Dos exjefes policiales fueron imputados por encubrir el accionar de personas investigadas por la venta de drogas en el sur de la provincia y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Sus iniciales son DHG y BND y, respectivamente, eran el Jefe y el Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.Las atribuciones delictivas fueron realizadas en dos audiencias que se desarrollaron este miércoles ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Por parte del MPA, participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa UFE, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.Los dos investigados habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. A pesar de que los fiscales hoy solicitaron la prisión preventiva para ambos, el juez dispuso que transiten el proceso judicial con cautelares no privativas de la libertad. 

Al imputado de iniciales DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo (departamento General López) y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. A su vez, se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con las demás personas investigadas en este legajo penal.Por su parte, el otro uniformado imputado tendrá que constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas. El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Lagioia indicó que “al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”. En tal sentido, agregó que “a partir de las evidencias que recolectamos hasta el momento, en la audiencia planteamos que el accionar delictivo comenzó en marzo de este año y continuó hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos”. Según señaló, “lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad”.

En cuanto a los ilícitos atribuidos al Subjefe policial al que se investiga, Stampella precisó que “en un allanamiento que se realizó el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado aprovechó que él estaba a cargo de la diligencia y facilitó la huida de un hombre al que se le había impuesto judicialmente una prohibición de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por la venta de droga”.La fiscal puntualizó que “antes de que ingrese a la casa el grupo táctico que debía hacerlo, el imputado de iniciales BND entró por sus propios medios, a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo’”, y añadió que “lo hizo porque sabía que en esa casa estaba la persona investigada por comercializar estupefacientes que él conocía”.Además, Stampella subrayó que “al exfuncionario policial también se le atribuyó no haber confeccionado el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del vendedor de droga y de su fuga”.

Al exjefe policial se le endilgó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave), incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.Por su parte, al exsubjefe se le atribuyó ser autor de encubrimiento agravado (por ser funcionario público) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un hombre identificado como Manuel Martín P. R., de 47 años, fue imputado por la Justicia Federal de Venado Tuerto por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El juez federal de Garantías Aurelio A. Cuello Murúa hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso su prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en distintas localidades del sur de Santa Fe.

La audiencia multipropósito se realizó el 28 de agosto en la sala ubicada en Chacabuco 743, de Venado Tuerto, donde la Fiscalía Federal Penal atribuyó al acusado la tenencia de cocaína destinada a la comercialización y lo vinculó con una estructura investigada por narcotráfico en la región.

El allanamiento y el secuestro de cocaína

Según la acusación fiscal, el procedimiento se realizó el 25 de agosto en un inmueble ubicado en la zona rural de Villa Divisa de Mayo, jurisdicción de Chovet, donde el acusado residía.

Durante el operativo, llevado adelante por personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional Venado Tuerto, se secuestraron 93 gramos de cocaína distribuidos en distintos lugares del predio.

De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal federal Federico Reynares Solari, parte de la sustancia fue encontrada dentro de un vehículo utilitario Volkswagen Caddy, otra cantidad en un automóvil Chery, además de envoltorios y recipientes ubicados en el patio y en una habitación del domicilio.

La Fiscalía sostuvo que la forma en que estaba distribuida la droga, sumada al dinero hallado y otros elementos recolectados durante la investigación, permiten sostener como hipótesis que la sustancia estaba destinada a la venta.

Presunta organización narco

Durante la audiencia, la fiscal federal subrogante Daniela Ghiorzi explicó que la causa se inició a partir de una denuncia recibida con identidad reservada y que permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada al comercio y distribución de estupefacientes en localidades del departamento General López.

La investigación menciona movimientos en zonas de Melincué, Firmat, Hughes, Carreras y distritos cercanos. Según la Fiscalía, la estructura habría tenido diferentes integrantes con roles específicos dentro de la distribución y comercialización de drogas.

En ese marco, los investigadores señalaron que Manuel Martín P. R. habría tenido participación en la distribución del material estupefaciente y que habría utilizado distintos teléfonos y vehículos para sus movimientos.

Posibles vínculos policiales

Uno de los puntos señalados por la Fiscalía durante la audiencia fue la existencia de una línea investigativa vinculada a una posible connivencia policial dentro de la organización bajo análisis.

Según expuso Ghiorzi, algunos elementos incorporados al expediente surgieron de intervenciones telefónicas y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.

