Por Nancy Balza

El raid de reuniones que mantuvo el ministro del Interior Guillermo Francos en los últimos días para escuchar argumentos, debatir puntos de vista y atar consensos antes del debate de la Ley de Bases fue impresionante. Sin ir más lejos, el martes estuvo con gobernadores de cinco provincias. Claro que a tres de ellos: el santafesino Maximiliano Pullaro, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora los vio en el mismo lugar, Santa Fe, en ocasión de la reunión de Región Centro. Antes, recibió al santacruceño Claudio Vidal y después viajó a Santiago del Estero para reunirse con Gerardo Zamora.

Antes y después de ese día hubo más encuentros con mandatarios pero también con bloques parlamentarios de distinta pertenencia y dispar grado de afinidad con el gobierno, como la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El resultado puede leerse como una aceptación mayoritaria, pero con reparos, de las fuerzas más cercanas al gobierno y de aquellas denominadas "dialoguistas".

Todo indica que la aspiración de llevar el proyecto de ley, que de los 664 artículos en su versión original pasó a 279, a comisiones y al recinto de Diputados antes de fines de abril está descartado. La nueva fecha que se maneja es comienzos de mayo, justo en el mismo mes en que el Presidente Javier Milei espera tener el apoyo de gobernadores de todas las provincias para la firma de un Pacto de diez puntos en la ciudad de Córdoba.

Sea apenas iniciado el quinto mes del año o en fecha más avanzada, se da por descontado un apoyo mayoritario al proyecto en general, aunque ya se anticipa debate en el análisis en particular. Allí, a pesar de las modificaciones aceptadas por el gobierno central, no está dicha la última palabra y todo indica que aún quedan cambios por hacer.

La imperiosa necesidad del gobierno central de contar con algún triunfo en el Congreso y evitar una situación similar a la que se produjo el 6 de febrero, cuando la ley ómnibus cayó en su tratamiento artículo por artículo (más precisamente, inciso por inciso) explica la febril actividad previa.

Por otra parte, el gobierno espera que en el mismo momento en que se debata la Ley de Bases, se trate también la "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", es decir, el paquete fiscal, que este miércoles ingresó a Diputados.

"Es una ley distinta, una ley donde el gobierno nacional reflexionó, escuchó. No es la misma ley, y la inmensa mayoría de los gobernadores estamos para acompañarla", dijo el santafesino Maximiliano Pullaro este jueves en diálogo con medios de Santa Fe y Rosario.

No obstante, el mandatario dejó en claro que "tenemos diferencias", por ejemplo, con el Régimen de Grandes Inversiones porque "entendemos que puede golpear fuertemente a las pequeñas y medianas industrias de la provincia". En ese sentido contó que el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, estuvo reunido el miércoles con funcionarios nacionales. En este tema fue contundente: "Vamos a estar defendiendo la industria de la provincia de Santa Fe, llevando propuestas y alternativas, estudiando los temas, construyendo indicadores para darle nuestra posición al gobierno nacional. Y si eso, lamentablemente, no es escuchado, vamos a pedir a nuestros legisladores que no lo acompañen, como hicimos ya con otras normas", anticipó en diálogo con la emisora universitaria LT10.

Con respecto al Impuesto a las Ganancias, que figura en el paquete fiscal, recordó que fue crítico cuando parecía que se establecería el piso de 890 mil pesos mientras teníamos una canasta básica de 690 mil", por lo cual a casi todos los trabajadores los iba a dejar por debajo de la línea de pobreza. "Creo que el gobierno reflexionó y aumentó ese piso por escala". "Hubiésemos querido que también se graven los bienes a las personas que más recursos tienen en la República Argentina y en el exterior"; pero "un 35 en 890 mil pesos contra un 5% sobre 1,8 millones para solteros o 2,2 para casados con dos hijos cambia radicalmente".

"En general, estamos de acuerdo" con la Ley de Bases, anticipó el santafesino para concluir en que "el gobierno nacional tiene que tener las herramientas para empezar a trabajar como lo planteó en la campaña".

Como se dijo, si bien hay voluntad de acompañar, en general, el nuevo texto de la Ley de Bases, hay objeciones sobre una parte del articulado. Así lo resume este jueves Laura Serra en La Nación.

