Murió Hugo Luis Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los dirigentes más influyentes del agro en las últimas décadas. Tenía 82 años y había nacido el 11 de noviembre de 1943.

Productor agropecuario, Biolcati fue uno de los protagonistas centrales del conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, en torno a la resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones. En ese contexto, integró la Mesa de Enlace, espacio que nucleó a las principales entidades del sector.

Durante esos meses de tensión, en los que el campo impulsó protestas y movilizaciones en todo el país, Biolcati se desempeñaba como vicepresidente de la SRA. Tras el conflicto, asumió la presidencia de la entidad en septiembre de 2008, cargo que ocupó hasta 2012, cuando fue sucedido por Luis Miguel Etchevehere.

Hugo Biolcati fue presidente de la Sociedad Rural y uno de los referentes de la Mesa de Enlace en el conflicto de la 125.

Su figura se destacó por su postura firme frente a las políticas del kirchnerismo hacia el sector agropecuario, con discursos críticos en la tribuna de la Exposición Rural de Palermo. Al mismo tiempo, dentro de la Mesa de Enlace, era valorado por su capacidad de articulación y por tender puentes entre las distintas entidades: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.

En su despedida como presidente de la SRA, en 2012, productores autoconvocados le dedicaron un mensaje que reflejó el reconocimiento del sector a su liderazgo.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la SRA afirmó: “La Sociedad Rural Argentina despide con profundo pesar a Hugo Luis Biolcati, quien fuera presidente de nuestra entidad entre los años 2008 y 2012, y una figura destacada como productor agropecuario, donde la lechería fue una de sus grandes pasiones”.

En el marco de su 8ª edición del Congreso Internacional, Coninagro presentará la 7ª edición de su libro "El Campo y la Política: Panorama del Desarrollo Cooperativo Agroindustrial en Argentina"

El evento, que se realizará el próximo jueves 18 de septiembre en la Bolsa de Cereales, reunirá a productores, dirigentes, funcionarios y economistas para debatir sobre el futuro del sector.

El libro, que se entregará a autoridades nacionales y provinciales, ofrece la visión de los productores cooperativistas sobre los desafíos y oportunidades del agro. Incluye análisis, estadísticas y propuestas concretas para enfrentar las problemáticas del sector, además de la versión digital con un ciclo de entrevistas a representantes de las economías regionales.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó la relevancia del evento en un contexto de cambios globales. “Estamos en tiempos de desafíos globales y cambios acelerados. El sector agropecuario argentino se encuentra en una encrucijada que requiere de decisiones responsables, diálogo abierto y un compromiso firme con el desarrollo sustentable”, afirmó.

Magnano subrayó la importancia del diálogo constante entre el gobierno y el sector agroindustrial. “El diálogo ha comenzado, porque la Mesa de Enlace mantiene reuniones con ministros y funcionarios. Ese debería ser un ejercicio habitual en cualquier gobierno, todo en pos de una mejor relación con el campo”, sostuvo, y agregó que el objetivo es “trabajar todos los días buscando consenso”.

El congreso busca visibilizar el rol protagónico de las cooperativas en el desarrollo del país. Por primera vez, todas las Federaciones que integran Coninagro tendrán un espacio propio con stands para exponer sus producciones. Los asistentes podrán degustar productos como leche, vino, miel, arroz y yerba, y escuchar de primera mano las experiencias de cada economía regional.

El evento será transmitido en vivo vía streaming a través de https://www.coninagroenvivo.com.ar/, permitiendo que productores y público de todo el mundo puedan seguir las ponencias.

Por Mario Cáffaro

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió, en el Salón Blanco, a los dirigentes nacionales y provinciales de la llamada Mesa de Enlace que contiene a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, encuentro donde se repasaron distintos temas de la problemática del sector, pero también se habló del impacto de las retenciones sobre las principales producción del campo. "Fue una reunión de mucha camaradería" señaló uno de los comensales.

Los principales dirigentes de la Mesa de Enlace, Nicolás Pino (SRA); Carlos Castagnani (CRA); Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (FAA) vienen recorriendo las diferentes provincias para encontrarse con las entidades locales y mantener diálogos con los gobiernos provinciales. Lo habían hecho en Córdoba recientemente y la agenda santafesina se realizó en coincidencia con la muestra TodoLáctea en Esperanza.

Pullaro recibió a los visitantes -los cuatro presidentes más las conducciones santafesinas de esas entidades- con los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares y de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Además sumó al secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, dirigente proveniente del ruralismo así como el secretario de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira. La mesa -tendida en el salón Blanco- contempló a los legisladores que presiden las comisiones de Agricultura y Ganadería, Esteban Motta por el Senado y Marcelo González por Diputados.

Trascendió que uno de los objetivos planteados en la reunión es que los gobernadores de la Región Centro hagan un nuevo planteo pidiendo mantener la baja de retenciones a las exportaciones de granos que vencerán el 30 de junio. "Consideramos que debe haber un cronograma a la baja de esos impuestos" dijo uno de los dirigentes recordando que el propio presidente Javier Milei, en campaña, se pronunció en contra de ese tributo. El cordobés Martín Llaryora pidió la eliminación días pasados y Pullaro hizo mención al tema en su mensaje ante la Legislatura el 1 de Mayo pasado. El objetivo de la Mesa es sumar a Rogelio Frigerio al planteo.

Se señaló a El Litoral que durante la reunión no se habló de confrontación con el gobierno nacional, sino de trabajar para hacer aportes para sacar adelante a la Nación y consolidar la Región Centro como polo de desarrollo.

"En conjunto, repasamos temas vinculados al acompañamiento provincial que le estamos dando al campo desde el gobierno de Santa Fe con herramientas de financiamiento, créditos, cursos de capacitación a través de Impulsa y medidas de alivio fiscal. También repasamos obras vinculadas a caminos rurales, accesos a puertos y el plan de infraestructura para mejorar accesos a puertos", informó Puccini al término del encuentro.

"Como gobierno estamos convencidos que la salida es con más producción, y el campo es un actor fundamental por eso defendemos la idea de que haya una baja progresiva de retenciones que termine con la eliminación de este impuesto distorsivo" agregó el ministro de Desarrollo Productivo.

Reveló que durante la cena "contamos la gestiones vinculadas al desarrollo de la Hidrovía para impulsar exportaciones desde los distintos puertos provinciales a lo largo de los más de 800 km de costa. Creemos en la producción, en la innovación, en la inversión en obra pública y el fomento de la ciencia como herramientas para alcanzar el desarrollo productivo e impulsar al desarrollo económico que va a hacer que la República Argentina despegue".

Mántaras, en tanto, consideró que "son significativos estos encuentros, donde del intercambio entre referentes del campo y un gobernador con su equipo surgen aspectos que convergen en un anhelo común: el desarrollo de nuestra Argentina desde la producción, contemplando todo el territorio".

El secretario de Agricultura santafesino hizo notar que "el país durante décadas no ha tenido políticas para el campo, desperdiciando las oportunidades que el mundo nos presenta para la agrobioindustria argentina, que pese a ello es competitiva. Pasan los gobiernos nacionales y los recursos de las provincias han tenido al AMBA como destino casi exclusivo".

Para Mántaras "el desafío es pensar las políticas públicas desde las provincias, gobiernos junto a instituciones del sector privado, para incidir en los ámbitos de decisión nacionales y procurar así tener un país próspero, con menos desequilibrios, con una economía fuerte, con buena calidad de vida para sus ciudadanos en todo su suelo, en definitiva una sociedad justa".

