Gelly y Obes 2289.

La notoriedad de Chocobar surgió cuando, en la mañana del 8 de diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca, intervino para ayudar al turista estadounidense Frank Wolek, quien fue herido por dos jóvenes que intentaban robarle una cámara de fotos.

En el proceso, terminó con la vida de uno de los ladrones, identificado como Pablo Kukoc.

Durante el juicio por este incidente, el Tribunal Oral de Menores número dos lo condenó a dos años de prisión por homicidio "en exceso del cumplimiento del deber". Sin embargo, se le permitió permanecer como miembro de la policía, aunque se le prohibió realizar "funciones operativas" y usar armas de fuego durante cinco años.

Desde la divulgación del caso, Bullrich respaldó públicamente al efectivo en varias ocasiones.

Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad. pic.twitter.com/nktK2lLfYM