El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó el lunes la Directiva N° 05/2026, mediante la cual instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de manera inmediata las acciones administrativas y judiciales necesarias, en coordinación con Fiscalía de Estado, para el recupero y resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado provincial, en función de falsas amenazas a escuelas.

Como resultado de las investigaciones llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Provincia ya logró identificar a varios responsables de estos hechos, todos ellos menores de edad. En consecuencia, se iniciará el proceso de recupero de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables.

Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el día 21. Cada uno de estos operativos implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados.

El procedimiento de recupero se activa una vez identificados los responsables, momento en el que se inicia un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Posteriormente, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo perentorio para cumplir con la obligación.

En caso de incumplimiento, se da intervención a Fiscalía de Estado para la promoción de las acciones judiciales correspondientes, lo que puede derivar en reclamos patrimoniales con más intereses, costas y gastos.

Desde el Gobierno Provincial remarcaron la gravedad de estos hechos y su impacto en el sistema de seguridad: “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”. Además agregaron que “dependiendo de la zona y el despliegue del operativo, el costo del resarcimiento puede ascender a cifras mucho más altas que esos 6 millones”. Y remarcaron que “la idea es recuperar lo que la provincia gasta en cada operativo, no es una sanción accesoria al delito sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por lo que hacen sus hijos menores. Esto es una acción paralela a la cuestión penal por lo que no es necesario esperar ninguna sentencia”.

En ese sentido, se reiteró que las amenazas en ámbitos escolares constituyen conductas tipificadas en el Código Penal y que, además de las responsabilidades penales que pudieran corresponder, generan consecuencias económicas que serán reclamadas por el Estado.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, destacando la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad y conciencia sobre sus efectos.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación, llevaron adelante este martes un nuevo derribo de un punto de venta de estupefacientes en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de Rosario. El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del MPA, Brenda Debiasi.

Se trata del búnker número 109 inactivado en la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 y promulgada en 2024. La medida forma parte de una estrategia orientada a desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir los focos de violencia asociados.

En el lugar, Pereira sostuvo que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales”, y remarcó que las intervenciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Por su parte, la fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y abarcó distintos sectores del barrio Tablada. “Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, indicó.

Según precisó, a los integrantes de la banda se les atribuyen al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas. En los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego, aproximadamente un kilo de cocaína fraccionada, más de 6 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, balanzas y otros elementos de interés para la causa.

Debiasi agregó que la organización tenía como principal referente a una mujer conocida como “La Picota”, ya imputada, con vínculos familiares con otras personas detenidas por hechos violentos.

El punto de venta fue localizado a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas realizadas junto a la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se estableció su conexión con otro búnker cercano, también derribado, que operaba bajo la misma estructura criminal.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de desarticular el narcomenudeo y reducir la violencia en el territorio.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto con el Instituto de Seguridad Pública (ISEP), informaron que continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, destinada a aspirantes a suboficiales de la Policía de la Provincia.

La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial. Al finalizar el segundo año, los estudiantes obtendrán el título intermedio de “Auxiliar en Seguridad”, e ingresarán a la fuerza policial. Tras dos años de servicio activo, deberán completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.

La secretaria de Formación y Capacitación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, sostuvo que “abrimos una segunda etapa de la convocatoria para la policía, esta vez el reclutamiento es solo para hombres que deseen cursar la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública debido a que queda un remanente de cupos”.

En ese sentido, remarcó que “para llevar adelante el Plan de Seguridad Pública, el recurso humano es uno de los pilares fundamentales, y el Gobierno va a disponer de todos los medios operativos y logísticos para formar a la mejor policía especializada y profesional del país”.

1. Ser argentino.

2. Tener entre 18 y 30 años al 2 de febrero de 2026.

3. Poseer título secundario completo, registrado por el Ministerio de Educación de Santa Fe.

4. Cumplir con las condiciones de aptitudes psicofísicas requeridas, superando los exámenes correspondientes.

5. No haber sido condenado ni estar procesado por delitos o contravenciones.

6. No ser empleado de la administración pública nacional, provincial o municipal.

7. No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública.

8. Presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de noviembre de 2025 inclusive. Los interesados deben poseer una ID Ciudadana que se obtiene registrándose en el portal oficial de la provincia. Una vez creada la cuenta, se enviará un correo electrónico para confirmar el registro, el cual debe ser validado dentro de las 24 horas.

Para más detalles y acceder al formulario de inscripción, visite el sitio web oficial del Gobierno de Santa Fe: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/255353/(subtema)/239105.

Para más consultas sobre la inscripción se puede escribir a la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial (s.formacionycarrera@santafe.gov.ar), o al Instituto de Seguridad Pública (prensaydifusion@isepsantafe.edu.ar).

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación, supervisaron la inactivación de otro búnker de venta de estupefacientes en Rosario. A partir de esta herramienta impulsada por el Gobierno Provincial, ya son 51 las intervenciones realizadas en esa ciudad y ascienden a 79 en todo el territorio santafesino.

El operativo se realizó este miércoles a la mañana en Anchoris 1663, departamento 2, donde la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta, destacó la tarea que viene llevando adelante la Provincia con la Ley de Microtráfico: “Desde el comienzo de la gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro envió el mensaje a la Legislatura con una clara decisión política de llevar adelante todas aquellas medidas que sean necesarias en coordinación con el MPA para trabajar en la baja de la violencia de criminalidad en Rosario”.

Valoró además la cantidad de inactivaciones que vienen llevándose adelante en toda la provincia, lo que “da cuenta de que seguimos adelante y es un modelo que debe llevarse a nivel nacional. Ése es el modelo que propone la vicegobernadora Gisela Scaglia, y no vamos a retroceder”, manifestó.

Seis personas detenidas

El fiscal Diego Giro explicó que la reciente inactivación se da en el marco de “una causa que ya se venía trabajando hace tiempo. Esta es la tercera intervención que realizamos en este lugar. Es un pasillo donde era frecuente la venta de estupefacientes, había denuncias de vecinos. En abril la causa se inicia con allanamientos, aprehensiones en flagrancia, y se procede a la inactivación de un puesto de venta. Posteriormente, a raíz de la regeneración de este tipo de delitos vinculados a la venta de drogas, se produce una nueva intervención; y llegamos al mes de octubre, donde nuevamente realizamos allanamientos en el lugar y procedemos a la inactivación”.

El funcionario del MPA agregó que “en esta investigación tenemos seis personas detenidas en prisión preventiva en este momento, y que ya han sido condenadas mediante procedimientos abreviados dos personas. En el caso de las personas que están detenidas, son familiares entre sí”.

