El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a los integrantes de la Cámara Penal de Rosario, encabezada por su titular, Gustavo Salvador, "para afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales". Así lo expresa lo informado por el gobierno provincial en redes sociales al término del encuentro realizado en la sede del gobierno en la ciudad del sur.

Pullaro recibió a los camaristas penales acompañado por dos integrantes de su gabinete -Pablo Cococcioni y Julián Galdeano- y por el intendente de Rosario, Pablo Javkin. "La tónica de la reunión fue sobre la preocupación de las partes por defender la política de seguridad", coincidieron en señalar desde el gobierno.

"En la lucha contra el delito todos tenemos que hacer nuestra parte y trabajar en conjunto. Es mucho lo que logramos en poco más de dos años, pero tenemos que seguir incansablemente, todos los días, dando la pelea para que el delito y la violencia sigan disminuyendo", señaló el gobierno en las redes sociales del propio Pullaro.

El eje fue coordinar acciones ante el delito y el microtráfico. Crédito: Gobierno de la Provincia

"Hoy (por ayer) tuve una buena reunión de trabajo con los jueces que integran la Cámara Penal de la segunda circunscripción, para afianzar el vínculo y unificar criterios que nos permitan ser cada día más eficaces en la batalla contra los delincuentes y las organizaciones criminales", agregó la información.

"La reunión fue muy positiva, de gran madurez institucional" le dijo Salvador a El Litoral. "Los representantes del gobierno y el intendente expusieron la problemática que ellos visualizan sobre microtráficos y las derivaciones que ello está teniendo en el territorio a través de la participación tanto de la justicia provincial y federal" agregó. Salvador señaló que los jueces expusieron sus puntos de vista. "Quedamos en seguir trabajando, en la posibilidad de una interacción con la justicia federal algo que el MPA y el Ministerio Público Fiscal Federal vienen haciendo en forma conjunta. Por qué no una tarea conjunta entre las judicaturas para coordinar la tramitación que puede resultar importante a los fines operativos", acotó.

"Se notó mucha voluntad de trabajar en conjunto" señaló Javkin.

El encuentro fue una semana después de que el gobernador recibiera a la fiscal general, María Cecilia Vranicich, y al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. El regional había cuestionado públicamente los fallos de algunos jueces que declararon la incompetencia provincial en causas de microtráfico (narcomenudeo), derivándolas a la justicia federal.

La reunión ocurrió tras la polémica pública con el fiscal Matías Merlo. Foto: El Litoral

Fue allí cuando Merlo advirtió en declaraciones radiales que estas decisiones podrían provocar "más homicidios y balaceras" y que los magistrados deberían "hacerse cargo" de las consecuencias. La apreciación motivó un pronunciamiento por escrito de la Cámara Penal de Rosario, algo inédito en la historia institucional de esa zona de la provincia.

Los 14 integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario emitieron un duro comunicado institucional donde calificaron los dichos de Merlo como "desajustados y agraviantes". Allí consideraron que las expresiones del fiscal constituyen un intento de presión para que los jueces se aparten de la ley bajo la amenaza de la "responsabilidad social" por la violencia.

En el comunicado, el tribunal precisó que, de 358 recursos vinculados al microtráfico recibidos entre 2024 y 2026, solo en 7 casos se declaró la incompetencia provincial, siempre siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional cuando las causas exceden el narcomenudeo simple.

Los jueces además confirmaron que elevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a la Legislatura para que se analice la conducta funcional del fiscal regional.

Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe derribaron en Venado Tuerto el búnker de venta de droga número 100 desde que está en vigencia hace dos años la ley de microtráfico.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado Leo Calaianov, el fiscal Iván Raposo, el jefe Regional de fiscales Matías Merlo y el jefe de fiscales de microtráfico, Franco Carbone.

Estas intervenciones responden a un trabajo conjunto entre distintos poderes y niveles estatales, que golpea a bandas narcocriminales y reduce los niveles de violencia lesiva, pacificando territorios para tranquilidad de los vecinos.

Historia reciente

La investigación comenzó el 29 de abril de 2025 cuando Leonel Chiarella presentó una denuncia formal ante la Justicia, luego de recibir alertas de vecinos que señalaban que en el domicilio de calle Pavón 568 se cometían distintos ilícitos, entre ellos la venta de drogas.

Posteriormente el fiscal Raposo solicitó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron 17,3 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, un plato y cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones con nombres y números telefónicos, y $53.500 en efectivo.

Luego en audiencia imputativa, el fiscal formalizó cargos contra Alejandra Patricia T. (48 años) y Matías David R. (34), ambos domiciliados en la vivienda allanada, quienes fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el juez dispuso que permanezcan en prisión preventiva.

Finalmente, en una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a instancias de Iván Raposo, el juez Adrián Godoy autorizó el derribo del búnker.

Palabras oficiales

El primer mandatario venadense sostuvo que “para nosotros es un mensaje contundente en el marco de la lucha que venimos llevando adelante contra la venta de drogas”.

En tal sentido destacó el “trabajo que realiza el ministro (Pablo Cococcioni) y el gobernador Pullaro para combatir al narcotráfico, a los que venden drogas, a los delincuentes. en este caso están los dos presos junto a su banda conformada por ocho personas”.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni, manifestó que la Ley de Microtráfico, “es una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que realmente asolaba a muchísimas ciudades. La ley nos está permitiendo dar una respuesta inmediata y efectiva, trabajando en coordinación con la fiscalía”.

En este marco, agregó que “contamos con esta herramienta que es fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta territorial de estupefacientes hay uso de armas, personas con antecedentes, comisión de otros delitos, hay robos para comprar estupefacientes, hay fomento de la prostitución, entre otros delitos”.

Veintisiete fiscales adjuntos subrogantes del MPA juraron este viernes en una ceremonia que se llevó a cabo en Rosario. De ese total, 22 cumplirán funciones en la Fiscalía Regional 2 y los otros 5 en la Fiscalía Regional 3.

La jura se desarrolló este mediodía en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad del sur provincial.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto. En relación a la incorporación de los fiscales adjuntos subrogantes, destacó que “el 85% de las personas que juraron son recursos formados en el propio MPA”. Al respecto, explicó que “se trata de integrantes del MPA que vienen desempeñándose en la Institución y que conocen claramente el rol de persecución penal a asumir”.

Por otro lado, Vranicich resaltó que “la jura de los 27 fiscales se enmarca en la etapa de fortalecimiento institucional que inició en 2023, luego de haber atravesado una primera etapa fundacional desde 2011 y una segunda de consolidación a partir del 2017”. Además, subrayó que “la incorporación de nuevos fiscales representa un fortalecimiento a las estructuras del MPA, ya que proporcionará una mejora en las respuestas a la ciudadanía y en particular a las víctimas”.

En el acto, también estuvo presente el fiscal regional de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, quien a su vez está a cargo interinamente de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción Judicial; y el secretario general, Leandro Maiarota, entre otros funcionarios e integrantes del MPA.

