Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de agosto, con una suba promedio que está en línea con el dato de inflación difundido por el INDEC.

Pero otra novedad llega en agosto más allá de los aumentos: el gobierno nacional puso en marcha una web donde se publicarán los valores de los distintos planes de las prepagas y obras sociales de todo el país.

La herramienta de la Superintendencia de Servicios de Salud se funda en la Resolución 645/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de mayo.

De acuerdo a esta normativa, las empresas de medicina privada deberán informar los valores de sus planes dentro de los cinco días posteriores a la publicación del índice de inflación para que sean visibilizados online.

Estos deben ser subidos a una página oficial de la SSS, de manera que los valores de los planes sean visibles y así los usuarios puedan chequearlos.

La información publicada incluye los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país, lo que permite a los usuarios realizar una comparación entre coberturas y prestadores.

"De este modo, los usuarios pueden evaluar alternativas reales y tomar decisiones informadas. Más información es más transparencia, y más transparencia es más libertad", informó la cartera.

Los incrementos se ubicarán en sintonía con el 1,6% de junio y algunos la superarán, luego de los aumentos aplicados entre el cuarto y el sexto mes del año, que duplicaron y hasta triplicaron el porcentaje actual de las prepagas.

Swiss Medical: entre 1,3% y 1,9%.

Hospital Italiano: 1,6%.

OSDE: 1,93%.

Galeno: 1,95%.

Sancor: 1,6%.

Cabe recordar que en el Índice de Precios al Consumidor de junio, el sector de salud fue el quinto rubro que registró mayor incremento, con una suba de 2,2%.

Por Azul Cibils

A un día de que se conozca el dato de inflación de junio, algunas prepagas ya anunciaron la próxima suba. Comúnmente se estila esperar a la cifra inflacionaria para informar a sus afiliados el aumento, como ocurrió el mes pasado, pero esta vez cinco empresas grandes confirmaron los incrementos de sus tarifas para agosto.

En todos los casos excepto el de Galeno, estas subas son inferiores a los ajustes de julio. En tres de ellos, los índices son casi equivalentes a la inflación de Ciudad de Buenos Aires durante junio, que se anunció el último lunes y fue del 4,8%. Medicus anunció una suba del 4,96 %; Swiss Medical, del 4,9 %; Accord Salud, del 4,95 %; Omint, 6,9 % y Galeno, 7,8 %.

Después del acuerdo del 27 de mayo, en el cual las prepagas accedieron a la demanda del Gobierno de devolver los excesos tarifarios cobrados por encima de la inflación entre enero y mayo, el mercado de la medicina prepaga ha quedado desregulado a partir del mes de julio. Esto implica que las compañías no están obligadas a regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para establecer sus precios. El sector suele argumentar que la inflación de la salud siempre es superior al resto de la economía.

Las prepagas justificaron las subas por “costos de infraestructura” (Accord), “aumentos de los insumos importados” (Omint) y “retraso en el ajuste” (Galeno). Sin embargo, como es costumbre, dejaron claro que tienen a disposición planes alternativos para quienes no puedan afrontar los nuevos costos, como por ejemplo los planes con copagos, que tienen la misma cartilla y cobertura pero con cuotas casi 20% más baratas. Los copagos y coseguros de las obras sociales también fueron liberados por el Gobierno el mes pasado.

Los planes con copagos permiten al afiliado pagar menos en caso de no utilizarse el servicio, pero deberán abonar una tarifa extra en caso de necesitar acceder a determinadas prestaciones.

Las empresas de medicina prepaga presentaron este lunes una propuesta para devolver en 12 cuotas el dinero cobrado por encima de la inflación a sus afiliados desde diciembre pasado. La propuesta fue hecha en una audiencia convocada por la Justicia, con la participación del Gobierno.

Además de la devolución en cuotas, las empresas solicitaron dar de baja la investigación por cartelización iniciada por la Secretaría de Comercio y liberar los precios del sector a partir de octubre.

Las grandes empresas de medicina prepaga sugirieron que la devolución se realice en 12 cuotas ajustadas por el "Índice de Costos de Salud", aprobado por la Resolución 1293/2022 del Ministerio de Salud, junto con el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El tope previsto sería el 90% del RIPTE, y el valor correspondiente a seis salarios mínimos, vitales y móviles, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud.

