La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado la aplicación de estrictas medidas de vigilancia para un grupo de líderes narcocriminales alojados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El fallo desestima los recursos de las defensas y ratifica el traslado a pabellones de máxima seguridad, así como la prohibición de beneficios como las visitas íntimas. Esta resolución afecta, además de a Mauro Novelino, a figuras clave del crimen organizado como Ariel Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Leonardo Airaldi.

El tribunal fundamentó el mantenimiento de estas restricciones en el alto perfil de riesgo de los detenidos y su demostrada capacidad para organizar actividades ilícitas desde el interior de los penales. El detalle de su situación procesal incluye:

La ratificación de estas medidas de seguridad busca neutralizar el poder de mando de estos líderes, quienes, según las investigaciones, han mantenido estructuras operativas activas mediante comunicaciones constantes con el exterior.

El narcocriminal venadense Mauro Nahuel Novelino (34) se negó a salir de su celda para dar consentimiento a un juicio abreviado donde se lo condena a 4 años y 6 meses de prisión por tres hechos de amenazas y balaceras ocurridos en Venado Tuerto entre los años 2021 y 2022.

La audiencia se iba a llevar adelante el martes de la semana pasada, con Iván Raposo como fiscal y Mauricio Clavero como juez. Pero lo cierto es que el sujeto de 34 años no aceptó salir del calabozo y debió ser suspendida, siendo reprogramada para el próximo miércoles.

Extorsión

Uno de los hechos por el que será condenado tiene que ver con una tentativa de extorsión denunciada el 27 de marzo de 2021. En esa fecha un delincuente venadense le robó la moto a un vecino en calle Pasaje Agüero, y posteriormente desde la cárcel Novelino exigió un pago de 50.000 pesos en efectivo, caso contrario iba a quemar el birrodado.

Del teléfono incautado en el penal surgieron los mensajes que comprometieron a Novelino. En parte de la charla, sostuvo: “Contesta cumpa tengo los pibes todo enfierrados. Te salgo a buscar. No te digo mas. Te doy mi palabra de hombre no va en una hora la moto la prendo fuego, a vos te salgo a buscar, no se que queres. Pero bueno cumpa no te mando mas mensajes sabes hay mando a que agan lo q tienen q hacer”, (Sic).

Balacera por error

El 29 de marzo de 2022 Novelino contrató a dos personas para que ejecuten una balacera en calle Pardal al 400, en un domicilio perteneciente a la familia de Matías Á., uno de sus principales competidores en la venta de estupefacientes en Venado Tuerto. Lo cierto es que los sujetos en cuestión atacaron a tiros a una vivienda vecina donde se encontraban mirando la tele una mujer con sus dos hijos. 

En una charla por WhatsApp de Mauro con su novia Lucrecia, por un lado, admiten la organización de la balacera, y por otro, se niegan a renococer que se equivocaron de casa. 

Nahuel: “Ahí paso amor el loco por acá gritando, 14 tiros no sé que, a una casa que nada que ver decía el loco”. 

Lucia: “Que le erraron la casa encima amor, me estas cargando, naaa”. 

Nahuel: “No, no le erraron, no no le erramos a la casa amor, no. No voy a errar la casa si siempre vivieron ahí”. 

La causa fue caratulada “daño calificado en concurso ideal con el delito de amenazas calificadas”.

Como consecuencia de esta investigación se allanó una cochera ubicada en Avenida Santa Fe a metros de Esperanto en Venado Tuerto donde incautaron una cantidad importante de armas y elementos relacionados con una “cocina de droga”. 

Amenazas y nueva balacera

El 19 de julio de 2022 unas cuatro personas que se movilizaban en un automóvil robado balearon una vivienda ubicada en Pasaje Agüero al 1400.

Con el correr de la investigación se comprobó que estas personas, oriundas de Rosario, fueron contratadas por Novelino para amedrentar, mediante disparos, a un joven de nombre Agustín que estaba sosteniendo una relación amorosa con la ex mujer del capo-narco.

“Hoy mande uno a sacar una foto de tu casa, Yo no soy gil, yo gatillo y eso lo saben todos, no le tengo miedo a nadie”, afirmaba Novelino vía mensaje de la red social Facebook. 

Finalmente, la causa fue caratulada como “amenazas simples” y “amenazas calificadas y daños calificado por el uso de arma de fuego en concurso ideal entre sí, todo en concurso real con el delito de encubrimiento”.

Condena

En base a esta seguidilla de hechos delictivos, desde el poder judicial, en el marco de un juicio abreviado, se acordó contra Mauro Nahuel Novelino una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por encontrarse penalmente responsable por ser autor de los delitos “extorsión en grado de tentativa, daño calificado en concurso ideal con el delito de amenazas calificadas, amenazas simples y amenazas calificadas y daños calificado por el uso de arma de fuego en concurso ideal entre sí, todo en concurso real con el delito de encubrimiento”.

