El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, concretó este viernes en Venado Tuerto la demolición del cuarto búnker de venta de drogas de la ciudad y del número 126 en la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, hace más de dos años. El inmueble estaba ubicado en República de Irlanda 1551, en el barrio Juan XXIII, y era utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Del procedimiento participaron el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el fiscal Regional, Mauricio Clavero; y el fiscal Franco Carbone.

Al referirse al operativo, Chiarella recordó que “este lugar en República de Irlanda 1551 lo denunciamos junto con Leticia (Di Gregorio) y Nahuel (Pasquinelli, representante regional del Ministerio de Seguridad), con presentaciones judiciales. Ariel Castro y Adrián Alviso eran quienes vendían drogas en este lugar, les vendían a menores y habían usurpado este espacio”.

El intendente señaló que ese inmueble “era una vivienda usurpada, sin servicios, enganchada ilegalmente a la luz; no era el hogar de nadie, era una cáscara, un aguantadero utilizado para comercializar estupefacientes, fraccionar droga y guardar armas”.

También recordó que en el lugar se realizaron allanamientos reiterados con resultados positivos, que existían numerosas denuncias por hechos de violencia y que en 2022 un hombre fue baleado allí y posteriormente perdió la vida. “A metros de este lugar hay un club deportivo que trabaja todos los días para contener a los jóvenes del barrio. Ellos construyen y este búnker destruía”, afirmó.

Por último, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el Poder Judicial. “Seguiremos muy firmes en esta tarea coordinada que estamos llevando adelante desde el Gobierno municipal, Leticia Di Gregorio desde el Senado, con una fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Pablo Cococcioni y de la Fiscalía. Quiero agradecer especialmente al fiscal Franco Carbone, al fiscal Regional Mauricio Clavero y al fiscal de la Unidad de Microtráfico Iván Raposo, con quienes venimos trabajando codo a codo para llevar adelante esta tarea que implica ir de frente contra la venta de drogas. No vamos a dar ni un paso atrás”, indicó el mandatario venadense.

El fiscal Clavero recordó que este es el cuarto espacio destinado a la venta de drogas que se destruye en la región por orden judicial y aseguró que “es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico que despliega la provincia”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. “Esto incluye el trabajo de mucha gente, e incluso de los jueces que acompañan este tipo de políticas de lucha contra el microtráfico”, expresó.

El fiscal regional también explicó los motivos que llevan a la demolición de estos inmuebles. “Este lugar está estigmatizado como un espacio oscuro, donde incluso hace un tiempo hubo un hecho de sangre y una persona fue asesinada. Esta vivienda fue usurpada, luego recuperada, y motivo de disputa entre bandas. Si el Estado le entrega esta casa a una familia de esfuerzo y trabajo, le está entregando un problema y una situación de riesgo”, indicó.

Por su parte, Orciani destacó que ya son 126 los búnkeres derribados en la provincia y sostuvo que “esto es una muestra más de que el Estado es más fuerte que las bandas narcocriminales que intentan arrebatar la vida, la tranquilidad y la salud de todos los santafesinos”.

Finalmente, la senadora Di Gregorio puso el acento en la importancia de las denuncias que realiza la comunidad, tanto de manera presencial ante las autoridades como a través de los Buzones de la Vida. Según señaló, esas denuncias suelen ser el punto de partida de investigaciones que luego derivan en procedimientos como el realizado este viernes en el barrio Juan XXIII.

Durante la presentación del Informe de Gestión 2025, realizada por el Fiscal Regional Mauricio Clavero y su antecesor Matías Merlo, se expuso un análisis detallado sobre las violencias altamente lesivas en la jurisdicción, a la vez que se refirieron a las actividades realizadas y los logros obtenidos tanto el año pasado como durante los primeros meses de este año.

El actual Fiscal Regional, Mauricio Clavero, subrayó que este acto no es solo un cumplimiento legal, sino una obligación ética reforzada por la nueva Constitución provincial. “El pueblo quiere saber y para eso estamos aquí, para rendir cuentas”, afirmó Clavero, vinculando esta práctica con los valores históricos de mayo de 1810.

Clavero también destacó que el manejo de la "cosa pública" exige informar a los ciudadanos sobre el desempeño de la institución. Además, hizo un reconocimiento especial a la labor de su predecesor, señalando el “trabajo maratónico que ha hecho Matías (Merlo) en atender dos fiscalías regionales” simultáneamente.

Durante la presentación del Informe de Gestión 2025, realizada por Clavero y Merlo, se expuso un análisis detallado sobre las violencias altamente lesivas en la jurisdicción. Uno de los hallazgos más significativos del reporte es la paridad exacta en la cantidad de muertes por suicidios y por siniestros viales, fenómenos que interpelan la capacidad de respuesta del Estado y exigen una coordinación interinstitucional profunda. Mientras que los homicidios dolosos, que incluyen tanto hechos consumados como tentados, registraron 13 ingresos, las otras dos categorías de muertes violentas alcanzaron los 20 casos cada una.

En lo que respecta a los suicidios, el informe indica que los 20 legajos creados se distribuyeron de manera transversal en cuanto a geografía y edad, afectando a personas de entre 18 y 90 años. El perfil de las víctimas muestra una fuerte prevalencia de varones, quienes representaron el 80% de los casos, con una edad promedio general de 45 años. Un dato que genera especial preocupación institucional es la existencia de tres casos de jóvenes menores de 22 años, lo que resalta la urgencia de fortalecer las redes de contención y salud mental en el territorio. Geográficamente, la sede de Venado Tuerto registró 9 casos, mientras que Melincué, Firmat y Rufino contabilizaron 4 hechos cada una.

Por otro lado, la siniestralidad vial con desenlace fatal también se cobró la vida de 20 personas en la región durante 2025. A diferencia de los suicidios, este fenómeno presenta una altísima concentración territorial, ya que casi el 85% de las muertes se localizaron en el nodo Venado Tuerto, con 10 víctimas, y la sede de Melincué, con 4 casos. Esta paridad entre ambas localidades sugiere una problemática crítica en los corredores viales que conectan dichas jurisdicciones, mientras que en Rufino y Firmat los valores se mantuvieron en niveles comparativamente menores con 3 fallecidos en cada una.