El fiscal detalló también que de los cinco departamentos que hay en el lugar, tres quedaron inactivados; e indicó que si bien desde la Fiscalía se solicitó el derribo, la justicia interviniente autorizó solo inactivación, “teniendo en cuenta la posible afectación a derechos de terceros titulares registrales, a los fines de preservar estos derechos de un tercero que de buena fe pueda reclamarlos para sí”.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron cómo se concretó la detención de Ernesto Fabián Quintana, uno de los diez delincuentes más buscados en Santa Fe. El operativo se desarrolló el miércoles en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo.

Quintana había ingresado recientemente a la lista de los más buscados, elaborada por el Bloque de Búsqueda, tras la captura de Walter Bilbao. Sobre él pesaba una recompensa de 25 millones de pesos. Está acusado de un homicidio cometido en 2020 en Sauce Viejo contra un peón rural cuyo cuerpo apareció en el río Coronda, hecho investigado por la Fiscalía Regional 1. Además, se le atribuyen vínculos con el narcotráfico y el narcomenudeo.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó la utilidad de las recompensas como mecanismo de colaboración ciudadana: “Es una herramienta fundamental en este sistema, que se publica en la página web de la Provincia y luego se difunde”. También puso en valor “el trabajo de la Policía, de la PDI y de la Fiscalía Regional”.

Coudannes subrayó la efectividad de la estrategia provincial: “Esto forma parte de un plan de seguridad y es una respuesta efectiva. Ninguno de los delincuentes buscados va a quedar afuera de la cárcel: a todos los vamos a encontrar”.

La fiscal de la Sección Violencia en Contexto de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional 1, María Laura Urquiza, a cargo de la investigación, relató que la captura se inició gracias a un aviso ciudadano. “Recibimos un dato de alguien que el día anterior vio la fotografía de Quintana publicada en la nómina de los diez más buscados. Esa persona nos dio un posible domicilio en Recreo, aunque no estaba segura. Rápidamente se organizó un operativo: personal de la PDI lo visualizó en una zona rural, cerca de un domicilio, y logró detenerlo”, señaló.

Urquiza precisó que el acusado “opuso la resistencia típica de quien es sorprendido, pero no más que eso”. Recordó que era buscado “por un homicidio calificado por alevosía y por el uso de arma de fuego en 2020 en Sauce Viejo, causa por la que estuvo detenido en 2022. En 2023 se fugó de la Subcomisaría 6ª, cuando ya tenía un proceso federal abierto”.

La fiscal consideró fundamental el sistema de recompensas y la difusión de listas de prófugos: “Es realmente importante que el conocimiento que tiene la gente pueda ser utilizado por la Justicia para llegar a personas con gran capacidad de ocultamiento. Este es un claro ejemplo: en menos de 24 horas de publicada su imagen, alguien que ni siquiera lo conocía pudo reconocerlo”.

La provincia cuenta con una nueva herramienta digital: la web de los delincuentes más buscados (https://sf.gob.ar/buscados). Allí se reúnen todos los casos con recompensa vigente, priorizados según el nivel de peligrosidad.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, e integrado por representantes del MPA, del Ministerio Público Fiscal, del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.Dentro de esa estructura funciona una unidad específica, encargada de ejecutar las acciones de búsqueda y captura de sujetos de alto perfil. En lo que va del año ya se detuvo a varios prófugos incluidos en la lista.

El Gobierno Provincial ha destinado más de 300 millones de pesos en recompensas. Los pagos se efectúan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. Las autoridades insisten en que no se intente detener a los prófugos por cuenta propia y recuerdan que la información debe comunicarse de inmediato a través del 911 o del 0800-444-3583.

El Gobierno de Santa Fe comenzó la distribución y capacitación para el uso de armas de baja letalidad que incorporará la Policía provincial: 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna, adquiridas en marzo tras una licitación impulsada por el gobernador, Maximiliano Pullaro.

El Ministerio de Justicia y Seguridad dictó una resolución que protocoliza el uso progresivo de la fuerza, con el fin de asegurar que los agentes sigan los procedimientos adecuados al emplear estas herramientas.

Las capacitaciones se iniciaron con instructores que luego entrenarán a los policías habilitados para su uso. “Comenzamos con la formación de cuatro instructores maestros, capacitados en Buenos Aires junto a fuerzas de otras provincias por la empresa fabricante. El curso fue de muy alto nivel”, explicó el comisario supervisor Manuel Berraz Montyn.

El oficial detalló que actualmente forman a 15 instructores, quienes replicarán los contenidos en sus destinos a lo largo de la provincia. “Todos somos instructores de tiro con años de experiencia y formación en metodología. Esto es un paso más para transmitir con éxito conocimientos sobre un recurso completamente novedoso”, señaló.

El entrenamiento cuenta con un protocolo de seguridad dividido en dos áreas: una línea segura, para observadores y el personal que recibirá la descarga, y una zona de práctica, marcada con tatamis, donde el operador despliega el arma.

Antes del disparo, el cursante recibe la orden de alistarse y la advertencia verbal del disparo. El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta y lateraliza a la persona para evitar caídas. Luego se retiran los dardos, se realiza la asepsia y se resguardan para peritaje. El participante es acompañado durante diez minutos para descartar cualquier complicación.

La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Las pistolas Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves. Las lanzadoras Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad ciudadana.

Este lunes, la provincia de Santa Fe dio un paso histórico con el inicio de su primer juicio por jurados, un mecanismo que otorga a los ciudadanos la responsabilidad de decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados en ciertos casos de alto impacto social. María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, brindó detalles sobre esta implementación, que finalmente se concreta luego de años de debate legislativo.

Blotta destacó la importancia de la sanción de la ley que habilitó los juicios por jurados, subrayando que la participación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fue clave para su implementación. "Es una deuda pendiente respecto a la justicia penal de la provincia, ya que, si bien contamos con un sistema acusatorio con juicios orales y públicos, la participación ciudadana era el eslabón faltante", explicó. Para la funcionaria, la implementación de este sistema de juicios se presenta como una forma de reforzar la democracia y permitir que la comunidad tenga un papel activo en el sistema judicial.

La selección del jurado es un punto clave en la implementación de este sistema. Blotta detalló que el proceso comienza con la creación de un padrón electoral de ciudadanos aptos para participar. "El Poder Ejecutivo hizo un gran trabajo para realizar un filtro de aquellos que por diferentes razones, como ser matriculados en colegios de abogados o tener otros impedimentos establecidos por la ley, no pueden formar parte del jurado", comentó.

