Ornella Pazzi

La Masacre de Coronda no sólo generó horror e indignación por la brutalidad de los crímenes, sino que sumió en un manto de sospechas las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados tanto directa como indirectamente en el motín ocurrido el 11 de abril de 2005.

A la par del proceso seguido a un grupo de reclusos, se montó una investigación judicial cuyo objetivo era determinar el grado de responsabilidad de los agentes penitenciarios y funcionarios públicos. La misma concluyó sin que se dictaran condenas.

A pesar de las serias dudas iniciales y los cuestionamientos sobre la actuación del personal de la Unidad Penitenciaria N°1, la Justicia finalmente absolvió a los imputados, generando controversia y críticas por parte de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Tras la masacre, se abrió una segunda causa judicial con el objetivo de investigar si los agentes que estaban de guardia durante la revuelta y la cúpula del penal habían incurrido en algún tipo de negligencia o complicidad que pudiera haber facilitado la matanza.

Eduardo Marchesín y Oscar Yosviak, los dos guardiacárceles que fueron tomados como rehenes por los internos amotinados, fueron inicialmente procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo, agravado en catorce oportunidades, en concurso ideal".

Asimismo, el entonces jefe del penal, Oscar Mansilla, fue acusado de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, con homicidio culposo en cuatro oportunidades", en referencia a las muertes ocurridas en el pabellón 1. El subjefe, Carlos Monti, también fue procesado por "homicidio culposo agravado en cuatro oportunidades en concurso ideal".

Los procesamientos generaron expectativas respecto a la posible existencia de responsabilidad del Estado en la masacre. Sin embargo, en un fallo que generó gran polémica, el 28 de septiembre de 2012, el juez Dardo Rosciani absolvió de culpa y cargo a los cuatro funcionarios penitenciarios.

El magistrado fundamentó su decisión cuestionando duramente el funcionamiento del Servicio Penitenciario, al que calificó de "desquiciado", y señalando que no se habían cumplido los requisitos constitucionales.

En su argumentación, Rosciani criticó la tendencia a buscar el "hilo más delgado" para imputar responsabilidad en casos de magnitud, dejando entrever que la culpa principal recaía en las fallas estructurales del sistema penitenciario antes que en la actuación individual de los agentes en medio de una situación caótica.

“Cuando algo grave ocurre, en cualquiera de los ámbitos públicos, se intenta hacer prevalecer el viejo dicho que el hilo se corta por lo más delgado. Al menos en este caso, no formaré parte de la tijera inmoral que hace vigente dicho refrán”, sostuvo el magistrado.

Previamente, en el marco de la misma investigación, el juez Darío Sánchez había determinado la inocencia de otros 11 funcionarios y oficiales penitenciarios, incluyendo al entonces director del Servicio Penitenciario santafesino, Fernando Rosúa.

A pesar de que durante la investigación surgieron testimonios que sugerían que los guardias podrían haber facilitado el accionar de los presos o incluso haber sido advertidos de la inminente masacre, la Justicia no logró reunir pruebas contundentes que permitieran establecer una responsabilidad penal directa del personal penitenciario en los asesinatos.

La absolución de los penitenciarios y funcionarios generó críticas y un sentimiento de impunidad entre los familiares de las víctimas, para quienes el Estado tenía la obligación de garantizar la seguridad de los internos bajo su custodia. Organizaciones de derechos humanos también expresaron su preocupación por la falta de responsabilidad institucional en un hecho de violencia tan extrema.

Si bien se implementaron algunas medidas como la designación de directores civiles en las cárceles, la reducción de la población carcelaria en Coronda y cambios edilicios para mantener separados a los reclusos rosarinos y santafesinos, la sensación de que la cadena de responsabilidad no llegó hasta las más altas esferas del sistema persistió.

Al menos cuatro personas murieron y más de 30 resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en una escuela de Georgia, Estados Unidos, al tiempo que el presunto autor del ataque sería un alumno de 14 años.

La Oficina de Investigaciones de Georgia consignó que el sospechoso de haber perpetrado el ataque es un estudiante de 14 años llamado Colt Gray que permanece bajo custodia y fue acusado de asesinato, afirmó la cadena BBC.

El sheriff del condado, Judd Smith, consideró ante los medios: "Llevará varios días hasta que tengamos respuestas sobre lo que pasó y por qué pasó".

