Un megaoperativo judicial y policial se desarrolló este viernes en Venado Tuerto y la región, con 20 allanamientos simultáneos que permitieron detener y/o aprehender a 10 personas, además de secuestrar armas, droga, teléfonos celulares y otros elementos de interés para distintas investigaciones.

Las medidas fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En total, se realizaron 18 procedimientos en distintos domicilios de la ciudad, uno en la localidad de María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

El operativo fue impulsado por el fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, Coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de la Dra. Mayra Vuletic, Coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, y de la fiscal adjunta Dra. Larisa Barucca.

La investigación se construyó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron establecer patrones de actuación, identificar a presuntos responsables y determinar domicilios vinculados a las causas.

Para llevar adelante los allanamientos se desplegaron alrededor de 130 efectivos policiales y 45 móviles, pertenecientes a la Policía de Investigaciones y a distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas y/o aprehendidas 10 personas. Una de ellas se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde también se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Además, los agentes incautaron una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos y 9,8 gramos de cocaína, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas policiales de la provincia, con el objetivo de esclarecer múltiples hechos delictivos, identificar a sus responsables y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a la comunidad.

La Fiscalía pidió 14 años de prisión efectiva para Javier Ezequiel S., en el marco de la causa que investiga el robo a tres viviendas del complejo residencial La Cheltonia, ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 371, en Venado Tuerto.

La requisitoria de acusación fue presentada por la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación. El hecho investigado ocurrió la noche del 14 de septiembre de 2024 y tuvo como víctimas a tres familias del barrio cerrado.

De acuerdo con la acusación, dos personas ingresaron al predio tras cortar los alambres del cerco de seguridad. Mientras tanto, Javier Ezequiel S. y Karen Torrilla habrían permanecido en el exterior, a bordo de un Ford Fiesta color bordó, cumpliendo el rol de “campana” y manteniendo comunicación telefónica con quienes estaban dentro del complejo.

La causa y la acusación fiscal

El imputado, oriundo de Córdoba y domiciliado en la localidad de Guatimozín, está acusado como partícipe primario de los delitos de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, por efracción, por la utilización de un arma impropia y privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real.

La audiencia imputativa se realizó el 8 de octubre de 2024. Ahora, con la requisitoria de acusación presentada, la fiscal Mayra Vuletic solicitó que se le imponga una pena de 14 años de prisión efectiva, además de accesorias legales y costas.

Karen Torrilla, quien también fue mencionada en la investigación, ya recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria.

Tres viviendas en una noche

Según la investigación, el primer hecho ocurrió alrededor de las 21 en una vivienda familiar. Allí, los delincuentes ingresaron por el patio trasero y redujeron al hijo del propietario y a su pareja.

La acusación sostiene que las víctimas fueron maniatadas y que al joven le colocaron una bolsa en la cabeza, mientras era amenazado y punzado con un destornillador. Del lugar sustrajeron dos teléfonos celulares, un reloj Samsung Watch 6 Classic, 50 mil pesos y el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Media hora más tarde, alrededor de las 21.30, los autores ingresaron a otra casa, tras forzar una ventana balcón trasera de un dormitorio. De allí se llevaron dos medallas de oro grabadas, un anillo de oro con iniciales y tres cadenas de plata con dijes de confirmación.

En el tercer hecho, también cerca de las 21.30, los delincuentes entraron a un inmueble luego de forzar una ventana de la sala de juegos. Según la acusación, sustrajeron 200 mil pesos, 2.500 dólares, cuatro perfumes, dos celulares y una mochila infantil marca Montagne.

El rol atribuido al acusado

Para la Fiscalía, Javier Ezequiel S. no habría ingresado al barrio cerrado, pero sí habría cumplido un papel clave para la concreción de los robos. La acusación sostiene que permaneció en el vehículo junto a Torrilla y que mantuvo comunicación permanente con quienes estaban dentro del predio.

Según el planteo fiscal, esa tarea habría tenido como objetivo informar sobre los movimientos en el exterior del barrio y garantizar la impunidad de los autores materiales.

Una serie de allanamientos realizados este sábado en Venado Tuerto permitieron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos durante un robo cometido el jueves en una vivienda ubicada en inmediaciones de Santa Fe y Rivadavia. La causa es investigada por la fiscal Mayra Vulectiv como robo calificado por efracción y privación de la libertad.