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias informó, en un comunicado, que la reunión en Casa de Gobierno se hizo con el objetivo de analizar una agenda de temas estratégicos para el desarrollo del sector agropecuario en la provincia y el país.

En un comunicado señaló que "se abordaron cuestiones centrales como la reforma constitucional que lleva adelante la provincia para potenciar las instituciones y brindar mayor seguridad jurídica. Uno de los puntos más urgentes planteados por las entidades fue el de la seguridad rural. Se solicitó fortalecer la presencia policial en las zonas productivas, mejorar la respuesta ante delitos rurales y avanzar en herramientas tecnológicas".

En cuanto a la aplicación de fitosanitarios, se discutió la importancia de sostener un marco regulatorio basado en criterios técnicos y científicos, que garantice tanto la producción como el cuidado del ambiente y la salud, evitando decisiones arbitrarias que pongan en riesgo la actividad, destaca la Mesa.

También se conversó sobre la necesidad de infraestructura vial y la hidrovía para mejorar la logística y el transporte de la producción, así como sobre la urgencia de avanzar en conectividad rural. Finalmente, los representantes del campo reiteraron su histórica posición frente a las retenciones a las exportaciones: "Necesitamos el apoyo de todos los gobernadores para la eliminación de este impuesto distorsivo, que desalienta la inversión y castiga a los productores", expresaron.

Este viernes, se realizó un encuentro de trabajo interno entre los representantes de Mesa de Enlace de la Nación y de la provincia. Allí la Comisión de Enlace valoró el diálogo abierto y franco con el gobernador Pullaro y su equipo, y coincidió en la necesidad de trabajar de manera coordinada para promover un desarrollo agropecuario sustentable, con reglas claras y previsibilidad.

Por otra parte, se definieron algunos aspectos de la agenda para los próximos meses.

La Mesa de Enlace nacional tiene entre sus cuatro integrantes a dos santafesinos como Carlos Castagnini (Venado Tuerto) y Lucas Magnano (Villa Trinidad) mientras que la titular de FAA, Andrea Sarnari, si bien tiene explotaciones en provincia de Buenos Aires, reside en Rosario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en un reciente encuentro con la Mesa de Enlace que el próximo tributo a eliminar será el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, más conocido como Impuesto al Cheque. La medida forma parte de la política del gobierno de Javier Milei para reducir la carga impositiva y fomentar la actividad económica.

El Impuesto al Cheque fue instaurado en 2001 por el gobierno de Fernando de la Rúa como una medida de emergencia ante la crisis económica y fiscal que atravesaba el país. En un principio, su vigencia estaba pensada como transitoria, pero con el correr de los años se convirtió en una fuente constante de recaudación para el Estado.

La alícuota del tributo es del 0,6% sobre cada débito y crédito en cuentas bancarias, con la posibilidad de computarlo como pago a cuenta de Ganancias para ciertos contribuyentes. Sin embargo, su aplicación ha sido criticada por su efecto distorsivo sobre la actividad económica y por desincentivar el uso del sistema bancario.

Desde su implementación, el Impuesto al Cheque ha sido señalado por economistas y empresarios como un factor que encarece las transacciones formales y promueve la informalidad. La carga tributaria extra ha generado incentivos para el uso de efectivo y otros mecanismos informales de pago, afectando la bancarización y dificultando la trazabilidad de operaciones financieras.

Además, las pymes y sectores productivos han reclamado reiteradamente su eliminación debido al impacto que genera en su estructura de costos. Para muchas empresas, el tributo se convierte en un impuesto acumulativo que no puede ser compensado totalmente con Ganancias, lo que incrementa el costo de operar dentro del circuito formal.

El economista José Luis Espert celebró la medida y afirmó que "el Impuesto al Cheque es uno de los tributos más distorsivos de la economía argentina y su eliminación permitirá una mayor competitividad en el sector productivo". Por su parte, el analista financiero Carlos Melconian sostuvo que "si bien la eliminación es positiva, el gobierno deberá encontrar una fuente alternativa de financiamiento para evitar un impacto en las cuentas fiscales".

Desde el sector empresario, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, destacó que "este impuesto ha sido una carga para la industria durante más de dos décadas y su eliminación es un paso necesario para fortalecer el desarrollo productivo y la inversión".

La eliminación del Impuesto al Cheque se enmarca dentro de un paquete más amplio de reformas que el gobierno de Javier Milei busca implementar para reducir la presión fiscal. En el encuentro con la Mesa de Enlace, Caputo aseguró que la medida será parte de un esquema de simplificación tributaria y promoción de inversiones.

Si bien aún no hay una fecha precisa para su derogación, el anuncio fue bien recibido por el sector agropecuario y empresarial, quienes desde hace años vienen solicitando su eliminación. Sin embargo, algunos analistas advierten que su desaparición podría generar un faltante en la recaudación estatal que deberá ser compensado con otras fuentes de ingresos.

Para mitigar el impacto fiscal de la eliminación del Impuesto al Cheque, el Gobierno evalúa distintas alternativas. Entre las opciones en estudio se encuentra la mayor fiscalización y ampliación de la base tributaria mediante la formalización de sectores informales de la economía. Además, se analiza un eventual aumento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del IVA gracias a una reactivación del consumo y la inversión.

Otra posibilidad que se maneja es la reducción del gasto público en áreas no prioritarias, acompañado por una reestructuración de subsidios y programas estatales. Finalmente, el Gobierno no descarta la implementación de nuevos mecanismos impositivos más equitativos y menos distorsivos, alineados con las mejores prácticas internacionales.

El Impuesto al Cheque es un ejemplo de cómo tributos concebidos como medidas transitorias terminan convirtiéndose en permanentes dentro del sistema fiscal argentino. Su eliminación representa un paso hacia la desburocratización y simplificación del esquema tributario, aunque plantea interrogantes sobre el impacto en las cuentas públicas.

Mientras el gobierno avanza en su agenda de reformas, el sector productivo y financiero aguarda con expectativa la concreción de esta promesa y el diseño de un sistema tributario más eficiente y equitativo para el desarrollo económico del país.

En el marco del 11° Congreso Ganadero organizado por la Sociedad Rural de Rosario, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, expresó con claridad y firmeza la posición de la entidad respecto a varios temas clave para el sector agropecuario.

"Respecto a la identificación individual electrónica obligatoria, CRA se ha expresado en forma contundente por el mandato de todas nuestras confederaciones. No nos negamos a la identificación individual electrónica, pero no tenemos ninguna duda que debe ser voluntaria. No podemos obligar al pequeño productor o a aquel productor que no le interese exportar, obligarlo a la identificación, sumando un costo innecesario. No hay argumento a nuestro entender que justifique la obligatoriedad", sostuvo.

Otro tema de actualidad mencionado por el dirigente de la Mesa de Enlace fue la vacunación contra la fiebre aftosa. "En este punto, desde CRA, sostenemos que todo cambio o modificación debe tener un aval técnico serio y riguroso. Hoy por hoy, para nuestra entidad es impensable dejar de vacunar. Cumplen una función muy importante las fundaciones, un sistema virtuoso y exitoso que logró combatir la fiebre aftosa. Pensar en desactivar este trabajo en conjunto del sector público y privado es volver al pasado y poner en riesgo la sanidad de nuestros rodeos".

