Mientras se terminan aún de procesar los datos para precisar cuánto dinero ingresó a las arcas provinciales en las últimas semanas, fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que el pago anual tanto de Patente como de Inmobiliario alcanzó "niveles récords" en la provincia. Según anticiparon, para ambos tributos se logró superar "al menos en un 5%" el nivel de adhesión que se había alcanzado en 2025.

La posibilidad de cancelar de manera anticipada el monto correspondiente al período 2026 para los impuestos citados vencía el pasado viernes. Hasta entonces, los contribuyentes que concretaban el pago accedían a beneficios significativos, como el descuento del 35% sobre el valor total. En el caso del Inmobiliario tanto Urbano como Rural, en tanto, para los contribuyentes que estuvieran al día se les adicionaba un descuento del 20% para las cinco primeras cuotas, y del 100% para la sexta. De ese modo, la quita final terminaba siendo prácticamente del 50%.

Quienes adhirieron accedieron a descuentos y evitaron subas previstas para el segundo semestre. Foto: Fernando Nicola

Finalmente, para ambos tributos, el contribuyente que efectuaba el pago anual evitaba los aumentos que operarán durante el segundo semestre, tal lo estipulado en la ley tributaria sancionada oportunamente por la Legislatura.

La herramienta que reeditó el Ministerio de Economía a través del pago anual permite oxigenar las cuentas públicas al menos de manera circunstancial, en medio de un contexto donde tanto la coparticipación como la recaudación propia están en caída, y donde la provincia debe pagar los aumentos salariales devenidos de la reciente discusión paritaria con los gremios docentes y estatales.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

Al respecto y consultado por la prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, ratificó este martes que aunque la paritaria permanecerá abierta para debatir otros temas a lo largo del año, no habrá una reformulación de la oferta salarial y el aumento será liquidado por decreto, aun a aquellos sectores cuyos referentes sindicales rechazaron la oferta.

"No se cierra la paritaria. Lo que se dispone por una cuestión de justicia es que los empleados cobren el aumento. Se dispone la liquidación del incremento y la paritaria continúa con una dinámica durante el año. El gobierno liquida el aumento porque es justo que los trabajadores lo cobren, y lo antes posible", insistió.

Por Ignacio Hintermeister

“Durante diciembre de 2025 los Ingresos Totales de la Administración Pública Nacional (APN) cayeron un 4,6% interanual ajustados por IPC (AxIPC)”, es decir descontando la inflación. Sin embargo, en el saldo anual, el Resultado Primario se mantiene en rango superavitario, totalizando un saldo de $9,46 billones, sin contabilizar utilidades del BCRA.”.

Así lo revela el informe al cierre del año de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), una ONG técnica que preside Gustavo Lecuona y dirige Graciela Rego. Destacan que la evolución de los ingresos estuvo marcada por factores excepcionales, cambios normativos y el fin de tributos específicos.

En el total del año, producto del ingreso excepcional de las utilidades del BCRA registradas en abril, tanto el Resultado Financiero como el Primario fueron ampliamente positivos ($11,28 billones y $21,44 billones respectivamente).

“Sin embargo, si se excluyen dichas utilidades, el Resultado Financiero cambia su signo y pasa a ser negativo en $0,69 billones, lo que implica que la ejecución del Presupuesto 2025 arroja un resultado mínimamente deficitario, que debe interpretarse como de equilibrio. El Resultado Primario, por su parte, se mantiene en rango superavitario, totalizando un saldo de $9,46 billones”.

Los Ingresos Impositivos -suman cerca del 60% de los recursos totales- presentaron según ASAP una variación interanual negativa del 6,8%, en parte debido a la moratoria que operó hasta diciembre de 2024, lo que llevó a que la recaudación en los últimos meses de aquel año presentara niveles mayores a los habituales. Esta situación incidió principalmente en Derechos de Exportación, Ganancias e IVA.

Por su parte, “la recaudación asociada a las Contribuciones a la Seguridad Social mostró una leve retracción interanual del 0,5% ajustada por inflación, marcando un quiebre en el sendero de recuperación iniciado en septiembre de 2024, que en parte se explica por la incidencia de la mencionada Ley 27.743”.

Por el lado del gasto, “se contrajo un 2,9% interanual (siempre ajustado por inflación). Sin embargo, si se detraen los pagos en concepto de Intereses (-28,0% ia), se observa que el Gasto Primario se mantuvo prácticamente constante en relación con el mismo período de 2024 (+0,3% ia).

Esta evolución del gasto es consecuencia de la suba en Prestaciones de la Seguridad Social (+13,9% ia. AxIPC), y en menor medida, de las Transferencias corrientes a Provincias (+25,4% ia. AxIPC), que crecen por el cumplimiento del fallo judicial a favor de CABA (sin ese pago, la variación sería del 6,8% ia. AxIPC), y del rubro Bienes y Servicios (+12,8% ia. AxIPC)”.

Transferencias Corrientes al Sector Privado (-14,1% ia. AxIPC), en gran parte por el deterioro del complemento de suma fija de las prestaciones previsionales de ANSES (-28,2%), y por la reducción de los subsidios al transporte y a la energía, que incidieron en los giros a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público (-17,1% ia.).

También por la menor inversión pública reflejada en la caída del 21,1% del Gasto de Capital respecto a 2024, año en que ya había experimentado una reducción interanual del 73,9%; la contracción del 9,3% ia. del gasto en Remuneraciones, que da cuenta tanto de la caída real de los salarios públicos como de la reducción de la planta ocupada. Y las menores transferencias a Universidades Nacionales.

“Se destaca el incremento de la participación de la finalidad Servicios Sociales (+4,9 p.p.) que, en línea con lo comentado anteriormente, se explica por el comportamiento de las Jubilaciones y Pensiones, que se imputan en la función Seguridad Social (+6,0 p.p.)”.

Del análisis se desprende que la seguridad social se llevó 57,6% del gasto total del presupuesto argentino en 2025, “lo que representa el máximo nivel del que se tenga registro, y da cuenta de una estructura de gastos fuertemente incidida por erogaciones automáticas, donde el espacio de decisión del gobierno cada vez pasa a ser más estrecho”.

Entre los conceptos que más participación resignaron durante 2025 se destacan las finalidades Energía, Combustibles y Minería (-2,7 p.p.), Servicios de la Deuda (-2,1 p.p.) y Promoción y Asistencia Social (-0,9 p.p.).

Si se compara la ejecución del año 2025 con la de 2023, se observa que el Gasto Total cayó un 28,1% AxIPC, con retracciones en todos los conceptos, donde se destacan el Gasto de Capital (-79,4%) y las Transferencias Corrientes a Provincias (-60,5%).

Le siguen en la lista las Transferencias a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes del SPNF (-39,6%), las Transferencias al Sector Privado (-37,8%), los Intereses (-37,1), las Transferencias a Universidades (-27,7%) y los gastos en Remuneraciones (-27,3%)”, en todos los casos como porcentajes ajustados por inflación.

Cabe recordar que ASAP había calculado el déficito del 2023 en 8,97 billones (sin actualizar), lo que representó un 4,5% del PBI.