Violento ingreso a una vivienda

El hecho ocurrió el jueves por la mañana, cuando una mujer regresó a su domicilio luego de dejar a su hija en un establecimiento educativo. Al ingresar a la casa, fue sorprendida por dos hombres que se encontraban en el interior del inmueble.

Según consta en la denuncia, los delincuentes habrían ingresado por el patio, tras violentar una reja y una abertura del sector cocina-comedor. Una vez dentro, redujeron a la víctima y comenzaron a revisar distintos ambientes de la vivienda.

Durante el asalto, los hombres le exigieron dinero y preguntaron por una presunta caja fuerte. La mujer fue retenida dentro de la casa mientras los autores del robo buscaban objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos se encontraba un automóvil Renault Kwid, que fue recuperado durante la misma jornada del robo. El vehículo apareció abandonado en la colectora de la rotonda que une las rutas nacionales 8 y 33, uno de los puntos de acceso más transitados de Venado Tuerto.

Ese hallazgo permitió avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación, que quedó en manos de la fiscal Mayra Vuletic.

Allanamientos

Con autorización judicial, este sábado se concretaron allanamientos en tres domicilios de Venado Tuerto. Los procedimientos tuvieron como objetivo recuperar los bienes sustraídos y reunir elementos de interés para la causa.

De acuerdo con fuentes consultadas por Sur24, en los operativos se logró secuestrar la totalidad de los objetos denunciados como robados.

Entre los bienes recuperados figuran computadoras, una notebook, un teléfono celular, cargadores, una riñonera, documentación personal, tarjetas, billeteras, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos de sol, botellas de whisky, un termo y una colección de autitos de juguete.

Las autoridades, continúan trabajando para dar con la detención de los autores del hecho. El caso fue caratulado como robo calificado por efracción y privación de la libertad.

Un hombre investigado en Venado Tuerto por tenencia de material de pornografía infantil deberá pagar $2.500.000 como reparación económica, en el marco de una suspensión del juicio a prueba acordada en sede judicial.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Mayra Vuletic y se originó luego de un allanamiento realizado en noviembre de 2024 en un departamento céntrico. En el procedimiento se incautaron 54 videos con representaciones de actividad sexual explícita que involucraban a niñas, niños y adolescentes menores de edad.

La medida judicial

La probation tendrá una duración de 12 meses. Durante ese período, el acusado deberá cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Entre las condiciones impuestas, tendrá que presentarse una vez por mes ante la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad y dejar constancia de su arraigo. También deberá mantener buena conducta y abstenerse de consumir alcohol en exceso o estupefacientes.

Además, tendrá prohibido tener o portar armas de fuego y deberá realizar una consulta obligatoria con profesionales de psicología o psiquiatría, a los fines de evaluar posibles alteraciones en su salud mental.

Reparación económica

El acuerdo contempla el pago de $2.500.000 a la Asociación Maná, una entidad civil vinculada al trabajo con niños. La suma será abonada en cinco cuotas de $500.000 cada una.

Desde la Fiscalía destacaron tanto el monto establecido como la obligación de que el imputado sea evaluado por profesionales de la salud mental.

El delito investigado

La tenencia de material de abuso sexual infantil prevé una pena de cuatro meses a un año de prisión. En este caso, al no registrar antecedentes, una eventual condena podía ser de ejecución condicional.

En ese marco, se resolvió avanzar con una salida alternativa al juicio oral, sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas durante el plazo fijado.

Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de 42 años fue detenido en Rosario acusado de haber robado cerca de tres millones de pesos en efectivo de la Catedral de Venado Tuerto. El sospechoso fue localizado en el casino City Center de Rosario, donde habría apostado la totalidad del dinero sustraído.

El hecho se produjo en la noche del martes en el templo ubicado en Belgrano y 25 de Mayo, en pleno centro de Venado Tuerto. De acuerdo a fuentes del caso, el autor del ilícito logró apoderarse de una importante suma de dinero en efectivo y retirarse del lugar sin ser advertido en primera instancia.

La denuncia activó un rápido despliegue de los fiscales del Ministerio público de la Acusación, de personal de la Comisaría 2ª y de la Policía de Investigaciones (PDI), que comenzaron a trabajar sobre la recolección de pruebas.

Seguimiento y reconstrucciónA partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso. Las imágenes permitieron establecer que, tras el robo, el hombre abordó un remis con destino a Rosario.

Con esa información, se profundizó el análisis de su posible paradero hasta ubicarlo en el casino City Center.

