Cinco personas fueron imputadas en Venado Tuerto en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados durante el partido entre Sacachispa Football Club y Sportivo Avellaneda, correspondiente a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol.

Las audiencias se realizaron el miércoles 12 de agosto y estuvieron a cargo de la Oficina de Salidas Alternativas de la Fiscalía de Venado Tuerto, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic.

Los investigados fueron identificados por sus iniciales como M.E.P., E.J.C., N.M.F., N.F.V. y E.A.C. La Fiscalía les atribuyó provisoriamente hechos vinculados con agresiones físicas y episodios de violencia ocurridos durante un espectáculo deportivo.

Agresiones durante el partido

Los hechos que originaron la causa ocurrieron el domingo 28 de junio de 2026, mientras se disputaba el encuentro entre Sacachispa y Sportivo Avellaneda en Venado Tuerto.

De acuerdo con la investigación, los disturbios se produjeron en el sector destinado a la parcialidad visitante y derivaron en agresiones físicas contra el presidente y el vicepresidente de Sportivo Avellaneda.

La situación obligó a intervenir al personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad.

A partir de las actuaciones realizadas después del episodio y de diferentes medidas investigativas, los fiscales lograron avanzar en la individualización de personas que presuntamente participaron de los hechos.

Un partido que no pudo terminar

El encuentro correspondía a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol y tuvo que ser suspendido cuando transcurrían 21 minutos del segundo tiempo.

En ese momento, Sacachispa se imponía por 2 a 0 y el partido ya había registrado algunas interrupciones.

Sin embargo, los nuevos incidentes relacionados con el sector ocupado por la parcialidad de Sportivo Avellaneda terminaron por impedir la continuidad del juego.

Después de consultar con las fuerzas de seguridad presentes en el estadio, el árbitro Alejandro Titarelli resolvió dar por terminado el encuentro.

Cinco personas imputadas

Casi un mes y medio después de los hechos, la causa derivó en cinco audiencias imputativas.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a los investigados conductas relacionadas con agresiones físicas y hechos de violencia cometidos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Además, se establecieron medidas alternativas a la prisión preventiva con el objetivo de garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso judicial y resguardar a las víctimas.

Las imputaciones son provisorias y corresponden a una etapa inicial del proceso, por lo que la responsabilidad penal de cada una de las personas investigadas deberá determinarse a medida que avance la causa.

El tribunal homologó un procedimiento abreviado y condenó a Nicolás Martín Bernabé Vallejos a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos delictivos cometidos en Venado Tuerto. Las causas incluyen una defraudación mediante Mercado Pago, el encubrimiento por la tenencia de un celular robado y un robo calificado por efracción en una vivienda en construcción.

El acuerdo había sido presentado por la fiscal de distrito Mayra Vuletic, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y la defensora pública Antonela Dalzotto, en representación del acusado.

Tras analizar los términos convenidos por las partes, el tribunal homologó el procedimiento abreviado e impuso la pena acordada.

Una transferencia de $70.000

El primero de los hechos por los que fue condenado ocurrió en abril de 2024, luego de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a una víctima de apellido Mariotti.

Según consta en la investigación, el dispositivo no tenía contraseña de seguridad. Vallejos lo utilizó para ingresar a la cuenta de Mercado Pago de la víctima y transfirió 70.000 pesos hacia una caja de ahorro del Banco Nación registrada a su nombre.

El episodio fue denunciado el 12 de abril de 2024 en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto.

Tenía un teléfono celular robado

La segunda causa está relacionada con un celular Samsung A12 que había sido sustraído el 11 de abril de 2024 de una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 2900, también en Venado Tuerto.

La acusación sostuvo que Vallejos tuvo el dispositivo en su poder pese a conocer su origen ilícito. Este hecho fue encuadrado como encubrimiento.

Las dos investigaciones iniciadas en 2024 fueron acumuladas con una tercera causa por un robo cometido durante mayo de 2026.

El ingreso a una vivienda en construcción

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo de 2026, en una vivienda en construcción situada en calle Balcarce al 2700.

De acuerdo con la atribución delictiva, Vallejos ingresó al inmueble junto con Gustavo A., luego de que fuera forzada la cerradura de la reja de acceso. La casa estaba deshabitada en ese momento.

Del lugar se llevaron un disco de arado para cocinar de aproximadamente 80 centímetros, con su correspondiente tapa; un acolchado de dos plazas; una frazada y una olla.

Durante el ingreso también arrancaron de una pared un televisor Philco de unas 55 pulgadas, aunque el aparato quedó apoyado sobre un sillón dentro de la propiedad. La maniobra provocó daños en la pared.

Además, fue retirada una ventana de aluminio colocada en un ventiluz. Según la investigación, los involucrados utilizaron una silla para ingresar a la vivienda y retirar los objetos.

Los daños y faltantes fueron constatados mediante una inspección ocular, fotografías y un croquis elaborado durante las actuaciones policiales.

Fue descubierto mientras se ocultaba en un pozo

Horas después del robo, el propietario del inmueble y un amigo encontraron a Vallejos en una construcción en estado de abandono, ubicada en la zona de Almafuerte y Azcoaga.

El ahora condenado intentó esconderse dentro de un pozo situado en el terreno, pero fue descubierto y retenido hasta la llegada de la Policía.

Según el expediente, durante ese encuentro manifestó que había estado con Gustavo A. y que este le había entregado elementos para vender. También aseguró que desconocía que los objetos habían sido sustraídos de la vivienda.