Luis Caputo confirmó en la red social X que Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas de la Nación, en reemplazo de Pablo Quirno, quien dejó la Secretaría tras ser designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Alejandro Lew vuelve al equipo público con antecedentes en el Banco Central, donde integró el directorio desde el 10 de diciembre de 2023 y ejerció como vicepresidente segundo del BCRA; su renuncia como director fue aceptada por decreto y tuvo efecto a partir del 30 de junio de 2024. Antes de su regreso al Estado, Lew trabajó en el sector privado: fue CFO de YPF y ocupó puestos ejecutivos en bancos internacionales y empresas energéticas.

La designación se produce en un momento de alta demanda de gestión financiera, en la semana previa los pagos en pesos para bancos y privados sumaron unos $10,5 billones, y el calendario oficial incluye licitaciones por más de $14,1 billones el 26 de noviembre y otra por $12,6 billones el 11 de diciembre, eventos que el nuevo secretario deberá manejar.

Lew es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y acumuló experiencia en el mercado financiero local e internacional. Trabajó en JP Morgan, donde llegó a ser vicepresidente en la sede de Nueva York con foco en mercados emergentes y mercado de capitales, y luego fue managing director en HSBC Bank Argentina, liderando la mesa de mercado de capitales para América Latina.

En la Argentina, pasó por el Banco Itaú, fue CFO de Genneia en 2012 y asumió la conducción ejecutiva de 360° Energy. En 2020 se incorporó a YPF como CFO con la misión de diseñar la estrategia para afrontar vencimientos de deuda en dólares; en noviembre de 2023 fue removido del cargo a pedido del Ministerio de Economía y luego renunció al directorio del BCRA.

Su salida del BCRA fue comunicada por decreto 657/2024 y en su reemplazo quedó Baltasar Romero Krause. En registros públicos figura una única reunión de Lew con el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, el 2 de noviembre de 2018, en representación de 360° Energy, encuentro que desde ese entorno describieron como aislado y sin continuidad institucional

El nuevo secretario asumirá la gestión antes de licitaciones relevantes del Tesoro y con la necesidad de coordinar tasas y rollover de vencimientos. Los analistas esperan que el Gobierno continúe liberando pesos en el mercado y mantenga la política que busca contener la caída de la actividad y recuperar crédito en los próximos meses.

La Secretaría de Finanzas quedó vacante la semana anterior tras el desembarco de Pablo Quirno en la Cancillería, por lo que la designación de Lew busca restituir la conducción técnica del área. La noticia está en desarrollo y la gestión del nuevo secretario se seguirá de cerca por la magnitud de las licitaciones y el impacto sobre el mercado financiero

En cumplimiento con los plazos establecidos en la Constitución de Santa Fe, el Gobierno Provincial presentó este viernes el proyecto de Presupuesto para 2026, que ya fue remitido a la Legislatura santafesina. El documento prevé un total de recursos por $ 14,13 billones y gastos estimados en $14,12 billones, lo que arroja un equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones. El ahorro proyectado asciende a $ 1,75 billones, que permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital.

Al igual que en 2025, los ejes de gestión se centran en seguridad, educación, salud, infraestructura productiva y obra pública, áreas que el gobernador Maximiliano Pullaro definió como prioritarias.“El gobernador nos pidió trabajar con el método más efectivo para cumplir con los objetivos de administración del Estado”, explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Formulamos el presupuesto con lógica de austeridad y eficiencia, buscando maximizar las prestaciones y generar el mayor excedente posible para invertir a futuro”, añadió.

Olivares detalló que las variables macroeconómicas del Ejecutivo Nacional proyectan un crecimiento del 5 %, una inflación interanual promedio del 14 % y una variación diciembre 2025-diciembre 2026 del 10,1 %, con un tipo de cambio de $ 1.423. “De todas las variables macroeconómicas, la que menos incide en los gastos y recursos provinciales es el tipo de cambio”, precisó.

El ministro de Economía subrayó que los valores que inspiran la formulación del presupuesto son “el equilibrio, la eficiencia, la responsabilidad y la austeridad como filosofía de gestión, además de la transparencia y la planificación con mirada de futuro”.

Lo acompañaron en la presentación la secretaria de Hacienda, Belén Echevarría; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; el secretario de Finanzas, Pablo Gorban, y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind.

Uno de los ejes más relevantes continúa siendo la seguridad. Para 2026 se proyecta una inversión de $ 1,66 billones, de los cuales $ 1,5 billones corresponden al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad Ejecutora. Esto representa un incremento del 45 % respecto del ejercicio 2025.

En salud, los recursos previstos ascienden a $ 1,54 billones. El Ministerio de Salud dispondrá de $ 1,11 billones, mientras que $ 49.637 millones se destinarán a la compra de medicamentos. Durante 2025, la compra centralizada permitió reducir en un 87 % el valor de los medicamentos respecto del precio de venta al público, lo que posibilitó ampliar el volumen de adquisiciones.

El Ministerio de Educación contará con $ 2,57 billones, y se prevén $ 220.010 millones para gasto de capital destinado a infraestructura educativa. Además, se contemplan $ 81.975 millones para el Boleto Educativo Gratuito, $ 88.910 millones para comedores y copa de leche, y $ 46.715 millones para el programa 1.000 Aulas, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y mejoras edilicias en todos los niveles.

En infraestructura productiva, el presupuesto asigna $ 673.045 millones, con $ 296.639 millones destinados al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Para obras públicas y transferencias de capital, se proyectan $ 1,8 billones. Además de la continuidad de los proyectos en ejecución, se incluyen inversiones para el recambio de redes de distribución de Aguas Santafesinas ($ 83.962 millones), el Programa de Obras Urbanas ($ 55.009 millones) y los grandes acueductos ($ 36.555 millones).

Con este esquema, el Gobierno Provincial busca consolidar una gestión basada en el equilibrio financiero, la eficiencia administrativa y la inversión sostenida en infraestructura y servicios esenciales. “Cada peso que se ahorra se transforma en más patrulleros, más aulas, más hospitales y más obras para el desarrollo de Santa Fe”, concluyó Olivares.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe oficializó la prórroga del contrato de vinculación con el Banco de Santa Fe SA como agente financiero, por un período de cinco años. La medida responde a lo estipulado en las bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 23/19 y su posterior adjudicación, garantizando la continuidad de la entidad en la gestión de los recursos financieros del Estado provincial.

Como parte del nuevo acuerdo, el banco incrementará el canon anual que abona a la provincia, mejorando los ingresos del Estado en comparación con los últimos cinco años. Además, se introducirá una flexibilización en el régimen de exclusividad, permitiendo mayor libertad en la elección de entidades financieras para determinados servicios.

Uno de los aspectos más relevantes de la renovación contractual es la implementación de nuevas líneas de crédito destinadas a fortalecer el sector productivo y financiero de la provincia. En este marco, el Banco de Santa Fe pondrá en marcha mecanismos de financiamiento dirigidos a pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios y líneas de financiamiento para la adquisición de equipos por parte de municipios y comunas. Según lo informado, estas herramientas contarán con condiciones más beneficiosas que las vigentes en el mercado financiero actual.