Ya en Rosario, la intervención sobre las cámaras del complejo permitió confirmar la presencia del sospechoso en la sala de juegos. Según se estableció, el individuo habría utilizado el dinero robado para apostar, perdiendo la totalidad de la suma.

Con las pruebas reunidas, y por disposición de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletich, se concretó la detención del hombre en el lugar.

Perfil del acusado y líneas investigativasEl detenido fue identificado como Germán Carlos G., de 42 años, oriundo de la provincia de La Rioja. Voceros judiciales indicaron que no se descarta su vinculación con otros hechos de características similares ocurridos en el norte santafesino.

En ese sentido, la investigación continúa con el objetivo de determinar si actuó de manera individual o como parte de una modalidad delictiva más amplia.

El procedimiento permitió esclarecer el caso en pocas horas, en un trabajo coordinado entre fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para profundizar la pesquisa.

La fiscal Mayra Vuletic solicitó una condena de 26 años de prisión efectiva para Kevin P., acusado de ser el autor del homicidio de Juan Carlos Salinas, un vecino de 67 años de Venado Tuerto.

El requerimiento se enmarca en una causa que incluye no solo el crimen, sino también una serie de hechos previos que, según la investigación, evidencian una conducta violenta sostenida en el tiempo.

En la jornada de este lunes se llevó adelante la audiencia preliminar, el paso previo a que se fije fecha para el inicio del juicio oral. 

El ataque y la muerte de la víctima

De acuerdo a la reconstrucción de la investigación, el hecho central ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cerca de las 8:55, frente a la vivienda de la víctima en calle Pringles al 88.

En ese momento, Kevin llegó al lugar a bordo de un automóvil junto a Ramiro Durich, descendió del vehículo y atacó a Salinas con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad en la zona abdominal.

Tras la agresión, el acusado huyó con la asistencia de Durich, quien tomó el control del rodado. Salinas fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado hasta el 28 de noviembre, cuando falleció como consecuencia de un cuadro de hemoperitoneo e isquemia cerebral.

Pruebas y reconstrucción

Uno de los elementos centrales de la causa son las imágenes de cámaras de seguridad que registraron los movimientos del imputado antes y después del ataque. Según la Fiscalía, estos registros permiten ubicar a Parodi en la escena y reconstruir la secuencia del hecho.

Además, se incorporaron testimonios que dan cuenta de su estado previo al crimen. Entre ellos, el de una joven que declaró haber compartido horas con el acusado la noche anterior y aseguró que se encontraba alterado y había consumido estupefacientes.

Una escalada de conflictos

El homicidio fue precedido por diversos episodios de violencia. La investigación detalla que el conflicto entre Kevin y Salinas se habría iniciado semanas antes, a raíz de un incidente con el perro de la víctima.

Entre los antecedentes más relevantes figuran:

Incluso, ya detenido, el imputado protagonizó un hecho de daño agravado dentro de la Comisaría 2°.

Calificación legal

La Fiscalía imputó a Kevin como autor de una serie de delitos en concurso real:

En ese marco, se consideró que la pena aplicable supera ampliamente los ocho años mínimos y puede exceder los 30, por lo que se fijó el pedido en 26 años de prisión.

Por su parte, Durich ya fue condenado en octubre de 2025 a cinco años de prisión como partícipe secundario del hecho.

El móvil bajo análisis

Para la Fiscalía, el crimen se inscribe en un contexto de venganza y escalada de violencia. La hipótesis sostiene que el ataque no fue espontáneo, sino el desenlace de una serie de conflictos previos que fueron aumentando en gravedad.

El Ministerio Público de la Acusación imputó formalmente a José María B. por los delitos de homicidio simple, daño y encubrimiento, en relación con la desaparición y presunto asesinato de Nicolás Christian Godoy, ocurrido entre el 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles y estuvo encabezada por las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco. En tanto, el juez fue Adrián Godoy.

Según la acusación, en la madrugada del 15 de julio de 2014, Godoy se desplazaba en su automóvil Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda, cuando habría sido interceptado por el imputado.

Los fiscales sostienen que, motivado por un conflicto económico previo, José María B. habría asesinado a Godoy, presuntamente utilizando un arma de fuego.

Qué ocurrió después del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, tras el ataque el acusado habría llevado a cabo una serie de maniobras para ocultar el hecho.

Entre ellas se detallan:

Posteriormente, cuando comenzó a difundirse en los medios el pedido de paradero de Godoy, el imputado trasladó el automóvil fuera del ejido urbano y lo incendió el 17 de julio de 2014 alrededor de las 22.50, con el fin de destruir evidencias.