Desde la Fiscalía Regional se enfatizó que estos datos no son meras cifras, sino herramientas concretas para orientar políticas de prevención y diagnósticos territoriales articulados con otros organismos estatales. El compromiso de la institución, según destacó el fiscal Mauricio Clavero, se enmarca en un mandato de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el desempeño y la realidad delictiva del sur santafesino

El informe además detalla delitos específicos como violencia de género, registrándose 832 denuncias bajo esta valoración política criminal y se dictaron 90 condenas por juicios abreviados y 7 en juicios orales por estos casos.

Respecto a Cámara Gesell se alcanzó un número récord de 107 entrevistas, logrando reducir la espera entre la denuncia y la entrevista a menos de un mes en la mayoría de los casos.

Otro de los puntos más destacados es la capacidad de respuesta de la Fiscalía, que supera la media provincial en varios indicadores:

Ingresos y litigiosidad: se registraron 12.680 denuncias, manteniendo una estabilidad respecto al año anterior. La sede de Venado Tuerto absorbe el 56.4% de la litigiosidad regional (7.150 causas).

Juicios orales: se realizaron 23 juicios orales, lo que representa casi el triple de lo registrado en 2020. De estos, el 53% correspondió a delitos contra la integridad sexual, subrayando el compromiso con las víctimas más vulnerables.

Procedimientos abreviados: Se lograron 249 condenas bajo esta modalidad, una herramienta clave para la resolución ágil de conflictos.

Audiencias: la región generó un total de 2.600 audiencias durante el año.

Con la asunción de la competencia en Justicia Penal Juvenil a partir de junio de 2025, Merlo detalló que en la región se procesaron 252 causas en esta materia, lo que representa el 9% del total provincial de ingresos de este tipo al MPA, demostrando la alta demanda y la respuesta de la estructura regional.

En cuanto a la lucha contra el delito, se informó que durante 2025 se realizaron 70 allanamientos, resultando en 70 personas detenidas y el secuestro de 35 armas de fuego. Y subrayó la importancia de la coordinación con la justicia federal para abordar el microtráfico: “Vemos bien cuál es la problemática del microtráfico, vamos a lo que genera inconveniente en territorio; los que generan violencia o problemas más conflictivos”. Según el fiscal, esta política ha permitido bajar los índices de balaceras y heridos de arma de fuego en la región en comparación con años anteriores.

El Fiscal Regional de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, y el exFiscal Regional de esa circunscripción, Matías Merlo, presentaron en la tarde de este lunes su Informe Anual de Gestión correspondiente a 2025. Fue en el marco de un acto que tuvo lugar en el Teatro Ideal venadense.

Clavero y Merlo refirieron a las actividades realizadas y los logros obtenidos tanto el año pasado como durante los primeros meses de este año. También detallaron cómo fue la administración de recursos humanos y de infraestructura.

A su vez, abordaron problemas que surgieron en el ámbito de la Fiscalía Regional y las medidas que se adoptaron para superarlos. Finalmente, aludieron a desafíos y proyecciones para el próximo período.

El actual Fiscal Regional, Mauricio Clavero, subrayó que este acto no es solo un cumplimiento legal, sino una obligación ética reforzada por la nueva Constitución provincial. “El pueblo quiere saber y para eso estamos aquí, para rendir cuentas”, afirmó Clavero, vinculando esta práctica con los valores históricos de mayo de 1810.

Clavero también destacó que el manejo de la "cosa pública" exige informar a los ciudadanos sobre el desempeño de la institución. Además, hizo un reconocimiento especial a la labor de su predecesor, señalando el “trabajo maratónico que ha hecho Matías [Merlo] en atender dos fiscalías regionales” simultáneamente.

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Por su parte, Matías Merlo realizó un balance de la evolución del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en sus 12 años de actividad. Según Merlo, el MPA es la institución que más se ha asentado y crecido en la provincia en la última década. “Sin un Ministerio Público de la persecución fuerte, no hay un sistema de justicia eficaz”, enfatizó el exFiscal Regional.

Uno de los puntos destacados fue la asunción de la competencia en Justicia Penal Juvenil a partir de junio de 2025. Merlo detalló que en la región se procesaron 252 causas en esta materia, lo que representa el 9% del total provincial de ingresos de este tipo al MPA, demostrando la alta demanda y la respuesta de la estructura regional.

En cuanto a la lucha contra el delito, se informó que durante 2025 se realizaron 70 allanamientos, resultando en 70 personas detenidas y el secuestro de 35 armas de fuego. Merlo subrayó la importancia de la coordinación con la justicia federal para abordar el microtráfico: “Vemos bien cuál es la problemática del microtráfico... vamos a lo que genera inconveniente en territorio... los que generan violencia o problemas más conflictivos”. Según el fiscal, esta política ha permitido bajar los índices de balaceras y heridos de arma de fuego en la región en comparación con años anteriores.

Las estadísticas presentadas muestran una capacidad de respuesta superior a la media provincial:

Finalmente, se destacó la recuperación de la capacidad operativa en la Fiscalía de Rufino, que tras un periodo de vacancia, hoy cuenta con un equipo completo y es una de las dependencias que mayor respuesta brinda a las víctimas.

El Secretario General, Leandro Maiarota, y otros funcionarios y fiscales del MPA participaron del acto.

Además, estuvo presente la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio. Por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad, asistieron el Director de Investigación Criminal Zona Sur, Darío Chávez; y la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, Florencia Blotta.

En el acto también estuvieron el Defensor Regional de la circunscripción, Mariano Mascioli, y los referentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Andrés Barrancos y Alejandro Nucci.

Asistieron también el Secretario de Gobierno de Venado Tuerto, Mariano De Mattia, y concejales venadenses, así como intendentes y presidentes comunales de localidades aledañas.

El acto también contó con otros funcionarios de los tres poderes del Estado, así como con autoridades de la Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Policía Federal Argentina. 

Dos hombres oriundos de Rufino fueron aprehendidos en la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto luego de un operativo realizado por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos viajaban en un colectivo de línea proveniente de Rosario con destino final en Rufino y habrían transportado droga con fines de comercialización y distribución.

La investigación y el procedimiento

La causa se inició tras información aportada al fiscal regional Mauricio Clavero por una fuente de identidad reservada. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo discreto de vigilancia en la terminal venadense.

