La fiscal Mayra Vuletic presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación a una sentencia de segunda instancia que declaró la prescripción de la “Megaestafa inmobiliaria 2” cometidas en el departamento General López. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la provincia deberá definir si admite el planteo.

El fallo cuestionado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso e implicó el sobreseimiento de cuatro acusados por 31 estafas consumadas, 23 tentativas del mismo delito y cinco hechos de falsificación ideológica. Tres de las personas a las que se les atribuyeron las actividades delictivas, cuyas iniciales son Antonio Di Benedetto, Raúl Jaime y Marcelo Sava, ya fueron condenadas en 2022 por ilícitos similares investigados en otro legajo, lo cual fue confirmado por la Alzada. En cuanto al cuarto hombre involucrado, sus iniciales son RN.

Vuletic afirmó que “la sentencia que recurrimos perjudicó a decenas de víctimas y atentó contra el sentido de Justicia, lo cual generó un verdadero estado de impunidad”. Al respecto, manifestó que “lo resuelto afecta claramente derechos y garantías constitucionales”.

Audiencias imputativas

La fiscal informó que “el fallo recurrido deja sin efecto la acusación, que había sido admitida en noviembre pasado”. Explicó que “el camarista consideró que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación sin que se haya realizado un juicio, la causa prescribió”, y remarcó que “esa interpretación es contraria a la ley vigente, ya que no contempla que en marzo de 2021 se hizo la audiencia imputativa y el año pasado se amplió la atribución delictiva”.

“Al no considerar las imputaciones como actos interruptivos de la prescripción, el magistrado de la Alzada anuló la importancia y el alcance que tienen dentro del proceso penal y cercenó arbitrariamente la actividad de la Fiscalía”, aseveró Vuletic.

Por otro lado, la funcionaria del MPA mencionó que “la postura del juez Orso contradice la posición de otros camaristas de Venado Tuerto que, de acuerdo con precedentes provinciales y nacionales significativos, intervinieron en otros legajos y le dieron un sentido contrario a la misma norma”.

En tanto, recordó que “las personas que fueron sobreseídas estaban acusadas por formar parte de una asociación ilícita mediante la cual se apoderaron e intentaron apropiarse de terrenos ajenos con el fin de defraudar a terceros de buena fe a los que les vendieron esos inmuebles mediante operaciones apócrifas”.

Condenas previas

En el marco de la primera investigación de la Megaestafa cometida en Venado Tuerto y en localidades aledañas, hubo 18 personas condenadas. El fiscal que estuvo a cargo de las diligencias de ese caso es el actual Fiscal Regional, Matías Merlo.

Antonio Di Benedetto recibió una pena a 12 años de prisión, fue inhabilitado por 10 años para ejercer su profesión de abogado y debió pagar una multa. La pena se le impuso como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica.

A su vez, Raúl Jaime fue condenado a 10 años de prisión y multado por integrar una asociación ilícita, y ser coautor de estafa y uso de documento falso, así como coautor, partícipe necesario e instigador de falsedad ideológica.

Finalmente, a Marcelo Sava se le impuso un año y seis meses de prisión efectiva y una multa por ser miembro de una asociación ilícita; y como coautor de tentativa de estafa y falsedad ideológica.

El fiscal Regional Matías Merlo criticó con dureza al juez de Cámara Tomás Orso por determinar la prescripción de la causa contra Antonio Di Benedetto en el marco de la “Megaestafa Inmobiliaria 2”.

El fallo se conoció en las primeras horas del lunes 7 de julio e implicó el sobreseimiento del reconocido abogado penalista venadenses en 31 hechos de estafas, 23 en grado de tentativa y 5 hechos de falsedad ideológica. El camarista considera que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación (pena máxima en expectativa para el acusado), sin que se haya realizado la acusación que desemboque en un juicio, la causa prescribió. 

“El doctor Orso interpretó la ley de una forma errada, no justificada y no apegada a derecho. No le da un acto interruptivo de la prescripción de la acción al llamado a audiencia imputativa y al no estar legislado el Código de determinada manera, sostiene que esto lo favorece al imputado Di Benedetto”, señaló Matías Merlo.