El conflicto previo

Uno de los elementos que aparece en el expediente es un conflicto económico entre ambos, que se remonta al año 2012.

En aquel momento, José María B. denunció a Nicolás Godoy por el delito de estafa, luego de que este le entregara cheques que posteriormente fueron rechazados por orden de no pagar, tras una denuncia de robo.

Según la declaración del denunciante, Godoy le había entregado cuatro cheques como parte de la compra de un vehículo, los cuales no pudieron ser cobrados.

La causa avanzó durante un tiempo, pero finalmente fue archivada en junio de 2015.

De acuerdo con distintos testimonios incorporados al expediente, desde ese conflicto la relación entre ambos se volvió tensa y conflictiva, y allegados a la víctima aseguraron que Godoy le tenía miedo al ahora imputado.

El testimonio clave

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aseguró que el acusado le confesó en reiteradas oportunidades haber matado a Godoy.

Según el testimonio brindado ante las fiscales en diciembre de 2025, el hombre solía jactarse del crimen frente a su entorno familiar y amenazar a una persona diciéndole que vas a “desaparecer como Nicolás Godoy”.

De ese testimonio se desprende que el imputado habría contado detalles del hecho, entre ellos:

También aseguró que el acusado le decía que el cuerpo había sido arrojado en un lugar donde “las aguas se juntan”, sugiriendo que los peces lo habrían devorado.

Las pruebas tecnológicas

Otro elemento considerado relevante por los investigadores es el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Oficina de Análisis Criminal del Ministerio Público de la Acusación.

Según el informe policial incorporado a la causa:

La última comunicación detectada del imputado el 18 de julio de 2014 se registró en una celda telefónica que da cobertura a esos sectores.

La detención del acusado

José María B. fue detenido en diciembre pasado en el marco de una causa por violencia de género.

En ese momento circulaba en un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo, denunciado como robado en la ciudad de Rosario el 25 de mayo de 2024.

A partir de esa detención se reactivaron diversas líneas de investigación que finalmente derivaron en la imputación por el homicidio de Nicolás Godoy.

Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por el juez Adrián Godoy en un juicio oral y público que finalizó en la mañana de este lunes en los tribunales venadenses.

La fiscales que representaron al MPA en el debate fueron Luciana Del Greco y Mayra Vuletic, quienes valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”. Por otra parte, adelantaron que “esperaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos que lo llevaron a resolver cómo lo hizo”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco. “Los testimonios que la víctima brindó y ratificó, fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”, remarcó la fiscal.

Del Grecco precisó que “en octubre de 2023, la víctima y el condenado finalizaron una relación de pareja de 30 años, en el marco de la cual tuvieron dos hijos que ya son mayores de edad”. Asimismo, indicó que “la investigación de los ilícitos se inició a partir de que la víctima radicó una denuncia en mayo de 2024 en la sede de la Comisaría de la Mujer”.

Durante el debate, Del Grecco argumentó que “la modalidad de los hechos delictivos cometidos por Medina denota una conducta sumamente violenta y peligrosa”.

“El primero de los ilícitos que denunció la mujer fue cometido en mayo de 2024”, relató la fiscal y aclaró que “en esa oportunidad, Medina fue a la casa de la víctima, le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

Del Grecco también indicó que “días después, el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

“El tercer ilícito también fue en mayo de 2024”, puntualizó Del Grecco. “En esta oportunidad, Medina ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor”, afirmó la fiscal y sostuvo que “no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal del MPA especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de los delitos de amenazas agravadas reiteradas (por el uso de arma) (dos hechos); lesiones leves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género); amenazas simples reiteradas (dos hechos) y tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género)

Después de 12 años de incertidumbre, la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy dio un paso determinante. Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, ordenaron la detención de J.M.B., domiciliado en la zona sur de Venado Tuerto y actualmente detenido en la Alcaidía de Melincué por otros procesos judiciales.

Según informaron fuentes del MPA, durante la semana se concretaría la audiencia imputativa bajo la calificación de autor del delito de homicidio simple en concurso real con daño y encubrimiento.

Qué ocurrió en julio de 2014

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho habría ocurrido entre la madrugada del 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.

La hipótesis sostiene que el acusado habría abordado a Nicolás Godoy cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum modelo 1994, color champagne, acompañado por sus dos perros bóxer, Duke y Buda. El crimen habría estado motivado por un conflicto de deuda de dinero.