Uno de los puntos en cuestión es el de los Fondos fiduciarios, precisamente el que puso punto un abrupto final al debate en Diputados el pasado 6 de febrero. Ahora se faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables- vayan al Tesoro. La oposición sostiene que estos recursos deben ir a la coparticipación.

Con respecto a la disolución e intervención de organismos públicos, si bien el gobierno nacional aceptó eliminar algunos del listado original, la oposición propone ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

Otro tema es el de privatizaciones, para el cual se va a proponer separar al Banco Nación del resto de las empresas públicas a ser alcanzadas por ese régimen.

Tampoco hay coincidencia con el artículo 70 que faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

Además se propone la incorporación de la reforma laboral, cuya propuesta presentó días atrás la UCR y sigue en discusión. Moratoria previsional (se pide alternativa a la derogación que impulsa el gobierno), tabaco (que la administración de Milei eliminó y la oposición pide que se reincorpore) son otros de los puntos en debate por estos días previos al arribo del proyecto (que ya dejó de ser "mega" pero sigue siendo voluminoso) al recinto.

Especialistas en Derecho Constitucional, académicos y organizaciones de abogados se reunirán este martes, desde las 14, con diputadas y diputados nacionales de distintas bancadas para debatir las alternativas del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, iniciativa que deroga, además, unas 80 leyes. Será en el anexo de la Cámara baja, y por fuera de la bicameral de Trámite Legislativo, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto (senador de La Rioja).

Luego del rechazo en la Cámara de Senadores, el 14 de marzo por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, el decreto de necesidad y urgencia, que tiene capítulos objetados por la Justicia y otros plenamente vigentes, deberá ser considerado en el recinto de sesiones de la Cámara baja. Allí, si se rechaza, quedará inoperativo. y si se aprueba, mantendrá su vigencia.

Con la dinámica de una jornada-debate, la reunión de este martes fue convocada por el bloque de Unión por la Patria en conjunto con el Frente de Izquierda y el Socialismo representado por los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, quien confirmó detalles del encuentro a El Litoral.

De acuerdo a lo anticipado por Clarín, podrán sumarse radicales del ala crítica del partido, referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau, y otros que responden a gobernadores distanciados de la Casa Rosada, como el rionegrino Alberto Weretilneck y el santacruceño Claudio Vidal.

Entre los invitados a exponer figuran Eduardo Barcesat, Rafael Bielsa, Andrés Gil Domínguez (uno de los primeros especialistas en Derecho Constitucional que levantó una voz crítica respecto del DNU), María Laura Clérico y el cordobés Antonio Hernández, constituyente por la UCR, Gustavo Ferreyra, el santafesino Daniel Erbetta, Miguel Rodríguez Villafañe, Mariela Puga, Beatriz Rajland y Pedro Caminos, entre otros.

El objetivo, según se explica, es contar con un abanico amplio de opiniones y medir el pulso del DNU de cara a su próximo tratamiento en el recinto, donde se necesitan 129 voluntades para dar quórum y definir su rechazo.

Mientras transcurre una nueva discusión por el mega DNU, se espera el desembarco de la otra iniciativa "fundacional" del Presidente Javier Milei: la nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos o "ley ómnibus", aunque bastante acotada respecto de la versión original que fue rechazada por Diputados en febrero pasado.

Se aguarda que un borrador del proyecto esté en manos de gobernadores y presidentes de bloques en las próximas horas, para ser considerado en plenario de sesiones la semana próxima y llevado al recinto en la cuarta semana de abril, si los plazos se cumplen de acuerdo a las aspiraciones presidenciales.

El nuevo texto tendría 269 artículos divididos en 11 títulos, mucho menos que los 664 del texto original presentado en enero. Entre los temas a tratar sobresalen las Emergencias y facultades para el Poder Ejecutivo -que pasan de 11 a cuatro-, una reforma del Estado, artículos sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y un punto de especial interés para las provincias aliadas: el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Está, además, un paquete de empresas a privatizar, que es mucho más acotado que la propuesta original de Milei. Además, se evalúa la posibilidad de generar un mecanismo "moderno" para ejecutar y controlar el proceso de las privatizaciones.

