El Ministerio de Justicia de Nación dio a conocer a través del Boletín Oficial las nuevas fechas de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para distintas regiones. En particular, será para las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Córdoba, Posadas y La Plata.

Según lo dispone la ley 27.150, la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) será progresiva. El texto legal –sancionado en 2015- le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. Archivo El Litoral

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

En ejercicio de esa atribución, mediante las resoluciones 63/2024, 64/2024 165/2024 y 216/2024 ese Ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la jurisdicción Mendoza (que incluye toda la provincia de Mendoza, y las provincias de San Juan y San Luis) a partir del 5 de agosto de 2024, y en los distritos de General Roca y Comodoro Rivadavia a partir del 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, respectivamente.

Horacio Rosatti y Patricia Bullrich. Crédito: Marcelo Manera.

A fines de 2024, el ministerio también dispuso la puesta en marcha del sistema acusatorio en los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca (que comprende a esa ciudad del sur bonaerense y a la provincia de La Pampa), a través de la Resolución N°377/2024 y 233/25, las que se concretaron el 7 de abril y el 29 de septiembre de 2025, respectivamente.

Luego, a principios del 2025, por medio de la Resolución MJ N°143/25, se estableció la entrada en vigencia del CPPF para la segunda mitad del año, en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y en los distritos de Corrientes y Resistencia.

En el caso de Comodoro Py, el Gobierno había dispuesto la entrada en vigencia de la totalidad del código para el 11 de agosto de 2025, sin embargo, la fecha fue prorrogada en dos oportunidades, quedando finalmente en el 20 de abril de 2026.

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, ubicado en pleno centro. Archivo El Litoral

Para el caso de las cámaras federales de Posadas y La Plata, el ministerio había dispuesto, a través de la Resolución n° 530/25 la entrada del texto para el 16 de marzo y 18 de mayo del corriente; fecha diferida a partir de esta nueva resolución para el 24 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente.

También, mediante esta resolución, estableció que el Código Procesal Penal Federal comience a regir para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 15 de junio próximo. "En atención al estado actual del proceso de reforma, y a fin de asegurar una implementación ordenada, eficaz y sostenible, resulta oportuno disponer la plena entrada en vigencia", argumentó el Gobierno.

Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.

El régimen procesal acusatorio, que Santa Fe aplica en su Justicia Penal provincial desde febrero de 2014 y desde junio del año pasado en el fuero Juvenil, reemplazó al denominado al sistema inquisitivo o “mixto” (regido por el anterior Código).

En ese sistema, los jueces federales alternaban su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado, con funciones investigativas propias de quien promueve el ejercicio de la acción penal.

El nuevo CPPF deja de lado modalidades propias del régimen inquisitivo, y establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los jueces controlan y deciden, sin participar en la “construcción” del caso y, por lo mismo, aventando el riesgo de una toma de partido anticipada.

En este marco, los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, el mismo fiscal debe eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales.

Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder los jueces.

El trámite, incluidas las tres fases hasta una hipotética sentencia en juicio (de investigación preliminar, intermedia y de juicio) no puede prolongarse más allá de los 36 meses en total; o hasta 6 años como máximo en casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el CPPF promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre el MPF y los imputados, y el uso -en el marco del sistema estrictamente acusatorio- de técnicas especiales en la investigación, como el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

Al mismo tiempo, el nuevo CPPF también dota a los/las fiscales de mayores facultades para disponer de la acción y para arribar a acuerdos de conciliación y reparación integral en casos de menor complejidad, lo que tiende a descomprimir el sistema de administración de justicia penal y, al mismo tiempo, buscar una solución efectiva y pacífica del conflicto.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025 se estableció un nuevo “Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita”.

La medida centraliza la gestión de bienes incautados y recuperados en causas judiciales nacionales y federales, así como en procesos de extinción de dominio, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

El propósito oficial es ordenar un sistema fragmentado, evitar el deterioro de los bienes y asegurar que su valor se reinvierta en políticas públicas vinculadas a la seguridad, la justicia y la asistencia a víctimas.