En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió sus condolencias a las familias de las víctimas al sostener que "estaba en duelo por las muertes" y manifestó que el ataque "trae más violencia absurda".

"Lo que debía haber sido un alegre retorno a la escuela en Winder, Georgia, se ha convertido en otro horrible recordatorio de cómo la violencia armada continúa desgarrando a nuestras comunidades", dijo el mandatario demócrata, quien llamó una vez más al Congreso a imponer más restricciones al acceso y uso de las armas.

Según indicó CNN, el incidente ocurrió en el establecimiento Apalachee High School de Winder (Apalachee de Winder), de Georgia, al tiempo que una persona fue detenida. "No podemos seguir aceptando esto como normal", añadió.

A su vez, la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris afirmó que el tiroteo es una tragedia "que se suma a tantas tragedias sin sentido". "Tenemos que poner fin a esta epidemia de violencia armada en este país de una vez y por todas", reclamó Harris en un mitin en Portsmouth, New Hampshire.

El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se solidarizó con los seres queridos de los muertos y heridos: "Nuestros corazones están con las víctimas y todos los afectados". "Estos niños amados nos fueron arrebatados por un monstruo enfermo y trastornado", dijo.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow informó que agencias de policiales, bomberos y personal de servicios de emergencia trabajaron en el lugar de los hechos. El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, señaló en su cuenta de la red social X que ordenó que todos los recursos estatales estén disponibles para responder al siniestro.

También agregó: "Seguiremos trabajando con socios locales, estatales y federales a medida que recopilamos información y respondemos mejor a esta situación". Los medios locales mostraron cómo fue evacuado el colegio, en el que miles de estudiantes se reunieron en las inmediaciones para ser atendidos por los médicos.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden recibió datos proporcionados por su asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, sobre el tiroteo, y su Administración sigue la coordinación del proceso "funcionarios federales, estatales y locales".

Winder es una comunidad ubicada a una hora de distancia de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Se trata de una localidad pequeña con una población aproximada de 18.338 personas. El colegio afectado cuenta con unos 1.900 alumnos, de acuerdo a los registros de los funcionarios de educación en Georgia.

Se convirtió en la segunda secundaria pública más grande del condado de Barrow cuando se abrió en 2000, según el Sistema Escolar del Condado de Barrow, que atiende alrededor de 15.340 estudiantes en total. El establecimiento educativo lleva el nombre del río Apalachee, que cruza el extremo sur del condado de Barrow.

Agentes de la policía de Joliet buscan a Romeo Nance, un joven que habría matado a al menos siete personas en esta ciudad de Illinois (Estados Unidos), según investigaciones preliminares de las autoridades.

ACTIVE INCIDENT (UPDATED) JANUARY 22, 2024 3:00 PMAt this moment, Detectives and Officers are conducting an active homicide investigation after Officers located multiple deceased individuals who had sustained gunshot wounds in two homes in the 2200 block of West Acres Road. pic.twitter.com/zOTKSjs0RC

Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, la policía difundió una foto de Romeo Nance y del que sería su auto, un Toyota Camry rojo con placas Q730412 advirtiendo que posiblemente está armado y es peligroso.

El jefe de policía de Joliet, Bill Evans, dijo que el sospechoso conocía a las víctimas, que fueron encontradas en dos casas frente a frente el lunes por la tarde.

La policía instó a cualquier persona que tenga información sobre el ataque, ocurrido a 64 kilómetros al suroeste de Chicago, a que se comunique con ellos.

Al menos seis personas murieron y 26 resultaron heridas en el ataque de un grupo armado contra una celebración en la madrugada de este viernes en una calle del municipio de Cajeme, en el estado mexicano de Sonora (noroeste), según informaron las autoridades locales.

El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo una "tecnofiesta" en las calles del municipio, en Ciudad Obregón, precisó en una rueda de prensa el titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas.

Explicó que, a pesar de no haber detenidos por el momento, las autoridades militares y policiales del estado tienen identificado al grupo de agresores.

📣 | #Comunicado Llamado a las autoridades correspondientes: Masacre en Obregón, Sonora. pic.twitter.com/IV5rtVSKra

Las primeras líneas de investigación indican que se trató de un ataque directo contra el líder de un grupo criminal que "contaba con cinco órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa", señaló Salas. Agregó que el ataque derivó en una agresión colateral a las demás personas que se encontraban en el lugar y, como resultado, otras cinco personas, incluyendo tres mujeres, fallecieron.