Las prepagas también propusieron un mecanismo de indexación para los próximos meses, sugiriendo que la cuota de junio se ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que las cuotas de julio a septiembre se ajusten al 95% de ese índice. Así, por ejemplo, si la inflación de un mes es del 10%, las cuotas aumentarían un 9,5%.

Por otro lado, las empresas buscan que, a partir de octubre, el Gobierno vuelva a liberar los precios del sector, según el decreto emitido a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno, sin embargo, aclararon que las prepagas aumentaron sus tarifas hasta un 165% mientras que el IPC fue del 114%, y solo están proponiendo devolver un 24% en 12 meses. "Las prepagas se están quedando con la plata de sus usuarios. La propuesta de un 24% en 12 cuotas no es aceptable para la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)", señalaron fuentes gubernamentales.

La Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si existió un pacto ilícito entre las empresas de medicina prepaga para fijar precios de venta.

Desde la Secretaría de Comercio indicaron que "hay una investigación en curso", justo un día después de un posteo del titular de Hacienda, Luis Caputo, quien había señalado que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media". Allí también aseguró que el Gobierno haría lo necesario "para defenderla".

Las entidades de medicina prepaga enroladas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra le pedirán a una audiencia a Caputo a fin de "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años".

En la práctica, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año.

El 15 de enero pasado, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentaron la denuncia por "conducta anticompetitiva" que sostiene a la investigación. Casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.

La fuente del sector que tiene a Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud) entre sus líderes confirmó que por el momento no han sido notificados de una instancia nueva. "En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos", explicaron.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.

La Comisión de Defensa de la Competencia es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera "desconcentrada".

Su función es garantizar "la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible". De hecho, es la dependencia que lleva adelante la investigación originada por la denuncia que acusa de supuesta "conducta anticompetitiva" a "las principales sociedades" que brindan el servicio de medicina prepaga.

"En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis", dijo el diputado Reyes.

Señala que presuntamente habrían existido "reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%".

Este es uno de los expedientes más sensibles en poder de la comisión. Se encuentra bajo secreto de sumario y se espera una "resolución firme" del organismo, según fuentes oficiales.

Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión que surge en los despachos públicos.

Hasta ahora, los reveses contra las empresas había surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.

A fines de febrero pasado, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dispuso ampliar, en principio para un centenar de personas, el alcance de una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga dejar sin efecto los aumentos de cuotas aplicados o anunciados bajo el amparo de lo establecido por el DNU 70.

Lo resuelto es válido "hasta tanto se dicte sentencia definitiva" sobre el tema.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que existe "una cartelización que está fuera de toda razonabilidad".

Y advirtió: "Nosotros desregulamos, damos libertades, pero no permitimos que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos".

(Por Luis Rodrigo) - El gobierno nacional expuso este jueves 29 de febrero que a partir de abril solo se subsidiarán situaciones de “extrema vulnerabilidad en los hogares” para sus consumos de energía eléctrica y gas. Esa es la definición que usó el 8 de enero pasado el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez Chirillo, en una audiencia pública sobre el precio del gas natural por redes, en la que adelantó lineamientos políticos generales de su cartera para eliminar subsidios que, en parte, generaron durante décadas déficit fiscal.

Esta mañana, al cabo de casi dos meses de ese anuncio, el gobierno nacional despliega en otra audiencia pública los instrumentos y los criterios para el nuevo esquema que, en pocas palabras, tiene a amplias capas de los sectores medios como objetivos principales de los recortes.

Las autoridades nacionales han establecido una Canasta Básica de Energías que cambia según una tabla de consumos considerados básicos para las distintas zonas del país, y de acuerdo con el número de personas convivientes declaradas y no declaradas por quienes solicitaron o van a solicitar el subsidio.

Los criterios para el recorte consideran tanto los ingresos declarados como “los no declarados” que se apoyan en “presunciones”, esa fue la expresión usada por los expositores oficiales, sobre la condición económica de una familia que puede por ejemplo contar con un plan de medicina prepaga o cuenta con un auto de menos de cinco años de antigüedad o posee más de una propiedad, entre otros datos, que el Estado cruzará para la quita de subsidios. Los datos no declarados (como el de la medicina prepaga) serán usados para observar esos casos.

En la segmentación tarifaria que dispuso la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández dividió, para luz y gas, en N1, N2 y N3 a los usuarios.