Un móvil policial llegó al lugar después de una comunicación con la Central de Emergencias 911 y concretó la aprehensión.

Tres años de cumplimiento efectivo

Los tres hechos fueron incorporados a un procedimiento abreviado acordado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el acusado.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y condenó a Vallejos a tres años de prisión de ejecución efectiva, además de imponerle las accesorias legales y el pago de las costas procesales.

La resolución cerró las investigaciones por defraudación, encubrimiento y robo calificado por efracción que se habían iniciado por los hechos ocurridos entre abril de 2024 y mayo de 2026 en Venado Tuerto.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en una red de apuestas ilegales mediante casinos online. Una tercera imputada permanecerá en prisión preventiva durante 30 días mientras avanza la investigación, que abarca Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel.

Las audiencias estuvieron y la investigación estuvieron a cargo de la fiscal Mayra Vuletic. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las involucradas cumplían distintas funciones dentro de una estructura dedicada a vender créditos virtuales, recaudar dinero y transferir las ganancias hacia niveles superiores que todavía no fueron identificados.

Condena para Carla Celeste Giménez

Carla Celeste Giménez, de 30 años, oriunda de Villa Cañás, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras un acuerdo abreviado homologado por la Justicia. Se la responsabilizó como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, y como coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.

Según la acusación, Giménez (junto a otra persona) habría intimidado a través de redes sociales a una mujer identificada como Mariana P, exigiéndole el pago de un millón de pesos en concepto de una deuda originada en créditos otorgados para apostar en plataformas de casino online. Los hechos incluyeron además una presentación en el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, con amenazas de incendiar la vivienda si no se saldaba la deuda. Los episodios se produjeron el 20 y 21 de junio pasado.

En la causa por juego clandestino, se le atribuyó a Giménez la función de "cajera" dentro de la organización, encargada de ofrecer fichas y cargas, y de recibir las ganancias para luego distribuirlas hacia niveles jerárquicos superiores que, hasta el momento, no fueron identificados.

Como parte del acuerdo, el tribunal impuso a Giménez un conjunto de reglas de conducta por tres años: fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de vincularse con sitios de apuestas no homologados por la provincia, mantener prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar, y no cometer nuevos delitos. Tras la homologación, se dispuso su inmediata libertad.

Rodríguez, condenada por su rol como "cajera"

También fue condenada Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y domiciliada en Venado Tuerto, quien recibió idéntica pena de tres años de prisión condicional como coautora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez habría cumplido funciones de "cajera" en la misma estructura de apuestas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada en mayo pasado. El tribunal le impuso reglas de conducta similares a las de Giménez y ordenó su inmediata libertad tras la homologación del acuerdo.

Prisión preventiva para P.B.H.

Distinta fue la situación de P.B.H., domiciliada en Santa Isabel, para quien la Justicia dispuso prisión preventiva por 30 días.

Según la fiscalía, P.B.H. habría cumplido un rol de financiamiento dentro de la estructura, realizando transferencias de importantes sumas de dinero a Giménez, quien (según la acusación) oficiaba de "cajera" en la red. A esto se sumó un segundo hecho: durante un allanamiento realizado en su domicilio el 24 de julio, la imputada habría inutilizado su teléfono celular arrojándolo al piso, con el objetivo de impedir el acceso a la información allí contenida, un elemento que la fiscalía considera clave como prueba.

Por estos hechos, P.B.H. fue imputada como coautora de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino y como autora del delito de violación de medios de prueba.

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en un violento robo ocurrido en una vivienda de Venado Tuerto y por otro hecho relacionado con la confección de un boleto de compraventa de una motocicleta a nombre de un menor de edad.

Se trata de Oscar Ezequiel Di Cecco, de 37 años, quien arribó a un acuerdo de procedimiento abreviado con la Fiscalía en dos causas tramitadas ante la Justicia de la Tercera Circunscripción Judicial.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, mientras que la defensa del acusado fue ejercida por el abogado Guido Baudracco.

El acuerdo contempló una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los hechos atribuidos en ambas investigaciones.

Un violento ingreso a una vivienda

El episodio más grave ocurrió el 22 de mayo de 2025, alrededor de las 19:40, en una casa ubicada en calle Salta al 400 de Venado Tuerto.

Según surge de la investigación llevada adelante por Mayra Vuletic, Di Cecco participó del robo junto con Gustavo Fantino y un tercer hombre cuya identidad no había sido determinada.

Los asaltantes llegaron hasta la vivienda y violentaron la puerta de ingreso utilizando un ariete. Una vez en el interior, intimidaron a los moradores y los apuntaron con un arma de fuego.

En esas circunstancias sustrajeron 100.000 pesos en efectivo, un revólver calibre 32, un pulóver y un alhajero negro.

La secuencia se modificó cuando un vecino advirtió lo que estaba ocurriendo y acudió en ayuda de las víctimas.

En ese momento, uno de los delincuentes forcejeó con el hombre antes de que los involucrados escaparan del lugar con los elementos que habían sustraído.

Un robo con tres agravantes

La investigación encuadró el episodio como un robo agravado por diferentes circunstancias.

Entre ellas se contempló el uso de un arma de fuego que no fue hallada durante la pesquisa, la participación de varias personas y la efracción, debido a que los autores forzaron el acceso a la vivienda para ingresar.

El ataque tuvo además la particularidad de haberse producido durante las primeras horas de la noche y mientras los propietarios se encontraban dentro del inmueble.

La venta de una moto a un adolescente

La condena también comprende un segundo episodio ocurrido tres días antes del robo.

