El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna participó de la entrega de créditos a 19 productores del departamento General López en emergencia agropecuaria, afectados por la sequía, por un monto superior de los 21 millones de pesos. “Ya hemos alcanzado un monto de 82 millones de pesos de asistencia en el sur sur santafesino para unos 130 productores”, detalló en el acto que se llevó a cabo este lunes en la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

“Venimos desarrollando estas acciones en toda la provincia, junto a asociaciones como en el caso del sur con el Centro Regional para el Desarrollo, porque realmente la realidad climática afectó a todos los departamentos”, indicó el funcionario, destacando que estos créditos de hasta 700 mil pesos sin interés y con 12 meses de gracias y 12 cuotas de pago, están pensados para productores de hasta 1000 cabezas ganaderas o en caso de actividad mixta deberán tener un límite de 700 cabezas de ganado y hasta 500 hectáreas.

“Desde un principio decidimos acompañar al sector en estos momentos tan angustiantes, gestionando 13 mil certificados de emergencia, de los cuales 1.400 son de General López”, detalló el ministro, agregando que no se trata de una mera declaración, sino que hay líneas y programas que ofrecen un alivio a las empresas y productores, como posponer las obligaciones fiscales hasta el 1 de abril del 2024 y poder direccionar esos recursos a la siembra de trigo, que ya está finalizada; girasol, maíz y soja.

En este marco, Costamagna remarcó que se está relanzando una línea para la compra de maquinaria por 3 millones de pesos, con tasas negativas a través del Nuevo Banco de Santa Fe.

El funcionario provincial también adelantó que se está analizando la posibilidad de establecer alguna prórroga para la gestión de la emergencia en algunas zonas puntuales de la provincia. “Hasta el momento son 13 mil las emergencias que se han declarado y estaríamos llegando a 14 mil en toda la provincia”, puntualizó.

“Tenemos un faltante hídrico de 500 milímetros en el suelo. Es decir que los primeros 500 milímetros que tengamos será para nivelar, el resto puede llegar a ser un problema, pero por el momento son sólo hipótesis”, enfatizó.

La Cámara de Diputados de Santa Fe votará por tercera vez, este jueves, un proyecto de Ley disponiendo la creación de un régimen de acceso a los recursos biológicos y genéticos, con fines científicos, de investigación o utilización con fines comerciales. La iniciativa se encuadra en la Constitución Nacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Argentina por medio de la Ley Nacional 24375, y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, también aprobado por el Congreso por medio de la Ley Nacional 27246.

“Pretendemos con esta iniciativa que Santa Fe tenga una política de Estado en la materia, que se garantice el mandato constitucional y los compromisos que asumió Argentina al ratificar dos convenios internacionales que firmara oportunamente”, explicó la socialista Erica Hynes, una de las impulsoras del tema.

Hynes era ministra de Ciencia cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz envió el mensaje a Legislatura en 2018 y ya como diputada impulsó la sanción en 2020. El tema no fue tratado en Senado; la legisladora lo volvió a ingresar y ya tiene todos los dictámenes de comisiones para llegar al recinto en lo que será la segunda sesión Ordinaria de este jueves.

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“Es una propuesta de preservación de los recursos genéticos y biológicos y una oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico en el territorio provincial”, agregó la socialista. Acotó que “en las últimas décadas se ha reconocido el valor intrínseco y relevancia de la diversidad biológica cuya pérdida o deterioro se viene manifestando sostenidamente, lo que ha evidenciado la necesidad de generar compromisos globales sobre el tema”. Es en ese marco que Argentina aprobó dos convenios internacionales que validó el Congreso mientras que el artículo 41 de la Constitución consagró el deber de la preservación de la biodiversidad. En tanto, el artículo 124 establece el dominio originario de los recursos naturales por parte de los Estados provinciales. En tanto, la Constitución santafesina, en su artículo 28, ordena proteger la flora y la fauna autóctonas.

Para Hynes, “la determinación de condiciones de acceso y de esquemas de distribución de beneficios la Provincia cuenta con ciertas ventajas comparativas, en particular, la existencia de capacidades científicas y técnicas en nuestro territorio así como el funcionamiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. que permiten configurar un valioso e innovador sistema en el que la cooperación público-privada puede contribuir a robustecer el conocimiento sobre la biodiversidad de la provincia y a potenciar su desarrollo científico tecnológico”.

El texto dispone que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología sea la autoridad de aplicación; crea un banco público – privado de información sobre recursos genéticos y biológicos bajo la órbita de la autoridad de aplicación, cuya información es de libre acceso y uso público.