El proyecto no incluiría el paquete fiscal, que va por otro carril, en tanto la pretendida restitución del Impuesto a las Ganancias se discutiría "en otra etapa", según dijo en las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El objetivo del oficialismo es lograr la aprobación de la nueva versión de Ley Bases en Diputados y luego aceitar su paso por el Senado de manera de lograr su sanción antes del 25 de Mayo, una fecha (otra vez) con carácter fundacional para el gobierno nacional. Ese día espera lograr, en la ciudad de Córdoba, la firma del Pacto de Mayo, con 10 puntos que establecen "los principios del nuevo orden económico argentino", a los que fueron invitados a adherir gobernadores, ex presidentes y líderes de partidos políticos.

El mega decreto 70/23 sigue dando que hablar. Pese a que fue rechazado en el Senado y todavía aguarda su tratamiento en Diputados, el primer DNU de la era Javier Milei genera efectos en la economía diaria. En este caso será el turno de la yerba mate, sector que a partir de este lunes 1 de abril oficialmente entrará en fase de desregulación tras 22 años de intervención de precios.

Hasta ahora, era el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) el organismo que se encargaba de fijar los precios de este producto típico de nuestro país. Pero el DNU impulsado por el presidente Milei le quita esta potestad.

A partir de ahora, serán los propios productores quienes podrán decidir si aceptan el precio establecido o prefieren no cosechar la hoja y esperar a que mejoren los valores

La desregulación no se limita solo en el valor de la materia prima, sino que también impacta en la presión sobre las industrias para abastecer las góndolas de los comercios con yerba a precios accesibles.

En concreto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 promueve la derogación de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley 25.564, que en 2002 creó el INYM y le dio la potestad, entre otros temas, de fijar precios de la yerba.

El titular de la Asociación Ruta de la Yerba Mate, Raúl Karabén, explicó que desde el sector esperan que esta medida genere una “fuerte competencia” en los precios, que hoy está pagando 370 pesos el kilo de hoja y sobre el que los productores demandan 500 pesos.

En referencia de la incidencia en el bolsillo de los consumidores, opinó que “la tendencia va a ser quizás positiva para el consumidor porque va a obligar a competir más y competir más significa bajar un poco los precios”.

Al sector lo integran unos 12 mil pequeños productores además de las grandes compañías. En tanto, el INYM no tiene autoridades designadas desde que asumió la nueva gestión del gobierno nacional.

La desregulación, además, le saca presión a las industrias en la necesidad de abastecer las góndolas con yerba barata.

En el INYM defienden la regulación y anticipan que el mercado está integrado por muchos vendedores y pocos compradores, por lo que terminará perjudicando al pequeño productor.

Las ventas de yerba mate continúan con indicadores positivos en mercado interno y exportaciones. #estadisticasyerbamate https://t.co/M8nt50SXry pic.twitter.com/l906Aj1Jye

Explican también que el precio de la hoja verde se vincula al volumen de los stocks de yerba canchada que guardan las industrias. Es así que, si las reservas están altas, el precio baja porque nadie necesita comprar con urgencia la hoja verde, secarla y ponerla a estacionar.

De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, los volúmenes de hoja verde entregados en enero y febrero durante la cosecha de verano, que explica el 10% de la cosecha anual, alcanzaron el máximo nivel en cuatro años, con 55 millones de kilos. Puntualmente en el mes de febrero la producción fue de 33,8 millones de kilos de hoja verde, con un incremento de casi 145% respecto al año anterior.

El primer presidente de tradición liberal-libertario o "anarcocapitalista" como Javier Milei se definió a sí mismo en una reciente convención de ultraderecha, cumplió sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa "luna de miel" que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.

Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio una crisis sin precedentes desde el año 2001, que se profundizó a partir de las medidas de brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.

No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña, por la que un 30% lo votó en primera vuelta y el 56% en el balotaje.

La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, en los cuales la sociedad va a sentir en carne propia el rigor de haber liberado los precios reprimidos de la economía, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.

Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno "gradualista" de centroderecha de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue tomar el toro por las astas de entrada y aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión.

Ajuste ortodoxo sin anestesia basadas en "la motosierra" y "la licuadora", sin medidas sociales compensatorias.

En su diagnóstico, es en estos meses que se define la suerte y el destino de su modelo de libre mercado a ultranza. Negociar los cambios en el tiempo con el "régimen político" sería, a su criterio, un certificado de defunción a sus ambiciones refundacionales. Este economista de 53 años, un "outsider" de la política que había sido diputado dos años antes, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso de la Nación, frente a su gente, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.