La implementación de estas líneas de crédito se llevará a cabo a través de convenios específicos que definirán las orientaciones y prioridades establecidas por el Gobierno Provincial, garantizando un impacto directo en sectores clave de la economía santafesina.

Otro punto destacado del acuerdo es la incorporación de nuevas facilidades para los contribuyentes santafesinos. A partir de ahora, los ciudadanos podrán abonar sus impuestos a través de la plataforma financiera que elijan, ya sea mediante bancos tradicionales o fintechs. Esta medida apunta a mejorar la accesibilidad y comodidad para los usuarios, adaptándose a las nuevas tendencias en el uso de servicios financieros digitales.

Con esta renovación contractual, la provincia busca consolidar un sistema financiero más dinámico, con mayores beneficios tanto para el sector productivo como para los ciudadanos, asegurando al mismo tiempo un ingreso más significativo para el Estado a través del canon abonado por el agente financiero.

El Juzgado Federal de Venado Tuerto resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto (CEVT). La resolución suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación y la Providencia de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

En el inicio del trámite judicial, la CEVT presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad argumentando que la normativa nacional prohibía incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio eléctrico, lo que afectaba la recaudación de fondos destinados al alumbrado público y al mantenimiento de la red.

El fallo del juez Aurelio Cuello Murúa establece que la empresa cooperativa podrá seguir incluyendo en las facturas la tasa municipal de alumbrado público y otros cargos relacionados, siempre que estén claramente identificados y su falta de pago no implique la suspensión del suministro eléctrico.

El Estado nacional, a través del Ministerio de Economía, se opuso a la medida alegando que la Cooperativa:

El juez consideró que la autonomía municipal, establecida en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, permite a los municipios establecer tributos y definir su método de recaudación. Además, destacó que la prohibición de facturación conjunta afectaría la subsistencia económica del Municipio, que utiliza estos fondos para garantizar servicios esenciales como el alumbrado público y el mantenimiento de la red eléctrica.

Asimismo, se acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ya que la imposibilidad de facturación conjunta podría generar:

El fallo también establece que otros conceptos incluidos en la factura, como fondos para energías renovables y tasas municipales, podrán seguir cobrándose, siempre que se especifique claramente su naturaleza y el usuario tenga la opción de no pagarlos sin consecuencias sobre el servicio eléctrico.

En consecuencia, el fallo suspende por seis meses la aplicación de la Resolución 267/2024 y permite a la Cooperativa continuar con su esquema de facturación hasta que se dicte una resolución definitiva. Durante este período, la CEVT deberá identificar detalladamente los conceptos facturados y aclarar que su falta de pago no afectará el suministro eléctrico.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, informó la liquidación de haberes de octubre al Estado provincial, que incluye el aumento acordado en paritarias del 6 % para este mes, tomando como base los salarios de septiembre.

Viernes 1 de noviembre

» Pasivos que tienen derecho a recibir un monto de bolsillo de hasta $840.000.

» Escalafón Policial.

Lunes 4 de noviembre (acreditado en cuenta el sábado 2)

» Activos que tienen derecho a recibir un monto de bolsillo de hasta $798.000.

» Docentes de Escuela Privada Transferidos 1er y 2do Convenio.

Martes 5 de noviembre

» Resto de Activos a quienes corresponde recibir un monto de bolsillo superior a $798.000

» Docentes de Colegios Privados Históricos

Miércoles 6 de noviembre 

» Resto de Pasivos a los que corresponde recibir un monto de bolsillo superior a $840.000.

Jueves 7 de noviembre

» Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

El ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich fue nombrado como el nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sucediendo a Juan Cruz Molina Hafford, quien renunció el pasado 15 de octubre tras algunas diferencias con el Ministerio de Economía en torno a su propuesta de gestión. El INTA, que cuenta con más de 6.900 empleados, desde hace unos meses se encuentra envuelto en rumores de posibles ajustes, incluidos despidos y la venta de edificios.

Bronzovich, quien hasta ahora ocupaba el cargo de Director Nacional de Agricultura, será el responsable de liderar el organismo público que promueve el desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión. En su primera declaración pública tras la designación, realizada durante un evento por los 30 años de Fertilizar Asociación Civil, Bronzovich expresó sentirse "honrado de asumir un compromiso en una institución que siempre supimos todos que es clave para el sector agropecuario".

Nicolás Bronzovich es el nuevo presidente del INTAEl secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Sergio Iraeta, designó al Ingeniero Agrónomo @NicoBronzo como nuevo presidente del INTA.👉https://t.co/4ftQidMNDJ pic.twitter.com/Jsyr26QRn0

El nuevo presidente del INTA es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Unidad Integrada Balcarce, y es oriundo de Ushuaia, Tierra del Fuego. Tiene una extensa trayectoria en el sector agropecuario y es miembro activo de entidades como la Sociedad Rural y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce. Además, está vinculado a la producción y servicios agropecuarios en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre los principales desafíos que enfrentará al frente del INTA, Bronzovich señaló: "Los mismos desafíos que los de la Argentina; hacer cada uno nuestro aporte para aumentar la producción y la productividad". También aclaró que no hubo un mandato de ajuste en su designación: "No hubo ningún mandato. Fue una pregunta si tenía ganas, tiempo y compromiso para trabajar por una institución que sabían que conozco".

Con este nuevo liderazgo, Bronzovich tiene la responsabilidad de mantener el rol fundamental que el INTA desempeña en el desarrollo y la innovación del sector agropecuario en todo el país, contribuyendo a la mejora de la productividad y sostenibilidad en tiempos desafiantes para el agro.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, emitió la Resolución 267/2024 a través de la cual impedirle a los municipios el cobro de impuestos a través de las facturas de servicios.

La medida establece que los proveedores de bienes y servicios deberán garantizar que los comprobantes emitidos a los consumidores se refieran únicamente a los productos o servicios contratados, sin incluir conceptos o cargos ajenos a lo acordado.

La decisión se tomó como una respuesta directa a situaciones cada vez más frecuentes en las que los proveedores de bienes y servicios agregan conceptos ajenos a los contratados en las facturas. Esta práctica es considerada una violación a los derechos del consumidor, ya que compromete su libertad de elección, su derecho a recibir información clara y genera confusión al momento de pagar por los bienes o servicios adquiridos.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

El Artículo 1 de la Resolución 267/2024 dispone que toda la información relacionada con los bienes y servicios facturados debe referirse únicamente al producto o servicio contratado específicamente por el consumidor. Esto implica que en los comprobantes de pago no podrán aparecer cargos o sumas correspondientes a servicios o productos no contratados. La normativa busca, de esta manera, garantizar que los consumidores tengan total claridad sobre lo que están pagando y evitar que se les cobren conceptos indebidos.

Por otro lado, la resolución no excluye la posibilidad de incluir información adicional de carácter general en los comprobantes, siempre y cuando esta no afecte la claridad respecto al bien o servicio contratado. Esto es particularmente importante en un contexto donde muchos consumidores, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, pueden tener dificultades para comprender la naturaleza de los servicios facturados.

