Ante la gran final del mundial, el gobierno de Firmat ha diseñado un operativo integral de seguridad y control de tránsito que busca garantizar una celebración ordenada para todos los vecinos. Al igual que en la jornada del pasado miércoles, las acciones serán coordinadas por el Ministerio de Seguridad, con la participación estratégica de fuerzas policiales, Control Urbano y el soporte tecnológico de la Central de Monitoreo.

El despliegue territorial comenzará a partir de las 17 h., momento en el cual se restringirá la circulación vehicular en puntos clave del casco urbano.

Se establecieron diversos cortes de calles para facilitar la circulación peatonal y el control de las zonas de mayor afluencia. Las esquinas afectadas serán:

Desde el municipio destacaron que este operativo especial no afectará el patrullaje habitual en los diferentes barrios de la ciudad. Para cumplir con este objetivo, se ha dispuesto la incorporación de 30 efectivos de refuerzo, quienes se sumarán exclusivamente a las tareas vinculadas al evento deportivo, garantizando así la continuidad de la prevención y los servicios de seguridad para toda la comunidad.

Luciana Lanzamidad

Durante años, el suicidio fue un tema rodeado de silencios, prejuicios y escasa información pública. Sin embargo, los datos oficiales muestran que se trata de un problema de salud pública que continúa creciendo en Argentina.

El más reciente informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional, revela que en 2025 se registró el mayor número de suicidios de la última década.

Las cifras no solo reflejan un incremento estadístico, sino que reabren el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar el acceso a la salud mental y promover la detección temprana de personas en riesgo.

Se trata de un problema de salud pública que continúa creciendo en Argentina.

Según el informe oficial, durante 2025 se contabilizaron 5.204 hechos de suicidio consumado, con 5.209 víctimas en todo el país.

La tasa nacional alcanzó 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, lo que representa un incremento del 22,6% en la cantidad de víctimas y del 22% en la tasa respecto de 2024.

Se trata del valor más alto registrado por el SNIC desde que comenzó a relevar esta información bajo la metodología actual.

Se reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y mejorar el acceso a la salud mental

La evolución histórica muestra una tendencia creciente. En 2016 se habían registrado 2.897 víctimas, con una tasa de 7,3 cada 100.000 habitantes.

En 2020, durante la pandemia, fueron 3.262. En 2023 se alcanzaron 4.205 casos y en 2024 la cifra llegó a 4.249. Un año después, el salto fue significativo: más de 5.200 personas murieron por suicidio.

Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de víctimas aparece Buenos Aires, con 1.977 casos. Sin embargo, el propio informe aclara que ese incremento responde en gran parte a una mejora en los sistemas de carga y cruce de información, por lo que no debe interpretarse necesariamente como un crecimiento real del fenómeno.

En Santa Fe se registraron 461 víctimas, con una tasa de 13,2 por cada 100.000 habitantes, superior al promedio nacional. También presentan tasas elevadas provincias como Entre Ríos (20,8), Salta (17,4), Tucumán (13,5) y Mendoza (12,7).

Los especialistas advierten que detrás de cada número existe una historia personal, familiar y social. Por eso insisten en que las estadísticas deben servir para orientar políticas públicas y no únicamente para describir una realidad.

Desde la medicina y la psicología existe consenso en que no hay una única causa que explique un suicidio.

La mayoría de los casos responde a una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que interactúan entre sí.

Entre ellos aparecen trastornos de salud mental como depresión, trastorno bipolar, ansiedad severa, consumo problemático de alcohol o drogas, antecedentes de intentos previos, enfermedades crónicas, dolor persistente, aislamiento social, situaciones económicas difíciles, violencia, pérdidas afectivas o eventos traumáticos.

Los profesionales remarcan que tener alguno de estos factores no significa que una persona vaya a suicidarse, pero sí puede aumentar la vulnerabilidad cuando no existen redes de apoyo o acceso oportuno a atención especializada.

Otro aspecto importante es que muchas personas que atraviesan una crisis suicida no desean morir, sino poner fin a un sufrimiento emocional que perciben como imposible de resolver.

Por eso, la prevención se centra en identificar ese sufrimiento antes de que la crisis avance.

Uno de los principales mensajes de los especialistas es que el suicidio suele estar precedido por cambios que familiares, amigos o compañeros de trabajo pueden detectar.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran:

Los especialistas subrayan que ninguna de estas conductas debe interpretarse de manera aislada, pero sí constituyen motivos suficientes para iniciar una conversación y ofrecer ayuda.

La recomendación médica es consultar con un profesional de salud mental ante cualquier cambio importante en el estado emocional que persista durante varias semanas o cuando aparezcan pensamientos relacionados con la muerte, el suicidio o la imposibilidad de seguir adelante.

También es importante buscar ayuda si la persona presenta síntomas de depresión, ansiedad intensa o pérdida marcada del funcionamiento cotidiano.

Los expertos coinciden en que preguntar directamente si alguien está pensando en hacerse daño no aumenta el riesgo ni induce esa conducta. Por el contrario, puede representar una oportunidad para que la persona exprese lo que está viviendo y acepte recibir ayuda.

El acompañamiento del entorno resulta fundamental. Escuchar sin juzgar, evitar minimizar el sufrimiento con frases como "ya va a pasar" o "tenés que ponerle ganas", permanecer cerca de la persona y facilitar el contacto con profesionales son acciones que pueden marcar una diferencia.

El informe del SNIC también incorpora avances metodológicos destinados a mejorar la calidad de los registros.

Uno de ellos es el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT Suicidios), que recopila información detallada sobre cada caso mediante microdatos, permitiendo un análisis más preciso que el utilizado anteriormente.

Además, durante 2025 se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud para cruzar la información del SNIC con las estadísticas vitales elaboradas por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). El objetivo es detectar posibles subregistros y contar con datos más completos para diseñar estrategias de prevención.

Este viernes  se procedió en Venado Tuerto a la demolición de una construcción señalada como búnker de venta de estupefacientes, ubicada en República de Irlanda al 1500, en barrio Juan XXIII. El operativo forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para inactivar puntos utilizados para actividades ilícitas.