Entre las evidencias mencionadas, la representante del Ministerio Público Fiscal hizo referencia a audios y comunicaciones que, según la hipótesis acusatoria, podrían aportar información sobre la operatoria de la organización y eventuales vínculos con integrantes de fuerzas de seguridad.

La investigación continúa parcialmente bajo reserva y mantiene medidas pendientes de producción.

Revocaron la prisión domiciliaria

Durante la audiencia también se informó que el imputado se encontraba cumpliendo una condena previa bajo modalidad domiciliaria en el inmueble allanado.

La Fiscalía indicó que esa situación había sido dispuesta para el cuidado de una persona bajo su tutela, pero que luego del procedimiento y de los nuevos elementos incorporados a la causa, la modalidad fue revocada.

Prisión preventiva por 60 días

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez federal Aurelio A. Cuello Murúa formalizó la investigación penal preparatoria y aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor, según el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737.

Además, resolvió imponer prisión preventiva a Manuel P. R. por un plazo de 60 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia Federal avanza en la recolección de pruebas para determinar el alcance de la presunta organización y la responsabilidad de los distintos involucrados.

La detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto sumó este martes nuevos y graves elementos. Durante una conferencia realizada por la tarde en la sede de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, las autoridades confirmaron que se investiga una presunta protección policial a un traficante de drogas que operaba en el sur de la provincia de Santa Fe.

El fiscal regional Mauricio Clavero explicó que la causa surgió a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

La investigación derivó durante la mañana en seis allanamientos: cuatro en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. Fueron detenidos los dos máximos responsables de Microtráfico de la PDI local y se secuestraron los teléfonos celulares de todos los integrantes de esa división.

En paralelo, la Justicia Federal realizó procedimientos que terminaron con la detención de un presunto traficante y el secuestro de estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

Clavero fue consultado durante la conferencia acerca de cuál sería la relación entre ambos procedimientos y dio a conocer el eje central sobre el que trabajan los investigadores.

“Entendemos, presumiblemente, que existía protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar, sino también distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe”, señaló.

La utilización del término “presumiblemente” no es menor: las responsabilidades todavía deberán ser determinadas judicialmente y la Fiscalía evitó anticipar la imputación concreta que formulará contra los policías.

Según explicó Clavero, la evidencia reunida hasta el momento fue considerada suficiente para ordenar ambas detenciones y avanzar hacia una audiencia imputativa que, en principio, se realizaría el miércoles 2 de septiembre.

Respecto del traficante detenido en el procedimiento federal, precisó que se trata de una persona con antecedentes y adelantó que su audiencia en esa jurisdicción podría desarrollarse durante esta misma semana.

Uno de los aspectos destacados por el fiscal regional fue la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación, una herramienta contemplada en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal que permite compartir información cuando existen investigaciones de diferentes jurisdicciones con puntos de conexión.

Del lado provincial trabajan los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación intervienen Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Clavero describió el mecanismo como prácticamente inédito para la región y sostuvo que fue necesario conformarlo por la gravedad de los hechos que comenzaron a surgir.

“Este acuerdo nos permite contar con toda la información que reúne la Fiscalía Federal y con la que nosotros reunimos, y ponerla en conjunto al servicio no solamente de descubrir la verdad, sino también de individualizar a aquellos que, teniendo la obligación de perseguir el delito, se hacen parte del delito”, remarcó.

El fiscal recordó además que desde el inicio de su gestión se profundizó el vínculo con la Justicia Federal para avanzar sobre estructuras del narcotráfico y no limitar las investigaciones exclusivamente a los puntos de venta minorista.

Clavero vinculó el caso con un reclamo que, afirmó, se repite entre vecinos y autoridades del sur provincial: avanzar contra todos los niveles vinculados al negocio de los estupefacientes.

“Nos pidieron que vayamos por todos, sin ningún tipo de distinción”, afirmó.

En ese marco, repasó investigaciones desarrolladas durante los últimos meses contra organizaciones criminales y estructuras económicas presuntamente vinculadas con el movimiento del dinero proveniente de la venta de drogas.

El fiscal reconoció, sin embargo, que esta vez el caso adquiere una dimensión diferente porque alcanza precisamente a integrantes de la fuerza encargada de investigar el microtráfico.

