Al finalizar la audiencia de formulación de cargos en la que se dictó prisión preventiva a 16 militares por el caso de los cuatro menores desaparecidos en Taura, Ecuador, los familiares de los chicos llegaron llorando este martes a las inmediaciones del complejo judicial Valdivia.

Allí trascendió la confirmación que cuatro cadáveres hallados calcinados en un recinto de Taura, el pasado 24 de diciembre, corresponden a los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl, de entre 11 y 15 años, quienes desaparecieron el pasado 8 de diciembre tras ser aprehendidos por los uniformados en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil.

Los análisis de ADN practicados a los cadáveres durante estos días confirmaron este martes, 31 de diciembre, que las víctimas son los cuatro menores. Así lo anunció el fiscal luego de que finalizó la audiencia de formulación de cargos

El examen de ADN que se les hizo a los cuerpos resultó positivo para los familiares de los menores, indicó el abogado de las familias de los chicos.

Minutos antes, familiares de los niños dijeron que se les había dado a los padres la noticia apenas culminó la audiencia.

“Son los niños, los niños están muertos. Mis sobrinos están muertos”, expresó entre llanto Antonio Arroyo, tío de Ismael y Josué.

El juez Dennis Ugalde Álvarez dictó prisión preventiva para los 16 militares investigados por este caso de connotación internacional con el que el país cierra este 2024.

La noche del 8 de diciembre, los militares aprehendieron a los chicos supuestamente porque habrían participado de un robo. Esa versión fue descartada la semana anterior por el fiscal que investiga la causa, quien señaló que no hay evidencia de eso.

La desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, ha sacudido a la sociedad ecuatoriana, desnudando la vulnerabilidad y violencia que enfrentan las familias en el país.

Incluso el Consejo de Presidencia de la Iglesia Católica en Ecuador emitió un comunicado este 23 de diciembre, condenando enérgicamente la violencia y ofreciendo apoyo a los padres y familiares de los desaparecidos: “Es deber del Estado defender la vida y la integridad de todos los ciudadanos sin importar su edad, género o condición social”.

“La desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, no solo que conmueve las entrañas de todos los ecuatorianos, sino que expresa la indefensión en la que nos encontramos todos frente a la violencia que corre en nuestras instituciones y nuestras relaciones”, expresa el comunicado.

Luego de que a las familias de los afectados se les concediera un recurso de habeas corpus, el caso pasó a investigarse como desaparición forzada.

Este caso se procesa conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y establece una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, según la Fiscalía.

Juan José Sagardía

Tomé conocimiento, especialmente a través del periodismo televisivo porteño, de que muchos se sintieron "espantados" e indignados porque algunos diputados nacionales pertenecientes al partido gobernante, La Libertad Avanza, visitaron hace poco a los militares que todavía no fueron procesados pero están privados de su libertad en la cárcel federal de Ezeiza. Esos militares pertenecen al Ejército Argentino que entre 1976 y 1980 ganó la guerra contra el ejército subversivo conformado por Montoneros, ERP y otros grupos, cuya lucha era la de transformar nuestro país en una copia de Cuba. No me interesa para nada criticar a Cuba, es otra nación y como tal la debemos respetar, pero los jóvenes subversivos la tenían como ejemplo de administración de un Estado o República.

La historia en un principio, de acuerdo a lo que uno pudo conocer y apreciar, indica que muchos de los miembros de Montoneros y las otras agrupaciones eran jóvenes universitarios y profesionales idealistas, pero con ideas un tanto "fuera de contexto", por así decirlo. Lo real es que el ejemplo de Cuba estaba muy en boga, tanto es así que hacia 1970 los Montoneros comenzaron a ubicarse en la provincia de Tucumán, que para ellos era lo que para los revolucionarios cubanos fue la Sierra Maestra. Lógicamente, una de sus principales estrategias era generar una guerra de guerrillas; así fue como fueron creciendo en sus actos de violencia, iniciando una guerra donde hubo muertos, a favor y en contra (como en toda guerra).

Recuerden aquello e imagínense lo que pasa en la guerra de Rusia contra Ucrania, o la de Israel contra Hamás; piensen en los inocentes muertos, de las madres que pierden a sus hijos. Cuando en 1973, Juan Domingo Perón regresa al país, en teoría vino a pacificarlo, aunque como militar sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Entiendo, que los subversivos le jugaron en contra y mataron personas de su entorno más cercano, entonces él los echó de la Plaza de Mayo y ya no hubo marcha atrás. Lamentablemente para nuestra Patria, Perón murió en junio de 1974 y todos sabemos lo que pasó después.

A mi entender, el Ejército Argentino cometió un error al hacerse cargo del gobierno nacional, tras derrocar a la entonces presidenta, la señora María Estela Martínez de Perón, también conocida como Isabel Perón o Isabelita. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a una serie de decretos oficiales del año 1975 (ver aparte), que determinaban la eliminación y el aniquilamiento de la subversión en el país, le declararon la guerra a los grupos subversivos, logrando vencerlos. Esto significó para nuestras Fuerzas Armadas el primer triunfo en defensa de nuestro territorio, tal como lo determina la Constitución Nacional.