Los fiscales adjuntos subrogantes que comenzaron a prestar funciones fueron designados en razón de la tramitación de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, en el cual por primera vez el MPA formó parte del jurado a través de fiscales evaluadores designados por la Fiscalía General, junto a representantes de los Colegios de Abogados y del estamento académico. Dicho concurso contó con el acuerdo legislativo correspondiente.

Para la Fiscalía Regional 2 juraron como fiscales adjuntos subrogantes: Ivana Addoumie; Mercedes Banchio; Leonardo José Barucca; Amílcar Carlos Bernardi; Alejandro Caron; Georgina Cherara; María Manuela Dalcol; Ernesto Juan Manuel Ducasse; Agustina Fertitta; Mariela Verónica Gusso; Ignacio Andrés Hueso; María Cecilia Marcolín Loberse; Ramiro Martínez; Pol René Moutin; Juan Pablo Oggero Gentinetta; Carla Soledad Ranciari; María Laura Riccardo; Nicolás Luis Rolón; Martín Oscar Sanguinetti; Franco Leonel Tassini; Antonela Inés Valente y Victoria Vigna.

En tanto, para la Fiscalía Regional 3 se les tomó juramento a Larisa Barucca; Luciana Del Grecco; Luis Ricardo Jesús Lagioia; Ana Belén Stampella y Débora Vanesa Valentin. 

Matías Sebastián Merlo juró como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial. Fue en una ceremonia realizada este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la ciudad de Rosario. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto.

Merlo fue fiscal de la Unidad Fiscal Melincué y hasta ahora se desempeñaba como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y como Fiscal Interventor del Distrito Rosario.

En la ceremonia también estuvieron presentes otros funcionarios del MPA, así como autoridades provinciales.

En el acto además se tomó juramento a nueve fiscales titulares subrogantes para el sur provincial. Se trata de fiscales adjuntos que fueron designados a través del primer concurso interno para ese tipo de cargos realizado en la historia institucional del MPA.

Para la Fiscalía Regional 2, juraron Valeria Piazza Iglesias, José Luis Caterina, Gabriela Rosana Bassagaisteguy, Juan Pablo Baños, Diego Ariel Meinero y Luciana Vallarella. En tanto, para la Fiscalía Regional 3, lo hicieron Andrea Melisa Cavallero, Mayra Soledad Vuletic y María Florencia Schiappa Pietra.

Por otro lado, mañana se tomará juramento a otros cinco fiscales titulares subrogantes. Se trata de Ana Laura Gioria para la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc para la Fiscalía Regional 4, y Guillermo Nicolás Loyola para la Fiscalía Regional 5. La Fiscal General Vranicich también participará de los dos actos.

En otra fecha a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe. 

Por Juliano Salierno (El Litoral) 

En dos actos oficiales programados para el lunes 25 y martes 26 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento a 14 fiscales subrogantes designados para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las ceremonias, que se desarrollarán en Rosario y Santa Fe respectivamente, tienen como objetivo la reorganización y fortalecimiento del sistema de justicia penal en la provincia.

El lunes, el acto central se llevará a cabo a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte en Rosario (Balcarce 1651, 3° piso). En esa oportunidad, prestará juramento Matías Sebastián Merlo como nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario), tras un interinato de más de un año en la función, como fiscal interventor.

Anteriormente Merlo se desempeñó como fiscal en Melincué; y hasta su reciente designación en la cabecera más compleja del MPA, era fiscal regional en la Circunscripción N° 3, con asiento en Venado Tuerto.

Ese mismo día jurarán también nuevos fiscales subrogantes que asumirán funciones en las Fiscalías Regionales N°2 y N°3.

Los fiscales subrogantes que jurarán el lunes son:

Dra. Valeria Piazza Iglesias

Dr. José Luis Caterina

Dra. Gabriela Rosana Bassagaisteguy

Dr. Juan Pablo Baños

Dr. Diego Ariel Meinero

Dra. Luciana Vallarella

Dra. Andrea Melisa Cavallero

Dra. Mayra Soledad Vuletic

Dra. María Florencia Schiappa Pietra

El martes 26, la actividad continuará a las 11:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en los tribunales de la ciudad de Santa Fe (San Jerónimo 1551). En ese acto, el presidente de la Corte, Dr. Roberto Falistocco, tomará juramento a otros cinco fiscales subrogantes designados para desempeñarse en las Fiscalías Regionales N°1, N°4 y N°5.

Dra. Ana Laura Gioria

Dr. Norberto Carlos Ríos

Dr. Nicolás Aureliano Maglier

Dr. Juan Carlos Koguc

Dr. Guillermo Nicolás Loyola

La figura del fiscal subrogante fue establecida por la Ley N° 14392, que modificó la Ley del Ministerio Público de la Acusación (N° 13013), incorporando el artículo 68 bis. Esta normativa permite cubrir transitoriamente cargos vacantes mediante fiscales adjuntos seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición, convocado por la Fiscalía General, María Cecilia Vranicich.

Los postulantes que integran el registro habilitado por la Fiscalía General atravesaron un proceso de evaluación integral —incluyendo prueba escrita, entrevistas y análisis de antecedentes— conforme al Decreto Reglamentario N° 1139/19.

El orden de mérito resultante fue elevado a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, que oficializó las designaciones mediante el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 14 de agosto.

Las vacantes que se cubrirán con estas designaciones responden a una variedad de situaciones institucionales.

En varios casos, se trata de cargos liberados por renuncias —como las del Dr. Marcelo Vienna, Dr. Mariano Ríos Artacho, Dr. Eduardo Lago y el Dr. Gustavo Latorre—, o por traslados a otros cargos, como el del Dr. Horacio Pueyrredón (designado vocal de Cámara) y la Dra. Carla Cerliani (actual coordinadora en la Fiscalía General).

También se ocuparán vacantes generadas por licencias prolongadas, como en el caso de la Dra. Gisela Paolicelli, y por destituciones, como las de los fiscales Aldo Gerosa y Gabriela Lescano.

En tanto, otros puestos quedaron vacantes tras el fallecimiento del Dr. Aníbal Vescovo o por el ascenso de fiscales a cargos de conducción, como el de Matías Merlo, recientemente designado fiscal regional y el de Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.

En todos los casos, los fiscales subrogantes asumirán funciones hasta que se produzcan los nombramientos definitivos mediante concursos ordinarios.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, presentó este martes la lista de los diez delincuentes más buscados por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil. La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran repercusión. Las recompensas ofrecidas por datos que faciliten su arresto -o que confirmen su muerte- oscilan entre los 20 y los 60 millones de pesos.

El acto se realizó en la Sede de Gobierno de Rosario, y participaron también la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Cococcioni explicó que la inclusión de estos individuos en la lista “responde, en algunos casos, a la gravedad de los delitos cometidos, pero principalmente al riesgo que representan para la seguridad colectiva”. Añadió que algunos tienen antecedentes por hechos de violencia directa, mientras que otros están vinculados a estructuras delictivas con capacidad operativa y de reclutamiento.

“No es que sus delitos sean más graves que otros homicidios -aclaró el ministro-. Algunos están imputados por delitos de menor escala penal, pero la Inteligencia provincial y el Bloque de Captura los identificaron como una amenaza mayor. Hay casos en los que ni siquiera han empuñado un arma, pero sí han sido capaces de dirigir actos violentos o movilizar recursos humanos y materiales para hacerlo”.