Una vez conformado este padrón, se realiza un sorteo aleatorio de los posibles jurados, que en esta primera instancia involucra a 36 personas, de las cuales se seleccionan 12 titulares y 2 suplentes. "Este sorteo se realiza a través de la lotería de Santa Fe, garantizando la transparencia del proceso", explicó Blotta. A partir de ese momento, las partes involucradas en el juicio (fiscalía y defensa) participan de una audiencia de selección del jurado, en la que pueden recusarse a ciertos candidatos.

La obligación de participar como jurado es clara, aunque existen algunas excepciones. "El jurado es una carga pública, pero también es un derecho participar. Si alguien es convocado y tiene razones válidas para no asistir, puede justificar su ausencia ante el juez", aclaró Blotta. La funcionaria también destacó que, una vez seleccionado un jurado, este quedará inhabilitado para participar en otro juicio por jurado durante tres años, lo que busca evitar convocatorias repetidas a la misma persona.

La subsecretaria aprovechó para informar a los oyentes que pueden consultar si figuran en el padrón de jurados ingresando al sitio web santafe.gob.ar y verificando su situación con su DNI. La lista de personas seleccionadas tiene una vigencia de dos años, por lo que es posible que la misma persona quede excluida en futuras convocatorias.

Uno de los temas que más preocupó a la audiencia fue la seguridad de los jurados. Blotta aseguró que la ley contempla medidas para garantizar la libertad de los jurados en el ejercicio de sus funciones. "Si un jurado recibe amenazas o presiones, esto será considerado un atentado contra su libertad de acción, y se activarán los mecanismos legales correspondientes", explicó.

En caso de que se presenten problemas de seguridad, las autoridades judiciales tomarán las medidas necesarias para proteger a los jurados y asegurar que puedan tomar su decisión de manera libre y sin presiones externas.

Blotta también informó sobre el cronograma de implementación de los juicios por jurados en las distintas circunscripciones de la provincia. Aunque en Rosario el sistema comenzará en octubre de 2025, en el resto de las localidades ya se encuentran activas. "Venado Tuerto es uno de los centros pioneros en la implementación, y ya está habilitado para la realización de juicios por jurados", indicó.

Para los delitos que son susceptibles de ser juzgados por jurados, la funcionaria explicó que se seleccionaron delitos graves, como homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, homicidios en ocasión de robo y situaciones de enfrentamiento con la fuerza policial. "El sistema no está diseñado para todos los delitos, sino para aquellos que tienen un gran impacto social", subrayó.

La funcionaria también explicó que el modelo de jurado adoptado en Santa Fe es el jurado popular clásico, en el cual los miembros del jurado no necesitan ser expertos en derecho, sino simplemente ciudadanos sin antecedentes que actúan como jueces imparciales. Esta modalidad, según Blotta, permite dar una respuesta más democrática a ciertos tipos de delitos, al involucrar a los ciudadanos directamente en el proceso judicial.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe fortalece el servicio de mediación como una herramienta clave para la resolución de conflictos de manera ágil, económica y efectiva. A través de este mecanismo, los ciudadanos pueden encontrar soluciones sin necesidad de iniciar un proceso judicial prolongado.

Cabe destacar que, durante el año 2024, ingresaron más de 14.000 trámites de mediaciones prejudiciales obligatorias, de las cuales el 40 % de ellas pertenecen a la materia de familia y el 60 % a materia civil y comercial. En materia de familia, se median situaciones vinculadas a alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, división de bienes, atribución del hogar familiar y cualquier otra cuestión que las personas puedan disponer libremente y no afecten el orden público familiar. En materia Civil y Comercial, se median situaciones tales como cobro de pesos, división de condominio, escrituración, accidentes de tránsito, daños y perjuicios y todas aquellas cuestiones que sean disponibles por las partes y no afecten el orden público.

La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos en el que un mediador imparcial facilita el diálogo entre las partes involucradas para que lleguen a un acuerdo mutuo. A diferencia de un juicio, este método permite resolver disputas de manera rápida y con menores costos. Este servicio no solo beneficia a los ciudadanos, sino también contribuye a descongestionar el sistema judicial, evitando la acumulación de causas en los tribunales.

El director provincial de Agencia de Gestión de Mediación (AGEM), Marcelo García, indicó que “la mediación está disponible en toda la Provincia, con sedes en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Los ciudadanos pueden acceder al servicio a través de un abogado o presentarse directamente en las oficinas de mediación. En el caso de la mediación penal, la persona involucrada es notificada y puede asistir de forma directa. Además, el sistema cuenta con mediadores independientes registrados en toda la provincia”. “El procedimiento de mediación puede realizarse de manera presencial o virtual, lo que facilita el acceso para quienes residen en distintas localidades”, dijo y agregó que “se ofrece asesoramiento gratuito a quienes deseen iniciar el proceso".

Vale agregar que la AGEM sede Rosario, puso en funcionamiento una sala de mediación sin costo, para procedimientos con beneficio de gratuidad, en su oficina de calle Santiago 1174. Este servicio facilita la realización de mediaciones en las cuales intervienen personas imposibilitadas de afrontar los gastos de mediación, por encontrarse en especial situación de vulnerabilidad.

El sistema opera a través de cuatro Registros a cargo de la Dirección Provincial:

* Registro Provincial de Mediadores y Comediadores: 2.274 mediadores y comediadores inscriptos con matrícula vigente. * Registro de Instituciones Formadoras: 33 instituciones habilitadas, las cuales pertenecen a Colegios Profesionales, Universidades Públicas y Privadas.* Registro de Centros de Mediación: 96 centros de mediación y más de 200 oficinas habilitadas para mediar en toda la Provincia* Registro de Capacitación: Más 350 cursos de capacitación continua homologados y 33 cursos de formación básica con una carga horaria de 150 hs.

Con el objetivo de modernizar y mejorar la mediación, el ministerio ha impulsado capacitaciones para mediadores, abogados y personal del Estado. Se han realizado cursos de resolución de conflictos para agentes de la administración pública, empleados del Ministerio de Seguridad, municipios y comunas. También se han establecido convenios con empresas y organizaciones para incorporar la mediación en ámbitos como el consumo, el deporte y el alquiler de inmuebles.

Además, se han actualizado normativas para optimizar el funcionamiento del sistema, asegurando que los mediadores cumplan con altos estándares de calidad y confidencialidad en el proceso.

Los secretarios provinciales de Seguridad Pública, Omar Pereira; y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, dieron a conocer detalles del informe de homicidios dolosos ocurridos en el presente año a cargo del Observatorio de Seguridad Pública, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. 