Las presentes calificaciones “responden a que estamos ante un caso de una persona refractaria a las reglas de la sana vida en sociedad, al respeto por la vida y el patrimonio ajeno, al correcto accionar de la Administración Pública”, sostiene el fallo. 

El Tribual Oral en lo Criminal Federal Nº2 de la ciudad de Rosario, a través del Presidente de Juicio doctor Tomás Malaponte, dispuso la realización de las audiencias en el marco de las causas seguidas a Mauro Nahuel Novelino y otros imputados en la ciudad de Venado Tuerto durante el mes de noviembre del corriente año.

Entre las mencionadas causas se encuentran las vinculadas a infracciones a las disposiciones de la ley 23.737 y la relacionada con el hecho de amenazas que tuvieron como víctimas a un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y al Intendente Leonel Chiarella, quien fue ofrecido como testigo para el juicio. 

El Juzgado Federal de Venado Tuerto sobreseyó a la joven María Victoria Marti en la causa conocida como “Novelino, Mauro Nahuel y otros s/Infracción Ley 23.737, asociación ilícita y otros”, en la cual estaba procesada y había permanecido en prisión preventiva por venta de drogas, entre otros delitos. 

La decisión se basa en la aplicación de la perspectiva de género, a partir de una ampliación de declaración indagatoria que solicitó la propia Marti luego de estar en prisión por más de un año y medio, cuando se atrevió a denunciar la violencia de género que ejercía su pareja Eric Gualpa, oriundo de Sancti Spiritu y miembro de la banda capitaneada por Mauro Novelino, el delincuente tantas veces mencionado por el intendente Leonel Chiarella en los últimos años.

En junio de 2020, en la Guardia del Juzgado Federal recibieron una denuncia anónima contra Novelino por comercio de estupefacientes, sumado a que habría estado planeando un atentado contra el edificio de calle Chacabuco al 700. De inmediato se abrió la investigación y el 19 de julio de 2020, en plena pandemia, ordenaron allanamientos y detenciones de varios miembros de la narcobanda en un operativo simultáneo donde las fuerzas policiales hallaron drogas y armas. Entre ellos, cayeron Eric Gualpa y María Victoria Marti, que esa noche se había quedado en casa de su novio, en Iturraspe al 700, aunque vivía con sus padres en el barrio de la Carne.

Para el caso de Marti, se dispuso el procesamiento con prisión preventiva por considerarla coautora del delito de tráfico de estupefacientes, entre otros.

Hasta que, tras más de 20 meses de detención, el 9 de marzo de 2022, María Victoria Marti accedió a una ampliación de la declaración indagatoria para profundizar sobre las particularidades de su relación con Gualpa, donde surgió que sufría violencia física y amenazas constantes hacia ella y su familia, sobre todo desde que le insinuó a Eric la posibilidad, conociendo sus andanzas al margen de la ley, de interrumpir una relación que se tornaba cada día más tóxica.

Tras la indagatoria, el caso sufrió un imprevisto giro de 180 grados, la defensora pública Silvina Costa asumió la defensa de la joven y el 27 de mayo de 2022 presentó un escrito instando su sobreseimiento y excarcelación. En tal sentido, sugirió la funcionaria que “no puede pretenderse que una persona, dos meses después de haber cumplido 18 años de edad, tenga plena autodeterminación y madurez, experiencia de vida, responsabilidad, etc.; ello es una ficción legal y en cada caso concreto deben de extremarse recaudos al momento de analizar su responsabilidad penal”. Además, recordó que Victoria carecía de antecedentes penales.

Además de aludir a la “perspectiva de género y el deber estatal de diligencia reforzada” en relación a las mujeres víctimas de violencia, especificó Costa que se encuentra acreditado, en atención a la nueva prueba incorporada al proceso, que “el ejercicio de poder efectuado por el señor Gualpa anulaba el consentimiento de voluntad de Victoria”.

Como consecuencia de la actuación de la defensora pública, se corrió vista al fiscal federal y se estableció el 3 de junio de 2022 el arresto domiciliario subsidiario de María Victoria, hasta que el 4 de julio de 2022 se dispuso el cese de su prisión preventiva. Y respecto del pedido de sobreseimiento, una vez declarada la incompetencia de la justicia federal para intervenir en la materia, se giraron los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano competente para llevar adelante dicha pesquisa.

En este marco, el 12 de abril de 2023, se lo imputó a Eric Gualpa por los hechos de amedrentamiento y amenazas en perjuicio de Victoria y su familia. Y ocho días más tarde se le dictó la prisión preventiva por violencia de género, al tiempo que continuaba con preventiva por la causa de narcotráfico en el fuero federal. 

Mientras esta nueva causa avanzaba en la justicia ordinaria, restaba resolver, en el ámbito federal, el pedido de sobreseimiento de Marti por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de arma de fuego.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, llegando al nudo de la cuestión, observó que “el caso debe ser analizado con perspectiva de género y dentro del marco normativo internacional y local para la protección de los derechos de las mujeres compuesto por la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485), la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos (Ley 27.372)”.