El nuevo régimen, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, transfiere al Ministerio de Justicia la administración y conservación de bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido incautados por orden judicial o recuperados en procesos penales.

Hasta ahora, esta tarea estaba dispersa entre distintos organismos, lo que —según el decreto— generaba “falta de trazabilidad, pérdidas de valor y desaprovechamiento de activos con alto potencial económico”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continuará a cargo de la venta o concesión para explotación comercial de estos bienes, pero será el Ministerio de Justicia quien los administre y custodie hasta su disposición final.

El texto también crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano colegiado que funcionará dentro del Ministerio de Justicia para coordinar con otros organismos, supervisar el uso de los recursos y garantizar la transparencia.

Además, se implementará un inventario público y actualizado que permitirá conocer el estado y destino de cada bien, con trazabilidad desde su incautación hasta su venta o reasignación.

Uno de los puntos centrales del decreto es el uso que se dará al dinero obtenido por la venta de los bienes. El régimen establece una escala de distribución que prioriza la reparación de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y seguridad.

Entre los organismos que recibirán fondos se encuentran el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, las Fuerzas de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).

La idea es que estos recursos permitan mejorar infraestructura, tecnología y capacidades operativas, especialmente en el marco del sistema acusatorio federal. Según el Gobierno, el esquema no incrementa el gasto público, sino que crea una fuente alternativa de financiamiento “transparente y controlada” a partir de bienes de origen ilícito.

El decreto también incorpora modificaciones a distintas leyes —como la de estupefacientes, el Código Aduanero y la ley contra la trata— para unificar el destino de los bienes decomisados, siempre respetando los fondos específicos previstos para ciertos delitos y programas.

El Poder Ejecutivo justificó la vía del DNU en la “magnitud, complejidad y expansión del crimen organizado” y en la necesidad de actuar de manera inmediata para evitar que los bienes se deterioren o pierdan valor.

En el texto se señala que mantener el esquema actual “tornaría ilusorio” el objetivo de reinvertir rápidamente los recursos en beneficio de la sociedad, especialmente frente al déficit fiscal y la crisis de infraestructura del sistema judicial federal.

También se menciona que en los últimos años se han incautado bienes de alto valor como resultado de avances contra la corrupción y el narcotráfico, y que un manejo más eficiente permitiría aliviar las finanzas públicas y reforzar la lucha contra el delito.

El decreto deroga normas previas que regulaban por separado la custodia y disposición de bienes incautados, y establece plazos concretos para que el Consejo de la Magistratura y la AABE entreguen al Ministerio de Justicia un relevamiento detallado de todos los bienes bajo su gestión que se encuentren alcanzados por el nuevo régimen.

El Gobierno dio el primer paso en su intención de reformar el Código Penal, una de las propuestas de campaña del presidente Javier Milei.

Luego de que el líder libertario subrayara en todo 2023 que “el que las hace las paga”, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, formalizó este miércoles la creación de una Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación a través de la Resolución 25/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Ese grupo de trabajo tendrá a su cargo la “elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo”.

La comisión tendrá como miembros al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem.

Para fundamentar la reforma y actualización del Código Penal, el ministro de Justicia advirtió que durante los 100 años de vigencia del cuerpo normativo se introdujeron gran cantidad de modificaciones “afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original”.

“Asimismo, se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional”, planteó el funcionario nacional.

Tras recordar que en los últimos 20 años se registraron diversos intentos por abordar esa problemática, Cúneo Libarona remarcó que “subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias”.

“Dicha tarea deberá tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”, manifestó.

Y agregó: “Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”.

El titular de la cartera judicial destacó los “valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los dos últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky”.

Resolución 25/2024 by El Litoral

Santiago Mascheroni es el nombre definido por el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, para ocupar la secretaría de Justicia que desde diciembre conformará el Ministerio de Seguridad y Justicia que conduciría Pablo Coccoccioni.