El nuevo esquema revisará que solo se cubran situaciones de vulnerabilidad entre los usuarios residenciales de ingresos medios (N3) y revisará que en efecto cuenten con bajos ingresos los inscriptos como N2.

La subsecretaria de planeamiento energético Mariela Beljanski, responsable del nuevo esquema, abrió la ronda de exposiciones gubernamentales con expresiones muy claras. Sostuvo que los subsidios del gobierno anterior tenían “límites infinitos”, lo que invitó al despilfarro de recursos energéticos finitos y que “alguien sí pagaba” con déficit fiscal, es decir, deuda o emisión monetaria, expuso.

En la segmentación tarifaria que dispuso la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández dividió, para luz y gas, en N1, N2 y N3 a los usuarios.

Los informes expuestos por la secretaría de energía hablan de que el país debe procurar de ahora en adelante la “subsistencia” de quienes necesitan la ayuda estatal para cubrir sus necesidades básicas energéticas, de acuerdo con el clima de cada región del país. El término llama la atención por su transparencia y contrasta con expresiones del tipo “mejorar la calidad de vida” que eran tan usuales hasta aquí.

Tras destacar lo insostenible de la distorsión entre precios reales y tarifas, en un “festival” de subsidios sostenido por el Estado, dijo que “la política de autoabastecimiento (anterior) no fue capaz de garantizar la inversión (en generación) sino mediante precios altos a los productores y en algunos casos con carácter excesivo”, advirtió la funcionaria.

“Se rompieron las bases más elementales de la economía” al subsidiarse “a la demanda de manera universal” sin diferenciar a quienes puede o no pagar.

“La experiencia internacional de América Latina y el Caribe muestra que en los países de la región el consumo de energías es el segundo gasto en importancia”, mientras que en la Argentina hoy “es uno de los más bajos”, con un consumo de esos servicios per cápita más altos.

Sostuvo que tras un proceso “desmesurado” en tantas décadas es entendible que cueste comprender el cambio que calificó de necesario para transparentar el verdadero costo de producir, transportar y distribuir energía eléctrica y gas natural.

Estimó que 2023 los usuarios de electricidad pagaron solo el 45% del costo real de la tarifa y el 55% fue cubierto por el Estado con subvenciones a partir de un aumento del déficit, el endeudamiento y la emisión monetaria. En los últimos años, significó un gasto de 104.000 millones de dólares.

De acuerdo con la información oficial disponible, “para minimizar los errores de ingresos no declarados”, el Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de ingresos determinado por la secretaría:

Los aumentos de enero de las empresas de medicina prepaga rondaron el 40% y se estima que las cuotas subirán entre un 21% y 28% en febrero, de acuerdo a la Unión Argentina de Salud (UAS). La situación se complejiza en medio de anuncios de copagos por parte de prestadores y de cautelares judiciales.

A estos incrementos se le suma la posibilidad de que distintos prestadores cobren copagos. Por ejemplo, la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) indicó que los bioquímicos comenzarán a “cobrar un bono adicional compensatorio, a los afiliados de las prepagas que no han actualizado sus aranceles con el sector, con el fin de no dejar de atender a los pacientes y poder afrontar los gastos que las prestaciones implican”. El adicional será de $5.000 y afectará a 1 millón de usuarios. 

En este marco, el presidente de dicha entidad, Claudio Cova, aseguró que durante 2023 “se registró un aumento de los salarios de los empleados de los laboratorios nucleados bajo el Sindicato de Personal de Sanidad, según la paritaria de abril-diciembre, de 137%; los insumos y reactivos sufrieron un incremento promedio del 360%, los alquileres un 200% y el IPC interanual alcanzó el 211,4%”.

“En este mismo lapso, las empresas de medicina prepaga otorgaron, a los prestadores bioquímicos un incremento de aranceles de 131%, monto claramente insuficiente para hacer frente al servicio que brindamos a sus beneficiarios”, agregó.

En este contexto, la jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo número 2 de San Martín dictó una medida cautelar contra el aumento de los servicios a una jubilada que presentó un recurso de amparo.

La mujer de 78 años alegó “que la cuota que se encontraba abonando conforme la factura que acompaña por el mes de diciembre de 2023 se incrementó primero en un 40% para el mes de enero de 2024, luego recibió otra comunicación de la demandada para el mes de febrero del corriente año con un nuevo incremento del 29,5% y que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales por el período 12/23 ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago”.