Según la investigación, el 19 de mayo de 2025 Di Cecco confeccionó en Venado Tuerto un boleto de compraventa correspondiente a una motocicleta Guerrero Trip.

En el documento figuraba como comprador un adolescente de 16 años y el ahora condenado aparecía como vendedor.

La acusación sostuvo que Di Cecco realizó el documento sabiendo que el joven no tenía la edad ni las condiciones legales requeridas para concretar por sí mismo ese acto.

Además, la Fiscalía consideró que la operación tenía incidencia en la investigación penal relacionada con el violento robo a la vivienda.

Por esa situación se inició una causa por falsificación de documento privado, que finalmente fue incorporada al acuerdo alcanzado entre las partes.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 48 años, cuyas iniciales son LAL, al que se investiga por haber agredido a dos personas de su entorno en una vivienda ubicada en la localidad de María Teresa).

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mayra Vuletic e impuesta por la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, sostuvo que la pena en expectativa es de prisión de cumplimiento efectivo y planteó que los riesgos procesales estaban latentes”.

Vuletic indicó que “el domingo 12 de este mes a la madrugada, el imputado llevó a cabo su accionar delictivo de forma coordinada con una mujer con la que mantenía una relación”, y precisó que “en la casa en la que residían, agredieron a una pareja que estaba de visita allí”.

“El investigado y su compañera golpearon con los puños y con un palo a una de las víctimas y atacaron con un hacha a la otra”, afirmó la funcionaria del MPA. “Momentos después, el hombre amedrentado se desvaneció en la vía pública y los coautores le aseguraron que lo iban a matar con un arma de fuego”, remarcó.

La fiscal refirió que “el hombre de iniciales LAL también es investigado porque en diciembre del año pasado agredió físicamente a su pareja en un contexto de violencia de género”, y puntualizó que “ese ilícito también fue cometido en el domicilio que compartían”.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como coautor de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. A su vez, se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género).

En una audiencia realizada en Venado Tuerto, el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Mayra Vuletic, imputó a Cristian Daniel B.R. y Nicolás V. (ambos oriundos de Teodelina) por un violento episodio ocurrido en la localidad de Santa Isabel.

El hecho investigado tuvo lugar el pasado 5 de julio, cerca de la medianoche, en una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen de esa localidad del departamento General López.

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos jóvenes habrían llegado al domicilio de Kevin David C., de 27 años, a bordo de un automóvil Volkswagen Gol gris e ingresaron al inmueble sin autorización.

Lesiones graves

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, una vez dentro de la vivienda comenzaron a agredir físicamente al hombre.

La fiscalía sostuvo que Cristian Daniel B.R. habría tomado del cuello a la víctima y le habría propinado golpes de puño en el rostro, mientras que Nicolás V. habría utilizado dos botellas de vidrio que estaban en el lugar para golpearlo en la cabeza. La agresión continuó cuando Kevin David C. logró salir hacia la vereda en busca de ayuda. Allí los atacantes habrían continuado golpeándolo con un palo antes de retirarse del lugar.

La víctima sufrió traumatismo facial, heridas contusas en el ojo derecho y la zona nasal, una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura, lesiones en ambas manos, una contusión en la región posterior del tórax derecho y una fractura de seno maxilar sin desplazamiento. Estas lesiones fueron calificadas como graves.

Además de la agresión física, la fiscalía indicó que antes de abandonar el lugar los imputados habrían amenazado a la víctima, manifestándole que conocían sus movimientos y los de su familia.

Según consta en la acusación, le advirtieron que si realizaba una denuncia incendiarían su vivienda y le dispararían.

Imputación y prisión

La calificación legal provisoria atribuida a Cristian Daniel B.R. y Nicolás V. es la de coautores penalmente responsables de los delitos de lesiones graves dolosas, violación de domicilio y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Luego de la audiencia imputativa, la fiscal Mayra Vuletic solicitó la prisión preventiva de ambos acusados, medida que fue dispuesta por el juez Adrián Godoy.

De esta manera, los dos jóvenes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria.

La causa por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy ingresó en una etapa decisiva. La Fiscalía presentó el requerimiento de acusación contra José María B., de 42 años, a quien le atribuye haber asesinado al joven en julio de 2014 y haber intentado borrar rastros del hecho mediante la destrucción del vehículo de la víctima.

Según la acusación fiscal, el crimen habría estado motivado por un conflicto económico entre el imputado y Godoy. La hipótesis sostiene que el acusado abordó a la víctima durante la madrugada del 15 de julio de 2014, cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda. Para la Fiscalía, Godoy fue asesinado con un arma de fuego y luego su cuerpo fue descartado en un lugar que aún no pudo ser establecido.

El auto incendiado

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el crimen el imputado habría arrojado a los perros de Godoy en una zona rural y luego habría abandonado el Volkswagen Quantum en inmediaciones de calle Covacevich al 700, en Venado Tuerto.

El vehículo permaneció allí durante dos días. Luego, cuando el pedido de paradero tomó estado público, habría sido trasladado fuera del ejido urbano y prendido fuego con el objetivo de destruir pruebas y procurar impunidad, siempre según la hipótesis del MPA.

El caso de Nicolás Godoy permaneció durante años como uno de los expedientes más enigmáticos del sur santafesino. El joven había sido visto por última vez el 14 de julio de 2014, cuando salió desde la zona rural de Venado Tuerto hacia el centro de la ciudad. Su auto apareció incendiado días después y su cuerpo nunca fue hallado.

