Por Nancy Balza

El gabinete del presidente Javier Milei será otro desde la semana próxima. Es la única certeza en medio de tantas versiones y desmentidas. El miércoles se anunció el alejamiento de Gerardo Werthein del ministerio de Relaciones Exteriores y este jueves se confirmó lo que hasta ahora era una presunción: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo a partir del lunes.

En la reconfiguración del equipo más cercano al mandatario nacional ya se tenían en cuenta tres bajas: la del vocero Manuel Adorni que en mayo fue electo diputado por CABA; Luis Petri, de Defensa, que encabeza la lista de LLA para diputados nacionales por Mendoza, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, que hace lo propio para senadores por Capital Federal. Si los resultados acompañan a las expectativas, ambos funcionarios deberán dejar sus cargos. Pero eso ya estaba en los planes.

La novedad, que en realidad era un “secreto a voces”, la trajo, primero, Werthein y ahora Cúneo Libarona quien, según medios nacionales, “ quiere tiempo con sus afectos y su familia”.

Para esta nueva etapa, casi a la mitad del mandato, Milei tiene previsto encarar las reformas de segunda generación, que incluirían una Ley Bases 2 y un Plan “Hojarasca” 2. Habrá que ver cuál es el equipo que sostiene y cual el que renueva para cumplir la segunda parte de su mandato.

La posibilidad de un “ascenso” para el asesor Santiago Caputo suena entre las posibilidades que se barajan, como también el malestar que genera entre algunos integrantes del círculo que rodea a Milei.

La otra incógnita es cuál será el lugar para Guilermo Francos, hombre de confianza, Jefe de Gabinete de Ministros pero que afronta serias objeciones desde el Congreso Nacional, donde una oposición ampliada pide, en principio, su interpelación por la no aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Todo indica que la semana próxima será de alta tensión en el seno del gobierno y de mucho material para analistas y periodistas. Casi como viene ocurriendo, prácticamente, desde el 10 de diciembre de 2023.

El gobierno nacional cerrará nueve Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en la provincia de Santa Fe, en el marco de una medida que abarca 155 en todo el país. Según lo detallado en el anexo de la resolución 19, publicada en el Boletín Oficial, se trata de uno en la ciudad capital, otro en Santo Tomé, tres en Rosario, tres en Gálvez y dos en San Jorge.

La decisión forma parte de la política de reorganización de todo el sistema, y de avanzar hacia la conformación de un registro único y digital, eliminando costos y burocracia. Algo que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, caracterizó como una manifestación de la "motosierra 2.0".

Conforme al detalle publicado, la disposición involucra a las siguientes oficinas en el territorio provincial:

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Santa Fe Letra "B" (45043) ubicado en Av. Gdor. Freyre 1.465

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Santo Tomé (21071) ubicado en Avenida 7 de Marzo 1.415

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Gálvez Letra "A" (45008).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Gálvez (71009).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 3 (21015).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 12 (21050).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Rosario Letra "B" (45033).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Jorge Nº 2 (21064)

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de San Jorge Letra "B" (45042).

Según indica la resolución, se dispone instruir al organismo registral para determinar la forma y los plazos necesarios para poner en práctica los cierres, una vez que se encuentren dadas las condiciones técnicas para su materialización.

El Ministerio de Justicia enmarca la medida dentro del proceso de reestructuración del Estado, alineado con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En este sentido, el cierre de registros busca reducir costos administrativos, eliminar intermediaciones y digitalizar trámites.

Desde el Gobierno argumentan que el sistema registral estaba sobredimensionado y burocratizado, lo que encarecía los costos para los usuarios y generaba distorsiones en la administración pública.

Registro del Automotor de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

"Arrancó la motosierra 2.0 en los registros automotores. Hoy cerramos 155 más. En poco más de un año, le pasamos la motosierra al 20 por ciento de los registros automotores", celebró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en referencia a la desaparición de un total de 320 de estas oficinas.