Más de $ 300 millones en recompensas

Cococcioni detalló que la provincia ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas. “Se paga tanto por el dato que facilite la captura como por aquel que permita confirmar el fallecimiento del prófugo”, explicó.

Los pagos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. “Una vez verificada la utilidad de la información, esa persona recibe un bolso con el dinero. Nadie sabrá nunca quién fue”, subrayó. Recomendó, además, no intentar detener a los prófugos por cuenta propia y comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.

Cómo funciona el Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Una unidad específica, la de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, se encarga de ejecutar las acciones. Según detalló Villar, en el último año se localizaron seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se capturó a otros dos.

Quiénes son los más buscados

Los diez delincuentes identificados por el Bloque, con sus respectivas causas judiciales y recompensas, son los siguientes:

* Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita) - $20.000.000

* Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas) - $25.000.000

* Fernando Sebastián Vázquez (homicidio) - $25.000.000

* Facundo Nicolás Aguirre (homicidio) - $30.000.000

* Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita) - $30.000.000

* Gerardo Sebastián Gómez (homicidio y asociación ilícita) - $35.000.000

* Vicente Matías Pignata (narcotráfico, ley 23.737) - $35.000.000

* Waldo Alexis Bilbao (narcotráfico, ley 23.737) - $40.000.000

* Brian Walter Bilbao (narcotráfico, ley 23.737) - $40.000.000

Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita) - $60.000.000

La fiscal Mayra Vuletic presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación a una sentencia de segunda instancia que declaró la prescripción de la “Megaestafa inmobiliaria 2” cometidas en el departamento General López. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la provincia deberá definir si admite el planteo.

El fallo cuestionado fue dispuesto por el camarista Tomás Orso e implicó el sobreseimiento de cuatro acusados por 31 estafas consumadas, 23 tentativas del mismo delito y cinco hechos de falsificación ideológica. Tres de las personas a las que se les atribuyeron las actividades delictivas, cuyas iniciales son Antonio Di Benedetto, Raúl Jaime y Marcelo Sava, ya fueron condenadas en 2022 por ilícitos similares investigados en otro legajo, lo cual fue confirmado por la Alzada. En cuanto al cuarto hombre involucrado, sus iniciales son RN.

Vuletic afirmó que “la sentencia que recurrimos perjudicó a decenas de víctimas y atentó contra el sentido de Justicia, lo cual generó un verdadero estado de impunidad”. Al respecto, manifestó que “lo resuelto afecta claramente derechos y garantías constitucionales”.

Audiencias imputativas

La fiscal informó que “el fallo recurrido deja sin efecto la acusación, que había sido admitida en noviembre pasado”. Explicó que “el camarista consideró que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación sin que se haya realizado un juicio, la causa prescribió”, y remarcó que “esa interpretación es contraria a la ley vigente, ya que no contempla que en marzo de 2021 se hizo la audiencia imputativa y el año pasado se amplió la atribución delictiva”.

“Al no considerar las imputaciones como actos interruptivos de la prescripción, el magistrado de la Alzada anuló la importancia y el alcance que tienen dentro del proceso penal y cercenó arbitrariamente la actividad de la Fiscalía”, aseveró Vuletic.

Por otro lado, la funcionaria del MPA mencionó que “la postura del juez Orso contradice la posición de otros camaristas de Venado Tuerto que, de acuerdo con precedentes provinciales y nacionales significativos, intervinieron en otros legajos y le dieron un sentido contrario a la misma norma”.

En tanto, recordó que “las personas que fueron sobreseídas estaban acusadas por formar parte de una asociación ilícita mediante la cual se apoderaron e intentaron apropiarse de terrenos ajenos con el fin de defraudar a terceros de buena fe a los que les vendieron esos inmuebles mediante operaciones apócrifas”.

Condenas previas

En el marco de la primera investigación de la Megaestafa cometida en Venado Tuerto y en localidades aledañas, hubo 18 personas condenadas. El fiscal que estuvo a cargo de las diligencias de ese caso es el actual Fiscal Regional, Matías Merlo.

Antonio Di Benedetto recibió una pena a 12 años de prisión, fue inhabilitado por 10 años para ejercer su profesión de abogado y debió pagar una multa. La pena se le impuso como jefe y organizador de una asociación ilícita; coautor de estafa, tentativa de estafa y uso de documento falso; y coautor e instigador de falsedad ideológica.

A su vez, Raúl Jaime fue condenado a 10 años de prisión y multado por integrar una asociación ilícita, y ser coautor de estafa y uso de documento falso, así como coautor, partícipe necesario e instigador de falsedad ideológica.

Finalmente, a Marcelo Sava se le impuso un año y seis meses de prisión efectiva y una multa por ser miembro de una asociación ilícita; y como coautor de tentativa de estafa y falsedad ideológica.

El juez de la Cámara Penal, Tomás Orso ofreció detalles sobre su reciente fallo que determinó la prescripción de la acción penal en el caso conocido como Megaestafa 2, un proceso de gran repercusión pública que involucra a Antonio Di Benedetto y otros imputados. Orso destacó que las decisiones judiciales deben ser fundamentadas exclusivamente en el derecho y los hechos, sin ser influenciadas por presiones externas, y argumentó que en este caso, el plazo legal para que se avance en la causa ya había vencido.

El magistrado comenzó explicando que la ley establece plazos específicos para la prescripción de los delitos, en este caso las estafas imputadas a Di Benedetto, cuya acción penal tiene un tiempo de seis años para ser procesada. “Si no hay actividad procesal en ese tiempo, el caso se considera prescripto. En este caso, pasaron más de seis años desde la comisión de los hechos y la acusación se formuló mucho después del plazo legal”, afirmó Orso.

El juez también hizo un recorrido sobre la historia del caso, mencionando que la Megaestafa 2 es una extensión de una causa anterior, la Megaestafa Inmobiliaria, en la que Di Benedetto ya había sido condenado a 12 años de prisión. Orso señaló que su intervención en esta causa no fue para beneficiar ni perjudicar a las partes, sino para aplicar lo que el derecho establece en función de los plazos y las circunstancias del caso.

Orso se refirió también a las críticas que recibió, particularmente las de Matías Merlo, fiscal que estuvo a cargo del caso, y Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, quienes calificaron su decisión como “locura jurídica” o “arbitrariedad”. En respuesta, el juez de Cámara destacó que su fallo se basó en su propia interpretación del derecho y que su criterio ya había sido expresado en otros casos previos. “Este no es un criterio nuevo, lo he sostenido en causas anteriores. Los jueces debemos ser coherentes con nuestras decisiones, y si no hay cambios en la ley ni en las circunstancias, no podemos modificarlas arbitrariamente”, planteó.

Seguidamente, abordó el tema de la presión pública y política. “Somos conscientes de que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas, y los jueces debemos estar preparados para ser interpelados. Sin embargo, estas presiones no deben influir en la aplicación de la ley. Un juez que no soporta esta presión no debería ser juez”, afirmó con firmeza. Según Orso, la independencia judicial es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo.