Al arribar el micro, efectivos de la División Microtráfico identificaron a los dos sospechosos y, con autorización judicial, realizaron una inspección dentro de la unidad. Durante la requisa encontraron un envoltorio oculto entre las butacas ocupadas por ambos individuos.

Posteriormente, las pruebas de campo efectuadas sobre la sustancia secuestrada confirmaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron:

Además, todo el material quedó incorporado a la causa como evidencia de interés para la investigación.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como:

Ambos quedaron inicialmente detenidos por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

La causa pasó al fuero federal

Debido a que la modalidad investigada encuadra en el delito de transporte de estupefacientes, el Ministerio Público de la Acusación se declaró incompetente por razones de materia y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.

La investigación continuará ahora bajo la órbita de la fiscal federal Daniela Ghiorzi, quien seguirá adelante con las medidas judiciales correspondientes.

La ciudad de Rufino vuelve a ser golpeada por un hecho trágico tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Emilio López, el vecino de 50 años que era intensamente buscado desde el último domingo. El cadáver fue localizado tras una serie de rastrillajes realizados en un canal cercano al Parque Municipal, específicamente en la zona de las calles José Ingenieros y Meunier.

El operativo de búsqueda contó con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, incluyendo a los bomberos de Alcorta con perros adiestrados (K-9) en la búsqueda de restos humanos, bomberos voluntarios de Rufino y Venado Tuerto, y el uso de drones para realizar relevamientos aéreos en la zona del hallazgo. En el lugar trabajaron peritos, personal policial y el fiscal a cargo de la causa, el Dr. Mauro Menéndez.

Según detallaron en conferencia de prensa ante medios rufinenses el fiscal regional Mauricio Clavero y el fiscal a cargo Mauro Menéndez, el caso comenzó como un caso de averiguación de paradero, pero gracias a las evidencias recolectadas derivaron en una hipótesis de homicidio. Según las autoridades, fueron fundamentales los aportes de los vecinos y los registros de cámaras de seguridad privadas, que permitieron encaminar la investigación hacia un desenlace criminal.

Como resultado de estos avances, se confirmó que hay una persona privada de su libertad: el hijo de la víctima. El joven se encuentra detenido bajo la calificación legal de homicidio doloso agravado. Si bien se realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Crouzeilles donde se habrían recuperado elementos de interés, la fiscalía ha mantenido reserva sobre los detalles específicos de la evidencia para no entorpecer la futura audiencia imputativa.

El cuerpo de López, explicaron, fue trasladado para la realización de la autopsia, procedimiento que determinará con precisión la causa y la fecha del fallecimiento. El fiscal Menéndez subrayó que, aunque se cuenta con mucho material probatorio, la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y se espera que en los próximos días se formalice la imputación contra el detenido.

A pocos días de cumplirse tres años del asesinato de Aldo Viscovich, productor agropecuario de Chovet, la investigación pasa a manos de un nuevo fiscal. La causa, que estaba a cargo de Susana Pepino, será reimpulsada por Julián Cochero, con asiento en Melincué. Esta decisión fue tomada por el Fiscal Regional Mauricio Clavero, quien busca generar avances en un expediente que, hasta el momento, no ha logrado resultados contundentes.

El crimen ocurrió el 18 de mayo de 2023, cuando Viscovich, de 70 años, fue hallado muerto en su domicilio de calle España, a solo 70 metros de la comisaría local. Aldo, conocido por su militancia en la Federación Agraria Argentina, fue ultimado con dos puñaladas certeras en el cuello y el tórax, además de varias heridas producto de un forcejeo en defensa de su vida. Curiosamente, el homicida dejó atrás la vaina del cuchillo, no robó el dinero en efectivo que se encontraba en la vivienda, pero sí se llevó un revólver calibre .22.

Desde el día del crimen hasta la fecha, los avances en la causa han sido mínimos. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las pruebas solicitadas no arrojaron resultados que aporten datos clave. En algunos casos, incluso se halló que las muestras enviadas al laboratorio se encontraban contaminadas con sangre de la propia víctima.

La nueva designación de Cochero, quien se encuentra revisando el expediente y las evidencias con las que cuenta, representa un nuevo intento por esclarecer un hecho que ha dejado una profunda marca en la comunidad de Chovet y en el ámbito agropecuario de la región. En este contexto, el fiscal tendrá por delante un desafío considerable, ya que las primeras 72 horas de investigación, cruciales para el esclarecimiento de cualquier crimen, no lograron establecer una línea de acción sólida.

El caso de Aldo Viscovich sigue siendo un enigma, y su resolución dependerá de las nuevas estrategias que el fiscal Julián Cochero adopte en los próximos días.

Cerca de 40 vecinos y vecinas de Sancti Spíritu participaron de una charla abierta centrada en las estafas virtuales y las nuevas formas delictivas que se registran en la actualidad. La actividad contó con la presencia de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, quienes compartieron información actualizada y recomendaciones prácticas.

El encuentro se destacó por su carácter participativo, permitiendo a los asistentes plantear dudas, compartir experiencias y recibir respuestas directas de los especialistas.

Prevención y cercanía institucionalLos fiscales Mauricio Clavero, Mauro Menéndez y Damián Cassullo encabezaron la jornada, poniendo el foco en la importancia de la prevención y la información como herramientas fundamentales para evitar caer en engaños.

Durante la charla, se abordaron las principales modalidades de estafas virtuales, como el phishing, los fraudes a través de redes sociales y las falsas promociones, entre otras. Además, se brindaron consejos concretos para detectar situaciones sospechosas y actuar de manera segura.

La importancia de informarseDesde la comuna destacaron que conocer de primera mano cómo operan los delincuentes permite a los ciudadanos anticiparse y protegerse. En este sentido, remarcaron que la educación digital y la difusión de información son pilares clave para reducir los delitos.

Asimismo, se valoró la predisposición de los fiscales para acercarse a la comunidad y generar un espacio de diálogo directo, fortaleciendo el vínculo entre la Justicia y los vecinos.

La diputada provincial Sofía Galnares mantuvo un encuentro con el fiscal regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mauricio Clavero, para avanzar en acciones conjuntas frente a las estafas digitales. Durante la reunión se puso el foco en la prevención y en la necesidad de que los vecinos cuenten con información clara para evitar caer en este tipo de delitos.

