La Justicia Federal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reanudar de manera inmediata las tareas de mantenimiento sobre la avenida de Circunvalación de Rosario, más conocida como Ruta Nacional A008. La medida surge a partir de una presentación judicial que reclamó por el visible estado de deterioro en el que se encuentra esta arteria clave para la movilidad urbana y el transporte regional.

La resolución fue firmada por la jueza Sylvia Aramberri, quien dio lugar a una medida cautelar que obliga a la DNV a realizar de forma urgente tareas de bacheo, desmalezamiento, reposición de señalética y reparación del sistema de iluminación en toda la traza.

En base a los datos oficiales a los que accedió El Litoral, se verificó que gran parte del trayecto presenta pastizales que impiden la correcta visibilidad, luminarias fuera de servicio, cartelería ilegible y pavimento dañado, lo que incrementa considerablemente el riesgo de siniestros viales.

La Justicia dio un plazo de diez días para que el organismo nacional informe con precisión sobre el cumplimiento de las tareas exigidas

La acción judicial fue impulsada por el senador provincial Ciro Seisas, quien consideró que el abandono del mantenimiento vulnera derechos fundamentales como el libre tránsito y la integridad física de quienes circulan por la zona. “No se puede naturalizar que una vía nacional esté en estas condiciones”, argumentó el legislador.

La Justicia dio un plazo de diez días para que el organismo nacional informe con precisión sobre el cumplimiento de las tareas exigidas, y detalló que la respuesta deberá incluir evidencias claras de los avances realizados en cada uno de los frentes de obra indicados.

La situación crítica de la Circunvalación se vuelve especialmente delicada en el contexto actual, donde el tránsito de camiones se incrementa por el inicio de la cosecha gruesa. Esto eleva aún más la peligrosidad en un corredor logístico de vital importancia para Rosario y toda la región.

La Justicia dio un plazo de diez días para que el organismo nacional informe con precisión sobre el cumplimiento de las tareas exigidas.

El municipio rosarino se mostró dispuesto en reiteradas oportunidades a asumir el mantenimiento si se le otorgaba la autorización correspondiente.

La orden judicial representa un antecedente relevante en términos de exigencia hacia los organismos nacionales responsables de garantizar la seguridad vial. Marca un límite frente a la desidia y una señal clara de que la falta de acción puede tener consecuencias institucionales.

La falta de mantenimiento en la Circunvalación no es un caso aislado. Se inscribe en una problemática más amplia que afecta a numerosas rutas nacionales.

Especialistas en seguridad vial han advertido en reiteradas oportunidades sobre los riesgos de circular por corredores mal señalizados y con deficiencias estructurales.

En un accionar conjunto con otros seis diputados, Silvia Malfesi se apersonó este jueves 19 de septiembre en Tribunales donde presentó una demanda que busca impugnar la votación y se solicita una cautelar que deje en suspenso la aplicación de la ley hasta la resolución del apartado judicial.

La semana pasada, “la provincia fue testigo de una de las sesiones más escandalosas jamás vividas en la Legislatura santafesina. A las apuradas, pasando por encima a los opositores y violando reiteradamente el reglamento interno de sesiones, el oficialismo socialista logró la sanción de la controvertida ley de Reforma de la Caja Jubilatoria provincial”, argumentó la legisladora.

Entre los legisladores que más objetaron la validez de la votación, resalta la libertaria Silvia Malfesi, quien señaló el “grave vicio procedimental” que se estaba padeciendo y catalogó de “atropello” el accionar del oficialismo.

La diputada cargó duramente contra sus pares de Unidos, a los que solicitó que se saquen los “trajes de payaso” y acusó de “burlarse de todo el pueblo trabajador”. Además, pidió que se “cambie el sistema” y se evolucionase a un esquema de seguro “muy distinto”, donde no sea necesaria la intervención del Estado.