En cuanto a las repercusiones del fallo para las víctimas de la Megaestafa 2, Orso explicó que, aunque la acción penal esté prescrita, las víctimas pueden recurrir a la vía civil para defender sus derechos patrimoniales. “El proceso penal tiene como objetivo investigar y sancionar a los responsables, pero en cuanto a los daños económicos, las víctimas pueden buscar resarcimiento en el ámbito civil”, aclaró.

Además, indicó que su decisión no implica que las víctimas queden desprotegidas. De hecho, destacó que es importante que las víctimas no confundan el ámbito penal con el civil, pues ambas vías tienen sus propios mecanismos para proteger sus derechos.

Finalmente, Orso hizo una reflexión sobre el sistema judicial y la importancia de mantener su integridad frente a las críticas. “El sistema de justicia está basado en un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos, y en mi caso, no puedo apartarme de esas reglas, incluso si las decisiones no son populares o generan malestar en algunos sectores”, concluyó.

El juez también mencionó que su fallo podría ser revisado por instancias superiores, como la Corte Provincial o incluso la Corte Suprema Nacional, y que está dispuesto a aceptar la revisión de su decisión. Sin embargo, subrayó que, en su opinión, la prescripción estaba correctamente aplicada en este caso, y que las críticas deberían estar dirigidas al sistema en su conjunto, no a las decisiones individuales de los jueces.

El fiscal Regional Matías Merlo criticó con dureza al juez de Cámara Tomás Orso por determinar la prescripción de la causa contra Antonio Di Benedetto en el marco de la “Megaestafa Inmobiliaria 2”.

El fallo se conoció en las primeras horas del lunes 7 de julio e implicó el sobreseimiento del reconocido abogado penalista venadenses en 31 hechos de estafas, 23 en grado de tentativa y 5 hechos de falsedad ideológica. El camarista considera que al haber pasado seis años desde el inicio de la investigación (pena máxima en expectativa para el acusado), sin que se haya realizado la acusación que desemboque en un juicio, la causa prescribió. 

“El doctor Orso interpretó la ley de una forma errada, no justificada y no apegada a derecho. No le da un acto interruptivo de la prescripción de la acción al llamado a audiencia imputativa y al no estar legislado el Código de determinada manera, sostiene que esto lo favorece al imputado Di Benedetto”, señaló Matías Merlo.

Sin embargo, “se contradice su posición con los dos camaristas de Venado Tuerto que a la misma norma le dieron sentido contrario. Orso mantiene una posición individual en contra de toda la corriente del derecho que opina diferente”, agregó.

Repercusiones del fallo

El fallo de Cámara generó un sinnúmero de repercusiones en el ambiente judicial, político y en las redes sociales en Venado Tuerto y la región.

Se trata de una de las causas más importantes de la historia de la ciudad, donde se estima que el número de estafas en su conjunto supera ampliamente los 100 millones de dólares.

Di Benedetto y un grupo de personas cercanas (en su mayoría condenados con penas bajas y de ejecución condicional) se apropiaron de más de 60 inmuebles entre campos y terrenos de Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

La investigación tuvo un primer juicio, donde el abogado penalista fue sentenciado a cumplir 12 años de cárcel, al ser encontrado culpable de 29 estafas por las cuales, junto a sus adláteres se quedaron con campos y terrenos.

En tanto, en la “segunda temporada” del juicio, se sumaron 31 nuevos hechos, que prescribieron tras el fallo de Tomás Orso.

“Esto lo único que hace es generar impunidad y favorecer a una persona que ya ha sido condenada a 12 años por hechos similares. De esta manera inclina la balanza de la justicia para el imputado y no para el lado de las víctimas”, destacó el fiscal regional.

En consecuencia, “al fallo le falta sentido común: si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas, es un perro. Y acá es lo mismo. Una resolución más de las que toma el doctor Orso, donde siempre se inclina la balanza, nunca para el lado de la aplicación certera de la ley, sino para interpretaciones ambiguas en beneficio de los imputados”, añadió el fiscal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación adelantaron que van a interponer un “recurso de inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, “al considerar que tenemos los argumentos sólidos y ajustados a derecho. El objetivo es que se haga la interpretación adecuada”, adelantó Matías Merlo. 

En tanto, si las partes damnificadas no iniciaron acciones legales en la Justicia Civil, los 31 terrenos quedarán en manos de Antonio Di Benedetto y sus secuaces.

“Los jueces cuando resuelven se tienen que hacer cargo de cuáles son las consecuencias de sus fallos. El fallo de Orso tiene un sentido perjudicial para las víctimas y para el sentido de justicia, y lo que hace es generar impunidad”, finalizó el fiscal. 

En un acto que se llevó adelante en la ciudad de Rosario en la jornada del lunes, juró como fiscal adjunta para la Fiscalía Regional 3, Venado Tuerto, Marianela Montemarani Menna. Al mismo tiempo, Romina Ayelén Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Brenda Carina Coassollo y Carlos Gabriel Álvarez se incorporaron como fiscales adjuntos a la Fiscalía Regional 2. Los cinco integrarán las Unidades Fiscales Especializadas de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario y en Venado Tuerto.

La ceremonia se realizó en mañana del lunes en el salón de actos de los tribunales provinciales en la ciudad de Rosario.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto junto con el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y e Interventor de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, y la Fiscal Regional Interina de Segunda Circunscripción, Marianela Luna.

También estuvieron presentes la fiscal coordinadora del Área de Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General para la implementación de la incumbencia en Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

En el marco de un juicio abreviado que se llevó a cabo este jueves, fue condenado a prisión perpetua Marcelo Gusella, por el femicidio de su mujer, Stella Ediner (37), ocurrido el 28 de septiembre de 2023 tras una emboscada frente a la vivienda familiar de calle Chile al 1200 en Venado Tuerto. 

En la audiencia que se concretó pasado el mediodía, el hombre reconoció ser el autor material el crimen (en base a abundante evidencia). El tribunal pluripersonal estuvo integrado por Paula Borrello, Adrián Godoy y Mauricio Clavero (como Presidente), quienes decidieron homologar el acuerdo. En tanto, la fiscalía estuvo representada por Andrea Cavallero. 

De esta manera, se cerró un caso que conmovió a la ciudad y especialmente a familiares de la víctima, allegados y a sus compañeros de trabajo en el Hospital Gutiérrez, quienes en varias oportunidades reclamaron justicia y hasta organizaron marchas y movilizaciones.

Crónica del femicidio

La muerte de Stella Eidner se registró a las 5:40 horas del 28 de septiembre cuando aún no había amanecido. La mujer salió de su casa de Chile al 1200 para dirigirse a su lugar de trabajo, el Hospital Dr. Gutiérrez. A los pocos metros, al llegar a la esquina y cuando aún estaba con su motocicleta en la vereda, fue atacada por una persona que le propinó seis puñaladas y huyó corriendo.

La mujer desesperada gritó. Uno de sus hijos que se encontraba en el interior de la vivienda salió a la calle y se encontró con el desgarrador escenario de su madre caída en el suelo a dos metros de la puerta de acceso a la casa, sin vida.