Uno de los principales puntos abordados fue la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata. Desde el MPA remarcaron que actuar rápido puede ser determinante para intervenir en la maniobra y que las denuncias pueden realizarse a través de la web del organismo, en sedes del MPA, en Centros Territoriales de Denuncias o en comisarías, especialmente en localidades donde no se utiliza la vía digital.

En ese marco, Galnares señaló que “es clave no compartir datos personales, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de llamados o mensajes que pidan información urgente”, y agregó que “muchas estafas se hacen pasar por organismos como PAMI o ANSES, por eso es importante verificar siempre la fuente antes de responder”.

Durante el encuentro también se remarcó la necesidad de sostener campañas de concientización de manera permanente, ya que las modalidades de estafa cambian constantemente. En este sentido, se recomendó no brindar códigos de verificación, evitar operar desde redes públicas y consultar siempre con familiares o personas de confianza ante situaciones dudosas.

Galnares destacó que “la tecnología avanza y también lo hacen las estafas, por eso tenemos que trabajar en que los vecinos estén informados y atentos”, y subrayó que “denunciar rápido no solo ayuda a cada caso en particular, sino que también permite avanzar en las investigaciones”.

En paralelo, la diputada impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para desarrollar una campaña integral de prevención sobre estafas digitales y phishing, con acciones en todo el territorio provincial y especial atención en los adultos mayores, uno de los sectores más afectados.

Finalmente, la diputada provincial Sofía Galnares afirmó: “La mejor herramienta que tenemos hoy es la información, por eso vamos a seguir entrevistándonos con funcionarios, profesionales y recorriendo las localidades para acercar recomendaciones concretas para que los vecinos sepan cómo prevenir y cómo actuar ante una estafa”.

La localidad de Chovet contará con Buzones de la Vida, donde los vecinos podrán depositar denuncias anónimas en lo relacionado a la venta de estupefacientes, violencia y trata de personas. El acto, donde se presentaron los dispositivos, se llevó adelante en la mañana de este martes, estuvo encabezado por el presidente comunal Mauricio Lucic, y contó con la presencia del Fiscal Regional, Mauricio Clavero, y referentes de distintas instituciones de la localidad.

“Mauricio Clavero tuvo el gran gesto de acercarse a Chovet para formar parte de la actividad y hablar con los vecinos y con referentes de las distintas instituciones. Y también nos dio el apoyo sobre esta iniciativa que tuvimos”, valoró Mauricio Lucic.

Esto “nos da mucha esperanza. Por un lado, como presidente comunal siento su apoyo, y por otro, le muestra a la comunidad de Chovet que no está sola”.

Los buzones serán instalados en las dos iglesias con las que cuenta la localidad, mientras que el tercero estará en el Samco.

Realidad local

En cuanto a los consumos problemáticos en el distrito, Lucic sostuvo que “no es algo que afecta solo a Chovet, sino que cruza transversalmente a todas las localidades por más pequeñas que sean. Es una problemática que está instalada, y lo que buscamos es darle a la sociedad una herramienta más para combatir este flagelo”.

En este marco agregó que “hoy como presidente comunal tomo esta decisión que siento que se debió haber tomado antes. Y es una decisión de gobierno, una decisión política que apuesta al cambio. Porque si no tomás cartas en el asunto, terminás siendo cómplice.”

Por otro lado, el primer mandatario se comprometió a acompañar con el Gabinete Psicopedagogo a las personas que sufren adicción y a sus familias.

El Gobierno de Chovet, a través de su presidente comunal Mauricio Lucic, le solicitó al Fiscal Regional, Mauricio Clavero, que se intensifiquen los esfuerzos para avanzar en la investigación del crimen de Aldo Viscovich, ocurrido el 18 de mayo de 2023.

El pedido se formuló en el marco de una reunión que el fiscal regional mantuvo con intendentes y presidentes comunales de la región, convocada por la senadora Leticia Di Gregorio. Durante el encuentro, el presidente comunal aprovechó la oportunidad para plantear la necesidad urgente de obtener información sobre el avance de la investigación, ya que, hasta la fecha, no surgieron novedades concretas.

Desde el Gobierno de Chovet, se destacó que la comunidad local sigue profundamente preocupada por la falta de novedades en el caso, y expresó la necesidad de que se brinden respuestas claras y oportunas, tanto para la familia de Aldo como para la sociedad en general.

Compromiso con la justicia y el esclarecimiento

En su comunicado oficial, el Gobierno de Chovet reafirmó su compromiso con la justicia, reiterando su apoyo a la familia Viscovich en su búsqueda de respuestas. Hicieron hincapié en que este hecho no debe quedar impune y que es fundamental para la comunidad que el caso avance de manera efectiva.

Asimismo, el presidente comunal, Mauricio Lucic, expresó su firme interés en que se logren avances en la investigación y que se dé con el responsable.

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Agradecimiento de la familia Viscovich

Por su parte, la familia de Aldo, especialmente su esposa Patricia y su hija Paula, agradecieron públicamente el apoyo recibido desde la comuna.

“Les queremos agradecer profundamente por hacer visible el reclamo de justicia por el crimen de Aldo. A casi tres años de su asesinato, el dolor sigue siendo inmenso y la ausencia se siente todos los días. No hay un solo día en que no lo pensemos, en que no duela su falta, en que no nos preguntemos por qué todavía no hay respuestas. Por eso, para nosotras es muy importante que su nombre no se borre, que su historia no quede en el olvido, y que desde los espacios institucionales se siga insistiendo en la necesidad urgente de esclarecer lo que pasó”, destacaron.

Por último, sostuvieron: “Nada nos va a devolver a Aldo, pero necesitamos la verdad. Necesitamos justicia. Y necesitamos poder empezar a encontrar algo de paz. Gracias por acompañar este pedido que nace desde lo más profundo de nuestro dolor”.

Historia del caso

Aldo tenía 70 años, era productor agropecuario e histórico dirigentes de la Federación Agraria Argentina. Fue ultimado en su domicilio de calle España, a 70 metros de la Comisaría. Tenía dos puñaladas certeras en el cuello y en el tórax, además de otras lesiones sufridas producto de haberse defendido y luchado por su vida.

