Un aluvión de críticas y el llamado a respetar a las instituciones y a la ciudadanía, previo a las próximas elecciones presidenciales, es lo que en las últimas horas ha generado la viralización de un video en el cual el presidente del INTA, Mariano Garmendia, pide públicamente "acompañar el proyecto que encara Sergio Massa".

Con referencias más o menos directas al hecho, diversas entidades del agro condenaron el uso político partidario del Estado con fines electoralistas.

A nivel nacional, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) sentó posición en un comunicado que tituló "El INTA no debe embanderarse con la política partidaria". El texto señala que, si bien es respetable la posición personal del funcionario "deploramos la utilización del cargo en organismos públicos para presentar ideas propias".

Las cuatro entidades madre del agro (FAA, CRA, SRA y Coninagro) sostienen que un organismo técnico y público como el INTA, conformado en forma mixta por técnicos y productores, "no debiera cruzar el límite de la imparcialidad institucional, dejando que cada quien exprese sus ideas políticas en los ámbitos correspondientes; pero sin utilizar al organismo técnico".

Al respecto, aclaran que Garmendia "hace expresa mención al cargo que ocupa y con ello embandera a la institución en una posición, que no solo no corresponde; sino que desmerece el trato igualitario, diverso y prescindente que debiera tener la institución a la que circunstancialmente preside".

Al mismo tiempo, diversas entidades de base también salieron al cruce en las provincias. Carsfe remarcó "la importancia del pensamiento independiente" frente a los próximos comicios. Sin mencionar a Garmendia ni al INTA, el mensaje está orientado a "respetar a las personas, la importancia del pensamiento independiente y el derecho a la toma de decisiones, sin campañas de agravios que fomenten la fragmentación social".

En esa línea, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe manifestó: "valoramos las instituciones como piedras angulares de la vida democrática de una República, y eso excluye las miradas personalistas y paternalistas".

Al igual que la CEEA, Carsfe llamó a vivir "con autonomía personal este proceso democrático, ya que nuestra condición de ciudadanos nos permite -y nos exige- discernir, pensar, elegir y hacer por nosotros mismos, por la familia, por nuestra sociedad y por el futuro de nuestra querida patria".  

Entres las rurales santafesinas, la de San Justo sentó posición en el mismo sentido de ambas entidades. Como integrante de CRA, hicieron propia la idea de "deplorar la utilización del cargo en organismos públicos para presentar ideas propias". Y remarcaron que, siendo parte de INTA, a través de la participación de consejeros locales, regionales y nacionales, "resulta ofensivo ver estos mensajes, sobre todo desde un organismo autárquico financiado por el aporte de los contribuyentes". 

Por ello, la entidad sanjustina instó a la ciudadanía a "participar del acto democrático del próximo domingo, asumiendo el rol cívico que cada voto implica a la hora de comprometerse desde el lugar de cada uno en la construcción de un país mejor para todos".

Desde Córdoba, en tanto, la Sociedad Rural de Jesús María no escatimó críticas hacia Garmendia por el uso partidario de un organismo técnico del Estado. Tampoco evitaron posicionarse políticamente, al proponer "¿vamos a votar o vamos a olvidar?" En ese sentido mencionan "la filosofía destinada al sometimiento de la población, que ostenta el gobierno oficialista y todos los súbditos al servicio de su indiscutida sed de poder y gimnasia de corrupción". 

"Está claro, también, que buscan perpetuarse empobreciendo la Argentina al extremo, cerrándola al mundo, haciéndola insegura, mal educada, falta en salud, sin certeza de futuro, plagada de impuestos, con inflación récord y abandonada en su federalismo precursor. ¿Toleraríamos más motivos? Ellos sí y por eso creemos que no es casual", dispararon los cordobeses. 

Al accionar de Garmendia, en particular, los consideraron "decepcionante" y remarcaron que "su posición seguramente condiciona a muchos y atenta contra el libre pensamiento de otros". 