En este marco, el delegado regional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli, confirmó que el inmueble estaba identificado desde hacía tiempo por su vinculación con delitos y aclaró que no se trataba de una vivienda en condiciones de ser habitada.

“Yo más que vivienda lo llamaría precisamente búnker, porque era un lugar donde habitualmente se cometían ilícitos o pasaban cuestiones relacionadas a lo ilegal”, sostuvo en diálogo con "A Pesar de Todo" (LT29).

En ese sentido, remarcó que la construcción no podía ser recuperada para otro uso habitacional: “No sirve, no se puede utilizar o reutilizar como vivienda. Es una construcción que no presenta ninguna condición para ser habitada”.

Pasquinelli explicó que la investigación sobre el lugar venía desarrollándose desde hacía tiempo y que el inmueble estaba vinculado a hechos delictivos ocurridos durante varios años. Incluso recordó que en 2022, en ese mismo sector, se registró un homicidio con arma de fuego.

La denuncia que dio impulso al proceso fue presentada hace aproximadamente un año por el propio delegado regional junto al intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a partir de reclamos acercados por vecinos del barrio.

“Las denuncias que hacemos junto al intendente y a la senadora son precisamente denuncias que nos acercan los vecinos, que prefieren preservar su identidad, y nosotros las hacemos en representación de ellos”, señaló.

A partir de esa presentación se realizaron tareas investigativas, donde se reunieron distintos elementos probatorios y la causa avanzó hasta derivar en personas con prisión preventiva. Dentro de ese expediente, la Justicia resolvió autorizar la inactivación y posterior derrumbe del inmueble.

“Se pudo comprobar, con la cantidad de denuncias que tenía ese lugar y la cantidad de llamadas al 911, que era un espacio utilizado específicamente para cometer ilícitos”, afirmó Pasquinelli.

El funcionario también marcó un dato significativo: el búnker se encontraba en la parte posterior de las instalaciones del Club Sacachispas, una institución barrial que cumple una tarea social y deportiva de contención.

Para Pasquinelli, la ubicación del inmueble le da al procedimiento un valor simbólico adicional. “Es ejemplificador que un lugar que se utiliza para contener jóvenes, para sacarlos de la adicción y demás, tuviera a su espalda un búnker. Tomar esta medida tan contundente me parece totalmente ejemplificador”, expresó.

Consultado sobre la situación legal del inmueble, el delegado regional indicó que la construcción estaba ubicada dentro de un terreno de mayores dimensiones y que no se pudo localizar a los propietarios. Además, las personas que estaban en el lugar no pudieron acreditar ningún tipo de vínculo jurídico con la propiedad.

“Podemos decir que estaba usurpado. No había una denuncia de usurpación, pero tampoco pudieron acreditar la titularidad de ningún modo”, precisó.

Pasquinelli aclaró que este procedimiento es el cuarto derribo de un búnker en Venado Tuerto durante la actual gestión provincial. Recordó que anteriormente se habían demolido dos construcciones precarias en calle Pavón, en el extremo sur de la ciudad, y luego otro inmueble en barrio San Martín.

Con este nuevo operativo, la provincia alcanza el búnker número 126 demolido en Santa Fe en el marco del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.

El funcionario adelantó que existen otros domicilios bajo análisis, aunque evitó dar detalles para no interferir en las investigaciones en curso. “Tenemos varios lugares que están siendo investigados y que podrían encuadrar en esta situación”, indicó.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Los derribos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. La estrategia contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a hechos de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que el Gobierno Provincial “avanza en la implementación de la Ley de Microtráfico” y destacó que “se llega a este segundo punto gracias a la modalidad de trabajo de investigación”, desarrollada de manera conjunta con el MPA y las fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.45 días de investigación

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que “hace aproximadamente 45 días” se iniciaron tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón, a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes.

“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, explicó la fiscal.

Debiasi indicó además que se realizaron “aproximadamente diez allanamientos simultáneos” en Villa Gobernador Gálvez, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de ‘soldadito’”.

En relación con el inmueble derribado, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

Finalmente, Debiasi remarcó que el derribo fue solicitado porque “el inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. No deja de ser una medida cautelar y eventualmente terceros podrían presentarse a reclamar el lote, pero entendemos que era la medida más efectiva para lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”, concluyó.

A raíz de la expansión del Servicio de Emergencia 911 en toda la provincia, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, y crear la Subsecretaría de Atención a la Emergencia. El área nueva estará bajo la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la cartera citada y tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911. Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea - inicialmente con enfoque en la intervención policial- mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública".

La decisión fue plasmada en el decreto N° 1019 del pasado 13 de mayo; lleva las firmas de los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador Maximiliano Pullaro.

Tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911

El mismo decreto plantea la designación del abogado Pablo Martín Polito para cubrir el cargo de Subsecretario de Atención a la Emergencia, y de Silvia Cimini para asumir como directora Provincial de Atención a la Emergencia. Ambos ya se venían desempeñando con diferentes funciones en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

En los considerandos del decreto se convalidan y autorizan las adecuaciones contables, presupuestarias y financieras pertinentes, con la premisa de "atender las políticas en materia de Seguridad Pública que se encuentra implementando el gobierno de Santa Fe".

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares. Desde hace un par de meses, funciona con un nuevo software y hardware. El mecanismo permite atender y derivar a aproximadamente 700 llamadas por minuto de manera simultánea en toda la provincia. La ampliación y mejoras introducidas se prevé que redunden en una mayor velocidad de la concurrencia del patrullero al lugar requerido, a través de la geolocalización (ya vigente en el sistema) y mediante la trazabilidad del trayecto de los móviles.

El sistema integra, además, las videocámaras de la provincia con las del municipio, y dos mil celulares robustos. Sólo en la ciudad de Santa Fe son 450 las cámaras operativas.

En la delegación centro – norte del 911, con despacho en Santa Fe, se contabilizan 1.500 llamadas promedio por día que son derivadas hacia Rafaela, Recreo, Rincón, Santo Tomé, Reconquista, según corresponda.

El Ministerio de Seguridad informó este lunes que activó el Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años que se lo llevó su padre, Josias Santos Regis, tras disparar y herir a otro hombre en la provincia de Corrientes.

Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme en Corrientes.

