(Por Juan Manuel Fernández) – La vuelta de los aprietes a empresas alimenticias para intentar controlar los precios en góndola podría integrar una lista de castigos autoinflingidos que mantiene al país en el estancamiento permanente.

Tras el “rumor” sobre una amenaza a las industrias lácteas del Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para que moderen la suba de precio de la materia prima a los productores so pena de cerrarles las exportaciones, el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ercole Felippa, afirmó que es la falta de “reglas de juego claras y estables en el tiempo” lo que impide a la Argentina agregar valor a su producción y generar desarrollo económico y humano en el vasto territorio rural que la configura.

“Son rumores, yo también los escuché; no sabría qué hay de verdad”, dijo el industrial, acerca de la intimidación oficial. En cambio, admitió: “lo cierto es que algunas empresas que habían anunciado aumentos hoy están anunciando aumentos menores a los previstos anteriormente”. Concretamente, la versión indica que el 7% de incremento que las usinas habían anticipado a sus proveedores por la materia prima de enero, ahora sería sólo del 4% a raíz del accionar del funcionario.

“No me consta, pero de ser cierto hasta daría para hacer una presentación en la justicia por la gravedad que ello significa”, sostuvo Felippa. A su criterio sería “una barbaridad” que atenta contra el funcionamiento del libre mercado, en “un sector que viene siendo extremadamente castigado, donde todas las medidas que se tomaron últimamente no fueron para beneficiarlo sino al contrario, como el dólar soja”.

Más allá de la coyuntura, al ser consultado sobre las razones que mantienen a la producción láctea nacional casi en los mismos litros de leche al año de hace 25 años, el industrial hizo un análisis que concluyó en la necesidad de establecer “una agenda de competitividad” que permita superar la matriz primaria de exportaciones. Vale decir, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que en 2022 se produjeron 11.700 millones de litros, mientras en el pico de la década de los 90 fueron 10.329 millones en 1999.

“No es sólo cuestión de volumen o escala, sino de productividad; relacionado muchas veces a la gestión y el manejo” dentro de las empresas, sostuvo. Y remarcó que se mantiene el nivel de producción, pero con la mitad de los tambos, por lo que hubo “un incremento importante de la productividad”. Sobre este aspecto, remarcó que el promedio de los tambos en Argentina ronda los 7.500 litros de leche por hectárea al año. Pero mientras algunos alcanzan los 15.000, “alambrado de por medio” otro puede estar en 3.500/4.000.

Al margen de la eficiencia con que se produce, si hubiera un volumen mayor -además de abaratar el producto en el mercado interno- podría suponerse que sería posible incrementar exportaciones para hacer crecer al sector. Pero no es tan sencillo.

“Como sector deberíamos tener una agenda de competitividad” dijo Felippa. Porque, por ejemplo, cuando hay saldos exportables importantes, “terminan significando situaciones de crisis para el sector” que, al no tener un mercado externo robusto, satura el doméstico y le baja el precio al productor.

“No se puede hoy tener el 9% de DEX para leche en polvo y 4.5% en quesos, en productos de similar valor agregado con el 100% de diferencia; no resiste ningún razonamiento lógico”, graficó.

También mencionó que, aún con los granos caros por la guerra en Europa, “se tomaron medidas que lejos de amortiguar eso, las han agravado como el dólar soja I y II”. Y si bien luego hubo una compensación, abarca al 75% de los productores, pero “significa el 35% de la leche”. En definitiva, “aspectos que no ayudan a darle previsibilidad a la actividad”.

¿Y quienes deberían implementar esa “agenda de competitividad” y en qué consistiría? Felippa valoró el ejemplo de FunPel (Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina), donde conviven y trabajan organizaciones de productores e industriales, más organismos técnicos del Estado.

Pero allí no están representados los resortes del poder, por lo cual consideró que se debería sumar “a los gobiernos nacional y provinciales”. No ya para debatir impuestos, sino para atender necesidades más urgentes: “ver qué se hace en materia de infraestructura, porque tenemos los mismos caminos de hace 100 años, pero en vez de carros con caballos hoy los usan camiones cargados; o la falta de conectividad”.