Castagnani también destacó los logros alcanzados gracias al sistema de vacunación: "Gracias a este sistema, que sin ninguna duda se puede perfeccionar, hemos ganado muchos mercados ofreciendo la mejor carne del mundo".

El presidente de CRA también resaltó la necesidad de "lograr créditos blandos, a largo plazo y accesibles". "Sabemos que la actividad ganadera necesita un tiempo prudencial no menos de tres años", subrayó, haciendo hincapié en la importancia de condiciones financieras que se adapten a los ciclos productivos del sector.

El dirigente abordó el tema del medio ambiente, defendiendo la sostenibilidad de la ganadería argentina: "Debemos fortalecer y defender el tema del medio ambiente. Somos víctimas de campañas de entidades fundamentalistas que nos hablan de la emisión de carbono de nuestra ganadería. Cuando se realiza el balance de lo emitido y lo que se capta, el balance ganadero es positivo".

(Por Federico Aguer) - En una nota conjunta entre la Mesa de Enlace y la Federación de Acopiadores, piden al gobernador Maximiliano Pullaro que intervenga ante las tasas que cobran algunos municipios del sur provincial. Según le detalló Fernando Rivara a Campolitoral, la posición no solamente es de la Federación de Acopiadores, sino de toda la producción. "Y digo esto porque la semana pasada, nuestra entidad se sumó a las cuatro entidades del agro que componen la Mesa de Enlace, con quienes le hemos mandado una nota al señor Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro".

A la hora de los argumentos, Rivara sostiene que se trata de una medida arbitraria. "Que un grupúsculo de municipios cobren 25.000 millones de pesos cada año a la gente que tiene que entregar los granos en el puerto es algo tan irracional que realmente no merece demasiada profundidad. Sobre todo cuando los mismos intendentes reconocen que esos fondos van a Rentas Generales y que a esa plata la están usando para otros gastos. O sea, le meten la mano en el bolsillo a la producción agraria argentina para su gasto de la política".

El titular de la Federación de Acopiadores la calificó como una situación "absolutamente inadmisible". Que además "la vamos a pelear". "Basta con ver como se ponen nerviosos y cómo dicen que van a resistir hasta las últimas consecuencias. Algunos te dicen que se van a tirar bajo los camiones", ironizó.

Por otro lado, detalló que como todos saben," los accesos a los puertos en casi todos esos lugares tienen cero mantenimiento, entonces la situación es muy difícil y es muy injusta y por eso estamos pidiendo al gobernador de Santa Fe que intervenga para terminar con este abuso de un grupo de intendentes".

"Solicitamos respetuosamente su urgente intervención ante los abusivos peajes disfrazados de tasas viales que cobran diversos municipios de la jurisdicción provincial, para permitir el acceso a los puertos situados sobre el río Paraná", sostiene le pedido conjunto. Según la tramiten al mandatario provincial, ello produce una altísima recaudación que, según publicaciones conocidas por todos, superarían los veinticinco mil millones de pesos, sin correspondiente contraprestación municipal y sin realización de obras adecuadas o incluso, el frenado de otras imprescindibles. "Solicitándole ante la gravedad del problema, ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública, e instrumente los mecanismos previstos en los Art. 62 y 72 Inc. 19 de dicha Carta Magna".

Según sostiene la carta enviada a Pullaro, "debe impedir posibles vulneraciones a la Carta Orgánica de Municipalidades N° 2756 y modificatorias, ante la exposición que gran parte de lo recibido por esas tasas están dirigidas a rentas generales, mediante probables vías de hecho administrativas de las intendencias, impidiendo de no obrarse el tributo toda descarga de cereales en las distintas terminales portuarias", indicaron.

Finalmente, apelaron a que dicha solicitud, "excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de conveniencia comercial, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango".

De acuerdo a las entidades, "lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente barrera aduanera interna que no puede ser convalidada por el señor gobernador".

"Para el sector, no renovar la medida del Banco Central que dispuso el gobierno es un mensaje positivo y es la dirección que pretende la producción en general: ir sacando medidas innecesarias como era la medida del Banco Central", dijo Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de no renovar la penalización financiera a los agricultores que conservan más del 5% de su cosecha de soja o trigo.

La entidad comunicó el miércoles 26 de junio la decisión de no renovar la circular que establecía un piso equivalente al 120% de la tasa de Política Monetaria para quienes no hayan liquidado la mayor parte de su cosecha. Esta decisión, según el BCRA, "constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo".

El BCRA también subrayó que esta adecuación normativa complementa otras medidas recientes, como la Comunicación A8043 del pasado 13 de junio, que flexibilizó las normas de crédito para Grandes Empresas Exportadoras (GEE), eliminando restricciones al financiamiento en moneda extranjera y otras regulaciones.

Horas antes de conocerse la decisión, y a poco de que expire la prórroga que había dispuesto el gobierno de Javier Milei, el 30 de junio próximo, desde la Mesa de Enlace habían expresado: "Es inadmisible que se continúe aplicando una medida copiada del kirchnerismo que sólo conlleva discriminación y hasta ignorancia. El gobierno debiera saber que los productores agropecuarios no utilizan sus granos de manera especulativa, simplemente guardan parte de su producción como reaseguro, ahorro y hasta forma de pago. Ante ello, esperamos y apostamos por un gobierno que brinde menos intervenciones y una concreta apertura económica, pero estos hechos son una muestra clara de la mano del Estado que no deja de lado viejas recetas del pasado que entorpecen y generan incertidumbre en los productores".

Por Federico Aguer

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Diana Mondino, se reunió este viernes por la tarde con los principales referentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias para tratar -entre otros- dos temas centrales en la política económica del país: mercados de exportación de carnes y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En el encuentro, se dialogó sobre la situación de la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio (que se realizará a fin de mes); el acuerdo Mercosur-Unión Europea; la plataforma VISEC para soja, carne y otros; huella de carbono, comercio internacional y relaciones bilaterales, entre distintos temas.

Además, se habló de una "eliminación gradual" de los Derechos de Exportación (DEX), como instrumento para poder capitalizar la estrategia de apertura al mundo que fomenta el gobierno de Javier Milei.

Luego del encuentro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró ilusionado. "Creemos que hay una nueva oportunidad para abrirnos al mundo y tener un rol destacado en el comercio exterior, y que eso genere desarrollo para los argentinos" expresó Pino y agregó: "Desde la SRA hace muchos años seguimos de cerca la relación comercial con otros países y tenemos participación en foros internacionales y entidades regionales y globales."

Según el dirigente ruralista, "Argentina está, increíblemente, perdiendo un montón de oportunidades en el mundo y debemos, tanto el sector público como el privado, apuntalar una estrategia conjunta para el bien no solo del sector, sino también de los argentinos. Hoy fue el primer paso para eso".

Luego, el presidente de la SRA aseguró que "tenemos las condiciones para producir y poder exportar nuestros productos y para que esto suceda en un marco óptimo es necesario eliminar las retenciones y unificar el tipo de cambio".

Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina Carlos Achetoni, valoró la actitud de la funcionaria. "Valoramos haber podido dialogar mano a mano con la ministra y los principales funcionarios de su cartera, porque han podido escuchar de primera mano nuestras preocupaciones en materia de política exterior en lo que respecta a nuestro sector, así como también nuestro detalle de los principales aspectos que complican a quienes producimos. Nos escucharon y ofrecieron mantener un diálogo abierto para que entre los técnicos puedan abordar las distintas situaciones".