El menor tiene “cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca" y "vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable”, informó la cartera en su cuenta oficial de X.

Nahuá fue visto por última vez este domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su progenitor en la localidad de Esquina.

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia implementado en la Argentina para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentren en una situación de alto riesgo.

Fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con fuerzas policiales, organismos judiciales y medios de comunicación, y toma su nombre de Sofía Herrera, una niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego.

Su objetivo es difundir de manera rápida y masiva información clave del menor desaparecido —como su descripción física, circunstancias del hecho y posibles datos del sospechoso— para facilitar su localización en el menor tiempo posible.

La activación del alerta se produce cuando se cumplen ciertos criterios estrictos, como la presunción de que la vida o integridad del menor está en peligro inminente y la existencia de información suficiente para su identificación.

Una vez emitida, la alerta se replica a través de canales oficiales, redes sociales, medios de comunicación, cartelería digital en la vía pública y sistemas de transporte, generando un alcance nacional.

Este mecanismo busca involucrar a toda la sociedad en la búsqueda, bajo la premisa de que la difusión inmediata puede resultar decisiva para encontrar al menor con vida.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó que el detenido fue identificado como Dmitri Novikov, señalado como presunto líder de una estructura dedicada a campañas de manipulación en redes sociales.

Según el comunicado oficial, la medida fue autorizada por la Justicia y se ejecutó debido a que el ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular, habría falseado los motivos de su ingreso al país y representaba un riesgo para la seguridad nacional.

ATRAPAMOS AL LÍDER RUSO DE LAS FAKE NEWSDmitrii Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones. Una amenaza para el orden democrático.Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar.Reglas claras. Ley y orden. pic.twitter.com/dR1gvjS9ur

Novikov fue detenido y posteriormente expulsado del territorio argentino, en el marco de una investigación que continúa bajo reserva.

pic.twitter.com/La0yfBZU2k

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que el procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la SIDE.

Monteoliva sostuvo que el detenido “operaba para desestabilizar y atentar contra las instituciones”, en el marco de lo que describió como una amenaza directa al sistema democrático.

La detención se concretó en Lanús, tras tareas de inteligencia que permitieron rastrear las actividades del sospechoso en el país. Según la funcionaria, el hombre había ingresado como turista, pero formaba parte de una red internacional de ciberinfluencia con origen en Rusia.

En declaraciones públicas, Monteoliva sostuvo que el detenido “operaba para desestabilizar y atentar contra las instituciones”, en el marco de lo que describió como una amenaza directa al sistema democrático.

De acuerdo con la información oficial, Novikov ya había sido expulsado previamente de República Dominicana por su presunta participación en actividades similares, vinculadas a organizaciones con antecedentes de injerencia en distintos países.

El caso se inscribe en un contexto global marcado por denuncias sobre operaciones de desinformación digital orientadas a influir en procesos políticos. En ese escenario, el Gobierno argentino remarcó su decisión de avanzar contra cualquier intento de injerencia extranjera.

Monteoliva sostuvo que el detenido “operaba para desestabilizar y atentar contra las instituciones”, en el marco de lo que describió como una amenaza directa al sistema democrático.

No obstante, las autoridades aclararon que, debido a que la investigación sigue en curso, no se brindarán más detalles sobre la estructura ni sobre posibles ramificaciones locales.

Después de 448 días detenido de forma clandestina, tomó el micrófono y, con la voz de a ratos temblando, Nahuel Gallo eligió contar su traumática vivencia en Venezuela.

Desde las 15, en el edificio Centinela, el gendarme habló por primera vez en conferencia de prensa tras su regreso a la Argentina. Lo hizo acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Brilloni.

Gallo fue liberado el domingo pasado y su regreso se conoció por un comunicado de la AFA. En Ezeiza lo esperaron hasta las 4.30 de la madrugada. Allí se abrazó con su esposa, María Alexandra; con su hijo Víctor, de 3 años; con su madre, Griselda Heredia; y con funcionarios nacionales. Durante estos días, permaneció en Centinela, recibió visitas de autoridades, compartió un almuerzo institucional y se sometió a análisis médicos exhaustivos para evaluar su evolución “día a día”, según el esquema que maneja la fuerza.

En el Gobierno anticiparon que Javier Milei tiene previsto recibirlo en los próximos días, una vez que complete los exámenes médicos, con intención de otorgarle un reconocimiento. Y también remarcaron que trabajan en los mecanismos diplomáticos para la liberación de Germán Giuliani, el argentino que aún permanece detenido en Venezuela.

“No es fácil estar acá, delante de todos ustedes. Pero yo lo pedí”, dijo Gallo, ni bien tomó la palabra. Se detuvo un segundo. Respiró. Y soltó una confesión que ordenó el tono de toda su intervención: “Tengo muy escasa información de lo que ha pasado en estos 448 días. Pedí un momento para dar mi palabra y así informarles. Dar las gracias al Ministerio de Seguridad”.

Nahuel Gallo habló tras 448 días detenido en Venezuela: “Fuimos ficha de cambio”. Foto: Reuters / Pedro Lázaro Fernández.

En ese mismo pasaje, buscó despejar versiones que circularon sobre su estadía actual. “Estoy acá en Centinela. Yo he escuchado varias informaciones de que me tienen acá, pero no, esta es mi casa. Yo me siento parte de mi casa; es mi institución. La he defendido a mi institución y a mi bandera”, expresó.

Cuando habló del lugar donde estuvo detenido, Gallo dijo: "el Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos. Solamente con acordarme me titubea la boca”, dijo con la voz entrecortada.

En el relato, la palabra que repitió es “incertidumbre”. “Es cuestión de momentos, días, incertidumbre y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día”, relató. En ese punto, explicó que sacó aire por su hijo. “Gracias a Dios, mi fortaleza mental, mi día a día, pensar que tengo que estar bien por mi hijo, que lo amo con toda mi vida, es el que me mantuvo fuerte”, afirmó.

También relató el momento previo a recuperar la libertad. “Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad con mucha incertidumbre, porque no sabía si iba a ser en libertad o si iba a ser trasladado a otra unidad”, contó. Y pidió a la comunidad internacional que "no nos olvidemos de Venezuela. Venezuela está en una supuesta transición, pero esos políticos, esos presos políticos que están ahí, están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea, pero están siendo esperados”.