Cuando se le preguntó al respecto de la sesión, Malfesi fue tajante: “Lo que pasó fue un verdadero atropello al resto de los diputados de gran gravedad institucional. Como legisladores respetuosos del derecho ejerceremos las acciones pertinentes para la declaración de nulidad de todo lo actuado”.

La Justicia de la provincia de Chaco tomó una medida cautelar provisional al suspender las multas generadas por los radares, a raíz de una presentación realizada por un ciudadano local.

El Juzgado Civil y Comercial N° 2, a cargo del juez Julián Benito Flores, ordenó la suspensión del cobro de las fotomultas emitidas desde el año 2022, en espera de resolver la acción de amparo presentada.

Aunque esta decisión es temporal y sujeta a la resolución del amparo, generó confusión entre los conductores, quienes se enteraron a través de una página viral en una red social.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo recibió numerosas consultas y reclamos sobre las fotomultas, recomendando a los supuestos infractores no abonarlas hasta aclarar el funcionamiento del sistema.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de señalización clara y la ausencia de comunicación de las infracciones, lo que afecta el derecho de defensa de los conductores. En respuesta, se presentaron dos proyectos de ley en la Legislatura chaqueña: uno para dejar sin efecto las infracciones de estas características durante 180 días y otro para suspender el sistema de fotomultas y el cobro de las infracciones de tránsito en la provincia.

Una disposición del Ministerio de Economía estableció que un grupo de empresas de medicina prepaga a nivel nacional "que representan al 75 % de afiliados" deberán retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 y aplicar el ajuste por índice de Precios del Consumidor. "Deberán aplicar como máximo este índice para ajustar las cuotas por los próximos seis meses", informó el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles.

"Este es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización", abundó el portavoz presidencial.

La novedad se conoció luego del fuerte debate por los aumentos registrados en este servicio de salud desde diciembre del año pasado, luego de dictarse el DNU de desregulación de la economía del gobierno nacional. En los últimos días el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre los fuertes incrementos en las cuotas, situación que -advirtió el funcionario- ponía en jaque sobre todo a la clase media. Y a la vez llamó la atención sobre una posible "cartelización" de la medicina prepaga, es decir, un acuerdo entre las empresas para aplicar esas subas que ya promedian el 165 % en lo que va del año.

"El gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre", declaró Adorni.

En esa misma línea, anticipó que la Superintendencia de Salud presentó, en su carácter de organismo fiscalizador, una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que representan al 90 % de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha.

El ministro de Economía, Luis Caputo ya había advertido que era un atropello el tema de aumentos. Crédito: Xinhua.

"La Superintendencia no controla más los precios, pero busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos", cerró el vocero.

Consultado sobre el rol que tuvo en el aumento de las cuotas de la medicina prepaga el DNU 70/23, una de las primeras medidas que anunció el Presidente en diciembre, Adorni evaluó que el decreto "no invita a cometer ilegalidades, sino a actuar en libertad".

Una pregunta que queda por responder es qué ocurrirá con los afiliados que dieron de baja su prepaga ante el aumento de los costos. En el caso de las personas mayores que ya no son aceptadas por el sistema privado de salud, ¿se las volverá a admitir? Son cuestiones que solo con este anuncio no terminan de quedar resueltas.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 46 años cuyas iniciales son FDD al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en una casa de Rufino. La cautelar fue ordenada por la jueza Lorena Garini en una audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales rufinenses. La prisiòn preventiva había sido solicitada por el fiscal Mauro Menéndez, quien destacó que “la magistrada consideró que, para la instancia procesal en la que estamos, está acreditada la materialidad del hecho y la autoría del ilícito por parte del imputado”.

“Tal como lo planteamos, la jueza también entendió que los riesgos procesales estaban latentes”, sostuvo Menéndez. “Consideró que existían posibilidades de que el imputado entorpezca la investigación y también tuvo en cuenta que la víctima y los testigos puedan declarar en la investigación libres de presiones”, agregó.

