La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, habló sobre la situación del sistema de salud nacional, al referirse al impacto que tiene el deterioro de la cobertura del PAMI en la provincia de Santa Fe. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expuso cifras concretas y remarcó que el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor.

“Los afiliados al PAMI representan el 25 % de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia”, señaló Coudannes, al tiempo que advirtió que esta tendencia refleja un problema estructural más profundo vinculado al acceso a la salud.

Deterioro de la cobertura del PAMI.

El dato expuesto por la vocera implica que uno de cada cuatro pacientes que cuenta con algún tipo de cobertura, pero igualmente recurre al sistema público, pertenece al PAMI. Esta situación, según explicaron fuentes oficiales, responde a dificultades en la prestación de servicios, demoras en la atención y problemas en la provisión de medicamentos.

En ese marco, la red de hospitales y centros de salud de Santa Fe comienza a experimentar una sobrecarga que pone en tensión los recursos disponibles.

En paralelo, distintos actores del sistema de salud vienen advirtiendo sobre atrasos en los pagos a prestadores, lo que repercute directamente en la disponibilidad de servicios para los afiliados.

A esto se suma la preocupación del sector farmacéutico, que ha señalado dificultades en la cobertura de medicamentos. En varias localidades, farmacias han reportado demoras en los reintegros y restricciones en la entrega de ciertos tratamientos, lo que obliga a muchos jubilados a buscar alternativas en el sistema público.

Demoras en las entregas de las vacunas contra la gripe

Frente a este escenario, desde el gobierno santafesino remarcan la decisión de sostener una política activa en materia de salud pública.

Coudannes fue enfática al diferenciar la postura provincial de la política nacional: “En Santa Fe no hay un gobierno con una motosierra en la mano, sino un Estado que invierte y acompaña a jubilados, productores, docentes y estudiantes a través de políticas públicas”.

En ese sentido, la provincia ha reforzado programas de atención primaria, ampliado la cobertura en centros de salud y sostenido campañas de vacunación, como la antigripal, que este año registró una demanda récord.

La atención cotidiana en centros de salud y hospitales de la red pública requiere una provisión constante de medicamentos esenciales para resolver consultas frecuentes, acompañar tratamientos y dar respuesta oportuna en todo el territorio. En ese marco, la Provincia de Santa Fe viene reforzando con fondos propios la compra de estos insumos ante la marcada reducción de envíos del Programa Remediar por parte del Gobierno nacional.

Al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó el valor histórico de ese programa para la atención y advirtió sobre el impacto que genera su deterioro. “Para los que somos parte de la salud pública desde hace más de 20 años, sabemos lo que significan en un centro de salud las cajas del Programa Remediar, que surgió como respuesta al acceso a medicamentos en plena crisis. La disminución de esos envíos, que contienen medicación esencial, es tan dramática que en 2025 Nación envió a la Provincia de Santa Fe casi 5.000 botiquines menos, lo que representa una caída del 55 % de la cantidad de tratamientos recibidos respecto del año anterior”.

Los datos presentados por la cartera sanitaria provincial muestran con claridad la reducción de los envíos nacionales. En 2024, Santa Fe recibió 10.711 botiquines del Programa Remediar, equivalentes a 2.061.426 tratamientos. En 2025, esa cifra descendió a 5.701 botiquines y 922.426 tratamientos.

Se trata de medicamentos de uso habitual, imprescindibles para sostener la atención. En ese sentido, Ciancio explicó: “Para que se comprenda el impacto de estas cifras, esas cajas de Remediar contienen ibuprofeno en suspensión para tratar la fiebre en los niños, los comprimidos de paracetamol, amoxicilina que se utiliza para patologías bacterianas, los medicamentos -que como su nombre lo dice- son esenciales para que un centro de salud pueda tener las puertas abiertas”.

Frente a esta tendencia sostenida de menores transferencias y sin comunicación anticipada de las decisiones nacionales, la Provincia fue consolidando desde 2024 una estrategia de compras centralizadas para garantizar la provisión en efectores de todo el territorio. Según señaló la ministra, esa política permitió no solo disminuir costos respecto del precio de venta al público, sino también ganar capacidad de respuesta y mayor previsibilidad en la distribución de medicamentos esenciales. Ciancio advirtió además que las gestiones ante Nación suelen enfrentar demoras y falta de respuestas concretas, en un escenario que definió como inédito por su imprevisibilidad.

Durante 2025, esa política permitió adquirir 82 productos farmacéuticos por una inversión de $7.402 millones, equivalentes a 5.527.625 tratamientos: antihipertensivos, antibióticos pediátricos y para adultos, antiasmáticos, antialérgicos, vitaminas, hormonas, colirios oftálmicos y antiparasitarios, entre otros.

En lo que va de este año ya se adjudicó una licitación por $ 17.675.653.320, con 28 oferentes para la compra de 195 productos farmacéuticos. El ahorro en este caso fue del 93 % respecto del precio de venta al público, estimado en $ 243.498.902.154,09. La planificación incluyó además la compra de psicotrópicos e insumos de salud sexual, rubros en los que también se registra una marcada caída de las transferencias nacionales.

Garantizar tratamientos forma parte de la respuesta que sostiene la Provincia de Santa Fe a través de su sistema público de salud, en un contexto inédito en la provisión de insumos y medicamentos por parte de la Nación. Así lo expresó la ministra de Salud, Silvia Ciancio, al presentar un informe sobre la situación del sistema público provincial, del que surge además su mayor alcance en los últimos años: las atenciones pasaron de 9.160.361 en 2021 a 13.588.776 en 2025, con más de 1,8 millones de personas atendidas en el último año.

Sobre ese escenario, Ciancio señaló: “En este contexto la Nación demora, discontinúa, ajusta y recorta en áreas sensibles como medicamentos esenciales, para pacientes trasplantados, para pacientes con cáncer, medicamentos de alto costo y en insumos de salud sexual”.

En referencia a los tratamientos oncológicos, el acceso a medicamentos a través del Banco de Drogas Especiales de Nación exhibe un deterioro significativo: en 2025, el 63 % de los tratamientos solicitados no fueron enviados o llegaron de manera incompleta. La proporción de tratamientos no cubiertos casi se duplicó en un año: pasó del 37 % en 2024 al 63 % en 2025. En números absolutos, en 2024 hubo 1.372 tratamientos no enviados o incompletos sobre 3.771 solicitudes realizadas por la Provincia, mientras que en 2025 esa cifra ascendió a 2.525 sobre 3.990 solicitudes.

Ciancio señaló que “ante cada negativa o una respuesta que se demora o no llega, hay un paciente que no está recibiendo el medicamento que necesita” y afirmó: “Si no hubiésemos avanzado en Santa Fe en esta estrategia de compras, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy no podríamos garantizar la provisión de medicamentos. Los santafesinos encuentran respuesta en el sistema provincial porque lo que Nación nos quita, la Provincia lo da”.

La política de compras centralizadas implementada por el Gobierno Provincial en 2024 ha demostrado ser una herramienta clave para sostener la provisión de medicamentos estratégicos en toda la red de salud y además mejorar la eficiencia del gasto público.

Durante 2025, la Provincia adquirió 62 productos farmacéuticos para tratamientos oncológicos por $ 951.733.085, con un ahorro del 92 % respecto del precio de venta al público, lo que permitió ampliar la cobertura con los mismos recursos.

En lo que va de este año, además, ya se realizó una compra planificada de 44 medicamentos oncológicos, con un presupuesto de $ 2.024.331.583,40. El proceso contó con la participación de 15 oferentes, y se encuentra en proceso de análisis técnico para avanzar hasta la adjudicación de la compra.

“Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz, pero en esta oportunidad a través de las redes.” Este es el lema de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto, quienes durante los meses de enero y febrero optarán por una modalidad virtual para visibilizar sus reclamos, ante las altas temperaturas y los riesgos para la salud de los adultos mayores. En palabras de Silvia Vázquez, una de las voceras del grupo: "La modalidad virtual nos permite continuar con nuestra lucha de una manera más segura, sin exponernos al calor intenso, que para los jubilados puede ser peligroso. Pero la lucha sigue y sabemos que la comunidad está con nosotros. A veces no es fácil, pero encontramos una forma de hacer escuchar nuestras voces, incluso desde la comodidad de casa".

Lo que comenzó como una necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales, como el intenso calor de la temporada estival, se convirtió en una estrategia efectiva para mantener la visibilidad del reclamo. "A pesar de todo, no queremos dejar de reclamar. Y las redes sociales son una excelente plataforma para llegar a más personas", comenta, destacando el hecho de que la interacción virtual posibilita un alcance mucho mayor, incluso fuera de la ciudad.

La campaña virtual tiene como lema: "Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz" y busca unirse al esfuerzo colectivo mediante un simple clic. Silvia explica que "no es solo un 'me gusta' o un compartir. Es un acto simbólico que dice: 'estoy del lado de los jubilados, estoy apoyando esta lucha'. Es un pequeño gesto, pero significa mucho". A través de sus publicaciones en redes sociales, los jubilados también están invitando a la comunidad a reflexionar sobre la situación actual: “¿Y vos, Estado, de qué lado estás?”

En marzo, los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto tienen planificado retomar las movilizaciones en las plazas de la ciudad, como lo hicieron durante 2025. "Vamos a seguir luchando en las calles, como siempre lo hemos hecho. Pero por ahora, enero y febrero van a ser nuestros meses de visibilidad virtual", asegura Silvia, confiando en que las redes continúen siendo un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

A pesar de algunos obstáculos, como la falta de familiaridad de muchos con las tecnologías, los Jubilados Autoconvocados lograron que varios ciudadanos se sumen a la cruzada. Vázquez agrega: "Sabemos que no todos manejan las redes de la misma manera, pero lo importante es que todos se pueden sumar. A veces, con un simple mensaje de whatsapp podemos llegar a otros que quizás sí saben cómo compartir nuestras publicaciones en sus redes. Y eso es lo que necesitamos: que todos se sumen, incluso si es con pequeños gestos".

"La respuesta es más positiva de lo que pensábamos", comenta Silvia. "Al principio, pensábamos que la gente no se iba a comprometer, pero hemos recibido apoyo no solo de Venado Tuerto, sino también de lugares insólitos como El Bolsón, donde muchos de nuestros vecinos se mudaron y nos muestran su apoyo a pesar de las dificultades que están atravesando en el sur del país. Esta es una muestra de solidaridad que nos emociona".

Este llamado a la participación también destaca la importancia de la solidaridad en la comunidad: "Nuestro vecino está mejor cuando todos estamos mejor. Venado Tuerto tiene que ser una ciudad de todos, donde nadie se quede atrás. Si mi vecino está mejor, yo también estaré mejor. Todos debemos ser parte de la solución, no solo los jubilados", explica la dirigente, quien invita tanto a los jóvenes como a las personas en actividad laboral a sumarse al reclamo, no solo por la mejora de los jubilados, sino también por el bienestar de la comunidad en su conjunto.

En cuanto a la situación económica, los jubilados continúan señalando que los montos de las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir ni lo más básico. "Es una verdadera vergüenza que un jubilado tenga que vivir con 349.000 pesos, o 419.000 si tiene el bono. Ese dinero no alcanza ni siquiera para pagar un alquiler, y mucho menos para tener una vida digna", denuncia, resaltando que el aumento de los precios y los costos de los medicamentos agravan aún más la situación.

Además de los problemas económicos, los jubilados enfrentan obstáculos en el acceso a la salud y otros servicios. "A los jubilados no solo se les recortan las jubilaciones, también les recortan los medicamentos. El sistema se vuelve cada vez más burocrático y difícil de acceder. Los turnos médicos se sacan con meses de anticipación y, en algunos casos, las medicinas ni siquiera son reconocidas por el sistema", explica Silvia, quien narra cómo ella misma sufrió dificultades con la obtención de medicamentos esenciales para su salud.

En cuanto a la atención en las oficinas de PAMI y Anses, Silvia Vázquez menciona que "si bien hubo algunas mejoras, la burocracia sigue siendo un problema. A veces, el personal tiene toda la voluntad de ayudar, pero se ve frenado por los procedimientos que no hacen más que alargar los trámites. Los jubilados necesitamos soluciones rápidas, no más obstáculos".

La referente de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto también destacó la existencia de grupos similares en todo el país, como los Jubilados de la Quinta de Olivos, quienes desde hace tiempo realizan una protesta semanal frente a la residencia presidencial. "Ellos se convocan todos los miércoles en la Quinta de Olivos a las 18 horas, y lo hacen de forma pacífica, invitando a todos a tocar la bocina en apoyo. Es un ejemplo de resistencia y solidaridad que nos inspira", comenta, a la vez que destaca el esfuerzo constante de estos jubilados que, a pesar de la falta de recursos, siguen luchando por lo que consideran sus derechos. "Nos identificamos con ellos, porque nuestra lucha es la misma: pedir por una jubilación digna y por un futuro mejor para nuestros hijos y nietos".

A pesar de los desafíos, los Jubilados Autoconvocados siguen adelante, convencidos de que solo a través de la lucha se pueden conseguir mejoras. "Este no es un reclamo solo para nosotros, es un reclamo para todas las generaciones que están por venir. Si no luchamos ahora, ¿qué legado vamos a dejarle a nuestros hijos y nietos?", se pregunta Silvia, quien además reafirma que su lucha es "apartidaria, pero profundamente política y social. No estamos pidiendo privilegios, sino que estamos exigiendo los derechos que nos corresponden como ciudadanos".

En este contexto, la red de apoyo entre jubilados y la comunidad continúa creciendo. "Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos logrado que nuestra causa llegue a Salta, Jujuy, Mendoza y otras provincias. Esta es una red de apoyo y acompañamiento que se está expandiendo día a día", asegura Silvia con optimismo. La lucha por una vida digna sigue siendo el eje de su movimiento, y la promesa es clara: "Seguiremos en las calles, seguiremos reclamando. No nos vamos a rendir, porque sabemos que nuestras conquistas siempre llegaron con lucha".

Por Dr. Marcelo Blank

Hay una idea profundamente equivocada —y peligrosamente instalada— en amplios sectores de la sociedad: creer que la enfermedad es solo un problema de salud. No lo es. La enfermedad, en el mundo real, es un problema económico, laboral, familiar y social. Y cuando uno lo analiza sin romanticismo, queda claro algo incómodo pero verdadero: estar enfermo es un lujo que solo los ricos pueden darse.

Para la enorme mayoría de las personas —trabajadores, emprendedores, profesionales independientes— la salud no es un concepto abstracto. Es su principal activo. Es su capital más valioso. Sin salud no hay ingreso, no hay continuidad laboral, no hay productividad, no hay proyectos. La enfermedad no solo duele: interrumpe, empobrece y desorganiza la vida.

Quien vive de un sueldo, de su oficio o de su profesión no puede “permitirse” enfermarse. No puede faltar semanas al trabajo, no puede depender de licencias interminables, no puede sostener tratamientos costosos, ni absorber el impacto económico del ausentismo. Cada día sin trabajar es un ingreso menos, una oportunidad perdida, una carga más para la familia. En cambio, quienes tienen patrimonio, rentas o estructuras que los sostienen pueden enfermarse sin que su mundo se derrumbe. Esa es una diferencia brutal que pocas veces se dice con claridad.

La enfermedad cuesta. Y cuesta mucho. Medicamentos crónicos cada vez más caros, consultas, estudios, traslados, tratamientos prolongados. A eso se suma el costo silencioso: la pérdida de energía, la baja del rendimiento, la falta de concentración, el desgaste emocional. Todo eso tiene precio, aunque no siempre figure en una factura. Y ese precio lo pagan, sobre todo, los que menos margen tienen.

Por eso la prevención no es una moda, ni un eslogan bonito, ni una recomendación “light”. La prevención es una estrategia económica y de supervivencia personal. Es una decisión inteligente. Es entender que cuidar la salud no es un acto narcisista, sino una forma de proteger el propio patrimonio. Porque el principal patrimonio de una persona común no es una casa, ni un auto, ni una cuenta bancaria: es su cuerpo funcionando.

Durante años, desde estas páginas, insistí en la misma idea: no se trata de vivir obsesionados con la salud, sino de no vivir de espaldas a ella. Comer mejor, moverse más, dormir lo suficiente, controlar el estrés, hacerse chequeos básicos, no esperar a que el cuerpo “grite” para recién entonces escuchar. Todo eso es prevención. Y prevención es ahorro. Ahorro de dinero, de tiempo, de sufrimiento y de oportunidades perdidas.

El sistema sanitario, además, está pensado para atender la enfermedad, no para evitarla. Cuando uno llega al consultorio con un problema instalado, muchas veces ya es tarde para soluciones simples. Empiezan los fármacos, los parches, los tratamientos largos. Nada de eso es gratis, ni económica ni biológicamente. Y aquí aparece otra verdad incómoda: gran parte de las enfermedades modernas se podrían haber evitado o retrasado con decisiones básicas sostenidas en el tiempo.

Los trabajadores, los emprendedores y los profesionales no pueden darse el lujo de ignorar esto. No pueden vivir como si el cuerpo fuera infinito. No pueden hipotecar su salud creyendo que después “verán”. Porque cuando la enfermedad aparece, no pide permiso, no espera el mejor momento y no distingue agendas.

Cuidar la salud no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad. Con uno mismo, con la familia y con el propio proyecto de vida. En un país donde todo cuesta, donde nada sobra y donde el esfuerzo es cotidiano, la salud es el único capital que no se puede reemplazar.

Por eso lo digo sin vueltas: enfermarse no es un destino inevitable. Muchas veces es una consecuencia. Y prevenir no es un lujo: es una necesidad urgente para quienes viven de su trabajo. Porque al final del día, la verdadera riqueza no es cuánto tenés, sino cuánto podés hacer con tu cuerpo en buen estado.

Y eso, para la gente común, lo es todo.

Por decisión del Gobierno Provincial que encabeza Maximiliano Pullaro, desde marzo de 2025 los jubilados y pensionados provinciales afiliados al Iapos destinan como máximo el 5 % de sus haberes a la compra de medicamentos. Se trata de una política inédita en el país, que convirtió a Santa Fe en la única provincia en garantizar este tope mediante un sistema de compensación automática.

Desde la puesta en marcha de la medida se realizaron 22.044 compensaciones, que beneficiaron a 6.433 jubilados y pensionados provinciales, con un monto total reintegrado de $ 962.426.085. El mecanismo permite que, al finalizar el año, ningún beneficiario haya superado el porcentaje establecido en gastos farmacéuticos.

La compensación se refleja directamente en el recibo de haberes, bajo el código 338 y el concepto “Iapos medicamentos”. El afiliado no debe realizar ningún trámite: el instituto cuenta con la información de los consumos en farmacias y con los datos de los haberes jubilatorios, provistos por la Caja de Jubilaciones.Con ese cruce de datos, el sistema calcula de manera automática, mes a mes, el gasto acumulado en medicamentos desde el 1º de marzo y lo compara con el haber jubilatorio correspondiente al mismo período. Cuando el gasto supera el 5 %, el Iapos abona la diferencia, garantizando así el límite anual fijado por la política pública.

La compensación alcanza a jubilados y pensionados provinciales que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas, un umbral que en diciembre se ubicó en $ 2.727.032.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida es posible gracias al orden y a la eficiencia en la administración de los recursos públicos. “La eficiencia permite volcar esos recursos a mejorar las prestaciones”, señaló, y marcó la diferencia con las políticas de ajuste: “Ajustar es reducir gastos quitando prestaciones; ser eficiente es sostenerlas o ampliarlas mediante un uso más racional de los recursos”.

Compensaciones mes a mes

El detalle mensual de la aplicación del beneficio muestra el alcance progresivo de la medida:* Marzo y abril: 5.290 jubilados compensados por $ 283.948.552,44* Mayo: 3.660 jubilados por $ 132.173.066,46* Junio: 3.114 jubilados por $ 117.232.086,50* Julio: 1.738 jubilados por $ 67.810.449,06* Agosto: 2.061 jubilados por $ 80.101.637,56* Septiembre: 2.097 jubilados por $ 91.725.950,49* Octubre: 2.158 jubilados por $ 100.799.783,54* Noviembre: 1.926 jubilados por $ 88.634.559,43

Ante dudas o consultas sobre la aplicación de la compensación en medicamentos, los afiliados pueden comunicarse con el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social al 0800-444-4276, de lunes a viernes, de 8 a 14.

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, extitular de Andis.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron "errados" y "contradictorios" y tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

Los hermanos y el padre Kovalivker.

Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

En apenas seis meses, la provincia de Santa Fe compensó a 6.311 jubilados para que ninguno de ellos destine más del 5 % de sus haberes a la compra de medicamentos. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, se implementa a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y la Caja de Jubilaciones, que destinaron $ 681.265.792 para financiar el mecanismo de cobertura.

El subdirector de Iapos, Luis Asas, acompañado por el subdirector de Coordinación, Rodrigo Bardina, calificó la medida como “un esquema inédito en las obras sociales públicas de la Argentina, diseñado para aliviar el gasto en medicamentos de los adultos mayores”.

Asas explicó que se trata de “una acción que asiste a un sector donde el consumo de medicamentos está por encima de la media. Es una medida que se fundamenta en la equidad, la accesibilidad y el equilibrio financiero dentro del esquema de la obra social”. Subrayó además “el compromiso con un sector tan importante como jubilados y pensionados”.

Por tratarse de un mecanismo novedoso, el funcionario confirmó que otras obras sociales provinciales, nucleadas en la Confederación Nacional de Obras Sociales Provinciales (Cosspra), ya solicitaron detalles de su implementación. “En noviembre llevaremos este trabajo al congreso de la Cosspra, como una experiencia modelo desarrollada junto con la Caja de Jubilaciones y el Ministerio de Economía”, indicó.

Bardina, por su parte, remarcó que el beneficio “se refleja directamente en los recibos de haberes, sin necesidad de trámites adicionales. Ningún jubilado pagará por encima del 5 % en medicamentos”. Explicó que el sistema cruza de manera automática los datos de consumo en farmacias, proporcionados por Iapos, con los haberes informados por la Caja de Jubilaciones.

La cobertura alcanza a medicamentos de tipo ambulatorio, siempre que estén recetados por un médico. En el recibo de haberes, los jubilados pueden identificar la compensación bajo el código 338 y el concepto “Iapos medicamentos”.

Cuando el gasto acumulado desde el 1 de marzo supera el 5 % de los haberes acumulados, Iapos abona la diferencia. De este modo, al cierre del año, se garantiza que ningún beneficiario supere el límite establecido.

Los datos oficiales muestran el siguiente detalle:

* Marzo y abril: 5.290 jubilados compensados por $283.948.552,44.

* Mayo: 3.660 jubilados por $132.173.066,46.

* Junio: 3.114 jubilados por $117.232.086,50.

* Julio: 1.738 jubilados por $67.810.449,06.

* Agosto: 2.061 jubilados por $80.101.637,56.

El impacto del cálculo de julio se visualizó en los recibos de agosto, cobrados en septiembre. De igual modo, el de agosto se reflejará en los haberes de septiembre, a cobrar en octubre.

El Iapos informó que los jubilados que tengan dudas sobre la compensación pueden comunicarse al 0800 444 4276, de 8 a 14.

“Nuestro objetivo es que las personas conozcan y ejerzan sus derechos en salud”. Con esta premisa, el Estudio Jurídico Regis & Sbrizzi construyó más de una década de trayectoria como referente en la defensa del derecho a la salud en la región. Su equipo de profesionales trabaja día a día para que pacientes y familias accedan a las coberturas que les corresponden por ley y, al mismo tiempo, cuenten con información y acompañamiento para exigirlas.

La realidad sanitaria cambia: vivimos más años, convivimos con más enfermedades crónicas y con estilos de vida que desafían al sistema de salud. A esto se suman los avances en la medicina y la irrupción de la inteligencia artificial, que ofrecen nuevas oportunidades diagnósticas y terapéuticas, pero también plantean dilemas éticos y legales. Frente a este panorama, “el acompañamiento jurídico especializado se vuelve esencial para garantizar la tutela efectiva de los derechos en salud”, destacan María Carolina Regis y Carlos Matías Sbrizzi en el marco de un nuevo Día de la Abogacía. 

Uno de los grandes desafíos actuales es el acceso a medicamentos de alto precio. Un estudio reciente en Argentina mostró que la judicialización se concentra en fármacos para enfermedades poco frecuentes u oncológicas, como Nusinersen para atrofia muscular espinal (AME) (21,7% de los amparos); Palbociclib para cáncer de mama (5,9%) y Agalsidasa alfa para enfermedad de Fabry (4,7%). El 90% de los fallos fueron favorables a los pacientes, pero con tiempos de acceso prolongados, que promedian cinco meses desde la solicitud hasta la provisión efectiva.

Estos datos reflejan lo que el estudio jurídico observa día a día: familias que se enfrentan a demoras administrativas, negativas de cobertura o argumentos basados en una lectura restrictiva del Programa Médico Obligatorio (PMO). En este sentido, Regis y Sbrizzi sostienen un principio firme: el PMO es un piso mínimo, nunca un techo. La propia Corte Suprema reconoció criterios de progresividad y “prestaciones implícitas” que incorporan avances de la ciencia para evitar retrocesos en los derechos de los pacientes. 

La estrategia, sin embargo, no se centra en judicializar cada caso. “La vía judicial es siempre el último recurso”, explican María Carolina Regis y María Virginia Poliotto desde el estudio jurídico venadense. Reclamos administrativos, negociaciones y gestiones extrajudiciales son instancias que suelen destrabar soluciones rápidas y menos traumáticas. Cuando la Justicia se vuelve inevitable, se la transita con firmeza, pero con la convicción de que el acceso a la salud debe ser garantizado sin que las personas deban litigar para obtenerlo.

El futuro plantea desafíos: avanzar en la reducción de la judicialización, promover mayor transparencia en las decisiones de cobertura y consolidar una cultura social donde los derechos en salud sean conocidos, exigidos y respetados. En esa tarea, el Estudio Regis & Sbrizzi reafirma su compromiso de ser puente entre el derecho y la salud, defendiendo la dignidad y la vida de cada persona, con un enfoque colectivo, humano y solidario.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la estrategia de compras centralizadas que implementan los ministerios de Economía y de Salud desde 2024, que permiten garantizar el acceso a medicamentos e insumos con importantes ahorros respecto a valor de mercado. Lo hizo este jueves, en el marco del acto por el inicio de la colocación de pilotes del puente Santa Fe - Santo Tomé, donde el mandatario reiteró la importancia de llevar adelante una gestión eficiente. 

Gracias al cambio en la estrategia de compra de medicamentos, que se sostiene y amplía en este año, el Gobierno Provincial adjudicó recientemente la compra de medicamentos oncológicos por $ 951.733.085, que de haber continuado con el sistema tradicional de compra hubiesen costado más de 10.000 millones de pesos, de acuerdo al precio de venta al público. Al respecto, el gobernador enmarcó esta estrategia que permitió cambiar la lógica y la modalidad de las compras: “Para la compra de medicamentos oncológicos se adjudicó la compra a ocho oferentes de distintos productos, lo que permitió comprar al mejor precio cada uno de esos medicamentos”. Y remarcó que los precios adjudicados representan un 90 % menos respecto del precio de venta al público, lo que demuestra que hubo competencia entre las ofertas. “Ese porcentaje lo estamos ahorrando en una sola licitación”, graficó Pullaro, al referirse a las más de 10 que se realizaron para compra de medicamentos en el primer semestre del año. 

“Estamos convencidos de que hay que esforzarse mucho para sacar a la provincia de Santa Fe adelante y a cada ciudad adelante. Por eso estudiamos y trabajamos permanentemente en la eficiencia; y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de esto que me informó el ministro de Economía”, precisó el mandatario provincial.

Con esta misma modalidad, desde comienzos de 2025 se iniciaron procesos de licitación pública provincial para abastecer a centros de salud y hospitales con más de 370 productos farmacéuticos, entre los que se encuentran medicamentos esenciales, para diabetes; de salud sexual, que incluyen anticonceptivos e insumos de hormonización, descartables, psicotrópicos, antibióticos inyectables, medicamentos de alto precio. El ahorro promedio de todos los procesos al momento de su adjudicación ronda el 74 % sobre el precio de venta al público.

En 2024, de haber continuado con el sistema tradicional (descentralizado) de compra de medicamentos, se hubiera tenido que desembolsar $ 73.000 millones, mientras que el presupuesto invertido -y que permitió adquirir incluso más medicamentos- está en el orden de los $ 28.400 millones, provocando un ahorro de $ 45.000 millones.

Esta estrategia busca consolidar un cambio de paradigma en la política de medicamentos, basado en las ventajas que ofrece realizar los procesos de compra desde áreas centralizadas del Estado, que salen al mercado con mayores volúmenes de compra, precios de referencia y reglas claras para estimular la competencia entre proveedores.Los resultados obtenidos en 2024, que se presentaron en el mes de noviembre pasado, demostraron que durante ese año se pudieron adquirir más insumos y medicamentos, con un ahorro promedio del 68 % respecto del valor de venta en farmacia.

Las proyecciones de los procesos de este año indican un ahorro promedio en el momento de la adjudicación que al mes de junio representan un 82 %, logrando ahorros por encima de la media nacional que plantea el 50 % como referencia de compras eficientes.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, confirmó durante una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en la capital provincial que en junio comenzó la compensación a jubilados y pensionados provinciales por parte del Iapos (Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social), para que no destinen más del 5 % de sus jubilaciones en compra de medicamentos. El monto abonado por la obra social provincial alcanzó los $ 283.948.552 y abarca los meses de marzo y abril. Los jubilados y pensionados podrán visualizar el pago en sus recibos de haberes, bajo el código 338 y el concepto “Iapos medicamentos”.

De esta manera, tal como anunciara el gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe se convierte en la primera provincia en compensar el gasto en medicamentos mensual, porque “entendemos que no es justo que los jubilados destinen gran parte de su salario a pagar los medicamentos que tienen que tomar”, había destacado el mandatario santafesino al momento del anuncio.

Es importante destacar que para este trámite no hace falta ninguna gestión extra por parte de los afiliados, ya que Iapos dispone la información de lo que abonó cada jubilado en la farmacia, como así también el haber jubilatorio, dato que le comparte la Caja de Jubilaciones.

De esta manera, de forma automática todos los meses se irán acumulando los pagos que el jubilado vaya realizando en farmacias y se irá comparando con los haberes acumulados a partir de marzo.

Cuando los pagos realizados desde el 1° de marzo superen al 5 % de los haberes acumulados, Iapos pagará la diferencia cada mes, de tal manera que al final de cada año se garantizará que la diferencia haya sido compensada.

Este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la implementación de esta medida “con la liquidación de los recibos de sueldo del mes de mayo, tal cual se había prometido meses atrás. Se trata de un beneficio inédito -que ninguna otra provincia ni el Estado Nacional aplican- que garantiza que ningún jubilado ni jubilada de la provincia de Santa Fe tenga que gastar más del 5% de su haber en medicamentos”, subrayó.

A través de un trabajo articulado entre la Caja de Jubilaciones de la Provincia y Iapos “se estableció que el beneficio les corresponde a un total de 5.291 jubilados, por lo cual, en los recibos de haberes se añadió un ítem denominado ‘Iapos medicamentos’ que se incorpora a la liquidación de sueldos, que compensan el consumo y copago de medicamentos en los meses de marzo y abril y, en aquellos casos en los cuales el monto abonado en medicamentos superó el 5 %, se compensa la diferencia”, explicó Olivares.

Por decisión del Gobierno Provincial que encabeza Maximiliano Pullaro, a partir de abril, los jubilados y pensionados provinciales sólo destinarán el 5 % de sus ingresos a la compra de medicamentos. “Todo gasto que supere ese porcentaje, será compensado a través del Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (Iapos) mediante transferencia bancaria”, explicó este viernes el ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, responsable de articular la medida con el ministro de Economía, Pablo Olivares -de quien depende Iapos- y la ministra de Salud, Silvia Ciancio. 

“La medida será implementada a través de Iapos, y está enfocada en asistir a una de las principales dificultades que enfrenta la población mayor”, remarcó el ministro de Gobierno e Innovación.

Bastia destacó que “es una preocupación y un pedido que nos trasladó el gobernador Pullaro, que nos encargó que articulemos esta medida que comenzará a regir a partir de abril”, anticipó. 

La decisión alcanzará a unos 105 mil beneficiarios -se trata de 81 mil jubilados y 24 mil pensionados- y fue tomada “entendiendo que la población mayor es la que tiene un uso más alto de medicamentos, y que el gasto en los mismos se transforma en una parte importante de sus ingresos”, señaló el ministro. Por eso, tras la articulación entre los diferentes ministerios, se resolvió que ninguno de los afiliados jubilados o pensionados de Iapos gaste más de un 5 % de su jubilación en la compra de medicamentos.

“De esta manera el Estado santafesino garantizará que, además de la cobertura que realiza Iapos, ninguno de sus asociados afiliados quede sin medicamentos por impedimentos económicos”, remarcó Bastia. La medida es posible gracias al cruce de los datos que la obra social posee, entre los consumos en medicamentos de cada afiliado y la información que brinda la Caja de Jubilaciones.

En ese sentido, el ministro destacó que “la medida -que no tiene precedentes- es posible gracias a las políticas de control del gasto público y de eficiencia en el uso de los recursos del Estado que venimos llevando adelante desde que asumió el gobernador Pullaro”.

“La accesibilidad y equidad en el acceso a los medicamentos son fundamentales para garantizar la salud y bienestar de todas las personas, pero fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Por eso a partir del mes de abril, al reconocimiento universal en medicamentos que ya garantiza el Iapos, brindará mensualmente una cobertura complementaria a todos los jubilados y pensionados bajo su cobertura”, concluyó Bastia.

Desde el último trimestre de 2024, el Ministerio de Salud proyecta las compras de insumos y medicamentos necesarios para proveer a centros de atención primaria, hospitales de segundo y tercer nivel de toda la provincia de Santa Fe durante este año. Producto de esa planificación ya se encuentran en marcha 11 procesos de licitación pública, con un presupuesto total de $ 55.854.433.422,53, para comprar 374 productos (renglones).“A partir de los resultados obtenidos en 2024 con el mecanismo de compras centralizadas, que nos permitieron adquirir más insumos y medicamentos, el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que continuemos planificando el abastecimiento del sistema de salud para 2025 sobre la base de esta experiencia, teniendo en cuenta además que en las compras del año pasado logramos un ahorro promedio del 68 % respecto del valor de venta en farmacia”, señaló la ministra de Salud, Silvia Ciancio, para luego remarcar que “el análisis del volumen de compra que pudimos realizar en 2024, haciendo un uso responsable de los recursos de los santafesinos, nos alentó a avanzar en esta política de medicamentos que para la provincia es un cambio de paradigma, a partir de un trabajo coordinado con el Ministerio de Economía, con sus áreas técnicas y con respaldo presupuestario, que este año también nos permite incorporar otros rubros”.En este sentido puntualizó que se licitará la operación logística a 50 puntos en la provincia, contemplando el almacenamiento a temperatura controlada y con cadena de frío, preparación y distribución, y logística inversa. Además, la Provincia comprará materiales descartables para los 10 hospitales de alta complejidad.    En esta línea, Ciancio explicó que “todo esto de lo que podemos dar cuenta con datos, y que implica un gran trabajo de áreas técnicas del Ministerio de Salud, es fundamentalmente una decisión de política sanitaria, en un contexto complejo por la discontinuidad de programas nacionales. Mientras mantenemos reuniones con las autoridades nacionales para garantizar que los santafesinos sigan accediendo a sus medicamentos crónicos y de salud sexual, la Provincia de Santa Fe está comprometida en cuidar cada peso que ingresa al Estado para que vuelva a los santafesinos no solo en la compra de medicamentos, sino también de ambulancias que permitan acceder a tiempo a la atención, obras para centros de salud y hospitales, contar con recursos para las tareas de reparación de los efectores que vamos a garantizar con el Programa FonRes, y grandes inversiones como la puesta en marcha del Hospital de Rafaela”.

Además, la Ministra detalló que los procesos de licitación, que se iniciaron en los últimos meses del año pasado, se planificaron para el abastecimiento del primer semestre de 2025, garantizando continuidad en el stock de los medicamentos licitados, y que para la segunda mitad del año se están planificando nuevos procesos. La transparencia, concluyó Ciancio, “también es un objetivo que pudimos alcanzar con esta estrategia, lo que generó una mayor participación de proveedores que compiten por mejorar sus ofertas, por lo que en uno de los primeros procesos de licitación para este año llegamos a tener 22 oferentes”.

Las primeras aperturas de sobres se concretaron durante febrero, con los siguientes montos oficiales y cantidad de oferentes:

El próximo 19 de marzo, se licitará la compra de inmunosupresores para personas que fueron trasplantadas, con un monto oficial de $ 1.613.605.162,50, para 19 renglones. Los demás se licitarán durante el primer trimestre de este año, con los siguientes presupuestos oficiales:

El Gobierno Nacional, a través del decreto 1024/2024, habilitó la venta directa de medicamentos de venta libre en góndolas de farmacias, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a estos productos sin la necesidad de un intermediario.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, establece que los medicamentos estarán exhibidos de manera visible en las góndolas, donde los compradores podrán ver detalles sobre el medicamento, el laboratorio fabricante y los precios.

Como único requisito el comprador deberá presentar su DNI para verificar que es mayor de 18 años. Sin embargo, esta disposición no aplica en Santa Fe donde el sistema de ventas de los fármacos sigue regulado por la Ley de Sanidad Provincial.

En diálogo con CyD Noticias, Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1 Circunscripción, explicó las razones por las que esta medida no se implementará en la región.

“La provincia tiene su propia Ley de Sanidad, con lo cual nosotros nos seguimos basando en nuestra legislación provincial que resguarda al medicamento como un bien social y no como una mercancía”, indicó Monasterolo, añadiendo que la normativa tiene como principal objetivo proteger la salud de la población.

En este sentido, la entrevistada advirtió sobre los riesgos asociados con el acceso directo a los medicamentos sin la supervisión de un profesional. “Un medicamento no es inocuo. Si no se toma en las dosis adecuadas, puede producir una serie de efectos negativos en la salud, incluso tóxicos. No estamos de acuerdo con que un medicamento de venta libre esté en una góndola, al alcance de cualquiera, sin la orientación de un profesional”, sostuvo.

Monasterolo también puso énfasis en la dificultad de controlar la edad de los compradores en este nuevo sistema, cuestionando la eficacia de la medida. “El decreto dice que solo los mayores de 18 años pueden acceder a estos medicamentos. ¿Cómo controlarían que la persona que toma el medicamento desde una góndola cumpla con esta condición?”, se preguntó.

En Santa Fe, los medicamentos, tanto de venta libre como bajo receta, solo pueden ser dispensados en farmacias, siempre con el respaldo de un profesional farmacéutico que garantiza su procedencia y calidad. Según Monasterolo, cualquier establecimiento no habilitado que los dispense estaría violando la ley.

Este 1° de noviembre se registraban demoras en la entrega de medicamentos a los afiliados de PAMI de todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Según se supo, los problemas surgieron porque este viernes se cambió la forma de facturación de la obra social de los jubilados.

Ocurre que esta modificación en la plataforma se habrían originado en la validación de las recetas que desde ahora PAMI lo hace con una firma llamada Farmalink.

Desde la empresa, emitieron un comunicado informando el nuevo sistema. "A partir del 1° de Noviembre se hará efectiva la actualización de los procesos de Autorización, Validación y Presentación de la dispensa de medicamentos ambulatorios con cobertura de PAMI a través de los sistemas proporcionados por Farmalink S. A. a través de la Plataforma IMED, con impacto en todas las farmacias adheridas a la red prestacional de PAMI, a través de sus entidades farmacéuticas".

En otro párrafo del comunicado aclaran que "no se requiere ningún cambio de parte de la farmacia para operar con el convenido de PAMI a partir de noviembre".

Se esperaba que el sistema se normalice con el correr de las horas.

En junio pasado, el PAMI decidió realizar un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100% en su vademécum. Así eliminó 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. A mediados de este mes, la obra social de los jubilados decidió recortar otras 44 moléculas del listado, según confirmaron fuentes oficiales.

En términos concretos, esto representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecían de manera gratuita. Sin embargo, desde el PAMI resaltan que si algún afiliado necesita una medicación que no está incluida en el vademécum de cobertura al 100% y carece de los medios para afrontarlo, podrá realizar un trámite de subsidio social o vía de excepción para obtenerlo.

Desde las cámaras de laboratorios y farmacias creen que, en parte, las medidas que implementó el PAMI se sostienen, porque aseguran que uno de los problemas es el sobreuso del sistema y de los medicamentos por ser gratuitos.

Para dimensionar este cambio, es importante señalar que la canasta de medicamentos, que antes incluía casi 3000 productos derivados de las 167 moléculas cubiertas por el plan Vivir Mejor a principios de año, ahora se ha reducido a 2000 correspondientes a los 109 principios activos que siguen contando con cobertura.

Fuentes del PAMI respondieron a este medio que “se está priorizando la ejecución presupuestaria de los medicamentos en base a los fondos disponibles, jerarquizando y garantizando la cobertura de medicamentos crónicos para, por ejemplo, diabetes, hipertensión u oncológicos por sobre aquellos que son para patologías leves, como acidez, analgésicos o suplementos vitamínicos, que tienen una cobertura de entre el 50% y el 80% dependiendo la medicación”.

A su vez, voceros del PAMI indicaron que en ningún caso dejará sin medicamentos a los afiliados. “Si alguna persona necesita una medicación que no está incluido en el vademécum de cobertura al 100% y carece de los medios para afrontarlo con el descuento que brinda PAMI, podrá realizar un trámite de subsidio social o vía de excepción para obtenerlo”.

Sin embargo, las condiciones para acceder al llamado “subsidio social” para afiliados que no pueden abonar un medicamento, se modificaron. Según la nueva normativa, los afiliados deberán tener ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Aunque se establece una excepción para los hogares que tengan un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en cuyo caso los ingresos mensuales totales no deberán superar los tres haberes previsionales mínimos.

Además, los afiliados que deseen acceder al subsidio no pueden estar afiliados simultáneamente a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Un cambio adicional en esta normativa es que el vehículo que posean los afiliados no podrá tener menos de 15 años de antigüedad, mientras que anteriormente el límite era de 10 años. No obstante, si el afiliado convive con una persona con discapacidad, esta restricción no se aplicará.

A estas novedades se suman otras decisiones que también tendrán un impacto considerable en los más de cinco millones de afiliados al PAMI. Una de estas decisiones es la reducción en la cantidad de “cajitas” de medicamentos sin cargo a las que tienen derecho los jubilados, que pasó de seis a cinco al mes, una medida que ya había generado críticas antes de la asunción de Javier Milei.

Esta reducción significa que aquellos que necesitan una mayor cantidad de medicamentos tendrán que asumir un costo adicional, ya que si el número requerido supera las cinco cajitas y se encuentra dentro de los 109 principios activos aún cubiertos, los descuentos oscilarán entre el 50% y el 80%, dependiendo del medicamento en cuestión.

Sin embargo, es importante aclarar que este descuento es en realidad un poco mayor, debido a que los medicamentos incluidos en el plan Vivir Mejor ya tienen un precio diferenciado, conocido como “PVP PAMI”, que es más bajo que el valor al que acceden quienes no están afiliados a la obra social, gracias a un acuerdo particular entre el organismo y los laboratorios.

A su vez, el PAMI introdujo una tercera categoría de medicamentos, que ha sido denominada como “de uso eventual”. Esta nueva clasificación, que incluye en su mayoría drogas de venta libre, se aplica a muchos productos que anteriormente podían adquirirse con un descuento del 50% al 80%. Ahora, estos medicamentos, correspondientes a 54 moléculas, solo contarán con un 40% de descuento, y esa bonificación se aplicará sobre el precio real del medicamento, no sobre el diferencial conocido como PVP PAMI. Esto significa que los jubilados que necesiten estos medicamentos pagarán lo mismo que una persona que no está afiliada al PAMI.

Es importante destacar que ninguna de las nuevas restricciones mencionadas se aplicará a los “Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur”, una novedad que se introdujo este año.

1. Ácido Acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

2. Aciclovir (antiviral)

3. Benznidazol (antiparasitario)

4. Betametasona (corticoide)

5. Betametasona + Gentamicina + Miconazol (corticoide)

6. Carbonato de Calcio (suplemento)

7. Ceftriaxona (antibiótico)

8. Cefuroxima (antibiótico)

9. Cilostazol (vasodilatador)

10. Ciprofloxacina (antibiótico)

11. Claritromicina (antibiótico)

12. Clindamicina (antibiótico)

13. Clobetasol (corticoide)

14. Citrato de Calcio (suplemento)

15. Dexametasona (corticoide)

16. Doxiciclina (antibiótico)

17. Estriol (hormonoterapia)

18. Fluconazol (antibiótico)

19. Fluoxetina (antidepresivo)

20. Hidrocortisona (corticoide)

21. Hierro Polimaltosato (suplemento)

22. Ivermectina (antiparasitario)

23. Levomepromazina (antipsicótico)

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25. Mebendazol (antiparasitario)

26. Meprednisona (corticoide)

27. Metadona (tratamiento del dolor)

28. Metoclopramida (antiemético)

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30. Metronidazol (antibiótico)

31. Minociclina (antibiótico)

32. Morfina, Clorhidrato (tratamiento del dolor)

33. Neomicina (antibiótico)

34. Nistatina (antibiótico)

35. Oxibutinina (antiespasmódico)

36. Prednisona (corticoide)

37. Pregabalina (tratamiento del dolor)

38. Promestriene (hormonoterapia)

39. Psyllium (laxante)

40. Sulfametoxazol + Trimetoprima (antibiótico)

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42. Tobramicina (antibiótico)

43. Tramadol (tratamiento del dolor)

44. Triamcinolona (corticoide)

Con el objetivo de impulsar la digitalización del sistema de salud argentino, el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con la reglamentación del DNU 70/23 y desde el 1 de julio la implementación de la receta electrónica será obligatoria en todo el país.

Este avance tecnológico tiene el propósito de mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que venden medicamentos.

En la misma dirección, contempla la integración y estandarización de las plataformas digitales ya existentes en el sistema, la definición de un diccionario nacional de medicamentos y el seguimiento eficaz del tratamiento de los paciente.

Entrará en vigencia mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia. Cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades promover el dictado de las leyes.

Según aclaró el gobierno, las actuales implementaciones de receta electrónica y/o digital continúan vigentes en su uso, en tanto cumplan con los requisitos previstos en la presente reglamentación, los que en un futuro la normativa o la autoridad de aplicación establezca y en los términos del cronograma de implementación que se acuerde.

Los cuatro ejes esenciales

La adopción de la receta electrónica, cuyo modelo quedó establecido por el Decreto N° 63/24, responde a cuatro ejes esenciales:

Aseguran que este sistema no solo facilitará el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera más eficiente y segura, sino que también promoverá la calidad en todo el proceso de atención médica.

La venta y despacho deben realizarse desde la farmacia, en presencia de un farmacéutico responsable (director técnico y/o farmacéutico auxiliar), su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia.

Es responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos aplicables y los que la autoridad sanitaria establezca a tal efecto, mientras que las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante 3 años.

Se aclaró que las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante tres años.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció un proceso de revisión de la condición de venta de ciertos medicamentos, en línea con disposiciones legales y normativas internacionales. Esta medida busca garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos disponibles para el público.

Según lo establecido en la Ley N° 16.463 y el Decreto Nº 9.763/64, la Anmat tiene la responsabilidad de regular la comercialización de medicamentos en Argentina. Estos marcos legales establecen criterios para la clasificación y venta de medicamentos, considerando aspectos como la naturaleza del producto, su composición y sus posibles riesgos para la salud pública.

Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es la revisión de la condición de venta de medicamentos a lo largo del tiempo. La Resolución M.S. N° 284/24 encomendó al organismo la tarea de evaluar la posibilidad de cambiar la condición de venta de ciertas especialidades medicinales, siempre y cuando demuestren una calidad, seguridad y eficacia probadas durante un período de al menos cinco años en el mercado nacional.

Para llevar a cabo este proceso, la Anmat estableció un listado de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) de especialidades medicinales registradas en su Registro de Especialidades Medicinales (REM). Este listado, identificado como IF-2024-32293612-APN-ANMAT#MS, será objeto de revisión por Grupos Terapéuticos según la Clasificación ATC (Anatómico Terapéutico Química), siguiendo los lineamientos establecidos en la Disposición ANMAT N° 3686/11.

La Clasificación ATC es un sistema internacionalmente reconocido que agrupa los medicamentos según su Anatomía, Terapéutica y Química. Este enfoque permite una evaluación más sistemática y precisa de los medicamentos en función de sus características y usos terapéuticos.

El proceso de revisión no solo se basa en la normativa nacional, sino que también toma en consideración directrices y documentos internacionales. La Anmat tuvo en cuenta el documento "Criterios para Clasificar Medicamentos de Libre Venta" del Grupo de Trabajo de Clasificación de Medicamentos (GT/CM), aprobado por la IV Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica en 2005.

Además, se consideraron directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Europea relacionadas con la evaluación regulatoria de productos medicinales para uso en automedicación.

Una vez completada la revisión, si el organismo determina que ciertos medicamentos pueden pasar de la venta bajo receta a la venta libre, los titulares de los certificados de esas especialidades tendrán la oportunidad de continuar comercializándolos sin necesidad de modificar los envases primarios, secundarios, prospectos o información para el paciente. Sin embargo, deberán implementar un reetiquetado para indicar la nueva condición de venta en el envase secundario, utilizando etiquetas de seguridad que garanticen la trazabilidad y la protección del consumidor.

Es importante destacar que los trámites necesarios para adecuar el contenido de las unidades de venta, rótulos, prospectos y demás información relacionada no serán sujetos a aranceles, según lo establecido en la disposición.

Al ser consultado por El Litoral desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 1° Circunscripción respondieron que la Anmat es la autoridad sanitaria con competencia, entre otras materias, en todo lo referido al control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de medicamentos, y debe asegurar a la población calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

En este caso podrá declarar de venta libre a aquellos medicamentos del mencionado listado, con probada calidad, seguridad y eficacia, que a través de la permanencia en el mercado nacional bajo condición de venta bajo receta, al menos durante los últimos 5 años, han probado la ausencia de efectos adversos graves que afecten el balance riesgo-beneficio.

Los medicamentos de venta libre no son inocuos, presentan contraindicaciones, interacciones con otros fármacos y alimentos, y la posibilidad de generar reacciones no deseadas. Al no requerir receta médica previa, la consulta del paciente al farmacéutico es esencial ya que es la única oportunidad de tener asesoramiento profesional para proteger su salud antes de su uso.

Listado de medicamentos by El Litoral

El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con las nuevas autoridades del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y recorrió las instalaciones ubicadas en el norte de la ciudad de Santa Fe. En la oportunidad, el mandatario provincial estuvo acompañado por la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio; el secretario General, Juan Cruz Cándido, y la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, entre otros. El encuentro se produjo tras la designación y puesta en funciones de Carlos Arques, Daniela Blanche y Guillermo Cleti, como nuevos integrantes del directorio.

“El LIF es una empresa, un laboratorio farmacéutico de la provincia que produce 46 medicamentos y abastece a todos los efectores de salud pública de la Provincia de Santa Fe”, destacó Pullaro para luego asegurar: “Estamos realmente muy contentos porque decir LIF, es decir calidad en medicamentos de la provincia y eso nos genera un gran orgullo”.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio -que además preside el Directorio del LIF-, indicó que “para nosotros es emblemático el laboratorio de producción de medicamentos propios, con la calidad que tiene de medicamentos. Sabemos de su potencia y vamos a poner toda nuestra energía y esfuerzo para hacer crecer este laboratorio y sobre todo, defenderlo. En tiempos en que hay cuestiones que se discuten, nosotros sabemos que esto da resultado y genera una accesibilidad al medicamento, no sólo en la provincia de Santa Fe, sino también en el resto de nuestra Argentina”.

Finalmente, Carlos Arques, resaltó dos objetivos a cumplir por el LIF: “El primero, proveer a la salud pública provincial, las especialidades que produce; que no falte ningún medicamento que nosotros producimos, en ningún lugar de la provincia. Y luego, necesariamente, toda empresa que está organizada como nosotros sabemos que se puede organizar el laboratorio, piensa en crecer. Entonces esa segunda etapa será de crecimiento; crecimiento en cantidad de producción, y en el desarrollo de nuevas especialidades porque ese es nuestro destino: crecer y satisfacer las necesidades de toda la salud pública de la provincia de Santa Fe”.

La Federación Farmacéutica (FEFARA) expresó en un comunicado su preocupación por el decreto 63/2024 publicado en el Boletín Oficial del gobierno el lunes 22 de enero. Bajo dicho decreto, entraron en vigencia cambios significativos en la prescripción y comercialización de medicamentos.

En primer lugar, FEFARA asegura que estos cambios “desfavorecen el acceso (a medicamentos) y ponen en riesgo la salud de la población”. Así también, destacaron que en Argentina “no se trabaja con medicamentos genéricos” y que “todos los medicamentos del circuito legal aprobados por la autoridad de aplicación tienen la efectividad, eficacia y seguridad que corresponde”.

Según el nuevo decreto, los profesionales de la salud facultados a prescribir especialidades medicinales deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta y podrán sugerir una marca comercial.

Por su parte, el farmacéutico "tendrá la obligación, a pedido del consumidor, de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto".

En otra línea del comunicado de FEFARA, la entidad remarca la peligrosidad de la comercialización de medicamentos de venta libre (antiácidos y analgésicos) en establecimientos no habilitados. Según FEFARA, esto “conforma un serio riesgo para la salud de la población, ya que no son sustancias inocuas”. “El exceso en el consumo y el mal uso de los mismos genera un aumento considerable en internaciones derivadas de reacciones adversas”, advirtieron.

Así también, FEFARA se refirió en su escrito a la norma que permite que las droguerías puedan “exclusivamente despachar al público recetas en las que se prescriban medicamentos oncológicos o de tratamientos especiales que se encuentren listados por la autoridad de aplicación”. Respecto a esto, el comunicado menciona que se “deja clara evidencia de favoritismos sin sustento” y alerta que “al mencionar tratamientos especiales, no se establece con claridad un criterio sanitario respetable ni seguro”.

“Lo apuntado hasta aquí resulta clara evidencia de un retroceso en políticas de salud pública, sin ninguna certeza de mejoras en las prestaciones ni en los costos de las mismas”, reza el comunicado.

“Alertamos además acerca de las claras incoherencias visibles en ambos cuerpos legales, en los cuales por un lado se plantea la ausencia del farmacéutico en las farmacias y por el otro ratifica que ‘el farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades medicinales que requieren recetas, como así también para su sustitución’”, continúa el escrito de la Federación.

“Lo cierto y concreto es que los resultados de las medidas que aquí se están tomando, no pueden tener otros resultados que los generados por la desregulación de los años 90, produciéndose un aumento de los precios de los medicamentos y el descontrol de la comercialización con el consecuente impacto en la salud de la población”, añade.

“El acceso seguro y de calidad al medicamento (…) es un bien social (...), el cual: para el farmacéutico, dispensarlo es un servicio, para los gobiernos, garantizarlo es una obligación y para el pueblo, acceder es un derecho”, cierra el comunicado.