La persona que lo mató olvidó la vaina del cuchillo en la escena del crimen, no robó 500.000 pesos en efectivo que había en el inmueble, pero sí se llevó un revólver calibre 22.

El cuerpo fue encontrado en el mediodía de ese jueves trágico por su hermano Tomás, quien corrió desesperado hacia la comisaría local para dar aviso sobre lo sucedido.

(Mauro Dalmazzo - Manuela Dias Fredes) Durante el acto de asunción como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción del MPA, Mauricio Clavero habló con la prensa y reafirmó su vocación de servicio hacia los vecinos del sur provincial. Tras un paso de 12 años desempeñándose como juez y previamente como fiscal, Clavero destacó que su regreso al Ministerio Público responde a un deseo personal de retomar la cercanía con quienes sufren las consecuencias del delito.

Al ser consultado sobre los ejes que marcarán su administración, el flamante Fiscal Regional fue contundente al señalar que trabajará fuertemente en reforzar la persecución de los delitos contra la propiedad, sin descuidar la labor que se viene realizando en materia de violencia de género.

“Voy a trabajar en reforzar toda la parte de delitos contra la propiedad, obviamente sin descuidar el trabajo que se ha hecho y que se viene haciendo en materia de violencia de género”, sostuvo y agregó como prioridad “poner sobre la mesa de trabajo, los delitos rurales,  las ciberestafas que afecta mayormente a nuestros adultos mayores ”.

También manifestó su intención de dar continuidad y apoyo al trabajo que se viene realizando contra el microtráfico, señalando que "lo que funciona no queda otra que reforzarlo y apoyarlo".

Uno de los grandes desafíos planteados por Clavero es revertir la imagen negativa que la sociedad suele tener del Poder Judicial. Para el fiscal, la clave reside en la efectividad de la persecución penal y en que el ciudadano perciba un Estado que no lo deja solo tras ser vulnerado en sus derechos. "Esa cercanía nos va a permitir de algún modo revertir esa imagen negativa", afirmó.

Clavero destacó que, más allá de la faz presupuestaria, el activo más importante del MPA es su equipo de trabajo, al que calificó como "personas muy valiosas" que cumplen tareas en horarios extendidos y fines de semana para garantizar el servicio de justicia.

En términos de infraestructura, destacó la construcción del Centro de Justicia que se erige en el edificio del viejo Hospital Gutiérrez, una obra que promete refuncionalizar ese sector de la ciudad. No obstante, insistió en que "lo más valioso es lo que está dentro", en referencia al personal que llevará adelante los lineamientos trazados por la Fiscalía General.

Finalmente, Clavero hizo un llamado al trabajo conjunto entre los distintos estamentos del Estado, citando el mandato constitucional de brindar a los ciudadanos un ambiente seguro y libre de violencia. "La Constitución nos dice que no es otra cosa que nos hable el pueblo: señores, trabajen todos juntos", concluyó.

Autoridades presentesAl acto de jura de Clavero asistieron el Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora provincial, Leticia Di Gregorio; la diputada Sofía Galnares y el diputado Leonardo Calaianov; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Jorge Baclini y el Secretario de Gobierno de la municipalidad de Venado Tuerto, Mariano De Mattía, funcionarios, Intendentes y presidentes comunales de la región.Asimismo, estuvieron presentes los Fiscales Regionales Jorge Nessier y Matías Merlo, funcionarios, fiscales, empleados e integrantes del MPA, jueces y fiscales federales y miembros del Ministerio Público de la Defensa. 

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, le tomó juramento al Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción del MPA, Mauricio Clavero.

Fue en el marco de una ceremonia que se llevó a cabo esta mañana en un colmado salón de actos de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Venado Tuerto. 

Luego de jurar, Clavero agradeció a su familia y manifestó su entusiasmo "por volver a integrar el MPA"."Elijo estar acá porque quiero estar acá", afirmó y agregó que "vengo a trabajar por todos los vecinos del sur provincial y estaré a disposición de ustedes"."Trabajaremos por y para las víctimas, tal como lo establecen los lineamientos priorizados de Gestión de la Fiscal General", remarcó Clavero.Vranicich por su parte expresó que "hoy es un día que quedará en la memoria institucional del MPA ya que la jura de Mauricio Clavero fue la primera de un Fiscal Regional ante un Fiscal General en el marco del MPA extrapoder que estableció la nueva Constitución Provincial".Vranicich también puntualizó que "gracias a nuestra actual autonomía real de superintendencia, pudimos decidir como institución soberana, que este acto se lleve a cabo en esta ciudad de Venado Tuerto".Vranicich también le agradeció al exfiscal Regional, Matías Merlo, por su "excelente desempeño" como Fiscal de grado en Melincué, luego como Fiscal Regional y también como Fiscal Interventor del distrito Rosario.

Al acto de jura de Clavero asistieron el Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora provincial, Leticia Di Gregorio; la diputada Sofía Galnares y el diputado Leonardo Calaianov; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Jorge Baclini y el Secretario de Gobierno de la municipalidad de Venado Tuerto, Mariano De Mattía, funcionarios, Intendentes y presidentes comunales de la región.Asimismo, estuvieron presentes los Fiscales Regionales Jorge Nessier y Matías Merlo, funcionarios, fiscales, empleados e integrantes del MPA, jueces y fiscales federales y miembros del Ministerio Público de la Defensa.

En una sesión realizada en la Cámara de Diputados de la provincia, la Asamblea Legislativa dio acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos estratégicos en la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Venado Tuerto.

El encuentro fue presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y concluyó con la aprobación del pliego del actual juez penal Mauricio Clavero, quien fue confirmado como Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En el mismo acto legislativo también recibió aval el abogado Mariano Mascioli, como Defensor Regional titular del Ministerio Público de la Defensa Penal en esa circunscripción.

Alcance territorial y funciones

La Tercera Circunscripción Judicial comprende 33 localidades del sur santafesino. En ese marco, el nuevo Fiscal Regional tendrá la responsabilidad de coordinar las cuatro unidades fiscales con asiento en Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Melincué.

Entre sus funciones centrales se encuentra la articulación del trabajo de los fiscales y equipos técnicos, así como la implementación en el territorio de los lineamientos de política criminal definidos por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich.

