En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

Mauro L. Muñoz

El Senado aprobó este viernes y convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, la iniciativa emblemática del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación en general arrojó 44 afirmativos, 27 negativos y 1 abstención; luego se avanzó con la votación en particular, y recién entonces el recinto giró hacia el segundo tema del día: la reforma laboral, que llegó en revisión desde Diputados.

La sesión comenzó a las 11.14, con quórum de 40 legisladores y presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras afuera del Congreso se producían protestas, La Libertad Avanza difundió en redes un video en el que planteó que, con esta reforma, el Gobierno está “impulsando las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro”.

La ley reemplaza el régimen penal que regía desde 1980. El oficialismo reactivó el expediente en febrero apoyado en dos elementos que se repitieron durante toda la jornada: el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe y el cambio de números en ambas cámaras tras el recambio legislativo de las elecciones de octubre.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien sintetizó el espíritu del proyecto con una frase de alto voltaje: “Estamos frente a una jornada histórica”. Afirmó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y a la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño. En esa línea, defendió la idea de un régimen “moderno, integral y especializado”, con garantías del debido proceso para el adolescente.

La norma sancionada reemplaza la legislación vigente desde 1980, baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija una arquitectura de proceso y sanciones que, según el texto, apunta a “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y lograr su “educación, resocialización e integración social”. El objetivo declarado es que el adolescente “supere el riesgo social y la conflictividad” evidenciada en el delito.

Entre los puntos centrales, el nuevo régimen establece que, desde el inicio del proceso y hasta su finalización, niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales; incorpora el derecho de padres o responsables a acceder a información sobre imputación y actos procesales; y fija como principios rectores la “protección integral de la víctima y sus familiares”, la “seguridad pública” y la “protección de la sociedad”.

La intervención de la asesoría tutelar correspondiente se vuelve obligatoria en procesos que involucren como imputada o víctima a una persona menor de 18 años. También se explicita que juez y Ministerio Público Fiscal deberán proteger “en todo momento” los derechos de víctimas y personas perjudicadas. En el mismo paquete aparece un punto sensible: los progenitores serán “responsables civilmente” por los ilícitos cometidos por sus hijos, conforme al Código Civil y Comercial.

Así votaron los senadores por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Para los casos de condena condicional o supuestos previstos, el juez deberá imponer medidas complementarias (asesoramiento, asistencia a programas, tratamientos médicos, entre otras), con control judicial. En todos los casos, la ley ordena oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.

La norma prevé reemplazos de prisión por penas alternativas en delitos con penas de hasta 3 años, y abre una facultad para el tribunal en el rango de 3 a 10 años siempre que no haya muerte, violencia grave física o psíquica, lesiones gravísimas, muerte en delitos culposos o daño psíquico grave, y si el adolescente no tiene otras condenas o procesos con auto de procesamiento.

El artículo 12 enumera sanciones posibles: amonestación; prohibiciones de contacto o aproximación; restricciones de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salida del país; servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño; y penas privativas de libertad.

En cuanto al encierro, se contemplan tres modalidades: privación de libertad en domicilio; en instituto abierto; o en instituto especializado de detención. La norma prohíbe reclusión perpetua y prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años para penas privativas de libertad. También prevé que, cumplidos dos tercios de la pena y dadas circunstancias del Código Penal para libertad condicional, el tribunal puede disponer que el resto se cumpla con penas restantes.

Si el adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa, el juez deberá sustituirla por otra más severa. Y una vez determinadas medidas o penas, el juez designará un supervisor especializado para seguimiento, asistencia y control.

El alojamiento deberá ser en institutos adecuados con personal capacitado, con reglas estrictas: sin contacto con mayores de edad; contemplar personalidad y salud; edad; identidad cultural y educativa; y distinguir si la privación es cautelar o punitiva. Se garantiza atención médica, psicológica y psiquiátrica, y se promueven actividades formativas, capacitación laboral, deporte, cultura, religión y recreación para favorecer inserción social y laboral.

Así votaron los senadores por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La ley amplía un capítulo de derechos para víctimas: asistencia especializada, patrocinio jurídico gratuito en ciertos casos, y posibilidad de instancias de mediación si les interesa. También habilita que el fiscal prescinda total o parcialmente de la acción penal si el delito atribuido tiene pena máxima igual o inferior a 6 años, siempre que no haya muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas; y permite suspensión del proceso a prueba en delitos de hasta 3 años cuando no sea posible mediación.

Finalmente, la norma deroga la Ley 22.278 y sus modificatorias; invita a provincias y CABA a adecuar su legislación procesal penal y normas aplicables a adolescentes de 14 a 18; y fija un capítulo de financiamiento: las erogaciones se atenderán con recursos presupuestarios y, para el año de entrada en vigencia, se pronuncian $23.739.155.303,08. Nación, provincias y CABA podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación para cumplir estándares.

Una parte de los cuestionamientos del debate se concentró en un problema viejo para el Congreso y nuevo para cualquier reforma: el financiamiento de la norma. El senador chaqueño Jorge Capitanich lo planteó en términos directos. Dijo que “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento” al régimen penal en capacidad instalada y lugares de alojamiento, además de “políticas públicas necesarias” para separar causas y consecuencias. “Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”, advirtió.

Sobre el presupuesto, fue duro: el componente de “24 mil millones de pesos” le pareció insuficiente si se proyecta la construcción de alojamientos. “Si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tardar 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, sostuvo. Su cierre fue político: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas”.

Antes de la votación, se realizó un minuto de silencio a pedido de Bullrich por las víctimas de delitos a manos de menores.

En un sentido similar, la senadora Alicia Kirchner cuestionó cómo se destinará el presupuesto hacia las provincias. “En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar?”, preguntó. Planteó si será Nación la que derivará fondos o si “todo va a caer de nuevo en las provincias”. Y remarcó, desde otra óptica, que hay áreas como salud mental que también requieren inversión: “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto”.

Ese eje federal apareció, ya como advertencia de fondo, en el discurso del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien afirmó que, si se aprueba “de esta manera”, la reforma nacerá como “una ley muerta” por vulnerar “el ordenamiento federal”. “Convertirán estas necesarias reformas en algo que prácticamente, al vulnerar el ordenamiento federal, nace como una ley muerta antes de nacer”, lanzó, con una crítica que apuntó al diseño normativo y a la capacidad real del Estado para implementarlo.

Del lado de los votos afirmativos, la defensa se apoyó en tres columnas que se repitieron: reparación a víctimas, fin de la “impunidad” percibida y actualización de una norma pre-democrática.

La senadora radical Gabriela Valenzuela habló de una “reforma trascendental”. “No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”, sostuvo. En esa línea, definió la reforma como una “deuda democrática” desde 1983: “No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades”.

Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, fue más frontal y buscó una frase que se entendiera en cualquier sobremesa: la ley actual “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”. Y apuntó contra la oposición: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

Beatriz Ávila sostuvo que se trata de un tema “complejo, sensible, pero profundamente necesario” y que el Estado no puede estar “indiferente” frente a delitos cometidos por menores. En su lectura, son jóvenes que antes de delinquir “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”, pero la respuesta debe existir: “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad”.

Afuera del Congreso hubo manifestaciones que fueron enfrentadas por las fuerzas de seguridad. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

El senador misionero Carlos Arce insistió en que “no es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo”, y dijo que el debate público se concentró demasiado en la edad. A la vez, subrayó el lugar de las víctimas: “Estamos acá para proteger a las víctimas”. Y adelantó el voto afirmativo de los dos misioneros de su espacio.

Edgardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque UCR, apoyó la reforma pero pidió no reducirla a un “enfoque policial”. Habló de pobreza consolidada, falta de esperanza y de reconstruir un “contrato social” para que el joven sienta que el país le da futuro. “El problema de la juventud y la delincuencia es una deuda de la política… no es una cuestión de mano dura o blanda”, sintetizó.

Edith Terenzi también buscó bajar el dramatismo del “encierro masivo”. “Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores”, dijo, y remarcó que la ley es clara al limitar la privación de libertad a riesgos procesales ciertos, con dependencias acondicionadas, personal idóneo y prohibición de alojamiento junto a adultos.

Martín Goerling, senador por Misiones, definió la reforma como “una ley del sentido común” frente a “menores que delinquen y matan”, y la enmarcó en una comparación regional: Brasil con 12, Uruguay con 13, y el resto “ya zanjó el debate”. “Mano de obra barata, impune”, dijo, apuntando a la utilización de adolescentes por redes delictivas.

Desde el oficialismo, Ezequiel Atauche lo expresó como parte de una identidad de gestión: “Los mayores de 14 años entienden perfectamente qué están haciendo… y tienen que ser reinsertados en la sociedad a través de un procedimiento”. “Esta ley es un avance… de un gobierno reformista que ataca de frente los problemas de la gente”, afirmó.

Juan Carlos Pagotto agregó una crítica política clásica: cuestionó al kirchnerismo por objetar la norma tras “haber sido gobierno en cuatro períodos”. Y Luis Juez, ya dentro del bloque libertario, pidió que se “hable con los padres de las víctimas” y criticó la discusión con “politiquería” y “discurso berreta”. Para él, la baja de edad es “casi accesoria” frente al resto del sistema que ordena compromisos internacionales.

Desde Santa Fe, Carolina Losada defendió puntualmente la baja de imputabilidad. “Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad imputabilidad vamos a salvar más chicos”, contó. Y agregó: “Tenemos que mirar a las familias de víctimas de frente y darles una respuesta”.

En la vereda contraria, el peronismo y otros sectores pusieron el acento en el impacto real, en las cifras de delitos juveniles y en el riesgo de que la ley opere como un gesto político más que como solución.

Senadores participan durante la sesión donde se debate el proyecto del Régimen Penal Juvenil y reforma laboral. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

Lucía Corpacci calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” que “no busca mejorar la inseguridad”. “No estamos para responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”, dijo. Afirmó que “solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley” y que Argentina tiene “el menor índice de delitos en toda América Latina”. “Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, sostuvo, y dejó una pregunta que cruzó el recinto: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”.

El cierre del bloque Justicialista estuvo a cargo de Martín Soria. Planteó que no hubo “un debate serio y responsable” y acusó al oficialismo de manipular condiciones. “Esta ley es muy mala, tiene errores, no va a solucionar lo que ustedes creen que va a solucionar”, dijo. Y apuntó contra el eslogan de “pena de adulto para delito de adulto”. También comparó este debate con el trunco de 2025 y señaló que en el Senado se modificaron artículos “porque contradecían la Constitución Nacional y tratados internacionales”. En su conclusión política, marcó la grieta conceptual: “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”.

El último discurso oficialista quedó en manos de Patricia Bullrich, que celebró una votación “histórica” y dirigió los dardos al kirchnerismo. “El kirchnerismo hizo de la Seguridad el mundo del revés. Habló del victimario, nunca de la víctima”, dijo. Y agregó: “Convirtió a los detenidos… en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado”.

Con ayuda de bloques aliados, el oficialismo aprobó este jueves en Diputados la baja de la edad de imputabilidad. De esta manera, el gobierno logra imponer la agenda de las sesiones extraordinarias, luego de la media sanción conseguida este miércoles por la reforma laboral.

El nuevo Régimen Penal Juvenil alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a La Libertad Avanza se pronunciaron a favor el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. En tanto que Unión por la Patria y la izquierda lo rechazaron y apuntaron al “marketing” y al enfoque punitivo.

El Gobierno, a través de un comunicado difundido en redes sociales, agradeció a los diputados que votaron a favor de la Ley Penal Juvenil propuesta por el oficialismo. El texto firmado por Javier Milei destaca que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito, debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

"Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz (...) Este proyecto pone fin a esa distorsión", se lee en el comunicado.

"El Presidente agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El gobierno nacional confía en que en el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige", agrega el texto.

El comunicado de la Oficina de Presidencia.

También celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la media sanción de la ley de la baja de la imputabilidad a 14 años "pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves".

El posteo de Bullrich en X.

Por su parte, el ministro del Interior Diego Santilli se pronunció breve pero marcadamente sobre la media sanción que logró este jueves en Diputados el proyecto de ley para reformar el Código Penal Juvenil. "Delito de adulto, pena de adulto. Media sanción, ¡dale que falta menos!".

En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich celebró la media sanción del proyecto que la tuvo como una de las impulsoras. “Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, escribió la ex ministra de Seguridad.

Además, el bloque de diputados del PRO que lidera Cristian Ritondo se expresó por la media sanción en términos positivos a la aprobación en la Cámara baja del proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo pero consensuado con sectores dialoguistas.

"Celebramos la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Desde el PRO impulsamos esta reforma durante años, con una propuesta clara: responsabilidad penal, infraestructura propia y reinserción. Valoramos que el Gobierno haya incorporado estos aportes", escribieron desde la cuenta oficial del bloque .

Mauro L. Muñoz

Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Foto: HCDN.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

Un hombre de 47 años fue condenado este lunes en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, por acosar a una adolescente de 13 años a través de la plataforma de videojuegos Roblox. El acusado, identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza, confesó los hechos y recibió una pena de tres años de prisión condicional.

Marín Mendoza ingresó a Roblox haciéndose pasar por un adolescente y entabló contacto con la menor. Gracias a esa interacción, la niña le pasó su número de WhatsApp. Posteriormente, comenzó a exigirle fotos íntimas, según la acusación.

La madre de la víctima detectó las conversaciones y denunció el hecho ante la Fiscalía, que imputó al agresor por el delito de “distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil”.

El juicio se resolvió mediante un procedimiento abreviado ante el juez Marco Martinelli del Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Tunuyán. La pena es condicional, lo que implica que no habrá prisión efectiva inmediata, pero sí un registro judicial.

A raíz del caso, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) decidió bloquear el acceso a Roblox en las redes escolares de la provincia, en instituciones con pisos tecnológicos. Otras jurisdicciones argentinas analizan medidas similares.

El hombre de 38 años acusado de ser el mayor pedófilo de la Argentina se negó a declarar y continuará detenido al corroborarse que todos los elementos hallados en su domicilio en Ituzaingó son relevantes para constatar su participación en los aberrantes abusos a menores de edad.

Fue este martes por la tarde cuando el acusado se sentó frente a los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI N°5 de Morón y pese a que se negó a declarar, la jueza a cargo del Juzgado de Garantía 1 de Morón, Laura Pintos, ordenó su detención.

La investigación de seguimiento contra el empleado de Telered comenzó hace meses y mediante el uso del Child Protection System (CPS) se logró su identificación, la cual fue preservada para proteger a posibles víctimas.

Con la instalación de una vigilancia encubierta y el respaldo tecnológico del CPS, se esperó el momento en que el individuo iniciara su conexión P2P para compartir el material ilegal.

La acción policial culminó con éxito en la madrugada del martes cuando el sospechoso fue sorprendido en flagrancia mientras compartía material de abuso infantil a través de conexiones P2P.

En el allanamiento a su domicilio, se incautaron más de 100 mil archivos, una macabra colección de muñecos altamente realistas, figuras de bebés y niños, un manual explícito sobre cómo atacar a menores y una decena de juguetes sexuales de gran tamaño.

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la necesidad de cambiar las normas de fondo y permitir que menores que delinquen sean juzgados como mayores. Es más, ni quiso entrar en la discusión de la edad en la que debería empezar a ser juzgado. "El menor que comete un delito mayor que sea juzgado como un mayor. Si agarra un arma y está dispuesto a matar , edad que tenga, sabe que está haciendo un daño. El Estado lo tiene que condenar porque le arruinó la vida a una familia. No quiero discutir la edad, si el pibe sabía o no. Un pibe de 14 o 15 años sabe lo que hace, agarra un arma y mata. Tenemos que ser claros porque sino, no vamos a resolver el problema porque las organizaciones criminales quiere poner en jaque a un gobierno que los está acorralando", enfatizó ayer en Reconquista en rueda de prensa.

Mientras el gobierno nacional anuncia que en días más enviará mensajes al Congreso para bajar la edad de punibilidad de un menor, Pullaro no dudó en respaldar la necesidad de actualizar la norma en forma inmediata. Las autoridades nacionales apuraron el tema al conocerse que el principal imputado del asesinato de un trabajador de un estación de servicio en Rosario es un adolescente de 15 años.

En diálogo con los medios de prensa del norte, tras el acto por el Día del Veterano de Malvinas, el gobernador se detuvo para marcar que se necesita dar señales claras a las bandas delictivas. "Somos más los que estamos dispuestos a vivir en paz, en tranquilidad" enfatizó. Recordó que la reacción de los bandas criminales no se dio tanto cuando se los condenó sino ahora que se les quitó poder de actuar desde las cárceles. "Reaccionaron porque los aislamos en la cárcel y les quitamos poder. Tenemos que cerrarles el camino para vivir en paz. Hay un Estado, no un gobernador. La Legislatura y la justicia acompañan. Hay un Estado que les está haciendo frente y va a perseguir a esos grupos" aseguró dando a entender que en muchas ocasiones contratan a menores para delinquir aprovechando la falta de legislación penal adecuada.

Ya como gobernador electo, en diciembre último, Pullaro diputado avaló la sanción del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia que entrará en vigencia el año próximo y prevé para la franja de entre 16 y 18 años un procedimiento similar a los mayores. Pero también puso un camino alternativo para los comprendidos entre 14 y 16 años dándole a los jueces el compromiso de un seguimiento de esos menores que -por ahora- no pueden ser condenados.

"Estamos esforzándonos para que la coordinación entre fuerzas federales y provinciales sea plena en una Rosario que duele muchísimo", dijo. Recordó que "Se atacó de manera artera y cobarde a cuatro civiles solo para dar un mensaje a los gobiernos provincial y nacional. En diciembre se terminó la fiesta en las cárceles de la provincia, desde donde mandaban a matar, a extorsionar. Se terminó, primero comenzó con amenazas a mi y a mi familia y después con ataques de violencia irracional. No contaban que íbamos a encontrar solidaridad y respaldo del gobierno nacional, de los 24 gobiernos provinciales, de la justicia, de la Legislatura. De todo el Eestado. Somos más que ellos, queremos vivir en paz, somos más que los violentos. No habrá pacto, como hubo en algún momento", señaló a colegas del norte.

El gobernador marcó que las amenazas al futbolista Angel Di María fueron "para generar conmoción y dimos con los autores. En los otros cuatro homicidios, uno cometido por un menor. Hay que modificar el Código Penal y el menor que comete un delito de mayor debe ser juzgado como un mayor. No puede ser que el Estado no tenga herramientas para no permitirle que ese menor esté en libertad, un menor que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años. Si un menor de edad comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor y debemos reformar la ley". Consideró que no se puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de porqué muchas personas cometen esos delitos cuando hay miles de personas en la misma situación que no cometen delitos extremos. "Tenemos que ser prácticos, pragmáticos para resolver esta problema que vive la Argentina. Si muchos creen que los los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema que se los lleven a su casa", desafió.

El gobernador volvió a plantear en el norte la necesidad de avanzar en la discusión paritaria con los gremios docentes pero con los chicos en la escuela. Recalcó que lo que ofrece la provincia de diciembre a marzo significa un 56% de aumento cuando los recursos provinciales subieron el 30%. "Sabemos que el salario perdió valor, pero también lo hizo el Estado y no podemos atender a un solo sector con los recursos que tenemos. Nos vamos a esforzar para que los docentes como ATE y UPCN acepten la propuesta y discutir abril. Discutir mes a mes".

Pullaro estárá en CABA este jueves para mantener reuniones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, otros ministros y no descartó que de las reuniones con los gobernadores de Juntos por el Cambio se sume en algún momento el presidente, Javier Milei. Este miércoles habrá reuniones -vía zoom- entre mandatarios de Juntos por el Cambio.

Las reuniones apuntan a avanzar en la discusión de la futura ley de Bases. Ayer, en Reconquista, el gobernador dijo ser optimista en que se firme el acuerdo de mayo en Córdoba. "Los argentinos y la dirigencia política tenemos que escucharnos mucho más; escucharnos significa entender la agenda y los problemas que tiene el otro, para anteponer algunos desafíos que tenemos para generar consensos, políticas públicas para salir adelante".

El gobernador dijo estar de acuerdo en discutir una reforma política, y una reforma fiscal, "pero también discutir el modelo productivo que va a impulsar salir hacia adelante. No solo pasa por recortar recursos, ajustar, y salir del déficit. Todos estamos de acuerdo en salir del déficit que nos ha traído altos niveles de inflación, pero el desafío es generar un modelo productivo que nos permita tener crecimiento económico estable y sólido y en eso el campo y la industria tienen mucha para decir y para dar".

Recalcó que defenderá con uñas y dientes al sistema productivo santafesino y en cuanto a la deuda de Anses para con Santa Fe señaló que es tema de las reuniones de este jueves en CABA. "Continuamos la demanda presentada por el gobernador anterior (por Perotti). Nuestros cálculos hablan de una deuda de 700 mil millones de pesos lo que equivale a más de 700 kms de ruta, mil escuelas. Tenemos que pelear por los recursos que deben venir a Santa Fe". Explicó que la demanda está en la Corte y ante el decreto de Milei que desconoce lo firmado en 2017 "vamos a reclamar. Si no cesa la medida vamos a hacer otra demanda porque los recursos nuestros los vamos a defender".

Por Gustavo Capeletti

Una vez finalizado el acto oficial por el 42º aniversario de la Gesta de Malvinas, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó contacto con medios de Reconquista en una rueda de prensa ofrecida en el lugar donde minutos antes habían estado formados efectivos militares, representantes institucionales y abanderados de establecimientos educativos de la ciudad.

En tren de abordar la coyuntura política nacional y provincial, el mandatario santafesino aprovechó una pregunta sobre el episodio de amenazas al jugador de fútbol rosarino Ángel Di María -"fueron claramente para pretender generar conmoción en donde rápidamente dimos con los autores"- para fijar una clara posición en el debate que por estos días es tema central: bajar la edad de imputabilidad.

“En esto también quiero hacer una reflexión desde aquí, desde Reconquista, creo que hay que modificar el Código Penal y un menor que comete un delito de mayor tiene que ser y debe ser juzgado como mayor”, formuló, con firmeza, y fundamentó, alusión al crimen del playero Bruno Bussanich, que “no puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento, una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años".

Asimismo, puntualizó: "Eso es lo que sucede con nuestras leyes, si un menor de edad comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor y para eso tenemos que reformar la ley”.

Pullaro remarcó que Argentina no puede seguir debatiendo sobre las consecuencias de por qué personas llegaron a cometer los delitos que cometen, porque “hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones que no cometen esos delitos extremos". Entonces, dijo que la salida a este problema que tenemos hoy en Argentina es por el lado de la practicidad y el pragmatismo. “Y si muchos creen que son víctimas de un sistema injusto los menores que cometen delitos, que se los lleven a sus casas…”, fustigó.

El jefe del Ejecutivo provincial subrayó sus definiciones al sostener que “menor que comete un delito de mayor que sea juzgado como mayor, si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar, por más que tengas la edad que tengas, sabés que estás haciendo un daño y el Estado te tiene que condenar porque le arruinaste la vida a una familia”. “Un pibe de 14 años o de 15 años que agarra un arma, va y mata sabe lo que está haciendo”, sentenció, y reclamó que “con eso tenemos que ser muy pero muy claros porque si no, nos vamos a resolver el problema”.

Con las reservas de caso, adelantó que los asesinatos que conmocionaron a Rosario, una vez que maduren las investigaciones, van a tener las mismas “líneas de conexión con muchas de esas organizaciones criminales" que desde la cárcel lo que pretenden es golpear a un gobierno que los está poniendo en jaque, que los está acorralando.

Con especial énfasis, dijo en tono coloquial: “¿Sabés lo que a mí más me calienta de esta situación y lo que más me duele? Que a mí me tocó meterlos presos y no reaccionaron cuando fui Ministro de Seguridad, le dimos condenas ejemplares, a muchos le dimos condena perpetua, a otros le dimos condenas asimilables a la de Robledo Puch y no reaccionaron; le secuestrábamos los bienes y yo iba a los remates y le rematábamos los bienes y con esos bienes que le rematábamos, resarcíamos a las víctimas, y no reaccionaron. ¿Cuándo reaccionaron? Cuando los aislamos en la cárcel. ¿Por qué? Porque los tipos están perdiendo poder, entonces nos marcan que ese es el camino y tenemos que seguir adelante para quebrar las organizaciones criminales para vivir en paz, que los chicos puedan ir a la escuela, que los trabajadores puedan salir más tranquilos de su casa".

"Y que sepan -concluyó- que acá hay un Estado, no sólo el gobernador, acá hay un Estado porque la Legislatura a mí me acompañó y me dio todas las herramientas legislativas que otros gobernadores antes no tuvieron, y la Justicia también me está acompañando, con lo cual no hay un gobierno provincial, hay un Estado que les está haciendo frente y los va a seguir hasta donde los tenga que seguir hasta que se den cuenta que el Estado tiene más fuerza que ellos.

Este domingo en el barrio Villa Aurora de Fernández, Santiago del Estero, una mujer echó de su casa a sus tres hijos de 9, 6 y 1 año durante la madrugada, tras una discusión con su pareja. La tía de los menores realizó la denuncia luego de que los niños llegaron hasta su hogar buscando ayuda.

La mujer de 36 años explicó a la Comisaría Nº13 del Menor y la Mujer que cerca de las 4.30 de la madrugada, fue despertada por golpes en su puerta. Al abrir, se encontró con sus dos sobrinos de 9 y 6 años, junto al bebé.

Los niños le contaron que su mamá había tenido una discusión con su pareja, y los gritos habían asustado al bebé, lo que generó que el mayor intentara calmarlo. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, la mujer ordenó que se fueran de la casa.

Debido a que el más pequeño no dejaba de llorar, el hermano mayor buscó ayuda con su tía, quien informó a la Policía que cuidó de sus sobrinos durante la madrugada. Sin embargo, expresó que no tenía los recursos para seguir haciéndolo.

La mujer también mencionó que intentó regresar a la casa de su hermana para devolver a los niños, pero esta se negó a recibirlos, al igual que la familia paterna de los menores. Además, señaló que este no era el primer episodio de maltrato y abandono por parte de su hermana hacia sus hijos.

Luego de realizar la denuncia, la mujer entregó al bebé a las autoridades para que se hicieran cargo de él. María del Pilar Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, está a cargo del caso y se comunicó con las autoridades de la DINAF para brindar asistencia a los niños en situación de vulnerabilidad.

Un equipo interdisciplinario entrevistó a la tía, quien se hará cargo de los menores durante las próximas 48 horas, mientras la Justicia investiga la situación de la madre. La madre será entrevistada para determinar si fue víctima de violencia de género.

En el lugar, se realizó un relevamiento vecinal y se solicitó que los niños sean evaluados por un médico de Sanidad. No se descartan posibles medidas adicionales con respecto a la madre de los niños y su pareja.

Unos 986 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores durante el primer semestre de este año, lo que significó un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período de 2022, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De acuerdo al informe conocido este lunes de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), dependiente de la CSJN; el 92,6 por ciento de los menores involucrados fueron varones.

En total, se iniciaron 1109 causas penales en esta jurisdicción, lo que implicó un 19,5 por ciento más que en 2022; y, a su vez, estos expedientes involucraron a 986 niños, niñas y adolescentes, cuando en el primer semestre del año pasado hubo 816 (un 21 por ciento menos).

Fuente: BGD

Siempre según estos datos, el 84 por ciento de los delitos que derivaron en esas causas fueron "contra la propiedad", al tiempo que 60 de los menores involucrados recibieron una "medida de privación de libertad".

La BGD fue creada en el año 2004 mediante una resolución la CSJN y su titular responsable es la prosecretaria letrada Claudia Romano Duffau.

Esta dependencia coordina el funcionamiento del sistema informático BGD que permite a juezas y jueces de diferentes jurisdicciones registrar, compartir y conocer de manera inmediata, segura y sencilla, la información sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en causas judiciales.

Y su último informe refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, iniciadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos revelaron que del total de 986 chicos con causas judiciales, 113 (el 13,3 por ciento) fueron elevados a juicio ante un Tribunal Oral de Menores.

A su vez, 597 (60,5 por ciento)chicos registraron en 2023 su primera causa ante la Justicia Nacional de Menores.

Mientras que del total de involucrados, el 58,3 por ciento residía en la provincia de Buenos Aires y el 41,3 por ciento en CABA.

En cuanto a los tipos de delitos, más allá de los cometidos contra la propiedad, hubo 16 causas iniciadas por hechos "contra las personas": el 50 por ciento por "lesiones leves" y el 31 por ciento por "homicidios".

Y al analizar este último tipo de hecho, hubo cinco casos, dos en grado de tentativa y tres consumados; al tiempo que participaron de ellos siete chicos, cuatro en los hechos consumados.

En los primero minutos de este sábado, alrededor de las 0.30, un menor de edad que se resistió a ser identificado, intentó quitarle el arma reglamentaria a un agente de la policía. 

El hecho se registró en Sigal y Lola Mora, cuando personal del Comando Radioeléctrico se encontraban en un patrullaje preventivo, identificaron a dos masculinos menores de edad. En ese momento, uno de los adolescentes adoptó una actitud hostil contra uno de los uniformados, empujándolo y haciendo que ambos caigan al suelo. Comenzó un forcejeo, ya que el menor intentaba tomar el arma reglamentaria del policía.  

Los agentes y la unidad móvil también empezaron a recibir piedrazos por parte de vecinos del lugar. El otro menor pateó el espejo retrovisor del lado del conductor y ocasionó daños en la patrulla. 

Ante la agresión de los vecinos,el personal debió retirarse del lugar, sin lograr la aprehensión de los menores. Se procura el comparendo de los involucrados,  se dio intervención al Juzgado de Menores.

Dos niños resultaron heridos en ataques de perros ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, uno de ellos de gravedad.

Según informaron fuentes médicas, una niña de 9 años se encuentra internada en el Hospital de Niños de la Capital debido a las heridas sufridas por el ataque de una jauría de perros. La menor presenta serias lesiones en brazos y piernas y su estado de salud es delicado.

Rufino: un perro pitbull atacó a un nene de 7 años

Por otro lado, en la zona del barrio Nueva Esperanza, un niño de 12 años también fue atacado por un perro y tuvo que ser atendido en el dispensario de la zona. Afortunadamente, en este caso las heridas no revistieron gravedad y el menor no requirió internación.

Las autoridades se encuentran investigando ambos casos para determinar las responsabilidades correspondientes y evitar futuros ataques. Asimismo, se recomienda a los dueños de mascotas extremar las medidas de precaución y responsabilidad para evitar accidentes de este tipo.

Un estudiante de 14 años atacó con un hacha a dos niñas de 9 este miércoles en una escuela de Brasil ubicada en la región rural Farías Brito de la región de Carirí. El atacante fue arrestado y acusado de intento de asesinato.

No es un hecho aislado, este episodio está relacionado con el trágico hecho que un hombre de 25 años cometió el 5 de abril, cuando usó un hacha para asesinar a cuatro niños de 4 a 7 años en el jardín infantil de Blumenau, estado de Santa Catarina.

Las dos víctimas de 9 años, que cursan el cuarto grado, fueron internadas en un hospital de la Barbalha. Una de ellas fue dada de alta, mientras que la otra continúa en terapia intensiva a la espera de una operación por una herida en el cráneo.

Júnior Almeida, secretario de Educación del Municipio, informó que las clases fueron suspendidas por los próximos dos días y que el ataque ocurrió a la tarde en horario escolar, cuando los alumnos se encontraban en sus aulas.

El gobernador Elmano de Freitas, que se encuentra de viaje en China con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el ataque en Twitter: “Desde mi misión oficial a China, he seguido este lamentable episodio de violencia ocurrido hoy en una escuela municipal de Farias Brito, en la región de Cariri. Nuestro Gobierno dispondrá de lo necesario para apoyar al municipio y a las familias”.

“La Secretaría de la Protección Social está trabajando para brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, a quienes les expreso mi solidaridad por lo sucedido. ¡La escuela es un lugar de aprendizaje y paz!”, completó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, explicó en diálogo con el canal de noticias GloboNews que la Secretaría Nacional del Consumidor comenzará procedimientos para determinar la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de amenazas.

Si las plataformas no eliminan el contenido ilícito, pueden ser suspendidas o clausuradas en Brasil, sobre todo con la negativa de la estadounidense Twitter a censurar mensajes a favor de masacres en escuelas.

“Tenemos dos caminos que vamos a adoptar de forma concurrente: por un lado, sanciones administrativas que pueden llegar a la suspensión de la actividad de la empresa. Y, en caso de incumplimiento, podríamos llegar al límite de que dejen de funcionar”, agregó.

Un hombre que ingresó a una guardería con un hacha mató el pasado 5 de abril a cuatro niños e hirió al menos a otros cuatro el miércoles en el sur de Brasil, informaron las autoridades. Las víctimas tendrían entre cinco y siete años, según medios locales.

El autor del ataque, un hombre de 25 años, se entregó en una sede de la Policía Militar, donde fue detenido, informó la fuerza en un comunicado.

Por otro lado, un estudiante de 12 años atacó el lunes 10 de abril a tres compañeros de clase y a un maestro en una escuela en Manaus, capital del estado norteño de Amazonas.

Además, otro estudiante de 13 años apuñaló a cuatro profesoras y dos alumnos en una escuela pública de la ciudad brasileña de San Pablo. La maestra de ciencias Elizabeth Tenreiro, de 71 años, murió por las heridas.

La Fiscalía alemana confirmó este martes que dos niñas, de doce y trece años, son las principales acusadas de haber matado a otra menor, de la misma edad. Ellas mismas confesaron el delito tras ser interrogadas, según confirmó la policía alemana. El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida el pasado domingo, después de que sus padres denunciaran su desaparición un día antes.

“En estos momentos, tenemos que partir de la base de que el crimen fue cometido por dos menores del entorno de la víctima”, declaró en una rueda de prensa el fiscal jefe de Coblenza, Mario Mannweiler, quien calificó el caso de “excepcional”.

Luise, la víctima, desapareció el sábado cuando volvía a su casa en la localidad de Freudenberg, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste) tras visitar a una amiga, y su cuerpo sin vida fue descubierto el domingo por la tarde en una zona boscosa. Al revelarse las sospechas, la brutalidad del crimen y la edad tanto de las agresoras como de la víctima han impactado en los medios de comunicación de Alemania, donde la noticia ha copado todas las portadas.

La autopsia determinó que “la niña murió a consecuencia de las numerosas heridas de arma blanca y la consiguiente gran pérdida de sangre”, indicó el fiscal. El lunes, la Fiscalía y la policía de Coblenza habían confirmado que “no había indicios de delito sexual”.

Al parecer, las menores fueron interrogadas varias veces y el lunes finalmente admitieron el crimen, según Jürgen Süs, jefe de la policía de investigación criminal.

El fiscal rechazó aportar datos sobre el móvil, el comportamiento de las niñas antes y después de cometer presuntamente el crimen, ni su paradero, al tratarse de menores.

La policía continuaba buscando este martes nuevas pistas en el lugar en el que fue hallado el cuerpo de la niña, en territorio ya del vecino estado federado de Renania-Palatinado, y sobre todo el o los cuchillos utilizados en el apuñalamiento.

En tanto, el jefe del Gobierno de Renania del Norte-Westaflia, Hendrik Wüst, trasladó hoy en una breve comparecencia ante la prensa sus condolencias a las familias y allegados de la menor.

Señaló que todo el estado federado está de luto y agregó que es “inimaginable y apenas soportable que niños sean capaces de un acto así”. Hendrik Wüst aseguró que las autoridades están haciendo todo lo que está en sus manos para esclarecer cómo pudo ocurrir “este crimen tan terrible”.

Agregó que desde hace años se observa un “preocupante aumento” de actos delictivos, cometidos también por menores de 14 años, del que este crimen “es un perturbador punto culminante”.

Internet en general, y las redes sociales en particular, se convirtieron en los últimos años en uno de los espacios de socialización más elegidos por los chicos. Además de una gran fuente de entretenimiento, encuentran en las plataformas digitales una importante vía de contacto. Sin embargo, en este entorno también pueden enfrentarse situaciones que pongan en riesgo su integridad.

El grooming o ciberacoso es la acción en la que una persona por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma, así quedó establecido en la Ley 27.590.

La normativa cuyo objetivo es prevenir, sensibilizar y generar conciencia fue promulgada a partir del caso de Micaela Ortega, ocurrido en 2016. La niña de 12 años fue contactada por un adulto de 26 años que fingió ser menor de edad a través de Facebook, la engañó para pactar un encuentro y luego la asesinó. El hombre fue condenado a perpetua en el primer juicio por grooming seguido de muerte en el país.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social señala que muchas veces este tipo de ciberacoso se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza con el menor. También puede ser alguien conocido del círculo íntimo, o un desconocido que simplemente no oculte su identidad.

Al respecto, El Litoral dialogó con el fiscal Matías Broggi del Ministerio Público de la Acusación, quien describió al grooming como “una realidad sumamente compleja”, ya que se trata de un acto preparatorio del delito. “El groomer – el acosador- lo que está haciendo es tratar de llegar a un delito consumado, como el abuso sexual, tráfico de contenido de explotación sexual infantil”, aclaró el investigador.

Además, detalló que “es una realidad difícil de abordar, ya que muchas veces la intervención llega cuando la situación ya ocurrió” .

Si bien en muchos casos el menor no comunica que están viviendo una situación de estas características, el problema puede ponerse de manifiesto en sus hábitos en relación a diferentes ámbitos.

Cabe mencionar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dio a conocer una guía para que los adultos sepan reconocer posibles situaciones de acoso sexual por Internet y cómo acompañar a los menores que lo sufren.

Dentro de la información brindada por el gabinete, resalta que para detectar el ciberacoso lo fundamental es prestar atención a los cambios en la conducta o humor del menor, ya que puede manifestarse a través de la tristeza repentina, inusuales actitudes de relajación y tensión, incluso de reacción agresiva.

También pueden presentarse cambios extraños en el grupo de personas con las que se relaciona o una repentina ausencia de amistades y de relaciones sociales. Las modificaciones en su lenguaje corporal ante la presencia de determinadas personas puede ser una señal de alerta, al igual que el nerviosismo o ansiedad respecto del uso de los dispositivos móviles.

Ante la sospecha de un posible caso de grooming se debe dialogar con el niño, evitar avergonzarlo o culparlo para que pueda contar con sinceridad lo que le pasó, sin ser interrogado.

Es de suma importancia acompañar a la víctima con afecto con el objetivo de protegerla. Resulta necesario comprender que muchas veces pueden encontrarse bajo amenaza, por lo que se vio obligada a mantener contacto con el acosador.

Para prevenir el grooming es fundamental que los niños comprendan los riesgos que tiene compartir datos personales en la web, donde las personas desconocidas con las que se relacionan e incluso entablan una amistad por medio de Internet siguen siendo extraños.

De igual manera, los menores deben saber que es muy fácil abrir un perfil con datos falsos. Al compartir sus fotos en cualquier red social se exponen frente a un desconocido que luego puede hacer circular esa imagen por la web o usarla para futuras extorsiones.

Estar presentes como adultos implica conocer las páginas web que los chicos visitan, las redes sociales que usan y las personas con las que se relacionan.

“Las charlas previas de los padres con sus hijos a los efectos de que cuando surjan estas circunstancias exista la confianza para que los chicos lo cuenten y se pueda intervenir de distintos lugares desde un primer momento”, declaró Broggi. “Las charlas desde instituciones escolares y clubes de barrio son una gran estrategia de prevención”, agregó.

Una vez que se presentó el delito, el funcionario judicial resaltó que “lo importante es no borrar conversaciones, un impulso que hay en ese primer momento de parte de los adultos. Frente a la impotencia, borrar todo o incluso de parte de los propios chicos cuando la situación se va de las manos.”

Realizar la denuncia lo más rápido posible permite preservar los datos de la persona acosadora. En este sentido, Broggi resaltó lo importante de guardar las conversaciones cuando se realizan a través de WhatsApp, diferenciando la descarga de la captura de pantalla. Ante un caso de grooming se debe descargar la conversación completa, la captura de pantalla puede no tener validez si no se realiza por parte de la policía desde el propio dispositivo. Esto es así debido a la posibilidad que permiten algunas aplicaciones de armar diálogos ficticios y mediante la captura es difícil corroborar su veracidad.

En cuanto a las leyes específicas que protejan a los menores de este tipo de situaciones, el fiscal aseguró que “hay muy poco”. Uno de los tratados más importantes es el Convenio de Budapest, el único acuerdo internacional sobre la seguridad en la red. Sin embargo, “si bien el acuerdo toma la parte de grooming, está pensado para delitos informáticos en general”, manifestó Broggi.

Por otro lado, se pueden encontrar instituciones “que intervienen en estas situaciones, pero que en realidad no están pensadas para el delito del grooming; por ejemplo las áreas municipales de niñez donde tienen gente capacitada para intervenir en situaciones de vulnerabilidad en niños y niñas, y eso implica también víctimas de un delito.”

Capacitaciones más específicas en grooming tienen determinadas escuelas donde, según el funcionario judicial, “están formadas en la problemática pero de todas formas su función principal es la educación, dar a conocer modos de prevención”. Por eso, no cuentan con herramientas que le permitan acciones frente a una situación de ciberacoso; “activan las denuncias pero no tienen una formación específica de cómo intervenir en los casos de grooming”.

Recordemos que este delito se incorporó al Código Penal en 2013, con la sanción de la Ley 26.904, que establece una pena de prisión de 6 meses a 4 años. La denuncia es necesaria para iniciar la investigación del caso y puede realizarse en cualquier dependencia policial o fiscalía del país.

Broggi indicó que lo recomendable es que la denuncia se realice en la Agencia de Trata y Violencia de Género que funciona en la Comisaría de la Mujer, ubicada en Lisandro de la Torre 2665. Su teléfono es 4619923, atiende las 24 horas, los 7 días a la semana.

Ayuda

A nivel nacional existen dos líneas disponibles para obtener información y asesoramiento gratuito durante las 24 horas, los 365 días del año:

Línea 137 – destinada a la contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming. También se puede enviar un mensaje vía WhatsApp al 11-3133-1000.

Línea 102 – brinda atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, de alcance nacional y operado por equipos especializados de cada provincia.

Más de cinco kilogramos de cocaína que estaban ocultos debajo de los asientos de un automóvil donde viajaban sentados dos niños, de dos y cuatro años, fueron secuestrados en la provincia de Jujuy y los ocupantes del vehículo quedaron detenidos, informaron fuentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

El procedimiento fue realizado por agentes de la Sección Vial “Perico”, dependiente del Escuadrón 53 de la GNA, en cercanías a la localidad jujeña de Aguas Calientes.

De acuerdo con lo informado, los gendarmes detuvieron la marcha de un auto Ford Focus en el que viajaban dos hombres, una mujer y dos niños, desde la ciudad salteña de Orán hacia la provincia de La Rioja.

En esas circunstancias, el perro detector de narcóticos Yin alertó a los efectivos de la posible presencia de estupefacientes al marcar el asiento trasero en el que estaban sentados los niños de dos y cuatro años.

A raíz de ello, los uniformados removieron las butacas y encontraron cinco paquetes rectangulares que estaban ocultos debajo de los asientos.

La posterior prueba de campo Narcotest dio positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 322 gramos.

Personal de GNA junto a los elementos secuestrados. Crédito: Gendarmería Nacional Argentina

En tanto, también fueron secuestrados 250 dólares, 22.000 pesos, 11.360 pesos bolivianos y tres teléfonos.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy dispuso la detención de las tres personas mayores de edad y el secuestro, tanto de la droga como del rodado.

El “blackout challenge” o “desafío del apagón”, es un peligroso reto que se volvió viral en TikTok, que consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse. La práctica es filmada y compartida con los demás, quien resulta ganador es aquel que soporte más tiempo sin respirar ni desmayarse.

En general, para llevar a cabo el desafío se ayuda con objetos caseros y en la actualidad cuenta con decenas de casos que terminaron siendo mortales. De esta manera, forma parte de una tendencia junto a otros desafíos que fueron denunciados en numerosas oportunidades por “incitación al suicidio” o violencia.

Este domingo se conoció la muerte de una nena de 12 años de Capitán Bermúdez, tras realizar el reto. El hecho ocurrió el pasado viernes en la localidad santafesina del departamento San Lorenzo, ubicada 15 kilómetros al norte de Rosario.

Conmoción en Capitán Bermúdez: murió una nena de 12 años tras realizar un reto viral de TikTok

Lamentablemente esta práctica extrema se cobro la vida de varios menores a lo largo del mundo. Así fue el caso de Antonella, una niña italiana de 10 años que fue encontrada muerta con un cinturón en el cuello en enero de 2021. El padre de la pequeña declaró que sabía que su hija frecuentaba TikTok, pero que nunca pudo pensar en algo así. “¿Cómo imaginar esa atrocidad?”, declaró Antonello Sicomero tras el desenlace fatal.

Otras de las muerte que conmocionó al mundo entero fue el de Archie Battersbee, un niño británico de 12 años, al que la Justicia ordenó retirar el apoyo vital que lo mantenía con vida desde que fue encontrado inconsciente en su vivienda con una cuerda atada en el cuello.

De la misma manera, el reto terminó con la muerte de Nyla Anderson, de 10 años, quien fue encontrada inconsciente en su habitación en Pensilvania (EEUU) y otro niño en Colorado.

Murió Archie Battersbee, el niño británico que estaba en coma por un reto viral en redes sociales

Un estudio elaborado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) reveló que al menos 82 fallecimientos fueron inducidos por el “blackout challenge”. La mayor parte de las muertes tuvieron lugar cuando los menores intentan hacer el reto solos y sin sus padres tener conocimiento.

Otros retos virales peligrosos:

En Santa Fe, las autoridades sanitarias se mostraron preocupadas por el atraso en el calendario de vacunación en menores de edad, lo que llevó a que a mediados de junio se lleve adelante una campaña denominada “El impacto de la pandemia en el calendario de vacunación”, de la que participaron trabajadores de la salud de distintos ámbitos para abordar la problemática y diagramar acciones para contrarrestarla. 

En General López, el panorama es el mismo. Las autoridades observan con preocupación la falta de inmunización, sobre todo en menores, y también en cuartas dosis de vacunas Covid en mayores.  

“Estamos preocupados, sobre todo los pediatras, por la falta de vacunación no solamente Covid, sino también del calendario obligatorio y gratuito”, aseguró a Sur24 el director regional de Salud, Pedro Bustos, subrayando que existe “bastante atraso en los calendarios de los chicos”. 

Seguidamente, Bustos explicó el operativo realizado en la Asociación Civil Maná de Venado Tuerto, “dentro de la cual se llevó vacunación a ese espacio de atención a niños”, agregando, en cuanto a los resultados, que “aparte de terminarse las vacunas que se habían calculado, las chicas nos comentaban que habían visto carnets muy incompletos” 

Además, el médico pediatra destacó que “hay que seguir insistiendo con los dos frentes: tanto el Covid, con las terceras dosis en menores y cuartas dosis en adultos y fundamentalmente con el calendario obligatorio”. 

Gran parte del atraso en los calendarios de vacunación y la reticencia de la ciudadanía a acudir a vacunarse, se deben a la pandemia de Covid 19.  

“Con la pandemia, muchas enfermedades crónicas quedaron en un segundo o tercer nivel. Además, el sistema sanitario alejaba a los pacientes, donde solo podían acudir los sintomáticos”, informó el profesional médico, asegurando que, “en toda esa complejidad, hoy tenemos una sociedad bastante reticente a vacunarse, por lo que habrá que empezar a trabajar más a nivel de cercanía, lo que se llama el nivel primario de salud y empezar a recorrer los barrios y buscar a los chicos para vacunarlos”. 

En la sesión de este miércoles, la edil de PRO/Primero Venado, Verónica Ruiz, presentará un proyecto de Ordenanza proponiendo la modificación el art. 7 del Código de Faltas Municipal, relativo a padres, tutores y/o quienes ejerzan la guarda, cuando se detecten faltas efectuadas por menores de 18 años a su cargo. 

“Es fundamental imponer una actualización de los valores consignados a modo de multa, con la finalidad de conservar el espíritu de la norma y hacer cumplir los objetivos planteados”, manifestó la concejal. 

La iniciativa establece un incremento de los montos pecuniarios impuestos como sanción, detallados a continuación: 

Primera infracción: multa de 200 a 300 UTM 

Segunda infracción: multa de 300 A 400 UTM 

Tercera infracción: multa de 400 A 500 UTM 

Además, a partir de la cuarta infracción, el monto consignado a modo de multa, será del doble de la suma sancionatoria inmediata anterior. 

“Mi propuesta reviste un carácter meramente preventivo, y busca colaborar con el orden cívico, brindando una herramienta más al Municipio”, cerró Ruiz. 

El Litoral Desde el próximo lunes 10, comenzará en toda la provincia la vacunación anti Covid “libre”, es decir, sin turno previo, para chicos de entre 3 y 11 años y adolescentes de 12 a 17, según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria santafesina a El Litoral. Cabe recordar que para los chicos más pequeños se aplica Sinopharm, una vacuna con virus inactivado y muy segura; y para la franja adolescente, Pfizer. La estrategia es, evidentemente, avanzar en los esquemas completos en esta población pediátrica que se encuentra más expuesta a la tercera ola. En rigor, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dio algunos porcentajes sobre la marcha de la inoculación pediátrica: “De 12 a 17 años, tenemos un 78% de esta población con esquema completo (dos dosis). Es un buen número”, ponderó. Pero su preocupación pasa por la franja de 3 a 11 años, en la cual “apenas el 57% tiene el esquema completo, y hay un 20% que tiene primera dosis. Este 20% es lo que hay que cubrir: hay que llegar así al 77% de esta población con esquema completo”, pidió. ¿Por qué insistió tanto Martorano en la necesidad de avanzar en esta población? “Estamos viendo que en esta curva de contagios, que es muy alta y el pico es muy alto, ya tenemos internaciones pediátricas. Son pocas, pero contamos con algunos niños tanto en terapia intensiva como en sala general”, advirtió. Ante una consulta periodística sobre este tema, Martorano afirmó que hay internaciones pediátricas por Covid tanto en el sector público como el privado. “Son pocos los casos, pero nos llamó la atención porque es la primera vez durante toda la pandemia en que tenemos niños internados. Hay tres o cuatro en terapia y algunos más en sala general… No son casos graves, pero empezamos a notar esta tendencia que ya se vio a nivel mundial, en Francia y Reino Unido. Hay que vacunar a los niños”, recalcó. La funcionaria adelantó que llegan 170 mil vacunas Sinopharm a la provincia. Gran parte de éstas serán destinadas a completar esquemas en los chicos de 3 a 11 años. Y con Pfizer, recordó que la logística es muy compleja (hay que mantener esas dosis a muy bajas temperaturas), pero que también se están distribuyendo en el territorio provincial. Serán para adolescentes y para completar terceras dosis.