Según el industrial, son “un montón de aspectos; si pretendemos que la gente viva en el campo, tienen que tener viviendas dignas, buenos caminos, y no puede ser que cuando llueva un poco más de lo normal no solo no se puede sacar la producción, sino que los chicos o los maestros no pueden llegar a la escuela”. En resumen: “no podemos pretender ser un país desarrollado cuando no podemos resolver esas cuestiones que son básicas”.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Salud, Carla Vizzotti, firmaron este lunes con representantes de la industria farmacéutica la extensión hasta el 18 de noviembre próximo, del acuerdo, para mantener el precio de los medicamentos por debajo de la inflación, según informaron ambas carteras.

Seguimos trabajando en poner orden en los precios de los medicamentos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, renovaron lo acordado en julio con la industria farmacéutica: mantener los precios por debajo de la inflación por 60 días más. pic.twitter.com/owTWTpcxLn

— Matias Tombolini (@matiastombolini) September 20, 2022

“El acuerdo viene funcionando bien, este mes los medicamentos estuvieron casi tres puntos por debajo de la inflación, y también vienen por debajo de la inflación acumulada y de la interanual”, explicó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, al tiempo que subrayó que “continuaremos trabajando con la Secretaría de Comercio para seguir de cerca el cumplimiento”.

Del encuentro también participó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien destacó el “trabajo articulado” entre el Estado y los privados, y remarcó que “el objetivo del gobierno es seguir otorgando previsibilidad y garantizando precios de medicamentos accesibles para toda la población”.

El convenio firmado este lunes por la tarde prorroga el acuerdo firmado el día 19 de julio de 2022 y contempla un aumento máximo para los próximos 60 días de hasta 1 punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes anterior para todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre.

Para definir el precio de los medicamentos se tomará como línea de base el 30 de agosto de 2022, mientras que la Secretaría de Comercio monitoreará la evolución de los precios en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud.

Participaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN), la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVel), la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

El gobierno nacional decidió dar de baja el llamado “Fideicomiso Triguero” y el dinero recaudado para su conformación será redireccionado hacia la industria elaboradora, persistiendo en la finalidad original de controlar el aumento de precios de los productos panificados.

La confirmación fue transmitida a los molinos por el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, en el marco de un encuentro con las autoridades de las tres asociaciones que agrupan a la industria a nivel nacional.

Según relató el presidente de Molino Matilde, René Magniaterra, la convocatoria fue para comunicar que el gobierno “da de baja el FETA tal cual fue concebido y tratará de instrumentar a través de las panaderías un sistema para que los consumidores accedan a poder comprar pan a valores más bajos”.

Formalmente denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el mecanismo se constituyó con lo recaudado por un aumento en las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja, del 31 al 33%, durante la gestión de Roberto Felleti al frente de Comercio Interior. El objetivo era subsidiar la bolsa de harina a salida de fábrica para contener la suba del pan, pero sólo unas pocas industrias adhirieron; mientras una gran mayoría advirtió la inconveniencia de reiterar fórmulas ya fracasadas.

La noticia del levantamiento del FETA se conoce tras un comunicado de la Cámara de la Industria Molinera en el que piden su eliminación, tras afirmar que se trata de “una herramienta inútil que fracasó”. Sobre todo porque “a la mayoría de la industria le resulta imposible ingresar a un sistema que le exige financiar su producción y que, en caso de cualquier atraso en los pagos por parte del Estado, le ocasionaría lisa y llanamente una súbita descapitalización”.

Magiaterra reveló que “a partir de la publicación” de este comunicado: “nos han comunicado a las 4 de la tarde que el FETA como tal va a quedar sin efecto”. Y agregó: “ahora lo que van a hacer con esos fondos recaudados van a compensar directamente a los panaderos”.