Posteriormente, el imputado habría arrojado a los perros en una zona rural, descartando el cuerpo de la víctima en un sitio que aún no fue determinado y abandonado el automóvil en la zona sur de la ciudad, donde permaneció durante dos días.

Cuando el caso tomó estado público y se difundió el pedido de paradero, el 17 de julio alrededor de las 22:50, el sospechoso habría trasladado el vehículo fuera del ejido urbano y lo incendió con el objetivo de destruir pruebas y procurar su impunidad.

La desaparición

Nicolás Godoy, de 28 años, había salido el 14 de julio de 2014 desde su vivienda en zona rural (Campo El Recuerdo, kilómetro 360,5 de la ruta 8) con destino al centro venadense para realizar trámites bancarios. Esa fue la última vez que se lo vio con vida.

El 16 de julio, su hermana radicó la denuncia tras la aparición de sus perros en inmediaciones del Parque Industrial. Al día siguiente, la Comisaría 12ª emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero, detallando incluso la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Esa misma noche, una fuerte explosión alertó a vecinos: se trataba del Volkswagen Quantum con equipo de GNC, hallado completamente incendiado en un monte cercano al casco urbano.

Durante meses se realizaron rastrillajes en zona rural de Santa Isabel, en el Parque Industrial, en inmediaciones de la vivienda familiar y en distintos puntos de Venado Tuerto, todos con resultado negativo. Tampoco se registraron movimientos bancarios ni actividad telefónica posterior a su desaparición.

El desafío pendiente: encontrar el cuerpo

Con la detención del principal sospechoso, la causa entra en una etapa clave. Sin embargo, los investigadores aún enfrentan un desafío complejo: dar con el cuerpo de Nicolás Godoy, un elemento central para cerrar definitivamente uno de los casos más dolorosos y enigmáticos de la ciudad.

La audiencia imputativa marcará el próximo paso judicial en una causa que, más de una década después, comienza a arrojar respuestas.

La ciudad de Venado Tuerto sigue conmocionada por el hallazgo de un hombre sin vida este domingo 22 de febrero en un camino de tierra al que se accede por calle Neuquén, pasando las vías férreas, en la ciudad de Venado Tuerto. El hecho es investigado, en principio, como homicidio.

Según la información oficial de la Comisaría 14ª, alrededor de las 11.15 un tercero dio aviso sobre la presencia de un automóvil en aparente estado de abandono en ese sector. Tras la comunicación al 911, se comisionó una unidad del Comando Radioeléctrico para verificar la situación.

Al llegar al lugar, el personal actuante constató que en el asiento trasero de un Peugeot 206 color gris yacía el cuerpo sin vida de un hombre. La víctima fue identificada como César Payrú, de 42 años, domiciliado en Brett al 1000 de esta ciudad.

Inmediatamente se dio intervención al sumariante en turno y se preservó la escena. En el lugar trabajaron los fiscales Luis Lagioia y MayraVuletic, junto a personal de Policía Científica, de la Policía de Investigaciones y autoridades de la dependencia actuante.

El médico policial en turno examinó el cuerpo y determinó que el fallecimiento se habría producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. Asimismo, constató múltiples heridas contusas en la región craneal.

Posteriormente se presentó en el lugar quien manifestó ser ex pareja de la víctima y aportó que el hombre se desempeñaba como prestamista y sería consumidor de sustancias.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, que continúa con las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables.

Un joven identificado como Joaquín Alberto Rodríguez, de 28 años, fue condenado a 45 días de prisión efectiva tras protagonizar un violento episodio en la guardia del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, donde agredió a golpes a un policía que intentaba contenerlo.

Rodríguez había sido trasladado al nosocomio el 31 de enero, cerca de las 23 horas, luego de un incidente en la vía pública. El reporte policial indicó inicialmente que el joven habría sido atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes no encontraron evidencia de colisión, y testigos señalaron que el joven —aparentemente ebrio— habría caído solo.

Fue encontrado por personal del SIES en la intersección de Azcuénaga y Maipú, con un corte sobre el ojo izquierdo, y fue llevado al hospital para su atención médica. Allí comenzó el conflicto.

Violencia en la guardia

Durante su permanencia en el Hospital Gutiérrez, Rodríguez empezó a insultar al personal médico y policial. Al ser dado de alta y dirigirse a la salida, continuó con su comportamiento agresivo, vociferando:

"Ahora me voy a quedar a dormir acá afuera y nadie de ustedes me va a sacar, putos".