La decisión se tomó como una respuesta directa a situaciones cada vez más frecuentes en las que los proveedores de bienes y servicios agregan conceptos ajenos a los contratados en las facturas

Uno de los puntos más relevantes que señala la resolución es el riesgo que esta práctica representa para los consumidores en situación de vulnerabilidad. Según la Disposición N° 137/2024 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, existen grupos de consumidores que pueden tener mayor dificultad para comprender los detalles de las facturaciones, lo que los coloca en una situación de desventaja.

Estos consumidores, que pueden incluir personas mayores, personas con discapacidades o aquellos con menor acceso a la información, corren un riesgo mayor de ser víctimas de prácticas abusivas. Por lo tanto, es especialmente importante para proteger a estos grupos y garantizar que tengan acceso a información clara y comprensible sobre los bienes y servicios que consumen.

El incumplimiento no quedará impune. El Artículo 2 de la norma establece que aquellos proveedores que no cumplan con lo dispuesto serán sancionados según el régimen de penalidades previsto en la Ley N° 24.240. Esto significa que los proveedores que incluyan conceptos indebidos o que no respeten la claridad de la información en los comprobantes emitidos podrán enfrentar multas u otras sanciones legales.

La Ley N° 24.240 ya prevé un marco sancionatorio para quienes violen los derechos de los consumidores, y la nueva resolución refuerza este marco al establecer de manera explícita las consecuencias de no cumplir con las disposiciones. De esta forma, se busca disuadir a los proveedores de realizar prácticas abusivas y garantizar que los consumidores puedan confiar en la información que reciben al contratar un bien o servicio.

El Ministerio de Economía ultima los detalles para aplicar, a partir del primero de septiembre, la prometida reducción del Impuesto País, que actualmente está en el 17,5 por ciento y que tendría que pasar al 7,5 por ciento. Se trata de un gravamen que le ha permitido compensar la caída de ingresos tributarios por el menor nivel de actividad económica.

Como ejemplo de la importancia que tiene este impuesto, que fue creado al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, habrá que señalar que entre enero y julio, el Impuesto País acumuló 4,2 billones de pesos, casi tanto como el de los Débitos y Créditos Bancarios, que marca el nivel de la economía "en blanco", y que sumó 4,6 billones.

Según fuentes oficiales, la rebaja implicará una caída del 40% en la recaudación del impuesto. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía esperan que esta rebaja se compense con un mayor de importaciones, que en el año retroceden 26% interanual.

La rebaja del impuesto implicará un abaratamiento del dólar comercial al que acceden los importadores, que pasará de los $1.116 actuales a unos 1.004 pesos. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda no esperan una avalancha de operaciones, debido al stock acumulado de bienes importados y la caída de la demanda por la recesión que se refleja en la caída del 26% de las importaciones.

Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su gabinete analiza en detalle si esta rebaja también se aplicará a la compra de paquetes turísticos, en momentos en que la balanza del sector comienza a dar señales negativas. Según informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante julio, plena "temporada alta" en el turismo invernal, ingresaron al país 959.0000 visitantes, pero las salidas al exterior alcanzaron a 1.190.400 de residentes, por lo que el sector turístico dejó un saldo negativo de 231.400 viajantes.

Esto fue producto de un país que se encareció en dólares, a la par de que comenzaron los "tours de compra" hacia Chile y Paraguay, o turismo, en el caso de Brasil. También Caputo analiza si la rebaja también se aplicará a la compra mensual e los US$ 200 de "Dólar ahorro" .

Más allá de los factores internos, la medida es una clara señal hacia las negociaciones que el gobierno quiere emprender con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de las tensiones que genera con el organismo la continuidad del cepo cambiario.

En junio, cuando el organismo desembolsó unos US$ 800 millones, insistió en un tipo de cambio "más flexible" (en lugar de las subas del 2% mensual), ratificó el compromiso de eliminar el dólar exportador o "blend" a fines de junio y la eliminación del impuesto PAIS antes de fin de año.

El consumo masivo en julio cayó un 10,6% en forma interanual y un 0,2% con relación a junio, lo que perfila al séptimo mes del año como el de cambio de tendencia. Los datos corresponden a un informe de la consultora Focus Market via Scanntech que evalúa lectores de código en 756 puntos de venta de todo el país.

El trabajo precisa que "la cantidad de tickets crecen 2,5 % frente al mes anterior y caen 7,9 % frente al año anterior". A su vez indicó que "las unidades por ticket caen 8,1% interanualmente a 4,5 unidades por ticket y crecen 0,7% frente a Junio 2024 a 4,1 unidades por ticket".

"El mes de julio es un mes bisagra en el consumo masivo en Argentina. Los volúmenes de venta en forma mensual desestacionalizada frente al mes previo ya no hay caída en los promedios de todas las categorías relevadas aunque las compras son menores por parte de las familias en términos interanuales", consideró Damián Di Pace titular de Focus Market.

Di Pace afirmó que "la variación salarial comienza a ganarle a una variación de precios a la baja e impulsa un poco más el flujo peatonal y actividad en los puntos de venta".

La venta en supermercados presenta un crecimiento del 0,1% frente al mes anterior ($7.748 de ticket promedio y 5,4 unidades por ticket), mientras que el autoservicio grande retrocedió un 0,5%, con un ticket promedio de $ 7.115 y 4,6 unidades por ticket.

"Mientras las ventas presentan una leve caída en el área metropolitana tienen un leve crecimiento en el interior del país", sostuvo Di Pace. Añadió que "la canasta de consumo masivo compuesta por alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal avanza 2,1% en su variación de precios promedio en el mes de julio".

Luego de la quita de subsidios a la luz y el gas oficializada este miércoles, desde julio las tarifas aumentarán todos los meses. El gobierno pondrá en marcha un sistema de ajustes en base a las expectativas de inflación futura, con el objetivo de limitar el impacto de los incrementos en las facturas en caso de que se mantenga la desaceleración de los precios minoristas. El mecanismo será definido en las próximas semanas por el Ministerio de Economía que busca el mejor “timing” para las subas.

En paralelo, la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chrillo trabaja en un nuevo modelo de facturas. La idea es que los usuarios sepan cuál es “costo real” del servicio público y la magnitud de las subvenciones que reciben del Estado nacional. La premisa es reducir el exceso de consumo y extender la discusión sobre el gasto público.

Por lo pronto, desde junio los usuarios residenciales comenzarán a pagar más por la electricidad y el gas que consumen según las resoluciones que publicó este miércoles Energía en el Boletín Oficial, que implica aumentos de hasta 155 por ciento. Las tarifas se componen de cuatro ítems: impuestos, transporte, distribución y el costo de la energía. Los subsidios son las diferencia entre este último ítem y lo que pagan los usuarios.

Con este aumento los usuarios comerciales, industriales y residenciales cubren un 65% del costo real de la electricidad y podríamos llegar a 70% promedio. Hasta mayo la cobertura llegaba al 45% promedio, según detallaron fuentes de Energía. La intensión oficial es que para el año que viene todos paguen el 100% de lo que vale el servicio, pero al menos en estos seis meses se avanzará en este “esquema de transición” que podría extenderse seis meses más.