Nahuel Gallo, el oficial de gendarmería argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, habló en conferencia de prensa tras su regreso al país el lunes pasado. Foto: Reuters  / Pedro Lázaro Fernández.

En esa línea, pidió también por los extranjeros detenidos en Venezuela. “He conocido muchísimos venezolanos, muchísimos me han ayudado, así sea con una media, me han ayudado. Porque los extranjeros no teníamos visita, no teníamos llamada. Hablo por los veinticuatro extranjeros que siguen y todos los extranjeros que están en todos los otros penales. Yo hablo por el Rodeo I y le mando saludo a la C1, donde yo estuve desde el primer momento y donde quedan veinticuatro extranjeros más que están esperando ser liberados”, señaló. Y cerró: “Le mando saludo a esos chicos porque ellos son fuertes, me han acompañado, les he ayudado, les he dado fortaleza mental, porque no solamente ahí hay un país, ahí hay extranjeros secuestrados. Eso es lo que éramos. Y hasta el último día fuimos ficha de cambio. Y eso es feo”.

La ministra Alejandra Monteoliva abrió la conferencia con una frase que buscó fijar la primera certeza después del regreso: “Nahuel está sano, entero y en casa”. Luego, le habló a él, en clave de acompañamiento y cuidado del proceso: “Nosotros le dijimos y hemos sido muy claros en eso, de decirle: ‘son tus tiempos, es un proceso que se irá dando de a poco y como gobierno estamos acompañando este proceso junto a la Gendarmería, como desde aquel 9 de diciembre que nos enteramos de tu ausencia’”.

En el edificio Centinela, Gallo pidió a la comunidad internacional que “no miren para otro lado con los presos en Venezuela”. Foto: Reuters / Pedro Lázaro Fernández.

Por su parte, el comandante general Claudio Brilloni hizo foco en dos ejes: la salud y la pertenencia institucional. Remarcó que Gallo se encontró en buen estado y sostuvo que "su condición de gendarme sigue intacta y nunca se la ha perdido". Además, dejó una definición sobre el acompañamiento en estos meses: Acompañamos a la familia desde el primer minuto. Brindándole el apoyo necesario".

Luego, el canciller Pablo Quirno llevó el cierre institucional hacia el frente diplomático y la continuidad del caso en Venezuela, con un nombre que quedó sobre la mesa como pendiente urgente. "Al mismo tiempo, la Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país", afirmó.

Gallo con la Ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el Comandante General de Gendarmería, Claudio Brilloni. Foto: Reuters / Pedro Lázaro Fernández.

En esa misma línea, reforzó el mensaje central del Gobierno: “La Argentina no abandona a sus ciudadanos”. Y explicó el criterio oficial para el manejo del tema: “El Gobierno toma muy en serio la seguridad de los argentinos y por eso trabajamos con la prudencia y reserva que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas”. Al darle la palabra a Gallo, dejó como consigna: “No vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad en sus respectivos países".

Las localidades de Casilda y Chabás, en el departamento Caseros, se adhirieron formalmente al decreto provincial 460/22, que faculta a la Policía de Santa Fe a secuestrar motovehículos cuando se detectan infracciones. Esta medida permite a las fuerzas de seguridad realizar los operativos y retenciones sin la necesidad de la presencia de inspectores de tránsito municipales en el lugar.

Los intendentes de Casilda y Chabás formalizaron la adhesión de sus localidades al decreto provincial 460/22 mediante la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad. Esta normativa confiere a la policía la facultad de secuestrar motovehículos en operativos de control, ante la detección de infracciones como la falta de documentación, la ausencia de casco, el uso de escapes antirreglamentarios o cualquier otra irregularidad. La rúbrica del acuerdo se concretó en las oficinas del Ministerio de Seguridad, situadas en la sede de Gobierno. El decreto 460/22 habilita a las fuerzas policiales a retener rodados en infracción sin la necesidad de que inspectores de tránsito municipales estén presentes en el lugar.

Guillermo Franchella, intendente de Casilda, destacó en diálogo con El Litoral la importancia de esta medida: «Hace mucho tiempo que veníamos pidiendo adherirnos a este decreto. La policía está planificando estrategias para esta nueva metodología». La implementación del decreto 460, sancionado en 2022, representa una mejora significativa en la operatividad de los controles. Previamente, si bien la policía podía identificar una infracción, la concreción del secuestro del vehículo requería la intervención del personal de Tránsito municipal. Esta dependencia generaba demoras y limitaciones, particularmente durante la madrugada o en horarios en los que no se disponía de inspectores en la vía pública. Con la nueva facultad, la fuerza policial podrá proceder directamente al secuestro del rodado en cualquier momento del día, eliminando la necesidad de aguardar la llegada de un inspector municipal.

El Gobierno de Santa Fe tiene a la seguridad como prioridad central de su gestión y, en ese marco, sumó ahora la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial. La iniciativa se articula en cuatro ejes -mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte- y se desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, remarcó este viernes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

* Como reconocimiento directo al trabajo operativo, la Provincia estableció un plus económico para el personal de calle: suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que cumplan tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé percibirán un suplemento de 500.000 pesos mensuales. Se consideran tareas de calle las desarrolladas por efectivos de Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica.* Además, quienes se desempeñen como conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia recibirán un plus adicional de 250.000 pesos mensuales.* En paralelo, se otorgará un suplemento de 250.000 pesos mensuales al personal que realice tareas de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, así como en Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.Cococcioni aclaró que estos nuevos beneficios “no derogan ninguno de los suplementos o retribuciones vigentes”. También precisó que los dos adicionales por tareas de calle son excluyentes entre sí, pero que el plus para choferes de patrulleros “no es incompatible con ninguno de los anteriores ni con los ya existentes, y no tiene limitación geográfica”.* Respecto de la Tarjeta Alimentaria Policial, el monto mensual pasará de 86.847 a 175.682 pesos, lo que implica un incremento del 102,28 %.* En cuanto a la hora OSPE en su categoría inferior de jerarquía, se eleva de 5.500 a 8.000 pesos. “Cuando asumimos estaba por debajo de los 1.000 pesos; si tomamos desde diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 600 %”, destacó el ministro.* Los adicionales por nivel de riesgo -divididos en tres categorías- también fueron actualizados: el rango más bajo sube de 2.781 a 5.283 pesos; el intermedio, de 8.352 a 15.868; y el más alto, de 11.000 a 21.000 pesos. En los tres casos, el incremento es del 47 %.