De acuerdo con el fiscal, fuerzas de seguridad de los diferentes niveles desplegaron operativos en Ciudad Obregón con el fin de dar con los responsables y, según afirmó, "no quedará impune su actuar".

Por su parte, la directora del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, Beatriz Elena Antillón Rosas, detalló que de las 26 personas lesionadas y atendidas, cuatro están graves, nueve permanecen hospitalizadas y 13 fueron dados de alta. También dijo que de los cuatro graves, dos de ellos ya fueron intervenidos quirúrgicamente.

Sonora es uno de los estados más violentos de México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que además informó en su último informe que, de enero a noviembre de este año, se registraron 1,035 víctimas de homicidio doloso.

Sicarios asesinaron a tiros este martes a cuatro niños, entre ellos un bebé de cinco meses, e hirieron a sus padres dentro de su vivienda en el suroeste de Ecuador cuando abrieron fuego contra la familia. La Fiscalía dijo que abrió "una investigación por el asesinato de 4 niños" en la noche del lunes, según indicó en su cuenta de la red social X. Los menores baleados tenían cinco meses, tres, cinco y siete años y, según la policía, no eran el blanco inicial del ataque, informó la agencia AFP

De acuerdo al ente investigador "sus padres resultaron heridos" en medio del tiroteo que se dio dentro de una vivienda ubicada en el sector del Guasmo sur, una zona empobrecida de Guayaquil (suroeste) y dominada por las bandas criminales Los Lagartos y Mafia 18.

A la ciudadanía: pic.twitter.com/bRqK86pZEE

El Gobierno ecuatoriano señaló que este asesinato "demuestra la crueldad" con la que actúan los grupos armados en el país, donde los homicidios se cuadruplicaron entre 2018 y 2022.

Guayaquil es una de las ciudades más violentas de Ecuador, cercada por narcos que siembran terror en su pugna por el control del territorio para el paso de la droga.

"Este hecho es un golpe profundo y doloroso para nuestras familias y para el país", agregó la presidencia.

El general Víctor Herrera, comandante de Guayaquil y los aledaños Durán y Samborondón precisó en una rueda de prensa que la madre de los menores está hospitalizada con "pronóstico reservado".

Según el alto mando policial, "el evento violento no iba direccionado a esa familia, sino a una casa adyacente" donde los uniformados hallaron material "para realizar atentados con explosivos".

Los sicarios entraron a la casa alrededor de las 21 locales (02H00 GMT) y dispararon en múltiples ocasiones en un ataque que según las autoridades iba dirigido contra la banda Los Lagartos.

De acuerdo con el reporte semestral del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, entre enero de 2019 y junio de 2022 los homicidios de jóvenes entre 15 a 19 años se incrementaron un 500%. Es decir que pasó de 41 muertes a 246.

El documento también registra 61 muertes violentas de niños de hasta 14 años en el primer semestre de 2023.

Ecuador alcanzó el récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022. Esa cifra podría escalar este año hasta llegar a los 40 asesinatos por cada 100.000 personas, según expertos.

Hasta pasado el mediodía del martes, quienes son descendientes directos de los indios mocovíes sanjavierinos arrasados en la sangrienta jornada del 21 de abril de 1904 declararon en la sede de la Fiscalía Federal de Reconquista. En el marco del comienzo del juicio por la persecución, represión y matanza a integrantes de la comunidad aborigen que en aquel entonces se alzó en armas -liderada por jóvenes caciques y guías espirituales- en disconformidad por el oprobioso despojo de sus tierras, la hacinada vida en tolderías y la imposibilidad de procurarse sus alimentos, reclamaron una reivindicación histórica y que alumbre la verdad.

De acuerdo a la denuncia presentada el año pasado, el levantamiento de principios del siglo pasado fue caracterizado en la época como un “malón de indios”, una suerte de ataque repentino e irracional propio de un grupo de “salvajes”. Ese momento de la historia fue denominado “El Último Malón”, aunque luego, con el correr de los años, recibió el nombre de “La Rebelión de 1904”.

Para los denunciantes, entre quienes además de los miembros de los pueblos originarios asentados en la costa santafesina se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, fueron “todos crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio contra los pueblos originarios, llevado adelante en distintos puntos de nuestro país durante la conformación del Estado Nacional Argentino”.