Los otros delitos

La requisitoria fiscal también acumula otros hechos atribuidos a José María B. Entre ellos figuran amenazas calificadas por el uso de arma, daños contra el vehículo de una ex pareja, maniobras intimidatorias, incumplimiento de una orden judicial de prohibición de acercamiento y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La acusación describe episodios ocurridos en distintos puntos de Venado Tuerto, algunos de ellos en presunto contexto de violencia de género y con incumplimiento de resoluciones judiciales.

Además, el MPA le atribuye un hecho de usurpación en un terreno ubicado en calle 2 de Abril al 1700, donde el imputado habría ingresado sin autorización, cambiado un candado y dejado vehículos en el interior del inmueble.

Otro tramo de la acusación refiere a la tenencia de un Toyota Corolla gris con una patente que no correspondería a los números de motor y chasis. Según la Fiscalía, al verificar los datos registrales se determinó que el rodado había sido sustraído en Rosario en mayo de 2024.

Pedido de pena

La fiscal Mayra Vuletic acusó a José María B. como autor de los delitos de amenazas calificadas por uso de arma, daños simples, amenazas simples, daños y desobediencia a la autoridad, usurpación, lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y daños simples.

Por ese conjunto de hechos, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la imposición de una pena única de 32 años de prisión.

La prisión preventiva del imputado ya había sido dictada en marzo por el juez Adrián Godoy y luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. En esa instancia, se consideró que existían elementos suficientes, en grado de apariencia, para sostener la imputación y que persistían riesgos procesales.

Una audiencia clave

El próximo paso será la audiencia preliminar, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer las pruebas reunidas para sostener el pedido de apertura a juicio. Según la información a la que accedió Sur24, esa audiencia podría realizarse durante septiembre, debido a la cantidad de hechos acumulados y al número de testigos previstos.

Después de casi 12 años de incertidumbre, el expediente entra en una fase determinante. La acusación busca llevar a juicio oral el caso Godoy y, al mismo tiempo, unificar en un solo proceso una serie de hechos posteriores atribuidos al mismo imputado.

Nahiara Joselin Fernández, la adolescente de 13 años que era buscada desde este sábado tras ausentarse de su domicilio en Arias, Córdoba, fue localizada en Venado Tuerto. La joven fue hallada en la intersección de las rutas nacionales 8 y 33, identificada por personal policial y puesta a resguardo.

El hallazgo se produjo luego de un intenso trabajo llevado adelante por la policía de la provincia Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación, con las fiscales Larisa Barucca y Mayra Vuletic. Las tareas incluyeron patrullajes en distintos sectores de Venado Tuerto y un allanamiento autorizado por la Justicia.

El operativo en Venado Tuerto

Desde la Comisaría de Arias habían informado a la Comisaría 2° de Venado Tuerto sobre la búsqueda de la adolescente, que había desaparecido de su domicilio en la localidad cordobesa.

Más tarde, desde la Fiscalía de La Carlota se solicitó una medida judicial en Venado Tuerto. El juez Adrián Godoy autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada a personas cercanas a la joven. El procedimiento arrojó resultado negativo, pero los investigadores continuaron con recorridas preventivas y tareas de patrullaje.

En ese marco, Nahiara fue encontrada en la zona de la rotonda de las rutas 8 y 33. Tras ser identificada, quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

El pedido de paradero

La búsqueda había sido difundida este sábado 4 de julio por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y la Policía de Córdoba, luego de activarse el protocolo para intentar establecer el paradero de la adolescente.

Nahiara reside en Arias, en el sudeste de Córdoba, una localidad cercana a Venado Tuerto. Había sido vista por última vez el viernes 3 de julio, alrededor de las 19. La investigación inicial quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky.

La coordinación entre jurisdicciones resultó clave para avanzar con las medidas solicitadas desde Córdoba y sostener los patrullajes en Venado Tuerto hasta dar con la adolescente.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

Una advertencia recibida por la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina movilizó a la Justicia y a la Policía del departamento General López. El caso involucró a un niño de 11 años y derivó en la intervención de la Fiscalía de Menores, la constatación de su estado de salud, el secuestro de un teléfono celular y la participación de organismos de niñez y acción social.

Madrugada del lunes

Una publicación realizada en TikTok encendió las alarmas durante la madrugada del lunes en el sur santafesino. Según la información judicial, el contenido fue atribuido a un menor de edad y habría incluido referencias a una situación de riesgo, por lo que la fiscal Mayra Vuletic ordenó una actuación inmediata.

El procedimiento comenzó en Diego de Alvear y luego se extendió a San Gregorio, localidades del departamento General López. La intervención permitió constatar que el niño se encontraba en buen estado de salud y activar medidas de resguardo y seguimiento familiar.

La advertencia que inició el operativo

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía recibió un aviso de la División Judicial de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Federal Argentina. La advertencia señalaba una publicación en TikTok atribuida a un niño de 11 años, con elementos que podían representar un riesgo para su integridad.

Ante ese escenario, la fiscal Vuletic dispuso que personal policial se dirigiera de inmediato al domicilio informado inicialmente en Diego de Alvear. Allí, los agentes fueron anoticiados de que el menor residía en San Gregorio, por lo que se dio intervención a efectivos de esa localidad.

Con la premura del caso, personal policial se trasladó hasta una vivienda de San Gregorio, donde ya se encontraban efectivos locales entrevistando a familiares del niño. Una vez en el lugar, los agentes ingresaron con autorización de la madre y constataron que el menor estaba durmiendo y en buen estado de salud.

Luego, por disposición fiscal, se procedió al secuestro del teléfono celular del menor, que quedó a disposición de la investigación para su análisis. La medida busca establecer el origen, el contexto y el alcance de la publicación que motivó el alerta.