En uno de los párrafos sustanciales, el magistrado sostiene que el “pedido de sobreseimiento nos conduce en el plano jurídico, más concretamente en el derecho penal, a analizar qué líneas dogmáticas permiten hacer frente a este fenómeno, que requiere atención inmediata y brindar una respuesta cuando, como en el caso de autos, una mujer alegó miedo y amenazas, propias y a su familia, y que se encuentra ligada a un proceso penal por narcotráfico”. 

Y añadió: “Como advierte (Claus) Roxin, en los casos en que se trata de explicar el alcance de la intervención de cada una de las personas que se vinculan conjuntamente en un hecho delictivo, ‘se plantea la cuestión de si tiene dominio del hecho aquel que realiza el tipo completo de propia mano y dolosamente, pero que se encuentra coaccionado por otro o por una situación de peligro que se cierne sobre él’, tal sería el caso de Marti”.

Recurriendo una vez más al jurista alemán, argumenta Cuello Murúa que “éste enseña que, entre los defensores de la teoría del dominio del hecho, se destaca Welzel, quien defiende ‘la postura de que el estado de necesidad coactivo excluye la autoría del que actúa directamente’. Para ello, ha expresado que quien actúa coaccionado lo hace sin el dominio final del hecho por falta de voluntad, mientras que últimamente refiere a un dominio menor que denomina ‘inferior’ o ‘subordinado’”.

Adelantando su criterio de modificar la situación procesal de la joven, el juez federal especificó que “al momento de su detención, ésta contaba con apenas 18 años de edad; que su pareja, Gualpa, era mayor que ella; que sufría de violencia de género sistemática; y que su situación socio-económica, sin llegar a la vulnerabilidad, tampoco era la más propicia. En otras palabras, la nombrada reunía las características típicas de las mujeres vulnerables involucradas en el narcotráfico”.

En este orden, en su informe anual de 2018, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha especificado que “en general, si bien son muchos los factores que explican la participación de las mujeres en el comercio de drogas, se ha demostrado que está condicionada por la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia, las relaciones íntimas y las consideraciones de índole económica”.

En síntesis, Cuello Murúa consideró que “la situación de violencia de género sufrida por Marti habría anulado su ámbito de autodeterminación, sea que se recurra para ello a decir que en la causa federal obró coaccionada y sin el dominio final del hecho por falta de voluntad”, dando lugar al sobreseimiento en los hechos que le fueran imputados, haciendo expresa mención que “la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado”.

El fiscal federal de Venado Tuerto Javier Arzubi Calvo solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre detenido en la cárcel federal de Marcos Paz acusado de ser el autor del delito de “coacciones agravadas por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”. El imputado habría enviado una serie de mensajes que tuvieron como destinatario al funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe para el departamento de General López, Sergio Carlos Maidana, y, por su intermedio, al intendente municipal de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y estaban destinados a obtener el cese del traslado a diferentes unidades de detención o la mejora de las condiciones en las que atraviesa la prisión preventiva por otros delitos.

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La investigación se inició el 24 de enero a partir de la denuncia formulada por Maidana, quien dio cuenta sobre una serie de mensajes intimidatorios que había recibido a través de la aplicación WhatsApp, en las cuales el emisor, previo identificarse con nombre y apellido, le indicó: “Tenes contacto. Con los de arriba? Desiles que me dejen de trasladar de acá para allá por [que] hay balas para todos. Empezando por Chiarela. Ok?” (sic).

Desde el inicio, la pesquisa fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que llevó a cabo una serie de medidas de prueba. Comprobó que la foto de perfil utilizada en la aplicación por el emisor del mensaje coincidía con la de una persona que había sido recientemente trasladada al penal de Marcos Paz en el marco de una serie de medidas de seguridad impuestas a solicitud de la fiscalía, pues se había detectado que el sujeto tenía acceso a teléfonos celulares en las distintas unidades de detención donde había estado alojado.

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La fiscalía también requirió la intervención de la línea telefónica. En tanto, los datos obtenidos de la empresa prestataria del servicio determinaron que la línea se encontraba registrada a nombre de aquella persona, Mauro Nahuel Novelino. El dato coincidió con el nombre y apellido con los que se identificó cuando el funcionario preguntó quién era la persona que escribía. Además, se comprobó que los mensajes y las llamadas impactaban en una antena cercana al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

El MPF entonces requirió una serie de medidas que tuvieron como objeto el registro y allanamiento de la celda donde se alojaba Novelino en ese complejo carcelario. El procedimiento se llevó a cabo el 27 de enero pasado. Allí se encontraba detenido desde el 12 de enero -es decir, había ingresado quince días antes-, cumpliendo prisión preventiva por el delito de asociación ilícita y comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada, tanto para causas en etapa de instrucción como en juicio oral.