En puerta de la sede del ministerio fiscal federal norteño, Néstor Lanche, presidente de la Comunidad “21 de Abril” de San Javier señaló a Norte24 que “estamos reclamando por el tema de la mal llamada ‘Rebelión Mocoví de 1904”, que en realidad “fue un reclamo hacia el pueblo de San Javier por las tierras que les habían quitado, y que terminó en una matanza”.

El referente mocoví destacó que “es la primera vez que declaramos, yo ya declaré todo lo que tengo. Inclusive, traje la lanza que utilizó mi abuelo para defenderse. La tierra ya está toda poblada. Es difícil reclamarla. Porque después de la rebelión la tierra pasó a la Iglesia, y la Iglesia la vendió. Y bueno, hoy está todo urbanizada esa zona. Pero bueno, que se reconozca por lo menos que no fue una rebelión, como dicen, una ‘locura de los mocovíes’, sino un reclamo por la tierra. Por la quita de la tierra”.

Consultado por el largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy, 119 años, Lanche indicó: “Sí, tanto tiempo pasó. Lo que pasa que nosotros decimos, todos dicen que la justicia es lenta. Y bueno, ahora apareció la oportunidad de declarar y de que se abra un juicio. Yo ya hice toda mi declaración, porque yo estudié mucho el tema. Soy descendiente de uno de los abuelos que participó. Además, trabajé mucho de comunicador en la zona del Chaco, donde también me dieron información. Le agradezco a Dios que esto haya sucedido, porque después de tantos años podamos declarar los descendientes de aquella masacre.

¿Es una herida histórica abierta que puede llegar a cerrarse?, le preguntó Norte24. “Sí, así es. Llama mucho la atención que es algo que pasó, que está todo documentado, inclusive hay películas, el Alcides Greca hizo una película. Hay libros, hay diarios que comentan todos los hechos. Pero nunca se le dio oportunidad a la gente de la comunidad que pueda declarar de acuerdo al relato de los abuelos”, lamentó, a modo de respuesta.

Para cerrar, historió que “pasaron muchos años. En 1743, cuando se fundó San Javier, nosotros dependíamos del rey de España. O sea, se fundó como una misión con los misioneros jesuitas. Después los misioneros jesuitas fueron expulsados por el rey de España porque decía que los estaban obligando mucho a los aborígenes. Entonces vinieron otros cleros y ahí fue donde se empieza a armar todo el lío”.

También presente junto a otros pares y a delegados de Amsafe San Javier -que acompaña el proceso-, Mónica Lanche, de la comunidad mocoví “Layik Ra’Apiguin” (De Cara al Cielo) de San Javier, es testigo de la “última rebelión ocurrida en mi pueblo que fue el 21 de abril de 1904: “Nosotros somos testigos de lo que nos fueron contando de generación en generación y de lo que vamos recopilando de los que van quedando hoy y que saben algo de nuestra historia y de lo que pasó en aquel momento”, explicó.

“Nosotros lo que queremos es una reivindicación histórica, que se empiece a contar cómo fue la verdadera historia de aquella represión, de aquella matanza de indios que se calcula más o menos alrededor de 400, de poder encontrar dónde están sepultados, que fueron en fosas comunes, más o menos ya tenemos el lugar y en realidad es una reivindicación histórica o sea que se empiece a dar en las escuelas de la provincia realmente como a la historia”, contó.

Dijo, para finalizar, que se aspira a “que continúe el juicio y se pueda llegar a un fallo lo más pronto posible y eso, una reivindicación histórica por los libros, las cosas que están escritas y por lo que ya vamos sabiendo de generación en generación en una transmisión oral”.

En 2022, Ángela Lanche, cacica de la Comunidad “Layik Ra’Apiguin”, Néstor Lanche, referente de la Comunidad “21 de Abril”, Julio Lanche, referente de la Comunidad “Esperanza Viva” de Colonia Francesa, y Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, ingresaron la denuncia en la fiscalía a cargo del Dr. Roberto Salum. Dejaron constancia que “por todo lo expuesto y entendiendo que los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, en el marco del genocidio perpetrado en nuestro país contra los pueblos originarios, solicitamos a esa fiscalía a vuestro cargo se inste la correspondiente acción penal promoviendo la investigación de los hechos sucedidos el 21 de abril de 1904 y sus consecuencias sobre el pueblo Moqoit. Oportunamente, eleve la causa para la realización del Juicio Oral y Público por la Verdad Histórica”.

