En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

El juicio por la Megaestafa inmobiliaria está llegando a su etapa final, y en los últimos días de septiembre se conocerá la sentencia contra las tres personas que son acusadas en el juicio oral y público. El fiscal Matías Merlo solicitó 16 años de prisión para Antonio Di Benedetto, al considerarlo Jefe de una Asociación Ilícita. En tanto, para el gestor Raúl Jaime pidió una pena de 12 años, mientras que seis años para Marcelo J. Sava.

El juicio comenzó el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal está integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Durante la semana pasada y hasta la jornada de este lunes es el turno del alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó “un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo” dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

En tanto, se estima que serán tres días que demandarán los alegatos por parte de las defensas. Posteriormente el tribunal contará con un plazo máximo de tres semanas para emitir una sentencia al respecto.

Fiscal regional Matías Merlo

Merlo detalló que Antonio Di Benedetto es acusado “como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita. Tiene además 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos. Después vendrá otra etapa con 30 carpetas judiciales de investigaciones en su contra. Y pedimos una pena de 16 años de prisión”.

Evidencias para acusar

El fiscal considera que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compraventa para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas que tendrá que analizar el tribunal. En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio”.

Otro de los imputados es “quien hacía de gestor (Raúl Jaime) y fue beneficiado con 11 operaciones de inmuebles que pasaron a su nombre, para quien estamos solicitando una pena de 12 años. Y la otra persona (Marcelo J. Sava) que está involucrada en tres hechos ilícitos, estamos pidiendo seis años. Igual tenía pleno conocimiento de todo lo que iba pasando en esta organización delictiva”, agregó el fiscal regional.

Los imputados son acusados de ser integrantes de la banda delictiva que se quedaba con campos y terrenos a través de distintas maniobras fraudulentas. Y en lo previo no aceptaron condenas o apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, como el caso de Antonio Di Benedetto.

Inicio de la investigación

Las supuestas maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla’rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

El reconocido abogado Luis Rossini falleció en la mañana de este sábado, según confirmó el portal web otrodía.com de Cañada de Gómez. El letrado había trascendido las fronteras de la ciudad y la provincia en base a representar a distintas personas en causas resonantes.

Fuentes indicaron que en el primer semestre de 2022 le detectaron una grave enfermedad, contra la cual estuvo luchando con distintos tratamientos, aunque su cuadro fue irreversible.

Causas destacadas

Luis Rossini había pasado a ser en marzo de este año abogado defensor de Antonio Di Benedetto en el marco de la causa denominada Megaestafa Inmobiliaria, cuyo juicio se desarrolla por estos días en los tribunales venadenses. El penalista venadenses enfrenta cargos por Asociación ilícita, donde el fiscal Matías Merlo solicitó una condena de 16 años de prisión, luego de que rechazara la posibilidad de un acuerdo en base a un juicio abreviado.

Por otro lado, Rossini tuvo protagonismo en la relevante causa de juego clandestino, en donde además de su defendido Luis Peitti, fueron detenidos dos fiscales rosarinos, y desde el Ministerio Público de la Acusación de Rosario consideran que el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, forma parte de la estructura que operaba en distintos puntos de la provincia.

En tanto, el último caso que tomó vuelo en los medios nacionales ocurrió en marzo cuando una persona que se movilizaba en un auto de alta gama sin patente, se negó a ser identificada por un agente del orden público y huyó corriendo, buscando protección en el estudio jurídico de Rossini, quien no dejó entrar al policía y le solicitó una orden de allanamiento.