No hallaron armas de fuego

Como parte del procedimiento, se realizó un registro domiciliario para determinar si en la vivienda había un arma de fuego vinculada con la publicación detectada. Según consta en las actuaciones, no se encontró ningún arma de fuego.

La familia entregó voluntariamente un elemento de aire comprimido, que también fue secuestrado de manera preventiva por orden de la Fiscalía.

Intervención de Niñez y Acción Social

Tras ser informada de lo actuado, la fiscal Vuletic dispuso nuevas medidas: entrevistar a los padres del niño y dar intervención al área de Acción Social de San Gregorio y a la Delegación de Niñez.

El objetivo será realizar un seguimiento de la situación familiar y brindar acompañamiento institucional ante un episodio considerado delicado por las autoridades.

Un megaoperativo judicial y policial se desarrolló este viernes en Venado Tuerto y la región, con 20 allanamientos simultáneos que permitieron detener y/o aprehender a 10 personas, además de secuestrar armas, droga, teléfonos celulares y otros elementos de interés para distintas investigaciones.

Las medidas fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En total, se realizaron 18 procedimientos en distintos domicilios de la ciudad, uno en la localidad de María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

El operativo fue impulsado por el fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, Coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de la Dra. Mayra Vuletic, Coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, y de la fiscal adjunta Dra. Larisa Barucca.

La investigación se construyó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron establecer patrones de actuación, identificar a presuntos responsables y determinar domicilios vinculados a las causas.

Para llevar adelante los allanamientos se desplegaron alrededor de 130 efectivos policiales y 45 móviles, pertenecientes a la Policía de Investigaciones y a distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas y/o aprehendidas 10 personas. Una de ellas se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde también se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Además, los agentes incautaron una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos y 9,8 gramos de cocaína, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas policiales de la provincia, con el objetivo de esclarecer múltiples hechos delictivos, identificar a sus responsables y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a la comunidad.

La Fiscalía pidió 14 años de prisión efectiva para Javier Ezequiel S., en el marco de la causa que investiga el robo a tres viviendas del complejo residencial La Cheltonia, ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 371, en Venado Tuerto.

La requisitoria de acusación fue presentada por la fiscal Mayra Vuletic, del Ministerio Público de la Acusación. El hecho investigado ocurrió la noche del 14 de septiembre de 2024 y tuvo como víctimas a tres familias del barrio cerrado.

De acuerdo con la acusación, dos personas ingresaron al predio tras cortar los alambres del cerco de seguridad. Mientras tanto, Javier Ezequiel S. y Karen Torrilla habrían permanecido en el exterior, a bordo de un Ford Fiesta color bordó, cumpliendo el rol de “campana” y manteniendo comunicación telefónica con quienes estaban dentro del complejo.

La causa y la acusación fiscal

El imputado, oriundo de Córdoba y domiciliado en la localidad de Guatimozín, está acusado como partícipe primario de los delitos de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, por efracción, por la utilización de un arma impropia y privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real.

La audiencia imputativa se realizó el 8 de octubre de 2024. Ahora, con la requisitoria de acusación presentada, la fiscal Mayra Vuletic solicitó que se le imponga una pena de 14 años de prisión efectiva, además de accesorias legales y costas.

Karen Torrilla, quien también fue mencionada en la investigación, ya recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria.

Tres viviendas en una noche

Según la investigación, el primer hecho ocurrió alrededor de las 21 en una vivienda familiar. Allí, los delincuentes ingresaron por el patio trasero y redujeron al hijo del propietario y a su pareja.

La acusación sostiene que las víctimas fueron maniatadas y que al joven le colocaron una bolsa en la cabeza, mientras era amenazado y punzado con un destornillador. Del lugar sustrajeron dos teléfonos celulares, un reloj Samsung Watch 6 Classic, 50 mil pesos y el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Media hora más tarde, alrededor de las 21.30, los autores ingresaron a otra casa, tras forzar una ventana balcón trasera de un dormitorio. De allí se llevaron dos medallas de oro grabadas, un anillo de oro con iniciales y tres cadenas de plata con dijes de confirmación.

En el tercer hecho, también cerca de las 21.30, los delincuentes entraron a un inmueble luego de forzar una ventana de la sala de juegos. Según la acusación, sustrajeron 200 mil pesos, 2.500 dólares, cuatro perfumes, dos celulares y una mochila infantil marca Montagne.

El rol atribuido al acusado

Para la Fiscalía, Javier Ezequiel S. no habría ingresado al barrio cerrado, pero sí habría cumplido un papel clave para la concreción de los robos. La acusación sostiene que permaneció en el vehículo junto a Torrilla y que mantuvo comunicación permanente con quienes estaban dentro del predio.

Según el planteo fiscal, esa tarea habría tenido como objetivo informar sobre los movimientos en el exterior del barrio y garantizar la impunidad de los autores materiales.

Una serie de allanamientos realizados este sábado en Venado Tuerto permitieron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos durante un robo cometido el jueves en una vivienda ubicada en inmediaciones de Santa Fe y Rivadavia. La causa es investigada por la fiscal Mayra Vulectiv como robo calificado por efracción y privación de la libertad.

Violento ingreso a una vivienda

El hecho ocurrió el jueves por la mañana, cuando una mujer regresó a su domicilio luego de dejar a su hija en un establecimiento educativo. Al ingresar a la casa, fue sorprendida por dos hombres que se encontraban en el interior del inmueble.