Ante esta actitud, intervino personal de seguridad y dos policías, entre ellos el oficial Jeremías Tomás Domínguez, quien terminó recibiendo golpes de puño en el rostro y el cuerpo por parte del acusado. Las lesiones fueron consideradas leves, pero suficientes para proceder con la aprehensión inmediata de Rodríguez.

Juicio abreviado y reincidencia

La causa fue tratada bajo la modalidad de juicio abreviado. El juez Leandro Martín homologó el acuerdo presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Mayra Vuletic, y la defensora pública Antonela Dallzoto.

Rodríguez fue hallado culpable de los delitos de lesiones leves dolosas y atentado a la autoridad, en concurso ideal. Se le impuso una pena de 45 días de prisión efectiva y se lo declaró reincidente por cuarta vez, sumando esta condena a un historial que incluye sentencias del 10/12/2019, 14/06/2025 y 10/07/2025.

Un profesor universitario de 47 años admitió haber acosado a una estudiante de 21 en una facultad del centro de Venado Tuerto, y para evitar un juicio oral y público acordó una suspensión de juicio a prueba (“probation”) con estrictas reglas de conducta, multas y reparación económica.

El hecho denunciado en la universidad

El caso ocurrió el 3 de julio de 2025, alrededor de las 08:30 horas, en la Facultad de Ciencias Empresariales y Sociales, ubicada en Castelli y Alvear, en pleno centro de Venado Tuerto.

Según la acusación formal, el docente identificado como E.J.R., nacido en Rosario y con domicilio legal en Venado Tuerto, se encontraba tomando un examen a una joven de 21 años cuando, se acercó, le colocó la mano sobre el hombro y le formuló una pregunta inapropiada: "Si un compañero se te insinuara o yo te chamuyara, ¿vos te sentirías insegura?"

Minutos más tarde, al devolverle el examen, volvió a acercarse a corta distancia, lo que generó incomodidad en la alumna. Finalmente, cerró la puerta del aula y le dijo: "¿Te puedo robar un beso?" y, sin recibir respuesta, le besó la mejilla.

La conducta fue calificada como contravención por acoso sexual.

Acuerdo de probation

En audiencia realizada en el mes de enero, la fiscal Mayra Vuletic presentó la alternativa de una suspensión de juicio a prueba para el imputado, aceptada tanto por el profesor como por su defensa, bajo los términos del artículo 24 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Esta figura permite evitar el juicio si la pena prevista no supera los tres años y es la primera condena del imputado, como fue el caso. El acuerdo fue homologado por el tribunal y establece reglas de conducta y obligaciones por 12 meses.

Reglas de conducta y obligaciones

Durante un año, E.J.R. deberá:

Multas y reparación económica

Como parte del acuerdo, además de las reglas de conducta:

La fiscal Mayra Vuletic solicitó 26 años de prisión para Kevin P., imputado por el asesinato a puñaladas de Juan Carlos Salinas, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Venado Tuerto.

Al mismo tiempo, en una audiencia que se llevó adelante a comienzos de semana, se hizo efectiva una recalificación legal de los hechos. De esta manera, el joven de 32 años quedó acusado formalmente de “tenencia de arma de fuego, portación de arma de fuego, daños, amenazas calificadas, amenazas simples y homicidio doloso”.

El próximo paso es la audiencia preliminar, que desembocará en establecer el inicio del juicio oral y público.

Historia del caso.

Juan Carlos Salinas vivía en calle Pringles 88 y sufrió una seguidilla de ataques desde el 23 de octubre de 2024. En esa fecha, su perro corrió a Kevin P., quien estaba refaccionando una casa en el barrio para ir a vivir con su novia.

No quedó en claro que si el animal alcanzó a morderlo o no. Pero lo cierto es que, a los pocos minutos, el joven de 32 años regresó y ejecutó una serie de disparos al aire y contra el inmueble de Juan, impactando uno de ellos contra una camioneta que estaba estacionada en la vereda.

La víctima radicó la denuncia, y desde ese entonces las cosas empeoraron.

Según consta en la audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, posteriormente Salinas fue atacado con una patada en el pecho. Días más tarde, la novia de Kevin habría ido a la casa de Salinas a pedirle que levante la denuncia, ofreciéndole hacerse cargo económicamente de cuestiones relacionadas con la salud o por si tenía que ir al médico.

La fiscal Mayra Vuletic, expuso que el 7 de noviembre Kevin fue nuevamente a la casa de Salinas. En esa oportunidad le ofreció 2 millones de pesos para que “levante” la denuncia, caso contrario lo “iba a cagar a tiros” y lo “iba a matar”, porque él es “muy amigo de Los Monos (banda narcocriminal rosarina)”.