En 1983, las Fuerzas Armadas entregaron el poder al presidente constitucionalmente elegido por el pueblo, el Dr. Raúl Alfonsín. Este, en su carácter de presidente, generaría una causa judicial en contra de las Fuerzas Armadas por sus acciones por no haber respetado los Derechos Humanos. Muchos se olvidaron que fueron acciones emprendidas en el marco de una guerra antisubversiva. Así, apelando a una consigna impuesta a nivel nacional por las Madres de Plaza de Mayo, la justicia argentina, de acuerdo a su real entender y saber responsabilizó solo a las Fuerzas Armadas por haber infringido los Derechos Humanos en esa guerra nacional hecha en defensa de nuestra Patria. Por qué digo esto, porque hasta hoy no se sabe por qué razón no se le endilgó el mismo tratamiento a los miembros del ejército subversivo, siendo que muchos de sus integrantes con el tiempo hasta fueron parte de algún gobierno nacional.

Por eso mismo entiendo que el actual gobierno debería revisar el proceso judicial, que no ha terminado por no haberle generado cargo alguno a los militares, que están detenidos sin causa fundada, según lo manifestó el actual Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, en programa de televisión emitido por La Nación + el 7 de agosto de 2024. Y aquella guerra sigue en nuestra Patria como algo pendiente, porque parece que la culpa fue de un solo lado. Y yo en cambio creo que deberíamos blanquear a nuestras Fuerzas Armadas, en sus errores y sus aciertos, porque ganaron esa guerra y nos liberaron de una atrocidad. La historia no es como nosotros quisiéramos; a los que ganaron los castigamos y a los que perdieron los beneficiamos.

Para no quedarnos con un único ejemplo, pregunto: ¿Qué hicimos con la Guerra de Malvinas? Los chicos que murieron allá son verdaderos héroes y las madres aceptaron que sus hijos de 18 y 19 años murieran por la Patria, al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero hasta el día de hoy, por desidia de la gran mayoría de los gobiernos -desde 1982 en adelante-, poco o nada se hizo para que las madres y el pueblo argentino en su conjunto puedan libremente visitarlos en el cementerio de las islas.

Claro, si queremos estamos a tiempo. Generemos un tratado especial permanente con Gran Bretaña, para poder lograr que este derecho divino de respeto a nuestros héroes, muertos por la Patria, se concrete. Antes de despedirme, repito, como siempre, perdónanos Patria... por los errores cometidos.

El 13 de septiembre de 1975, la presidenta Isabel Perón solicitó licencia por motivos de salud, asumiendo Ítalo Argentino Luder -en su carácter de presidente provisional del Senado- la primera magistratura del país, hasta el 17 de octubre, en que regresaría la presidenta. Durante el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, más precisamente el 6 de octubre de aquel año, Luder firmó los decretos Nº 2770, 2771 y 2772, por los cuales fue creado el Consejo de Seguridad Interior, que estaba integrado por el presidente y los jefes de las fuerzas armadas, extendiéndose a todo el territorio argentino la política de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", la que había sido iniciada pocos meses antes con el denominado Operativo Independencia, desarrollado en la provincia de Tucumán. Justamente, el 6 de febrero de 1975, Isabel Perón y su gabinete firmaron el decreto "S" 261, para que el Ejército Argentino ejecute el Operativo Independencia y neutralice el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en suelo tucumano.

Por Gonzalo Delmonte NA

El Senado de la Nación aprobó ayer ascensos militares y diplomáticos y declaró duelo nacional al 18 de julio con motivo del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

Con respecto al proyecto que modifica la penalidad en el Código Penal sobre la sustracción y/o comercialización de menores de edad fue aprobado en general, pero regresó a comisión por diferencias en su articulado.

En el inicio de la sesión, que arrancó pasadas las 11 de este jueves y se extendió hasta casi pasadas las 16, La Libertad Avanza logró esquivar el intento K por tratar sobre tablas del proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado (UCR), Eduardo Vischi (Chaco).

Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que ayer inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión.

En ese contexto, la voz cantante del interbloque K, el senador José Mayans (Formosa), cargó fuertemente contra el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que fue quien quedó al mando del debate en el hemiciclo tras la ausencia -por enfermedad- de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Si bien el interbloque kirchnerista necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente, la oposición dialoguista ni siquiera le dio el gusto a Mayans para someterla a votación. En uno de los cruces entre los titulares de los bloques, el formoseño llegó a calificar a Vischi como "uno de los jefes de la oposición".

El kirchnerismo intentó sostener durante varios minutos que la votación, aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones, había resultado fallida al argumentar que la moción de Vischi no fue válida porque no alcanzó los dos tercios. De esa manera, aspiraba pasar a votar la moción de Mayans para tratar sobre tablas jubilaciones.

Sin embargo, antes de la votación, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, había aclarado que si la moción de Vischi no llegaba a los dos tercios, y fuera aprobada por mayoría simple, quedaría de todas formas aprobada, lo que generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero (Salta).

El proyecto de movilidad jubilatoria en cuestión propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.

Tras la acción, el bloque radical del Senado difundió un confuso comunicado en el que culparon al kirchnerismo por no acompañar la moción de Vischi: "La propuesta de nuestro espacio, que recibió el apoyo de distintas bancadas, se vio obstaculizada por los bloques referidos en el kirchnerismo que, carentes de toda autocrítica, bloquearon el pedido impidiendo que se avance con la tan necesaria recomposición".

Despejado el camino, y tras una breve ronda de homenajes -una dedicada al 50 aniversario de la muerte del expresidente Juan D. Perón- y cuestiones de privilegio, la Cámara alta encaró el temario oficial. La primera votación fue la de los pliegos de ascensos militares y diplomáticos la que cosechó 59 votos afirmativos y sin votos negativos ni abstenciones.