La tarea no solo implica organización interna, sino también coordinación permanente con las fuerzas de seguridad provinciales y federales, en especial ante fenómenos delictivos complejos como el tráfico y microtráfico de estupefacientes.

“Un compromiso de servicio”

Tras la aprobación legislativa, Clavero manifestó su satisfacción por la designación y remarcó el compromiso que implica el nuevo cargo. “Es un compromiso de servicio para con toda la comunidad de estas 33 localidades que componen la región tercera”, expresó.

El magistrado sostuvo que la prioridad será fortalecer el trabajo en equipo dentro del MPA y garantizar respuestas eficaces a las víctimas. En ese sentido, recordó que la Constitución provincial establece que el Ministerio Público debe velar por los intereses de quienes resultan afectados por el delito.

Asimismo, anticipó que uno de los ejes de su gestión será profundizar la coordinación con la justicia federal y las fuerzas de seguridad para enfrentar el tráfico y microtráfico de drogas, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de persecución penal y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Paso formal pendiente

Si bien el acuerdo legislativo ya fue otorgado, resta la instancia de la jura para que Clavero asuma formalmente la conducción regional del MPA. A partir de allí, comenzará una nueva etapa institucional en el sur provincial, con el desafío de consolidar la política criminal en un territorio amplio y diverso.

El juez penal de Primera Instancia de la 3° Circunscripción Venado Tuerto, Mauricio Clavero publicó un extenso texto en el que planteó que la discusión sobre la edad de imputabilidad penal “no es un tema nuevo”, pero que vuelve a la agenda cada vez que un delito grave involucra a un menor de 16 años. En ese marco, sostuvo que “evitar el debate también es una forma de irresponsabilidad política” y reclamó una revisión integral del régimen actual.

En su análisis, Clavero advirtió sobre un escenario en el que “las redes criminales reclutan adolescentes cada vez más jóvenes”, y señaló que existe “un vacío legal” que deja a los menores en una “zona de no-responsabilidad”. Además, remarcó que las víctimas quedan “atrapadas en un sistema” sin respuestas claras cuando el autor del hecho es menor de 16 y que, lejos de ser protegidos, los adolescentes “terminan expuestos a dinámicas delictivas” donde son utilizados como “piezas descartables”.

El magistrado también cuestionó el uso simplificado de argumentos científicos para sostener la inacción. “Se suele invocar a las neurociencias” para afirmar que los menores no deben responder penalmente, escribió, pero consideró que “esa lectura es incompleta” porque “los adolescentes comprenden la ilicitud de sus actos, aunque su control inhibitorio esté en desarrollo”. 

En esa línea, planteó que la intervención temprana resulta más efectiva que la tardía: “No actuar hasta los 16 años no es proteger; es llegar tarde”.

Firmeza

Sobre el plano normativo, Clavero afirmó que la Convención sobre los Derechos del Niño “no prohíbe establecer edades de imputabilidad menores a las vigentes en Argentina”, aunque exige un “sistema especializado”, “garantías reforzadas”, medidas socioeducativas y la privación de la libertad como “último recurso”. En ese sentido, insistió en que el reclamo social pasa por “coherencia institucional” y por un Estado que intervenga “con firmeza”, pero también “con inteligencia”, con equipos interdisciplinarios y seguimiento real.

En el tramo final, el juez apuntó contra posiciones que, según su mirada, bloquean cambios y sostuvo: “Argentina necesita una discusión madura, sin consignas fáciles ni miedos paralizantes. Porque cuando un menor comete un delito grave, el Estado no puede mirar para otro lado”.

El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.

Además de remitir los pliegos a Legislatura, el Ejecutivo habilitó el tratamiento de ambos nombramientos en el presente período de sesiones Extraordinarias al igual que tres propuestos para fiscales adjuntos subrogantes para la circunscripción judicial N° 1 con asiento en esta capital.

Si bien en las cámaras legislativas no habrá actividad en lo que resta del año y habrá receso durante enero, los plazos de 30 días para el tratamiento de los propuestos empezaron a correr. El tratamiento en recinto por Asamblea Legislativa se hará en febrero restando saber si será en Extraordinarias o bien en Ordinarias que comenzarán el 15 de febrero de acuerdo a la nueva Constitución.

Para la primera semana de enero, en tanto, el Poder Ejecutivo espera tener ya cubiertos los plazos administrativos para enviar los nombres de los tres candidatos propuestos para la Corte Suprema de Justicia a partir de septiembre cuando se produzcan las renuncias de actuales integrantes. Son los casos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini.

En este caso, el trámite está en la etapa en que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y/o de Derechos Humanos pueden enviar por escrito y de modo fundado y documentado posturas, observaciones y circunstancias que estimen de interés para que sean consideradas por el Poder Ejecutivo en relación con las designaciones propuestas.

En cuanto a los pliegos para la cobertura de los cargos de conducción del Ministerio Público en Venado Tuerto, los nombres fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura que elevó los antecedentes al Poder Ejecutivo que se definió por uno en cada caso.

En el caso de la Fiscalía Regional, el objetivo es reemplazar a Matías Merlo quien asumió como Regional 2 con asiento en Rosario, cargo que venía ocupando en forma temporaria tras la renuncia de María Iribarren. En cuanto al Defensor Regional, la continuidad de Mascioli obedece a estar finalizando su primer mandato.

Para la Fiscalía Regional se inscribieron seis postulantes y la terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura contempló a Clavero así como a Leandro Maximiliano Martín y a Mariana Belén Vidal.

En cuanto al Defensor hubo cuatro inscriptos y a la etapa final llegaron Mascioli y Gisela Rocío Figuera.

Clavero hoy se desempeña como Juez de Primera Instancia de Distrito en el Fuero Penal de los Tribunales de Venado Tuerto. Antes, había formado parte del MPA como fiscal adjunto de Rufino hasta su designación como juez en 2020.

Cuando se pronuncie la Asamblea Legislativa, la Circunscripción Judicial N° 3 tendrá definidos los titulares del Ministerio Público al igual que las otras cuatro regionales.

"El Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente" señala el artículo 134 de la nueva Constitución provincial.