Según consta en la denuncia, los delincuentes habrían ingresado por el patio, tras violentar una reja y una abertura del sector cocina-comedor. Una vez dentro, redujeron a la víctima y comenzaron a revisar distintos ambientes de la vivienda.

Durante el asalto, los hombres le exigieron dinero y preguntaron por una presunta caja fuerte. La mujer fue retenida dentro de la casa mientras los autores del robo buscaban objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos se encontraba un automóvil Renault Kwid, que fue recuperado durante la misma jornada del robo. El vehículo apareció abandonado en la colectora de la rotonda que une las rutas nacionales 8 y 33, uno de los puntos de acceso más transitados de Venado Tuerto.

Ese hallazgo permitió avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación, que quedó en manos de la fiscal Mayra Vuletic.

Allanamientos

Con autorización judicial, este sábado se concretaron allanamientos en tres domicilios de Venado Tuerto. Los procedimientos tuvieron como objetivo recuperar los bienes sustraídos y reunir elementos de interés para la causa.

De acuerdo con fuentes consultadas por Sur24, en los operativos se logró secuestrar la totalidad de los objetos denunciados como robados.

Entre los bienes recuperados figuran computadoras, una notebook, un teléfono celular, cargadores, una riñonera, documentación personal, tarjetas, billeteras, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos de sol, botellas de whisky, un termo y una colección de autitos de juguete.

Las autoridades, continúan trabajando para dar con la detención de los autores del hecho. El caso fue caratulado como robo calificado por efracción y privación de la libertad.

Un hombre investigado en Venado Tuerto por tenencia de material de pornografía infantil deberá pagar $2.500.000 como reparación económica, en el marco de una suspensión del juicio a prueba acordada en sede judicial.

La causa fue llevada adelante por la fiscal Mayra Vuletic y se originó luego de un allanamiento realizado en noviembre de 2024 en un departamento céntrico. En el procedimiento se incautaron 54 videos con representaciones de actividad sexual explícita que involucraban a niñas, niños y adolescentes menores de edad.

La medida judicial

La probation tendrá una duración de 12 meses. Durante ese período, el acusado deberá cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Entre las condiciones impuestas, tendrá que presentarse una vez por mes ante la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad y dejar constancia de su arraigo. También deberá mantener buena conducta y abstenerse de consumir alcohol en exceso o estupefacientes.

Además, tendrá prohibido tener o portar armas de fuego y deberá realizar una consulta obligatoria con profesionales de psicología o psiquiatría, a los fines de evaluar posibles alteraciones en su salud mental.

Reparación económica

El acuerdo contempla el pago de $2.500.000 a la Asociación Maná, una entidad civil vinculada al trabajo con niños. La suma será abonada en cinco cuotas de $500.000 cada una.

Desde la Fiscalía destacaron tanto el monto establecido como la obligación de que el imputado sea evaluado por profesionales de la salud mental.

El delito investigado

La tenencia de material de abuso sexual infantil prevé una pena de cuatro meses a un año de prisión. En este caso, al no registrar antecedentes, una eventual condena podía ser de ejecución condicional.

En ese marco, se resolvió avanzar con una salida alternativa al juicio oral, sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones impuestas durante el plazo fijado.

Nicolás Castro, un boxeador profesional de 26 años fue condenado a doce años de prisión efectiva por intentar matar a su pareja en un ataque que incluyó golpes, patadas y mordeduras, además de amenazas de muerte hacia la víctima y su familia. El hecho ocurrió el 28 de julio de 2024, en la localidad de Santa Isabel, luego de una discusión mientras regresaban de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, y la sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscalía, la defensa y la propia víctima. La jueza Paula Borrello homologó la pena, que incluyó la consideración de tentativa de homicidio calificado (femicidio), violación de domicilio, daños simples, amenazas coactivas y atentado contra la autoridad, todos en concurso real de delitos.

El violento episodio comenzó cuando Castro ingresó al domicilio de la mujer sin autorización, rompiendo la puerta y manifestando: “No te voy a pegar, te voy a matar… Vine a matarte”. Durante el ataque, la víctima recibió golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y zona genital, y perdió el conocimiento.

Días después, el 20 de agosto de 2024, el acusado protagonizó un nuevo hecho cuando agredió al oficial de policía Francisco Romero, que junto a otro efectivo había acudido a la vivienda para ejecutar la exclusión del agresor del hogar.

Un hombre de 42 años fue detenido en Rosario acusado de haber robado cerca de tres millones de pesos en efectivo de la Catedral de Venado Tuerto. El sospechoso fue localizado en el casino City Center de Rosario, donde habría apostado la totalidad del dinero sustraído.

El hecho se produjo en la noche del martes en el templo ubicado en Belgrano y 25 de Mayo, en pleno centro de Venado Tuerto. De acuerdo a fuentes del caso, el autor del ilícito logró apoderarse de una importante suma de dinero en efectivo y retirarse del lugar sin ser advertido en primera instancia.

La denuncia activó un rápido despliegue de los fiscales del Ministerio público de la Acusación, de personal de la Comisaría 2ª y de la Policía de Investigaciones (PDI), que comenzaron a trabajar sobre la recolección de pruebas.

Seguimiento y reconstrucciónA partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso. Las imágenes permitieron establecer que, tras el robo, el hombre abordó un remis con destino a Rosario.

Con esa información, se profundizó el análisis de su posible paradero hasta ubicarlo en el casino City Center.