“Amo a la institución policial y no puedo dejar de significar el profundo dolor que me causa tener que estar haciendo esta conferencia de prensa con motivo de esto”, expresó.

Más adelante insistió en el alcance de la pesquisa: “Acá no hay ningún protegido. Vamos por todo. Ahora también vamos por la policía deshonesta”.

Las autoridades evitaron confirmar por el momento la calificación jurídica definitiva que enfrentarán los dos policías.

Clavero anticipó únicamente que serán “calificaciones verdaderamente complejas” y vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía analiza diferentes niveles de responsabilidad y señaló que, según lo que arroje la evidencia, podrían contemplarse figuras relacionadas con una eventual participación necesaria, confabulación o encubrimiento agravado, entre otras posibilidades.

“La precisión la vamos a dar en el momento de la audiencia imputativa”, aclaró el fiscal.

Parte central de lo que viene será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tanto a los responsables de la división como al resto de sus integrantes.

La investigación no se limitaría necesariamente al jefe y al subjefe. Ante una consulta sobre la posibilidad de que otros miembros de la fuerza queden involucrados, las autoridades dejaron abierta esa alternativa.

“En el transcurso de la investigación no descartamos que pueda haber más personas detenidas”, respondieron durante la conferencia.

Clavero aseguró que “todos están siendo vistos” y sostuvo que no existe ninguna limitación institucional para investigar a otros policías si aparecen elementos que los vinculen con maniobras delictivas.

También confirmó que podrían revisarse causas anteriores en las que hayan intervenido los dos funcionarios ahora detenidos.

“No tenga ninguna duda. De hecho, hoy recibimos información valiosa con relación al accionar de estas personas y la vamos a analizar”, afirmó.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Federico Angelini, explicó que la División Microtráfico continuará funcionando, aunque será sometida a una reorganización interna inmediata luego de las detenciones.

Según explicó, cualquier modificación previa a los procedimientos podía poner sobre aviso a los investigados y comprometer los operativos.

“Ahora nos vamos a abocar a esa reorganización para garantizar el correcto funcionamiento de la Policía de Investigaciones”, indicó.

Angelini defendió además el trabajo general desarrollado por la PDI y diferenció la situación de los investigados de la actuación del resto de los integrantes de la fuerza.

“La Policía de Investigaciones ha tenido muchísimo que ver en la baja de la violencia que hubo en la provincia de Santa Fe. Ha sido fundamental para poner tras las rejas a delincuentes que le hicieron muchísimo daño a nuestra provincia”, sostuvo.

El funcionario provincial remarcó que existe una decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro de respaldar a los policías que cumplen con sus funciones y avanzar contra quienes cometan delitos desde el interior de la institución.

“Para que haya una mejor y mayor seguridad es fundamental que todos aquellos delincuentes vestidos de policías no estén más en la fuerza”, afirmó Angelini.

Y cerró con una definición contundente: “No hay nada que cuide más al buen policía que sacar a los delincuentes vestidos de policía”.

Los próximos días serán determinantes para el avance de una investigación que ya generó una fuerte repercusión institucional en Venado Tuerto y el sur santafesino. El peritaje de los dispositivos secuestrados, las medidas pendientes y las audiencias judiciales permitirán establecer cuál habría sido concretamente la actuación de los dos jefes policiales y si existen otros integrantes de la fuerza comprometidos en la presunta protección de actividades vinculadas al narcotráfico.

Este miércoles, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que expuso sobre el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes. La reunión contó con la participación de los integrantes de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.

La iniciativa apunta a brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan adherir para intervenir en casos vinculados al narcomenudeo y microtráfico que actualmente pueden quedar bajo competencia de la Justicia Federal.

Previo a la exposición, Cococcioni destacó la experiencia desarrollada en Santa Fe y la incorporación de la persecución del microtráfico como una herramienta central dentro del plan de seguridad que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. “La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio”, sostuvo.En ese sentido, el ministro explicó la importancia de mantener un abordaje integral sobre los fenómenos criminales: “Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar”.Cococcioni destacó además los resultados alcanzados en Santa Fe y la incidencia que, según señaló, tuvo esta política en la disminución de la violencia en Rosario. “Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local”.