En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.

En el marco de su mentada reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.

El nuevo titular de una de las carteras supervivientes, Luis "Toto" Caputo de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.

También anticipó recortes en el gasto público, una disminución "al mínimo" de las transferencias a las provincias", paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.

El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional Milei el mega DNU de desregulación de la economía, que venía a desguazar todo el andamiaje jurídico e institucional sobre el cual se erige el ordenamiento social de la Argentina. Se trata de reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.

Además, habilitó la firma de contratos en normas para el alquiler de inmuebles y habilitó la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.

Amplios sectores de la oposición rechazaron el decreto por "inconstitucional" y anticiparon un escenario de litigiosidad para los meses venideros.

Al día siguiente, La Libertad Avanza enfrentó la primera gran marcha piquetera en el centro porteño, con organizaciones sociales de izquierda movilizándose en el centro porteño y desafiando el nuevo protocolo antipiquete que había lanzado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con bombos y platillos. Fue la primera vez que se aplicó dicho protocolo de actuación de fuerzas públicas y el operativo estuvo monitoreado por el propio Milei.

El 27 de diciembre fue otro hito en la corta historia que lleva este Gobierno ya que el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", esta iniciativa es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.

Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.

El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad.

El 17 de enero, el presidente brindó un discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, y sorprendió al mundo, especialmente a Occidente, por su rabiosa prédica anticomunista y antiestatista, y por su negación del cambio climático. Fue elogiado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk.

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.

La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de "la calle". También el corte del suministro de alimentos e insumos a comedores a raíz de la falta de una auditoría sobre el uso de esos recursos profundizó el malestar y agudizó los problemas.

El 31 de enero comenzó a debatirse en el recinto de Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos. El tratamiento se dividió en varias jornadas consecutivas de debate apasionado. La longitud del proyecto en cuestión y la cantidad de oradores anotados hizo que recién se pudiera votar en general al cabo del tercer día de debate, con 144 votos en general y 109 en contra. Nunca quedó demasiado claro cuál era la versión del dictamen que se había votado, ya que mientras los diputados exponían, en otros espacios el texto del proyecto seguía modificándose.

De todos modos, el mayor problema para el oficialismo se suscitó con posterioridad, el 6 de febrero, cuando en la votación en particular un número importante de legisladores de la oposición "dialoguista" le volteó algunos incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios, y se aprestaba a rechazar el capítulo de privatizaciones.

Milei, que venía siguiendo el desarrollo del debate desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y que ya no tenía sentido seguir insistiendo con una redacción que iba a terminar siendo un "Frankestein".

Ante esa encrucijada, ordenó desde la distancia el retiro del proyecto. Su tropa legislativa, con serios problemas de comprensión del reglamento, interpretó en un principio que solamente se suspendía el tratamiento en particular pero que se mantenía en pie la aprobación en general. Pronto quedó de manifiesto que el debate volvía a foja cero y que la ley ómnibus estaba caída.

El presidente hizo sonar el escarmiento y castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.

El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.

Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país.

Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar.

El 13 de febrero, Milei mantuvo una audiencia en muy buenos términos con el Papa Francisco en el Vaticano, por más de 70 minutos. Lo invitó a la Argentina y la foto mostró a ambos muy sonrientes.

El 15 de febrero, el Presidente inició una polémica insólita al despotricar contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con la expresión "Lali Depósito". La acusaba de recibir dádivas del Estado a costa de la pobreza de la gente. El inesperado ataque de Milei a la artista generó algunos apoyos puntuales y el repudio generalizado de la comunidad del arte y la cultura.

El 17 de febrero llegaron malas noticias para el Gobierno, cuando el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el INDEC había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío. Sin embargo, Milei hizo una lectura distinta y responsabilizó al kirchnerismo por la "herencia" recibida en materia de pobreza.

El 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 27 de febrero, mientras el Gobierno todavía lidiaba con las esquirlas del enfrentamiento con Kicillof por la quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, tomó la decisión de sumar un nuevo frente de conflicto al eliminar el programa Potenciar Trabajo, para reemplazarlo por dos nuevos planes de asistencia directa sin intermediarios. También ese día el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública.

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1° de marzo pasado, cuando se dignó a brindar su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda como había hecho en su asunción.

Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.

También anunció una serie de proyectos "anti casta" que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el "Pacto de Mayo" en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo "contrato social" hacia un "nuevo orden económico" e invitó a los gobernadores a firmarlo a libro cerrado a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación. También les exigió una muestra de "buena voluntad" para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.

La oposición peronista leyó este pliego de condiciones como una "extorsión" pero los gobernadores que no son de Unión por la Patria saludaron el llamado al diálogo político y lo consideraron un punto de inflexión en la relación de Nación con las provincias.

Durante el discurso de aquel 1° de marzo, no pasó desapercibido su anuncio sobre la eliminación de la agencia Télam.

Por César Rodríguez

El destino del DNU 70/2023 depende ahora de Diputados. Por el momento, el corazón de las reformas libertarias sigue en pie pero, tras el rechazo del Senado, la Cámara baja deberá definir si lo aprueba o lo voltea en su totalidad. En la Casa Rosada se muestran entusiasmados con una aprobación, sumando votos del PRO, la UCR y aliados provinciales.

Aún sin fecha definida para su tratamiento, el gobierno ya ensaya estrategias políticas que aseguren la vigencia del mega decreto. Para ello, mantienen reuniones periódicas con los diferentes bloques opositores, reforzando los intentos por asegurar el apoyo necesario.

Este domingo, el presidente de Diputados, Martín Menem, adelantó que persiste la ilusión de mantener vigente el DNU, a partir del apoyo de "más de 130 ó 135 diputados que tienen la voluntad de ir hacia adelante". Incluso, se animó a minimizar las chances de que se caiga.

Menem hizo énfasis en "salir adelante" dejando de lado "de una vez por todas" aquellas políticas que a su juicio "tanto daño le hicieron a la Argentina". "Llevamos casi 14 años sin crecer, sin que crezca el empleo formal y con el poder adquisitivo que se cayó a pedazos. Por eso, el DNU es una parte necesaria para salir de esta situación", remarcó el presidente de la Cámara baja.

El titular de la Cámara baja se mostró confiado en que el oficialismo contará con el número necesario para poder aprobar las reformas incluidas en el DNU. El mensaje de Menem está dirigido a los legisladores del PRO, a sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, junto a quienes evalúan distintas alternativas para congelar el debate sobre la legalidad del mega decreto y evitar así otra resonante derrota para el Gobierno.

"Veremos, esto es muy dinámico, también se puede dar que esté el número para aprobar el DNU. Es difícil, la política es el arte de lo posible dicen. Hay un número importante dentro de la cámara que piensa que el DNU se puede aprobar y otro que piensa que tiene que darle fuerza de ley", dijo, al tiempo que habló de entre 130 y 135 legisladores nacionales que creen que el contenido está bien, aunque cuestionan el "mecanismo" del decreto.

DNU / TOMEN NOTA (hilo)Fue en el año 1994 que se le dió rango constitucional a los DNU (decretos de necesidad y urgencia)Llama la atención que el jueves haya sido la primera vez en 30 años que una cámara (El Senado) rechaza un DNU.Muy loco no?Más aún cuando se trata de un…

"Se está viendo quién es quién, qué intereses defienden, si van a acompañar la política del Presidente más legitimado de la historia. Se están quedando en las formas cuando no existe ningún DNU que haya sido rechazado en plena vigencia a los dos meses de estar vigente, esto habla de quienes todavía defienden intereses o que protegen sus carreras políticas antes de pensar en el interés de 45 millones de argentinos que están esperando que las cosas empiecen a darse vuelta y empezar a caminar el sendero del crecimiento", sentenció el diputado de La Libertad Avanza.

Además, sostuvo que el kirchnerismo no tiene los números suficientes para poder dar de baja el decreto. "No hay lugar para tibios, cualquier decisión contra el DNU es hacerle juego al kirchnerismo. Y va a queda en claro a qué quiere jugar cada espacio político", afirmó en declaraciones radiales.

"Hay una clara y manifiesta decisión del Poder Ejecutivo de lo que está dispuesto a hacer para sostener el rumbo, no se negocia el objetivo que tenemos déficit cero y estabilidad monetaria. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer en pos del rumbo que nos hemos propuesto", asestó Menem.