Tras una llamada al 911 por parte de los vecinos, el joven dueño de la concesionaria fue detenido por personal policial, pero liberado a las pocas horas.

Debía presentarse el viernes 8 de noviembre en tribunales a las 11 horas, pero según consta en la investigación, acompañado de otro sujeto (Ramiro Durich, condenado a 5 años de prisión) se dirigieron a las 9 de la mañana en un Fiat Palio al domicilio de Salinas. Kevin (según consta en las cámaras de seguridad) descendió con un casco en la cabeza, y le propinó dos puñaladas a Juan Carlos, que se encontraba en la vereda. Una de esas lesiones punzocortantes ingresó 7 centímetros en el cuerpo del hombre de 68 años, provocándole una lesión importante en el hígado.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente en forma urgente en el hospital local, pero su cuadro se complicó y finalmente el jueves 28 de noviembre falleció.  

La Fiscalía de Venado Tuerto solicitó 13 años de prisión efectiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en la localidad de Teodelina, al sur de la provincia de Santa Fe. La víctima tenía 12 años al momento del hecho y convivía con el imputado.

El pedido fue formulado por la fiscal Mayra Vuletic, quien acusó formalmente a Horacio U., de 49 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, en calidad de autor.

Abuso en el contexto de convivencia

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el abuso ocurrió en el mes de enero de 2022, cuando el acusado habría ingresado de noche a la habitación donde la adolescente dormía junto a su hermano. Una vez allí, se metió en la cama de la menor, comenzó a tocarla por debajo de la ropa y luego la penetró.

El acusado residía por entonces en una vivienda ubicada en calle Urquiza al 200, en la localidad de Teodelina.

La madre de la víctima se presentó en la Comisaría 7ª de Teodelina el 29 de marzo de 2023. Allí denunció que su hija le había confesado que el hecho había ocurrido un año antes, y que el autor sería su ex pareja.

A partir de la denuncia, la Fiscalía inició una investigación y solicitó la realización de la audiencia imputativa, que se concretó el 13 de marzo de 2024. En esa instancia, se dispuso la prisión preventiva para el acusado.

Elementos de prueba

Entre los elementos que la Fiscalía considera suficientes para sostener la acusación se encuentra el testimonio de la víctima, el relato de la madre y los informes de intervención policial y judicial.

Vuletic sostuvo que no existen causas de justificación ni razones que eximan de responsabilidad penal al imputado. “El acusado comprendía el carácter ilícito de su conducta y podía adecuar sus actos conforme a esa comprensión”, argumentó la fiscal.

En consecuencia, el MPA solicitó que se le imponga una pena de 13 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales y costas del proceso.

Próxima etapa

Tras la audiencia preliminar que se llevó adelante en la jornada del martes, la causa avanza hacia su instancia de juicio oral, donde el tribunal competente deberá valorar la prueba reunida y determinar la responsabilidad penal del acusado. La decisión judicial se conocerá una vez concluidas las audiencias.

Se ofrece una recompensa de 8 millones de pesos para las personas que aporten datos útiles vinculados a la desaparición de Christian Nicolás Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido entre el lunes 14 y el martes 15 de julio de 2014 en Venado Tuerto. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA.

La investigación penal está a cargo de las fiscales Marianela Montemarani y Mayra Vuletic, respectivamente.

Quienes tengan datos para brindar comunicarse a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Por su parte, también se puede brindar la información al 911 y/o al 0800–444–3583.

“Existen elementos dentro de la investigación que hacen presumir que la desaparición de Nicolas no fue voluntaria”, afirmaron Montemarani y Vuletic. “A eso se añade que días después de haber sido visto por última vez en la estación de ómnibus de Venado Tuerto, su auto fue encontrado incinerado y sus perros debieron ser rescatados en cercanías del vehículo”, agregaron.

Las funcionarias del MPA advirtieron que “no se descarta ninguna hipótesis, razón por la cual, es muy importante poder sumar información precisa al legajo penal abierto”.

Si se corrobora la relevancia y la credibilidad de esos aportes, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia para que se entregue la recompensa correspondiente.

Por otro lado, en todos los casos se mantendrá en extrema reserva la identidad de las personas que brinden información. De ser necesario, además se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos de los poderes ejecutivos provincial y nacional.