En segundo término, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a "quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad".

El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un "precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

En esa línea, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa".

Su discusión en el hemiciclo fue empantanada por un intento del libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) de introducir un texto con modificaciones propias y que no era el despacho que había conseguido las firmas en la comisión de Justicia y Asuntos Penales durante la semana pasada de autoría de los senadores radicales santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto junto con otro de Antonio Rodas (Chaco), de UP.

La iniciativa fue aprobada en general por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concreta en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo mocionó en favor del regreso a comisión del proyecto.

Sobre el final, el cuerpo declaró por unanimidad (51 votos positivos) al "18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina".

El texto aprobado detalla que "la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos" y que "el Ministerio de Educación dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha".

Sturzenegger

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que está casi todo listo para el desembarco del economista Federico Sturzenegger al frente de un nuevo ministerio, mientras que ratificó el rumbo económico del Gobierno tras la reciente subida del dólar blue y del riesgo país.

"Aspiro a que sea este viernes que el presidente (Javier Milei) pueda recibir el juramento a Sturzenegger. Si no es el viernes (por hoy), va a ser los primeros días de la semana próxima, depende si terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar para su designación, que se va a hacer por DNU", comentó Francos en declaraciones radiales.

El economista encabezará una nueva cartera, que aún no tiene nombre, y que tendrá como función continuar con las tareas de desregulación del Estado, que en parte se puso en marcha con el mega DNU y la Ley de Bases, ambos de su autoría.

Por otro lado, tras la reacción negativa del mercado a los recientes anuncios del Gobierno que postergaron medidas cambiarias y sobre el Impuesto País, y que derivaron en la suba del blue, Francos buscó minimizar esa turbulencia y dijo que el rumbo de la gestión libertaria "no va a cambiar".

El Gobierno de Javier Milei mantendrá el feriado del próximo domingo 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado de 1976, pero hasta el momento, no tiene previsto la convocatoria a ningún acto o actividad para conmemorar a las víctimas del llamado terrorismo de Estado.

Se trata de una fecha particularmente compleja para la administración libertaria que "discute con la historia oficial", y apuesta a reivindicar también a los caídos por las agrupaciones armadas de la época.

El mandatario no tiene intenciones de trasladar el feriado del domingo como puente turístico para el viernes o el lunes debido a que se trata de una fecha declarada "inamovible" en el calendario nacional anual.

El feriado fue establecido en 2002 por la Ley de la Nación 25.633, que en su primer artículo establece al 24 de marzo como "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976", hasta que en 1983 retornó la democracia y se enjuició a los miembros de las juntas, liderados por Jorge Rafael Videla.

Desde el más íntimo entorno del jefe de Estado revelaron a Noticias Argentinas que no hay discusiones con "las atrocidades cometidas por de la dictadura", pero sí con la historia oficial y los acontecimientos narrados.

"Hubo organizaciones guerrilleras, incluso desde antes de la dictadura, que mataban y ejercían violencia y eso es omitido. Se cuenta solo una parte de la historia", argumentaron altas fuentes libertarias, al tiempo que aclararon que el reclamo por "la historia completa" no se traduce en el respaldo a la dictadura.

Asimismo precisaron: "No hay discusión en eso. Coincidimos todos. Nada anula el comportamiento de la dictadura ni las atrocidades".

En la gestión no descartan algún golpe de efecto para la fecha, con la intención de abrir debates, aunque descartan que sea de la magnitud de lo que fue el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

A pesar de la pública postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las más férreas defensoras de las víctimas y familiares de militares asesinados por agrupaciones armadas, al momento, no hay en agenda actividad en particular.

A diferencia de otros espacios políticos, y a contramano de la movilización programada para el domingo, desde La Libertad Avanza buscan bajarle el precio a la fecha histórica y, por ahora, no preparan ningún acontecimiento en conmemoración.

En tanto, la agrupación política La Cámpora anticipó que movilizará el próximo 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado de 1976, desde la ex Esma a Plaza de Mayo, con fuertes críticas al presidente Javier Milei.

En ese sentido, acusan al mandatario nacional de reivindicar el modelo económico de la dictadura militar.

Los dirigidos por el diputado Máximo Kirchner preparan una histórica marcha en conmemoración de los 30.000 detenidos desaparecidos.

Por medio de la página web de la organización detallaron que los 13 kilómetros que separan a la ex Escuela de Mecánica de la Armada de Plaza de Mayo serán encabezados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y convocan a sumarse a la actividad.

A diferencia del Gobierno que, hasta ahora, no prepara actividad conmemorativa, el kirchnerismo decidió recordar y denunciar "el modelo de exterminio" llevado adelante por el golpe de Estado que encabezó Jorge Rafael Videla a través de un comunicado titulado "volveremos otra vez".

"Las razones eran tan simples como inconfesables: imponer a sangre y fuego un modelo económico y social que sería imposible de aceptar para el conjunto del pueblo por otros medios", subrayaron.

Asimismo, agregaron: "Deuda externa, timba financiera, fuga de capitales, desmantelamiento industrial y desocupación para bajar los salarios. Esos fueron los objetivos de los grupos económicos que usaron a los militares argentinos para usar sus armas contra sus propios compatriotas".

En la misma línea, denunciaron que Milei intenta llevar adelante el mismo plan económico "actualizado y modernizado a los tiempos que corren", y especificaron que "con el chamuyo de la libertad para los ricos y la motosierra para los pobres".