Sin embargo, “se contradice su posición con los dos camaristas de Venado Tuerto que a la misma norma le dieron sentido contrario. Orso mantiene una posición individual en contra de toda la corriente del derecho que opina diferente”, agregó.

Repercusiones del fallo

El fallo de Cámara generó un sinnúmero de repercusiones en el ambiente judicial, político y en las redes sociales en Venado Tuerto y la región.

Se trata de una de las causas más importantes de la historia de la ciudad, donde se estima que el número de estafas en su conjunto supera ampliamente los 100 millones de dólares.

Di Benedetto y un grupo de personas cercanas (en su mayoría condenados con penas bajas y de ejecución condicional) se apropiaron de más de 60 inmuebles entre campos y terrenos de Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

La investigación tuvo un primer juicio, donde el abogado penalista fue sentenciado a cumplir 12 años de cárcel, al ser encontrado culpable de 29 estafas por las cuales, junto a sus adláteres se quedaron con campos y terrenos.

En tanto, en la “segunda temporada” del juicio, se sumaron 31 nuevos hechos, que prescribieron tras el fallo de Tomás Orso.

“Esto lo único que hace es generar impunidad y favorecer a una persona que ya ha sido condenada a 12 años por hechos similares. De esta manera inclina la balanza de la justicia para el imputado y no para el lado de las víctimas”, destacó el fiscal regional.

En consecuencia, “al fallo le falta sentido común: si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, es un perro. Y acá es lo mismo. Una resolución más de las que toma el doctor Orso, donde siempre se inclina la balanza, nunca para el lado de la aplicación certera de la ley, sino para interpretaciones ambiguas en beneficio de los imputados”, añadió el fiscal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación adelantaron que van a interponer un “recurso de inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, “al considerar que tenemos los argumentos sólidos y ajustados a derecho. El objetivo es que se haga la interpretación adecuada”, adelantó Matías Merlo. 

En tanto, si las partes damnificadas no iniciaron acciones legales en la Justicia Civil, los 31 terrenos quedarán en manos de Antonio Di Benedetto y sus secuaces.

“Los jueces cuando resuelven se tienen que hacer cargo de cuáles son las consecuencias de sus fallos. El fallo de Orso tiene un sentido perjudicial para las víctimas y para el sentido de justicia, y lo que hace es generar impunidad”, finalizó el fiscal. 

El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Tomás Orso, resolvió absolver a Antonio Di Benedetto en la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2” al declarar prescripta la acción penal en su contra. La medida deja sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa respecto a la prescripción de los delitos.

La resolución fue adoptada tras un extenso trámite judicial que comenzó con la imputación de Di Benedetto por múltiples hechos de estafa y falsedad ideológica supuestamente cometidos entre 2015 y 2017. La acusación original se formalizó en 2021 y una reimputación se realizó en marzo de 2024, momento en el que la defensa presentó un recurso solicitando que se declare la prescripción de la acción penal.

La posición de la defensa

Durante la audiencia de apelación, el Dr. Lucio Rossini, abogado defensor del imputado, sostuvo que los hechos imputados ocurrieron como máximo hasta mediados de 2017, por lo que el plazo de prescripción —de seis años para los delitos atribuidos— vencía en julio de 2023. Rossini afirmó que los cargos formulados en 2024 se hicieron fuera de ese plazo, pues constituyen nuevas imputaciones que no interrumpen la prescripción de los delitos atribuidos.

La postura de la fiscalía

Por su parte, la fiscal Dra. Vuletic argumentó que los hechos fueron imputados por primera vez en 2021, y que la acusación presentada en 2024 no constituía una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos, por lo que correspondía considerar que la acción penal seguía vigente.

Fundamentos del fallo

En su fallo, el juez Orso precisó que las maniobras investigadas habrían ocurrido entre 2015 y febrero de 2018, y que el requerimiento acusatorio —primer acto interruptivo de la prescripción— se presentó recién en mayo de 2024. Al haber transcurrido más de seis años desde los hechos, el magistrado consideró que el plazo de prescripción se encontraba agotado para cualquiera de los delitos imputados, conforme a los artículos 59.3 y 62.2 del Código Penal.