En el plano sanitario, la Provincia puso en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicamentos y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la labor policial impacta también en el entorno cercano.

Cococcioni subrayó la necesidad de fortalecer “la salud mental del policía”, con especial énfasis en el acompañamiento psicológico durante situaciones de crisis y post-trauma. Además, señaló que el área ministerial de asistencia al personal será reforzada con más profesionales y recursos para mejorar su capacidad de respuesta.

El Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en la provincia. Asimismo, el ministro ratificó “la decisión política del gobernador de lanzar un programa de apoyo al alquiler en el lugar de destino”. Según explicó, “en vez de financiar traslados diarios, preferimos apoyar el alquiler y garantizar que el policía pueda descansar adecuadamente donde presta servicio”.

Para quienes no puedan radicarse mediante un alquiler, la Provincia ofrecerá alojamiento en hoteles o instalaciones adecuadas en el lugar de destino, con un esquema similar al que ya se aplica para las fuerzas federales en Rosario.

Finalmente, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo.

“Pasamos de seis a doce colectivos para el traslado del personal, con una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y sumaremos nuevas líneas si la demanda lo requiere en cada zona”, precisó Cococcioni.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia ha fijado una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden información útil y comprobable que contribuya a localizar a Natalia Ferrero, de 28 años.

El pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación del mérito de la información por parte del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, pudiendo incluso dividirse el monto si hubiera más de un aportante relevante.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Natalia, quien fue vista por última vez el 14 de abril de 2025, tiene tez trigueña, ojos marrones, cabellos lacios largos de color oscuro, contextura delgada, 1.65 mts de altura.

El Gobierno de Elortondo incorporó un nuevo móvil policial para fortalecer las tareas de prevención y patrullaje en la localidad. La unidad fue entregada este viernes por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el marco del programa provincial de renovación y ampliación del parque automotor.

Se trata de una camioneta Chevrolet Montana cero kilómetro, totalmente equipada y con tecnología actual para tareas operativas en materia de seguridad. La unidad será destinada al trabajo cotidiano de las fuerzas policiales en el territorio.

El presidente comunal Angelo Yocco estuvo presente en la entrega y valoró la incorporación al señalar que “este móvil nos permite mejorar la respuesta y reforzar la prevención en el pueblo, algo que venimos gestionando en conjunto con el Gobierno de Santa Fe”.

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Más novedades

Yocco mantuvo además conversaciones con jefes policiales de la región para avanzar en planificación operativa, lo que consideró necesario para “coordinar espacios de trabajo conjunto”. También adelantó que en los próximos días autoridades policiales visitarán Elortondo para continuar delineando tareas.

“Es importante seguir gestionando herramientas y articulando con la Provincia para cuidar a nuestros vecinos”, expresó Yocco.

El procedimiento se realizó este jueves en un inmueble de calle Juan de Garay al 400. Se trata de un lugar que había sido denunciado por vecinos. Es la inactivación número 13 en el departamento San Lorenzo desde la entrada en vigencia de la norma impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y ya casi llega al centenar de derribos en todo el territorio.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.

El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este miércoles la alerta máxima en las fronteras argentinas. La decisión se tomó tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro, donde los enfrentamientos entre la Policía y el Comando Vermelho dejaron al menos 132 víctimas fatales, según confirmó la Defensoría Pública del estado brasileño.

La ministra Patricia Bullrich encabezó una reunión en la Casa Rosada para definir los alcances del operativo. “Vamos a disponer la alerta máxima en las fronteras para que no haya ningún tipo de cruce o pase de aquellos que se estén moviendo desde la centralidad del conflicto en Río de Janeiro”, explicó.

Bullrich destacó que se trata de una medida preventiva ante la posibilidad de que integrantes de organizaciones criminales intenten huir hacia países vecinos, entre ellos la Argentina.

Según precisó la funcionaria, la decisión implica reforzar los controles migratorios y de seguridad en los principales puntos de ingreso al país, en especial en la zona de la Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.

“Esta alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a los brasileños que vengan a Argentina, viendo si tienen o no antecedentes, pero sin confundir a turistas con integrantes del Comando Vermelho”, aclaró Bullrich.

El Ministerio de Seguridad coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones la implementación de un “sistema de alertas”, destinado a intensificar la supervisión en los pasos fronterizos. A pesar del refuerzo de controles, la ministra descartó un aumento de efectivos de fuerzas federales en la zona.

Los enfrentamientos en Río de Janeiro dejaron más de 130 muertos. Foto: Reuters

“Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, advirtió la titular de la cartera de Seguridad.

La medida también incluye la revisión de los mecanismos de cooperación internacional en materia de crimen organizado, narcotráfico y tráfico de armas. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno evalúa un protocolo conjunto con países limítrofes para mejorar el intercambio de información sobre antecedentes penales y redes criminales.

La decisión del Gobierno argentino se conoció tras los violentos episodios registrados en Río de Janeiro, donde un operativo policial contra el Comando Vermelho derivó en una serie de enfrentamientos en las favelas de Penha y Alemao.

Las imágenes de las calles tomadas por patrullas, helicópteros y decenas de civiles corriendo por las balas recorrieron el mundo. De acuerdo con la Defensoría Pública, más de 132 personas murieron durante los operativos, aunque organizaciones sociales de Río advierten que la cifra podría ser aún mayor.

Más de 132 personas murieron en el operativo. Foto: Reuters

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Nacida en los años setenta en las cárceles de Río, controla el narcotráfico en gran parte del territorio carioca y mantiene un conflicto abierto con las fuerzas de seguridad desde hace décadas.

Los analistas advierten que el aumento de la violencia urbana y las operaciones policiales de gran escala podrían tener repercusiones regionales, especialmente en los países fronterizos. Argentina, que comparte más de 1.200 kilómetros de límite con Brasil, busca blindar sus pasos internacionales ante posibles desplazamientos de grupos armados.