“Es importante que los N2 y N3 contribuyan a cubrir los costos del sistema. Las cosas no valen lo que la gente puede pagar, valen lo que valen. Los subsidios sí se tienen que otorgar en base a la capacidad adquisitiva”, explican en el gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender los aumentos mensuales que estaban previstos para los componentes de transporte y distribución con el objetivo de avanzar primero en quita de subvenciones con un menor impacto. Se suspendió el incremento de mayo y se hizo lo mismo en junio, aunque desde julio comenzará un nuevo sistema. Es cierto que en el inicio del año la recomposición que recibieron esas empresas, tras el congelamiento del gobierno anterior, fue en algunos casos mayor al 500 por ciento.

“Es una cuestión de timing. En el primer cuatrimestre se juntaron subas en luz, gas, agua y transporte, entre otras. El horizonte que tenemos no cambia, vamos acomodando las cosas”, reconoció un funcionario que trabaja en la implementación.

La premisa del Gobierno es avanzar en su hoja de ruta fiscal, pero con un ritmo más gradual “teniendo en cuenta el contexto y la búsqueda de consolidar la inflación. Es por eso que en Energía resaltaron que podría haber más quita de subsidios en caso de que la situación social, reactivación en el segundo semestre mediante, lo permita e incluso podría aumentarse si la coyuntura así lo pide.

La hoja de ruta fiscal de Caputo preveía una reducción del gasto en subsidios a la energía de 1,5 puntos del PBI de 2023 a 1% del PBI este año. En la Secretaría de Energía comentaron que la reducción podría ser al 0,8% del PBI, casi a la mitad, en un escenario favorable.

Por César Rodríguez

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la Argentina podría llegar a estar en condiciones para bajar los impuestos "antes de lo esperado".

El funcionario contestó una serie de consultas en en redes sociales este domingo de Pascuas, y al responderle la pregunta a un usuario dijo que los impuestos irán bajando "cuando tengamos superávit fiscal".

El intercambio se dio como respuesta a un posteo del titular de la cartera económica en X, donde celebró la decisión de una empresa argentina por reducir sus precios un 10%.

"Si combinamos la ortodoxia macroeconómica con actitudes empresarias como esta, vamos a salir de este lío antes de lo esperado por nadie", aplaudió Caputo.

En la publicación, adjuntó la foto de la notificación redactada por la marca en la que expresaba que "motivados por la firme convicción de colaborar con la desaceleración de la inflación reinante", decidieron rebajar todos los productos de la lista.

"Sabemos que el desafío es grande, hay demasiados obstáculos impositivos que entorpecen el buen accionar de las empresas", consideraron en el comunicado que compartió Caputo.

Toto, se sabe cuando van a empezar a bajar/eliminar los impuestos?

En febrero el superávit financiero fue de $1,2 billones. La reducción del gasto público, principalmente por la eliminación de la obra pública y las transferencias discrecionales a las provincias, es hasta ahora la principal responsable.

La caída en los recursos para las provincias llegó a su nivel más bajo en 9 años, y en medio de los acuerdos con los gobernadores, el Ejecutivo prevé que la aceleración del ajuste para llegar al innegociable "déficit cero".

"Falta, pero podemos llegar a ese punto antes de lo esperado", consideró el ministro.

El gobierno está logrando un superávit primario sin emisión monetaria y con aumento de reservas del Banco Central.

Las empresas del Estado tuvieron un fuerte recorte de giros por parte del Tesoro, mientras se evalúa el cierre de varias.

Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT no recibieron transferencias en los dos primeros meses del año.

En esa línea, la firma de energía ENARSA concentró el 60% de los fondos devengados, pero con una caída interanual del 47%.

Forma parte de la "motosierra” aplicada por Milei y su ministro de Economía, en su intento por poner las cuentas en orden y achicar la emisión monetaria.

El Gobierno acaba de aplicar otra baja de contratos, en este caso por 15 mil puestos, mientras redujo el tiempo de renovación del resto.

Las empresas públicas no sólo no tuvieron un aumento de partidas asignadas para este año, sino que en los dos primeros meses del año, las transferencias desde la Administración Central a 29 compañías estatales sufrieron un recorte del 53% en términos reales.

Así, de un crédito vigente para ese universo de empresas públicas para este año de $2,5 billones, en enero y febrero, el gasto devengado (o sea, comprometido, pero que puede aún no haber sido cancelado por la Tesorería General), fue solo de $300.000 millones.

La transferencia de recursos fue muy desigual. Por ejemplo, mientras que casi el 60% ($177.922 millones) se lo llevó Energía Argentina SA (ENARSA), hubo otras empresas que tuvieron cero pesos devengados, como Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA) o ARSAT.

Si bien la empresa encargada de explotación de hidrocarburos y de distribución del gas y la electricidad recibió más de la mitad de los fondos devengados para las compañías estatales, tuvo un recorte de fondos comprometidos en el primer bimestre del 47%, a valores corrientes, respecto de enero y febrero de 2023, según los datos del nuevo Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que lanzó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

La otra gran destinataria de los recursos que la Tesorería le giró a las 29 empresas públicas fue la firma a cargo del transporte de pasajeros por tren Operador Ferroviario SE, que recibió $81.474 millones en los dos primeros meses del año, sobre $336.000 millones presupuestados para el 2024.

Sin embargo, comparado con el primer bimestre del 2023, esa partida también tuvo un recorte en términos reales que superó el 47%.

La empresa es la encargada de la operación y el mantenimiento de las líneas metropolitanas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa, y otras de larga distancia que llegan, por ejemplo, a Mar Del Plata y trenes regionales que viajan a 9 provincias.

Este universo de compañías estatales fue incluido en la primera versión de la Ley Bases, como sujetas a su posible privatización.

Aún no está definido si en el nuevo texto que el Gobierno enviará al Congreso esta primera semana de abril, incluirá a todas nuevamente o solo a algunas de ese listado.

Las firmas públicas más afectadas por estas medidas fueron, además de Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o ARSAT, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); la prestadora del servicio de rampa en 21 aeropuertos del sistema nacional, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Tandanor, Dioxitex SA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, y el Polo Tecnológico Constituyentes SA. En lo que va del año, ninguna tuvieron transferencias desde el Tesoro.

En tanto, AYSA, la empresa de aguas y cloacas que presta el servicio en el AMBA, tuvo una reducción en enero y febrero del 98,5% en los fondos devengados provenientes de la Administración Central.

En enero no recibió nada y para febrero, tenía comprometidos $810 millones de gastos de capital, contra un crédito vigente en el año de $305.793 millones.

En AYSA se produjeron ya unos 200 despidos en lo que va del año.

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se ocupa del mantenimiento de los trenes y sistemas ferroviarios, también sufrió un abrupto freno en los recursos que le debe girar Economía, del 91,7%. Tenía comprometidos $1.600 millones para gastos corrientes (de funcionamiento) en febrero, contra $118.500 millones para todo el año.