Tras el cachetazo propinado por la oposición en el Senado, el pronunciamiento del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, trajo algo de alivio en el gobierno.

Massot aclaró que no va a rechazar el mega DNU de Milei cuando el debate llegue a la Cámara de Diputados. "No voy a rechazar el DNU. Debemos aprobarlo por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente", resaltó en su cuenta de X.

No voy a rechazar el DNU. Debemos tratar su contenido por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente. Como hace… pic.twitter.com/0YRNOPCFJ7

"Como hace tiempo sostengo, creo que la solución es tratar legislativamente de manera inmediata los contenidos del decreto y entonces reemplazarlo por ley antes que derogarlo. Así, entre otras cosas, podremos dejar firme por ley la reforma laboral, que constituye el corazón del decreto y urge para la expansión del empleo entre industriales y emprendedores", completó el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal .

El mensaje de Massot trae alivio no solo por su posicionamiento personal sino porque se interpreta como una línea que podría seguir su bloque, que está integrado por el diputado entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, el cordobés Oscar Agost Carreño, el economista Ricardo López Murphy, el bonaerense Florencio Randazzo y la misionera Florencia Klipawka también podrían inclinarse por validar el DNU.

Sin embargo, no es seguro que en el bloque de Hacemos haya una postura unificada, ya que por ejemplo los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón podrían votar en contra, rememorando una situación similar a la que se vivió en el tratamiento de la ley ómnibus. Lo mismo se espera de la bonaerense Margarita Stolbizer y de los seis diputados de La Coalición Cívica.

De todas formas, en el gobierno, las dudas más grandes giran en torno de lo que harán los cinco diputados de la provincia de Córdoba: Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y Juan Brügge.

La otra bancada que tiene una de las llaves para decidir el futuro del DNU en Diputados es la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el centenario partido se encuentra desgarrado por una interna a carne viva tras la decisión de su titular, Martín Lousteau, de votar en contra del DNU 70/2023 en el Senado.

Los gobernadores de esa fuerza política cuestionaron la decisión del presidente del Comité de la UCR y respaldaron las medidas que impulsa el presidente Javier Milei, llamando al oficialismo a promover el diálogo sin "prolongar la narrativa electoral".

“El reciente posicionamiento de los cuerpos orgánicos partidarios como la Mesa del Comité Nacional y de la Convención Nacional sobre la inconstitucionalidad del DNU y los efectos concretos que produce en la vida de la ciudadanía, constituye una declaración contundente de revalidación de los principios y de la trayectoria institucional y republicana de la Unión Cívica Radical", planteó el comunicado, firmado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) y los jefes de bloque radicales, Eduardo Vischi (Senado) y Rodrigo De Loredo (Diputados).

Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina. pic.twitter.com/ZQKpo4Iwj8

Por su parte, este fin de semana, Lousteau salió a defender su voto en contra del DNU y aseguró que no le "da miedo el gobierno" de Javier Milei -que lo culpabilizó por la derrota en el Senado- sino que le "da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo".

Quien también se expresó sobre el posicionamiento de Lousteau en la votación del Senado que derivó en el rechazo al DNU fue Martín Menem. El titular de la Cámara baja no se guardó críticas: "No me extraña de él. Fue empleado de Cristina Kirchner y llevó al país al borde de una guerra civil en 2009 con la 125. Está pensando en su carrera política y se olvida de la gente que lo votó", indicó.

La relación con Villarruel

Si bien desde el entorno de ambos aseguran que mantienen diálogo fluido, pero formal, la decisión de la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, de incluir el debate del DNU en el temario de la sesión especial en el la Cámara alta el pasado jueves no cayó bien en el Poder Ejecutivo, que buscaba dilatar el tratamiento hasta conquistar los números necesarios para su aprobación. Incluso, derivó en un fuerte comunicado del entorno de Javier Milei.

Frente a las especulaciones de crisis entre el Presidente y la vice, Menem descartó la posibilidad de un enfrentamiento, y atribuyó los rumores al "círculo rojo". "Están a la vuelta esperando que mal le puede pasar al Gobierno para sacar provecho", acusó.

“Creo que son muchas más especulaciones por parte del círculo rojo y de los que están a la vuelta esperando a lo malo que le puede pasar al Gobierno para sacar provecho”, sostuvo el titular de la Cámara baja.