El dirigente federado confirmó que se definió "que acercaremos información específica acerca de aranceles y trabas por producción, para que Cancillería tenga en cuenta esos aspectos al momento de negociar con otros países", y completó: "Le manifestamos preocupación por la norma 1115/23 que contiene restricciones en materia ambiental, en cuanto a la negociación con la Unión Europea. Mondino nos dijo que aún hay tiempo para revisar estas cuestiones y las tendrán en cuenta".

Asimismo, en el encuentro se abordaron cuestiones inherentes a los problemas burocráticos que se presentan en muchos pasos fronterizos, que generan complicaciones en algunos intercambios con países limítrofes. Además, se planteó que diversas las economías regionales se encuentran con fuertes trabas y aranceles que resultan casi imposibles de sortear, por lo que se pidió que se trabaje para lograr mejores condiciones para insertar la producción.

"No estaba en agenda pero también pudimos hablar de retenciones. La ministra remarcó que se ha vuelto al punto que estaba nuestro país en 2019 y que el gobierno apunta a poder bajarlas gradualmente hasta su desaparición", concluyó Achetoni.

A partir de la decisión del Banco Central de la República Argentina de continuar aplicando a los productores agropecuarios una penalización financiera en caso de retener más del 5% de su cosecha de soja, desde la Mesa de Enlace manifestaron su rechazo y consideraron la medida como discriminatoria, arbitraria y decepcionante. 

El 29 de diciembre último, la entidad financiera publicó la Comunicación A 7931, extendiendo hasta el 30 de junio de 2024 el sobre costo crediticio del 20% como mínimo. “Hasta el 30.6.24, la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de Productor con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada”, detalla. Vale decir que la norma original, instrumentada por el gobierno de Alberto Fernández, vencía el 30 de diciembre. 

Frente a esta decisión de la actual gestión nacional, CRA, SRA, FAA y Coninagro emitieron un comunicado conjunto bajo el título: “Las medidas discriminatorias deben quedar en el pasado”. Allí expresan su profunda preocupación ante la decisión. “Esta medida, que fue heredada del gobierno anterior, se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba”.Para los ruralistas, resulta incomprensible que, “en lugar de avanzar hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios que lejos están de utilizar sus granos de manera especulativa”. 

Al respecto, aclararon que el recargo financiero “no solo impacta en quienes se dedican exclusivamente a la producción de soja, sino que también afecta de manera negativa a los productores mixtos, quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas”. 

En medio de los cambios que viene implementando el gobierno de Javier Milei en favor de una economía saneada, la Mesa de Enlace afirmó que el sector “se encuentra decepcionado por esta prórroga, la cual contradice las expectativas de un ambiente más propicio para el desarrollo de la producción”. Y añaden: “en un momento en que se hablaba de desregulación, este tipo de medidas refuerzan la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad que venían padeciendo”. 

Por lo tanto, los dirigentes rurales hicieron un llamado “urgente” a la reconsideración de esta medida del BCRA y solicitaron “un diálogo abierto entre el sector y las autoridades competentes”, en busca de soluciones que fomenten la inversión, la productividad y el desarrollo sostenible, “en lugar de imponer cargas financieras desproporcionadas que perjudican a los productores y a la economía en su conjunto”.

Tras el disgusto que causó en el sector agropecuario la idea del gobierno nacional de implementar retenciones generalizadas que incluían a sectores vulnerables, como las economías regionales y la lechería, el flamante Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilella, confirmó hoy que se decidió dar marcha atrás y eximir del impuesto a estas y otras actividades, mientras algunas quedarán por debajo del 15% anunciado. Sin embargo, para compensar, se decidió elevar dos puntos los derechos de exportación (DEX) a los subproductos de la soja (aceite y harina).

"Luego de un intenso trabajo en el Ministerio de Economía, junto con la Secretaría, hemos estado buscando un camino alternativo a la decisión que se había comunicado la semana pasada en torno a los DEX, básicamente centrado en las producciones regionales y los lácteos", anunció el funcionario en un video institucional que se publicó en redes sociales.

La novedad surgió tras una reunión a la que fueron citados los técnicos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace en la mañana de este lunes 18 de diciembre, tras el malestar que causó a los ruralistas la confirmación que dieron los técnicos de la cartera económica en el primer encuentro entre las partes, el pasado jueves 14 de diciembre.

"Es así que vamos a comunicar una diferencia en el proyecto que se va a elevar al Congreso, en el cual se eleva la alícuota de los subproductos de la soja del 31 al 33% (harina y aceite) y eso compensa en parte el costo que tendría reducir a cero", dijo Vilella a algunos sectores que luego enumeró.

Para la vitivinicultura, que hoy no tributa pero se iba a llevar al 15%, "se reduce a 8%", dijo el funcionario. También "pasan a cero" los sectores: olivícola, arrocero, cuero bovino, lácteos ("todos los lácteos", remarcó), frutícola "excepto el limón", hortícola, poroto, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, los equinos y lana".

Luego de la enumeración, Vilella declaró: "creemos que así estamos dando respuesta a una problemática que podía tener impacto en el trabajo en distintos lugares de nuestro país". Y, por otro lado, a "sostener la competitividad de estos sectores".

Finalmente, el titular de la cartera consideró esta decisión como "un paso adelante", en relación al anuncio de la semana pasada. Y así se lo comunicaron tanto a la Mesa de Enlace como a la Cadena Agroindustrial.

(Por Fernando Aguer) - "Nuestro objetivo es desandar el camino de las regulaciones ineficientes y las imposiciones tributarias que impiden el desarrollo de los negocios de las distintas cadenas y no nos permiten vincularnos en forma efectiva con las oportunidades de los mercados globales", dijo Fernando Vilella. Fue tan solo diez días atrás, en el lanzamiento de su cartera, en la que también prometió: "vamos a generar las herramientas para expresar todo el potencial de una bioeconomía históricamente postergada".

El cambio de ciclo prometía venir con cambio de nombre: Bioeconomía, para calificar a la "agro bio industria" como la actividad que no solo genera alimentos, sino también fibras, energía y bienes industriales y biológicos.

Hasta allí, todo bien. Es más, a priori asomaba como una inobjetable superación de la mirada del sector, para ponerla en sintonía con los requerimientos de los mercados globales. Sin embargo, la cosa no arrancó del todo bien.

Es que de aquel acto, en el que estuvieron los referentes de las grandes exportadoras, no participaron los titulares de la Mesa de Enlace. Pero no solo eso, sino que desde CRA publicaron una gacetilla acusando con duras indirectas a quien sería la mano derecha de Vilella: Germán Paats, quien se bajó antes de asumir. Falto de timing y cintura política, Vilella pasó factura y tildó a los productores de vender en negro. Como si todo esto fuera poco, el anuncio de Caputo de reimplantar retenciones cayó como un baldazo de agua fría, y crispó aún más la relación, la que se quiso empezar a distender con la primera reunión de la semana pasada.

Esta mañana, el Boletín Oficial confirmó que el área a cargo de Vilella mantendrá el tradicional nombre de "Agricultura, Ganadería y Pesca". "Desígnase, a partir del 11 de diciembre de 2023, en el cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía al ingeniero agrónomo Fernando Vilella. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficia y archívese", reza la disposición.

A priori, lo que para algunos podría ser una mera cuestión semántica, confirma que aquellos planes originales de agregado de valor parecen quedar sepultados (al menos por ahora) bajo la inclemente urgencia de la emergencia y una nueva imposición de Derechos de Exportación. Más allá de las buenas intenciones, el concepto quedó congelado en mero relato; al menos por ahora. El tiempo, y el resultado de la macroeconomía dirán hasta dónde se podrá avanzar con la implementación de la idea.

Lo que sí trascendió, es que esta semana entraría el paquete de leyes que apuntan a una "total desregulación" del sector agroganadero, que apunta a poner fin a los fideicomisos, las prohibiciones a la exportación de algunos cortes vacunos, y la eliminación de cupos, registros y controles en todos los sectores.

Hoy, nuevamente se volverán a ver las caras. Las mesas técnicas de la Secretaría (de Agricultura) y de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias para analizar los casos puntuales, como la lechería y las economías regionales, en relación con la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones al 15 por ciento.

A la reunión asistirán los presidentes de las cuatro entidades, para avanzar en el temas que se plantearon en el primer encuentro que mantuvieron el jueves pasado. Allí, los representantes de la Mesa de Enlace manifestaron su insatisfacción ante la medida y anunciaron que se conformarán mesas técnicas para analizar caso a caso. En principio, las eventuales modificaciones serán establecidas en un proyecto de ley

El presidente del Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Carlos Castagnani junto a los dirigentes de las restantes entidades de la Mesa de Enlace, participaron este jueves de una reunión con el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella y representantes del equipo económico del Palacio de Hacienda, para evaluar el proyecto del gobierno de Javier Milei que apunta a elevar las retenciones hasta un 15% para el conjunto de los complejos exportadores, entre ellos los del agro. En este marco, acordaron nuevos encuentros para analizar el impacto que puede llegar a tener la medida en diferentes cadenas productivas.

“El miércoles nos encontramos con este mensaje del 15 por ciento para las economías regionales, por eso concretamos ente encuentro entre la Mesa de Enlace con parte del staff de Economía el gobierno, donde explicaron la situación actual del país y nosotros le hicimos saber nuestra realidad y la postura conceptual que tenemos de rechazo a las retenciones, porque creemos que es un impuesto injusto. Por eso dejamos bien en claro la objeción a esa medida, más allá de que sería de manera transitoria”, explicó Castagnani.

Como aspecto positivo, el dirigente destacó la apertura de una mesa de diálogo que continuará trabajando de manera coordinada, haciendo foco en cada una de las economías regionales, porque consideraron que “hay algunas que no resisten un 15 por ciento, ni siquiera un 5 como la lechería en nuestra región, la lana en el sur, el tabaco en Jujuy o la vitivinicultura en Mendoza”.

El compromiso asumido por el gobierno nacional fue el de rever cada una y por ello “la semana que viene se va a reunir la mesa técnica de las entidades con profesionales del Ministerio de Economía, con el objetivo de estudiar cada una de las economías regionales antes de finalizar el proyecto y enviarlo al Congreso de la Nación”, puntualizó.

Otro de los planteos de las entidades agropecuarias está relacionado con el ingreso que le significa al Estado que “no representa una cifra importante, ya que estamos hablando de 1.500 millones de dólares, cuando el campo va a estar aportando, si hay una buena cosecha, unos 25.000 millones, siendo el sector que más aporta a las arcas del gobierno nacional”. Y disparó: “Entendemos que todos debemos estar alineados en las políticas productivas para salir de esta situación”.

Castagnani ratificó que la decisión de la actual gestión es “eliminar todas las retenciones una vez que la economía se estabilice”, aunque consideró que eso puede demandar, al menos, un año.

“Conceptualmente, según nos dijeron, están en contra del derecho de exportación, pero, como está el país debemos afrontarlo, más en un momento donde gran parte del país está atravesando momentos muy delicados”, sentenció.

El gobierno nacional confirmó a referentes de la Mesa de Enlace que trabajan para imponer un 15% de derechos de exportación a todos los productos exportables del país, durante un encuentro este mediodía con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.

"Temporalmente, como ellos dijeron, se va a necesitar el aporte del sector exportador, llevando a un 15% las retenciones", dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, al término del encuentro. Y remarcó: "los funcionarios de Economía que estuvieron presentes nos anticiparon que tienen la idea de gravar a todas las producciones con un 15% de retenciones; no sólo al sector agropecuario sino a todos los sectores exportadores de la Argentina". Como contrapartida, Pino sostuvo que se produce "la liberación total de todo; y las cuotificaciones se terminan a partir de hoy".

Sobre el aumento de los DEX, transmitió que les aseguraron que se trata de medidas temporales. Afirmó que pidieron a los funcionarios precisiones sobre la duración que tendría el impuesto, frente a lo que se comprometieron "a armar mesas técnicas de trabajo de cada producción que nosotros propongamos ver".

Nicolás Pino advirtió que sectores como "economías regionales, lechería, no resisten recibir este 15%".

"La medida no nos satisface, no estamos de acuerdo; sí estamos de acuerdo que el equipo económico, a 48hs de haber asumido, plantee un plan de gobierno", aseguró el ruralista, quien además sostuvo que no los defrauda la actitud oficial. "Qué vamos a estar defraudados con un gobierno que acaba de asumir y nos cita e invita a conversar", dijo.

"No se puede poner tiempos", reiteró, respecto de los plazos que estarían dispuestos a esperar desde el campo para una respuesta definitiva. "Sí hay que ver qué ideas hay y cómo podemos ser superadores".

De todos modos, advirtió que sectores como "economías regionales, lechería, no resisten recibir este 15%". En cambio, otras producciones como el maíz podrían quedar más equilibrados por el nuevo tipo de cambio.

De la reunión, este jueves 14 de diciembre, participaron -además de Pino- los presidentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Carlos Achetoni, de Coninagro Elbio Laucirica y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Carlos Castagnani. También asistieron Mario Raiteri (secretario de Coninagro) y los vicepresidentes 1° y 2° de CRA José Colombatto y Javier Rotondo, respectivamente.

Los dirigentes, fueron convocados para repasar algunos puntos del paquete de medidas económicas anunciado el último martes por el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese cónclave, los técnicos presentes del Ministerio de Economía confirmaron a los ruralistas que la intención del gobierno es aplicar un impuesto a las exportaciones del 15% para todos los productos exportables de la Argentina, excepto la soja que mantendría el 33% actual.

El flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, brindó detalles de algunos proyectos que intentará desarrollar en este importante cargo que le toca asumir dentro de unas de las entidades agropecuarias de mayor relevancia en el país. “En lo personal es un gran desafío que requiere de una gran responsabilidad”, aseguró.

En principio anunció una recorrida intensa de la mesa directiva por todas las provincias, con la idea de reunirse con los consejos de cada confederación para estar en contacto directo con los productores y recibir de primera mano sus proyectos e inquietudes para que sean elevados a las autoridades correspondientes. “Vas a estar comenzando la semana que viene con esta agenda”, adelantó el venadense.

A su vez, contó que armarán una mesa de expresidentes de CRA para tener conocimiento de las experiencias de cada uno, como una guía para lo que se viene.

Castagnani, que cuenta con vasta trayectoria en entidades que representan al sector agropecuario, ya que fue presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, presidente de Carsfe y vicepresidente de CRA, también hizo referencia al contexto en el que le toca asumir, con una sequía histórica que afortunadamente empieza a quedar atrás pero con consecuencias que aún se hacen sentir, y un proceso electoral que finalizará el próximo 19 de noviembre con el balotaje en el que se enfrentarán Sergio Massa y Javier Milei. 

“Somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, climáticamente saliendo de una sequía histórica en muchas provincias, entre ellas Santa Fe, y otras zonas que inundadas, algo difícil de entender, pero el campo es así. Además estamos a días de una elección para elegir presidente para los próximos 4 años”, señaló, agregando que cualquiera sea el resultado, desde CRA se reunirán para acercar las “inquietudes del campo”.

“Una vez que asuma el nuevo presidente y se conozcan los proyectos vinculados al campo, vamos a llevar nuestros propios proyectos que ya los tenemos. Lo que no queremos es ser 'invitados de piedra', presentar solo informes, sino que queremos aportar todo lo que tenemos y abrirnos al debate con el futuro gobierno”, completó.

Castagnani, seguidamente, comentó que la situación productiva aún no se ha recuperado y que, en el caso del trigo, se esperan rendimientos por debajo de lo esperado o anhelado. “El trigo había intentado recuperar, pero vemos que hay zonas donde les ha faltado agua. Por eso, sin duda, habrá una reducción de rinde. En lo que respecta a la cosecha gruesa, mucho maíz de primera se pasó a segunda por falta de humedad en esos días especiales donde empieza la siembra. Creemos que ahora con las lluvias que un poco se han regularizado, sobre todo en nuestra región y esperamos que nos siga dando una mano, no sólo al sector, sino al país porque sabemos que muchos de los recursos que obtiene el gobierno nacional proviene de la cosecha”, aseveró.

Si bien en principio hubo dos alternativas para renovar la comisión directiva de CRA, finalmente la institución logró la unidad que se representa en la presidencia de Castagnani. “Se logró conformar una lista que incluya a todos para trabajar en un objetivo común. Haber logrado ese diálogo y entendimiento le hace muy bien a la entidad y nos fortalece para afrontar este tiempo difícil que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista climático como político”, exclamó. Y añadió: “Formamos un equipo muy interesante con gente joven, con muchas ganas de trabajar para el sector y con representación de todo el territorio nacional, que nos permite tener conocimiento fehaciente sobre la situación de las economías regionales”.

La Mesa de Enlace manifestó su "preocupación" por las modificaciones impositivas que propuso el gobierno en el Presupuesto 2024 y solicitó a los legisladores "no convalidar" lo que consideran un "impuestazo" para el sector.

De este modo, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro tomaron posición frente a la "separata" que el Poder Ejecutivo incluyó como anexo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, sugiriendo al Congreso debatir sobre diversos temas de la normativa tributaria. 

Sobre este tema, días atrás la Fundación Barbechando -que realiza el seguimiento de temas de interés agropecuario en el Congreso de la Nación- lanzó una alerta ante lo que se considera un intento del gobierno nacional de subir la presión impositiva para los productores agropecuarios. Las principales amenazas son la eliminación de la exención de inmuebles rurales del impuesto sobre los Bienes Personales; el cambio en la valuación histórica de la ganadería, por un método alternativo de valor de reposición o valor de mercado; y la supresión de la exención del pago de ganancias en Asociaciones Civiles, Fundaciones y Cooperativas. El próximo martes 7 de noviembre, realizarán una reunión informativa virtual para explicar en detalle los efectos de las medidas propuestas (para participar es preciso inscribirse aquí).

Para la Comisión de Enlace, los temas incorporados en el documento, de ser modificados, significan un "impuestazo" para los productores. "Esto, sin duda generará menor actividad, desaparición de productores y estancamiento productivo", advierten. Y recordaron que "dentro de la cadena la traslación impositiva se hace sobre el eslabón primario, como viene sucediendo largamente".    

Las cuatro entidades también advierten otras modificaciones propuestas en la separata, como el IVA a los arrendamientos de tierras rurales; el cambio en el IVA a las carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; el cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las ganancias del 45% del impuesto sobre los combustibles; una alícuota de los impuestos a los combustibles (hoy valores fijos); reducción del impuesto sobre los combustibles, por incorporación de Biodiesel no gravado; y un ajuste por inflación impositivo.

"Apelamos a los legisladores a no convalidar la presentación del Ejecutivo, para no reiterar errores, porque ya conocemos los resultados que provocarán, en el marco del déficit fiscal y el aumento de presión impositiva", plantearon los ruralistas. Y remarcaron que "se necesita una mirada nueva para viejos temas mal resueltos, dentro de un marco institucional que dé certeza para seguir produciendo y generar así empleo, arraigo y actividad económica". 

Desde Barbechando explicaron que la separata es un informe puesto a disposición de los legisladores para que consideren si corresponde la derogación o limitación de ciertas herramientas tributarias con el objetivo de obtener un resultado fiscal superavitario. Sus contenidos, debieran ser primero analizados y luego presentados en forma de artículos de ley, pudiendo incluirse en el Presupuesto 2024 u otro proyecto de ley. 

Para dar dimensión a las modificaciones propuestas, la entidad explicó que la quita de la exención de Bienes Personales implicaría para los establecimientos agropecuarios "un impuesto adicional a la producción equivalente a 4 veces el impuesto inmobiliario rural anual". A modo de ejemplo, plantearon que si se aplica la alícuota de1,25% a un establecimiento productivo de 334 hectáreas cuya valuación fiscal por partida es de $2.500.000, el cálculo sería: ese valor fiscal por el índice estimado de 25 (Dic23/Dic17) da una Base Imponible de $ 64.272.573 x 1,25% = $ 800.000 anuales. (4 veces más que el inmobiliario rural).

En el caso de la valuación de la hacienda de cría, se trataría de un nuevo impuesto para los vientres (unidad productiva), algo "inédito para los productores agropecuarios". Se pretende -explicaron- cambiar la forma de valuación actual de los vientres de cría (costo fijo) por un método de valuación a valor de mercado o reposición. "Esto impacta en un incremento del pago del impuesto a las ganancias por la simple tenencia de una vaca. El impuesto a las ganancias debe pagarse por la venta y no por la simple tenencia. Eso es la igualdad fiscal para todos los contribuyentes", concluyeron.

(Por Juan Manuel Fernández) - El ruralismo santafesino aún no analizó en conjunto, como Mesa de Enlace Provincial, las medidas para el sector que este domingo 27 de agosto anunció el ministro de Economía, y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa. Sí lo hizo el secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, para quien los anuncios "no son serios", sobre todo teniendo en cuenta que se superponen con anuncios que todavía están vigentes, como el "dólar agro" que rige hasta fin de mes.

En una sucesión de publicaciones en redes sociales, Massa anunció este domingo una batería de medidas para distintos sectores, entre las cuales mencionó para el agro: 0% de derechos de exportación (DEX) para economías regionales "con valor agregado" (mencionó vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus); 5 toneladas de urea para la siembra de trigo y maíz para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro; programa "Puente al Empleo", que permite mantener el plan social a un beneficiario que consiga empleo registrado en el agro; y un nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE), mediante el cual los exportadores de granos podrán usar el 25% de las divisas que generen para comprar poroto, con el objeto de mantener los puestos de trabajo de las industrias.

Ante la consulta de Campolitoral, desde Coninagro Santa Fe indicaron que "por el momento sólo son anuncios" y que hasta no conocer "la letra chica" no es posible una evaluación institucional. Si bien hubo contactos entre consejeros, "falta ver cómo se transfieren a la realidad". Tampoco se manifestaron desde FAA.