“Es una medida de prevención, no de cierre”, aclararon fuentes del Ministerio. “Se trata de mantener un control exhaustivo y evitar movimientos irregulares de personas que puedan estar vinculadas con el conflicto”, agregaron.

El Gobierno seguirá de cerca la evolución de la situación en Brasil y no descarta adoptar medidas complementarias en caso de que la violencia escale. En tanto, la Cancillería argentina mantiene contacto con las autoridades brasileñas para coordinar eventuales acciones conjuntas.

Refuerzo de controles en la Triple Frontera ante la escalada de violencia en Brasil. Foto: Archivo

La escalada en Río de Janeiro volvió a poner en primer plano el impacto regional del narcotráfico y los desafíos para la seguridad fronteriza. En ese contexto, la respuesta del Gobierno argentino apunta a reforzar la vigilancia sin afectar el tránsito habitual de ciudadanos y turistas.

La alerta máxima estará vigente “hasta nuevo aviso”, según confirmaron voceros oficiales, y será revisada conforme evolucione la situación en Brasil.

 La policía de la provincia de Santa Fe ya patrulla en Rosario con armas Byrna, las cuáles disparan balas de gas pimienta y polímero.

Parte del operativo de este sábado en la ciudad del sur santafesino con el objetivo de frenar el delito en las calles fue filmado y compartido en redes sociales.

Se trata de dispositivos no letales impulsados por CO₂ que disparan proyectiles de polímero o gas pimienta a una distancia de hasta 20 metros.

Habitualmente, son utilizadas por fuerzas policiales como una herramienta adicional para la defensa y el control de situaciones, sin reemplazar el arma de fuego reglamentaria. También son una opción de defensa personal para civiles, ya que en muchos lugares no requieren permisos de armas de fuego.

Se diferencian de las pistolas Taser, que se basan en un sistema de electroshock a corta distancia.

En lo que respecta al alcance ,poseen uno de hasta 20 metros, un rango más amplio que las Taser.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Cabrera, supervisaron este viernes el derribo del búnker de venta de estupefacientes número 50 en la ciudad de Rosario y el 78 en la provincia desde que se promulgó la Ley de Microtráfico durante la actual gestión. 

La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle Presidente Roca 5173, en barrio Tiro Suizo de la ciudad de Rosario. “Vamos siempre contra los puntos de venta de estupefacientes en los barrios, con una política criminal para terminar con los hechos que provocan violencia”, afirmó en el lugar el ministro Cococcioni.

El funcionario valoró “la política de inactivación de estos lugares” porque “ya había tenido varias oportunidades y siempre terminaba siendo apropiado por los delincuentes”, por lo que se tomó la decisión de “venir a inactivarlo físicamente: lo derrumbamos”. Al mismo tiempo, Cococcioni destacó que se trató del “búnker número 78 inactivado en la provincia desde que se puso en marcha la Ley de Microtráfico” y seguramente “cumplamos los dos años de la ley superando el centenar”.

“Es un trabajo que no nos permite relajarnos porque detrás de cada búnker hay organizaciones de delincuentes que siguen intentando hacer pie en los barrios, adueñarse del territorio y querer mostrar que ellos mandan”, remarcó el ministro, ante lo que desafió: “Tenemos que mostrarles que acá manda el Estado y no la delincuencia”.

Por su parte, el fiscal Cabrera detalló que la historia de la viviendas estuvo siempre relacionada con “grupos delictivos desde hace 10 años”, siendo cooptada desde el origen de la construcción del inmueble “por la banda de ‘Los Gorditos’ que en su momento la utilizaron de centro de distribución y acopio de estupefacientes hasta que los miembros de dicha banda fueron condenados”. Sin embargo, según contó el funcionario, “no dejó de ser un lugar utilizado por la organización, a través de terceras personas”, por lo cual, “durante este año se produjeron varios hechos de inseguridad con armas de fuego, se dieron denuncias por venta de estupefacientes, generando inseguridad para todos los vecinos”.

Ante esta situación, Cabrera mencionó que se llevó adelante “un relevamiento y logramos cerrar la vivienda”. Posteriormente, en el mes de septiembre, “habían vuelto a ingresar tras romper la puerta con una moladora para volver a utilizar el lugar con fines delictivos”, detalló el fiscal y reconoció “hasta que logramos que la Justicia tome la decisión, en el marco de la Ley de Microtráfico, de llevar adelante la inactivación a través del derribo, del inmueble para terminar con este lugar y darle seguridad a los vecinos de Tiro Suizo”.  

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó este jueves en Rosario la apertura de sobres con 14 ofertas económicas para la construcción de la Estación Policial Norte y dos propuestas para la adquisición de 600 camionetas destinadas al patrullaje en toda la provincia. 

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la sede de Gobierno, Scaglia destacó que “el Gobierno santafesino, con austeridad y orden en las cuentas públicas, llevó adelante un proceso para recomponer el equipamiento de la Policía”. Atribuyó esta posibilidad “al orden que el gobernador Maximiliano Pullaro puso en términos fiscales, que trae aparejado un orden en la agenda de desarrollo, en la producción y en la seguridad”.

La vicegobernadora sostuvo que ese equilibrio “permite animarnos a comprar móviles para la Policía, construir la cárcel de máxima seguridad de Argentina, como es El Infierno, y licitar estaciones policiales. Eso es administrar bien los recursos y entender que hay que tener un plan de gobierno con prioridades”.

Además, subrayó que esta licitación “debe permitirnos mostrarle al país que en Santa Fe hay un método que da resultados, basado en el equilibrio de las cuentas públicas, con gestión transparente, sin corrupción y con la certeza de que hacemos las cosas en los tiempos que anunciamos”.

Del acto participaron también la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; el secretario de Infraestructura, Diego Leone; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; además del interventor de la Unidad Regional II, Claudio Romano.