En tanto, la motocicleta quedó a la vuelta de la esquina, junto a una mochila de la víctima.

Fueron pasando los minutos y comenzaron a llegar familiares, amigos y vecinos, que estaban conmovidos por lo ocurrido. Se repitieron escenas de abrazos y de llanto durante toda la mañana.

Primeros indicios

A los pocos minutos al lugar arribó el fiscal Iván Raposo, luego el jefe regional, Matías Merlo, y teniendo en cuenta la gravedad del caso, se sumaron Eduardo Lago y Horacio Puyrredón.

Personal de criminalística valló la zona del crimen, comprendiendo el lugar donde se encontraba la motocicleta, el casco, una zapatilla (todo por calle Cerrito), y el lugar donde cayó la víctima (por Chile).

Minutos más tarde, personal de Científica realizó pericias en un automóvil Corsa de color blanco, perteneciente a la familia, que se encontraba estacionada frente a la vivienda, tanto en el habitáculo como en el baúl.

Y ya cerca de las 9:20, tras intercambiar opiniones entre peritos y fiscales, decidieron ampliar la zona de vallado y proceder a peritar el interior de la vivienda familiar, algo que sorprendió a muchos de los presentes.

Luego, con perros de la Sección Canes de la Unidad Regional VIII, entrenados en rastros, lograron hallar muestras de sangre entre unos silos en desuso dentro del predio de las vías del ferrocarril a la altura de calle Ayacucho. Y posteriormente, en un inmueble cercano a Ruta 8, perteneciente a Ricedal, en el interior de un galpón hallaron ropa con sangre y el cuchillo con el que se habría cometido el femicidio.

¿Crimen planeado?

La hipótesis principal consiste en que Marcelo se levantó a las 5 de la mañana, más temprano de lo habitual. Tomó el automóvil y lo dejó estacionado por calle Cerrito a poco más de 200 metros de la vivienda familiar. Luego regresó y se escondió detrás de un pallet de ladrillos y un bolsón con arena, a esperar que Stella vaya a trabajar. 

La víctima salió de su casa en moto. Fue por la vereda de calle Chile, dobló por Cerrito y en ese momento fue sorprendida por Marcelo que le propinó seis puñaladas mortales. Producto de los gritos, el hijo de la mujer salió al patio y por arriba del tapial le arrojó una pala al agresor, sin saber que era su padre, quien de inmediato salió corriendo. 

Las heridas fueron mortales. Stella cayó a los pocos metros y cuando su hijo intentó asistirla, ya no tenía signos vitales. 

Marcelo se dirigió a su lugar de trabajo, a un par de minutos de distancia de la vivienda familiar. Ahí descartó las prendas de vestir manchadas de sangre y el cuchillo (ambos elementos encontrados por los perros). A los pocos minutos un vecino fue corriendo a avisarle que habían matado a su mujer. 

Gusella arribó a la escena del crimen como víctima. Comenzó a abrazarse con sus hijos, su suegro y todos los vecinos y amigos que comenzaron a llegar al lugar.

Tenía un corte en un dedo y en el brazo. Adujo haber sufrido un pequeño accidente laboral. Se instaló rápidamente la teoría de la “tentativa de robo”, pero cuando los fiscales comenzaron a hablar con Marcelo detectaron un relato poco sólido, con una coartada no muy convincente. La hipótesis del femicidio comenzó a tomar fuerza, y finalmente el hombre fue detenido como el principal sospecho del hecho. 

Cortes en un dedo y en el brazo, la vaina del cuchillo en el baúl del auto, prendas de vestir con manchas de sangre y finalmente el arma blanca encontrada en el lugar de trabajo, fueron parte de la evidencia para proceder a su arresto. 

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Franco Carbone, presenciaron la inactivación de dos inmuebles ubicados en Sánchez de Thompson al 100 bis y al 200 bis. Se trata de dos departamentos del Fonavi de Grandoli, en la zona sur de la ciudad de Rosario, que están vinculados a la venta de estupefacientes, y su inactivación se da en el marco de la Ley de Microtráfico.

En la oportunidad, el ministro Cococcioni explicó que “el primero está vinculado a la pareja de René Ungaro (narco detenido hoy en el penal de Marcos Paz). Es un lugar donde se hizo un secuestro muy importante de estupefacientes, incluso después por su cantidad fue puesto a disposición de la Justicia Federal. Pero eso no impide que a nivel local se prosiga la inactivación del punto de venta que, en este caso es un departamento de un edificio, se va a hacer mediante bloqueo físico de abertura, sin perjuicio de lo que después pueda debatirse en terreno judicial y el lugar no va a poder seguir siendo utilizado para nada”. Luego, dijo que el operativo continúa en un “domicilio muy emblemático”, porque “fue donde se lo aprehendió a quien disparó contra un colectivo del transporte urbano de pasajeros” y destacó que “eso fue hace menos de tres meses” y la Fiscalía y la Policía de Investigaciones “ya pudieron esclarecer el hecho, detener a los autores, llevarlos ante los estrados judiciales y hoy se está logrando la inactivación de ese lugar que también funcionaba como punto de venta de estupefacientes”.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone recordó cómo la investigación llegó a identificar estos puestos de venta de estupefacientes: “El 5 de septiembre a la noche, en Espiro y Grandoli, una persona ataca a balazos a un colectivo de la línea 146. Rápidamente llegamos a una intervención en un allanamiento con una orden fiscal hasta este lugar y acá fueron aprehendidos los dos autores del hecho, uno de 16 años y el otro mayor de edad. Secuestramos gran cantidad de bochitas de estupefacientes, un chaleco balístico y material armamentístico. Después con el correr de los días se hicieron más allanamientos en torno a esta investigación y pudimos demostrar que este departamento era regenteado por Carlos Fernández, apodado Pelo Duro”. “Uno de los departamentos fue usurpado por él y se lo regenteaban distintas personas fungibles o soldaditos como los que cometieron este hecho. En el otro departamento se encontraba la esposa de René Ungaro y ahí se encontraron 9 kilos de drogas sin fraccionar, concretamente 9 ladrillos de cocaína. Ese es el otro lugar que inactivamos en el día de hoy”, agregó.

Sobre el final, el funcionario judicial se refirió al móvil de la balacera al colectivo : “La instigación desde la cárcel, justamente era una especie de protesta respecto a las condiciones de detención en el pabellón de alto perfil, que en esos momentos Fernández tenía en Coronda y que, después de todo esto, fue trasladado a Piñero. Básicamente el móvil es similar a los hechos del mes de marzo pasado, y el modus operandi, también, utilizando menores de 16 años. Hoy tenemos 5 personas ya detenidas en prisión preventiva, confirmado por la Cámara respecto a este hecho”.

Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

Una comitiva del Ministerio Público de la Acusación participó de una capacitación en persecución penal estratégica a partir de focos investigativos y análisis e inteligencia criminal. La actividad se desarrolló en la comuna de Las Condes, ubicada en la provincia de Santiago, en Chile.

La delegación estuvo integrada por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier; el Fiscal Regional Interventor del Distrito Rosario, Matías Merlo; los fiscales Diego Vigo, Carla Cerliani, María Laura Urquiza y Adrián Spelta, el Secretario de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, Gustavo González, y el subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional 2, Gabriel Ferrogiaro.

