“No alcanza con discutir la baja de la edad de imputabilidad si no se persigue con todo el peso de la ley a los adultos que utilizan menores para delinquir. Esta problemática requiere una respuesta inmediata, enérgica y coordinada por parte de las agencias estatales responsables”. La frase es del diputado Martín Rosúa (UCR - Unidos) y está contenida en los fundamentos de un pedido de informes ingresado el pasado jueves en la Cámara.

El pedido de informes apunta a conocer estadísticas en la provincia sobre menores en conflicto con la ley penal. Rosúa ingresó el proyecto en la semana en que en la Cámara de Diputados de la Nación se dictaminó el proyecto de ley para bajar a 14 años la edad de imputabilidad de menores. El tema está listo para llegar al recinto y obtener media sanción.

“Creemos que es un debate demagógico, poco racional con falta de estadísticas y que de sancionarse va a producir un fuerte impacto en la provincia” apuntó Rosúa en opinión incluso contraria a sus correligionarios nacionales que firmaron el dictamen.

La presentación del proyecto no pasó inadvertido y enseguida solicitaron adherir con la firma desde diferentes espacios políticos. Primero fue el socialista Joaquín Blanco y enseguida se sumaron Amalia Granata (Somos Vida) y Alejandra Rodenas (Compromiso Justicialista). “Qué popular que es hoy el diputado Rosúa” señaló la ex vicegobernadora. Alicia Azanza (Somos Vida), Marìa Fernanda Castellani (Pro), Astrid Hummel (Pro), Walter Ghione (Uno), Edgardo Porfiri (Unidad por Santa Fe) y por último Germán Scavuzzo (UCR) pidió sumar la firma de los 28 legisladores de Unidos.

El pedido de informes apunta a que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación suministren estadísticas de los últimos diez años sobre causas en trámite y/o elevaciones a juicio y/o sentencias dictadas en relación a delitos que tuvieran participación de menores de edad, detallando específicamente en cuántas de ellas participaron menores de 16 años de edad.

Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola.

La existencia y aplicación de protocolos, estrategias o criterios de persecución penal específicos frente al uso de menores, por parte de adultos, para la comisión de delitos. Otro punto es la evolución de la participación de menores de edad involucrados en delitos en los últimos 15 años con porcentaje de esos delitos atribuidos a menores de 14, 15 y 16 años de edad.

El último punto es sobre la existencia de establecimientos adecuados para la detención de los menores de edad y las condiciones en las que son alojados.

“En el contexto del debate sobre la edad de imputabilidad penal, resulta urgente atender una problemática que afecta gravemente la seguridad ciudadana: el uso sistemático de menores por parte de adultos para la comisión de delitos. Este fenómeno, lejos de ser aislado, se ha instalado con fuerza en nuestra provincia, especialmente en ciudades como Rosario. Adultos que se valen de la inimputabilidad de los menores para ejecutar hechos delictivos no solo exponen a estos niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia, sino que además perpetúan la impunidad de los verdaderos responsables” señaló Rosúa a El Litoral.

Pullaro en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Recordó el asesinato de Bruno Bussanich donde, un menor habría actuado como autor material del hecho, bajo órdenes de adultos. Este tipo de episodios muestran la urgencia de actuar legislativamente”, señaló.

El legislador entiende que es necesario que a nivel nacional -códigos de fondo- se debatan reformas legislativas que contemplen una figura penal específica para quienes corrompen o utilizan menores con fines delictivos, con penas especialmente agravadas.

Rosúa enfatizó ante El Litoral que “es prioritario y complementario a cualquier debate sobre la edad de imputabilidad, enfocar los esfuerzos legislativos en sancionar con mayor dureza a aquellos adultos que involucran a menores en el mundo del crimen. La creación de una figura penal específica como la "Corrupción de menores con fines delictivos", con penas significativamente más graves, es un paso necesario para disuadir estas prácticas y proteger a los menores”. Para el santafesino “es imperativo que la Justicia cuente con herramientas más eficaces para perseguir y castigar con toda la fuerza de la ley a quienes corrompen a nuestros jóvenes”.