“No hay que darle entidad, creo que se ha hecho un mundo de una situación que es de todos los días. Hay que bajarle el precio a esto”, siguió Menem en declaraciones radiales.

“La política naturalmente genera intercambio de opiniones. Hay consenso en algunas ideas y algún disenso, pero se charla, se discute, se acuerda y se sigue adelante en el marco interno. Me pasa a mí todos los días con diputados de La Libertad Avanza”, aseguró.

El presidente Javier Milei emitió un duro comunicado luego del rechazo del DNU en el Senado y apuntó nuevamente contra “la clase política” y consideró que esa situación es "como un intento de socavar el Pacto de Mayo".

"Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", apuntó el mandatario. Asimismo, remarcó que el voto en el Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó durante la Asamblea Legislativa.

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"Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos", precisó el comunicado de la cuenta oficial Oficina del jefe de Estado.

Y añadió: "El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo".

Además, remarcó que "este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer diez políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial".

"Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas pero que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional", señaló.

Y advirtió: "Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción".

Milei cerró el comunicado con críticas a la oposición al señalar: "Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos".

"En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", precisó.

En una jornada cargada de tensiones, este jueves el Senado de la Nación trató y rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei para reformar el Estado. Ahora, surge el interrogante sobre cuáles serán los próximos pasos tras la votación negativa en el recinto de la Cámara alta.

El mencionado decreto, formalmente titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina" y rubricado por el Presidente el pasado 20 de diciembre, generó un amplio debate al modificar, sustituir o derogar más de cien leyes o decretos, entre ellos destacan la ley de Alquileres, la de Contratos de Trabajo y los aumentos de la medicina prepaga.

Si bien la aprobación del DNU en el Senado hubiera significado su plena vigencia, su rechazo no invalida sus efectos. De acuerdo con la Ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos presidenciales, para que un DNU deje de tener vigencia debe ser rechazado por ambas cámaras legislativas. Por lo tanto, tras el voto negativo en el Senado, la última palabra la tendrá la Cámara de Diputados.

Previo a la votación, desde el Gobierno destacaron que nunca en los 40 años de democracia el Congreso había rechazado un DNU, es decir, que ambas cámaras legislativas votaran en contra para darlo de baja. Además, subrayaron la magnitud de esta medida, que impactaría sobre numerosas leyes de manera simultánea.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son herramientas legislativas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin pasar por el proceso tradicional del Congreso. El proceso se hace solo cuando el Presidente considera que la situación requiere medidas inmediatas para abordar problemas urgentes que no pueden esperar el tiempo que lleva el proceso legislativo regular.

En cuanto al procedimiento, tanto diputados como senadores deben tratar los decretos en su totalidad, sin introducir modificaciones, correcciones o nuevos artículos que no hayan sido incluidos en el texto original. Además, tanto la aprobación como el rechazo deben realizarse con la mayoría de cada recinto.

Ahora, tras el rechazo del Senado, la última palabra la tendrá Diputados. Históricamente, entre 1983 y 2018, solo hubo dos casos de rechazo de un DNU por la Cámara baja, y en ambas ocasiones se trató de decretos dictados durante el gobierno de Cristina Kirchner relacionados con la deuda pública. Por su parte, el Senado nunca había rechazado un DNU, por lo que desde el año 2006 ningún decreto fue derogado por la intervención del Congreso.

El DNU de Milei entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023, ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial el 21 de diciembre. Desde entonces, se han presentado varios amparos en la Justicia cuestionando su constitucionalidad, debido a la amplia gama de temas que aborda.

El primero fue impulsado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, alegando ilegalidad y arbitrariedad; sin embargo, fue rechazado por falta de pruebas contundentes.

El segundo amparo fue promovido por la CGT y logró dejar sin efecto ciertos artículos referentes a una reforma laboral, argumentando que el Congreso estaba en funcionamiento y que la urgencia de la reforma no estaba justificada en el contexto económico descrito en el decreto.

Asimismo, esta semana, se la Justicia Federal hizo lugar al primer amparo colectivo contra el DNU, obligando a retrotraer aumentos en las prepagas.

También se han suspendido disposiciones que afectaban a entidades deportivas, evidenciando la controversia en torno a la constitucionalidad y aplicación de esta norma.