Los funcionarios santafesinos fueron al vecino país para conocer el funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del MP de Chile.

El objetivo fue conocer la experiencia del diseño e implementación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado (UCOD) del Ministerio Público (MP) de Chile, la cual fue creada recientemente y reúne los principales fenómenos criminales cuyas acciones suponen la existencia de una organización criminal.

Asimismo, los funcionarios santafesinos fueron al vecino país para conocer el funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del MP de Chile. El SACFI se ocupa del diseño de estrategias para la producción de información y su análisis, y la incorporación de estrategias de investigación sobre los mercados o focos investigativos posibles de identificar en relación a tales delitos.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de forma remota de los encuentros de intercambio y presentó el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados del MPA.

Por su parte, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de forma remota de los encuentros de intercambio y presentó el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados del MPA. De la misma manera, estuvo presente la Secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Lucía Masneri, quien expuso el Modelo de Gestión de reclusos de alto riesgo implementado en Santa Fe.

Vranicich valoró que "la visita a Chile se enmarcó en el cambio en las lógicas de trabajo que estamos llevando adelante en el MPA". Afirmó que "el modelo chileno es una referencia significativa en materia de persecución penal por focos investigativos", y agregó que "conocer de primera mano ese tipo de experiencias es sumamente enriquecedor".

Asimismo, resaltó que "frente a los desafíos que implican la criminalidad organizada, las violencias altamente lesivas y el microtráfico de estupefacientes, es imprescindible abordar, identificar y comprender los fenómenos delictivos de forma estratégica". En tal sentido, planteó que "la Fiscalía de Chile compartió con la delegación del MPA sus metodologías de análisis e inteligencia criminal, así como los resultados obtenidos".

Convenio

Durante la primera jornada de intercambio, el MPA firmó un convenio de cooperación internacional con el Ministerio Público de Chile, con el fin de potenciar las investigaciones penales que se realizan desde ambas instituciones.

En el documento suscripto se indica que ambas Fiscalías se comprometieron a cooperar "en la persecución de la delincuencia organizada transnacional". Se explicita el objetivo de "intercambiar experiencias, desarrollos, avances, estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas instituciones", así como "información sobre investigaciones penales".

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone, brindaron detalles este jueves sobre el operativo de inutilización de dos puntos de venta de estupefacientes en barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. 

Uno de los puntos se ubica en Provincia de Misiones al 2100, altura avenida Circunvalación. También se inhabilitó otro punto de venta de estupefacientes en la misma calle a la altura del 2200. En este caso, no se trata de un derribo, sino de un tapiado e inutilización del lugar debido a que es un espacio clave para el trabajo de la justicia. 

En declaraciones a la prensa, Pereira explicó que estos puntos “representan los dos lugares más simbólicos que tienen que ver con cuestiones dolorosas” que se vivieron en la ciudad de Rosario en el mes de marzo, “porque en estos dos domicilios es donde se concretaron todas las medidas preparatorias para la ejecución del terrible asesinato del joven en la estación de servicios”. “Acá se lo trajo al autor, al menor, acá se lo proveyó de la nota, del arma, etcétera, o sea que estamos hablando de un lugar fundamental para el trabajo de la justicia hoy”, detalló. 

Derribos

Luego, el funcionario recordó que desde el inicio de la gestión se concretaron 27 operativos de este tipo, entre derribos y tapiado, y agregó: “La cantidad de puntos de venta relevados en la ciudad son muchísimos más, seguimos trabajando apoyados en una herramienta que es la Ley de Microtráfico con el Ministerio Público de la Acusación”. 

En el mismo sentido, el fiscal Spelta agregó: “A 200 metros de acá, fue donde el menor de identidad reservada, que realizó los ataques, salió con el arma que le fue proveída desde este domicilio, por parte de la esposa de Maturano, a cometer el hecho”.

A continuación, destacó: “Después del hecho, se produjeron los primeros allanamientos. Se allanó este domicilio, y en este lugar se encontraba la esposa de Maturano, de apellido García, pero hasta ese momento nosotros no teníamos la vinculación, porque no teníamos la declaración del menor que dijo que fue ella quien le proveyó la nota intimidatoria y el arma en el domicilio”.

Luego explicó que hoy García está detenida y que Maturano sigue prófugo y continúa vigente la recompensa para quien aporte datos. Finalmente, precisó: “La investigación está encaminada; no sería apropiado dar algún dato preciso, pero estamos muy cerca de dar con él”.

Cabe recordar que, en el marco de la Ley de Microtráfico, los operativos de derribo e inutilización de inmuebles que funcionaban como puestos de venta de estupefacientes se desarrollan desde principio de año, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó información sobre la detención de dos personas por las amenazas al futbolista Ángel Di María, ocurridas en el mes de marzo en la ciudad de Rosario. También hubo dos demorados. La investigación se realizó de manera conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, y con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.

Dos hombres de 43 y 30 años fueron detenidos este jueves en zona sudoeste de la ciudad de Rosario. Dicho procedimiento se realizó en la vía pública y derivó en una serie de allanamientos, en los cuales demoraron a otras dos personas, secuestraron más de 20 millones de pesos, 8 teléfonos celulares entre otros elementos de interés para la investigación.

En la oportunidad, el Fiscal Regional Interventor, Matías Merlo, explicó que “a los detenidos se llega a través de una investigación del fiscal Socca, junto con la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, en virtud de que se pudo establecer que había una orden dada para hacer esta amenaza. Y se realizaron diferentes tareas investigativas a los fines de detectar quiénes eran las personas que habían enviado esta orden”.

Merlo señaló que “lo importante es que la persona que consideramos que era el autor intelectual, está detenido, producto de un trabajo realizado entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad y también porque nos faltaba una pata que era el instigador. Hoy consideramos que tenemos elementos suficientes para llevarlo a audiencia imputativa y lograr una medida cautelar”. 

Por otro lado, el fiscal Pablo Socca, al ser consultado sobre la posibilidad de que los detenidos pertenezcan a la barra brava del club Newell’s Old Boys, respondió: “Tenemos comprobado que son hinchas de ese club, que van a la cancha, pero la hipótesis de que pertenezcan a la barra la vamos a investigar, aunque no lo tenemos comprobado”.

En cuanto al posible móvil del hecho, Socca explicó: “Barajamos varias hipótesis en función de cómo se produjo, los medios que se utilizaron, el mensaje que se dejó. Son varias las posibilidades. Usamos la figura de ‘intimidación pública’ porque, en ese momento, se sucedían todos los días muchísimos carteles y balaceras con amenazas y que el cartel incluía la amenaza al gobernador Maximiliano Pullaro. Por eso, una de las hipótesis era generar un reclamo por el endurecimiento de las condiciones de detención que sufrían la mayoría de los presos de alto perfil. Sigue siendo una de las hipótesis, pero no descartamos que venga por otro lado o halla una multiplicidad de objetivos”. “No creemos que la intención sea concretar un daño contra él, sino utilizar su fama con otros objetivos”, concluyó.