Por ello, dispuso declarar prescripta la acción penal y absolver a Di Benedetto en relación a los cargos atribuidos, dejando sin efecto la resolución de primera instancia que había rechazado los planteos de la defensa.

Contexto de la causa

Di Benedetto había sido señalado como presunto autor de múltiples maniobras de estafa y falsificación de documentos en operaciones inmobiliarias, que habrían causado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades cercanas. La causa, conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, se inició con denuncias presentadas en 2016 y motivó años de investigación.

Los abogados de Antonio Di Benedetto apelaron la Resolución de la Audiencia Preliminar del juez en lo penal Mauricio Clavero, planteando que el combo de 31 denuncias en el marco de la Megaestafa 2, prescribieron. 

De esta manera, será la Cámara de Apelaciones la que tendrá que resolver al respecto, y determinar si hay o no una “segunda parte” del juicio contra el reconocido abogado venadense que está detenido en la cárcel de Piñero desde noviembre de 2023.

En la audiencia preliminar que se llevó adelante el 28 de noviembre de este año el juez Mauricio Clavero confirmó la admisibilidad de las pruebas presentadas por la fiscal Mayra Vuletic, y rechazó los planteos de la defensa en relación a la prescripción de la causa.

Finalmente, Lucio y Ángelo Rossini decidieron apelar esa decisión y ahora Di Benedetto podría ser absuelto por la prescripción de los hechos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidieron una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

En tanto, fuentes de la investigación indicaron a Sur24 que hay otras personas involucradas que aceptaron la culpabilidad y fueron condenadas en procedimientos abreviados.

En esta oportunidad se trata de terrenos ubicados en su totalidad en Venado Tuerto. En la mayor parte de los casos con importantes deudas ante el municipio y la provincia. Y otros tantos, pertenecientes a personas fallecidas. 

Primera parte

Di Benedetto, había sido sentenciado en octubre de 2022, y posteriormente a fines de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo penal de la ciudad de Rosario ratificó lo establecido en primera instancia, con la salvedad de una de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo, las condenas previstas no se modificaron, confirmando los 12 años de prisión a Di Benedetto, 10 años a Raúl Jaime y reduciendo la pena a un año y seis meses a Marcelo Sava. 

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2016.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Nuevamente el poder judicial le denegó la prisión domiciliaria a Antonio Di Benedetto, condenado a 12 años de prisión por encabezar una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de terrenos y campos en el sur-sur provincial, principalmente en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. 

La causa es conocida popularmente como Megaestafa inmobiliaria, y tiene decenas de víctimas que están a la espera de poder recuperar lo perdido. 

Los abogados de Di Benedetto basaron la solicitud de la prisión domiciliaria en la edad del sentenciado, un deterioro en el estado de salud y las precarias condiciones de alojamiento en el penal.

En primera instancia sufrieron un revés al planteo, y ocurrió lo mismo en la mañana de este lunes cuando el juez de la Cámara de Apelaciones, Tomás Orso, le bajó el pulgar al pedido de los letrados. 

Desde el Poder Judicial entendieron que “una persona con esa edad puede estar privada de la libertad” y que “se tenían que dar una serie de circunstancias en su estado de salud que no estaban debidamente acreditadas”, ya que no había ninguna patología grave que no pueda ser tratada en la cárcel.

Igualmente se estableció fijar una audiencia de Habeas corpus por las condiciones de alojamiento en las que se encuentra. El objetivo principal será mejorar el espacio en el que está detenido. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

El juicio

El juicio oral y público contra tres de los integrantes de la asociación ilícita comenzó el 10 de mayo de 2022 y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Luego de que pasasen decenas de testigos, a comienzos de septiembre de ese mismo año se llevó adelante el alegato del fiscal Matías Merlo, quien aportó "un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo" dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

Más tarde fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto, el cual se conoció el 12 de octubre.

Antonio Di Benedetto fue condenado "como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita”, sumándose 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos. 

En tanto, el 8 de noviembre de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario ratificó la condena de primera instancia contra Di Benedetto y Jaime.

El tribunal de magistrados, que estuvo constituido por Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Gabriela Sansó, leyeron de manera virtual el fallo que avaló el anterior, con la salvedad de algunas de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda, sin embargo, las condenas previstas no se modificaron.   

En tanto, Marcelo Sava, que había recibido una pena de 3 años y 6 meses de prisión, en esta oportunidad se la redujeron a 1 año y 6 meses. 

El fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

En tanto, fuentes de la investigación indicaron a Sur24 que hay otras personas involucradas que aceptaron la culpabilidad y fueron condenadas en procedimientos abreviados.

En esta oportunidad se trata de terrenos ubicados en su totalidad en Venado Tuerto. En la mayor parte de los casos con importantes deudas ante el municipio y la provincia. Y otros tantos, pertenecientes a personas fallecidas. 

Primera parte

Di Benedetto, había sido sentenciado en octubre de 2022, y posteriormente a fines de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo penal de la ciudad de Rosario ratificó lo establecido en primera instancia, con la salvedad de una de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo, las condenas previstas no se modificaron, confirmando los 12 años de prisión a Di Benedetto (alojado desde el 8 de noviembre en el penal de Piñero), 10 años a Raúl Jaime y reduciendo la pena a un año y seis meses a Marcelo Sava. 

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2016.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Raúl Jaime, el Gestor de la Megaestafa Inmobiliaria, continuará en calidad de detenido al no poder justificar momentáneamente los 1450.000 dólares de caución que le exigieron desde el poder judicial para poder acceder a la prisión domiciliaria, independientemente de haber presentado tres automóviles y una vivienda.

La decisión fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, quienes además establecieron una serie de normas de conductas a cumplir una vez que acceda al beneficio de estar en su casa para poder cuidar a su mujer que padece graves problemas de salud.

El Gestor actualmente se encuentra detenido luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. Y tras dos reveses judiciales, el juez Tomás Orso fue quien decidió otorgarle el acceso a la prisión domiciliaria. 

Por ahora no

La audiencia se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en los tribunales venadenses. Y los magistrados consideraron que los automóviles ofrecidos para cubrir la caución deben ser tasados oficialmente. Al mismo tiempo la vivienda aportada por Jaime actualmente se encuentra inscripta como “bien de familia”, con lo cual van a tener que modificar esa condición legal y hacerla tasar por distintos corredores inmobiliarios.

Mientras esto no ocurra, el gestor continuará en calidad de detenido en la Alcaidía departamental de Melincué.

Resolución

El tribunal resolvió por unanimidad “disponer la constitución de caución real, por un monto de 145.250 u$s o 116.200.000 pesos, los que deberán afianzarse con bienes muebles registrables o inmuebles, hasta alcanzar ese monto, en base a tasaciones oficiales”.

Los bienes muebles o inmuebles “en cuestión deberán ser propiedad de Raúl Alberto Jaime o de terceras personas, que así lo autoricen, pero no podrán estar prendados o embargados. No deberán tener como antecedente registral juicios de escrituración o prescripción adquisitiva, o pertenecer al departamento General López, ni ser los bienes que se hayan establecido” en la Megaestafa inmobiliaria. 

Al mismo tiempo se dispone que el gestor deberá “residir en el domicilio de Pasaje Polonia 1.337 de la localidad de Rosario. Informar bimestralmente de la residencia de la Sra. Camacho en el domicilio en cuestión y de la subsistencia de la misma. A tales fines podrán solicitarse o practicarse por las partes los informes ambientales pertinentes”.

También se determinó que en “caso de traslado (al médico) de la Sra. Camacho será obligación del Sr. Jaime dar aviso de manera inmediata al tribunal”.

Por otro lado, establecieron la “prohibición de acercamiento y contacto con coimputados, víctimas y testigos”.

En tanto, “se deberá solicitar el monitoreo electrónico por tobillera, autorizando a las partes a realizar las gestiones pertinentes y hasta tanto se efectivice el control ordenado, se deberá realizar controles intempestivos en su domicilio de calle Pasaje Polonia 1337 de Rosario, de al menos cuatro veces a la semana, por parte de personal policial, sistema penitenciario o post-penitenciario”.

Por último, dejaron en claro que deberá “comparecer cada vez que sea citado por el tribunal. La prisión preventiva domiciliaria excluye cualquier posibilidad de salida del domicilio, debiendo en caso de necesidad de traslado de la Sra. Camacho quedar a cargo de terceras personas y del imputado hacerse con móvil policial previa solicitud con suficiente antelación”. 

El juez de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, Tomás Orso, definió que el abogado venadense Antonio Di Benedetto y el gestor Raúl Jaime, condenados a 12 y 10 años de prisión respectivamente en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria, continúen detenidos en la unidad penitenciaria de Las Flores, rechazando así el pedido de la defensa en la audiencia de apelación que se llevó días atrás en los Tribunales de Venado Tuerto.

Cabe recordar que los abogados de Di Benedetto, Ángelo y Lucio Rossini, habían solicitado la prisión domiciliaria para quien fuera condenado como jefe de una asociación ilícita que se apropiaba de manera irregular de campos e inmuebles, considerando que su defendido no representaba ningún peligro para el proceso y recordando que “siempre cumplió con todo lo determinado por la justicia” durante la investigación.

Otros puntos expuesto por la defensa fue la falta de antecedentes penales que tenía Di Benedetto, inexistencia de entorpecimientos probatorios y la edad. A su vez propusieron una caución por un valor de 170 mil dólares.

A su turno, el abogado defensor de Jaime, Alfredo Cotulli, pidió la domiciliaria para el gestor rosarino, sosteniendo que tampoco hubo por su parte entorpecimiento probatorio. Además se refirió a su avanzada edad e hizo hincapié en la grave enfermedad que padece la esposa.

Más allá de estas exposiciones, el juez Orso decidió no hacer lugar a los pedidos y, por lo pronto, Di Benedetto y Jaime seguirán en prisión efectiva en la unidad penitenciaria de Las Flores.

El fiscal Matías Merlo solicitará 16 años de prisión para Antonio Di Benedetto al considerarlo Jefe de una Asociación Ilícita dedicada a cometer estafas inmobiliarias en el sur de la provincia de Santa Fe. En tanto, para el gestor Raúl Jaime solicitó una pena de 12 años, mientras que 6 años para Marcelo J. Sava.

El juicio comenzará formalmente en la jornada del martes y el tribunal pluripersonal está integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Este martes “comenzamos con los alegatos de apertura, por el cual presentaremos los hechos por los cuales los vamos a someter a juicio, con las calificaciones legales. Y hacemos un resumen sobre las pruebas con que vamos a acreditar la responsabilidad penal de los tres imputados”, sostuvo Matías Merlo.

Antonio Di Benedetto es acusado “como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita. Tiene además 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos. Después vendrá otra etapa con 30 carpetas judiciales con investigaciones en su contra. Y pedimos una pena de 16 años de prisión”, agregó

Evidencias para acusar

Matías Merlo considera que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compraventa para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas que tendrá que ir analizando el tribunal. En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio”.

Fiscal Regional Matías Merlo.

Otro de los imputados es “quien hacía de gestor (Raúl Jaime) y fue beneficiado con 11 operaciones de inmuebles que pasaron a su nombre, para quien estamos solicitando una pena de 12 años. Y la otra persona (Marcelo J. Sava) que está involucrada en tres hechos ilícitos estamos pidiendo 6 años. Igual tenía pleno conocimiento de todo lo que iba pasando en esta organización delictiva”, agregó el fiscal regional.

Los imputados son acusados de ser integrantes de la banda delictiva que se quedaba con campos, casas y terrenos a través de distintas maniobras fraudulentas. Y en lo previo no aceptaron condenas o apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, como el caso de Antonio Di Benedetto.

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de viviendas y terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: Raúl Jaime (cinco años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla’rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

El juicio

Formalmente el juicio comenzará este martes a las 10 de la mañana. Desde el inicio del proceso la cantidad de testigos ascendieron a 270.

Igualmente “se presentarán 80, ya que la personas que fueron testigos de allanamientos no es necesario que se presenten producto de que no se está discutiendo la validez de los mismos. Y todo está programado para que termine el 3 de junio. Serán 20 jornadas de juicio oral y público”, precisó Matías Merlo.

En caso de que los tres acusados sean condenados tendrán la posibilidad de apelar. Y mientras la sentencia no quede firme, continuarán en libertad.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 9 DE MAYO.