"Antes la subversión y ahora los zurdos. Así, ganan los pocos que vienen ganando mucho y pierde el conjunto del pueblo. Por eso niega que fueron 30.000. Por eso la vicepresidenta que visitaba a Videla en la cárcel hoy saca el busto de Néstor (Kirchner) del Senado", remarcaron.

"Dice que el Estado es una organización criminal cuando regula la economía, cuando interviene para equilibrar desigualdades, cuando brinda como puede servicios básicos esenciales como salud y educación que el mercado no soluciona", continúa el comunicado, al tiempo que aclara que el rol estatal es garantizar derechos.

Asimismo, responsabiliza al gobierno de La Libertad Avanza de defender y reivindicar "al verdadero Estado criminal que perseguía, secuestraba, torturaba y asesinaba a sus mismos compatriotas que se revelaban ante un modelo económico igual que este: más para los más ricos y menos para todos los demás".

"La ex Esma era un símbolo del terror y hace 20 años Néstor y Cristina Kirchner decidieron transformarla en un espacio de memoria. Ahora y para siempre es patrimonio de la humanidad", remarcaron en la invitación a movilizar.

Por último, indicaron: "Recordar y visibilizar el pasado no es nostalgia, ni la simple añoranza de mirar para atrás. Todo lo contrario. Es caminar para adelante a paso firme, pisando nuestro suelo y mirando al cielo donde están los 30.000. Adelante hay un futuro de lucha, dignidad y justicia. Allá vamos".

Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea de Brasil confirmaron a la Policía Federal que el expresidente Jair Bolsonaro discutió un proyecto de decreto para impedir el traspaso del poder tras las elecciones de 2022, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

Sus testimonios, entregados a los investigadores en las últimas semanas, son un mal augurio para Bolsonaro, cuya carrera política parece acabada y ahora se considera que intenta no ir a la cárcel.

Bolsonaro ya ha sido declarado inelegible políticamente hasta 2030 por difundir desinformación electoral durante la campaña de 2022, y recientemente su pasaporte fue incautado por la policía que investiga sus esfuerzos por aferrarse al poder después de que perdió la presidencia ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La semana pasada, el exjefe del Ejército Marco Antonio Freire Gomes dijo a la policía que hubo discusiones con Bolsonaro sobre un proyecto de decreto que podría haber impedido la investidura de Lula, dijeron dos fuentes.

Eso siguió al testimonio del exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Junior, quien el mes pasado también informó a la policía sobre las discusiones con Bolsonaro respecto a las formas de evitar que Lula asumiera el poder, dijo una de las fuentes.

Ni Gomes ni Baptista Junior pudieron ser localizados para hacer comentarios. Un portavoz de Bolsonaro, que ha negado las acusaciones, calificándolas de caza de brujas por motivos políticos, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Bolsonaro enfrenta actualmente varias investigaciones penales que están a punto de llegar a sus conclusiones.

Una fuente de la policía federal con conocimiento del asunto informó que los investigadores planean combinar las pesquisas, y ya están discutiendo los cargos que creen que Bolsonaro debe enfrentar.

Los posibles cargos, que incluyen intento de derrocar al Estado democrático, asociación ilícita y falsificación de documentos, conllevan una pena máxima total de 55 años de cárcel.

"La acusación de Bolsonaro es más una cuestión de cuándo, que de sí", indicó a Reuters una fuente de la fiscalía general, que habló bajo condición de anonimato.

La defensa del capitán del Ejército Argentino denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral por una subalterna solicitó la aplicación de un “criterio de oportunidad”, que fue homologado por el juez Federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez. Con el consentimiento de la víctima, la causa por los hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé concluirá sin llegar a juicio.

El ofrecimiento fue realizado por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, representante del capitán Lucas Gonzalo Díaz. En su resolución, el juez valoró que “se cuenta con el consentimiento expreso de la víctima directa del hecho por el cual se encuentra procesado Díaz”, quién “explícitamente ha solicitado la imposición de ciertas condiciones al ofrecimiento originariamente realizado por el imputado, las que han sido receptadas en el acuerdo propuesto”.

“A ello se suma que conforme se desprende del correo electrónico enviado por la Dirección de Género del Ministerio de Defensa, la denunciante ha sido reincorporada al Ejército Argentino, comprometiéndose a abonarle los salarios de forma retroactiva desde el inicio del reclamo ante ese organismo”. En diciembre de 2019 el Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini, ordenó su baja obligatoria a pesar de que la Junta Médica le diagnosticó un trastorno ansioso depresivo -como consecuencia del hostigamiento- que no guardaba relación con los actos de servicio.

Más de un tercio de las policías santafesinas aseguran haber sufrido acoso sexual en la institución

“Es posible afirmar que no existe controversia en cuanto a la aplicación del acuerdo presentado y que la solución propiciada aparece razonablemente justificada por la satisfacción de los intereses de la víctima, la voluntad del imputado expresada en el ofrecimiento realizado y la inexistencia de un interés público que prevalezca sobre la voluntad de aquéllos”, señaló el juez Rodríguez.

El magistrado homologó el acuerdo al que arribaron las partes, haciendo lugar al ofrecimiento de Díaz, quien en “el término de un año contado a partir de su notificación” deberá cumplir una serie de obligaciones: un pedido de disculpas a la denunciante, que se realizará a través de una publicación en el diario El Litoral, el pago de $3.000.000 -a ejecutarse en pagos mensuales- “en concepto de la reparación de los daños sufridos”, la realización -y acreditación- de un curso y/o capacitación sobre perspectiva de género en ámbitos laborales, y la prohibición de contacto con víctima por cualquier medio.