Esteban Santantino subrayó que “la provincia de Santa Fe es la única a nivel nacional que presenta los datos de manera triangulada de manera oficial, triangulada con el Poder Judicial, es decir, no son los datos del gobierno son los datos de la provincia de Santa Fe consolidados con otro poder y eso está bueno siempre tener la oportunidad de destacarlo”.

De acuerdo a lo informado, al cierre del mes de agosto, es decir en los primeros 8 meses del corriente año, a nivel provincial se registraron 122 homicidios. “Nos encontramos con el período más bajo de lo que tenemos en referencia en toda la serie de análisis. Esto representa, si lo comparamos con los mismos 8 meses del año anterior, una caída del 56 %; y si nos ajustamos a lo que es la circulación de violencia altamente lesiva mediante el empleo de armas de fuego vemos que la caída es aún mayor, es decir que bajaron un 70,3 % los homicidios”, puntualizó Santantino.

Por otra parte, en lo que respecta al departamento Rosario, al cierre del mes de agosto se registraron 66 homicidios, lo que implica una baja del 65,3 % en comparación con el mismo período de 2023 y en cuanto a los homicidios que tuvieron lugar por el empleo de arma de fuego, la caída es del 74,1%.

Esteban Santantino destacó que “agosto cierra en el departamento Rosario con dos homicidios; cuando extendemos la serie de análisis más allá del año 2014, es decir con los datos con los que contamos en el Ministerio, nos vamos hasta el año 2000, es decir, desde principio de siglo y encontramos que sólo en febrero del año 2002 hubo un mes que tuvo dos homicidios en el departamento”.

El funcionario dio a conocer también los números registrados en el departamento La Capital: “En los primeros 8 meses del año, en homicidios, la caída en la comparación con el mismo período del año pasado es del 41,7 % y si nos fijamos en lo que tiene que ver con la circulación de violencia altamente lesiva, mediante el empleo de armas de fuego, la caída en los homicidios dolosos asciende al 51,3 %”. 

En este apartado, Santantino contó que “al principio del año entendíamos o veíamos que la caída de la violencia era mucho mayor en Rosario que lo que estaba sucediendo en el departamento La Capital; sin embargo, conforme sigue avanzando la implementación del Plan de Seguridad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que vemos es que hay un acompañamiento generalizado en términos de la caída de estos indicadores de circulación de violencia, tanto medido por homicidios como por heridos de arma de fuego”.

Pereira señaló que “estamos convencidos en la implementación de un plan integral de seguridad en la provincia de Santa Fe que comenzó a trabajarse el mismo día de la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Y el mismo día 10 de diciembre del 2023 a partir de una modificación profunda del escenario con el que nos encontramos”. 

Y valoró además “un paquete legislativo que, con el apoyo de las cámaras, permitió brindarnos las herramientas para comenzar a trabajar de inmediato en una serie de medidas fundamentalmente en lo que tiene que ver con el Servicio Penitenciario Provincial y el reordenamiento interno de las cárceles, el trabajo operativo con la Policía de la provincia, la respuesta de la provincia a este requerimiento y a las exigencias que se las planteamos a partir del primer día de gestión en la necesidad de reordenar el trabajo en la calle”, enumeró.

El funcionario resaltó que “estamos convencidos que es la razón por la que se ha trabajado de manera intensa y los resultados obtenidos tienen que ver básicamente con ese trabajo y sumemos aquí a la integración y al ordenamiento que también hemos planteado a partir del trabajo conjunto con las fuerzas federales. Esto ha significado que cambiemos la modalidad de trabajo, le asignemos zonas específicas a partir de las zonas priorizadas en la ciudad, lo que ha dado un resultado altamente positivo”. 

En la misma línea, Pereira también aprovechó la ocasión para valorar que “los hechos de homicidios esclarecidos en el corriente año alcanzan un 45%”, completó.

Ivana Fux - Emerio Agretti

El gobierno de Santa Fe ya puso en marcha el proceso administrativo para adquirir pistolas taser, para uso policial. Se trata de unos 50 dispositivos que, a la manera de una prueba piloto, se utilizarán seguramente en las grandes ciudades y que estarían disponibles para fin de año.

Así lo informó a la prensa el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraoni, en el marco del acto de apertura de sobres de la licitación para adquirir uniformes policiales y para el Servicio Penitenciario.

La medida se puso en marcha a partir de la reglamentación dictada por el gobierno nacional para el uso de armas de baja letalidad, no obstante lo cual el funcionario puso el énfasis en la necesidad de capacitación del personal policial y se explayó sobre algunas características del dispositivo y acerca del modo de utilizarlo.

Aclaró que los agentes portarán al mismo tiempo la pistola taser y la reglamentaria, y evaluarán en cada caso cuál de ellas utilizar, a la vez que el contexto y las acciones registradas por cámaras corporales.

"Partimos de la base de que no hay porqué utilizar un arma de fuego cuando es posible utilizar armas de menos letalidad. En ese sentido, quiero aclara que las armas no letales no existen: en este caso, son armas con menos letalidad. Y hay que dar capacitación al personal y tener un buen protocolo, una buena conducta y apreciación en el uso, para que el dispositivo realmente surta el efecto deseado", explicó.

El funcionario comentó que se estuvieron analizando también otros sistemas, y que, en el caso de la taser, es un arma que "genera un arco electro voltaico, que hace pasar por el agresor 50 mil voltios de tensión, pero con una intensidad de corriente muy baja, de 2 miliamperios". Y, en tren de "desmitificar", marcó que "no hay que asociar el voltaje a la letalidad", sino que ésta deviene de la intensidad de corriendo. "Por ejemplo, este tipo de pistolas están preparadas para poder disparar a una persona que tiene un marcapaso, y tiene menos intensidad de corriente que un desfibrilador", añadió.

Por otra parte, Faraoni sostuvo que a este tipo de armas se recomienda utilizarlo "especialmente en aquellas personas están con una psiquis alterada o bajo algún efecto de estupefacientes. No está recomendada para el uso común de infantería".

En cualquier caso, enfatizó que "va a haber protocolos de utilización, Nación ya la reglamentó para fuerzas federales. Pero quiero hacer énfasis en que la pistola tiene instrumentos de auditoría, tanto para el buen uso como para el caso de que haya alguna especie de abuso. Tiene una caja negra donde queda almacenado el momento en que se desenfunda, la tensión de corriente que se dispara, la intensidad, cómo impactaron los dardos. Pero además de eso, el agente que la porta tiene una body cam, una cámara corporal en el pecho, que empieza a grabar desde el momento en que se desenfunda. Y esto permite tener un registro fílmico del contexto, pero a la vez se comunicá con los agentes que están alrededor, y también activa sus cámaras; con lo cual se va a tener un registro desde distintos ángulos para auditar".