La Estación Policial Norte de Rosario cuenta con un presupuesto oficial de 17.108 millones de pesos y se construirá en la manzana delimitada por avenida Salvat, Manuel Torrente, Colastiné y Guido Spano.“Se trata de un edificio de casi 6.000 m² que viene a cambiar el paradigma del sistema policial, ya que el patrullaje saldrá desde cada una de las seis estaciones distribuidas en los nodos”, explicó Leone, quien anticipó que la obra “estará terminada en abril del próximo año, equipada con tecnología adecuada y lista para ser entregada a la Policía”.

Para la ejecución se presentaron 14 oferentes, entre ellos Ingeniero Pedro Minervino S.A. ($14.556 millones), Pilatti S.A. ($13.261 millones), UTE Dinale S.A.–Dyscon S.A. ($12.990 millones), Mundo Construcciones S.A. ($13.834 millones), Cocyar S.A. ($14.997 millones), Epreco S.R.L. ($13.685 millones), Pecam S.A. ($14.262 millones), Pirámide Constructora ($14.305 millones), Coemyc S.A. ($15.236 millones), Depaoli & Trosce SRL ($12.998 millones), Edeca S.A. ($13.799 millones), Werk SRL ($14.698 millones), Capitel S.A. ($13.883 millones) y Pose S.A. ($11.641 millones).

La obra integra el Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías, impulsado por la gestión Pullaro para reestructurar el patrullaje preventivo y garantizar respuestas rápidas a la ciudadanía. El plan incluye tres estaciones en Santa Fe capital, con la primera ya en marcha en el Parque Juan de Garay. En Rosario funcionan dos (en zona sur y sudoeste) y se construye la Estación Centro. Con la licitada este jueves se alcanzará un total de nueve estaciones en ambas ciudades.

En paralelo, se abrió la licitación para la compra de 600 camionetas compactas, doble cabina 4x2, adaptadas para patrullaje policial. El presupuesto oficial asciende a 40.173 millones de pesos.Se presentaron dos oferentes: Coinauto S.A., que cotizó 27.540 millones, y la UTE conformada por Volant S.A. y Seprio S.A., que ofertó 28.789 millones.

En el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, el Gobierno provincial ya adquirió 940 autos, 360 camionetas y 600 motos para patrullaje, operaciones y traslados de la Policía y del Servicio Penitenciario.

“Serán distribuidas en todas las regionales de la provincia”, aseguró Leone, quien destacó que con esta nueva compra “se alcanzará casi 3.000 móviles adquiridos por la Provincia, saldando el déficit histórico de vehículos en la fuerza”.

El Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad, y de Salud, desarrolla un programa de abordaje integral en salud mental dirigido al personal policial y penitenciario de toda la provincia. La iniciativa, que comenzó en 2024 bajo la órbita de la Dirección de Bienestar en las Fuerzas de Seguridad, incluye ciclos de charlas y dispositivos de acompañamiento que se despliegan en todas las unidades regionales.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó la importancia “de tener una agenda de trabajo para cuidar a quienes nos cuidan, donde las políticas de bienestar de nuestro personal sean una prioridad. Nosotros venimos realizando desde el Gobierno una inversión muy grande en equipamiento, infraestructura y tecnología. Ahora hay algo que es el centro de una política de seguridad como de cualquier política de gobierno, que es la persona que la va a llevar adelante. Entonces, queremos realmente tener una política que ponga, en primer lugar, a nuestra policía, a nuestro servicio penitenciario, entre los más formados, los más capacitados y aquellos que tengan realmente una política de seguimiento, de formación integral”.

“Entonces estamos trabajando para modificar la matriz demográfica de una fuerza de seguridad; no son cosas que se hacen dando un golpe en la mesa ni a los ponchazos, requieren planificación y requieren una acción sostenida en el tiempo. Queremos claramente dar vuelta a la página y acercarnos a nuestra policía, a nuestro penitenciario, porque no solo son trabajadores del Estado a los cuales tenemos que cuidar, que valorar, que capacitar, sino que además son parte no sólo de una política pública”, continuó Cococcioni.

El director provincial de Bienestar, Ignacio Paz, explicó que se trata del ciclo Hablemos de Salud Mental, un espacio de trabajo con las fuerzas que aborda diversas problemáticas: “Tratamos consumos problemáticos, salud mental en general, violencia de género, y trabajamos con todo el equipo compuesto por psicólogos y trabajadores sociales”, detalló.

El programa incluye protocolos de acompañamiento psicológico permanente. “Cuando las personas ingresan al protocolo, los riesgos disminuyen. En cambio, si no se activan a tiempo, las situaciones pueden agravarse”, afirmó. Por eso, enfatizó, el objetivo es llegar antes: “Queremos que todos conozcan los recursos disponibles. Por eso las charlas son también espacios de intercambio donde quienes participan pueden expresarse y pedir ayuda”.

Desde la Dirección de Bienestar se subraya la importancia de acompañar a quienes, por su tarea, enfrentan altos niveles de estrés y exposición a situaciones traumáticas. Se han creado dispositivos de atención presenciales y virtuales, individuales y grupales, donde se garantiza la confidencialidad. Además, existen protocolos específicos para casos de ideación suicida, violencia de género y consumos problemáticos.

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, destacó la relevancia del enfoque interministerial: “Las capacitaciones son clave y la articulación entre áreas es necesaria para abordar esta problemática de forma integral”, señaló. Para Olguín, el contexto actual exige redoblar esfuerzos: “Estamos atravesando una etapa compleja. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan todos los días”.

Además, hizo hincapié en la importancia de construir redes institucionales: “La prevención, la asistencia y la posvención (acciones e intervenciones posteriores a un evento) requieren un trabajo coordinado. El armado de red nos permite responder mejor, incluso en los momentos más críticos, como tras un suicidio consumado”.

En ese sentido, la Dirección de Bienestar también trabaja en facilitar el acceso a prestadores para quienes requieren atención y no han podido conseguirla. “Nuestra tarea es también garantizar que cada persona pueda ser escuchada y atendida adecuadamente”, sostienen desde el área.

El programa contempla, además, una activa intervención del Área de Género, que tiene un rol central en la detección y abordaje de situaciones de violencia dentro de la institución. Sus líneas de acción incluyen el acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ del sistema policial que atraviesan situaciones de violencia de género; intervenciones ante denuncias realizadas por civiles contra policías; y acompañamientos en el ámbito laboral por motivos de género.

