Luciano Andreychuk

Fracasó otra vez una nueva audiencia paritaria entre Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte nucleados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap). Con todo, el sindicato de choferes anunció que quedó ratificado el paro de colectivos para este miércoles 13 y el jueves 14 de marzo, tal como había adelantado este medio.

La medida afectará a todas las líneas urbanas e interurbanas del interior del país. “Si no hay acuerdo (en esa nueva reunión) se parará miércoles y jueves”, había adelantado a El Litoral Marcelo Gariboldi, secretario general de la UTA Seccional Santa Fe.

Evidentemente, nada cambió y no hubo acuerdo por la recomposición salarial que reclama el sindicato de los choferes. Esto desembocará una vez más en que no haya servicio de colectivos, un servicio clave para la ciudadanía.

De acuerdo al acta de esta última y trunca audiencia paritaria, a la que accedió este medio, participaron por el Ministerio de Capital Humano, Guido Arocco, secretario de Conciliación; por la parte sindical, en representación de la UTA, Roberto Fernández; y por la parte empresarial (empleadora), el presidente de la Fatap, Gerardo Ingaramo.

Desde la Fatap se manifestó que se ha realizado “un detallado análisis de la situación actual en cada jurisdicción, ponderando los ingresos previstos para el sector en materia de tarifas y asistencias locales, provinciales y municipales, dado que la Nación ha expresado reiteradamente que no generará aporte alguno para la actividad, a pesar de que se encuentra vigente el Presupuesto del año 2023 que contemplaba las partidas para el Fondo Compensador al Transporte del Interior”.

El resultado de esto arroja para los empresarios que “sólo son paliativos para afrontar los costos vigentes al cierre del año anterior, sin que estén previstos los mayores costos derivados de un eventual acuerdo paritario e incrementos de los costos de combustible y mantenimiento”.

Así, “el principal aporte que las empresas de transporte urbano de pasajeros del interior del país puede efectuar hoy a la actividad es la continuidad de los servicios sin afectar a nuestro personal, manteniendo los puestos de trabajo, a pesar de que las empresas continúan descapitalizándose y endeudándose, comprometiendo severamente su sustentabilidad económico financiera”.

En limpio: dada la crisis en la matriz de costos del sistema de transporte por colectivos, los empresarios no pueden afrontar las recomposiciones salariales solicitadas. Ante esto, la UTA cuestionó a la parte empleadora por su negativa a formular propuesta "o aceptar la pretensión del sector, so pretexto de cuestiones financieras que nos son ajenas”.

“El salario no es un costo, por lo tanto no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria", dijeron los referentes gremiales, al tiempo que exigieron “alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión salarial. Sin embargo, el tiempo continuó pasando en detrimento de nuestras necesidades”.

Con ello, desde la UTA ratificaron las medidas de acción gremial resueltas: paro de 48 horas en el interior del país, durante los días miércoles 13 y jueves 14 de marzo, al tiempo que de no tener una respuesta adecuada a la pretensión sindical, “las medidas continuarán profundizándose hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.

Se hará una nueva audiencia paritaria virtual el 19 de marzo a las 15 horas.

Pasaron tres meses de un crudo conflicto en la ciudad de Las Rosas –departamento Belgrano–. En el medio hubo medidas de fuerza de empleados municipales que incluyeron bloqueos de maquinarias que impedían el desarrollo de los servicios. También existieron denuncias y hasta enfrentamientos entre manifestantes y la policía que irrumpieron la calma de una localidad de unos 15.000 habitantes. Pero un fallo judicial y la intervención del gobierno provincial le devolvieron la normalidad a la comunidad.

Finalmente llegó la calma y Las Rosas parece que comienza a regresar a la normalidad. Fueron 90 días conflictivos con un Municipio “bloqueado”, sin el normal funcionamiento de servicios básicos y con privados dando una mano. “La ciudad está muy comprometida. Productores y empresarios nos han facilitado herramienta a lo largo de todo este tiempo. Si bien no era la adecuada, nos ayudó a mantener los servicios básicos durante tres meses. Imagínense, cuando se habla de un paro, las prestaciones básicas se tienen que cumplir. Acá eso no ocurría. La situación era grave porque se estaba poniendo a una comunidad en emergencia sanitaria”, contó el intendente de localidad, Javier Meyer, en diálogo con este medio.

Desde fines del mes de julio, y tras una audiencia en los Tribunales de Cañada de Gómez donde participaron el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el secretario de Justicia, Eduardo Massot, la jueza Marisol Usandizaga dictaminó el cese del estado antijurídico, fallo mediante el cual quedó garantizada la libre circulación de la maquinaria y el libre trabajo de los empleados municipales. “Hoy estamos trabajando normalmente, como debería haber sido siempre. No es que se terminó el conflicto. Lo que sucede es que el trabajador que quiera reclamar algo y considera que está a derecho de reclamar lo puede hacer sin impedirle nada al resto”, destacó el jefe del Ejecutivo rosense.

Con el regreso a normalidad, al menos desde las actividades laborales de los municipales y la prestación de los servicios, la intendencia comenzó a acordar arreglos de manera particular. “Con los empleados que están retomando sus actividades hicimos diferentes convenios. Es sacarlos de una situación complicada porque fueron tres meses donde la economía de muchos trabajadores empezó a deteriorarse”, contó Meyer.

A fines de abril, y ante una medida de fuerza impulsada por empleados municipales en reclamo de una actualización de las Asignaciones Familiares, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, tomó la decisión de descontar los días de paro realizados. A partir de allí, todo fue un caos. Durante tres meses que duró el conflicto hubo bloqueo de maquinarias, falta de servicios en la ciudad, manifestaciones, cortes de puntos estratégicos en la localidad y hasta enfrentamientos con la policía.

“Los municipios o cualquier empleador no tienen por qué financiar una medida de fuerza porque lo estamos haciendo con el dinero de la gente. Si hay un paro provincial, están totalmente a derecho de hacer el paro, de parar, de cesar actividad, de no presentarse al lugar del trabajo, pero está bajo la responsabilidad de cada uno. Después, uno está facultado a no pagar esos días”, se plantó Meyer al recordar lo ocurrido.

En la misma línea, el intendente apuntó contra un grupo del plantel de empleados que, a su consideración, fueron los impulsores de la medida. “En ese momento pararon setenta empleados y el resto de la planta, que eran unos ciento cincuenta, no lo hizo. Entones, el que vino a trabajar cobró y el que no asistió obviamente no cobró”, sentenció.