La causa federal inició en julio de 2021 con la denuncia de la cabo, y estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez. Los hechos por los que el capitán terminó siendo procesado ocurrieron entre 2018 y 2019 en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé.

En junio de 2018, cuando la denunciante estaba comenzando su carrera militar (con 21 años), el capitán Díaz era su superior inmediato. En este contexto, “realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como escritas vía whatsapp, referidas a las características físicas y cualidades” de la cabo.

En agosto de 2019 la mujer debió ser intervenida a raíz de la ingesta de pastillas. Se constató que sufría una crisis de angustia, que según sostiene la causa federal estuvo motivada en el hostigamiento que venía sufriendo.

El fiscal encuadró el accionar de Díaz en el artículo 249 bis del Código Penal: “El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado”.

Luego, el capitán fue indagado y procesado por el juez Federal Marcelo Bailaque, quien sostuvo que “es posible afirmar que Díaz maltrató y perjudicó arbitrariamente a la ex cabo mediante la realización reiterada y sistemática de actos hostiles y humillantes mientras se desempeñó como su autoridad superior jerárquica”.

Dos soldados fallecieron y uno terminó herido tras un tiroteo que se produjo el miércoles en un campo de disparo militar ubicado en el centro de Japón. Quien disparó es un joven aspirante que pretendía unirse al ejército de ese país.

Según informó en un comunicado oficial la Fuerza Terrestre de Autodefensa nipona: “durante un ejercicio con municiones reales como parte de un nuevo entrenamiento de personal, un aspirante a las Fuerzas de Autodefensas (FAD) disparó a tres personas”.

En principio, el gobierno japonés indicó que tres miembros de las FAD, el ejército del país, habían resultado heridos en el campo de tiro cubierto de Hino, en Gifu. Sin embargo, luego se difundió el parte que confirmó dos víctimas fatales. Aún se desconoce el estado de salud de la tercera persona, que permanece internado.

En tanto, el autor de los disparos fue identificado como un miembro de las FAD. Tras el crimen, el joven quedó detenido, según señaló el vocero gubernamental Hirokazu Matsuno, sin brindar más detalles.

Por su parte, la Policía local informó que el tirador es un adolescente de 18 años que era aspirante a integrar la fuerza militar, lo que significa que recibió una formación básica de tres meses antes de intentar unirse a las tropas nacionales. “Disparó un rifle a la víctima con la intención de matar”, agregó.

Medios nacionales informaron que el herido es un hombre de unos 50 años, mientras que uno de los dos muertos tiene 24 años.

El crimen violento en Japón es muy inusual, pero varios incidentes de gran repercusión conmocionaron al país en el último año. En julio de 2022, el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado mientras daba un discurso electoral por un hombre armado.

En abril pasado, el primer ministro Fumio Kishida escapó ileso después de que un hombre lanzará un artefacto explosivo contra él en otro evento de campaña. Este incidente ocurrió poco antes de la cumbre del G7 en Hiroshima y provocó reclamos de la sociedad para intensificar la seguridad en el país.

Un muerto, dos desaparecidos y miles de evacuados por fuerte temporal en Japón

Hace apenas tres semanas, un hombre armado con un rifle de caza y un arma blanca dejó cuatro muertos, entre ellos dos policías, tras apuñalar a dos mujeres y posteriormente atrincherarse en su domicilio en Nagano, al oeste de Tokio.

Se trató de la primera vez desde 1990 en que un suceso violento causó la muerte de más de dos agentes, en un país que cuenta con uno de los índices de homicidios y de incidentes con armas de fuego más bajos del mundo.

Un grupo de militares de Venezuela ingresó a Bolivia “con fines académicos” y por eso no se necesita el permiso legislativo, afirmó este lunes el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, en respuesta a cuestionamientos de la oposición por la llegada del personal castrense bolivariano.

“Este ingreso se ha realizado con fines de pasantía y con fines académicos, todos los que están presentes son de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, Mariscal Antonio José de Sucre. Estos académicos tienen en su carrera militar una situación muy similar a nuestra Escuela de Altos Estudios Nacionales que tenemos los bolivianos”, explicó Novillo.

Alberto Fernández se reunió con Nicolás Maduro y pidió que se levante el bloqueo a Venezuela

Según la estatal agencia ABI y el sitio Fides, el ministro explicó que desarrollarán pasantías con fines académicos en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, y por eso “no se requería de autorización legislativa”.

Aunque la Constitución indica que las tropas o fuerzas militares que salgan o ingresen al país deben contar previamente con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también se la debe entender bajo la Ley Orgánica de las Fuerza Armadas (LOFA), explicó.

Según la norma militar, se define como “tropa o fuerzas militares, a personal militar que ingresa o que sale del país en posesión de armamento o a fin de realizar operaciones militares o acción cívica”, especificó Novillo.

Pese al nuevo “fortalecimiento”, la brecha salarial entre militares y Fuerzas de Seguridad no varía

E insistió en que los militares venezolanos en Bolivia no tienen armas y no realizarán operaciones militares ni de acción cívica, estarán 10 días en el país.

A las críticas de algunos opositores en medios se sumó que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga envió a defensa una petición de informe con seis preguntas, entre ellas el número de efectivos que ingresó a territorio boliviano, el tiempo de permanencia y el motivo de su visita.