La investigación por intimidaciones y amenazas calificadas hacia el futbolista Ángel Di María, que se produjeron en marzo en diferentes puntos de Rosario, estuvo a cargo del fiscal Pablo Socca, del Equipo para el Abordaje de Delitos Cometidos con Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en conjunto con la dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI). Colaboraron también unidades de asalto de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

En este marco, se realizaron diferentes medidas: intervenciones telefónicas y actuaciones subrepticias para determinar identidades y domicilios de los involucrados. Al cabo de tareas de inteligencia en diferentes zonas, se interceptó un auto Audi en la cuadra de Bulevar Seguí al 5300 de la ciudad de Rosario que derivó en la detención de Alejandro Nicolás F. de 30 años y Sergio “Bebé” D. V., quienes sin oponer resistencia fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones con el correspondiente secuestro del vehículo y los celulares de ambos.

Luego se procedió al allanamiento de siete domicilios de personas investigadas: en Alem al 1300, Belgrano al 100 de la localidad de Piñero, Suipacha al 1100 de Álvarez, bulevar Seguí al 5700, Teniente Agneta al 3300, bulevar Seguí al 5400 y Sarmiento al 1400. Demoraron a otras dos personas (un hombre y una mujer) y secuestraron 8 teléfonos celulares y más de 20 millones de pesos en efectivo.

El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este jueves a la mañana el derrumbe de un puesto de venta de drogas en barrio Stella Maris de Rosario. Fue en el marco del programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que desde su implementación ha permitido realizar este tipo de acciones en distintos puntos de la ciudad.

La actividad fue en un domicilio ubicado en Querandíes 1251 bis, y estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañado del fiscal Regional Matías Merlo y el fiscal Franco Carbone, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el secretario de Control Municipal de Rosario, Diego Herrera.

“Intervenir de inmediato”

El ministro explicó que “este lugar funcionaba como punto de venta, a veces con habitantes golondrinas que venían como anoche, y hace un rato, a instalarse para impedir la medida procesal. No era una vivienda permanente de familia; era un punto de venta de estupefacientes alrededor de los cuales en los últimos tiempos hubo tres homicidios ligados a este lugar”.

“Hubo 50 llamadas al 911 denunciando ventas de estupefacientes -enumeró el ministro-. Además, en los allanamientos que se llevaron a cabo por orden de la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe se encontraron elementos de comercialización de droga, balanza, algunos elementos más, vestigios de droga, con lo cual fue perfectamente determinado que estamos ante un inmueble cuya única utilidad era estar montado para la venta de estupefacientes al minorista”. 

Cococcioni señaló también que “ha habido múltiples allanamientos, múltiples medidas en el pasado y el lugar se vuelve a reinstalar. Por lo tanto, se llega a solicitar y a ordenar judicialmente la medida de inactivación física. En este caso con lisa y llanamente la demolición del lugar, porque no hay otra medida más idónea para hacer que este lugar directamente deje de ser copado por los narcos. Quedará inactivado, no va a poder funcionar más físicamente como punto de venta. De todas maneras, vamos a tener el monitoreo ante cualquier posible reanudación de una actividad ilícita, directamente se va a intervenir de inmediato”.

El ministro remarcó también que esta forma de dar respuesta desde el Gobierno surge “en el marco de la IBF que llevamos adelante hace algunos meses en este barrio de la ciudad de Rosario. Por eso, realmente estamos ante un lugar, este búnker, que no sólo es un factor criminógeno de intranquilidad pública, sino que es un lugar cuya dinámica obviamente le hacía imposible la vida en sociedad al entorno. Es decir, la gente sale, quiere pasar por una vereda y resulta que hay tres o cuatro personas en moto peleándose a los tiros porque no se pusieron de acuerdo por un tema de la droga que venían a comprar”.

IBF y Ley de Microtráfico

Es preciso señalar que la reciente acción en Rosario se da en el marco del programa IBF que llevan adelante el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación, a partir de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial.

Esta Ley, aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.

Por Juliano Salierno

La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, dispuso este martes la intervención de la sede rosarina de la institución judicial, para lo cual designó como interventor al actual titular del MPA de Venado Tuerto, Matías Merlo.

La medida de carácter “parcial”, no afecta a toda la Circunscripción Judicial Nº 2, sino que se concentra específicamente en la ciudad de Rosario, según consta en la resolución interna Nº 047, fechada este 19 de marzo.

La medida administrativa que empieza a regir este martes, se extenderá “por un plazo de 6 meses prorrogables” y plantea como “objetivos primarios: restaurar la cohesión interna institucional, reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados; unificar el registro de la información”, según consta en el artículo Nº 4 del resuelvo.

Acto seguido, en el artículo 5° señala que “el fiscal regional interventor deberá resolver prioritariamente los pedidos de apartamiento y reasignaciones que se encuentren pendientes respecto a investigaciones de gravedad institucional y asimismo deberá relevar el estado de aquellas investigaciones puestas en crisis en la resolución 290/24 del Auditor General de Gestión”.

Por otra parte, en el punto 6° marca que la Dra. María Eugenia Iribarren -quien hasta el presente ejercía el cargo de Fiscal Regional de la Circunscripción Nº 2- “seguirá ejerciendo las funciones inherentes a su cargo en el resto de los distritos que forman parte de la circunscripción”. Es decir que Iribarren fue desplazada de Rosario, pero no de “Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo debiendo informar a la fiscal general cuál de estos distritos fijará como sede para el ejercicio de sus funciones”, completa la directiva.

En una primera lectura del texto oficial se destacan dos ejes que aceleraron la decisión de Vranicich. El primero, centrado en la crisis interinstitucional que presentaba la Regional, que derivó en una auditoría interna a fines del año pasado; el segundo en tanto está relacionado a la coyuntura, “en el marco de una ciudad atravesada por hechos de violencia altamente lesivas”, lo cual “hace necesario la toma de acciones firmes”, señala la Fiscalía Regional.

El abogado Antonio Di Benedetto solicitó el beneficio de la prisión domiciliar fundamentando su planteo en problemas de salud. El letrado fue sentenciado en primera y segunda instancia a 12 años de cárcel, sindicado como el líder de una asociación ilícita dedica a apropiarse ilegalmente de campos y terrenos en Venado Tuerto, San Eduardo y Maggiolo. 

De esta manera, en una audiencia que se llevará adelante el próximo 12 de abril, un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, será el que defina si le otorga el beneficio solicitado.

Antecedente cercano

En el mes de febrero de 2023 desde el Poder judicial le habilitaron a Raúl Jaime la prisión domiciliaria, basados en que su mujer atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla. El gestor rosarino, es uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria y por el momento no pudo acceder a dicho beneficio ya que no logró reunir los 145.000 dólares fijados como caución.  

El gestor actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía de Melincué luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita.

El mismo camino

Di Benedetto está representado por los hermanos Lucio y Ángelo Rossini, quienes mediante estudios médicos intentarán demostrar ante el tribunal que el abogado condenado atraviesa problemas de salud que se podrían agravar en caso de persistir esa condición de detenido. 

Actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial N° 11 de Piñero. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Raúl Jaime, el Gestor de la Megaestafa Inmobiliaria, continuará en calidad de detenido al no poder justificar momentáneamente los 1450.000 dólares de caución que le exigieron desde el poder judicial para poder acceder a la prisión domiciliaria, independientemente de haber presentado tres automóviles y una vivienda.

La decisión fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal, quienes además establecieron una serie de normas de conductas a cumplir una vez que acceda al beneficio de estar en su casa para poder cuidar a su mujer que padece graves problemas de salud.

El Gestor actualmente se encuentra detenido luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo. Y tras dos reveses judiciales, el juez Tomás Orso fue quien decidió otorgarle el acceso a la prisión domiciliaria. 

Por ahora no

La audiencia se llevó adelante en la jornada de ayer lunes en los tribunales venadenses. Y los magistrados consideraron que los automóviles ofrecidos para cubrir la caución deben ser tasados oficialmente. Al mismo tiempo la vivienda aportada por Jaime actualmente se encuentra inscripta como “bien de familia”, con lo cual van a tener que modificar esa condición legal y hacerla tasar por distintos corredores inmobiliarios.

Mientras esto no ocurra, el gestor continuará en calidad de detenido en la Alcaidía departamental de Melincué.

Resolución

El tribunal resolvió por unanimidad “disponer la constitución de caución real, por un monto de 145.250 u$s o 116.200.000 pesos, los que deberán afianzarse con bienes muebles registrables o inmuebles, hasta alcanzar ese monto, en base a tasaciones oficiales”.

Los bienes muebles o inmuebles “en cuestión deberán ser propiedad de Raúl Alberto Jaime o de terceras personas, que así lo autoricen, pero no podrán estar prendados o embargados. No deberán tener como antecedente registral juicios de escrituración o prescripción adquisitiva, o pertenecer al departamento General López, ni ser los bienes que se hayan establecido” en la Megaestafa inmobiliaria. 

Al mismo tiempo se dispone que el gestor deberá “residir en el domicilio de Pasaje Polonia 1.337 de la localidad de Rosario. Informar bimestralmente de la residencia de la Sra. Camacho en el domicilio en cuestión y de la subsistencia de la misma. A tales fines podrán solicitarse o practicarse por las partes los informes ambientales pertinentes”.

También se determinó que en “caso de traslado (al médico) de la Sra. Camacho será obligación del Sr. Jaime dar aviso de manera inmediata al tribunal”.

Por otro lado, establecieron la “prohibición de acercamiento y contacto con coimputados, víctimas y testigos”.

En tanto, “se deberá solicitar el monitoreo electrónico por tobillera, autorizando a las partes a realizar las gestiones pertinentes y hasta tanto se efectivice el control ordenado, se deberá realizar controles intempestivos en su domicilio de calle Pasaje Polonia 1337 de Rosario, de al menos cuatro veces a la semana, por parte de personal policial, sistema penitenciario o post-penitenciario”.

Por último, dejaron en claro que deberá “comparecer cada vez que sea citado por el tribunal. La prisión preventiva domiciliaria excluye cualquier posibilidad de salida del domicilio, debiendo en caso de necesidad de traslado de la Sra. Camacho quedar a cargo de terceras personas y del imputado hacerse con móvil policial previa solicitud con suficiente antelación”. 

Raúl Jaime, uno de los pilares fundamentales en la estructura delictiva de la Megaestafa inmobiliaria, fue beneficiado con un fallo judicial que le otorga la prisión domiciliaria para poder asistir a su mujer que atraviesa una grave enfermedad y no cuenta con familiares que pueden cuidarla.

La noticia se conoció en la jornada del miércoles tras una audiencia realizada en los tribunales venadenses en donde el juez de Segunda Instancia Tomás Orso decidió otorgarle el beneficio solicitado por la defensa, revocando la decisión tomada por el juez Eduardo Bianchini.

El gestor actualmente se encuentra detenido en el penal de Piñero luego de ser condenado a 10 años de prisión por integrar una asociación ilícita junto a Antonio Di Benedetto (12 años de cárcel), entre otros, dedicada a apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos y campos en el sur provincial. 

Ahora, a comienzos de la próxima semana que realizará una nueva audiencia en donde se fijarán las condiciones de la prisión domiciliaria otorgada.

Fundamentos 

“Hubo un planteo de la defensa pública de solicitar el beneficio de la prisión preventiva de cumplimiento domiciliario, invocando una grave enfermedad de la mujer de Jaime. Y si bien en la audiencia en primera instancia se rechazó este planteo, en virtud de que la señora podía ser cuidad por la vecina o un familiar cercano, en la audiencia de segunda instancia se demostraron puntos concretos”, indicó el juez Tomás Orso.

De esta manera se aportaron elementos que confirman la existencia “de una enfermedad neurodegenerativa, que tiene un curso de varios años, con un certificado de discapacidad. También se demostró que este cuidado que podían darle estas terceras personas, no era eficaz, ya que cuando fue una trabajadora social la encontró sola a esta mujer y en un estado más deteriorado”, agregó.

El informe indica que la señora no concurrió a los turnos médicos previstos, debido a que no los supo gestionar como consecuencia de su condición de salud.

Además, se detalló que la nuera no estaba en condiciones de cuidarla, teniendo en cuenta que enviudó y debe hacerse cargo de sus cuatro hijos.

“Con lo cual hay varios impactos acá. Está el interés superior de estos niños, en la Convención internacional y leyes que así lo disponen. Y además el Código Penal establece una serie de atenuaciones de la prisión, tanto en la preventiva como en la condena”, destacó el magistrado.

Esas morigeraciones se dan “en caso de enfermedad terminal del imputado cuando se está muriendo cumpliendo pena. O también, por ejemplo, se da para el cuidado en un familiar a cargo, como se demostró en este caso. Entonces en funciones de esas legislaciones expresas y de las convenciones respecto de la protección de adultos mayores, se hizo lugar parcialmente a la apelación con el régimen de prisión preventiva domiciliaria”, añadió. 

Nueva audiencia

En la jornada del lunes se desarrollará una nueva audiencia en donde se determinarán las condiciones del beneficio al que accederá Jaime. Por un lado, se fijará el monto de la caución, la posible utilización de una tobillera electrónica, la autorización o no de acompañar a su mujer al médico, entre otros puntos.

“En principio hay una oposición del fiscal (Matías Merlo) a que Jaime acompañe a su mujer al médico. Y solicita que la prisión domiciliaria sea rigurosa. Quizás la asistencia a un centro médico la puedan hacer las personas que estaban cuidando hasta ahora a esta mujer”, precisó Orso.

Fiscal molesto

“No estamos de acuerdo con la resolución de Orso, ya que tendría que haber confirmado la resolución de Bianchini, quien evaluó correctamente cual era el estado de salud de la mujer y consideró que Jaime no era la persona adecuada para darle las atenciones en una prisión domiciliaria”, afirmó Matías Merlo.

El mismo condenado “en la audiencia dijo que no le podía brindar el cuidado necesario y que había otras personas que podían hacerse cargo. Por eso no coincido con este beneficio que le dan a esta persona que está condenada a 10 años de prisión”, agregó. 

Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.