En el marco de la cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, se llevó adelante una capacitación sobre ciberdelitos y técnicas especiales de investigación, dictado por expertos del organismo internacional. Estuvo dirigido al personal policial de la Policía de Santa Fe, y a funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia.

La subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, destacó la importancia de las capacitaciones al afirmar que “esto es parte del trabajo en cooperación entre la Unodc y el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Ya es el tercer taller en el que participamos y tenemos pensado seguir a lo largo de la gestión porque creemos que es imprescindible estar capacitados en estas nuevas modalidades delictivas que afectan cada vez más a nuestra sociedad”.

La actividad contó con la participación de Lucía Gómez Consoli, jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para Argentina; Jimena Velez, experta en ciberdelitos de Unodc; Horacio Azzolin, fiscal Titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), y Alejandro Orlandini, secretario de la Fiscalía en Ciberdelitos de San Isidro.

El Osint, denominación en inglés que significa Inteligencia de Fuentes Abiertas, se refiere al conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para recopilar información pública, analizar datos y relacionarlos para convertirlos en conocimiento útil. El objetivo es: 

El gobierno de Maximiliano Pullaro prevé en Santa Fe una inversión del orden de los $ 227 mil millones para construir unas 2.460 celdas que permitirán alojar a 3.632 reclusos, con el objetivo de descomprimir la superpoblación en el sistema penitenciario, y avanzar en el vaciamiento de comisarías, que la actual gestión recibió totalmente desbordadas.En ese marco, una de las principales novedades es el Centro Reclusorio para Internos de Alto Perfil (CeRiap), que se construirá en Piñero. 

Durante una reunión que estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone, presentó días atrás el proyecto del CeRiap: se trata de cuatro minipenales de 288 celdas, que incluye 12 pabellones de 24 celdas. Alojará en total a 1.152 reclusos, y tendrá una superficie cubierta de 46.000 m², con un monto de obra estimado en $ 107.000 millones.

“Conocimos el proyecto definitivo del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil, que se va a construir en muy poco tiempo en la provincia de Santa Fe. Esto no solamente nos va a permitir dar cumplimiento a la nueva Ley de Ejecución de la Pena, sino también contener con medidas de seguridad muy estrictas para impedir que miembros de bandas narcocriminales sigan cometiendo delitos desde adentro de la cárcel”, afirmó Cococcioni.

“Tenemos la expropiación de algunos terrenos aledaños a la cárcel de Piñero para comenzar con la construcción de esa obra pública penitenciaria”, recordó el funcionario.

“Este reclusorio tiene un modelo único en nuestro país y va a ser uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad en América Latina”, enfatizó el ministro de Justicia y Seguridad. En ese sentido, enfatizó que “el trabajo conjunto de arquitectos, ingenieros, personal penitenciario y de la Secretaría de Asuntos Penales, permitió que el proyecto tenga detalles de seguridad y gestión carcelaria inéditos en América del Sur”.

En paralelo, Provincia avanza en los proyectos y obras de infraestructura carcelaria para descomprimir el sistema y vaciar comisarías, con el fin de que el personal policial se aboque a las tareas eb calle. El plan director, elaborado por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, incluye la construcción de siete módulos en complejos penitenciarios provinciales, más allá de las obras que ya comenzaron a realizarse en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario: un minipenal de 160 celdas con capacidad para 320 reclusos, denominada Subunidad Nº 4.

Las cuatro obras penitenciarias planificadas por el Gobierno de Santa Fe prevén la construcción de un total de 2.459 celdas para alojar a 3.632 reclusos, con una superficie cubierta de 92.630 metros cuadrados y una inversión valuada en 227.000 millones de pesos.

“En estos cuatro años tendremos la cantidad de plazas penitenciarias necesarias para que no quede ningún preso en comisarías. En diciembre de 2019 finalizó nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad casi sin presos en comisarías. Y cuando volvimos al gobierno nos encontramos con 2.000 presos en sedes policiales. Próximamente licitaremos obras en dos cárceles de la provincia para avanzar con el vaciamiento de las comisarías”, aseguró el gobernador Pullaro.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, ratificó que “las comisarías volvieron a colapsarse de presos ya que no hubo políticas públicas penitenciarias en los últimos cuatro años. Por lo tanto este gobierno lleva adelante obras de infraestructura carcelaria necesarias para que en diciembre de 2027 no quede ningún preso en comisarías”, ratificó.

“Llevamos adelante la mayor inversión en obra pública penitenciaria en la provincia de Santa Fe”, resaltó por su parte la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. En ese sentido la funcionaria advirtió que desde el 11 de diciembre pasado ingresaron poco más de 2000 personas a la órbita del sistema penitenciario provincial. “Hay 1500 que no están alojados en comisarías y cuyas detenciones fueron producto de la proactividad de la Policía de Santa Fe”, destacó.

Masneri indicó que “hay 372 presos en comisarías en Rosario que tienen que ser trasladados al sistema penitenciario. Cada 5 presos que ingresamos a las cárceles de la provincia, a la Policía le implica un preso que sale de la comisaría, las detenciones son eficaces y permanentes”, completó.

El gobierno provincial adquirió 100 nuevos móviles para la Policía de Santa Fe mediante compra directa, en el marco de la ley de Emergencia en Seguridad. De ese total, 33 fueron presentados este viernes y asignados a la Estación Policial Sudoeste de la ciudad de Rosario, lo que permitirá que retome las operaciones de manera parcial.

El acto de esta asignación se realizó en Rosario, donde el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, detalló que “el programa de Seguridad prevé la necesidad de transformar la institución policial, y avanzar en las dos grandes áreas metropolitanas de Santa Fe y de Rosario, en un programa de estaciones policiales que nos permitan salir del viejo modelo de comisaría distrital”.

En este sentido, precisó que actualmente en la estación policial funciona el 911 y el sistema de monitoreo y su traslado “es un proceso tecnológicamente complejo que va a llevar un tiempo considerable”; por este motivo, y “aprovechando la llegada de nuevo móviles, se va a activar parcialmente”.

El ministro destacó que “la compra de los patrulleros se puedo realizar por la sanción de ley de emergencia; y además está en proceso la compra de 700 patrulleros más. La seguridad pública y ciudadana está siendo una prioridad del gobierno de Maximiliano Pullaro”.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, precisó que “en estos primeros cinco meses de gestión se registra una baja en los delitos más importantes, por el trabajo de prevención; eso nos da la pauta y la fuerza de seguir trabajando en este plan de seguridad pública”, marcó.

Los nuevos vehículos cuentan con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento que son necesarias para que los autos puedan efectivamente ser utilizados como patrulleros, asegurando su fortaleza, durabilidad y equipamiento tecnológico.

En materia estructural, se refuerza y equipa la defensa delantera y trasera con acero para brindar mayor firmeza y seguridad ante impactos; se le colocan cabezales destellantes de LED en el frente y en los laterales para brindar máxima visibilidad; se refuerzan los faros delanteros y traseros. En cuanto al interior, se coloca un panel divisor entre las partes delantera y trasera con ventanilla antivandálica que brinda protección al personal policial y se modifica por completo el habitáculo trasero, reforzando su estructura y acondicionando para el traslado de detenidos. proporcionando aislación física total con la parte delantera revestido con materiales completamente lavables y de alta resistencia.

Además, se coloca un asiento de acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), polietileno de alta densidad, cinturones de seguridad traseros modificados, piso integrado al asiento, drenaje al exterior y alta resistencia a líquidos. También cuenta con paneles lisos del mismo material que el resto del habitáculo imposibilitando el acceso a la manija de apertura de puerta y ventanilla.

En cuanto a tecnología y equipamiento, cuentan con sistema de comunicación TETRA y GPS; iluminación LED exterior en parrilla con 6 patrones de destello y estanco con protección UV; barra de señalización, balizas LED de señalización con cobertura de 360º; sirena y megáfono con potencia superior a 75 W y 120 dB, con comando de apagado y encendido, con control remoto, difusor de sonido y 6 patrones específicos; placa electrónica integrada en el barral; una unidad electrónica con tablero LED que controla los distintos tonos de sirena, las balizas y sus frecuencias, con funciones de emergencia para activar y desactivar todos los sistemas de luces y sonidos simultáneamente y para pedir paso en emergencias; protector automático de motor confeccionado con materiales especiales y soldadura de estaño que controla los sistemas de refrigeración y lubricación y se puede activar manualmente. Como complemento, se instaló un sistema de cableado especial. 

Participaron del acto, los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estevez; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario General de Gobernación, Juan Cruz Cándido; los secretarios del Minsiterio de Justicia y Seguridad de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orsiani, de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; y de Asuntos Penales, Lucia Masneri; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional Gabriel Chumpitaz; los diputados provinciales Silvana Distefano, Rubén Galassi y Walter Ghione; y el secretario General de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la fiscal General, María Cecilia Vranicich; el fiscal Regional Matías Merlo; los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta; el titular de la PDI, Natalio Marciani y el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, brindaron detalles sobre los allanamientos y detenciones realizadas por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, la balacera contra la Comisaría 12ª de Rosario y el abuso de arma a un colectivo de la línea 122.

Previamente, por la mañana, el gobernador Maximiliano Pullaro había manifestado: “30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de narcoterrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra policía y el compromiso de los fiscales. El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”.

“Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, concluyó Pullaro.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones a la prensa, explicó que participaron de la investigación “tanto la Policía de Santa Fe como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Se trata de un procedimiento muy voluminoso, pero que tiene la característica de haber sido perfectamente coordinado entre el ministerio, las agencias investigativas policiales y con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de una intervención coordinada entre fuerzas provinciales y federales”.

“Se terminaron los tiempos donde la responsabilidad siempre es del otro. Frente a la criminalidad organizada, el Estado en todos sus niveles debe responder unido, con contundencia y sin distinción de partidismo político”, resaltó.

En principio, Vranicich informó que se realizaron “alrededor de 30 allanamientos, con detención de personas menores y mayores de edad” y expresó: “Esto se ha logrado por una madurez interinstitucional, porque el Ministerio Público de la Acusación ha trabajado coordinadamente con la Justicia de Menores, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a través de la PDI, y también hemos trabajado intensamente con el Ministerio de Seguridad de Nación”.

Por su parte, el fiscal Spelta aclaró que “no se podrá brindar mucha información hasta la audiencia que se va a celebrar el día martes, donde se imputarán con mayor precisión los roles”. “Podemos decir que los hechos que nos tocó investigar estaban claramente coordinados”, dijo y agregó: “Están identificados, mencionados y detenidos muchos de los autores materiales y que en muchos de estos casos fue necesario subir en la cadena de mando y llegar a la mayoría de los autores intelectuales”.

A continuación, el funcionario judicial explicó que “la mayoría de ellos ya formaba parte de investigaciones previas, no es un hecho de autores primarios, se trata de autores que tienen antecedentes y venían cumpliendo roles delictivos”. “Es apresurado afirmar un móvil, lo que podemos decir es que hay un grupo que se armó para cometer estos hechos”, remarcó.

Finalmente, el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, remarcó la importancia de “generar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que en estos casos hay menores involucrados” y recordó que “desde la implementación del Operativo Bandera que se está llevando a cabo en territorio”, se trabaja de manera coordinada “poniendo todos los recursos con que cuenta el Estado Nacional a disposición de la ciudad de Rosario, de los santafesinos, por expresa instrucción del Presidente de la Nación y de la Ministra Bullrich”. “Se han puesto fuerzas federales no solo en el territorio, sino en investigación que han trabajado sesudamente en el marco de todas estas investigaciones que se llevaron a cabo por estos actos de terrorismo y que hoy empieza a encontrar un resultado esa labor”, concluyó.

La actividad se realizó este martes, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, con la presencia del intendente Pablo Javkin y la diputada provincial, Clara García, entre otras autoridades provinciales y judiciales.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, junto a la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, encabezaron la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción de cuatro nuevos pabellones en el Complejo Penitenciario Rosario que alojarán a 320 reclusos. La obra tiene un presupuesto de más de $ 7.700 millones, y un plazo de ejecución de menos de un año. Se presentaron 12 oferentes.

El acto se llevó a cabo este martes, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, y contó con la presencia del secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura Penitenciaria, Diego Leone, entre otras autoridades provinciales.

Vale recordar que actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones. 

En la oportunidad, el ministro de Justicia y Seguridad recordó que “en diciembre de 2007 había más presos en comisarías que en el servicio penitenciario, situación que, después de 12 años se logró revertir. Dejamos 19 a 1 la ecuación; solamente un 5% de la población en policía. Cuatro años después debemos volver a hacer lo que ya se hizo”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Hemos desarrollado un programa de obra pública carcelaria que va a incluir varias obras, esta es la primera. El programa prevé la generación de más de 3.600 nuevas plazas carcelarias para atender los 1.300 detenidos en comisarías que tenemos hoy, pero también el crecimiento futuro, porque mientras nosotros hablamos sigue aumentando la población privada de libertad y hay que tener una mirada desde la planificación a futuro. Pero, a la vez, descomprimir el servicio penitenciario y empezar a reconfigurar las industrias penitenciarias, con la instalación de dispositivos de educación, de cultura, de recreación al interior de las cárceles para trabajar con los internos en su reintegración social”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales remarcó la importancia de “estar presentando la realización de una alcaldía en solo 4 meses de gestión, que tiene más cupos que los presos en comisarías en la Unidad Regional N°2 de Rosario”. Masneri dio detalles de la obra: “Esta Sub Unidad 4 viene a completar un complejo penitenciario que actualmente tiene 3 sub unidades y a transformar ese complejo en la cuarta cárcel en cuanto a capacidad y tamaño de alojamiento en la provincia. Un complejo que actualmente tiene alojadas 960 personas, con 320 más va a pasar los 1200 internos. Nos permitirá seguir mejorando el trabajo en las unidades, resolver parcialmente el problema de la sobrepoblación, resolver la operatividad policial, permitirnos utilizar la alcaldía de la manera en la que fue diseñada: para que los internos puedan ingresar, hacer todos los trámites y tener allí sus audiencias y no estén permanentemente yendo a Tribunales”.

La futura construcción fue diseñada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, que depende directamente del gobernador Maximiliano Pullaro. Esta obra tendrá 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados serán destinados a áreas recreativas y patios. La construcción demandará una inversión -a valores a diciembre de 2023- de 7.744.776.033,19 pesos. El inicio de obra está planificado para junio de 2024 y la fecha de finalización se estima para marzo de 2025.

Leone brindó detalles sobre esta ampliación del Complejo Penitenciario, ubicado en 27 de Febrero al 7800: “Se realizará en un terreno vacante. La obra consiste en 4 pabellones, y se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora vamos a concretar los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos”. 

También apuntó datos constructivos de la obra: “Buscamos un método constructivo de sistemas pre moldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón ‘in situ’, pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería pre moldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses”.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, lanzó una nueva convocatoria para el ingreso de 373 agentes. En esta oportunidad, el 55% de las vacantes disponibles se cubrirán con postulantes que residan en la zona Sur provincial, y el resto de las vacantes se destinarán a aspirantes domiciliados en la zona Centro.

Respecto de las áreas de residencia, la Resolución 0590/24 estipula que la Zona Sur abarcará los departamentos General López, Constitución, Caseros, San Lorenzo, Rosario, Belgrano e Iriondo; y la Zona Centro los departamentos San Jerónimo, San Martín, La Capital, Las Colonias, Castellanos y Garay.

El personal seleccionado será incorporado aI curso de capacitación que, con una duración de 180 días, se dictará en la Escuela Penitenciaria de la Provincia (U7).Los interesados deben reunir los siguientes requisitos:

* Ser argentino, nativo o por opción;* Tener entre 18 y 28 años de edad a la fecha de inscripción;* Tener domicilio en Ia provincia de Santa Fe;* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por Ia Constitución Nacional;* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta entendiéndose por tal, no haber sido condenado por Ia justicia nacional o provincial, se haya o no cumplido Ia pena impuesta; no encontrarse procesado ante la justicia nacional o provincial; no registrar condena firme por contravenciones;* No haber sido separado de la Administración Pública por exoneración;* Haber aprobado el ciclo de estudios secundarios;* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.

La inscripción online mediante la página web www.santafe.gob.ar/ms/spsf, será entre el 3 y el 21 de abril inclusive.

Una vez realizada la carga de datos se habilitará la entrega de documentación solicitada. La misma se realizará desde el 22 de abril y el 17 de mayo en los días hábiles de 08:00 a 13:00 horas, en los establecimientos penitenciarios destinados a tal fin:

* Dirección General del Servicio Penitenciario -San Jerónimo Nº 1170 de Santa Fe.* Instituto Correccional Modelo de Coronda (U.1) - Belgrano N°2421 de Coronda.* Instituto de Detención La Capital (U.2) - Sede Gobierno -Blas Parera N° 8800 de Santa Fe.* Instituto de Detención de Rosario (U.3) - Estanislao Zeballos N° 2951 de Rosario.* Complejo Penitenciario de Rosario (U.5) - Av. 27 de febrero N° 7899 de Rosario.* Complejo Penitenciario de Piñero (U.11) - Ruta Provincial Nº 14 - km13.5.

Los postulantes deberán completar y presentar la siguiente documentación para poder realizar la inscripción:

* Planilla de inscripción de ingreso, acompañado por dos (2) fotografías temario 3 cm x 3 cm de frente, con fondo blanco, con cabeza y rostro descubiertos;* Fotocopias del Documento Nacional de Identidad-anverso y reverso - (certificadas por autoridad judicial o escribano público);* Fotocopia legalizada y en vigencia de la partida de nacimiento;* Fotocopia certificada (por autoridad judicial o escribano público) de título de estudios secundarios o polimodal;* Planilla de incompatibilidad de cargos;* Certificado de Antecedentes Policiales y/o judiciales otorgado por el Gabinete de identificaciones de la Unidad Regional de Policía que corresponda a su domicilio. (Para poder tramitarlo concurrir con Formulario y Autorización - Artículo 51° C.P.);* Certificado de buena conducta;* Certificado de antecedentes penales otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia;* Certificado de domicilio (expedido por autoridad competente);* C.U.I.L. (Clave Única de ldentificación Laboral);* Constancia de registro de deudores alimentarios morosos.* Ficha Médica, tiene carácter de declaración jurada.

La Cámara de Diputados convalidó los cambios que introdujo el Senado al mensaje que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura en los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar el Juicio por Jurados, por lo que la norma quedó sancionada, como informara El Litoral. El Poder Ejecutivo saludó en forma inmediata la sanción.

Así, Santiago Mascheroni, secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, destacó que la Constitución de 1853 ya previó el Juicio por Jurados, y luego se fueron implementando en las provincias. "En Santa Fe hubo intentos legislativos que tuvieron media sanción en Diputados y no prosperaron en el Senado. Felizmente esta iniciativa del Poder Ejecutivo se transformó en una norma concreta".