Ya en Rosario, la intervención sobre las cámaras del complejo permitió confirmar la presencia del sospechoso en la sala de juegos. Según se estableció, el individuo habría utilizado el dinero robado para apostar, perdiendo la totalidad de la suma.

Con las pruebas reunidas, y por disposición de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletich, se concretó la detención del hombre en el lugar.

Perfil del acusado y líneas investigativasEl detenido fue identificado como Germán Carlos G., de 42 años, oriundo de la provincia de La Rioja. Voceros judiciales indicaron que no se descarta su vinculación con otros hechos de características similares ocurridos en el norte santafesino.

En ese sentido, la investigación continúa con el objetivo de determinar si actuó de manera individual o como parte de una modalidad delictiva más amplia.

El procedimiento permitió esclarecer el caso en pocas horas, en un trabajo coordinado entre fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias para profundizar la pesquisa.

La fiscal Mayra Vuletic solicitó una condena de 26 años de prisión efectiva para Kevin P., acusado de ser el autor del homicidio de Juan Carlos Salinas, un vecino de 67 años de Venado Tuerto.

El requerimiento se enmarca en una causa que incluye no solo el crimen, sino también una serie de hechos previos que, según la investigación, evidencian una conducta violenta sostenida en el tiempo.

En la jornada de este lunes se llevó adelante la audiencia preliminar, el paso previo a que se fije fecha para el inicio del juicio oral. 

El ataque y la muerte de la víctima

De acuerdo a la reconstrucción de la investigación, el hecho central ocurrió el 8 de noviembre de 2024, cerca de las 8:55, frente a la vivienda de la víctima en calle Pringles al 88.

En ese momento, Kevin llegó al lugar a bordo de un automóvil junto a Ramiro Durich, descendió del vehículo y atacó a Salinas con un arma blanca, provocándole heridas de gravedad en la zona abdominal.

Tras la agresión, el acusado huyó con la asistencia de Durich, quien tomó el control del rodado. Salinas fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado hasta el 28 de noviembre, cuando falleció como consecuencia de un cuadro de hemoperitoneo e isquemia cerebral.

Pruebas y reconstrucción

Uno de los elementos centrales de la causa son las imágenes de cámaras de seguridad que registraron los movimientos del imputado antes y después del ataque. Según la Fiscalía, estos registros permiten ubicar a Parodi en la escena y reconstruir la secuencia del hecho.

Además, se incorporaron testimonios que dan cuenta de su estado previo al crimen. Entre ellos, el de una joven que declaró haber compartido horas con el acusado la noche anterior y aseguró que se encontraba alterado y había consumido estupefacientes.

Una escalada de conflictos

El homicidio fue precedido por diversos episodios de violencia. La investigación detalla que el conflicto entre Kevin y Salinas se habría iniciado semanas antes, a raíz de un incidente con el perro de la víctima.

Entre los antecedentes más relevantes figuran:

Incluso, ya detenido, el imputado protagonizó un hecho de daño agravado dentro de la Comisaría 2°.

Calificación legal

La Fiscalía imputó a Kevin como autor de una serie de delitos en concurso real:

En ese marco, se consideró que la pena aplicable supera ampliamente los ocho años mínimos y puede exceder los 30, por lo que se fijó el pedido en 26 años de prisión.

Por su parte, Durich ya fue condenado en octubre de 2025 a cinco años de prisión como partícipe secundario del hecho.

El móvil bajo análisis

Para la Fiscalía, el crimen se inscribe en un contexto de venganza y escalada de violencia. La hipótesis sostiene que el ataque no fue espontáneo, sino el desenlace de una serie de conflictos previos que fueron aumentando en gravedad.

El Ministerio Público de la Acusación imputó formalmente a José María B. por los delitos de homicidio simple, daño y encubrimiento, en relación con la desaparición y presunto asesinato de Nicolás Christian Godoy, ocurrido entre el 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles y estuvo encabezada por las fiscales Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco. En tanto, el juez fue Adrián Godoy.

Según la acusación, en la madrugada del 15 de julio de 2014, Godoy se desplazaba en su automóvil Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda, cuando habría sido interceptado por el imputado.

Los fiscales sostienen que, motivado por un conflicto económico previo, José María B. habría asesinado a Godoy, presuntamente utilizando un arma de fuego.

Qué ocurrió después del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, tras el ataque el acusado habría llevado a cabo una serie de maniobras para ocultar el hecho.

Entre ellas se detallan:

Posteriormente, cuando comenzó a difundirse en los medios el pedido de paradero de Godoy, el imputado trasladó el automóvil fuera del ejido urbano y lo incendió el 17 de julio de 2014 alrededor de las 22.50, con el fin de destruir evidencias.

El conflicto previo

Uno de los elementos que aparece en el expediente es un conflicto económico entre ambos, que se remonta al año 2012.

En aquel momento, José María B. denunció a Nicolás Godoy por el delito de estafa, luego de que este le entregara cheques que posteriormente fueron rechazados por orden de no pagar, tras una denuncia de robo.

Según la declaración del denunciante, Godoy le había entregado cuatro cheques como parte de la compra de un vehículo, los cuales no pudieron ser cobrados.

La causa avanzó durante un tiempo, pero finalmente fue archivada en junio de 2015.

De acuerdo con distintos testimonios incorporados al expediente, desde ese conflicto la relación entre ambos se volvió tensa y conflictiva, y allegados a la víctima aseguraron que Godoy le tenía miedo al ahora imputado.

El testimonio clave

Uno de los elementos centrales de la causa es la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aseguró que el acusado le confesó en reiteradas oportunidades haber matado a Godoy.