El hecho ilícito fue minutos antes de las 16:00 del jueves pasado en calle Ferrari al 1.200. Menéndez indicó que “con el fin de quitarle la vida, el imputado atacó a otro hombre con un cuchillo”, y precisó que “la agresión tuvo lugar en la vivienda de la víctima”.

“La persona apuñalada sufrió tres heridas corto punzantes: una en la axila izquierda, otra en el tórax, cerca del cuello, y la tercera, en el abdomen”, detalló el fiscal y aclaró que “logró sobrevivir gracias a la pronta y efectiva atención médica que recibió”. En tanto, informó que “fue intervenido quirúrgicamente y continúa hospitalizado”.

Menéndez expuso que “una vecina de la víctima advirtió la situación violenta y convocó a la policía”. Al respecto, afirmó que “cuando llegaron los uniformados, el hombre de iniciales FDD estaba en la puerta de la casa en la que cometió el ilícito, con las manos y el rostro manchados con sangre”.

“El imputado fue detenido inmediatamente y, en el marco del procedimiento, se le secuestró un cuchillo que tenía en el bolsillo de su pantalón”, concluyó el fiscal.

Por César Rodríguez

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló públicamente por primera vez tras la cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspende la reforma laboral incluida en el DNU 70, manifestando cierto optimismo a futuro.

Milei afirmó este jueves que su gobierno trabaja "a brazo partido para evitar la crisis" y aseguró que "no hacer nada, o seguir haciendo lo mismo" que las administraciones anteriores, iba "a ser infinitamente peor" para la Argentina.

"Estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis, salir adelante y que cada esfuerzo valga la pena. No hacer nada o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor. No quiero una Argentina con 98 por ciento de pobres y la mitad de indigentes", afirmó Milei en declaraciones radiales

Antes de comenzar su reunión de gabinete, el mandatario aseguró que "dos tercios de las mejoras" que impulsó desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre pasado "se van a ver en 15 años" y sostuvo que el objetivo de esas decisiones es tener "un ingreso per cápita 10 veces más alto" y ser de "los países más ricos del mundo".

"Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante", afirmó al ser consultado sobre un posible rechazo del Congreso a la llamada ley ómnibus y los recursos de amparo presentados en el Poder Judicial contra el DNU de desregulación de la economía.

Milei, en tanto, justificó su intervención en una encuesta en la plataforma X (ex Twitter) en la que elogió al exarquero del seleccionado argentino Ubaldo "Pato" Fillol.

"El otro día, cuando hacen esa encuesta, yo voté y generé una revolución", comentó Milei.

Si hablamos de históricos, ¿cuál arquero argentino no podría faltar en esta imagen? 🇦🇷 🧤 pic.twitter.com/ShQQdKmYE5

El jefe de Estado agregó después de trabajar "cerca de 14 horas", en "algún momento" busca hacer algo que lo "distienda para poder trabajar con más fuerza".

"Cuando estás haciendo una actividad y te sobre cargás, tus rendimientos marginales son decrecientes y empezás a rendir menos. Tengo un conjunto de espacios, como un momento de 11 a 12 horas, donde tengo reuniones que me permiten pensar afuera de la caja. Pienso otras cosas que me sacan de la rutina y entonces cuando vuelvo a trabajar lo hago con mucha más productividad", reveló.

Sobre el "Pato" Fillol contó que lo conoció personalmente y que lo admira "desde chiquito": "La primera vez que lo vi atajar fue en el mundial 78 en televisor en blanco y negro y veía la repetición en cine en color. Siempre seguí su carrera", indicó.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, entró en vigencia sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares que lo suspendan, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había hasta este jueves al mediodía al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la justicia del Trabajo, según un relevamiento hecho por Télam.

El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entrará en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque "al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Por su parte, la CGT apeló la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó ayer el dictado de una medida cautelar "interina" que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia. El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que "se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos", según el texto al que tuvo acceso Télam.

Con esta presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.

"Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible", argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de "no innovar" y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.

Ramonet concedió la apelación ante "la innegable trascendencia de la presente causa" y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas hoy que "no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere" por lo cual habilitó "días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial", si alguna de las partes lo requiere.

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.

Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que al presentar ayer el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó "una cláusula de ratificación" del DNU, algo que implica el "reconocimiento" por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.

En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada otras dos demandas contra el DNU, uno del CELS y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque "se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales".

En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe "sobre la existencia de otro proceso colectivo".

Stein reclamó que revoque esa decisión y "se ordene en forma urgente la suspensión". El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.

Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU al argumentar que "solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa".

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, dijo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei que reforma y deroga más de 300 leyes "no sortea al Congreso" y que, por el contrario, lo puso a trabajar.

"Dicen que este decreto sortea al Congreso, y no es así. De hecho, está provocando la tarea en el Congreso", aseguró Barra en declaraciones al canal Senado TV de la Cámara alta.

El exministro de Justicia del Gobierno de Carlos Menem y exjuez de la Corte Suprema afirmó que "hay dos proyectos de ley que ratifican al decreto: uno presentado por el bloque radical (del Senado) y otro es la ley ómnibus que ingresó a Diputados enviada por el Gobierno".

"Lo bueno de esta última ley es que está ya considerada y numerada dentro de las cuestiones que se pueden tratar en sesiones extraordinarias. La ratificación del decreto la puede tratar el Congreso ahora mismo", aseveró el Procurador en referencia al artículo de la ley enviada a Diputados por el Ejecutivo.

Barra agregó que "el decreto lo que hizo fue acelerar esa discusión, pero de ninguna manera evita la decisión e intervención de los legisladores". Además, arriesgó que "los jueces probablemente digan que esto está en discusión en el Congreso y van a esperar a que el Congreso decida".

"De lo contrario, la decisión de los jueces significaría una interferencia en el trámite parlamentario", pronosticó. Barra también recordó que el decreto "estará vigente a partir de la cero hora del sábado" y advirtió: "Hay que cumplirlo como se cumple cualquier ley". No obstante, añadió que "el Congreso está en plena libertad de tratar desde el 1 de marzo un proyecto de ley que deroga o modifica algún artículo del decreto".

Respecto de la declaración de emergencia a la que se refiere el proyecto de ley ingresado el miércoles a Diputados, Barra enfatizó que "la emergencia justifica que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas de excepción o que el Congreso legisle con medidas de excepción".

"Es una situación de relativizar, no la anulación, las circunstancias de los derechos constitucionales. La Constitución lo menciona en su artículo 76 para solucionar situaciones que provocan crisis en el país", destacó Barra.

En la localidad de Chovet, la vecina María Sepúlveda, una jubilada de 77 años de edad, promovió una demanda de consumo y medida cautelar contra el Nuevo Banco de Santa Fe ante un presunto caso de “phishing” y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2° Nominación, al cabo de su tarea investigativa, concedió la medida cautelar solicitada por considerar que existían elementos que respaldaban la verosimilitud del derecho de la demandante y que podría sufrir un perjuicio irreparable si no se le otorgaba.

Cabe acotar que la palabra phishing quiere decir suplantación de identidad. Es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esas personas. Los ardides son numerosos, y uno de ellos es el envío de correos electrónicos falsos como anzuelo para “pescar” contraseñas y datos personales valiosos.

José María Cónzoli, abogado y referente de la UCU venadense.

En este nuevo caso perpetrado en la región, la denunciante, sin conocimientos de computación, contó que sus hijas descubrieron en mayo de 2022 que le estaban descontando unos $6.600 cada mes por un crédito de $100.000 obtenido -en octubre de 2021- por terceros s su nombre y que había presentado reclamos ante la entidad crediticia y la Oficina de Defensa del Consumidor sin obtener respuesta.

En consecuencia, con el patrocinio del abogado José María Conzoli, referente venadense de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCU), solicitó la anulación de la operación, el pago de daños y perjuicios, y una medida cautelar para suspender el cobro del crédito y evitar futuros descuentos.

Por su parte, el banco se opuso a la medida cautelar, alegando que la demandante gestionó el crédito a través de un cajero automático utilizando su tarjeta de débito y sus códigos personales.

Pero el juez consideró que, en casos de medidas cautelares, es posible solicitar la suspensión de acciones mientras se investiga el caso, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

Asimismo, se menciona que la demandante es una consumidora vulnerable y que la crisis causada por la pandemia de Covid-19 exacerbó la vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad. Y dentro de ese sector de sujetos vulnerables que requieren protección se encuentran los consumidores o usuarios, los que resultan ser sujetos pasibles de aprovechamientos y/o estafas, como en la presente causa. También se hace referencia a la normativa de protección al consumidor y a las medidas establecidas por el Banco Central de la República Argentina para evitar situaciones de este tipo.

El juez concluye en su resolución que existen elementos que respaldan la verosimilitud del derecho invocado por la demandante, como la supuesta estafa de phishing y la posible responsabilidad del banco por no garantizar la seguridad de sus servicios. Y se considera que la demandante podría sufrir un perjuicio irreparable si no se dicta la medida cautelar. Por lo tanto, se ordena la suspensión del cobro del crédito y se establece que el banco debe abstenerse de realizar descuentos en la cuenta de la demandante hasta que se resuelva el caso.

Nueva medida cautelar del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

Este miércoles 16 de febrero ingresó por la mesa de entrada digital del Juzgado Federal de Venado Tuerto, una acción de amparo contra una empresa de medicina prepaga, a  fin de que se ordene a la misma proveer la inmediata e íntegra cobertura del traslado de un paciente con discapacidad, en ambulancia de alta complejidad, desde el Sanatorio San Martín hacia al Sanatorio Parque de Rosario, con carácter de urgente, como así también la internación en Unidad de Cuidados Intensivos de dicho centro médico.

Luego de la reiterada negativa de la prepaga a hacerse cargos de sus obligaciones, la acción de amparo ante el organismo a cargo del juez federal Aurelio Cuello Murúa y pro-secretaría de Analía Dalmaso, junto con el pedido de traslado de los médicos especialistas, fue presentada con el patrocinio de los abogados María Carolina Regis y Matías Sbrizzi, por los familiares de un joven de 19 años, con discapacidad, quien padece “hidrocéfalo congénito, trastornos mixtos de la conducta y de las emociones, estrabismo concomitante divergente, retraso mental no especificado y otros trastornos especificados del encéfalo”.

A la par de las mencionadas patologías de base, el magistrado se encontró con una situación aún más apremiante, dado que el paciente, según consta en el expediente, venía de cursar “26 días de internación en terapia intensiva por cuadro IRA secundario a neumonía por Covid sin respuesta a ventilación no invasiva (Helmet), por lo que se vincula a ARM Alta Epidemiológica”.

En consecuencia, dado el agravamiento del cuadro clínico, consideraron los médicos tratantes la necesidad del traslado (en ambulancia de alta complejidad, tipo de unidad con camilla, con médico y enfermero, oxígeno y bomba de infusión) a un nosocomio de mayor complejidad, “por falta de rehabilitación en paciente con AMR, traqueostomizado con weaning prolongado secuelar neurológico”.

En este delicado contexto, a las 16 horas del mismo 16 de febrero, el tribunal dio trámite al reclamo judicial ingresado 25 minutos antes, y poco después de las 18, luego de las medidas de oficio gestionadas por el propio juzgado de calle Chacabuco (verificación de disponibilidad de cama adecuada a las necesidades del beneficiario de la acción), se publicó y notificó la resolución, que dispuso habilitar días y horas para el trámite, resolución y notificación, así como para su cumplimiento, y se ordenó “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenar a la empresa de medicina prepaga la cobertura inmediata e integral (100%) del traslado del paciente en ambulancia de alta complejidad” rumbo al citado sanatorio rosarino, con carácter de “urgente”, como así también “la internación en el nosocomio de destino, en Unidad de Cuidados Intensivos y/o en los sectores que correspondan de acuerdo a la evolución del estado de salud del paciente y/o prescripción médica, todo de conformidad con lo indicado por la orden de traslado”.

Así, este jueves 17 de febrero, luego de que el tribunal requiriera a las partes que informaran el cumplimiento de la manda judicial dictada un día antes, y habiendo intimado a la demandada al efectivo cumplimiento de la medida cautelar en el plazo de cuatro horas (bajo apercibimiento de aplicar una cuantiosa suma de dinero en concepto de sanciones conminatorias), en las últimas horas de la tarde se efectuó el traslado del paciente en una unidad de alta complejidad, con la posterior internación en terapia intensiva del Sanatorio Parque de la Ciudad de Rosario.

Tras hacer referencia a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual “la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas”, el juez federal Cuello Murúa argumenta en la medida cautelar: “No debe olvidarse que la finalidad de las medidas cautelares como la solicitada en los presentes radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, por lo que no puede soslayarse la gravedad del cuadro de salud que presenta el actor ni los daños irreparables que se producirían de mantenerse la situación de hecho existente hasta el dictado de la sentencia”.

Y amplía: “Se ha sostenido que cuando está en juego la vida y la salud de la persona, no hay justificación suficiente para dilaciones, salvo que se acreditare científicamente o técnicamente su inconveniencia, lo que no consta documentadamente haya acontecido en el caso en estudio. Es por todo ello que el requisito de peligro en la demora se encuentra comprobado”.

María Carolina Regis, abogada de la familia del joven paciente.

Al borde de la desesperación, los familiares del joven en estado crítico acudieron al estudio jurídico de María Carolina Sbrizzi y Matías Sbrizzi -el mismo que actuó en el caso de Helena Álvarez, la niña con AME-, dado que no podían seguir demorando su traslado desde Venado Tuerto al Sanatorio Parque de Rosario, y decidieron apelar a la vía judicial. Según aseguró Regis, “mientras el joven corría riesgo de muerte, sus padres se sentían rehenes de la prepaga, que le solicitaba cada vez más documentación y sobre la marcha le iban cambiando los requisitos de los pedidos médicos para el traslado en la ambulancia de alta complejidad con control de médico terapista”.

“Ante semejantes acontecimientos, debimos actuar de inmediato, trabajando en equipo en el Estudio, y todos dedicados con exclusividad al amparo que debíamos presentar en tiempo récord de preparación y de reunir la documental”, precisó. “Y siempre con la premisa que nos guía en estos casos, y es que ningún dolor se siente más que el propio, y seguramente nada dura el dolor ajeno en la mente de quien no lo padece”, agregó.

“Fue en cuestión de horas que el juez (Cuello Murúa) habilitó día y horas inhábiles y resolvió la medida cautelar urgente ordenando la cobertura inmediata e integral (100%) del traslado del paciente con la ambulancia de alta complejidad pedida con destino al Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario con carácter de urgente, como así también la internación en el nosocomio de destino, en Unidad de Cuidados Intensivos y/o en los sectores que correspondan de acuerdo a la evolución del estado de salud del paciente y/o prescripción médica, todo de conformidad con lo indicado por la orden de traslado”.

“Sin embargo -relató la abogada-, pasaban las horas y no había novedades de que arribara la ambulancia de alta complejidad, y tampoco sabíamos si ya estaba el médico terapista. Pero teníamos la tranquilidad de que en Rosario lo estaban esperando al paciente y estábamos en continuo contacto con el sector correspondiente del Sanatorio Parque”.

“Tuvimos que denunciar el incumplimiento y el juez intimó a la prepaga con una multa considerable diaria (denominada ‘astreintes’) si no cumplían con lo ordenado en la sentencia. Horas más tarde, llegó la tranquilidad para la familia del paciente. La ambulancia vino desde Rosario a buscarlo y el jueves a la noche ya estaba en Rosario, donde lo recibieron y comenzaron a atenderlo rápidamente”, detalló.

“Ahora el juicio seguirá el curso habitual de un amparo, pero estamos muy contentos de haber podido acompañar a la familia y rápidamente poder ayudarlos con lo que su hijo necesitaba de manera urgente. El servicio de la justicia ha sido eficaz y han actuado también con celeridad, quedando una guardia activa en todas las horas inhábiles del miércoles y jueves. Ahora hace un seguimiento exhaustivo del estado de salud del joven paciente”, ilustró Carolina Regis.

“También debo destacar que el colega, el abogado de la prepaga, también ha sido predispuesto en la causa y ha colaborado en que toda la diligencia fuera lo más rápido posible. Es fundamental para nosotros, como abogados, sobre todo los que nos dedicamos a la Salud, poder tener un diálogo inmediato y sincero entre colegas. Por eso creo que esta actitud merece ser destacada”, completó la especialista.

A través de redes sociales, desde la cuenta El diario de Helena, esta tarde los familiares de la niña que padece Atrofia Muscular Espinal (AME 1), y que lograron que el Juzgado Federal de Venado Tuerto hiciera lugar a una medida cautelar para que entre la empresa de medicina prepaga y el Estado nacional, en su condición de garante, deban proporcionarle de inmediato la terapia génica de nombre Zolgensma, informaron que, antes de Navidad, la niña de 17  meses, ahora residente en María Teresa, será infusionada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“Gracias a ustedes, que me acompañaron a difundir mi historia desde el comienzo, pidieron por mí, estuvieron con nosotros y nos apoyaron”, destacan, agradecidos, María Emilia Vivone y los suyos, señalando que nunca dejaron de buscar la forma de que Helena pueda recibir su tratamiento, tanto es así que incluso averiguaron en Francia por un estudio en el cual reclutaron chicos en su misma condición.

Aunque no brindan mayores precisiones por la reserva que debe imperar en estas circunstancias, revelan que a la niña, tal como lo adelantó a Sur24 la abogada María Carolina Regis en la edición impresa del lunes 6 del corriente (publicada ese mismo día en la web) desde que salió de alta de su última aplicación de Spinraza, le continuaron haciendo controles y chequeos para verificar si su cuerpo seguía en condiciones de recibir el Zolgensma (NdR: su costo en el mercado supera los dos millones de dólares). Y ahora, gracias a su buen estado general de salud, y a su familia que tanto la cuida, “como en una cajita de cristal”, ocurrió el milagro que tanto esperaban:

“El juicio iniciado con una resolución a mi favor, y otras circunstancias que aún no me permiten contarles… han provocado un milagro de Navidad”, manifiestan con entusiasmo en el Diario de Helena, siempre bajo un lógico hermetismo, aunque en principio llama la atención que las demandadas (prepaga y Estado nacional), si fueran ellas las que se hicieron cargo del tratamiento, no hayan divulgado en el acto su cumplimiento en tiempo y forma de una orden judicial tan resonante.

“Por eso les vengo a contar que recibiré mi regalo antes de lo imaginado si sigo cuidándome y manteniendo mi salud. Pero conseguiría inmediatamente mi Zolgensma, con un seguimiento más estricto de la evolución y esto me asegura terminar el año realmente celebrando”, concluye el alentador mensaje que seguramente agregará más detalles en los próximos días, pero al menos confirma esperanzadoras novedades para Helena, la familia Álvarez Vivone y todo el sur santafesino.