Cada uno de los institutos tiene cinco regiones con cabeceras en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

En una audiencia de imputación realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, a instancias del fiscal Damián Casullo, el juez Mauricio Clavero dispuso la prisión preventiva para María Eugenia O. y Alberto Juan Q., quienes fueron acusados de integrar un plan conjunto para extorsionar, hostigar y amenazar a un vecino de esta ciudad.

La investigación, encabezada por Cassullo, se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató haber sido extorsionado a través de mensajes y llamadas que comenzaron el 18 de noviembre. El caso derivó en una compleja causa con múltiples hechos y una intervención judicial que permitió detener a los sospechosos y secuestrar elementos clave.

Contacto virtual, amenazas reales

Según la acusación, María Eugenia O. se contactó con la víctima a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía “drogas y sexo”. Luego de mantener conversaciones de contenido íntimo, la mujer utilizó ese material para iniciar una serie de amenazas, exigiéndole dinero bajo la advertencia de difundir las imágenes y contactar a su pareja.

La víctima transfirió dos pagos de $300.000 el 18 y 19 de noviembre, y una suma adicional de $50.000 el 29, totalizando $650.000. Los fondos fueron enviados a una cuenta bancaria a nombre de Alberto Juan Q., quien —según la Fiscalía— estaba al tanto de la maniobra y facilitó su cuenta para recibir y redistribuir el dinero.

Hostigamiento y presencia intimidante

El hostigamiento no se limitó a lo digital. El 23 de noviembre, la mujer se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta marca Honda, propiedad de su cómplice, con el objetivo de amedrentar. También se registraron llamadas intimidantes desde líneas telefónicas registradas a nombre de ambos imputados.

La situación alcanzó su punto culminante el 1° de diciembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) coordinó una entrega controlada con dinero marcado. Alberto Juan Q. fue arrestado en inmediaciones de Brown e Italia, luego de recibir un sobre con $20.000, que llevaba consigo al momento de su detención.

Ese mismo día se realizó un allanamiento en el domicilio de María Eugenia, donde se secuestraron varios teléfonos celulares, tarjetas SIM y un CPU. También se incorporaron escuchas telefónicas que confirmaron la convivencia entre los imputados y su participación en los hechos.

Más causas en su contra

Durante la audiencia se ventiló que María Eugenia O. enfrenta otras causas en trámite. El 3 de octubre fue detenida junto a otro individuo cuando fue encontrada con una bicicleta denunciada como robada. El vehículo estaba desarmado y su tenencia derivó en una imputación por encubrimiento.

Asimismo, fue acusada de amenazas coactivas contra una mujer a la que le había alquilado una vivienda. La denunciante aportó audios de WhatsApp con mensajes intimidantes, entre ellos: “Te voy a matar si no me traes el dinero antes de las diez de la noche” y “te voy a prender fuego a vos y a tus hijos”. También hizo alusión a supuestos vínculos con narcotraficantes.

Estas amenazas obligaron a la víctima a abandonar la vivienda por miedo a represalias.

Calificación legal

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Cassullo, los imputados enfrentan los siguientes cargos:

Ambos fueron imputados en concurso real de delitos y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

Tecnología y delito

El caso visibiliza una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de redes sociales y medios digitales para extorsionar, manipular o amenazar a las víctimas, amparados en el anonimato y la dificultad de rastreo.

En esta oportunidad, la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió actuar con rapidez, contener a la víctima y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención.

La víctima declaró que su mayor temor era que pudieran dañar a su familia, y agradeció el accionar que permitió poner fin al hostigamiento.

Ricardo Martín Barrini, un joven de 26 años oriundo de Teodelina, fue detenido nuevamente tras violar el régimen de prisión domiciliaria que le había sido concedido por razones familiares. La medida fue revocada por orden judicial y el acusado quedó bajo prisión preventiva ordinaria, mientras se da intervención a la Justicia de Familia por la situación de su hijo menor de edad.

De la domiciliaria al incumplimiento

Barrini cumplía una condena unificada de cuatro años por delitos de amenazas, lesiones, daños y hurto calificado, impuesta por la jueza Paula Borrello. En el marco de un juicio abreviado, y considerando que tenía a su cargo un hijo menor sin madre, se le había concedido el beneficio de prisión domiciliaria.

Sin embargo, días atrás, el joven fue visto circulando por el pueblo a bordo de una motocicleta que, según se presume, le habría quitado a un familiar sin autorización. La presencia de Barrini en la vía pública fue advertida por vecinos, quienes alertaron a las autoridades. También trascendió que, en ese mismo contexto, una mujer denunció haber recibido insultos y patadas en la puerta de su domicilio, aunque no radicó la denuncia formal. Testigos señalaron que la mujer no se encontraba en su vivienda al momento del incidente.

Finalmente, el acusado fue interceptado por la policía mientras descendía de un automóvil conducido por familiares que habrían salido a buscarlo para que regresara a su domicilio.

Audiencia y resolución judicial

Durante la audiencia judicial, el fiscal Luis Lagioia imputó a Barrini el delito de desobediencia a la autoridad. Aunque el acusado prestó declaración, se negó a responder preguntas tanto del Ministerio Público de la Acusación como de su defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera.

El fiscal solicitó la revocación del arresto domiciliario y el dictado de la prisión preventiva ordinaria.

La defensa rechazó la medida y solicitó la continuidad del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Mauricio Clavero, resolvió disponer la prisión preventiva sin plazo para Barrini.

Intervención del fuero de Familia

Ante la nueva situación del imputado, se dio intervención al área de Niñez y al Juzgado de Familia correspondiente, con el objetivo de garantizar la protección y cuidado del hijo del detenido.

El Juzgado de Venado Tuerto condenó este lunes a Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido en el ambiente delictivo como “el Wacho Maxi”, a 8 años de prisión efectiva tras aceptar un acuerdo de procedimiento abreviado. En el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, la sentencia fue homologada por el juez Mauricio Clavero, tras constatarse la responsabilidad penal en una serie de hechos ocurridos entre junio de 2024 y febrero de 2025, que incluyeron una balacera, resistencia a la autoridad y la venta de drogas, incluso desde el penal de Coronda.

Balacera contra un auto estacionado

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del 7 de junio de 2024, cuando Ríos disparó tres veces contra un vehículo Volkswagen Bora estacionado en calle Formosa al 400. El auto, propiedad de un vecino identificado como Brian N., resultó con daños visibles en la puerta del acompañante.