En porcentaje de recorte respecto de los dos primeros meses de 2023, le siguen Radio y Televisión Universidad Nacional de Córdoba SA (-82,8%); Corredores Viales, la firma dedica a gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas (-74,9%); Casa de la Moneda (-73,1%); y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SA, la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (-71,6%).

El Correo Argentino, con casi 17.000 empleados distribuidos en sus sucursales en todo el país, tuvo una merma de financiamiento estatal del 66,7%. Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la empresa productora de carbón ubicada en Santa Cruz, del 64,7%.

La agencia oficial Télam, que está cerrada desde el 4 de marzo y sus más de 700 empleados con una dispensa temporaria de tareas desde esa fecha, tuvo una reducción presupuestaria del 61,7%.

En tanto, Radio y Televisión Argentina, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, sufrió una merma en las transferencias en el primer bimestre del 40%.

En la radio pública, a principios de marzo, 100 periodistas, productores y empleados administrativos recibieron cartas documento informándoles que no les renovaban los contratos que vencían al finalizar febrero o comienzos de este mes.

Para los dos primeros meses de este año, Aerolíneas Argentinas no tiene fondos devengados. La partida prevista en el Presupuesto para 2024 es de $75.400 millones. La aerolínea de bandera abrió un proceso de retiros voluntarios durante marzo para 8.000 de sus 11.000 empleados, y en el que se habrían inscritos unos 600 trabajadores.

Con el objetivo de déficit cero, además de la reducción de personal contratado en las empresas públicas, se espera que el recorte en las transferencias desde la Tesorería se mantenga.

Después de un mes y medio de estar sin conducción, el Ministerio de Economía designó a Luis Lucero como el nuevo secretario de Minería de la Nación. Se trata de un abogado especializado en la industria minera, en derecho de los recursos naturales y con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, y en arbitrajes y litigios complejos.

La cartera había quedado acéfala el 10 de febrero pasado, cuando la salteña Flavia Royón renunció al puesto. Royón era la única funcionaria de alto rango del equipo de Sergio Massa que había permanecido en la cartera con la llegada del Gobierno de Javier Milei.

Durante el período de Massa, Royón se había desempeñado como secretaria de Energía y pasó al área de Minería en diciembre. Sin embargo, fue uno de los dos funcionarios a los que Milei desplazó por el fracaso en el Congreso de la Ley de Bases, ya que la ex funcionaria fue apuntada por los votos de los diputados salteños.

Según informó Economía, Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de política de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).

Ex-socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

El futuro secretario de Minería expuso en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales.

“El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los US$ 21.000 millones”, comunicó en su cuenta de X el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Son insumos y productos que se compraron al exterior sin que el BCRA -que tiene el monopolio del mercado del dólar, cepo mediante- entregue las divisas para sostener la actividad económica.

“El monto está compuesto por US$16.500 millones de grandes empresas, US$2.500 millones de medianas y US$2.000 millones de pequeñas y micro empresas”, advirtió el funcionario de la gestión MIlei.

📈 El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los USD 21.000 millones.👇El monto está compuesto por USD 16.500 millones de grandes empresas, USD 2.500 millones de medianas y USD 2.000 millones de pequeñas y micro empresas.

Caputo recordó que la inscripción al Padrón de Deuda Comercial con proveedores del exterior “es obligatoria (hasta el 24 de enero) para quienes realizaron importaciones de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23 y que no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.

“Quienes cancelaron deudas mediante otros mecanismos que no implicaron el giro de divisas, deberán informar la operación como ‘cumplida’ y se da por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones”, recordó Economía. Las operaciones informadas a través de este método ya han superado los 2 mil millones de dólares.

Por otra parte, Caputo informó que se eliminó el Sistema de Capacidad Económica Financiera para normalizar y facilitar las importaciones. “A través de la Resolución General Conjunta 5478/2024 de la Secretaría de Comercio y la AFIP, se elimina el mecanismo sistémico que calculaba la Capacidad Económica Financiera (CEF) de los contribuyentes, y que se utilizaba para restringir y limitar las operaciones de comercio exterior”.

El ministro se encargó de apuntar que -en línea con la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRAs) y las Licencias No Automáticas- “la eliminación de la CEF busca facilitar y dar certidumbre a los importadores y fabricantes locales para tener un acceso a sus insumos.

“De esta manera, la medida otorgará mayor libertad para importar e impedirá que exista arbitrariedad de parte del Estado a la hora de intervenir en el proceso de compras en el exterior. El Sistema CEF constituía una enorme barrera a la hora de importar, analizando un gran número de variables atinentes a la situación financiera de las empresas que no guardan relación con el nuevo sistema declarativo”.

Por último Caputo detalló que “la decisión de eliminar el Sistema CEF está en línea con la creación del SEDI, la nueva plataforma de análisis y seguimiento de datos estadísticos sobre importación de bienes, impulsada con el objetivo de normalizar y agilizar el comercio exterior.

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, oficializaron hoy la emisión de una Letra del Tesoro en dólares estadounidenses por un valor nominal de hasta USD 3.200 millones, que será suscripta directamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La letra tendrá un plazo de 10 años, con amortización íntegra al vencimiento, y devengará una tasa de interés variable vinculada al rendimiento que obtengan las reservas internacionales del BCRA en el mismo período.

El objetivo de este endeudamiento con el BCRA es financiar los servicios de la deuda externa denominada en moneda extranjera, según los considerandos de la Resolución Conjunta 2/2024.

La emisión de esta letra en dólares fue autorizada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 23/2024 del pasado 4 de enero.

En ese decreto se facultó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de la Administración Financiera, conformado por las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, a emitir esta deuda.

Con este mecanismo, el Gobierno busca obtener financiamiento en moneda extranjera por parte del BCRA para hacer frente a los vencimientos inminentes de deuda pública emitida previamente en dólares bajo legislación extranjera.

De acuerdo a los datos publicados, en 2024 vencen pagos de intereses y amortizaciones de capital de esa deuda externa por aproximadamente USD 19.000 millones. Con este préstamo del BCRA el Gobierno podría cubrir parte de esas obligaciones en moneda extranjera que enfrenta el Fisco este año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, planea enviar al Congreso la revisión de la última reforma del Impuesto a las Ganancias junto con otras iniciativas de carácter fiscal que buscan impulsar desde el Gobierno.

La última reforma del gravamen promovida por Sergio Massa, había permitido que cerca de 800.000 asalariados de mayores ingresos dejarán de quedar alcanzados por el tributo e implicaba una pérdida de $1 billón para el Estado Nacional y otro tanto para las provincias, ya que es un impuesto coparticipable.

Con el objetivo de salir del déficit fiscal lo más rápido posible y a raíz del reclamo de los gobiernos provinciales para la pérdida de fondos que les generó la reforma del impuesto, el Ejecutivo estaría decidido a avanzar con la modificación dentro del plan de ajuste fiscal.

Se incluirían reformas de versiones anteriores de la ley de muchas cláusulas sobre deducciones y beneficios, y una reducción para 2024, por única vez, del 26% de los montos para la aplicación de la escala vigente.