Mascheroni consideró además que, por sus características, esta ley va a requerir una reglamentación muy particular, en la que se debe ir avanzando paulatinamente. "A modo de ejemplo se debe conformar un padrón, porque es una carga pública, y se va a tomar el padrón general, para luego sortear, uno de cada 1.000 empadronados, lo que va a dar aproximadamente un universo de entre 2.000 y 2.500 ciudadanos y ciudadanas que pueden formar parte de un jurado", Subrayó la gradualidad en la implementación de ciertos aspectos instrumentales de la ley. "Cuando la infraestructura lo permita se irán incrementando las causas en las que pueda actuar un jurado", acotó.

Quienes tengan entre 18 y 75 años podrán ser requeridos para formar el jurado. Para las personas de más de 70 años es opcional. No podrán integrar jurados abogados, profesionales del derecho, ni quienes trabajan en la administración pública en áreas de justicia. También quedan exentos policías, y personas que hayan recibido alguna condena.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad, Florencia Blotta, destacó la importancia de esta incorporación, y señaló la necesidad de que la ciudadanía se informe sobre este mecanismo.

"En el marco de la implementación de la ley, es central la difusión de la normativa para que la ciudadanía conozca esta herramienta y este derecho y carga pública de participar y prestar el servicio de justicia en calidad de jurado", explicó Blotta, al tiempo que indicó la necesidad de capacitación.

"Será de suma importancia también la generación de espacios de capacitación específica con todos los operadores judiciales y la participación de las Universidades y Colegios de Abogados, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial", concluyó la subsecretaria Blotta.

Un trabajo coordinado por la Provincia, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió este viernes el allanamiento de seis puntos de venta de materiales robados. Entre las más de 4 toneladas de metal hay cables, picaportes, placas de instituciones públicas y cementerios y elementos de bronce. Además, productos de los procedimientos, se secuestraron 2.500 dólares y 4 millones de pesos.

El operativo se desprende de un convenio que firmaron a principio de mes la Provincia y el Municipio rosarino para trabajar de manera conjunta en la inspección de chatarrerías y casas de compra y venta de repuestos del automotor usado.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó la importancia de trabajar en forma coordinada contra el delito. “Estos allanamientos son el resultado de mucho trabajo, mucho tiempo de investigación y esfuerzo de distintos actores, más de setenta personas participaron de estos seis allanamientos, y en todos hubo detenidos”, aseguró Bastia.

“Los materiales que se le roba a los vecinos luego son vendidos y acopiados en forma ilegal, y después desguazados, con lo que pierden su trazabilidad, pero quienes cometen estos ilícitos nunca van a poder justificar cómo consiguieron esos materiales”, agregó el ministro de Gobierno e Innovación Pública.  

El funcionario amplió que, además de los materiales, “también se han encontrado armas de fuego y dinero en efectivo, lo que demuestra que el delito no se circunscribe ni tiene un solo alcance, y está conectado con otros ilícitos que se están investigando”.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que gran parte de los elementos robados pertenecen a empresas de servicio públicos como la Empresa Provincia de la Energía (EPE) y Litoral Gas. “Trabajamos con personal de las empresas de servicios para que identifiquen estos elementos que fueron robados y que tanto afectan a la población”, señaló el funcionario.

Figueroa destacó asimismo las tareas de inteligencia y el trabajo de calle de la Policía de Investigaciones: “Los resultados fueron muy positivos y están a la vista; se hizo un trabajo previo para ver los movimientos e identificar los lugares donde se comercializaban los elementos sustraídos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales.El funcionario señaló que solo en el mes de enero hubo 500 denuncias de ilícitos de esta naturaleza a la línea 911 y destacó la actuación del Ministerio Público de la Acusación a través del fiscal Aníbal Vescovo. 

“La cantidad de insumos encontrados es muy importante. Y hay que pensar que detrás de cada elemento hubo una persona que sufrió un robo, y hay cientos de rosarinas y rosarinos que se vieron afectados”, señaló. “Apenas asumió este gobierno el 10 de diciembre, el gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, nos pidieron que rápidamente nos aboquemos a estas inspecciones; hoy hicimos varias, pero es una tarea que se va ir aceitando y se va a extender a todo el territorio provincial, porque el robo de cables es un delito que se está produciendo en muchos lugares de la provincia”, concluyó Figueroa.

El vicepresidente de la Empresa Provincia de la Energía (EPE), Lisandro Peresutti, valoró en forma positiva las acciones realizadas y la convocatoria de las autoridades para participar de los procedimientos. “Nos convocaron para venir a identificar los materiales, para nosotros es un paso muy importante poder desalentar estos robos, fundamentalmente por el costo que significa para la empresa, que es altísimo, además de lo que le genera a la población cada vez que hay un robo, que significa un corte del servicio para todos los vecinos”, señaló el funcionario.

Este fin de semana se realizó un operativo de alta visibilidad en la ciudad de Venado Tuerto en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Santa Fe y Control Urbano Municipal.

Durante el operativo, se identificó a 125 personas, hizo 4 traslados a sede de Comisaría Segunda y detuvo a un individuo con pedido de captura activo a requerimiento del Juzgado Federal. Por otro lado, se registraron 110 vehículos resultando el traslado de 8 motocicletas al Corralón Municipal por falta de documentación y uno de ellos por alcoholemia positiva. También se procedió al secuestro de un automotor por causa de estafa.

Además de los operativos de control, se viene desarrollando un importante trabajo desde la Secretaría de Coordinación Técnica encabezada por Georgina Orciani en la recuperación de móviles policiales. Esto permitió triplicar la cantidad de vehículos policiales en circulación, contando con 14 móviles y 6 motos operativas sumando Comando Radioeléctrico, comisarías 2da, 12va y 14va, sección canes, Pumas, Policía Vial y PDI.

"Seguimos gestionando bajo la consigna del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni de trabajar fuertemente en recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los santafesinos, sabemos que tenemos mucho por delante pero ya estamos viendo resultados", expresó el delegado regional de Seguridad Nahuel Pasquinelli.

Vale destacar que estos operativos también se realizan en el resto de las localidades del departamento General López con fuerte apoyo de los gobiernos locales y con la colaboración activa de la ciudadanía.

El delegado de Seguridad destacó el fuerte compromiso del gobernador Pullarlo con todos los santafesinos y particularmente con el sur provincial: “pasados apenas dos meses de gestión, ya tuvo lugar una reunión de gabinete con presencia de todos los ministros en Venado Tuerto y del Coordinador Regional Roberto Vergé, para abordar obras y proyectos para nuestra región; mostrando una fuerte presencia en un territorio descuidado por la anterior gestión provincial”.