Por su parte, Scaglia explicó que el proyecto “tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico”, y señaló que la modificación permitiría avanzar sobre casos que actualmente pueden quedar en una zona de indefinición entre jurisdicciones.“Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie”, señaló la diputada nacional. En ese marco, destacó el interés de Santa Fe en avanzar con la iniciativa para “trabajar mucho más en los temas de narcomenudeo y microtráfico y, sobre todas las cosas, seguir adelante con el plan de seguridad que tiene la provincia”.Finalmente, Scaglia sostuvo que ampliar las posibilidades de intervención provincial permitiría “trabajar mucho más en los temas que a veces no se pueden trabajar porque terminan siendo competencia federal”. Y concluyó: “Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley”.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, afirmó este miércoles en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, que la Provincia está preparada para aplicar la Ley 27.801, que entrará en vigor el próximo 5 de septiembre. La norma establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

“En Santa Fe estamos preparados para aplicar la ley”, aseguró la funcionaria. Señaló que la Provincia cuenta con “la infraestructura, los cargos, las oficinas y los recursos humanos” necesarios, ya que se venía preparando a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Coudannes destacó que el nuevo régimen contempla medidas alternativas y también privativas de la libertad, desde la prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas -que ya existen en la provincia- y de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario.

“Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo.

La vocera provincial repasó indicadores de seguridad y señaló que, en cinco días, la Policía de la Unidad Regional II secuestró en Rosario más de cuatro kilos de cocaína y marihuana compactadas, además de cerca de 2.000 dosis de ambas sustancias.

Según precisó, los procedimientos derivaron en múltiples detenciones e incluyeron el secuestro de estupefacientes valuados en unos 35 millones de pesos.

Para Coudannes, estos resultados son consecuencia de “las políticas de seguridad de Pullaro”, mediante las cuales “pierde la economía del delito y gana la tranquilidad de los santafesinos”.

En ese sentido, destacó el impacto del patrullaje preventivo y de la identificación de personas y vehículos, herramientas que, afirmó, permiten detectar y desalentar maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Además, comparó las estadísticas de homicidios con las de la anterior administración provincial. “A esta altura de 2023 teníamos 259 homicidios y hoy, con un gobernador que tiene un plan de seguridad robusto, tenemos 94 en lo que va de 2026”, afirmó.

La vocera reconoció la necesidad de “profundizar los cambios que los santafesinos nos pidieron” y subrayó: “No nos vamos a dormir. Los gigantes se durmieron, pero nosotros no”.

También se refirió a los eventos públicos desarrollados en las últimas semanas en la provincia y a la proximidad de los Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre. “Se pueden hacer porque hay resultados en materia de seguridad. En la gestión anterior, lamentablemente, estos Juegos no se hubieran podido realizar”, aseguró.

Durante la conferencia, Coudannes también fue consultada por la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, este miércoles ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario expondrá sobre un proyecto presentado por integrantes de la bancada de Provincias Unidas, elaborado con el aporte de la cartera santafesina, que busca ampliar las competencias de las provincias en materia de estupefacientes.

“Como provincia se nos presentan situaciones y fallos con cierta complejidad a la hora de delimitar qué se considera microtráfico y qué narcotráfico”, explicó Coudannes. Por ello, indicó que la iniciativa busca aportar mayor claridad sobre esa distinción.

Finalmente, subrayó que “Pullaro se hace cargo sin miedo de la violencia en los barrios porque Santa Fe tiene todas las herramientas para perseguir este delito”.

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este viernes 24 de julio se realizaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Venado Tuerto. Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Dr. Luis Lagioia, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico, y ejecutadas por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

Los procedimientos constituyen el resultado de una investigación desarrollada durante los meses de junio y julio, en la que personal de la DUOF Venado Tuerto llevó adelante tareas de campo que permitieron documentar maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad. Como consecuencia de las medidas judiciales, dos de los cuatro allanamientos arrojaron resultados positivos y culminaron con la detención de dos hombres y dos mujeres.

En uno de los domicilios allanados se secuestraron seis gramos de cocaína, 48 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y una libreta con anotaciones de interés para la investigación. En el segundo procedimiento se incautaron 4,27 gramos de cocaína distribuidos en siete envoltorios, además de un teléfono celular con dos chips. Los elementos secuestrados, valorados en conjunto con las tareas investigativas previamente desarrolladas, permitieron atribuir a ambas personas la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la labor coordinada entre la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico y la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, cuyo trabajo investigativo permitió reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar las medidas judiciales que culminaron con las detenciones y el secuestro de material de interés para la causa.