Y sostuvieron que situar la rebelión mocoví de 1904 en el contexto del proceso de aniquilamiento de los pueblos originarios, pensarla desde la categoría del genocidio, implica no sólo analizar de qué forma se implementó un modelo de país funcional a los privilegiados sino también “dimensionar el exterminio material, cultural y simbólico” que implicó (cuyas consecuencias persisten hasta hoy) así como la necesidad de desagravio, de reconocimiento social y la búsqueda de verdad y justicia frente a estos sucesos.

Nuevos hallazgos de cadáveres enterrados en el bosque elevaron este lunes (17.07.2023) a 403 el total de presuntos miembros de una secta cristiana muertos en Kenia por practicar un ayuno extremo para poder encontrarse con Jesús. La comisionada regional de Costa de la policía, Rhoda Onyancha, confirmó el total de cuerpos encontrados a la fecha, mientras que los rescatados con vida se mantienen en 95.

“Nuestro equipo médico-legal pudo exhumar 12 cuerpos hoy”, declaró Onyancha. Las autoridades esperan que el balance de la llamada “masacre de Shakahola”, por el bosque donde ocurrieron los hechos, aumente, pues sigue la búsqueda de más fosas comunes en una amplia zona de las costas kenianas, cerca de tres meses después del descubrimiento de las primeras víctimas.

Kenia: ya son más de 200 los muertos en suicidio colectivo

Casi todos los cadáveres han sido exhumados en ese bosque, de más de 320 hectáreas, mientras sólo unos pocos murieron en el hospital después de ser rescatados por la gravedad de su estado. Asimismo, 613 personas han sido reportadas como desaparecidas hasta el momento y se han recogido cerca de 260 muestras de ADN de posibles familiares para averiguar la identidad de los muertos.

La policía considera que la mayoría de los cuerpos exhumados son de adeptos de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva (Good News International Church), creada por el pastor autoproclamado Paul Nthenge Mackenzie, quien abogaba por ayunar hasta la muerte para “encontrarse con Jesús”. Este exchofer de taxi está detenido desde el 14 de abril y será procesado, entre otras cosas, por “terrorismo”.

Liberaron a una discípula de Charles Manson tras 53 años en prisión

Otras 16 personas son acusadas de pertenecer a un grupo de hombres encargados de velar para que ningún adepto cesara el ayuno o escapara del bosque, situado cerca de la ciudad costera de Malindi.

El pasado 27 de junio, el patólogo jefe del Gobierno, Johansen Oduor, indicó que, de los 338 cuerpos examinados hasta esa fecha, 117 eran de menores y 201 de adultos, mientras que 20 se encontraban en un estado de descomposición demasiado avanzado para determinar la edad. Las autopsias también evidenciaron que, si bien todos los cuerpos mostraban signos de inanición, algunos de ellos, sobre todo de menores, tenían también rastros de estrangulamiento y asfixia.

Seis personas murieron y una resultó herida en un ataque contra una guardería de Lianjiang, en la provincia de Cantón, en el sur de China. El agresor fue detenido y la Policía inició una investigación para encontrar las razones de su embestida.

La portavoz del gobierno local dijo que las víctimas fueron una maestra, dos padres y tres alumnos. Aunque no se dieron detalles sobre la identidad o edad de las víctimas del incidente.

Según testimonios de residentes locales, un hombre llegó a una guardería portando un cuchillo, con el que atacó a un niño y dos adultos en la entrada antes de dirigirse hacia el interior.

La Policía local se limitó a explicar en un comunicado que un hombre de 25 años apellidado Wu perpetró un “ataque intencionado”.

China prohíbe estrictamente que sus ciudadanos posean armas de fuego, aunque en los últimos años ha habido una ola de apuñalamientos.

Las autoridades intensificaron la seguridad en las escuelas tras una serie de ataques mortales contra centros educativos.

El antecedente más cercano de un ataque a una guardería en China se remonta a agosto de 2022, cuando “un malhechor con capa y máscara”, según reportó la Policía local, irrumpió en un establecimiento educativo para niños de la provincia de Jiangxi, asesinó a tres personas, también con un cuchillo, e hirió a otras seis.

En abril de 2021, en tanto, un hombre mató a dos personas y dejó a otras 16 heridas en un jardín de infancia de la región sureña de Guangxi.