“Se solicitó la información correspondiente al ministro de Defensa, pero debemos recordar que la Constitución establece que la asamblea legislativa debe autorizar el ingreso de militares de otros estados al país”, dijo el legislador.

La discusión es por parte del artículo 158 de la Constitución que señala que la Asamblea Legislativa debe autorizar excepcionalmente “el ingreso y tránsito temporal” de fuerzas militares extranjeras.

La resolución conjunta 12/2023 estableció el cuadro salarial de los integrantes de las Fuerzas Armadas a partir del primero de marzo último. El objetivo era achicar la brecha salarial con las Fuerzas de Seguridad Federales, que era superior al 60%. Según anunciaba el ministro de Defensa, ese era el primero de cuatro aumentos -ajenos a los acuerdos paritarios- tendientes a equiparar los salarios entre los uniformados citados.

Para tomar, por caso, los menores grados de cada escalafón, un subteniente del Ejército cobraba a partir de marzo $158.168, mientras que un cabo $139.048. Así, la brecha con gendarmes y prefectos se ubicaba en torno al 30%. Estos últimos cobraban, en los grados de subalferez y cabos $228.731 y $198.886, respectivamente.

Dieron a conocer los nuevos haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad

Con un aumento que promedia el 5% respecto al último recibo de sueldo, en junio impacta sobre los salarios militares la segunda “cuota de fortalecimiento” que anunció Taiana, tras la firma de la resolución conjunta 19/2023. Por ello, los subtenientes cobrarán en julio $166.868 y los cabos $146.095.

En paralelo, Aníbal Fernández y Sergio Massa firmaron la resolución conjunta 343/2023, publicada este martes 30 de mayo en el Boletín Oficial. Se determina que también se aumenten los salarios a las Fuerzas Federales a partir de junio. Por ello, un subalferez de gendarmería cobrará $241.311 y un cabo $209.825. De esta manera, la brecha salarial se mantiene en un promedio del 30% entre militares y gendarmes.

En el Día del Ejército, Taiana ordenó sancionar a otro general retirado por cuestionar el accionar terrorista de 1975

Al margen de la situación respecto a otras Fuerzas, las pocas expectativas que quedaban en los cuarteles de recuperar poder adquisitivo se echó al piso en la medida que se conocían los índices de inflación, que acumula 29% en el primer cuatrimestre. Vale recordar que durante el 2022 los salarias militares quedaron un 34% abajo del índice inflacionario.

El malestar se incrementó en el último mes, con foco en esta semana: el resto de la administración pública tuvo un aumento salarial del 5.5% en abril y no se trasladó a los haberes militares, como Jorge Taiana había indicado a este medio en una entrevista del año pasado.

Por otra parte, esta semana, el presidente Alberto Fernández informó que había acordado un aumento paritario del 33% con estatales, que impactará progresivamente desde junio. Sobre esa novedad tampoco hubo, aún, traslado hacia las percepciones económicas de los militares, como también se había prometido al anunciarse el trunco proceso de “equiparación salarial”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó este martes la línea del frente de batalla en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, epicentro de algunos de los combates más intensos de la guerra con Rusia, anunció la Presidencia.

El jefe de Estado “visitó posiciones de primera línea en la zona de defensa Vugledar-Marinka”, donde se libran desde hace meses combates con el Ejército ruso, indicó la Presidencia en un comunicado en el que difundió fotos del mandatario con militares.

En estas imágenes, se puede ver al presidente en uniforme militar con funcionarios civiles y militares, estrechando la mano a los soldados.

Zelenski se reunió con marines ucranianos con motivo del día de estas fuerzas en Ucrania, y entregó condecoraciones, al tiempo que anunció la creación de varias nuevas unidades.

“Todos los días en el campo de batalla, los marines demuestran que son una fuerza poderosa que destruye al enemigo, libera tierras ucranianas y realiza las tareas más difíciles en las condiciones más difíciles. Y necesitamos más fuerzas de este tipo”, dijo, según el comunicado.

El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, expresó este lunes la necesidad de acelerar la entrega de munición a Ucrania, pero Hungría mantiene su negativa al sostener que los aliados de Kiev ponen en peligro “su propia seguridad” al enviar armamento.

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“Cada día de retraso en nuestras entregas tiene que medirse en vidas humanas. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de personas que mueren, de soldados que mueren o resultan heridos”, afirmó el jefe de la diplomacia comunitaria en rueda de prensa, tras la reunión de ministros de Exteriores europeos en Bruselas, sede de la UE.

En este sentido, Borrell reiteró el pedido a los socios europeos para movilizar los arsenales propios, en vista del menor ritmo del esperado en las entregas y a que el próximo 31 de mayo finaliza el plazo para facilitar el material propio a Ucrania.

La movilización de munición del calibre 155 milímetros es el foco ahora de la guerra en Ucrania, después de que no se discutiera en profundidad el suministro de aviones de combate, pese al respaldo de Estados Unidos a los planes para entrenar a pilotos ucranianos en el uso de F-16 y que socios europeos exporten estas aeronaves a Kiev.

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Igualmente, el Alto Representante insistió en que los Estados miembros participen en las compras conjuntas de munición del calibre y urgió a finalizar el trabajo para la nueva tanda del Mecanismo Europeo para la Paz.