Este miércoles, el tribunal integrado por la jueza Mariana Vidal condenó a Héctor V., de 45 años, a 10 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, tras ser hallado culpable de haber violado a su hija biológica, K.M.V., en la vivienda familiar de Venado Tuerto el 13 de octubre de 2023.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación, quien había solicitado una pena de 15 años de prisión por considerar acreditada la autoría del acusado y la gravedad del caso. La funcionaria judicial analiza la posibilidad de apelar la sentencia por considerarla insuficiente en relación a la magnitud del daño causado.

Según se probó en el juicio oral y público, el hecho ocurrió en la casa que la víctima y acusado compartían. La joven denunció que no pudo resistirse al ataque y que, tras tomar conciencia de lo ocurrido, intentó defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad del acto. Luego logró escapar de la vivienda y pedir ayuda, primero intentando comunicarse con su abuela, y finalmente acudiendo a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

Durante el proceso, la fiscal Vuletic sostuvo que el abuso “violó el vínculo de confianza más sagrado, el de un padre con su hija”, destacando además el impacto emocional y psicológico que el hecho tuvo sobre la víctima.

La representante del MPA reunió múltiples elementos de prueba que confirmaron la denuncia: pericias médicas y testimonios coincidentes de familiares y allegados. Con esas evidencias, solicitó que se condenara a Héctor V. a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, dentro del rango previsto por el Código Penal (de 8 a 20 años).

El juicio se desarrolló durante esta semana en los tribunales de Venado Tuerto, y culminó este miércoles con la lectura de la sentencia. La jueza Vidal impuso 10 años de prisión, una pena menor a la requerida por la fiscalía.

Roció Belén Muñoz fue encontrada con vida tras haber pasado 20 días sin que nadie sepa de su paradero. La noticia la confirmó a Sur24 la fiscal Mayra Vuletic, quien adelantó que le practicarán una serie de chequeos médicos a la joven de 34 años.

Los primeros datos indican que la muchacha se contactó con una persona del círculo familiar para avisar que estaba regresando en colectivo a Venado Tuerto. En consecuencia, fue la propia fiscal la que se acercó a la terminal para recibir a Rocío.

Por el momento no se conocen más datos, y avanzada la jornada seguramente emitirán un informe desde fiscalía.

Según consta en la denuncia policial, Rocío había salido de su domicilio alrededor de las 16 del martes 21 de octubre. No llevaba consigo pertenencias importantes ni avisó a dónde se dirigía. Vestía una remera clara con estampa, un pantalón corto negro y zapatillas negras con detalles en rosa.

Noticia en desarrollo

En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Esta semana comenzó el juicio oral y público contra un hombre de 45 años (Héctor V.) acusado de abusar sexualmente de su hija biológica (K.M.V.) el 13 de octubre de 2023 en la casa familiar que compartían.

A fiscal que llevó adelante la investigación fue Mayra Vuletic, quien solicitó 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, Mariana Vidal se desempaña como jueza. El próximo lunes se desarrollará la audiencia con los alegatos de cierre. 

La joven expresó en su denuncia que no pudo resistir el ataque, y tras darse cuenta de lo ocurrido, trató de defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad de lo que había sucedido.

El relato de la víctima es estremecedor: después de la agresión, logró salir de la casa a los gritos, buscando ayuda. Primero intentó comunicarse con su abuela, sin éxito, y luego se dirigió a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

La Investigación

Mayra Vuletic, llevó adelante la investigación en la que se recabaron pruebas que apuntan a la culpabilidad del acusado.

Ante los graves hechos, la representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Héctor V., por ser considerado autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en calidad de progenitor de la víctima. Según el Código Penal, este delito contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, y en este caso, se solicitó la pena intermedia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

La fiscal enfatizó el grado de confianza que debe existir entre un padre y su hija, lo que hace aún más grave el abuso. Además, resaltó el impacto emocional y psicológico que esta agresión ha tenido en la joven, quien ha manifestado en varias oportunidades su deseo de que su agresor sea apartado de su vida y de la sociedad.

El impacto en la víctima

El abuso sufrido por K.M.V. ha tenido consecuencias devastadoras en su bienestar emocional. La víctima ha experimentado un profundo sufrimiento psicológico a raíz de la agresión, lo que se reflejó en sus declaraciones y en los informes de la investigación. La fiscalía señaló que este tipo de delitos no solo impactan negativamente a la víctima en el momento del abuso, sino que también tienen repercusiones a largo plazo, afectando la salud mental y el futuro de quienes los sufren.