La Corte Suprema de Panamá rechazó reconocer el matrimonio igualitario, al considerar que no es un derecho humano reconocido por la Constitución panameña, según un fallo publicado el miércoles (01.03.2023).

“Hay una realidad, y es que, hasta ahora, el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental”, indicó la Corte en su fallo.

La Corte Suprema estaba desde 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de inconstitucionalidad contra el Código de la Familia panameño, que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer.

Los recursos ante el máximo tribunal fueron presentados por varias parejas panameñas del mismo sexo que buscaban que sus matrimonios, celebrados en otros países, fuesen reconocidos legalmente en Panamá.

Sin embargo, la Corte expresó que “por más cambios que se sucedan en la realidad”, por ahora el matrimonio igualitario “carece de un reconocimiento convencional y constitucional” en Panamá.

El fallo, aprobado el 16 de febrero por seis de los nueve magistrados de la Corte, pero divulgado este miércoles por el poder judicial, también afirma que no son inconstitucionales varios artículos del Código de la Familia que algunas parejas buscaban impugnar.

Esas normas “están objetiva y razonablemente justificadas en el interés general de dar prevalencia a aquellas uniones con el potencial de instaurar familias, dar continuidad a la especie humana y, por ende, a la sociedad”, indicó la Corte.

El anuncio del fallo coincide con la celebración este miércoles del Día Internacional de la Cero Discriminación, una jornada reivindicativa reconocida por la ONU.

Por primera vez en la historia de Chile se celebró un matrimonio igualitario tras haber transcurrido tres meses de la aprobación de la ley.

Por este motivo Javier y Jaime pudieron dar el sí de manera legal este jueves y este hecho generó el festejo de miles de colectivos, sectores políticos y de la sociedad tras varios años de lucha por obtener los mismos derechos.

“Ser los primeros en contraer matrimonio en Chile para nosotros es un honor, un orgullo”, expresó emocionado Javier en una rueda de prensa en la salida de las oficinas del Registro Civil de Providencia. Javier y Jaime están de novios hace 7 años y hace poco se convirtieron en padres adoptivos de Clemente y Lola María.

En este sentido siempre trataron de contraer matrimonio y por eso hace cuatro años que están unidos por el Acuerdo de Unión Civil que era el único enlace legal que tenía una pareja homosexual de acuerdo a la anterior ley.

“Ahora sí podemos decir que somos familia, que nuestros hijos tienen las mismas condiciones y van a tener, esperamos, un futuro mejor, que no sean discriminados por tener dos papás que se aman”, manifestó Javier y agregó “Gracias Jaime por elegirme”, mientras sostenía a su hija Lola María en brazos.

En el 2015, primer mandato de Michelle Bachelet se promulgó la AUC, Acuerdo de Unión Civil, que disponía de diversos aspectos jurídicos de relación entre convivientes de un mismo género, pero que no permitía el matrimonio. En cambio, desde principios de 2022 y tras estar varios años parada en el recinto por conflictos entre diferentes colectivos y políticos, con la actualización de la nueva ley toda persona podrá casarse.

Con esta ceremonia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) aseguró que “la ley ha entrado en plena vigencia”. “Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad, sabemos que es algo muy importante para todo Chile, es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad desde otro punto de vista”, indicó Jaime.

Javiera Zúñiga, vocera del MOVILH, señaló que Chile se integró a la lista de 30 países en el mundo que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo: “De los 194 Estados reconocidos por Naciones Unidas apenas el 15,5% cuenta con ley de matrimonio igualitario versus un alarmante 84,5% que sigue negando la plena igualdad de derechos para todas las parejas y familias sólo en virtud de prejuicios, ignorancia, fundamentalismos u homofobia”.

El Congreso de Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.

La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”, mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un “aborto calificado”, informó la agencia de noticias AFP.

“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”, dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

“Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.

“Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

Hernández añadió que la ley provocará el “estigma” y la “intolerancia” hacia las personas diversas y que “a todas luces es inconstitucional”.

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

“No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios”, afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Parlamento chileno aprobó este martes el matrimonio igualitario, una de las demandas históricas de los colectivos de la lucha por la diversidad sexual, que han dado una larga batalla legislativa para llegar a este día histórico. El proyecto, que queda listo para convertirse en ley, otorga a las parejas del mismo sexo los mismos deberes y derechos que tienen los matrimonios heterosexuales de acuerdo a la legislación chilena. En sus últimos trámites legislativos, la iniciativa fue aprobada en el Senado y, en su última revisión, apoyado por 82 diputados, con 20 en contra y dos abstenciones. “Estoy muy emocionada. Es una lucha ardua de muchos años”, confiesa a EL PAÍS la jueza Karen Atala, directora de Fundación Iguales, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual. “Hemos logrado la conquista de nuestros derechos para ser ciudadanos de primera clase, dignos y decentes. Partimos con la ley antidiscriminatoria, luego los acuerdos de unión civil, luego la ley de identidad trans y ahora el matrimonio igualitario”, asegura al teléfono a minutos de la decisión final del Congreso.

El proyecto de ley fue aprobado en medio de los aplausos y de escenas de emoción de los integrantes de las organizaciones que desde 2017 esperaban este momento desde que el proyecto fue presentado por el Gobierno de Michelle Bachelet. Fue el actual presidente, Sebastian Piñera –que en su primer Gobierno promulgó los acuerdos de uniones civiles– el que le puso urgencia a la discusión del proyecto de matrimonio igualitario en su última cuenta pública en junio, lo que sorprendió a la opinión pública y generó división en el oficialismo de derecha. Es una iniciativa que cuenta con amplio apoyo popular, un 63%, de acuerdo a un sondeo de la encuestadora Ipsos de junio pasado. A nivel latinoamericano, solo Argentina supera estas tasas de aprobación, un país que tiene matrimonio igualitario y donde un 73% apoya la norma, según el mismo estudio de opinión.

“Con la aprobación del matrimonio igualitario, Chile ha dado un paso histórico y decisivo para el avance y consolidación de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, todas las cuales, sin distinción, venían siendo discriminadas y vulneradas desde los orígenes de nuestro país”, aseguró en una declaración el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), una de las históricas organizaciones que trabaja en Chile desde comienzos de los años noventa a favor de los derechos cívicos y antidiscriminación de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer. “La definición estatal sobre el matrimonio existente hasta hoy en Chile se derrumbó. La homofobia, la heteronormatividad y la desigualdad que lo caracterizada, en desmedro de las personas LGBTIA+ , ha llegado a su fin. El cambio es revolucionario”, aseguró la organización, que ha llamado a una gran fiesta ciudadana esta tarde en el epicentro de Santiago de Chile, la Plaza Italia.

Chile se convertirá en el noveno país de América en legalizar el matrimonio igualitario, después de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. En México es legal en 14 de los 32 estados del país.

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