Tras considerar que "estas cosas son las que siguen llevando al borde del abismo con ojos tapados a tantos compatriotas", desde la rural de Jesús María clamaron: "Tengamos memoria al momento de votar, que nuestra nación está patas para arriba".

(Por Juan Manuel Fernández) – Luego de la polémica que generó la cesión de terrenos de INTA Castelar a la Universidad de Hurlingham, el presidente del ente, Mariano Garmendia, consideró que el organismo necesita “tener una política de tierras”, sobre todo ante el avance de las ciudades sobre algunas “experimentales”. Lo manifestó justamente en la víspera a la visita que realizó este miércoles 17 de mayo a la EEA Rafaela, donde parte del predio está dentro del “periurbano” y por lo tanto impedido de utilizar productos fitosanitarios debido a las restricciones impuestas por el municipio local.

Esta semana, varias entidades rurales de Buenos Aires denunciaron un “desmantelamiento”, tras la cesión de terrenos del INTA Castelar. Como antecedente, en 2021 un diputado había propuesto en el Congreso Nacional la donación de tierras del INTA Cerrillos en Salta para lotear y construir viviendas, iniciativa que finalmente no prosperó.

Respecto del acuerdo con la Universidad de Hurlingham, Garmendia explicó a Campolitoral que data del 2016 y prevé la creación de un Instituto de Biotecnología para ser co-gestionado entre ambas instituciones. “Ahora se materializó ese acuerdo”, dijo, y explicó que tiene 3 partes: la creación del centro; la concreción de un centro deportivo, también co-gestionado; y viviendas que el 20% será para trabajadores de INTA, “cosa que nunca antes había pasado”.

La cesión de tierras -sostuvo- se hizo para que pueda llegar el financiamiento, “pero es una cesión con cargo, o sea que si no se cumplen estas cuestiones el INTA vuelve a tomar el control de estas tierras”.

El descontento, dijo, se generó porque “no se ha informado lo bien que quisiéramos por parte de la prensa”.

A raíz de esta situación, Garmendia declaró: “naturalmente en el INTA deberemos tener una política para tierras; hay muchas Estaciones Experimentales que hace 50 años estaban ‘lejos’ de las ciudades hoy están dentro de los ejidos urbanos y tenemos que ver alguna manera de gestionar todo eso”.

Esa es, justamente, la situación que atraviesa la EEA Rafaela, parte de cuyos terrenos quedaron impedidos de realizar ensayos agrícolas ante la prohibición del municipio de utilizar productos fitosanitarios en el anillo periurbano. Según el funcionario, “lo más importante es mantener un diálogo muy fluido con las autoridades provinciales y municipales; tener un manejo muy responsable de los productos fitosanitarios”.

Aunque no lo hizo refiriéndose a la EEA Rafaela, consideró: “en algunos casos, lamentablemente, cuando ya estamos muy adentro de las ciudades, vamos a tener que pensar en un proceso de relocalización de alguna experimental”, porque en ciertas circunstancias “va a costar mucho trabajar y conciliar un medio rural y uno urbano”.

Es eso lo que viene sucediendo en la cabecera del departamento Castellanos, donde tras un largo e intenso debate en el Concejo Deliberante finalmente se sancionó una ordenanza con cierto consenso entre la producción y las autoridades para instrumentar un uso responsable con garantías tanto para la población como para el medio ambiente. Pero los activistas ambientales judicializaron la norma, pese a contemplar un cinturón ecológico, y se volvió a las restricciones previas.

Antes de visitar Rafaela, Garmendia estuvo en INTA Oliveros, donde se vive una situación opuesta. Pese a que quedó “envuelta” por la ciudad, “no hay ningún problema” -dijo- porque hay una zona de agricultura periurbana que tiene una zona buffer que permitió un manejo responsable y bien articulada sin conflictos. En Rafaela “vamos a trabajar con el equipo de gestión de la Experimental”, prometió, para buscar consensos, además de “cumplir las normas, de un lado y del otro”.