En la audiencia que se desarrolló el último jueves, el fiscal Iván Raposo brindó detalles sobre las declaraciones de dos mujeres, quienes se presentaron como testigos arrepentidas y brindaron detalles en relación al funcionamiento de las dos principales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y la región. Según su relato, las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.

Las testigos, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, contaron cómo las organizaciones criminales recurrían a la agencia de turismo de Ezequiel A., dueño del local, para convertir grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de la venta de estupefacientes, en dólares estadounidenses. Según las declaraciones, este proceso de cambio de divisas era realizado sin ningún tipo de control o registro formal. “Nunca nos preguntaron por el origen del dinero ni nos dieron recibos. Todo era en negro”, aseguró una de las mujeres, quien trabajaba de forma directa con los cabecillas de la organización.

Los detalles que las testigos compartieron fueron fundamentales para entender cómo operaban las dos organizaciones en Venado Tuerto y en otras localidades del sur-sur santafesino. Según la fiscalía, la participación de Ezequiel A. fue clave, ya que proveía a los narcos de los dólares necesarios para realizar sus compras de estupefacientes, los cuales luego eran distribuidos y comercializados en el mercado local.

Ezequiel, quien fue imputado como “partícipe secundario” en el tráfico de estupefacientes, es señalado como uno de los principales responsables de facilitar este intercambio de dinero. Según las investigaciones, además de las transacciones que se realizaban con billetes en efectivo, el dueño de la agencia recibió transferencias bancarias de parte de miembros de las organizaciones. En particular, se destaca una por un total de 1.471.750 pesos provenientes de intermediarios cercanos a los cabecillas de las bandas, que operaban desde la cárcel.

Por su parte, su suegro, Jorge K., también fue imputado en el caso por su rol como colaborador financiero de la organización. Se le atribuye haber recibido una suma de 1.240.000 pesos mediante transferencias bancarias realizadas por parte de Kiara Rocío D., una de las implicadas en el tráfico de drogas. Además, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, que fueron encontradas en su hogar durante el allanamiento de las últimas semanas.

Las declaraciones de las testigos arrepentidas también ofrecieron detalles sobre cómo era la operatoria dentro de la agencia de turismo. “Yo mandaba un mensaje por WhatsApp preguntando el precio del dólar, luego llegaba a la agencia, me atendía una chica, le daba el dinero en efectivo, y me daban los dólares”, relató una de las mujeres. Según su testimonio, este proceso se repetía semanalmente, con sumas que oscilaban entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la cantidad de dinero que recaudaban. En tanto, otras de las organizaciones, adquiría mensualmente una suma cerca a los 8.000 dólares.

El relato de las testigos fue confirmado por la declaración de una empleada de la agencia, quien indicó que todas las transacciones eran supervisadas por Ezequiel A. “Él fijaba los precios, daba las instrucciones y autorizaba todas las operaciones. Nadie más podía hacer nada sin su consentimiento”, afirmó, quien también detalló que no se realizaba ningún tipo de control sobre el origen del dinero o la identidad de los clientes.

En el allanamiento realizado el 31 de marzo, en la agencia de turismo los agentes policiales incautaron la suma total de 7.027.200 de pesos, 12.215 euros y 39.438 dólares.

El caso sigue en plena investigación. El fiscal Iván Raposo destacó la importancia de las declaraciones de las testigos, ya que brindaron una visión integral sobre cómo se desarrollaba la operatoria de cambio de divisas y cómo las bandas narcos se beneficiaban de la actividad ilícita.

El Juzgado de Venado Tuerto condenó este lunes a Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido en el ambiente delictivo como “el Wacho Maxi”, a 8 años de prisión efectiva tras aceptar un acuerdo de procedimiento abreviado. En el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, la sentencia fue homologada por el juez Mauricio Clavero, tras constatarse la responsabilidad penal en una serie de hechos ocurridos entre junio de 2024 y febrero de 2025, que incluyeron una balacera, resistencia a la autoridad y la venta de drogas, incluso desde el penal de Coronda.

Balacera contra un auto estacionado

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del 7 de junio de 2024, cuando Ríos disparó tres veces contra un vehículo Volkswagen Bora estacionado en calle Formosa al 400. El auto, propiedad de un vecino identificado como Brian N., resultó con daños visibles en la puerta del acompañante.

La justicia calificó este acto como “daño calificado por uso de arma de fuego” en concurso con “portación ilegítima de arma de uso civil”, agravando la situación del acusado.

Persecución policial y hallazgo de drogas

Apenas horas después, durante la madrugada del 8 de junio, Ríos fue interceptado por personal policial en inmediaciones de Presidente Perón y Eva Perón. Lejos de detenerse, se dio a la fuga en un Ford Focus, protagonizando una persecución que se extendió por 14 cuadras hasta ser finalmente detenido.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su poder 8,9 gramos de cannabis, dinero en efectivo por más de $600.000, municiones de distintos calibres, celulares y un cuaderno con anotaciones que resultaron clave para profundizar la causa.

Desde la cárcel

La investigación reveló que, mientras cumplía prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda, Ríos continuaba operando. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, enviaba droga a una mujer identificada como Débora A., quien actuaba como intermediaria en las entregas y recibía pagos por más de $14 millones a través de transferencias y depósitos en Mercado Pago.

Esta operatoria fue documentada mediante análisis de dispositivos móviles y registros financieros, consolidando la imputación por comercialización de estupefacientes en dos hechos distintos.

La pena

El juez aceptó el acuerdo presentado por el fiscal Iván Raposo y la defensa de Ríos, a cargo del abogado Ignacio Blanc Codina, en una audiencia virtual donde el propio imputado ratificó su consentimiento.

Ríos fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de:

La pena fue fijada en 8 años de prisión efectiva, con inhabilitación para portar armas por el doble del tiempo de condena.