El proyecto está en el Orden del Día junto a otras doce iniciativas con los respectivos dictámenes de comisiones.

En el marco de la Emergencia Agropecuaria, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, entregó, en Cañada de Gómez, créditos a 79 productores del departamento Iriondo afectados por la sequía. Se trata de créditos a tasa cero, de hasta 400.000 pesos por productor, con un plazo total de reintegro de 12 meses y hasta 12 meses de gracia.

El financiamiento proviene de un fondo rotatorio generado a partir de un aporte no reintegrable de $32.864.000 que el gobierno provincial realizó a la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca). A partir de dicho fondo se puede brindar asistencia financiera a pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos y mixtos afectados por el fenómeno climático.

Los fondos recibidos por los productores serán destinados a la adquisición de insumos y servicios vinculados a la siembra/resiembra de cultivos afectados, semillas de maíz, soja, verdeos, pasturas, combustible, fertilizantes, productos de protección vegetal, silobolsas, bobinas de hilo para rotoenfardadoras, alambre de fardo, pago de fletes para provisión de agua y traslado de animales, limpieza de represas o mejoras en el aprovisionamiento de agua, compra de alimentos (forrajes, conservados o concentradas), entre otros.

En la oportunidad, Costamagna señaló que “continuamos trabajando para acompañar a los productores afectados por la sequía, porque estamos ante una situación extraordinaria que requiere una labor articulada con todos los actores de la cadena de valor. Por eso trabajamos codo a codo con las entidades de productores, las autoridades locales y las agencias y asociaciones para la ejecución de la asistencia, y así dar respuestas a los problemas que atraviesa el productor en su día a día como consecuencia de esta situación”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, indicó que “esto es el fruto de la decisión del trabajo articulado que nace de la voluntad política de que las asociaciones y agencias para el desarrollo estén cerca del que produce, trabaja e invierte. En esta oportunidad Fudeca, que es una institución de alcance regional y con una fuerte articulación público – privado a nivel local y regional, es el instrumento por el cual llegamos a cada productor”.

“Es fundamental que desde la gestión podamos brindar la asistencia necesaria para contrarrestar esta difícil situación, acompañando a los productores y trabajando de manera articulada con instituciones del sector agropecuario, los municipios y comunas para lograr llegar a cada uno de los afectados”, concluyó el funcionario.

Además de las autoridades mencionadas, participaron del acto la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici; y la presidenta de Fudeca, Natalia Ottaviani.

A través de ayudas económicas y financieras, y la media sanción de una nueva Ley, la Provincia trabaja en la resolución de problemas actuales y en la prevención de riesgos ante eventos futuros.

Desde el mes de enero del 2022, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante un abordaje minucioso de la situación que atraviesan las producciones agropecuarias como consecuencia de la sequía, altas temperaturas y heladas tardías que han generado importantes pérdidas en todo el territorio provincial.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, describió de esta manera el abordaje de la emergencia que impulsó desde su cartera: “Desde el primer momento nos pusimos a trabajar codo a codo con los productores, con las entidades agropecuarias, las instituciones científicas y técnicas y los legisladores provinciales. Sabíamos que íbamos a tener que resolver cuestiones del día a día, pero también había que ponerse a pensar en soluciones de fondo, que permitan asumir medidas preventivas. Cada acción que llevamos adelante fue consensuada con todos los actores institucionales y eso nos permitió ir dando respuesta a problemas concretos”.

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“Tenemos la firme instrucción del gobernador Omar Perotti de seguir cerca de los productores, tal como lo estamos haciendo desde el inicio de nuestra gestión. Necesitamos un fuerte compromiso de todos los actores para administrar los recursos de forma inteligente, sostener a todos los productores y estar preparados para seguir produciendo y creciendo en el momento en que las condiciones climáticas mejoren”, agregó.

Al mismo tiempo, sobre el fenómeno de la sequía que se abate sobre gran parte del norte provincial señaló “que ocurra esto, en esta época del año realmente te condiciona la producción del año entrante porque son periodos donde está toda la siembre de la cosecha gruesa, de maíz, de soja, y además la elaboración de reserva de las producciones de leche y carnes. Estamos preocupados y trabajando en distintos frentes porque es una cuestión que puede traer problemas y sinceramente no son alentadores los pronósticos”, indicó Costamagna.