En este caso, Hungría mantiene un bloqueo alegando la inclusión del banco húngaro OTP en la lista de patrocinadores de guerra de Ucrania y el conflicto con la minoría húngara en la región ucraniana de Transcarpatia.

“Construir capital social es uno de los grandes objetivos que tiene la Argentina hacia adelante”, como contracara de la “desconfianza que predomina” en nuestro país, dice el analista político Sergio Berensztein mientras muestra una placa del “Ranking de confianza en actores de la escena política argentina”. Fue durante el cierre del año que el Ieral/Fundación Mediterránea presentó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, frente a distinguidas figuras del sector privado. Las Fuerzas Armadas estaban en el extremo superior de la infografía que ilustraba la información y las ubicaba como las tres instituciones que más se acercan a lograr el cometido planteado al comienzo del párrafo.

“Se puede apreciar un giro en Argentina, y las Fuerzas Armadas constituyen un pilar en términos de confianza” desarrolla Berensztein, al tiempo que señala que semejante desempeño “no explica el magro presupuesto que tienen, que es exiguo” mientras también advierte que “vivimos en un mundo cada vez más tensionado en materia geopolítica y alguna vez Argentina va a tener que revisar también sus prioridades en ese sentido”.

“Hay un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y hay una crítica muy seria a los movimientos sociales, a líderes y actores que representan una protesta” explica el orador. El muestreo que indica eso fue realizado de forma online, con la participación de 2.000 argentinos que viven en todo el país y que cubre todas las franjas etarias y géneros de la sociedad, intentando reproducir la estructura socio-demográfica de nuestro país según los datos del último censo y la información aportada por INDEC.

El 10% de la sociedad “confía mucho” (CM) y el 23% “bastante” (CB), mientras que el 32% “confía poco” (CP) y el mismo porcentaje “no confía” (NC) en las FFAA. Sabiendo que se trata de la mejor “performance” de la encuesta, se deduce que – en términos absolutos – hay una gran desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Sin embargo, en comparación, los militares son quienes generan la mayor aceptación entre el resto de la sociedad. Son seguidos por los periodistas (5% CM; 24% CB; 38% CP% y 32% NC) y por empresarios (3% CM; 21% CB; 38% CP y 37% NC.

En el fondo de la medición está el Poder Judicial (1% CM; 11% CB; 42% CP y 45% NC); los sindicalistas (1% CM; 6% CB; 17% CP y 74% NC) y finalmente los líderes piqueteros (2% CM; 5% CB; 14% CP y 78% NC). Estos últimos datos terminan de dar cuenta de lo explicado inicialmente por Berensztein al respecto de la confianza que tiene la ciudadanía respecto a los actores que tienen partida en el día a día del desarrollo nacional.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó este miércoles a un suboficial del Ejército Argentino a la pena de 13 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal”; ilícito ocurrido en San Salvador de Jujuy.

Además, ordenó la obtención del perfil genético del condenado a los efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia.

De acuerdo con la requisitoria de la Fiscalía, en el mes de agosto de 2019, una mujer se encontraba prestando servicio como soldado voluntario en el Grupo de Artillería de Montaña 5 del Ejército Argentino, bajo las órdenes del acusado, quien detentaba en ese momento el cargo de sargento ayudante.

En esas circunstancias, al salir de prestar servicio, aproximadamente a las 18 horas, el imputado le ofreció a la mujer acercarla a la Terminal vieja, pero sorpresivamente desvió el recorrido llevándola para la localidad de Reyes, cerca de un río donde abusó de ella.

El representante del Ministerio Público de la Acusación fue el Marcelo Cuellar, quién solicitó para el acusado la pena de 13 años de prisión más inhabilitación perpetua; mientras los querellantes, Natacha Freijó y Raúl Domínguez y Ariel Ruarte, requirieron la pena 15 años de prisión más inhabilitación perpetua.

Por su parte, la defensa técnica del enjuiciado, ejercida por Manuel Chavarría, José Longombardo y Rodrigo Cuellar, pidió para su defendido, la absolución lisa y llana o en subsidio la absolución por el beneficio de la duda.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro del plazo legal establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia; a partir de lo cual las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia superior al Tribunal de juicio.

El Comando Conjunto de la Zona de Emergencia Santa Fe, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires fue conformado el 19 de agosto ante las desesperadas declaraciones de los mandatarios provinciales del litoral. También porque el humo invadía el microcentro porteño. A cargo, quedó un Oficial Superior del Ejército Argentino, el Coronel Héctor Tornero, que desplegó un sobresaliente desempeño del personal de la IIda Brigada Blindada y de Aviación de Ejército para atenuar el impacto de las llamas.

Los militares que se concentraron en las zonas afectadas son más de 150 y provienen de los Regimientos de Tanques ubicados en la provincia de Entre Ríos y de los Batallones de Ingenieros de Santo Tomé, en Santa Fe. También intervienen la Compañía de Comunicaciones Paracaidista 4 y el Escuadrón de Comunicaciones 2. Esos mismos Elementos enviaron carpas que sirven de alojamiento, comedor y rancho para los brigadistas y pilotos que trabajan en el área. Así mismo, vehículos de tierra como camionetas y 20 camiones de carga fueron puestos a disposición para el apoyo de transporte necesario. También, hay 5 vehículos de combate operando en el lugar.

Crédito: Gentileza

Otro factor vital para lograr un impacto contundente frente al avance de las llamas, fueron los helicópteros UH1H de Aviación de Ejército que llegaron hasta el lugar. La cantidad fue variando según la actualización de la situación. Algunos días había 4 aeronaves trabajando en simultáneo, mientras que ahora sólo quedan dos.