En cambio, para Ignacio Mántaras "no son serios" los anuncios, tanto por el contenido como por la forma: "no lo es que un ministro de economía haga anuncios de impacto vía redes, vía Twitter, con un jardín de fondo, con poco desarrollo". También criticó el doble rol de funcionario y candidato:, "probablemente termine en un fracaso en ambas gestiones". Y añadió que, una vez más, son "parches" que confirman que la política para el sector "ha sido un mamarracho".

Haciendo foco en cada medida, el ruralista consideró que "tal vez" sean positivos la eliminación de DEX para economías regionales. Aunque consideró que "muchas veces sucede que lo captan algunos eslabones y no llegan al productor; hay que ver si se refleja". Es auspicioso, remarcó, pero debiera producirse "la eliminación de los DEX para todos los productos, es lo que anhelamos".

Sobre los fertilizantes, dijo que "hay muchas dudas". En primer lugar, porque YPF Agro "no tiene urea en todo el país". Además, "es simbólico", ya que sólo comprende a productores en emergencia o desastre; y el tonelaje "es irrisorio", puesto que "no alcanzaría más que para 15 o 20 hectáreas", y en un momento en el que el trigo no sólo está sembrado, sino que ya inició el macollaje. "Es un anuncio para la gilada en ese sentido"

Por último, sobre la posibilidad de una mejora en el precio de la soja (los exportadores podrían construir el precio al productor con un 25% a dólar CCL en precio), Mántaras consideró: "merece un poco más de espera, hay que ver la letra chica". De todas formas, remarcó que "claramente no es una medida para los productores, sino para las plantas industriales que tienen una gran capacidad ociosa". Y, sobre todo, ante la necesidad del gobierno de hacerse de divisas.

Entre todos los aspectos evaluados, "lo más impresentable" -sostuvo- de las medidas es que en agosto aún rige un dólar agro; "desdibujado", primero, por la devaluación post PASO; y ahora, "dentro del mismo mes, nuevamente se modificaría el escenario para la comercialización de soja". Para el dirigente, se trata de "desprolijidades que dejan al desnudo que toda la política para el agro de este gobierno es un mamarracho, llena de incertidumbres, con ausencia de previsibilidad en un escenario de sequía".

Tres comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo para la creación del Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, y escucharon la postura de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace santafesina. “Vamos a trabajar el proyecto en forma conjunta las comisiones, vamos a aplicar reformas” coincidieron en señalar Joaquín Blanco (PS) y Marcelo González (UCR), titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería, respectivamente.

General López, el departamento santafesino más afectado por la sequía

Una especie de futura ley ómnibus con más de 50 artículos, divididos en diez títulos y con cambios introducidos por el Senado es el texto bajo análisis. Blanco señaló a El Litoral que el próximo paso será escuchar a las empresas aseguradoras de riesgos para conocer la opinión del sector pero también para saber las cifras de productores que utilizan la herramienta ante las cosechas, montos, etc. Las entidades agropecuarias vienen reclamando esa información ante el Poder Ejecutivo y la respuesta nunca les fue brindada, dijeron ante legisladores. El socialista informó que además de convocar a las aseguradoras, adelantó cambios en el texto y reconoció que la intención de los diputados es agregar un fondo de apoyo al sector afectado por la sequía. “Queremos que sea un fondo que ayude verdaderamente al productor y hay recursos en el Estado” afirmó. González se quejó de la ayuda de 700 mil pesos para productores cuando ese es el costo de una cubierta de tractor. “La sequía es histórica y necesitamos construir una ley provincial que sea una herramienta útil y no un maquillaje”, señaló Blanco.

González admitió que las entidades y los diputados coinciden en que la norma no tiene que ver con la sequía actual. “La ley debe servir como principio para las futuras emergencias, ya sea por sequía o exceso de aguas”. Dijo que los productores expusieron críticas a los pocos aportes del gobierno nacional para la provincia ante la crisis por falta de agua cuando el aporte de Santa Fe es multimillonario. “Las entidades nos piden que la ley tenga previsibilidad en el tiempo y vamos a trabajar para eso” acotó el radical a El Litoral. González está entre los que propone que el Estado haga un aporte de 20 mil millones de pesos para darle “una mano en serio al productor”.

Massa anunció medidas para productores afectados por la sequía: los detalles

Ignacio Mántaras, de Carsfe, estuvo presente en el encuentro y consideró que es un proyecto que puede ser mejorado en su letra y espíritu. El dirigente coincidió con sus pares en que el aporte del Estado santafesino es, hasta ahora, insuficiente y planteó incógnitas sobre los números del sistema asegurador agrícola.

Tres comisiones con dirigentes de la Mesa de Enlace santafesina. Crédito: Twitter Joaquín Blanco

“La ley no tiene elementos para el corto plazo, sí para prever situaciones complejas futuras por eso hay que ser muy claros en la redacción final” aclaró Blanco.

Perotti anunció el envío del mensaje sobre emergencias en su discurso del 1 de Mayo, las entidades pidieron opinar antes de que sea enviado y tuvieron un plazo de quince días para incorporar sugerencias. varias de las cuales fueron incluidas en el texto. No obstante, ante la situación de sequía extrema el sector considera que se necesita un aporte dinerario especial tanto de los gobiernos nacional como provincial y, en principio, la mayoría de los bloques políticos validan ese reclamo.

El texto crea en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Entre los objetivos que le fija están los de prevenir y reducir daños de emergencias y desastres agropecuarios causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos; analizar los riesgos que originan situaciones de emergencia y/o desastres agropecuarios en la Provincia de Santa Fe, en el marco de un proceso de cambio climático.

También fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos de emergencias y desastres agropecuarios, reduciendo la vulnerabilidad de los sistemas productivos; promover el uso de herramientas que permitan mitigar los riesgos, entre ellas los seguros agropecuarios; asistir técnica, económica y financieramente a productores agropecuarios para la recuperación y recomposición productiva, ante situaciones de emergencias y desastres agropecuarios así como fomentar el cuidado del ambiente, el uso racional y sustentable de los recursos naturales de la Provincia y optimizar el potencial de los sistemas productivos.

El Gobierno nacional anunció este martes una batería de medidas de emergencia para ayudar a los productores a afrontar la sequía, entre las que se destacan el desarrollo de fondos rotatorios para llegar a los pequeños productores, la suspensión del pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias, la suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes, entre otros puntos.

La decisión fue transmitida por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante una reunión mantenida en el Palacio de Hacienda con los integrantes de la denominada Mesa Agroalimentaría, de la que forman parte las principales entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace.

Entre las medidas más relevantes anunciadas por el Gobierno, se encuentran el alivio fiscal, que fuera uno de los ejes centrales entre los pedidos del sector agropecuario. En este sentido, determinaron la suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para todos aquellos productores con dificultades por la emergencia.

Asimismo, fuentes del ministerio de Economía afirmaron que el procedimiento de control que llevará adelante la AFIP, pondrá el foco en los productores con más de $50 millones declarados de ganancia en el 2022.

Por otro lado, la AFIP confirmó la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia que se presenten a solicitar el procedimiento de emergencia.

“Hubo un proceso en el último trimestre del año pasado de venta forzosa de hacienda que generó que haya productores que malvendieran su hacienda. Entonces, vamos a hacer, en el caso de la venta forzosa de hacienda, la no incorporación para el cálculo del impuesto a las Ganancias. Hay 4.200 productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina que se van a ver beneficiados con esta medida”, informaron mediante un comunicado.

Para ello, el organismo conducido por Castagneto llevará adelante un proceso de capacitación y acercamiento con los productores a los efectos de facilitar todos estos trámites.

Entre las medidas más relevantes anunciadas por el Gobierno, se encuentran el alivio fiscal, que fuera uno de los ejes centrales entre los pedidos del sector agropecuario. Crédito: Prensa Economía

En cuanto al sistema financiero, indicaron que se procederá a la financiación de los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados. Los principales beneficiarios de esta decisión del Banco Nación son pequeños productores, son productores de unidades de menos de 500 hectáreas y aquellos con menos de 150 cabezas.

Por otra parte, se desarrollará un fondo rotatorio un sistema de asistencia de 5.000 millones renovable, que va a articular directamente a través de las provincias y los municipios para tener instrumentos de asistencia directa a cada uno de los productores afectados por la sequía.

Cerca de febrero y con los efectos de la sequía, al campo le preocupa las heladas

Se van a poner 15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito con una reducción de la tasa de interés. .

La línea de crédito será de $ 50.000 millones por parte del Banco Nación para productores alcanzados por la emergencia a lo largo y a lo ancho del país.

Respecto de la Ley de Emergencia Agropecuaria, el Gobierno anunció que se firmaron algunos acuerdos en la provincia de Buenos Aires, así como también se encuentra en marcha la homologación de convenios en la provincia de Entre Ríos.

“Todas estas medidas representan un enorme esfuerzo del Gobierno Nacional, pero es el resultado del trabajo de distintas áreas del Gobierno en la mesa de diálogo y de trabajo con las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más dos entidades que también representan a los productores. Que de la mesa del diálogo y del trabajo podamos sacar resultados en la emergencia es muy importante”, indicaron.

Participaron de la reunión Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Guillermo Michel, titular de la Administración General de Aduanas (ANA); y Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación.

El 20 de enero tras un encuentro entre las partes, Sergio Massa anunció que “el 1° de febrero tenemos que dar respuestas”. Atento a esas palabras, este martes por la tarde, el ministro de Economía volverá a reunirse con la Mesa de Enlace.

Desde gobierno anticiparon que el encuentro se realizará a las 18 en el Palacio de Hacienda y Massa estará acompañado por el secretario de Agricultura, Juan Bahillo, al igual que en la última reunión que se realizó el 20 de enero último.

En la mencionada reunión, que se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad bonaerense de Castelar, el ministro señaló que se darían a conocer medidas el 1 de febrero, tras el pedido que acercaron los productores de alivio fiscal, financiamiento y declaraciones de emergencia o desastre agropecuario a nivel municipal, provincial y nacional.

Para esta tarde, se espera entonces la presencia de los referentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

Funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Banco Nación (BNA) mantuvieron el jueves 26 de enero una reunión técnica con representantes de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace y de la Mesa Agroindustrial Argentina para definir medidas de ayuda para productores afectados por la sequía.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, quien encabezó la reunión, indicó en sus redes sociales que durante el encuentro se dio “un diálogo positivo que permite seguir trabajando para que en los próximos días se puedan anunciar medidas para productores afectados por sequía”.

De esta manera concluyeron, hasta el momento, una serie de reuniones pautadas que comenzaron el martes para definir las iniciativas que anunciará el ministro de Economía, Sergio Massa, el 1 de febrero, según prometió el titular de la cartera de Hacienda.

Hoy, por iniciativa de @SergioMassa, conformamos una mesa de trabajo junto a representantes del sector agropecuario y distintas áreas de gobierno, a fin de mitigar los problemas de la sequía. En los próximos días tendremos reuniones para presentar medidas a fin de este mes. pic.twitter.com/QONZ7RM7qA

— Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) January 20, 2023

El director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, Pablo Mércuri, expresó en un reciente reportaje que están dándose las condiciones climáticas como para poder proyectar que en el trimestre febrero, marzo, abril se produzca “una mayor frecuencia de precipitaciones” en el territorio nacional, lo que significará un “aliciente” en el escenario de sequía imperante.

“Hacia mediados del mes de enero las condiciones de los forzantes oceánicos nos indican un gradual debilitamiento del enfriamiento en el Pacífico y esto llevaría a que en el próximo trimestre febrero, marzo, abril las condiciones vuelvan a la neutralidad”, señaló Mércuri.

De tal forma, indicó que “es de esperar en las próximas semanas un desacople de la circulación atmosférica de esta condición de enfriamiento del Pacífico y un retorno a una mejor circulación que favorezca nuevamente una mayor frecuencia de precipitaciones sobre nuestro territorio”.

Para Mércuri, “en el corto plazo, tenemos una ventana de oportunidad de eventos de precipitación por diferentes condiciones atmosféricas que confluyen en los próximos días y esto va a generar al menos dos, tres, cuatro diferentes situaciones de lluvias y tormentas en muchas áreas productivas del país”, remarcó.

Por último explicó que “esto es una predicción de los principales modelos, una proyección probabilística”, y es “un aliciente”, recalcó, pero a la vez advirtió que “no significa, por el momento, la finalización de esta gran sequía que hemos sufrido ya durante tres campañas consecutivas”.

La prolongada sequía que afecta a productores agropecuarios de gran parte del país, y la falta de políticas y acciones por parte del Estado para aliviar la situación, dejará, según datos compartidos por la Mesa de Enlace, pérdidas por más de 15.000 millones de dólares, cosechas arruinadas y mortandad de animales.

“El kirchnerismo sólo se acuerda del campo cuando necesita recaudar más dólares, pero no reacciona ni acerca respuestas ante la dramática situación que vive el sector frente a la falta de agua, para el consumo humano y la producción”, expresó la vicepresidente del Senado, Carolina Losada, quien presentó un proyecto de ley por el que propone eliminar los anticipos de ganancia y ganancia extraordinaria a aquellos productores que se encuentren en las zonas afectadas por la sequía al cierre del ejercicio fiscal que venza durante el año 2023. Acompañan el proyecto los senadores Alfredo Cornejo, Luis Juez, Gabriela Valenzuela, Flavio Fama y Alfredo de Angeli.

Según lo establecido por la ley vigente los anticipos correspondientes al Impuesto a las Ganancias se calculan en base al ejercicio fiscal anterior, y en vistas a lo que será un balance negativo por el impacto de la sequía, Losada considera que este tributo no respeta el principio constitucional de capacidad contributiva, resultando confiscatorio para los productores agrícolas y ganaderos.

“El kirchnerismo no puede pretender descaradamente que el sector productivo agropecuario sólo sea su socio en la ganancia. Hoy, frente a una emergencia que está llevando a un desastre ecológico y económico, tiene que asumir su papel y acercar acciones paliativas para evitar más complicaciones y pérdidas”, destacó.

La senadora nacional subrayó que las dificultades que la sequía trajo al sector, “son mayores aún por la falta de asistencia de los gobiernos provinciales y nacional durante el 2022 hasta el día de hoy”, citando por ejemplo los incumplimientos de los acuerdos preexistentes que garantizan un caudal mínimo de agua para la provincia de Santa Fe.

Al respecto, días atrás, la senadora intimó al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación a responder por dichas irregularidades.

“Solo hace falta recorrer la zona y escuchar los reclamos de los habitantes para conocer la desesperante situación que atraviesa uno de los sectores productivos más importantes para nuestra economía y las poblaciones de la región. La falta de reacción por parte del gobernador y el presidente es una irresponsabilidad política que traerá grandes daños a nuestro país”, concluyó.