El dato fue confirmado a Sur24 por allegados al próximo mandatario que en la última semana continuó con reuniones con los diferentes sectores que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe con el objetivo de definir el equipo de gestión a partir del 11 de diciembre. “Resta que el socialismo acerque perfiles de ministros o secretarios” se dijo al lado de Pullaro a la hora de explicar la definición oficial de la primera línea del gabinete que tendría diez ministerios.

En ámbitos parlamentarios no se descarta que en octubre, legisladores allegados a Pullaro o el propio legislador presente el proyecto de reforma a la Ley de Ministerios para ser aprobada por la actual Legislatura y puesta en vigencia en diciembre. Se recordó que en las últimas semanas del gobierno de Miguel Lifschitz, fue el diputado justicialista Leandro Busatto quien presentó -con la venia de Omar Perotti- la reforma ministerial que fue votada por las cámaras.

Mascheroni y el actual diputado Julián Galdeano habían mantenido una extensa reunión de trabajo con Pullaro la semana anterior analizando la situación política de la provincia y fue allí donde el electo le pidió al santafesino el acompañamiento en la gestión. La respuesta positiva se habría producido en las últimas horas, según supo Sur24.

Junto al justicialista Danilo Kilibarda, Mascheroni fue uno de los fuertes impulsores del cambio en el sistema procesal penal que llegó a la sanción sobre el final de la gestión de Jorge Obeid. Después se encargó de buscar la transformación del procesal civil y comercial llegando a la aprobación en Diputados pero sin el respaldo del Senado.

La futura Ley de Ministerios determinará los ámbitos que quedarán bajo competencia de Justicia donde hoy se encuentran diferentes registros y organismos estatales. Lo que parece seguro que el hombre de Pullaro para hablar con el Poder Judicial y para tratar de acercar la justicia a la ciudadanía.

Este viernes, en la sede del Ministerio de Desarrollo provincial de Venado Tuerto se puso en funcionamiento la Oficina de IGPJ (Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia). 

De la presentación participaron el subsecretario de Desarrollo Sergio Tassello, el subinspector de IGPJ, Carlos Vitta y el subsecretario de Justicia, el firmatense Franco Stampone.  

“Esta asesoría nos hace bien, ya que después de la pandemia surgieron muchas conflictividades y problemas en las Asociaciones Civiles, y que tengan la capacitación para que puedan tener los papeles en orden y que al momento de presentar la documentación este correcta es muy valioso”, destacó el funcionario provincial, Sergio Tassello. 

“Además, estamos anunciando en conjunto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo la primera boca para presentación de expedientes de Asociaciones Civiles de cualquier objeto (cultural, social y deportivo) que hará que no tengan que ir a presentarlo a Rosario o Santa Fe. Hace tiempo venimos trabajando en este proyecto y hoy podemos plasmarlo”, prosiguió el subsecretario de Desarrollo de Santa Fe.   

Por su parte, el subsecretario de Acceso a la Justicia de la provincia, Franco Stampone recalcó: “Estamos muy satisfechos por este objetivo que nos trazamos hace un tiempo. Notamos y diagnosticamos que las Asociaciones Civiles del sur de la provincia de Santa Fe estaban necesitando un acompañamiento diferente con mayor volumen y cercanía”.  

Además, informó que “a instancias del Ministerio de Desarrollo Social con sede en Venado Tuerto, llevamos adelante un convenio con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y en especial con la Inspección General de Personas Jurídicas a fin de generar una nueva mesa de entrada, la tercera de la provincia, para atender a los venadenses y a toda la región en el ingreso de expedientes y asesoramiento”.  

Luego de la presentación se dictó un curso de capacitación con el objetivo de brindar herramientas para el buen funcionamiento de una Asociación Civil, el uso correcto de libros obligatorios y la presentación de documentación. 

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo.