El clima de confrontación entre el sindicalismo y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de urgencia. La decisión de los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), de adelantar el encuentro de consejo directivo responde a la presión de diversos sectores gremiales que consideran que las movilizaciones callejeras ya no son suficientes para frenar la Reforma Laboral en el Congreso.

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que mayor rechazo generan, se destaca un artículo que permitiría reducir el salario de los trabajadores entre un 25% y un 30% en caso de licencia médica. Asimismo, a la central obrera le preocupa el impacto en las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga.

Jorge Sola, secretario general de la CGT. Reuters/Tomas Cuesta

En el encuentro virtual del lunes se terminará de pulir la estrategia. Según trascendió, la intención de los sectores más duros es concretar la medida de fuerza el mismo día en que el debate llegue al recinto, barajándose como fechas tentativas el miércoles 18 o el jueves 19 de febrero.

Con este adelantamiento, la cúpula busca dar un mensaje de unidad y evitar que la iniciativa del paro quede en manos de sectores externos a la conducción oficial.

Manifestantes en protesta organizada por la CGT contra la reforma laboral propuesta por el gobierno. Reuters/Tomas Cuesta

Los dirigentes coinciden en que el debate en Diputados representa una instancia crítica que afecta directamente la estructura del convenio colectivo y los derechos adquiridos en materia de cese laboral. Además del rechazo a la quita salarial por enfermedad, monitorean las modificaciones en las multas por falta de registro laboral, punto que consideran una "invitación a la precarización".

Finalmente, desde la cúpula sindical se ha dejado trascender que el éxito del paro dependerá de la adhesión de los gremios del transporte, quienes ya manifestaron malestar por el impacto de la reforma en sus regímenes especiales. La reunión definirá si se opta por una huelga total de 24 horas o una movilización con cese parcial, buscando influir en los legisladores antes de la votación definitiva.

Habían pasado casi 10 horas de sesión cuando el Senado nacional convirtió en ley el financiamiento universitario y un buen rato más hizo lo propio con la emergencia pediátrica, dos normas que el presidente Javier Milei anticipó que va a vetar porque, según sus cálculos, comprometen el equilibrio fiscal.

La Cámara de Senadores celebró este jueves, desde poco antes del mediodía, una maratónica sesión en la que se destinaron varias horas al debate y posterior rechazo de cinco decretos presidenciales que, fundados en las facultades delegadas que incorporó la mega Ley de Bases, intervinieron organismos públicos: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

El debate sobre esta materia se inició al mediodía, en simultáneo con la exposición del ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, ante el Council of the Americas donde defendió los efectos de las medidas de ajuste realizadas por el gobierno nacional.

Todos los decretos fueron rechazados.

Mucho después y ya avanzada la tarde, llegó el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento universitario, que venía con media sanción de Diputados y propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos. Una vez más, hubo apoyo mayoritario y la iniciativa, impulsada por rectoras y rectores de todo el país nucleados en el Consejo Universitario Nacional, obtuvo sanción por 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Domingo 15 de septiembre de 2024. Por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío del Presupuesto para este año. Luego se decidió reconducir el que rige desde 2023. Crédito: Archivo.

Es la segunda vez en dos años consecutivos que se sanciona una ley en este sentido. El año pasado, en septiembre, llegó a convertirse en ley un proyecto similar y en octubre fue vetada por el Presidente. El mismo criterio anticipó Javier Milei para esta nueva ley aunque hasta el momento no hubo anuncios en ese sentido.

El último revés al oficialismo llegó entrada la noche y fue con la sanción de la ley de emergencia en salud pediátrica, que prevé más fondos, recomposición salarial y derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas. La diferencia fue más amplia aún: 62 votos positivos y 8 negativos.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo llegó desde La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

Con el trasfondo en la delicada situación que atraviesa el Hospital Garrahan, referente en todo el país en atención de excelencia, el dictamen fija que las autoridades deberán garantizar "el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes".

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales".

"Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023".

También exime al personal de salud del pago de Ganancias cuando desempeñan "actividades críticas, horas extras y/o guardias".

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La cuestión de los fondos, partidas y asignaciones sobrevoló toda la sesión de la Cámara alta, por una razón bien concreta: la ausencia de un Presupuesto de Gastos y Recursos. En realidad, en un hecho inédito, la gestión actual recondujo por segunda vez el presupuesto de 2023, situación que para legisladores de ambas cámaras (el reclamo está siempre presente en Diputados) complica toda discusión.

El año pasado, el financiamiento universitario fue ley, luego llegó el veto presidencial y un nuevo reclamo en las calles. El Senado sancionó este jueves una norma impulsada por el CIN. Crédito: Archivo/Manuel Fabatía.

En el recuerdo quedó la presentación del proyecto para este año, el 15 de septiembre de 2024, cuando Milei convocó a la asamblea legislativa en plena noche de domingo y por cadena nacional anunció el envío del Presupuesto que luego quedó congelado en comisiones.

¿Qué pasará este año? Habrá que esperar a mediados del próximo mes para saber qué decisión adopta el Ejecutivo nacional.

Mientras tanto, nadie duda que fue una semana complicada para el presidente Milei, que insiste en descalificar al Congreso y sus integrantes pero tuvo un fuerte revés en la Cámara de Diputados, que el miércoles rechazó el veto total a la emergencia en Discapacidad y, un día después, el resultado de un Senado que propinó un 7 a 0 (cinco decretos rechazados y dos leyes aprobadas) a la administración nacional.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, reafirmó su compromiso con la educación pública durante una jornada en la que se dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. 

“Hoy cumplimos el compromiso que asumimos el 2 de junio en la Universidad Nacional del Litoral: aprobamos la Ley de Financiamiento Educativo. Es un paso fundamental para garantizar el futuro de la educación en nuestra provincia y en el país. La educación ha sido históricamente un pilar clave para el desarrollo nacional. No se trata solo de garantizar igualdad de oportunidades, sino de sostener el activo más importante que tenemos como sociedad: el conocimiento”, sostuvo. Además, destacó que la educación pública es una verdadera herramienta de libertad y progreso colectivo.

Mirabella también subrayó la importancia de mantener una mirada federal al momento de discutir el financiamiento educativo. “Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en cada rincón del país. En Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Rafaela y las cinco facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional han sido motores de desarrollo científico, tecnológico y social. Defender la educación pública es defender el futuro de nuestra provincia y de la Argentina”, concluyó.

La Cámara de Senadores decidió volver a foja cero un proyecto de ley que estaba a punto de ser aprobado y busca prohibir los nombramientos en las comunas y las municipalidades cuando se inicia el proceso electoral en el último año de mandato de sus gobiernos.

La iniciativa es del senador radical Hugo Rasetto (Iriondo) y busca una regla clara para todas las administraciones de pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, para separar a jefes comunales e intendentes municipales de las lógicas presiones asociadas a la puja electoral natural del último año de mandato y los apurados pases a planta permanente de personal contratado o directamente el ingreso desde fuera del sector público.

La idea en favor de poner límites bajo la figura de la prohibición, sin embargo, provocó consultas a constitucionalistas y funcionarios de la Casa Gris, justo en la semana en que la propuesta de Rasetto quedaba a un paso de lograr la media sanción. Y primó la prudencia: el expediente N°51047, UCSFL, sigla que significa que fue propuesto por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y que se trata proyecto de Ley, volvió nomás a comisiones.

El Capítulo V de la Constitución de Santa Fe describe el proceso de Formación y Sanción de las Leyes, que es común a otros cuerpos legislativos. Dispone solo mayorías especiales para los temas que no han tenido previamente el tratamiento en comisiones que deben reunirse durante la semana, antes del día de la sesión. Y reserva otras mayorías agravadas para los asuntos que llegan al momento del debate sin pasar por esos filtros, que son las comisiones. El que tiene menor permeabilidad y es más exigente con la redacción de los textos legales es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que hoy está a cargo del también jefe del bloque del oficialismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo).

En la actual composición del Senado, producto de la elección del 10 de septiembre del año pasado, le otorga al radicalismo que encabeza Borla 13 bancas, más su aliado de Unite, Joaquín Gramajo, 14 de los 19 escaños. Con esos números cualquier mensaje del Poder Ejecutivo o iniciativa de la alianza que gobierna tiene muy amplias chances de prosperar. Y eso se suponía que iba a ocurrir con la norma impulsada por el representante de Iriondo.

El texto impulsado por el senador Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) había logrado media sanción en 2021, cuando su bloque estaba en minoría. Foto: Archivo

Siempre que un proyecto de ley tiene despacho de comisiones y logra avanzar hasta tener un lugar en el Orden del Día, los cuerpos legislativos quedan en condiciones de aprobarlos por simple mayoría, es decir, sin la necesidad de reunir los dos tercios de los presentes que exige un tratamiento sobre tablas.

En otras palabras, cuando los cronistas parlamentarios ven el cuadernillo de los expedientes que están listos para ser sancionados dan por descontado que -salvo una decisión de último momento- se trata de cuestiones que tienen el necesario consenso político para su aprobación.

Son excepcionales los casos en los que un expediente vuelve a comisiones tras haber alcanzado lo necesario para una aprobación de este tipo. Significa volver a la línea de largada cuando se está a un paso de la meta, tras haber logrado superar las vallas que ofrecen las comisiones a las que había sido derivado.

El artículo uno del texto que se volverá a discutir fuera del recinto que había iniciado Rasetto ordena: "Prohíbese a los municipios y comunas realizar nombramientos y pases de personal a planta permanente en el ámbito de sus administraciones, a partir de la fecha de oficialización de listas de renovación de sus autoridades y hasta la finalización del mandato del/la Intendente/a Municipal o de los miembros de la Comisión Comunal, o dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de finalización del mandato del/la Intendente/a Municipal o de los miembros de la Comisión Comunal, lo que ocurra primero".

Años atrás, en 2021, Rasetto había hecho la misma propuesta y desde un bloque que era minoritario. Tres años atrás, el PJ por entonces mayoritario convalidó la iniciativa y ese texto logró media sanción pero no superó la Cámara de Diputados.

Por unanimidad y sobre tablas, la Cámara de Senadores votó la creación del "Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos", que contempla a los habitantes de la Provincia de Santa Fe que carezcan de cobertura de salud mediante sistema de obra social o un sistema de medicina privada", explicó su autor, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).

El proyecto también lleva la firma de otros pares del cuerpo, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo suscribieron los justicialistas Armando Traferri (San Lorenzo), Rubén Pirola (Las Colonias) y Alcides Calvo (Castellanos) así como los radicales Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Giacomino (Constitución), Rodrigo Borla (San Justo) y Hugo Rasetto (Iriondo).

Michlig sostuvo en el recinto que puede ser más eficiente la compra de medicamentos desde el sector público: "creemos que el proyecto es de una gran importancia, no solo por la dimensión de sus virtudes generales sino también por la amplitud de los impactos positivos que posee".

"Podemos decir que se trata de procurar garantizar en los hechos un derecho esencialísimo que, si bien hoy se encuentra reconocido normativamente, su logro no es alcanzado íntegramente y la parte que es concretada lo es con baja eficiencia. Estamos hablando, ni más ni menos, de derecho al acceso a los medicamentos, a la salud", dijo.

"Hoy la provisión de medicamentos a ciudadanos que carecen de obra social es ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional y con dificultades importantes para ser conducida en forma integral", describió.

La norma con media sanción que pasó a Diputados procura "proveer solo medicamentos autorizados por la ANMAT y que cuenten con evidencia de efectividad, eficiencia y seguridad para el paciente", con más información a la hora de las compras.

Explicó que hoy por un lado "se adquieren medicamentos de una forma centralizada desde el Ministerio de Salud y son distribuidos para su entrega a través de los efectores públicos de salud pero, por otro, hay efectores de salud públicos no estatales que igualmente integran el sistema de salud pública que, contando con facultades de autogestión, también compran medicamentos, en unos casos con planificación y buenas prácticas administrativas y en otros casos con baja planificación, mediante compras directas invocando urgencias. Incluso aquellas compras con recursos que no son provistos por el Estado quedan en una zona gris en materia de control externo", indicó.

Por eso este Plan busca dar "un salto en términos de efectividad prestacional, calidad de servicio, eficiencia de gestión y conducción estratégica por las autoridades de gobierno" sobre la base de que los remedios "se adquieran desde un centro único que integre información en tiempo real y se provean a los usuarios de una forma descentralizada a través del efector que corresponda. De esta forma se logra una combinación inteligente entre las virtudes de la centralización y la descentralización, que en la faz instrumental se recurre a una figura cuya versatilidad y eficacia ha sido probada en otras áreas como lo es la Unidad de Gestión".

"Es una figura muy versátil, que aprovecha con flexibilidad recursos ya existentes en el Estado Provincial, por lo cual garantiza que no se necesiten duplicaciones ni la incorporación de personal", agregó.

El instrumento legal propone además que "en forma excepcional podrán incluirse como beneficiarios aquellos habitantes de la Provincia cuya cobertura mediante sistema de obra social se encuentre interrumpida por causas extraordinarias", siempre en vista de garantizar la provisión pública gratuita de medicamentos a los habitantes que se encuentren encuadrados en las condiciones indicadas.

Asimismo, se apunta a "introducir soluciones e innovaciones tecnológicas a los sistemas de validación, prescripción electrónica, y auditoría de tratamientos médicos; procurar mecanismos eficientes de abastecimiento y logística de medicamentos en los distintos efectores de salud de la Provincia; otorgar mayor transparencia y optimizar la dinámica de adquisición, ampliar la red de prestadores de medicamentos del sector público estableciendo nuevos centros de provisión; brindar nuevas herramientas de información y comunicación a los pacientes, promoviendo un uso racional e informado del medicamento, a la vez acompañarlo a lo largo de todo su tratamiento".

Por otra parte, se propicia dotar al Estado de una herramienta de seguimiento y acceso en línea de la información de consumo, con estadísticas, evolución y alertas epidemiológicas integrado a segmentación etaria, geográfica, sociocultural, de género, etc. Integrar esquemas y tecnologías de provisión con el resto de los financiadores de la salud y productores de medicamentos, especialmente con el Instituo Autárquico Provincial de la Obra Social (Iapos, y el Laboratorio Industrial Farmacéutico.

La norma plantea que una Unidad de gestión del Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos a cargo de los ministros de Economía y de Salud y de una Comisión de Monitoreo integrada por dos miembros, de sendas comisiones de Salud permanentes de ambas cámaras legislativas.

También con media sanción e igual consenso, el Senado aprobó un proyecto de ley para el Programa Provincial de Monitoreo Químico de Estupefacientes, del senador Miguel Rabbia (PJ-Rosario) y del mismo autor, la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.674 que dispone el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley del Diputado Provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, donde solicita la creación de un Programa Provincial de Información, Concientización y Sensibilización sobre la importancia de Donación de Médula Ósea, con el fin de promover y difundir la importancia de la donación de médula ósea o Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en el ámbito del territorio de la Provincia de Santa Fe. 

“El pasado sábado 16 de septiembre se celebró el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, y en la sesión del último jueves 21 de septiembre, hemos dado media sanción a este proyecto de ley que va en el mismo sentido de lo que plantea justamente la Asociación Mundial de Registros Donantes de Médula Ósea (WMDA), entre otras cuestiones, la de crear conciencia sobre la importancia de registrarse como donantes y sobre el impacto del trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la vida de los pacientes”, destacó Real.

Entre los puntos sustanciales del articulado se destaca el diseño de una campaña anual de información y concientización con el fin de promover y difundir la importancia de la donación de médula ósea en el territorio de la provincia de Santa Fe.

Vale destacar que en 2022 se alcanzó un récord de donantes argentinos de médula ósea, concretándose en total 112 procesos de donación. Entre ellos, 47 fueron destinados para trasplante de receptores argentinos y 65 para extranjeros. La donación de médula se rige por la solidaridad internacional. La búsqueda mundial garantiza a todos los pacientes las mismas posibilidades de encontrar un donante de médula o una unidad de cordón umbilical, vivan donde vivan. 

“Profundizar en la concientización de que ser donante de médula ósea implica un compromiso humano particular, realizar campañas de difusión que logren transmitir que no es una experiencia traumática, desmitificar como se practica la donación de medula ósea, lograr difundir que uno puede ser la última posibilidad de vida para otra persona, es el principal objetivo de nuestro proyecto”, subrayó el legislador firmatense del Partido Demócrata Progresista (PDP).

La Cámara de Diputados aprobó este martes por amplia mayoría y giró en revisión al Senado, en una sesión especial, el proyecto para fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que generan una ola de violencia en la ciudad de Rosario.

La iniciativa se aprobó con 214 votos, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza Libertad. Hubo cuatro abstenciones de la izquierda.

El proyecto busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº27.063, sus normas modificatorias y complementarias.

El diputado Roberto Mirabella celebró la aprobación del proyecto, presentado un año atrás con el acompañamiento de todos los diputados de la provincia y el apoyo de los senadores Dionisio Scarpín y Carolina Losada y del gobernador Omar Perotti, quien también estuvo presente en la sesión.

“Es inédito que todos los legisladores de mi provincia nos hayamos puesto de acuerdo y firmado juntos este proyecto, que busca fortalecer la Justicia penal federal en Santa Fe y promover la implementación del sistema acusatorio, aprobado en 2014. Estamos dando un paso importante, trabajando codo a codo y tirando para el mismo lado en la lucha contra el narcotráfico. Sin justicia, no vamos a mejorar los niveles de seguridad”, remarcó Mirabella en su discurso como miembro informante de la iniciativa.

“Con esta iniciativa, creamos 27 cargos de fiscales federales que llevarán adelante las investigaciones, defensores, jueces de garantías, de revisión y de ejecución penal. Es un salto cualitativo gigante para la provincia. La estructura de la justicia federal en Santa Fe no se actualiza desde hace más de 30 años, cuando este delito que hoy enfrentamos, el narcotráfico, no existía”, detalló el diputado.

La iniciativa, aprobada con media sanción por la Cámara de Diputados, deberá ser tratada en el Senado para convertirse en ley. El proyecto contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino incluyendo cinco nuevas fiscalías federales en Rosario, tres en Santa Fe y una en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

La diputada provincial Georgina Orciani obtuvo media sanción en proyectos que tienen por finalidad la expropiación de espacios en beneficio de la localidad de Santa Isabel.

La legisladora que integra el bloque UCR-Evolución encabezado por Maximiliano Pullaro, tiempo atrás presentó dos proyectos diferentes que esta semana obtuvieron la aprobación de la Cámara baja. Estas propuestas no tiene otro fin que beneficiar a la localidad de Santa Isabel.

En primero lugar, se requiere la expropiación de la parte no utilizada de la casa del Banco Santa Fe, la cual originariamente era utilizada como vivienda para la familia del gerente de la sucursal isabelense, pero desde hace muchos años está en desuso. La localidad se favorecerá de forma directa con esta gestión de la diputada, ya que se brindará un espacio para el desarrollo funcional inherente a la gestión de la Comuna local en materia social, cultural, educativa y deportiva.

“Este inmueble puede ofrecer un espacio para el funcionamiento de dependencias comunales que actualmente no cuentan con un lugar adecuado a sus diferentes funciones, permitiendo el desarrollo y crecimiento de estas área”, afirmó Orciani.

El segundo proyecto presentado por la legisladora, dentro de la misma temática, ordena expropiar y devolverle a los vecinos de esta localidad el espacio del “Laguito” que hasta el día de hoy no ha sido utilizado por la Dirección Provincial de Vialidad. La diputada radical afirma que la conservación del terreno por parte del Estado, el cual no ha presentado ningún tipo de interés, no logra otra cosa que perjudicar a los santafesinos y santafesinas que ven limitados sus derechos por falta de gestión en la utilización del mismo.

Ambos espacios se encuentran completamente inutilizados y perdiendo valor día a día. El desuso de estas instalaciones genera una sensación de abandono que trae aparejado el deterioro, con la consecuente mala imagen que daña indirectamente a toda la comunidad. “Reclamé que se cedan estos espacios a la Comuna de Santa Isabel para que allí se desarrolle parte de la vida de los y las isabelenses, garantizando el crecimiento y beneficio de los mismos”, cerró Georgina Orciani.

(Por Luis Rodrigo) – Fue una sesión inusual, propia de una norma que busca también ser distinta. Se dio media sanción y volvió a Diputados una ley que pretende cambiar la metodología de trabajo de los jueces penales, de los fiscales del MPA, de los defensores y hasta de los policías. Que funde una nueva perspectiva obligatoria para quienes son parte del proceso penal, la de las víctimas. La de los familiares y deudos de los muertos violentamente.

Hubo una extensa exposición de Lisandro Enrico (UCR-General López) y de otros senadores que curiosamente se completó con una breve intervención de un diputado, Oscar Martínez, que fue autorizado a hablar en plena sesión. Y, lo que es aún más extraordinario, se le dio la palabra a una ciudadana, que resumió en su dolor el sentido de lo que se quiere cambiar en el proceso penal: “siento que mi lucha de 16 años no ha sido en vano, que la muerte de mi nieto no fue en vano. Otros van a tener el derecho que él no tuvo, gracias a unos oídos que se abrieron y escucharon el dolor, el clamor de padres, madres, hijos, abuelos que no hemos sido escuchados hasta ahora”.

El radical habló desde su banca para exponer la labor realizada dentro de la Cámara alta y no dudó en calificar al texto votado como “la ley más importante que hemos votado este año”; el diputado desde un escaño prestado para comunicar el consenso alcanzado y que se aprobaría una preferencia en ese otro cuerpo; y la señora mayor que observó que “solo quien lo ha pasado sabe lo que se siente”, desde una silla de ruedas dentro del recinto, no en las barras para evitarle las molestias de las barreras arquitectónicas del histórico Palacio Legislativo.

Catalina Narváez ya estaba allí, cerquita de los representantes parlamentarios, muy calma y atenta. Sencillamente levantó la mano luego de que hubiera dado un interesante -y aplaudido- discurso la vicegobernadora Alejandra Rodenas, le concedió ese privilegio de inmediato que solo existe en otro tipo de sesiones, las de homenajes o celebraciones especiales cuando no hay en tratamiento normas del Estado. Esta vez, habló alguien a quien le mataron su nieto y que participa activamente de los movimientos de familiares de víctimas de la violencia, que ubicaron sus pancartas en las barras. Se le acercó un micrófono y entonces dijo lo suyo. “Hoy tengo un sueño cumplido”, explicó. Transmitió esperanza y reclamó que haya justicia.

Catalina Narváez: “Siento que la muerte de mi nieto no fue en vano (…) Otros tendrán lo que él no tuvo”. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores.

La presidenta de la Cámara había recordado que una ley nacional, en la que le tocó como diputada nacional trabajar con su por entonces par, Sergio Massa, alteró los procedimientos penales. Y entonces fue más atrás en su trayectoria como jueza para explicar que escuchar a las víctimas era una verdadera “concesión” de los magistrados. Ahora, en Santa Fe, será parte de sus obligaciones. Lo mismo que para los fiscales antes de por ejemplo acorar un juicio abreviado, en el que se negocian pocos años de prisión o incluso ni eso a cambio de que se admita que se es culpable.

El momento clave para que “si quiere y si puede” y bajo condiciones que garanticen su seguridad y privacidad la víctima hable al juez y los fiscales será el de la audiencia imputativa. Es decir, cuando al acusado se lo pone en conocimiento de los delitos por los que se lo persigue. “Esa es la puerta de entrada del proceso penal”, definió Enrico.

Como explicó con toda claridad el jefe del bloque del radicalismo, que necesitó hablar más tiempo para que todos entiendan, ya no se podrá correr con tecnicismos a los que han sufrido una pérdida irreparable o les han robado. Además del lenguaje propio del juicio oral, se deberá explicar a las víctimas o sus familiares qué se dice, de manera llana, accesible. Seguramente habrá audiencias más largas, pero más justas.

La ley de derechos de víctimas del delito que ahora ha vuelto a Diputados donde ya logró media sanción es “la más importante de las que se han tratado este año en la Provincia de Santa Fe”, sostuvo el senador Lisandro Enrico.

“Marcará -afirmó- un cambio importantísimo en la Justicia porque le dará a quien sufrió un delito el derecho a ser escuchado por jueces y fiscales”. Establece que las víctimas de delitos se podrán expresar antes de dictarse una sentencia, y del modo que crean conveniente; determina la creación de una capacitación en perspectiva de víctimas que se deberá dar en todos los niveles del Estado provincial; incorpora la figura de la víctima indirecta para los familiares, cónyuge, conviviente, padres, adoptantes, hijos, hermanos, tutores o guardadores que también tengan los mismos derechos, inclusive a ser querellantes; crea la Defensoría de la Víctima, de carácter autárquico; amplía el número de miembros de la Junta de Seguridad sumando a dos representantes de las asociaciones de víctimas de la inseguridad; extiende los derechos de las víctimas hoy contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal de Santa Fe: hoy posee 9 incisos y los lleva a 15.

“El derecho penal debe empezar a mirar más a la víctima que al imputado, esa es la esencia en este trabajo legislativo que llevamos adelante con compromiso y muchas horas de dedicación”, señalo. Advirtió que es hora de que las corrientes doctrinarias mayoritarias en el país también acudan a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos para sostener reformas al proceso penal que reclaman otorgar derechos y garantías a la víctima. No sólo al imputado.

Así, “desde el policía que recibe la denuncia, hasta el juez de cámara que tiene que dictar una sentencia, pasando por el juez de primera instancia y los fiscales y defensores tienen que tratar a las víctimas de manera correcta”.

“Buscamos como objetivo el derecho de las víctimas al asesoramiento, asistencia, y protección”, resumió.

“Lo que hacemos hoy es parte de humanizar la política”, Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital).

“Debemos equilibrar la tendencia de tantos años de la justicia por el garantismo”, Lisandro Enrico (UCR-General Oblitgado).

“Es una ley que viene a ampliar derechos, no a ponerlos en contraposición con otros que ya existen (…) Es una ley que viene de abajo hacia arriba, que responde a las demandas de la sociedad”, Rubén Pirola (PJ-NES-Las Colonias).

“Rosario vive una endemia de adicciones, Córdoba tiene menos hechos de violencia en los delitos, menos muertos, porque las trata como lo que son: una enfermedad”, Miguel Rabbia (PJ-L-Rosario).

“Admiro la paciencia y el respeto de las asociaciones de víctimas para dejarnos trabajar este proyecto de Rubén Pirola y Oscar Martínez, por el que tanto y tan bien ha trabajado también Lisandro Enrico. Lo más importante que hacemos hoy es que la víctima va a poder ser escuchada. Esta Cámara ya lo hizo”, Armando Traferri (PJ-NES-San Lorenzo).

El proyecto de la diputada provincial del Bloque UCR Evolución, Silvana Di Stefano, para modificar la ley que establece las actualizaciones de los fondos destinados por la provincia para solventar los servicios de Comedor Escolar y Copa de Leche en las escuelas de Santa Fe, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y fue girada a Senadores.

La iniciativa establece que la actualización se realizará dos veces al año, en los meses de marzo y julio de cada ciclo lectivo, coincidiendo con el período posterior a los recesos escolares. Además, aclara que en caso de que la inflación acumulada en el primer o tercer trimestre del año supere el 10 por ciento, deberá hacerse de manera trimestral.

“Adquirir alimentos que registran un aumento tan significativo genera, con el correr de los meses, problemas en la gestión de los comedores que indefectiblemente impactan en la cantidad y calidad de la comida que reciben los niños, niñas y adolescentes, lo provoca que, en el mejor de los casos, el costo inflacionario sea asumido por los proveedores o las cooperadoras escolares”, lamentó.

Por otra parte, Di Stefano advirtió que “al retraso en los valores de las raciones, se le suma la demora con la que el Ministerio de Economía está efectuando los depósitos. Nos han informado los cooperadores y directores de establecimientos escolares, que las transferencias se están recibiendo con 2 o 3 meses de atraso”.

“El gobernador Omar Perotti recauda y guarda, pero no sabemos para qué. No sólo no tiene proyectos para asignar recursos, sino que no gestiona cuestiones básicas, como lo es el servicio de comedor escolar. Esto no les sirve a los santafesinos”, cerró la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.

Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la ley 12.867 que estableció la ‘Pensión Malvinas’ en la provincia para “toda persona que acredite haber participado de las acciones bélicas desarrolladas en defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en efectivas acciones de combate, entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982”. La reforma incluye que la provincia solvente un viaje al cementerio de Darwin a familiares de caídos en el archipiélago y la posibilidad de extender el beneficio previsional a hermanos en caso de Veteranos fallecidos, sin descendencia, cónyuge o progenitores.

El radical Marcelo González es el autor de la iniciativa que fue dictaminada por las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales y que en el recinto tuvo el voto unánime del cuerpo. La reforma fue aprobada a una semana del acto que ambas cámaras legislativas realizaron en La Redonda para rendir homenaje a los Veteranos de Guerra santafesinos y a los familiares de los caídos en la contienda. Fue en coincidencia con los cuarenta años del cese de hostilidades. Allí, en ese ámbito, el veterano rosarino Rubén Rada dio indicios del avance del proyecto de ley especialmente en lo que tiene que ver con el viaje al cementerio de Darwin.

González aseguró que el tema tiene el respaldo de las organizaciones de veteranos y espera una pronta definición del Senado. Emocionado, en el recinto detalló situaciones de familiares de ex combatientes en su zona de origen (San Cristóbal) que la norma busca subsanar.

“La provincia arbitrará las medidas necesarias para solventar todos los costos de traslado de un viaje ida y vuelta con su correspondiente estadía, para un familiar por cada Veterano de Guerra de Malvinas santafesino caído en combate, desde su lugar de origen hasta el Cementerio de Darwin – Islas Malvinas. La periodicidad de los viajes se determinará en la reglamentación de la presente ley”, reza la redacción votada por Diputados.

La otra reforma apunta a que la pensión -equivale a la suma de tres veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia- pueda ser percibida por “las personas hermanas del Veterano de Guerra de Malvinas que demuestren fehacientemente ante la autoridad de aplicación su vínculo de parentesco”, siempre que el beneficio no sea percibido por otro familiar directo. En el proyecto de ley, el autor incluyó los 36 posibles casos de familiares que podrían reclamar ese beneficio pero en la redacción del proyecto el listado fue quitado.

La reforma a la Pensión Malvinas fue uno de los treces proyectos de ley aprobados por el pleno de Diputados en la sesión y todos girados en revisión al Senado. La sesión tuvo varias ausencias -la mayoría por enfermedad- y sobre el final eran apenas 30 los presentes en el recinto. En todos los casos de estos temas hubo votación unánime y una de las pocas controversias en el recinto fue un proyecto de declaración de Ximena Sola (Pro) repudiando expresiones de Javier Milei sobre Margaret Thatcher. Amalia Granata se abstuvo mientras que Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) votó en contra del texto advirtiendo que las expresiones fueron sacadas de contexto. “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos” señaló Mayoraz, seguidor del diputado porteño.

Entre los trece proyectos de ley, la mayoría son proyectos que había votado en años anteriores la Cámara pero que no tuvieron acompañamiento en el Senado, entre ellos una iniciativa de Sergio Basile (UCR Evolución) para ceder un terreno al club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, predio que hoy ocupa con un gimnasio en la sede céntrica de esta capital. Ya en la gestión de Miguel Lifschitz el Ejecutivo intentó concretar la donación pero nunca el Senado validó la iniciativa.

También fue votada a modificación a un artículo de la ley 6896, la orgánica del Notariado provincial, propuesta de la radical Georgina Orciani que apunta a cambiar la redacción del artículo 24 que regula el régimen de adjunciones notariales. “Nos hacemos eco de un fuerte reclamo por parte de los Colegios de Escribanos de Santa Fe, representados en su Consejo Superior, pero sobre todo de los jóvenes profesionales que viven una inestabilidad a largo plazo en sus espacios de trabajo”, explicó.

Para Orciani, la actual redacción de la ley crea “una situación de absoluta incertidumbre para los adjuntos y vulnera sus derechos constitucionalmente determinados, dado que, en caso de cese por cualquier causa del titular, se los instala como regente interino hasta el llamado del próximo concurso del registro notarial donde actúan perdiendo por completo su estabilidad laboral y la de los trabajadores de dicha escribanía”. Acotó que “esto resulta lesivo al legítimo derecho a la continuidad del notario adjunto en el desempeño en su condición y debe ser necesariamente subsanada mediante la consiguiente modificación legislativa”. Por último, la diputada aclaró que existen numerosos antecedentes legislativos en la mayoría de las provincia.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este miércoles al proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales y de legisladores.

La iniciativa fue impulsada por la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, pero rechazado por el Frente de Todos (FdT). Ahora, la propuesta pasará a la Cámara de Senadores.

Ante la ausencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien integra la comitiva que viajó con el presidente Alberto Fernández a Los Ángeles para asistir a la IX Cumbre de las Américas, el plenario fue presidido por el vicepresidente del cuerpo, Omar De Marchi (PRO).

La iniciativa inspirada en el “modelo cordobés” de boleta única de papel logró la media sanción con 132 votos a favor, 104 rechazos y cuatro abstenciones, por lo que el debate se mudará próximamente a la Cámara alta.

Si bien el ensayo de unidad amplia opositora que estrenó Juntos por el Cambio junto al interbloque Federal, los liberales y legisladores sueltos de fuerzas provinciales fue exitoso y alcanzó para asestarle un duro revés efectivo al oficialismo, en el horizonte cercano la situación cambia.

Aún en el improbable escenario de un triunfo en el Senado, lo cual solo podría producirse si un puñado de legisladores oficialistas se da vuelta y apoya el proyecto opositor, el presidente Alberto Fernández podrá ejercer el derecho constitucional al veto.

La sesión estuvo a punto de caerse por falta de quórum, pero finalmente la oposición salvó las papas del fuego cuando el legislador número 129 se sentó en su banca 15 minutos después de la hora pactada para el inicio de la reunión, que estuvo presidida por Omar de Marchi en ausencia de Sergio Massa (quien participa de un viaje oficial en Estados Unidos).

El quórum de 129 legisladores fue conformado con la contribución de 115 diputados de Juntos por el Cambio (sólo se ausentó Mario Negri por Covid positivo, con previo aviso), los ocho del Interbloque Federal, los dos de Juntos Somos Río Negro, los dos de Avanza Libertad, Javier Milei de La Libertad Avanza y Felipe Álvarez del interbloque Ser.

Los otros tres positivos para llegar a los 132 fueron aportados por Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino, Victoria Villarruel de La Libertad Avanza y Claudio Vidal de Ser.

Las cuatro abstenciones correspondieron al Frente de Izquierda.

Con enorme respaldo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva.

La iniciativa fue aprobada por 241 votos afirmativos y 8 negativos, y pasará ahora al Senado de la Nación, donde tiene grandes chances de ser convertida en ley. Es la cuarta vez en casi una década que es tratada en el Congreso.

El proyecto hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.

Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.

También prevé a creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades, entre otros puntos.

“En la actualidad los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables. La vejez es objeto de una categorización especial, los cambios y la disminución de facultades físicas junto a la exaltación de valores sociales, donde predomina lo joven y fuerte como lo valioso, provocan que las personas mayores sean ignoradas, desatendidas, discriminadas y/o maltratadas”, fundamentaron las legisladoras radicales Georgina Orciani y Silvana Di Stefano.

El proyecto de ley que impulsan para prevenir del abuso y el maltrato a los adultos mayores, pretende la creación de un área dependiente de la Dirección Provincial de Adultos Mayores para el desarrollo de programas, políticas inclusivas, capacitaciones y acompañamiento.

¿Qué incluye?

La creación de programas que brinden apoyo integral a los adultos mayores en defensa de sus derechos, garantizando el acceso a justicia y ofreciendo servicios, como asistencia psicológica, y/o patrocinio jurídico; el desarrollo de políticas inclusivas con el objetivo de revertir el aislamiento, fortalecer los lazos sociales y promover la autonomía.

Asimismo, contempla capacitaciones públicas para que sus cuidadores adquieran los conocimientos y herramientas adecuadas; el acompañamiento a familias cuidadoras con el fin de optimizar los recursos disponibles en cada caso; y un protocolo de intervención y asistencia ante los incumplimientos para evitar la revictimización.

Orciani y Di Stefano, integrantes de la bancada que encabeza Maximiliano Pullaro, coincidieron en que el maltrato a los adultos mayores “es una problemática que generalmente es oculta o silenciosa, puertas adentro, que genera graves trastornos físicos y psíquicos para las víctimas de los abusos”.

A su vez, las diputadas del bloque UCR-Evolución que lidera Maxi Pullaro precisaron: “En este ciclo vital se mezclan el miedo, la depresión, la angustia y la incapacidad creciente que les impide a las personas mayores tomar conciencia y/o denunciar tales atropellos y pedir ayuda”. “El silencio, el sufrimiento callado y, en muchas ocasiones, la muerte del paciente, cierran el círculo del abuso”, finalizaron sobre este proyecto que espera la aprobación del Senado para lograr la sanción definitiva.

En la sesión del jueves 25 de noviembre, última del período de prórroga ordinario, el bloque del PDP tenía preferencia para el tratamiento de 15 proyectos, entre ellos, nueve de ley. En ese marco se dio media sanción al proyecto de ley del diputado provincial Gabriel Real para que se modifique el artículo 31 de la Ley Nº 12.969, que plantea el aumento del porcentaje afectado a atender las erogaciones del Fondo de Seguridad Provincial.

Gabriel Real, diputado provincial del PDP, siempre a favor de los bomberos voluntarios.

“Nuestro proyecto de ley introduce nuevamente modificaciones a la Ley N° 12.969 de la provincia, de la cual soy autor, y lo podemos fundamentar a partir de distintos abordajes previos en el ámbito parlamentario; cabe mencionar que en su momento había solicitado mediante proyecto de comunicación -Expediente Nº 36.914 (aprobado)- se reglamente la Ley Nº 13.860, donde se modifican los artículos 10, 11, 16 y 34 de la le ley original”, expresó Real.

“Sosteníamos que resultaba indispensable y urgente su reglamentación, teniendo en cuenta el tema vinculado con la última modificación, la cual está referida al artículo de los beneficios que tienen los bomberos: Iapos, cupos de viviendas y régimen jubilatorio. Justamente esos temas resultan imprescindibles de enunciar a la hora de justificar el incremento porcentual en el Fondo de Seguridad Provincial que planteamos, ya que este mecanismo está previsto para atender la erogaciones que se enuncian en la ley, pero en la práctica casi el 90% de la composición presupuestaria del fondo se licua en aportes a Iapos solamente”.

El segundo punto clave fue conocer cómo se había comportado la recaudación y su posterior distribución en los últimos tres períodos, es decir en los años 2018, 2019 y 2020, en relación a los recursos que integran el fondo, y cuál es la partida asignada en el proyecto de Presupuesto 2022.

“En síntesis, el incremento en un punto porcentual de la constitución de los recursos del Fondo de Seguridad Provincial, nos permitirá ampliar la partida presupuestaria en casi 130 millones de pesos, donde estimativamente le corresponderá a cada uno de los 148 cuarteles de la provincia un monto cercano a los 900 mil pesos anuales. Se trata de recursos genuinos que le permitirán lograr mayor equipamiento, brindar los mejores elementos que permitan la prestación de un servicio de excelencia y el acceso a una continua capacitación para ampliar la profesionalización de sus tareas, con el claro objetivo de fortalecer los lineamientos para los cuales fue pensada la ley”, finalizó el legislador del PDP.