Según el testimonio brindado ante las fiscales en diciembre de 2025, el hombre solía jactarse del crimen frente a su entorno familiar y amenazar a una persona diciéndole que vas a “desaparecer como Nicolás Godoy”.

De ese testimonio se desprende que el imputado habría contado detalles del hecho, entre ellos:

También aseguró que el acusado le decía que el cuerpo había sido arrojado en un lugar donde “las aguas se juntan”, sugiriendo que los peces lo habrían devorado.

Las pruebas tecnológicas

Otro elemento considerado relevante por los investigadores es el análisis de comunicaciones telefónicas realizado por la Oficina de Análisis Criminal del Ministerio Público de la Acusación.

Según el informe policial incorporado a la causa:

La última comunicación detectada del imputado el 18 de julio de 2014 se registró en una celda telefónica que da cobertura a esos sectores.

La detención del acusado

José María B. fue detenido en diciembre pasado en el marco de una causa por violencia de género.

En ese momento circulaba en un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo, denunciado como robado en la ciudad de Rosario el 25 de mayo de 2024.

A partir de esa detención se reactivaron diversas líneas de investigación que finalmente derivaron en la imputación por el homicidio de Nicolás Godoy.

Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por el juez Adrián Godoy en un juicio oral y público que finalizó en la mañana de este lunes en los tribunales venadenses.

La fiscales que representaron al MPA en el debate fueron Luciana Del Greco y Mayra Vuletic, quienes valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”. Por otra parte, adelantaron que “esperaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos que lo llevaron a resolver cómo lo hizo”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco. “Los testimonios que la víctima brindó y ratificó, fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”, remarcó la fiscal.

Del Grecco precisó que “en octubre de 2023, la víctima y el condenado finalizaron una relación de pareja de 30 años, en el marco de la cual tuvieron dos hijos que ya son mayores de edad”. Asimismo, indicó que “la investigación de los ilícitos se inició a partir de que la víctima radicó una denuncia en mayo de 2024 en la sede de la Comisaría de la Mujer”.

Durante el debate, Del Grecco argumentó que “la modalidad de los hechos delictivos cometidos por Medina denota una conducta sumamente violenta y peligrosa”.

“El primero de los ilícitos que denunció la mujer fue cometido en mayo de 2024”, relató la fiscal y aclaró que “en esa oportunidad, Medina fue a la casa de la víctima, le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

Del Grecco también indicó que “días después, el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

“El tercer ilícito también fue en mayo de 2024”, puntualizó Del Grecco. “En esta oportunidad, Medina ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor”, afirmó la fiscal y sostuvo que “no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal del MPA especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de los delitos de amenazas agravadas reiteradas (por el uso de arma) (dos hechos); lesiones leves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género); amenazas simples reiteradas (dos hechos) y tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género)

Después de 12 años de incertidumbre, la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy dio un paso determinante. Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mayra Vuletic y Marianela Montemarani Menna, ordenaron la detención de J.M.B., domiciliado en la zona sur de Venado Tuerto y actualmente detenido en la Alcaidía de Melincué por otros procesos judiciales.

Según informaron fuentes del MPA, durante la semana se concretaría la audiencia imputativa bajo la calificación de autor del delito de homicidio simple en concurso real con daño y encubrimiento.

Qué ocurrió en julio de 2014

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el hecho habría ocurrido entre la madrugada del 15 y el 17 de julio de 2014 en Venado Tuerto.

La hipótesis sostiene que el acusado habría abordado a Nicolás Godoy cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum modelo 1994, color champagne, acompañado por sus dos perros bóxer, Duke y Buda. El crimen habría estado motivado por un conflicto de deuda de dinero.

Posteriormente, el imputado habría arrojado a los perros en una zona rural, descartando el cuerpo de la víctima en un sitio que aún no fue determinado y abandonado el automóvil en la zona sur de la ciudad, donde permaneció durante dos días.

Cuando el caso tomó estado público y se difundió el pedido de paradero, el 17 de julio alrededor de las 22:50, el sospechoso habría trasladado el vehículo fuera del ejido urbano y lo incendió con el objetivo de destruir pruebas y procurar su impunidad.

La desaparición

Nicolás Godoy, de 28 años, había salido el 14 de julio de 2014 desde su vivienda en zona rural (Campo El Recuerdo, kilómetro 360,5 de la ruta 8) con destino al centro venadense para realizar trámites bancarios. Esa fue la última vez que se lo vio con vida.

El 16 de julio, su hermana radicó la denuncia tras la aparición de sus perros en inmediaciones del Parque Industrial. Al día siguiente, la Comisaría 12ª emitió un pedido de colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero, detallando incluso la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Esa misma noche, una fuerte explosión alertó a vecinos: se trataba del Volkswagen Quantum con equipo de GNC, hallado completamente incendiado en un monte cercano al casco urbano.

Durante meses se realizaron rastrillajes en zona rural de Santa Isabel, en el Parque Industrial, en inmediaciones de la vivienda familiar y en distintos puntos de Venado Tuerto, todos con resultado negativo. Tampoco se registraron movimientos bancarios ni actividad telefónica posterior a su desaparición.

El desafío pendiente: encontrar el cuerpo

Con la detención del principal sospechoso, la causa entra en una etapa clave. Sin embargo, los investigadores aún enfrentan un desafío complejo: dar con el cuerpo de Nicolás Godoy, un elemento central para cerrar definitivamente uno de los casos más dolorosos y enigmáticos de la ciudad.

La audiencia imputativa marcará el próximo paso judicial en una causa que, más de una década después, comienza a arrojar respuestas.