La justicia calificó este acto como “daño calificado por uso de arma de fuego” en concurso con “portación ilegítima de arma de uso civil”, agravando la situación del acusado.

Persecución policial y hallazgo de drogas

Apenas horas después, durante la madrugada del 8 de junio, Ríos fue interceptado por personal policial en inmediaciones de Presidente Perón y Eva Perón. Lejos de detenerse, se dio a la fuga en un Ford Focus, protagonizando una persecución que se extendió por 14 cuadras hasta ser finalmente detenido.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su poder 8,9 gramos de cannabis, dinero en efectivo por más de $600.000, municiones de distintos calibres, celulares y un cuaderno con anotaciones que resultaron clave para profundizar la causa.

Desde la cárcel

La investigación reveló que, mientras cumplía prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda, Ríos continuaba operando. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, enviaba droga a una mujer identificada como Débora A., quien actuaba como intermediaria en las entregas y recibía pagos por más de $14 millones a través de transferencias y depósitos en Mercado Pago.

Esta operatoria fue documentada mediante análisis de dispositivos móviles y registros financieros, consolidando la imputación por comercialización de estupefacientes en dos hechos distintos.

La pena

El juez aceptó el acuerdo presentado por el fiscal Iván Raposo y la defensa de Ríos, a cargo del abogado Ignacio Blanc Codina, en una audiencia virtual donde el propio imputado ratificó su consentimiento.

Ríos fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de:

La pena fue fijada en 8 años de prisión efectiva, con inhabilitación para portar armas por el doble del tiempo de condena.

Iván Raposo fue admitido por el Consejo de la Magistratura para el concurso que definirá quién será el próximo Fiscal Regional de la Circunscripción N° 3 Venado Tuerto.

De esta manera, en carrera para reemplazar a Matías Merlo se encuentran los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal, Leandro Martín, y el fiscal de Rufino, Mauro Menéndez.

En tanto, en la jornada de hoy martes se llevarán adelante las correspondientes entrevistas con cada uno de los interesados.

Raposo había sido impugnado por no cumplir con 10 años de ejercicio en su cargo, al haber asumido como fiscal adjunto en el año 2016. Sin embargo, en la apelación, dejó en claro que su ingreso al Ministerio Público de la Acusación se produjo en 2014, con lo cual lleva más de una década de la profesión.

En la Resolución, que se conoció en la jornada del lunes, el Consejo de la Magistratura resolvió “admitir en forma condicional al Dr. Iván Gastón Raposo en el marco del concurso de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial Nº 3”.

Al mismo tiempo define “convocar al Dr. Raposo para la realización de la prueba de oposición y entrevista personal para el día martes 11 de noviembre del corriente a las 12:00 hs en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario”.

Por último, determina “condicionar la admisión del recurrente, a la resolución definitiva por parte del Poder Ejecutivo del recurso presentado”.

Palabra fiscal

En diálogo con Sur24 Raposo se mostró satisfecho con la resolución del Consejo de la Magistratura. Sostuvo que su motivación pasa por “investigar, por buscar la verdad en todos los hechos delictivos que ocurren”.

Además, “me motiva esta profesión, ya que desde el 2014 a esta parte estuve siempre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tengo la convicción de que es el lugar donde quiero estar, y que tengo la capacidad para llevar adelante un equipo de trabajo donde el objetivo principalmente sea darle respuestas a las víctimas”, agregó.

Raposo, señaló que en lo personal lo que más le “gusta es la parte instructiva de las causas judiciales. Razón por la cual, en todo este tiempo transcurrido, donde empecé siendo empleado, luego fiscal adjunto y ahora fiscal de distrito, me siento con la aptitud y capacidad para liderar un equipo de trabajo para dar respuestas a las víctimas de delitos de cualquier índole”.

A la hora de presentar la candidatura a Fiscal Regional los interesados deben detallar por escrito los desafíos, objetivos y mecanismos en que llevarán adelante el trabajo.

Al respecto, Raposo expresó que “presenté un plan de trabajo en donde puse varios puntos, entre ellos la política de persecución del delito, siguiendo obviamente los lineamientos de la fiscalía General; la relación interinstitucional entre la fiscalía y los demás órganos intervinientes, como lo policial, municipal o de salud; la relación y el trato con las víctimas”.

Por último, Raposo dejó en claro que “la carrera que deseo es dentro de la actividad fiscal, dentro del MPA. En esta instancia, la magistratura hoy en día no está en mi interés”.

La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio de prisión para un hombre identificado como Marcelo, acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante casi diez años en Villa Cañás.

Según consta en la acusación, el imputado se habría aprovechado de la convivencia con la menor para someterla sexualmente de forma reiterada. Los hechos comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años y se prolongaron hasta que, ya adolescente, pudo abandonar el domicilio que compartían en diciembre de 2024.

Detalles de los delitos imputados

La fiscal Cavallero describió que el acusado habría cometido múltiples abusos de carácter sexual: tocamientos en partes íntimas, acceso carnal y obligarla a realizar distintas prácticas. Todo esto ocurrió en reiteradas oportunidades y durante un período extenso, lo que agrava la imputación.

La denuncia fue radicada por la joven en enero de 2025, apenas semanas después de haberse ido de la vivienda. A partir de allí, se inició una investigación que derivó en la detención de Marcelo en febrero. Desde entonces, permanece con prisión preventiva ordinaria.

Rechazo al pedido de prisión domiciliaria

Durante una audiencia celebrada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la defensa del imputado, a cargo del abogado Mauro Blanco, solicitó que se le conceda el arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a este pedido, y el juez Mauricio Clavero terminó rechazándolo. En su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado puede continuar con el tratamiento médico pertinente bajo la atención del servicio penitenciario.

Camino al juicio oral

Días atrás, la fiscal Cavallero presentó la acusación formal contra Marcelo y solicitó una pena de 18 años y medio de prisión. La audiencia preliminar fue programada para el próximo 26 de noviembre, paso necesario antes del inicio del juicio oral y público.

De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un nuevo ejemplo de la creciente visibilización de delitos sexuales en contextos familiares, especialmente cuando las víctimas logran romper el silencio tras años de padecimientos.