De esta manera, con los cambios que se introducirán en el mínimo no imponible y la deducción especial, el piso del Impuesto a las Ganancias bajará de $1,98 millones a $974.515, de acuerdo a cálculos del asesor impositivo Ariel Bassanetti.

Las transferencias discrecionales o no automáticas que la Nación gira habitualmente a las provincias y la ciudad de Buenos Aires representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, aunque con una marcada dispersión que tiene como extremo a Neuquén, donde alcanzan al 1,3% del total de recursos, y a La Rioja, en la que la proporción se eleva al 12,5%.Los datos cobran relevancia ante la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de restringir "al mínimo" ese tipo de transferencias que, según detalló el Ministerio de Economía, representan en total el 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI), si bien se espera que el recorte alcance al 0,5%, es decir cerca del 70% del total."Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos para ser política", anunció el martes el ministro de Economía, Luis Caputo.Por el momento, se desconocen las presiones del alcance de ese recorte anunciado y si se aplicará de manera uniforme o contemplando la situación de cada uno de los 24 distritos.

Un informe de la consultora Politikon Chaco, en base a datos del Ministerio de Economía nacional y de los gobiernos provinciales, da cuenta de un total de transferencias no automáticas o discrecionales de la Nación al total de 24 distritos de $ 648.156 millones al segundo semestre de 2023.Como en el mismo lapso los ingresos totales de esas jurisdicciones ascendieron a 11 billones 891.596 millones de pesos, las transferencias discrecionales representaron en la primera mitad del año el 5,5%.No obstante, ese nivel consolidado dista de ser representativo de todas las realidades provinciales, ya que pasa de tener un impacto marginal en Neuquén (1,3% de sus ingresos totales al primer semestre), Chubut (1,6%) o CABA (1,9%) a uno significativo en Buenos Aires (8,1%), Santiago del Estero (9,4%) o La Rioja (12,5%).Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la evolución de las transferencias no automáticas tuvo un punto de quiebre en la segunda mitrad del año: según Politikon Chaco, hasta julio registraron caídas reales en la comparación interanual, pero desde agosto hasta noviembre mostraron en todos los casos crecimientos superiores a la inflación.De todos modos, al no contarse con información actualizada de los ingresos en las provincias, no puede corroborarse por el momento si se incrementó el peso de las transferencias discrecionales en el segundo semestre.

Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno de Javier Milei. 

En el marco de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, existen dos clases de transferencias: las automáticas, que se rigen por porcentajes o montos ya preestablecidos por ley, y las no automáticas o discrecionales, que varían según diferentes criterios determinados por el gobierno nacional.Las transferencias automáticas son las que surgen del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, una serie de leyes especiales (monotributo, Fondo de Energía Eléctrica y otras) y las compensaciones del Consenso FiscalEntre las principales transferencias no automáticas se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, integrado por el 1% de la masa coparticipable), Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), Asistencia a Provincias, Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, Gestión Educativa en el Nivel Primario, Transferencias a Cajas Previsionales, Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera, Desarrollo de Obras de Infraestructura Hídrica, Estímulo a la Producción de Gas Natural, Emergencia para Catástrofes o Emergencias Climáticas, Mejora Integral de Asentamientos Fronterizos, Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable, Asistencia Financiera para Infraestructura Penitenciaria, Abordaje Comunitario "Abrazar Argentina", entre otros.

El vocero presidencial Manuel Adorni despejó algunos aspectos de las medidas anunciadas este martes por la noche por el ministro de Economía Luis Caputo. Pero, sobre todo, dejó en claro que son "un telón de fondo de lo que viene"; que "lo que viene se va a conocer en las próximas semanas" y que serán "reformas profundas" que operarán de "puntapié inicial de una Argentina diferente".

Adorni insistió en que el paquete de diez medidas eran "necesarias e inevitables" para lo que vendrá en las próximas semanas que "efectivamente, será el plan de reformas estructurales que darán inicio a esta Argentina distinta de la que estamos hablando". Medidas que, aseguró, permitirán "evitar la catástrofe, la hiperinflación y que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de lo que podría transformarse la Argentina".

Siempre apelando al argumento de que lo que hay es peor de lo que hubo y puede ser aún más complejo si no se aplica el ajuste anunciado este martes, insistió en que "nuestro norte más urgente es el déficit cero", teniendo en cuenta que "el déficit fiscal es la madre de todas las batallas". En ese objetivo se ubican las medidas que fueron enunciadas ayer y que serán desarrolladas por los equipos económicos en las próximas horas.

Entre las medidas que apuntan a mejorar los ingresos, señaló el incremento en el Impuesto País por retenciones, reversión de la modificación del impuesto a las Ganancias -que el propio Milei apoyó con su voto en el Congreso- y subas de mínimos, modificaciones en Bienes Personales y un blanqueo general.

En materia de gastos, "va a haber una baja del 0,4 % del producto en el esquema de jubilaciones y pensiones y se van a eliminar prácticamente las transferencias discrecionales a las provincias (del 0,7 al 0,5 % del PBI).

Mientras tanto, ante la consulta periodística anticipó que el cambio de esquema en materia de subsidios a los servicios y transporte comenzará a regir desde el 1° de enero de 2024.

En cuanto a jubilaciones y pensiones, tema que genera una enorme incertidumbre en un amplio sector de la población y que ayer no estuvo incluido entre el decálogo de medidas, dijo que "pretendemos no dar aumentos discrecionales, sino que el objetivo es terminar con un esquema que ha transformado a los jubilados en personas con muchas necesidades. Esta herencia ha sido tan brutal que se espera que la inflación siga su tendencia incremental y los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo. El objetivo es cortar con este esquema perverso".

Consultado sobre alguna medida que permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores ante el impacto que las decisiones anunciadas van a tener en los ingresos, señaló que "va a haber un cambio de esquemas para dejar de subsidiar la oferta (de servicios) y empezar a defender la demanda, y cortar con la inequidad entre el Amba y el interior, dentro del millón de distorsiones en los precios de la República Argentina".

Una vez más apeló a una metáfora para referirse a la herencia: "A este gobierno no le han dejado un paciente con dolor de muelas; hemos encontrado a un paciente en terapia a punto de morirse. Que ese paciente se muera significa que la pobreza no va a tener limite", advirtió.

"Nos apena a todos tener que tomar medidas por el desastre, la irresponsabilidad y el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en la Argentina por mucho tiempo. Y que el último acto electoral ha llevado a que medidas de corte electoral nos hayan hecho tanto daño y nos hayan hipotecado a todos", retomó Adorni para volver, una vez más, sobre la herencia. Y siguiendo con la metáfora sanitaria concluyó: "La decisión es evitar que el paciente se muera".

Todas las exportaciones argentinas pasarán a pagar un 15% de retenciones salvo la soja (aceites y harinas), que seguirá aportando el 33%. La “equidad” en el trato, anunciada por Luis Caputo, supone un fuerte aumento de la presión fiscal a favor del gobierno central, que no coparticipa ese recurso. El maíz salta del 12% al 15%; la leche hoy desgravada va a ese nivel; las carnes suben del 9% al 15%. Son recursos que se restan a la economía real de Santa Fe (Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos) y se suman a favor del gobierno central.

Los exportadores, -la producción es apenas el primer eslabón- podrán liquidar sus ventas al exterior con 80% al dólar oficial ($800 más devaluación del 2% mensual) y 20% en dólares financieros, según adelantó informalmente el ministerio de Economía. Para la cadena agroindustrial, que hoy tiene un “blend” de $650 en sus ventas al exterior, la devaluación supone mejorar la factura hasta $765 aproximadamente ($800 menos retenciones, más 20% liquidado a un dólar financiero estimado en unos $1200).

¿Adelanta la agroindustria unos US$ 5 mil millones? De las reservas negativas e US$10 mil millones, por ahora no se habla. A medida que pasan las horas la cartera a cargo de Luis Caputo deja ver parte de lo mucho que aún se desconoce del fuerte ajuste ortodoxo en la economía argentina, en procura del déficit cero en 2024.

La autoridad monetaria habilitará importaciones con pagos a 120 días y sin la corrupción de las “Sira”, para mantener flujos de actividad económica. Pero…¿qué pasará con la deuda comercial de unos US$ 40 mil millones del BCRA a importadores? Ofrecerá un bono a plazos y con incentivos que aún se desconocen. Procurará que esos importadores los compren con pesos que la autoridad monetaria retiraría del mercado.

El cepo se mantiene. Los que quieran dólares deberán ir al mercado financiero (CCL o MEP) para pagar o ir al colchón.

Esta mañana los bancos se reúnen con Santiago Bausili. Tienen $18,2 billones en pases y $3,3 billones en letras. La autoridad monetaria le bajó al 100% la tasa nominal anual para estos últimos (que son la amenaza inminente que alimentaría la híper) por lo que los bancos están especialmente incentivados en no perder ante la inflación. No tienen más a dónde ir.

Se supone que a los banqueros se les ofrecerán bonos del Tesoro (pagarés de la Casa Rosada en lugar de los del propios del BCRA). La tasa de interés, por ahora, sigue en 133% nominal (253,31% efectiva anual). Por debajo de la inflación.

Por el lado del ancla fiscal vía rebaja del gasto, Javier Milei apuesta a ajustar la inversión social por decreto. Allí hay 13 puntos del PBI; más allá de actualizar por decreto las jubilaciones -como lo hizo Alberto Fernández en el primer año- la Casa Rosada duplicará la AUH y aumenta 50% a la tarjeta Alimentar. Pero congela (licúa ante la inflación) el Potenciar Trabajo, lo que impacta especialmente en las bases sociales (y del peronismo) de la provincia de Buenos Aires.

A la Clase media le espera una góndola caliente y un impuestazo que dependerá en mucho de lo que suceda en el Congreso. Más adelantos de Bienes Personales y reversión de la suba del mínimo no imponible en Ganancias (que Milei votó) son parte de un paquete que el gobierno central espera negociar con los gobernadores, afectados en la coparticipación por aquella decisión de Sergio Massa en campaña.

Las leyes tributarias de las provincias traerán sus propias versiones en el incremento de las cargas. Los surtidores esperarán realinear la ecuación de un litro de nafta al equivalente en US$ 1 a 1,10. Los incrementos en retenciones a leche, maíz, trigo, impactarán junto con la eliminación de los fideicomisos que mantenían los “precios justos” en aceites y panadería básica.

Los servicios de internet y telefonía móvil, plataformas de streaming streaming, sumarán actualizaciones limitadas por los bolsillos jaqueados. Las tarifas de energía y transporte deberían sufrir más incrementos en el Amba que en el interior; además tienen que aguardar audiencias públicas. Caputo espera ahorrar 0,5% del PBI con energía y 0,2% en transporte.

Industrias Pyme y Comercio sentirán especialmente esta baja en los mercados recesivos y la dinámica de su responsabilidad en las paritarias que vienen. Manuel Adorni ratificó esta mañana que las medidas anunciadas son de urgencia para un presidente que lleva 72 horas el cargo. El vocero promete previsibilidad con reformas estructurales por venir, mientras le muestra a la Argentina que Unión por la Patria dejó un déficit primario de 3% (5,2% el financiero) del PBI.

El especialista financiero Luis "Toto" Caputo se posiciona para ser el ministro de Economía de la Nación a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuma el presidente electo, Javier Gerardo Milei.

Las versiones empezaron a circular a partir del encuentro que mantuvo el mencionado Caputo con el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el mediodía de este jueves en el hotel Four Seasons de la ciudad porteña.

Incluso, Milei mencionó puntualmente a Caputo en una entrevista que otorgó este miércoles por la noche. “Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y encontrar una solución en el mercado financiero para poner fin al problema de la deuda y los controles de divisas”, afirmó el futuro mandatario en el programa “A dos voces”.

"Toto" Caputo se depempeñó como secretario de Finanzas y titular del Banco Central, en el gobierno de Mauricio Macri, formando parte de la negociación del préstamo del Fondo Monetario Internacional e impulsando el bono a 100 años que se colocó en 2017.

La novedad se conoció en paralelo a la decisión de correr a Emilio Ocampo de la presidencia del Banco Central. Es que Caputo no sería partidario de aplicar al menos en esta instancia una dolarización, lo que abona aún más la teoría de que el líder de La Libertad Avanza tiene planeado designarlo al frente del Palacio de Hacienda.

De confirmarse las versiones, dos de los proyectos que fueron eje de campaña del libertario (dolarización y cierre del BCRA) quedarían archivados, al menos por ahora. En cambio, la nueva administración avanzaría con un modelo de flotación administrada, según trascendió.

En simultáneo, el nombre que ahora más suena para ocupar la presidencia del Banco Central es del de Demián Reidel, quien fue vicepresidente de la entidad durante la gestión de Federico Sturzenegger, bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Caputo realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Newman, al igual que el expresidente. Es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina. Es primo hermano de Nicolás "Nicky" Caputo, empresario de la construcción y "hermano del alma" de Mauricio Macri.

En su carrera, se desempeñó como jefe de Trading para América Latina del JP Morgan entre 1994 y 1998, y de Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003. Fue presidente del Deutsche Bank en Argentina hasta 2008, cuando creó Axis, una sociedad de Fondos Comunes de Inversión. A través de esa empresa compró dólares a futuro y arrastra una denuncia judicial en la que se lo acusa de haberse beneficiado con la devaluación del dólar.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue secretario de Finanzas de la Nación (diciembre de 2015 - enero de 2017), ministro de Finanzas de la Nación (enero de 2017 - junio de 2018)​ y presidente del Banco Central de la República Argentina (junio - septiembre de 2018). Desde la secretaría de Finanzas, firmó un endeudamiento por más de 4.200 millones de dólares “en concepto de infraestructura de Transporte".

En 2018 la investigación Paradise Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), donde se reveló que Caputo tenía vínculos con fondos de inversión offshore en Islas Caimán, Delaware y Miami. La investigación internacional también mostró cómo el ministro ocultó al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales.