El gobernador Maximiliano Pullaro recibió en Rosario al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, con quien abordaron temas de la agenda conjunta entre los estados provincial y el federal, que se desarrolla en estos días enfocada principalmente en avanzar contra las bandas delictivas.

Tras la reunión, se ofreció una conferencia de prensa. Allí el primero en hablar fue el mandatario santafesino, quien se refirió “a los inmensos desafíos que tenemos en la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de construcción de seguridad hablamos también de la articulación con el sistema judicial y se sabe del trabajo que venimos llevando en Santa Fe: un trabajo denodado, conjunto, codo a codo, espalda con espalda con la Justicia de nuestra provincia y también con la Justicia Federal”. “Por eso -remarcó- entendemos sumamente importante la presencia de las autoridades máximas de Justicia del Gobierno Nacional, que vienen a trabajar en la reformas que necesita la República Argentina pero que particularmente necesita la provincia de Santa Fe, una reforma que tenemos que llevar adelante pensando en poner en marcha el nuevo sistema acusatorio federal, que para nosotros es y debe ser urgente”.

Pullaro valoró la presencia de funcionarios nacionales en las últimas semanas en Rosario (la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri). “Esta es una ciudad muy golpeada por la criminalidad y tenemos el inmenso desafío de resolver este problemas y de seguir siempre adelante para demostrar que el Estado tiene más capacidad de articulación, pero fundamentalmente, más peso que estas organizaciones criminales”.

Por su parte, el ministro Cúneo Libarona afirmó que “Santa Fe tiene un gobernador que da lucha y da esperanza” y aseguró que “estamos unidos. Vamos a trabajar en equipo por la implementación del sistema acusatorio que va a mejorar la Justicia Federal, porque la hará más eficiente y rápida, porque así lo necesita no solamente Rosario y la provincia, sino todo el país”.

El funcionario nacional dijo “esa es nuestra gran meta, es una disposición expresa del presidente Javier Milei y de todo el gabinete, y estamos realizando el máximo esfuerzo”.

“Vamos a darle batalla al delito en todos los planos. Vamos contra el narcotráfico, pero también contra el lavado de dinero. Venimos hoy con la gente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) porque queremos ir tras lo que produce el delito. Nos comprometemos al mayor esfuerzo, estamos en la misma línea de trabajo y desarrollando una política conjunta”, concluyó Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció "la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir del lunes 18 de marzo". El funcionario del gobierno nacional estará el viernes venidero en Rosario reuniéndose con los integrantes de la justicia federal de esa ciudad, encuentro al que han sido invitados los integrantes de la justicia federal de Santa Fe, Reconquista y Rafaela.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.

Según un Comunicado Oficial del Ministerio, la iniciativa apunta a "la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos".

"Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70 por ciento de los 500 homicidios cometidos entre 2022 y 2023 son resultado de delitos complejos del orden federal", explicó el documento.

El Código Acusatorio fue sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero su puesta en marcha completa se frenó en los albores de la presidencia de Mauricio Macri y actualmente se aplica sólo en algunas jurisdicciones.

A fines de febrero el gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le quitó al Congreso la facultad de implementar paulatinamente el Código y le asignó esa tarea al Ministerio de Justicia.

"La gravedad institucional de la situación imperante justifica redefinir las funciones asignadas oportunamente a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que, en lo sucesivo, velará por la armonía y unificación de las propuestas de modificaciones a la legislación relacionada a la reforma procesal penal federal", añadió.

El Ministerio de Justicia anunció ayer que con la implementación del Código en Rosario se propiciará "la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización" en el tratamiento de las causas penales por delitos complejos.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló en la Cámara de Diputados que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno "se funda en la situación gravísima en que está la Argentina. La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado", remarcó el funcionario al exponer ante el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Cúneo Libarona remarcó que "la ciudadanía se pronunció a favor de un cambio, con un presidente que busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar" y que "el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden".

"No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.

En la última etapa de su exposición se refirió a derechos humanos: "Para mí son amplísimos, no solo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado".

"La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima", cerró.

Con respecto a la propuesta para que los jueces usen toga y martillo explicó que "se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo", aunque aclaró: "No vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados porque el proyecto incluya el tema de la toga".

El kirchnerista Leopoldo Moreau preguntó al oficialismo: "¿ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones? Qué equivocados están" . Advirtió que "no hay margen para estados policiales en la Argentina. Esto es un estado de sitio encubierto. ¿Cómo es posible que el Congreso delegue responsabilidades a quienes no saben ni explicar el ABC de lo que proponen?".

En el plenario de comisiones que analiza la ley ómnibus, sostuvo reclamó que "tienen que retirar el decreto de necesidad y urgencia. Es un desatino. Y la ley ómnibus es un desatino por mil. Busquen consenso político, discutamos tema por tema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero no vamos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento.

"Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de ninguna manera. Busquen consenso político. Discutamos tema por tema. Estamos dispuestos a discutir. Pero no estamos dispuestos a ceder el poder que la sociedad le dio al parlamento", agregó.

Sostuvo que "ninguna de las crisis que vivimos se vio una respuesta institucional de esta naturaleza. Cuando Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad. El nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina dice que la política no resuelve nada. No es así. La política le resolvió muchas cosas a los argentinos. Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales".

La diputada de Pro, Silvia Lospennato, cruzó al ex dirigente radical al advertir que "no podemos hablar de este capítulo de emergencias y delegaciones legislativas sin recordar cómo es la historia de este Congreso". Le reocordó a Moreau que "todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas".

Recordó que así sucedió "desde el 2002 hasta que llegó Mauricio Macri, que fue el único presidente que dejó vencer las emergencias sin pedir una prórroga. Y en el año 2019, ni bien dejamos el gobierno, el kirchnerismo volvió a pedir nueve emergencias. Si hay alguien que no tiene autoridad moral para venir a hablar a este recinto de emergencias es el kirchnerismo.

El juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, concedió la apelación del Gobierno contra su propio fallo, por el cual había rechazado el pedido para que todas las causas se acumularan en su Juzgado. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, busca así neutralizar al fuero laboral, en el que -a pedido de CGT, CTA- los tres expedientes en los que ha hecho lugar a acciones de amparo presentadas por la CGT, la CTA y la Federación de Viajantes de Comercio- se suspendió la reforma laboral contenida en el DNU. Decidirán los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco.

Fuerte reclamo de Germán Martínez

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió al oficialismo que arbitre los medios para que comparezcan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor económico Federico Sturzenegger, de quien dijo no saber "quién le paga el sueldo" ya que no tiene cargo formal en el Gobierno de La Libertad Avanza.

A su vez, reclamó que se convoque al debate a los distintos sectores afectados por las reformas contenidas en el proyecto de ley "ómnibus".

"Hay personas de carne y hueso detrás de cada una de las cosas que se quieren hacer con este DNU y esta ley ómnibus. Si hay que agregar días para que estos sectores se hagan oír, hay que hacerlo", reclamó el santafesino el comenzar el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

El diputado de Unión por la Patria mencionó que hay organizaciones productivas, inquilinos, trabajadores y personas afectadas por los planes de privatizaciones que deberían tener voz en el debate legislativo. También pidió que "nunca más se le niegue la palabra" a un legislador como sucedió en la reunión constitutiva de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se designó a José Luis Espert a la cabeza.

El tratamiento del proyecto de ley "ómnibus" en la cámara de Diputados se desarrolló en un escenario áspero y tenso, marcado por cruces y chicanas. La primera "zancadilla" llegó de la mano de la diputada y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda Myriam Bregman, se preguntó sí Federico Sturzenegger "es, otro fantasma como Conan", el fallecido perro de Milei.

El diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó las acusaciones de Milei sobre supuestas "coimas en el Congreso". "A mí ningún Presidente me va a tratar de coimero", espetó el jefe de La Bancaria, que pidió "a los tres presidentes (de las comisiones) o algunos de los miembros" que "informen si han recibido pedido de coimas".

Cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, tomó el micrófono y comenzó a hacer una reseña de la historia de la ley ómnibus desde su concepción, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto empezó a formular quejas en voz alta. El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, le advirtió: "No se ponga a gritar si no está en la cancha, tranquilo, pida la palabra. No está bien lo que está haciendo. Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha", retó el cordobés de La Libertad Avanza.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

Los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Arena destacó que “es un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad y a delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir al crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que estamos firmando son un paso más, nuevas medidas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

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El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).

Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.

A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales. En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, consideró importante que la provincia pueda acceder a la base de datos que tiene en Registro de la Propiedad Automotor. Anunció que la provincia terminó el proceso licitatorio para la instalación y puesta en funcionamiento de radares para el control vial.

El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.