Algunos meses antes, una mujer de 39 años hirió con un cuchillo de cocina a 14 niños en una guardería en el municipio de Chongqing, en el oeste de China. En esa oportunidad, en las redes sociales se viralizaron imágenes del colegio en las que aparecían varios nenes de entre 3 y 5 años llorando en la puerta de la escuela sobre varias manchas de sangre en el suelo, así como otros menores heridos evacuados en ambulancias.

Un ataque con armas largas contra un grupo de pilotos aficionados de rally en la localidad mexicana de Ensenada (norte, fronteriza con Estados Unidos) dejó 10 muertos y nueve heridos.

La masacre se produjo el sábado por la tarde cuando los automovilistas, que participaban en una carrera de aventura, estaban estacionados junto a una autopista y un grupo de hombres descendió de una camioneta y abrió fuego.

Sucedió durante un evento llamado “Cachanillazo”, en la delegación de San Vicente de Ensenada, Baja California.

La agresión “dejó un saldo de 9 heridos y 10 personas fallecidas”, señaló el gobierno de Ensenada en un comunicado.

Videos publicados en redes sociales muestran los cuerpos de algunas víctimas al lado de los vehículos todoterreno sobre una vereda polvorienta.

La fiscalía del estado de Baja California -al que pertenece Ensenada y duramente golpeado por la violencia del narcotráfico- anunció la conformación de un “grupo especial de investigación” para identificar a los asesinos y determinar los móviles de la matanza, señaló el comunicado.

Algunos heridos recibieron atención de emergencia de paramédicos de la Cruz Roja local, que posteriormente los trasladaron a hospitales en el centro urbano de Ensenada, municipio de unos 440.000 habitantes.

Baja California es uno de los estados donde más se cometen homicidios dolosos en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. Entre enero y abril pasado se ejecutaron allí 721 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales.

Esa y otras cinco entidades concentran 47,3% del total de homicidios registrados en el país en igual período (9.912 casos).

México está envuelto en una espiral de violencia que deja casi 400.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno desplegó una polémica ofensiva antidrogas con apoyo de Estados Unidos y participación de las fuerzas armadas mexicanas.

“Hasta el momento se tiene el reporte que en el lugar de los hechos fallecieron seis hombres y dos mujeres”, indica el texto, al agregar que “se ha reforzado la seguridad de esa zona con los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad”.

De acuerdo con medios locales, un comando armado ingresó al centro nocturno con armas de grueso calibre y abrió fuego entre los comensales.

El gobierno del estado de Guanajuato dijo que abrió las investigaciones para dar con los responsables, en coordinación. con las instituciones de seguridad correspondientes.

Luna dijo que después del enfrentamiento -en el que diez personas murieron y otras tantas resultaron heridas-, los agentes encontraron al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida.

Luna identificó al sospechoso como Huu Can Tran, de 72 años.

Año Nuevo Chino: qué es, cómo se celebra y qué costumbres y supersticiones lo rodean

El presidente Joe Biden ofreció sus condolencias luego del tiroteo en Monterey Park, California, que mató al menos a 10 personas el sábado por la noche en un estudio de baile cerca de la celebración del festival del Año Nuevo Lunar.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park.

I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead.

— President Biden (@POTUS) January 22, 2023

Biden reconoció el impacto en la comunidad asiáticoamericana e isleña del Pacífico (AAPI) mientras los funcionarios continúan investigando un motivo. (Recuerda: es demasiado pronto para decir si se trató de un crimen de odio porque el motivo aún se desconoce, dijo el Capitán Andrew Meyer del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles).

“Incluso mientras continuamos buscando respuestas sobre este ataque, sabemos cuán profundamente ha impactado este ataque a la comunidad AAPI. Monterey Park es el hogar de una de las comunidades AAPI más grandes de Estados Unidos, muchas de las cuales estaban celebrando el Año Nuevo Lunar junto con sus seres queridos y amigos este fin de semana”, dijo.

Biden reiteró que ha pedido apoyo federal total para las autoridades locales y estatales.

“Mientras esperamos más información crucial de la policía, quiero asegurarle a la comunidad de Monterey Park y al área en general que los apoyaremos en todo lo que podamos”, concluyó.

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Unas trece personas murieron, incluidos siete niños, después de que un hombre abriera fuego en una escuela en la ciudad de Izhevsk, en el centro de Rusia. Por otro lado 14 niños y siete adultos resultaron heridos. Los tiroteos en las escuelas se han estado sucediendo en ese país desde hace unos años.

El atacante “se suicidó”, informó el Comité. Según los investigadores, “llevaba un top negro con símbolos nazis y un pasamontañas” y no portaba ninguna identificación.

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Por otro lado, Putin calificó al tiroteo en la escuela rusa de “acto terrorista inhumano”.

El gobernador de la región, Alexander Brechalov, confirmó que hubo “bajas y heridos entre los niños”, hablando en un comunicado en video afuera de la escuela No88 en Izhevsk.

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El último gran tiroteo en una escuela de Rusia fue en abril, cuando un hombre armado abrió fuego en un jardín de infantes en la región central de Ulyanovsk, dejando un maestro y dos niños muertos.

El tirador, descrito como “enfermo mental”, fue encontrado muerto más tarde, y las autoridades dijeron que se había disparado a sí mismo.

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Al menos 19 personas murieron en un tiroteo registrado anoche en el municipio de Zinapécuaro, en el centro de México, informó hoy la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La Fiscalía fue informada a las 22.30 locales (la 1.30 de hoy en la Argentina) de una “agresión perpetrada contra los asistentes” a un encuentro que se celebraba en la localidad de las Tinajas, y al llegar al lugar halló “19 cuerpos sin vida (16 hombres y tres mujeres), que presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego”, según el comunicado.

Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, agregó la misma fuente.

La FGE abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

México está inmerso en una espiral de violencia que ha causado unos 340.000 muertos -en su mayoría atribuidos a acciones del crimen organizado- desde 2006 cuando el Gobierno de Felipe Calderón desplegó una ofensiva militar antidrogas.

El estado Michoacán y el vecino Guanajuato son dos de los que más violencia registran en México, debido a la guerra entre bandas rivales involucradas en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

En 2021 Michoacán registró 2.732 asesinatos, equivalente a poco más del 8% de los 33.315 homicidios dolosos ocurridos en todo México.

El 10 de marzo, el alcalde del municipio de Aguililla en Michoacán, César Valencia, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en una camioneta del ayuntamiento.

El papa Francisco hizo hoy un sentido llamado para que se ponga fin a la “masacre” y al “inaceptable ataque armado” en Ucrania, invadida por Rusia desde el 24 de febrero, y aseguró que de lo contrario se reducirán las “ciudades a cementerios”.

Tras la oración dominical del Ángelus, el pontífice argentino condenó la “barbarie” de matar a civiles, incluidos niños, y suplicó: “En el nombre de Dios, les pido que detengan esta masacre”.

El Papa indicó que la portuaria Mariupol, en el sur de Ucrania, asediada y gravemente golpeada por ataques rusos, “se ha convertido en una ciudad mártir en la desgarradora guerra que está devastando a Ucrania”, informó la agencia de noticias AFP.

“Frente a la barbarie de la matanza de niños, personas inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas, solo se debe detener el inaceptable ataque armado, antes de que reduzca las ciudades a cementerios”, aseveró.

El pontífice además pidió “que se escuchen los gritos de los que sufren y que cesen los bombardeos y los atentados. Que haya un enfoque real y decisivo en la negociación, y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros”, informó el portal de información de la Santa Sede, Vatican News.

Hoy se cumplen nueve años del papa Francisco al frente de la Iglesia católica.

Desde el principio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Francisco se mostró muy comprometido con el tema, condenando la guerra varias veces, aunque sin mencionar a Rusia.

La semana pasada, el cardenal polaco Konrad Krajewski, limosnero del Vaticano, llegó a Ucrania en representación del pontífice, que le pidió permanecer allí el tiempo necesario para brindar apoyo al pueblo ucraniano “en estos momentos dramáticos de su historia”.

El 25 de febrero, un día después del inicio de las operaciones miliares rusas en Ucrania, el Papa visitó la embajada rusa ante el Vaticano, donde se reunió con el embajador para intentar mediar en el conflicto.

En los días subsiguientes, Francisco pidió detener los ataques armados, abrir corredores humanitarios para civiles que quieren huir de zonas de combate y del país y encontrar una salida diplomática a la crisis.

El pontífice ha rezado varias veces por los refugiados ucranianos, a los que donó material sanitario. También agradeció a Polonia por haber recibido a más de 1 millón de ellos.