Por su parte, la magistrada ponderó el riesgo que “conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria, según denuncia, por su edad y ponderando que de acuerdo a las constancias de la causa percibe un haber previsional que asciende a $323.089,39, el aumento implicaría una erogación de aproximadamente la mitad de su haber.

Si bien el fallo rige solamente para su caso, sienta precedente para otros.

El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) Claudio Belocopitt, consideró necesario que las prepagas salgan del "sistema híper regulado" que funciona desde hace 17 años y justificó el aumento en las cuotas que se aplicará desde el mes que viene.

"Hay que salir del sistema híper regulado que hemos tenido durante 17 años. Por supuesto que va a venir la competencia por calidad y por producto, que es lo que se va a ir viendo en los próximos meses", sostuvo el empresario.

Según Belocopitt, la recomposición de los costos del sector "va a ser gradual. En enero se estará aumentando el 40%, aunque el atraso es mucho mayor; en febrero y marzo continuarán los aumentos. Hay que poner las cosas en orden durante los próximos meses para que el sistema recupere valor y esté a la altura de lo que tiene que hacer".

"Pero no es la medicina prepaga lo que aumenta, sino los insumos que componen el sistema", consideró el directivo, quien también garantizó que, por el ajuste del servicio, "vamos a generar planes alternativos y también vamos a esperar que se modifique el Plan Médico Obligatorio (PMO) con el fin de poder ofrecer planes flexibles".

En declaraciones radiales, el también presidente de la empresa Swiss Medical explicó que los costos en el sistema de salud privado "es un tema de preocupación en todo el mundo, no solo en la Argentina. Pero en nuestro país tiene características especiales".

"Es que vivimos un proceso que arranca en 2006 y se agrava a partir de 2010, con un control de precios tremendo pero no con un control de costos y mucho menos con un control de prestaciones.

Eso llevó al stress a todo el sistema, porque se empezó a notar la metida de mano de la política en el sector", se quejó.

En consecuencia, respaldó el DNU del gobierno de Javier Milei que desregula la actividad económica, por entender que esa decisión "quiere poner blanco sobre negro en nuestra actividad. No se puede estar abajo de los costos".

"Somos el único sector de la economía que ha estado así, porque por ejemplo luz, gas, agua, tenían subsidios", añadió.

El gobierno nacional avaló el aumento del 40% que se produjo en las cuotas de la medicina prepaga al considerar que es consecuencia de la “inflación reprimida” por medidas de la anterior administración y que resulta un “acercamiento a un sinceramiento de valores”.

En las últimas horas, los clientes delas empresas de medicina prepaga recibieron comunicaciones institucionales que informaban sobre incrementos en las cuotas a partir de enero de hasta un 40%.

"Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores", expresan algunos de los comunicados.

“Lo que hay no es otra cosa que un acercamiento a un sinceramiento de valores”, contestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado al respecto por la prensa acreditada en Casa Rosada.

“El servicio estaba en una situación crítica y queríamos que esto ocurra”, sostuvo este viernes sobre los aumentos en la medicina privada el portavoz del presidente Javier Milei. Crédito: Télam.

Adorni indicó: “Entendemos que el sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica en virtud de esta discrecionalidad en los valores impuestas por el gobierno anterior”.

El portavoz afirmó que “el servicio estaba en una situación crítica y queríamos que esto ocurra” y remarcó que “está inmerso en uno de los grandes problemas de la economía argentina que era la inflación reprimida”.

Adorni no hizo referencia a la coincidencia del envío de las comunicaciones y los porcentajes de aumento, que dejan la sospecha de un acuerdo, que nada tiene que ver con la “libre competencia” que se pregona.

El DNU 70/2023 introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.

Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá "aumentar la competitividad del sistema".

La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de "revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones" y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.

También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.

Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.

El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.

Hasta ahora, los aumentos debían ser autorizados por el Estado en función de criterios de razonabilidad y de variaciones de la estructura de costos de la firma: para ello, desde la administración de Alberto Fernández, se utilizaba un Índice de Costos de Salud que era publicado mensualmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual sustituyó los aumentos discrecionales que autorizaba el Poder Ejecutivo en los gobiernos anteriores.

Como referencia, ese índice había dado un 6,26% en noviembre último (que se usará para los aumentos autorizados en enero), 11,51% en octubre, 10,98% en septiembre y 6,97% en agosto.

Además, el DNU elimina los topes de aumentos -equivalente al 90% de la variación mensual del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) - que regían desde 2022.

Estos topes regían para los trabajadores que tenían ingresos netos mensuales equivalentes a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad totalizan $ 936.000.

Por tanto, con el decreto, ya no habrá más segmentación de cuotas por ingresos dentro del universo de más de 6 millones de usuarios de la medicina prepaga.

La Asociación de Bioquímicos del departamento General López sigue adelante con su reclamo para que las empresas de medicina prepaga actualicen y recompongan los aranceles que se abonan por los diferentes servicios, debido a la devaluación que impactó en los diferentes insumos y reactivos que se utilizan para los análisis. Hasta la fecha no se logró un acuerdo y esto podría derivar en el cobro de copagos o directamente la suspensión de algunas prácticas.

Según planteó Marcelo Luca, titular del Laboratorio Luca SA de Venado Tuerto, “estamos muy preocupados por esta situación y ocupándonos para resolver el tema lo antes posible. Este no es un problema solo de la devaluación, que sí terminó acelerando los tiempos para la toma de decisiones, pero es una realidad que viene desde hace mucho y que impacta en todo el sistema de salud, donde uno de los puntos más importantes es la inflación que hace que todos los meses perdamos poder adquisitivo”, señaló.

Según escribió el profesional, con los datos de inflación la Superintendencia de Salud autoriza a las prepagas a actualizar sus servicios en un número menor y las empresas hacen lo mismo y establecen aranceles por debajo de ese porcentaje. “El ADN del profesional de salud hace que no estemos pensando en estos números, sino que tengamos las energías puestas en brindar el mejor servicio a la gente, pero llega a un punto en que la diferencia es tanta y sostenida en el tiempo que terminamos prácticamente trabajando al costo”, planteó, recordando que no sólo lo que perciben está muy por debajo de los índices de inflación, sino también que deben esperar 90 días.

Marcelo Luca también recordó que, tanto en los laboratorios como en las diferentes especialidades dentro del sistema de salud, la gran mayoría de los insumos que se utilizan son importados. “En nuestro caso, el 100 por ciento de los productos y reactivos están dolarizados, es decir que no tenemos escapatoria”, enfatizó.

A su vez remarcó que las empresas de medicina prepaga no son más que administradoras, porque “le cobran a los clientes y pagan a los efectores”. Sin embargo “todas las decisiones que toman son arbitrarias, porque ni los pacientes ni los profesionales estamos sentados en esa mesa donde se definen estas medidas”, reclamó. Y añadió: “Nosotros somos conscientes que un grupo familiar para pagar una prepaga realmente hace un esfuerzo enorme, porque lo vivimos, porque vemos al paciente, por eso vamos a hacer lo imposible para no tener que trasladar esa diferencia, para no tener que cargarle sobre sus espaldas esta situación; pero queremos visibilizar este problema, que la gente sepa lo que esta sucediendo”.

“Nos vamos a tomar estos días para ver si las empresas de medicina prepaga puedan revertir esta situación, pero primero queríamos visibilizar esta realidad, que la población esté al tanto del problema”, insistió Luca, asegurando que van a agotar todas las instancias para “no afectar a nuestros pacientes”.

Si en el transcurso de estos días no se logra un acuerdo, los laboratorios podrían empezar a cobrar coseguros y suspender algunos servicios.

Haciendo referencia a PAMI, Marcelo Luca comentó que “ahora está pagando a tiempo, algo que es importante, aunque la actualización del arancel haya sido por debajo. De todos modos, descartamos PAMI porque el padecimiento de nuestros jubilados es demasiado extremo para seguir sumándole problemas. Así que los excluimos no porque estemos contentos con lo que pagan sino por una cuestión de humanidad”.

En las últimas horas, la Asociación Bioquímica del departamento General López emitió un comunicado advirtiendo por posible suspensión de servicios o cobro de copagos si no logran un acuerdo con las empresas de medicina prepaga. 

Cabe recordar que dicho organismo solicitó una recomposición de los aranceles que actualmente se cobran, a raíz del fuerte incremento que tuvieron los insumos. Sin embargo hasta el momento no obtuvieron una respuesta adecuada por parte de las obras sociales. 

“Ante la falta o respuesta insuficiente por parte de la mayoría de las empresas de medicina prepaga para la composición de los actuales aranceles, debido a la importante devaluación monetaria que tuvo un traslado directo al costo de los insumos y reactivos, así como también al pedido de acortar plazos de pago, tal cual veníamos comunicando, y de no haber una respuesta razonable en los próximos días, nos veremos obligados a tomar una medida abrupta como es el cobro de copagos y/o suspensión del servicio a los afiliados de dichas entidades, escenarios al que no queremos llegar dado nuestro compromiso con la salud de la población, pero no tenemos otra alternativa ante la actual situación”, señalaron. 

A su vez, aclararon que tal medida no alcanzaría a los afiliados de PAMI. 

Las empresas de medicina prepaga no aumentarán los precios de las cuotas para los usuarios por 90 días, pero los que quieran tener este beneficio deberán realizar un trámite online para conseguirlo.

Para eso, la Superintendencia de Servicios de Salud ya habilitó en el sitio del organismo el formulario digital, para que los afiliados a la medicina privada completen la declaración jurada y puedan congelar la cuota de septiembre.

En el formulario, las personas deberán declarar si cumplen o no con los requisitos para congelar la tarifa y demostrar que no se tienen los ingresos suficientes a la hora de pagar el aumento de la cuota.

Las personas deberán declarar si cumplen o no con los requisitos.

El tope por el cual se cancelarán las cuotas por tres meses es de $ 2 millones brutos mensuales por grupo familiar. Algo por lo cual, si se demuestra este nivel de ingreso, se pagará lo mismo de cuota en la prepaga que se abonó en agosto con el último incremento.

El formulario tiene carácter de declaración jurada y se completa en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud acá.

Al mismo tiempo, se debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal, ir a mis servicios y hacer click en administrador de relaciones de clave fiscal. Se desplegará un listado de organismos estatales, donde se debe hacer click en el logo de la superintendencia de servicios de salud y elegir Mi SSSalud.

Desde la página Mi SSSalud, se debe elegir el correspondiente a la declaración jurada de ingresos.

El formulario tiene carácter de declaración jurada.

Allí, el afiliado deberá tildar "sí" o "no" en el casillero correspondiente. En este sentido, se considera que el grupo familiar no posee capacidad económica para pagar el aumento cuando el titular o sus afiliados no:

Sean propietarios de DOS (2) o más inmuebles

Posean TRES (3) o más vehículos, excepto los hogares donde exista al menos uno una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD);

En el grupo familiar figuren titulares de UNA (1) o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP

Sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Quienes que no realicen este trámite, no tendrán congelada la cuota y se les aplicará el aumento que surja del Índice de Costos de Salud.

El congelamiento del aumento de las cuotas tiene vigencia por 90 días, por lo que aplica para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

A pesar de que la mayoría de los congelamientos de precios comenzaron en agosto, desde las cámaras de la medicina prepaga detallaron que "la cuota del mes de septiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto, con lo cual el acuerdo tiene vigencia a partir de septiembre".

De este modo, los afiliados deben pagar las facturas con el aumento de septiembre -del 7,18% o del 5,58%- porque fueron enviadas a los afiliados en la segunda quincena de agosto.

Las empresas de medicina privada comenzaron a avisar a sus afiliados que la cuota subirá 6,97 por ciento en octubre, a pesar del congelamiento anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Los referentes de las compañías dicen que lo de Massa fue un anuncio pero no hay decreto sobre el tema por lo tanto envían los avisos a sus afiliados como les indica la normativa vigente.

Para septiembre, las prepagas ya están enviando facturas con un alza del 7,18%. Así, entre septiembre y octubre, los ajustes redondearon el 14%, si no hay una disposición clara por parte del gobierno.

Los referentes de las compañías dicen que lo de Massa fue un anuncio pero no hay decreto.

El domingo último, Massa incluyó entre los anuncios que hizo después de la devaluación pos PASO la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.

Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

En febrero último, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.

Para septiembre, las prepagas ya están enviando facturas

Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida.

Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión “no tiene lógica” porque el resto de los costos siguen subiendo.

Entre las alternativas que analizan está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios.

Esa última opción fue rechazada por las cámaras del sector prestador, que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema.

Desde marzo se registra un fuerte corrimiento desde planes más altos a más económicos, ya que la clase media busca sostener un servicio básico de atención de la salud, ante un hospital público desbordado.

Según datos de las prepagas, por primera vez las altas de afiliados fueron menores a los egresos, algo que no se daba desde la crisis del 2001.

Desde entonces, los aumentos mensuales de las cuotas continuaron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno y, además, la inflación general fue subiendo y determinando que los consumidores priorizan determinados tipos de compromiso.

Si la suba de septiembre se realiza, en los primeros nueve meses del año, las cuotas habrán acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que llegaron las partes.

En febrero pasado se modificó el esquema de instrumentación de los incrementos de las cuotas y pasaron a quienes perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil que debieron completar una declaración jurada para que se le aplique un tope equivalente al 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En la carta que envían a sus afiliados, las prepagas señalan que "respecto de los y las contratantes que posean ingresos netos inferiores a SEIS (6) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($ 675.000,00), el Plan de Servicio Vigente podrá ser ajustado en un NOVENTA POR CIENTO (90%) del RIPTE del mes inmediato anterior publicado, siempre que el mismo sea inferior al ICS. Esta medida rige por el plazo de 18 meses a partir del mes de febrero de 2023, y el incremento a aplicar para octubre 2023, no aplica para dicho período.

“Resulta francamente inaceptable este nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que, de esta manera, suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, afirmó este miércoles Fernández de Kirchner en un mensaje que emitió a través de cuenta en la red social Twitter.

La vicepresidenta señaló que “oportuna y reservadamente” manifestó su “opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”.

Se trata de una resolución que hizo lugar de manera parcial a raíz de un amparo presentado por un grupo de empresas prepagas de Salud, donde se había pedido autorización para aplicar un aumento del 9,77 por ciento a sus asociados. Si bien sobre este último aumento la Justicia no se pronunció, sí hizo lugar parcialmente al planteo y dejó sin efecto las resoluciones Nº 1787/20 (artículo 1º) y Nº 2988/20, del Ministerio de Salud que había frenado esos aumentos. Sobre el aumento solicitado por las prepagas al Gobierno y que fue desestimado, el juez evaluó que tiene razón el Ministerio de Salud de la Nación, “toda vez que de accederse a lo pretendido por las actoras se estarían interfiriendo facultades propias y privativas de otro poder del Estado; en tanto no corresponde a la judicatura establecer el valor de las cuotas de las Empresas de Medicina Prepaga”. “Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que las facultades que la Constitución Nacional ha establecido como propias y exclusivas de los otros poderes, son privativas de éstos y no pueden ser revisadas o interferidas por los magistrados judiciales, en cuanto a la forma de su ejercicio”, evaluó el juez. En ese sentido, advirtió el magistrado en su fallo que si bien “la facultad de establecer los aumentos del valor de las cuotas de las Empresas de Medicinas Prepagas constituye un resorte exclusivo del Poder Administrador, no es menos cierto que el Máximo Tribunal ha sostenido que ello no implica que el ejercicio de facultades discrecionales por parte del órgano administrativo sea ajeno al escrutinio judicial”. Por ello, tuvo en cuenta el argumento de las empresas que dijeron que las resoluciones Nº 1787/20 (artículo 1º) y Nº 2988/20 que impedían aumentos anteriores “adolecen de serios vicios que impiden considerarlas como actos administrativos válidos, pues –en sus palabras– carecen de causa, en tanto lo que finalmente deciden no se condice con los antecedentes de hecho y derecho que justificaron su dictado”. “Como consecuencia de lo expuesto, y en razón de que el dictado de la cautelar requerida no importa una afectación valorable del interés público, estimo prudente que la medida que aquí se ordena extienda sus efectos hasta tanto se resuelva el remedio interpuesto por las accionantes en sede administrativa”, concluyó. Así, hizo lugar parcialmente al amparo presentado por Swiss Medical S.A., Omint SA de Servicios, OSDE – Organización de Servicios Directos Empresarios, Galeno Argentina SA, Apres SA, Medicina Esencial SA, Met Córdoba SA, Medicus SA de Asistencia Médica y Científica, Medife Asociación Civil, Círculo Médico Lomas de Zamora, Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano, Instituto Médico Asistencial –IMA – Cooperativa de Provisión de Servicios Para Profesionales del Arte de Curar Ltda., Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Qurino (CEMIC), ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales Ltda., y Mutual Federada 25 de Junio SPR.