Todo lo referido al comando y control de esas actividades se concentra en Paraná; en la sede del Comando de la IIda Brigada. Allí se libran las órdenes y coordinaciones necesarias para el cumplimiento de la misión. Para ello – por ejemplo – se procesan y analizan imágenes en tiempo real que se triangulan junto a un nodo satelital y los equipos que portan los efectivos del Arma de Comunicaciones del Ejército Argentino, mientras se capitalizan todas las comunicaciones entre cada agencia e individuo operando contra el fuego.

Exactamente una semana después desde que se conformó el Comando, el 26 de agosto, se logró contener el fuego reinante frente al Gran Rosario. Una de las mayores áreas comprometidas. Hoy, a 22 días, la cantidad de focos ígneos se redujo a 187 gracias al trabajo de los militares, que también recibieron apoyo de cientos de brigadistas, bomberos y fuerzas provinciales junto a sus propios medios.

Crédito: Gentileza

Si bien el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo establece que el Poder Ejecutivo (particularmente el Ministerio de Seguridad) debe hacerse cargo de las coordinaciones entre todas las agencias estatales y no estatales para hacer frente a acontecimientos de esta índole, se puso por encima la intención de demostrar mediática y políticamente las capacidades de las Fuerzas Armadas y una política discursiva del Ministerio de Defensa como protagonista ante las desgracias. Por ello, según indican fuentes militares a El Litoral, es erróneo que el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas – General Jorge Berredo – impulse que se forme un Comando Conjunto que opere sobre un área pequeña en extensión e interprovincial, ya que las FFAA cuando actúan lo hacen a nivel provincial (ya sea en uno o más distritos), pero no por áreas en estos casos. Del mismo modo, se cuestiona que un militar haya quedado como máximo responsable por los riesgos que ello implica jurídicamente ante, por ejemplo, algún accidente. Las fuentes indican que semejante despliegue y la forma, responde a “demostrar que se actuó con todo el peso del Estado”. Del mismo modo, indicó que se cuestiona a los Jefes de las FFAA y las autoridades del Ministerio de Defensa (puertas adentro de los cuarteles) porque “primero debían agotar los recursos de las fuerzas policiales provinciales y federales y después llamarnos a nosotros, pero hicieron al revés porque es lo más fácil: en 24 horas ya estamos operando en el lugar y les salimos gratis. Después volvemos a los cuarteles y se olvidan de nuestras necesidades y estado de situación crítica.”

“Los militares argentinos son los peores pagos de la región continental” es el informe que publicó este medio y que el ex Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto posteó en su cuenta de Twitter para tildar el panorama de “Vergonzoso”. Lo hizo luego de reclamar también “dejar de ser cómplices y reaccionar urgentemente” frente a la situación de anarquía violenta que se vive a manos de grupos terroristas en la Patagonia Argentina, que se esconden bajo el paraguas de la causa mapuche.

Vergonzoso. Debemos dignificar a las FFAA salarialmente. Es inaudito que un planero “gane” más que un Capitán del Ejército. pic.twitter.com/xGBSCuqFvg

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 22, 2022

El ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri escribió sobre la actualidad militar: “debemos dignificar a las FFAA salarialmente. Es inaudito que un planero “gane” más que un Capitán del Ejército” junto al artículo donde El Litoral expone – en comparación – el ingreso de los uniformados argentinos respecto a los que sirven a los países que limitan con nuestro territorio. En ese sentido, un Capitán del Ejército Argentino cobrará en agosto, por sus servicios de dedicación exclusiva, 124 mil pesos.

No es la primera vez que el funcionario se refiere a la situación de las Fuerzas Armadas. En junio ya había pedido que haya “más flexibilidad para utilizar las Fuerzas Armadas en eventos que son riesgosos para el país” y debatir las leyes de Defensa y Seguridad Interior para que los efectivos de la Armada Argentina, Fuerza Aérea y Ejército puedan dar respuesta a los desafíos soberanos del Siglo XXI con un marco jurídico que los respalde.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por la Policía contra la delincuencia, en el marco de un estado de emergencia por la inseguridad ciudadana decretado en Lima y el vecino puerto del Callao.

“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y acompañado de generales de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El Agustino, cerca del centro de Lima.

Días pasados ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. En ese entonces, ya se había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza la Policía, informa el sitio France24.

Pese a ello, los militares no habían participado hasta la fecha en las acciones policiales, como en el arresto de bandas de ladrones o traficantes de drogas, entre otros numerosos operativos realizados en Lima las últimas tres semanas y difundidos profusamente por las autoridades.

Para lograr la participación de los militares Castillo pidió “al señor ministro del Interior” que se disponga a coordinar “de una vez por todas no solamente para tener a la Policía, porque no todo es la responsabilidad de la Policía”.

El anuncio se produce cuando un sondeo de Ipsos indica que Castillo alcanzó su mayor desaprobación con 69% de rechazo en siete meses de gestión, contra una aprobación de solo 25%. Bajo el estado de emergencia se restringen los derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, lo que permite a policías y militares a ingresar a viviendas en busca de sospechosos sin orden judicial.

Según el Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esa capital de 10 millones de habitantes.

De acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos, el 56% de los consultados cree que bajo el gobierno de Castillo la sensación de seguridad ha empeorado en Perú, un 39% cree que está igual que antes y solamente 4% que ha mejorado.