Este abordaje se articula con organismos como los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), los Equipos del Sistema de Protección Integral (ESPI), áreas locales de género, el Programa de Atención Psicológica ATE-Iapos, y la Dirección Provincial de Vivienda.

• Área de Bienestar: (0341) 4721813 - Interno 45831 | (0342) 154467553bienestarenlapolicia@santafe.gov.ar / salud.bienestar@santafe.gov.ar

• Área de Género: (0342) 155380139 (zona centro-norte) / (0342) 155287642 (zona sur)generoseguridad@santafe.gov.ar

Mediante el decreto N° 1324 del 27 de junio, el Poder Ejecutivo de Santa Fe adjudicó a las empresas Bersa SA y Punto de Impacto S.A., la compra de dispositivos de seguridad no letales para la Policía de Investigaciones de la provincia. Se trata de "armas accionadas por cartuchos de CO2 para disparo de proyectiles cinéticos redondos de calibre 68, y proyectiles con agresivos orgánicos/químicos".

El decreto convalida lo actuado a través de la "licitación acelerada Nº 05/25" promovida por el Ministerio de Seguridad de la provincia. A dicha compulsa se habían presentado las dos empresas mencionadas que resultaron adjudicatarias del material adquirido. El material estaría disponible para las fuerzas en el término de unos setenta días, según pudo saber El Litoral.

Santa Fe suma tecnología a sus fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el decreto, la firma Bersa resultó adjudicataria de elementos y armas no letales por un total del 414.882.558 pesos. Concretamente, la firma deberá proveer:

Así es la pistola.

A la firma "Punto Impacto", en tanto, se le adjudicó la compra de quince mil proyectiles de entrenamiento para armas no letales Calibre 0,68", marca Cover, por la suma de 5.700.000 de pesos.

Así es el rifle.

Las armas no letales serán distribuidas en distintos puntos de la provincia y se utilizarán en el marco de un proceso sujeto a monitoreo, y que implicará la formación y entrenamiento de los efectivos que las utilizarán. La decisión de incorporarlas para uso policial la anunció el gobierno provincial en noviembre del año pasado.

Según mencionaron las autoridades, la incorporación será esencialmente "con fines antitumulto". El proceso de adquisición de este tipo de armamento incluye las pistolas Taser.

Al respecto, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraón, dijo que con dichos dispositivos "le estamos otorgando a la policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego".

Y agregó el funcionario que "si bien las armas no letales no existen, éstas tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente".

Estas pistolas "son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos", dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes.

La compra se hizo a través de una licitación acelerada, oficializada por decreto.

En el sitio web de la firma, se explica que la distancia efectiva de este tipo de armas es de 20 metros y que los “disparos contienen productos orgánicos o químicos y pueden incapacitar a un atacante hasta 30 minutos”.

La pistola adquirida como se dijo es de calibre 68. Según consta en el sitio oficial de la empresa que la produce, el dispositivo cuenta con los siguientes rasgos:

Mientras que la larga, presenta las siguientes características:

Otras fuerzas policiales de Argentina cuentan con este tipo de dispositivos. En 2024, Córdoba adquirió un lote del mismo modelo que compró recientemente Santa Fe. También el año pasado, hizo lo propio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, dotó de este tipo de arma a la Policía Aeroportuaria (PSA).

La PSA ya cuenta con estos dispositivos.

En el dictamen presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Luciani y Mola fueron enfáticos: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal”. Según los fiscales, la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario, salvo excepciones debidamente justificadas.

Argumentaron que la condición de mayor de 70 años no es suficiente para habilitar la morigeración. “Debe constatarse que la detención carcelaria supone un trato inhumano, indigno o cruel”, explicaron. En el caso de Fernández, “no se acreditaron tales condiciones”, añadieron.

También hicieron referencia a un informe reservado que el Ministerio de Seguridad elevó al tribunal el 11 de junio, donde se afirmó que existen condiciones para alojar a la ex mandataria en una dependencia del SPF sin comprometer su integridad física.

Luciani y Mola afirman que no hay trato cruel ni indigno en alojar a Cristina en una cárcel común.

Hace dos semanas, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó la detención de Cristina en cumplimiento de la condena por administración fraudulenta contra el Estado. Se le atribuyó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, generando un perjuicio de más de $85.000 millones.

El TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— consideró que, debido a su rol institucional y su condición de ex jefa de Estado, resultaba riesgoso su alojamiento en una cárcel federal. Por eso autorizó el cumplimiento domiciliario de la pena, con tobillera electrónica y un régimen de visitas restringido.

Ese criterio fue cuestionado de inmediato por la fiscalía, que ahora formalizó su apelación para que el arresto domiciliario sea revocado. “No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”, reiteraron.

Ahora, la decisión está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal deberá evaluar si el TOF actuó conforme a derecho al otorgar la prisión domiciliaria o si corresponde su revocación. La resolución podría conocerse antes del receso judicial de invierno.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria con monitoreo permanente y bajo reglas estrictas de conducta. Su abogado, Carlos Beraldi, se opuso además a las limitaciones sobre las visitas que puede recibir y a la utilización de la tobillera electrónica, pero su reclamo aún no fue resuelto.

En paralelo, la defensa aguarda una definición de la Corte Suprema sobre los recursos extraordinarios pendientes. Hasta tanto, la condena sigue en etapa de ejecución, aunque no está firme en todos sus tramos.

El TOF 2 alegó razones de seguridad institucional para otorgar la prisión domiciliaria.

En el dictamen, los fiscales también apuntaron a la equidad procesal. “Debe evitarse que figuras públicas reciban beneficios que no se otorgan a otros detenidos en igual situación jurídica”, sostuvieron. Consideran que aceptar una morigeración sin fundamentos genera un mensaje de desigualdad ante la ley.

Luciani y Mola recordaron que el artículo 10 del Código Penal sólo habilita la prisión domiciliaria por edad cuando existen condiciones que agravan la salud o suponen trato indigno. En este caso, “la edad no es causal autónoma”, explicaron. Y agregaron que no hay elementos que prueben que un alojamiento en cárcel común representaría un riesgo inaceptable.