Al pedido de informes ingresado se sumó otra iniciativa para que la Cámara de Diputados organice una jornada de debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y su impacto en la provincia de Santa Fe. El objetivo es sumar voces de especialistas, académicos, operadores del sistema de justicia, representantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos y actores relevantes para intercambiar ideas, exponer diferentes enfoques y enriquecer la discusión parlamentaria. “Es el aporte que podemos hacer desde Santa Fe a la discusión en el Congreso”, señaló.

Diversas áreas del Poder Ejecutivo, del MPA y de la Corte Suprema de Justicia trabajan para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe previsto para la segunda quincena del mes próximo.

Es la norma que determinará el procedimiento penal para menores entre 16 y 18 años en conflicto con la ley. Mientras tanto, en el Congreso ya preparan bajar la edad a 14 años.

Con el respaldo de los senadores nacionales, Carolina Losada y Dionisio Scarpin, se pidió la declaración de interés en el Senado de la Nación de la ordenanza municipal de Rosario para la creación de un Sistema de Control Financiero para la prevención del lavado de activos. 

La iniciativa, que tiene como objetivo dotar al gobierno local con una herramienta más para frenar el lavado de activos del narcotráfico y delitos provenientes del comercio ilegal, fue en primer lugar impulsada por el concejal de Juntos por el Cambio y referente de la UCR santafesina, Martín Rosúa. Luego de complementarse con aportes del propio intendente de la ciudad, Pablo Javkin, y otros concejales, el proyecto de Agencia Antilavado fue aprobado el pasado 11 de agosto. 

Ante una situación de violencia urbana inédita en Rosario, Rosúa presentó a principios de año un proyecto para dotar al municipio de una herramienta que le permita actuar con mayor peso y protagonismo frente a los embates de las organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico. 

“Buscamos pegarle al narcotráfico donde más le duele, en sus negocios”, explicó Rosúa sobre la ordenanza que pondrá en marcha la agencia que, mediante el entrecruzamiento de datos que posee el Municipio, en convenios con otros organismos provinciales y nacionales, podrá detectar incongruencias entre los patrimonios o bienes de una persona con nula o inexistente actividad económica que lo justifique.  

“Esta ordenanza no solo vino a constituirse en una herramienta más para combatir al narcotráfico, sino que se transformó en la primera norma en su tipo dictada desde un Municipio en la República Argentina”, señaló Carolina Losada, quien confía que, a través de la declaración de interés por parte del Senado, pueda constituirse en un modelo a ser tomado por otras ciudades y localidades en todo el país.  

La crisis en seguridad que vive la provincia de Santa Fe tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, que hace más de 10 años viene padeciendo el flagelo del narcotráfico con una magnitud jamás vista en nuestro país. “La inseguridad es hoy la principal preocupación de los santafesinos, que viven acorralados por el miedo ante la inacción y la falta de un plan, tanto del gobierno provincial como el nacional”, expresó Losada. La senadora viene pidiendo la aprobación de su proyecto para la declaración de “Emergencia en seguridad” para todo el territorio provincial.  

“Mientras el kirchnerismo sólo se encolumna detrás de la ex presidente para solucionar sus problemas con la justicia, en mi provincia los vecinos viven con miedo”. En lo que va del año, Santa Fe registra 287 homicidios, más de 500 heridos, figurando entre los muertos, 22 menores de edad y 45 mujeres. 

“La situación es crítica y la ciudadanía necesita que la dirigencia, en todos sus estratos, trabaje codo a codo para hacerle frente a una situación tan compleja como urgente”, agregó Rosúa, quien detalló que la principal  función de la Agencia Antilavado es el entrecruzamiento de datos ya digitalizados de los distintos entes y registros (Registro automotor, embarcaciones, Registro Propiedad, API, Rosario Digital, etc., con AFIP, MPA y UIF), unificando y relacionando la información suministrada sobre los bienes que posee una persona con sus actividades económicas lícitas y sus antecedentes penales. “Cuando el resultado de la investigación encuentre una situación de incongruencia entre los bienes que posee y sus ingresos económicos, la Agencia elevará un informe al organismo judicial correspondiente. Para combatir al crimen organizado es necesario que todos los poderes del estado, en todos sus niveles, estén alineados”.