Se permitió un tramo de breves expectativas favorables en un marco ciertamente dificultoso: “De haber lluvias en las próximas semanas hay situaciones que se van a revertir. Más allá de las divisas, del dinero que pueda no entrar, el tema es que los productores, el campo, la provincia y gran parte del país puedan tener acompañamiento en una situación compleja como la que estamos viviendo”. Para el titular de un ministerio clave en la gestión Perotti, “el maíz fue uno de los cultivos más afectados, porque se sembró en octubre, cuando todo esto empezó a profundizarse por la falta de agua y las altas temperaturas. Como resultado de este contexto los maíces tienen una calidad muy mala. Y por eso, son utilizados para la reserva de forraje, de granos, para la producción de carne y de leche.

Costamagna se mostró decidido en la necesidad de avanzar con la modificación en la legislación provincial. En ese sentido consignó que “la actual Ley de Emergencia tanto provincial como nacional tienen muy poca utilidad. Hemos llevado a la Legislatura un proyecto que realmente sería muy bueno que todos los legislados lo aprueben, hoy tiene media sanción en el Senado”, explicó el funcionario. En el mismo orden de cosas, aseguró que esta normativa “posibilitaría a los productores tener capital de trabajo, proveer obras de cosechas de almacenamiento de agua, utilizar tecnologías para afrontar situaciones como la que se está viviendo y estimular el uso de los seguros”.

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El ministro rafaelino expresó que “hoy por hoy en la provincia de Santa Fe, el 70% de las explotaciones son sobre campos arrendados y esta ley ayuda al dueño de campo y no al que produce. Entonces es necesario que dotemos de una herramienta desde el punto de vista financiero, brinde estímulos, para que los productores que generan trabajo e invierten en la provincia tengan un acompañamiento fuerte de la gestión de gobierno”.

En enero del año pasado, Santa Fe convocó a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, y a través de los decretos 0020/22 y 0080/22 declaró la Emergencia Agropecuaria desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2022 para todas las actividades productivas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos del territorio santafesino, a excepción de los del departamento General López.

Durante el primer semestre del año, la Provincia logró la homologación nacional de esta emergencia y gestionó fondos nacionales por $1.000 millones de pesos con los que se asistió a más de 1.200 productores agrícolas y ganaderos con créditos sin interés con un año de gracia destinados a inversiones en el abastecimiento de agua, maquinarias, recomposición del capital de trabajo y fomento de plantación de árboles en el medio rural.

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió nuevamente en los meses de octubre y noviembre de 2022 para la evaluación de la situación productiva. Los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) presentaron la situación de cada actividad. En la segunda reunión, la Comisión recomendó la declaración de la emergencia y desastre agropecuario en toda la Provincia. A partir de ello, el Gobierno Provincial emitió un nuevo decreto, el 2476/22, que prorrogó retroactivamente y de forma automática los decretos 0020 y 0080 desde el 1 de julio de 2022, extendió la declaración de emergencia hasta el 31 de mayo de 2023, e incluyó entre los afectados al departamento General López.

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Desde entonces, manteniendo un diálogo permanente tanto con las entidades agropecuarias como con los productores, Santa Fe administró distintos apoyos económicos y financieros que fueron dando respuestas concretas a las demandas recibidas de parte de los productores. Se otorgaron $320 millones a más de 600 productores ganaderos de los departamentos General Obligado, 9 de Julio, Vera y parte de San Cristóbal, $100 millones para productores lecheros. También la Provincia solventó la compra de 20 tanques cisterna para asistir a los municipios y comunas en la provisión de agua. Se asignaron aportes no reintegrables a más de 1.000 productores de la agricultura familiar y se entregaron 200 toneladas de maíz y forraje para pequeños productores ganaderos.

Otro sector al que se está acompañando es el apícola, para el cual se destinarán $15 millones para créditos sin interés a productores de hasta 50 colmenas. Los legumbreros contarán con un fondo específico de $130 millones a través de una línea de hasta $1 millón a productores de hasta 100 hectáreas. Además, se gestionarán $40 millones en aportes no reintegrables para productores frutihortícolas.

Cada asistencia fue instrumentada en colaboración con las instituciones que integran la Red Provincial de Asociaciones y Agencias para el Desarrollo Regional (RePAAD). “Decidimos canalizar los fondos públicos a través de las agencias y asociaciones para el desarrollo porque son las instituciones que conocen a cada uno de los productores y saben los problemas a los que se enfrentan”, aseguró Costamagna. “Consideramos que esa es la manera más eficiente y más transparente de asignar recursos nacionales y provinciales. A través de ellas, llegamos directamente a los beneficiarios de las asistencias evitando intermediarios que hacen el proceso más lento y costoso” concluyó.