En esa línea, sostuvo que "el objetivo es ir hacia un registro único y ciento por ciento digital. Por eso, modernizamos la cédula azul para poder obtenerla en menos de cinco minutos a través de la aplicación Mi Argentina. Y permitimos la libre inscripción de los vehículos 0 km. En cualquier sede del país, sin restricción, por domicilio", agregó.

"Durante décadas, los registros automotores fueron el eje de un sistema diseñado por la casta para exprimir a los ciudadanos. Nos quitaron la libertad de elegir y fuimos víctimas de sus costos abusivos", aseguró Cúneo Libarona, y adelantó: "En los próximos días, anunciaremos nuevas medidas contra la burocracia en los registros automotores".

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a los elogios a la medida y afirmó: "El objetivo es permitir la inscripción de vehículos 0 Km en cualquier registro del país, sin restricciones por domicilio, lo que fomentará la competencia entre jurisdicciones para ofrecer costos impositivos más convenientes. Además, se simplificarán otros trámites".

Tras una auditoría inicial, el Gobierno anunció la eliminación progresiva del 40 por ciento de los registros automotores. Así, en julio pasado, se suprimieron 136, se frenó la apertura de otros doce y se redujo el personal. Todo esto, luego de la firma de un decreto de necesidad y urgencia en diciembre de 2023.

El año pasado, el Gobierno ya había establecido reducciones de aranceles para la compra y venta de autos y había creado un legajo digital, como así también otras medidas tendientes a reducir impuestos como el pago por emisión de células de identificación automotor, títulos, chapas y patentes.

Además del fin del cobro de tasas, patentes o multas provinciales o municipales en los registros nacionales, la reestructuración avanza sobre la manera de transferir un auto usado.

Hasta el momento "existía la negativa de pago, pero los registros igual obligaban a tener que saldar todo o no avanzaba el trámite. Hoy eso deja ser así: el registro libera el auto aunque tenga deuda de patente o de multas y eso se arregla entre vendedor y comprador", indicaron desde el Ministerio de Justicia.

Son unas pocas líneas en el extenso texto del Código Penal Argentino. El artículo 80, inciso 11, establece que cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, los jueces podrán imponerle una sanción de prisión perpetua.

Es así desde el año 2012, a partir de la modificación del capítulo Delitos contra las personas, aprobada por el Congreso de la Nación a través de la ley 26.791.

Pero la incorporación de ese agravante (entre otros) a la Ley 11.179 requirió mucho más que unas pocas líneas: fueron estadísticas, documentos, investigaciones y muchas horas de análisis acerca de lo que estaba ocurriendo en el país y la región, donde los crímenes cometidos contra mujeres por su condición de género estaban en aumento.

Un antecedente ineludible fueron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (México), donde las cruces de color rosa se erigieron como símbolo de lucha contra estos crímenes.

La mencionada ley, que doce años atrás fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en segunda revisión, sustituye dos incisos del art. 80 del Código Penal y establece, en el art. 1, que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52.

El mismo señala que al que matare: A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

En el art. 2 incorpora como incisos 11 y 12 los siguientes textos: "A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género", y "con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°".

"Fue un proceso muy interesante, había proyectos presentados y situaciones concretas", recuerda 12 años después Celia Arena, actual diputada provincial, por entonces legisladora nacional por el Frente para la Victoria y autora de una de las iniciativas que se llevaron al recinto de la Cámara baja para su sanción unánime.

"Había un consenso, más allá de los distintos espacios políticos, de trabajar sobre este tema, entendiendo que modificar el Código Penal no cambia las realidades y menos en una cuestión como ésta" asegura.

"Pero fue un avance pasar del 'crimen pasional' (como se catalogaban hasta entonces ciertos asesinatos de mujeres) a entender que hay una situación específica y concreta que tiene que ver con los femicidios como figura penal".

En ese punto, la ex ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe aclara que esta modificación "no va en desmedro de los crímenes de mujeres hacia hombres, sino que permite entender que hay una característica esencial que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad de las mujeres".

Cruces rosas como símbolo de la lucha para esclarecer el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez (México), uno de los hechos más representativos de la violencia de género en el continente. Archivo

¿Por qué es necesaria esta explicación? Porque en los últimos días el gobierno nacional anticipó que pondrá en marcha, entre otras reformas vinculadas a la agenda de género, la eliminación de la figura del femicidio en aras del concepto de "igualdad ante la ley" que, interpreta, consagra la Constitución Nacional.

No hubo anuncio oficial al respecto, pero la decisión de la administración Milei ganó fuerza el jueves por la tarde, horas después del fuerte discurso pronunciado por el presidente argentino en el Foro de Davos. Y terminó de consolidarse el viernes en palabras del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En Davos, el mandatario nacional cargó contra "el wokismo" al que consideró "la epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar". Y ubicó dentro de ese concepto al feminismo, la diversidad, la ideología de género y la inclusión.

Muy poco después se supo del impulso oficial a cambios en la legislación argentina, entre ellos, la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal.

En su argumentación, el ministro de Justicia señaló que "ninguna vida vale más que otra" y que "el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra".

No es la única modificación que, si se materializa en un proyecto concreto, aguardará a legisladores y legisladoras en el período de sesiones ordinarias, también figura en la agenda presidencial la derogación de:

"Estoy viva porque lo puedo contar". Foto: Reuters

Volviendo al tema específico del femicidio, es interesante repasar algunos conceptos para establecer, por ejemplo, por qué no todo homicidio es catalogado como tal.

En ese sentido, un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación señala que un femicidio siempre es un homicidio.

Pero "para que el homicidio de una mujer constituya femicidio tiene que mediar una violencia particular, que se enmarca en un contexto específico. La diferencia sustancial es que el femicidio está determinado por razones de género; refunda y perpetúa los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, etc.".

"La característica de estos crímenes es que son cometidos por hombres hacia mujeres por ser mujeres, por la carga simbólica que representa ser mujeres", refuerza una fuente del Ministerio Público de la Acusación consultada por El Litoral.

En el país y en la provincia de Santa Fe, la mayoría de los casos con condena tienen que ver con femicidios íntimos, es decir, cuando entre imputado y víctima hay una relación, sobre todo de pareja. Otra tipología frecuente es la de femicidios sexuales y el caso típico es cuando el imputado viola y mata a una trabajadora sexual.

La misma fuente refiere a un latiguillo que se escucha con frecuencia cuando se analiza el concepto de femicidio y resonó una vez más en las últimas horas: y es que no hay una figura penal específica cuando la víctima es varón. "Hay otros agravantes en el artículo 80 del Código Penal donde quedan tipificadas conductas que afectan a hombres víctimas de ciertas violencias", advierte.

Y señala que los estudios de género abordan también cuestiones vinculadas a las masculinidades y la manera en que se violenta a los hombres que no siguen determinados patrones de conducta. "La mayoría de las situaciones están consideradas por el Código Penal, incluso si se trata de una persona que pertenece al colectivo LGBTQ+", subraya.

El último informe publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia revela que en 2023 hubo 272 víctimas letales de violencia de género (entre femicidios directos y femicidios vinculados), la mayoría en contexto de violencia doméstica y en mayor número a manos de la pareja o ex pareja de la víctima. Fue un hecho cada 35 horas.

Otros registros indican que en 2024 ocurrió un femicidio cada 33 horas en el país. En lo que va de 2025, fue uno cada 20.

En la región de América Latina y el Caribe solo dos países, Cuba y Haití, carecen de una norma para penalizar el femicidio. Si prospera la iniciativa del gobierno nacional, Argentina será el tercero.

El Gobierno analiza la iniciativa de trasladar parte del Ministerio de Justicia al edificio de la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan actualmente dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo algunos despidos para reducir personal.

En las últimas horas hubo cesantías en el Centro Cultural Haroldo Conti y Archivo General de la Memoria, que funcionan en el predio del barrio porteño de Núñez y esto desató fuertes críticas y marchas de organismos de derechos humanos.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, deslizó que el gobierno de Javier Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para "cerrar la ex ESMA" y días después el secretario de DD.HH., Alberto Baños, le salió al cruce y dijo que "miente".

En el marco de la iniciativa de Milei de reducir el Estado, el Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.

Esto incluyó la supresión del Inadi y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer, mientras que en 2025 tiene previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

Como parte de esos cambios, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera de Justicia, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

El ajuste en esa cartera incluyó la reducción de un 50 por ciento de los autos oficiales y se disminuyó entre un 20 y un 30 por ciento el gasto destinado al personal de custodia. En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, mudó la sede del ministerio de Justicia a la ex-ESMA.

La administración de Javier Milei anunció que a partir del 31 de diciembre se eliminarán más de 2400 contratos irregulares del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El Ente está a cargo del Ministerio de Justicia, cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

"Se eliminará el pago de los llamados incentivos al personal, que representaban una erogación anual de $15.600 millones", indicó la cartera de Justicia en un comunicado.

El ministerio a cargo de Mariano Cuneo Libarona señaló que "administraciones anteriores utilizaron este ente como una verdadera caja de política" para "contratar empleados de manera irregular" y "pagar incentivos de forma discrecional y arbitraria, evadiendo los controles del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)".

"El mandato del presidente Javier Milei es claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría", aseveró la cartera de Justicia.

Al respecto, Cúneo Libarona se pronunció en sus redes sociales y expresó que "esto recién empieza" y que "se terminó la joda".

Por Juan A. Venturini

Próximos ya al 1º de Mayo, conmemoración de la casi olvidada sanción, en la ciudad de Santa Fe, de la Constitución Nacional de 1853, cuyo Preámbulo y contenido nos define como ciudadanos, y nos diferencia de meros habitantes, me resulta preocupante y grave que no se escuchen ya, las voces necesarias de nuestros representantes en rechazo rotundo de la propuesta para la designación como futuro ministro de la Corte Suprema de Justicia, nada menos que del actual juez federal Ariel Lijo, por parte del presidente Javier Milei.

Demasiado pocos pronunciamientos de dirigentes políticos, que se suman a las prestigiosas instituciones representativas de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, así como la de destacados periodistas y comunicadores sociales, nos vienen alertando sobre este acto que representaría un muy grande retroceso institucional, si tal hecho se concretara. 

Una verdadera agresión a las Instituciones de la República (la idoneidad de los funcionarios) prevista en nuestra Constitución inicial y mantenida en la actual vigente.

Proclamar la Libertad para afrentar a las Instituciones es una evidente contradicción, que no debería prosperar. 

El hecho apuntado, que necesita de los dos tercios de senadores presentes, sólo sería posible con un acuerdo político entre Milei y el kirchner-peronismo todo. También lo facilitaría el silencio e inacción de los restantes senadores. Una concesión llamativa a la "casta" que se proclama combatir.

¿Lo dejaremos pasar en silencio? ¿Se apoyará la designación con resignación o complicidad, como cuando se designó a Alejandra Gils Carbó como Procuradora Nacional?

¿El ministro Mariano Cúneo Libarona conseguirá llevar adelante la defensa de tal proyecto con el único y falso argumento de que quienes critican y se oponen a semejante propuesta "no entienden nada"?

Que lo urgente, la crisis económica/social y sus vaivenes, no tape lo importante; porque, si así fuera, digo respetuosamente, lo urgente, nunca se resolverá.

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió en Rosario al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, con quien abordaron temas de la agenda conjunta entre los estados provincial y el federal, que se desarrolla en estos días enfocada principalmente en avanzar contra las bandas delictivas.

Tras la reunión, se ofreció una conferencia de prensa. Allí el primero en hablar fue el mandatario santafesino, quien se refirió “a los inmensos desafíos que tenemos en la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de construcción de seguridad hablamos también de la articulación con el sistema judicial y se sabe del trabajo que venimos llevando en Santa Fe: un trabajo denodado, conjunto, codo a codo, espalda con espalda con la Justicia de nuestra provincia y también con la Justicia Federal”. “Por eso -remarcó- entendemos sumamente importante la presencia de las autoridades máximas de Justicia del Gobierno Nacional, que vienen a trabajar en la reformas que necesita la República Argentina pero que particularmente necesita la provincia de Santa Fe, una reforma que tenemos que llevar adelante pensando en poner en marcha el nuevo sistema acusatorio federal, que para nosotros es y debe ser urgente”.

Pullaro valoró la presencia de funcionarios nacionales en las últimas semanas en Rosario (la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri). “Esta es una ciudad muy golpeada por la criminalidad y tenemos el inmenso desafío de resolver este problemas y de seguir siempre adelante para demostrar que el Estado tiene más capacidad de articulación, pero fundamentalmente, más peso que estas organizaciones criminales”.

Por su parte, el ministro Cúneo Libarona afirmó que “Santa Fe tiene un gobernador que da lucha y da esperanza” y aseguró que “estamos unidos. Vamos a trabajar en equipo por la implementación del sistema acusatorio que va a mejorar la Justicia Federal, porque la hará más eficiente y rápida, porque así lo necesita no solamente Rosario y la provincia, sino todo el país”.

El funcionario nacional dijo “esa es nuestra gran meta, es una disposición expresa del presidente Javier Milei y de todo el gabinete, y estamos realizando el máximo esfuerzo”.

“Vamos a darle batalla al delito en todos los planos. Vamos contra el narcotráfico, pero también contra el lavado de dinero. Venimos hoy con la gente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) porque queremos ir tras lo que produce el delito. Nos comprometemos al mayor esfuerzo, estamos en la misma línea de trabajo y desarrollando una política conjunta”, concluyó Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció "la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir del lunes 18 de marzo". El funcionario del gobierno nacional estará el viernes venidero en Rosario reuniéndose con los integrantes de la justicia federal de esa ciudad, encuentro al que han sido invitados los integrantes de la justicia federal de Santa Fe, Reconquista y Rafaela.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.

Según un Comunicado Oficial del Ministerio, la iniciativa apunta a "la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos".

"Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70 por ciento de los 500 homicidios cometidos entre 2022 y 2023 son resultado de delitos complejos del orden federal", explicó el documento.

El Código Acusatorio fue sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero su puesta en marcha completa se frenó en los albores de la presidencia de Mauricio Macri y actualmente se aplica sólo en algunas jurisdicciones.

A fines de febrero el gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le quitó al Congreso la facultad de implementar paulatinamente el Código y le asignó esa tarea al Ministerio de Justicia.

"La gravedad institucional de la situación imperante justifica redefinir las funciones asignadas oportunamente a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que, en lo sucesivo, velará por la armonía y unificación de las propuestas de modificaciones a la legislación relacionada a la reforma procesal penal federal", añadió.

El Ministerio de Justicia anunció ayer que con la implementación del Código en Rosario se propiciará "la oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización" en el tratamiento de las causas penales por delitos complejos.

Se trata de la aplicación del denominado "código acusatorio", que otorga la facultad de la investigación a los fiscales, les asigna a los jueces el control de las garantías constitucionales durante el proceso y procura acelerar los tiempos para la celebración de los juicios orales.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó este domingo que el gobierno de Javier Milei buscará impulsar la baja de la edad de imputabilidad juvenil. También, indicó que la lucha contra la corrupción será una “prioridad” de gestión.

Cúneo Libarona se expresó sobre estos ejes de su cartera en una entrevista radial, luego de que días atrás expusiera en la Cámara de Diputados acerca del capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley "Bases".

El titular de Justicia dijo que la edad a la que apunta la reforma es a los 14 años. “Es la que sostienen los casi 30 proyectos que se presentaron y no tuvieron acogida legislativa”, comentó.

En la actualidad, los menores no son punibles si no han cumplido 16 años de edad. Por otro lado, los menores que tengan 16 años y hasta los 18 son punibles, pero no pueden ser juzgados en procesos como los que se le siguen a los imputados que son mayores de edad.

El ministro fundamentó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad en que “el chico a partir de esa edad muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa".

En este sentido, indicó que la baja sería para todo tipo de delitos “porque el chico, sea un hurto, robo, abuso, demás, ya muestra una personalidad que merece la atención y sanción”.

“Dividir según los delitos, y dejar algunos sin castigo o educación, que es lo que yo pretendo, carece de sentido. No importa cuál sea tal delito, ese chico merece cuidado, atención, reeducación, trabajo y formación”, agregó.

Y respecto a las alternativas para encarar la reforma del sistema de justicia para la minoridad, señaló: "Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto".

Asimismo, Cúneo Libarona sostuvo la necesidad de “un sistema procesal distinto” según la edad. “No podés hacer el mismo juicio a un mayor que a un menor, tiene que ser un tribunal especializado, con asistencia, defensa, cuidado tutelar al menor, con cuidado a la víctima también. Hay que cuidar al imputado y a la víctima en esencia general. Tiene que tener otro sistema rápido, mucho más rápido de juicio de mayores, etcétera”, explicó.

El ministro hizo hincapié en que la reforma que impulsará el gobierno nacional contempla una dimensión social. “Lo que yo quiero enfatizar en los menores es la reeducación, resocialización, obligación de estudio, obligación de trabajo, porque esos chicos tienen la posibilidad que tal vez otros no tuvieron, de poder volver a reinsertarse a la sociedad adecuadamente”, puntualizó.

En otro orden, Cúneo Libarona afirmó que tiene "en la cabeza" la conformación, bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de una "fiscalía especial dedicada a la corrupción", porque su objetivo es "perseguir más que nadie" ese tipo de delitos para decirle "basta a la impunidad".

El ministro de Justicia consideró que esa "fiscalía especial" dedicada a la investigación de delitos de corrupción funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que a su criterio "es muy bueno".

"El tema de la corrupción es prioritaria. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea" de investigar, indicó.

Por otro lado, resaltó que "en marzo va a exhumar todas las carpetas" con el objetivo de dar a conocer el nombre que postulará el gobierno nacional para ocupar la vacante dejada en la Corte Suprema por la renuncia de la jueza Elena Highton en octubre de 2021.

Además, confirmó que presentará como candidato a la Procuración General de la Nación al actual presidente de la Cámara del Crimen, Marcelo Lucini, "una persona con 40 y pico de años en los Tribunales, profesor universitario, académico e intachable".

"Todo el mundo lo acepta, no ha tenido una recriminación y sabe todo. Eso me encomendaron (el presidente Javier) Milei y (el jefe de Gabinete) Nicolás Posse", destacó sobre Lucini.

Por último, indicó que una de sus metas para 2024 es el establecimiento del juicio por jurados en todo el país. "Nadie va a dudar de un jurado. Quiero que la gente comprenda cómo es la Justicia para cambiar la imagen que tenemos", completó el ministro.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló en la Cámara de Diputados que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno "se funda en la situación gravísima en que está la Argentina. La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado", remarcó el funcionario al exponer ante el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Cúneo Libarona remarcó que "la ciudadanía se pronunció a favor de un cambio, con un presidente que busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar" y que "el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden".

"No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.

En la última etapa de su exposición se refirió a derechos humanos: "Para mí son amplísimos, no solo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado".

"La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima", cerró.

Con respecto a la propuesta para que los jueces usen toga y martillo explicó que "se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo", aunque aclaró: "No vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados porque el proyecto incluya el tema de la toga".

El kirchnerista Leopoldo Moreau preguntó al oficialismo: "¿ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones? Qué equivocados están" . Advirtió que "no hay margen para estados policiales en la Argentina. Esto es un estado de sitio encubierto. ¿Cómo es posible que el Congreso delegue responsabilidades a quienes no saben ni explicar el ABC de lo que proponen?".

En el plenario de comisiones que analiza la ley ómnibus, sostuvo reclamó que "tienen que retirar el decreto de necesidad y urgencia. Es un desatino. Y la ley ómnibus es un desatino por mil. Busquen consenso político, discutamos tema por tema, estamos dispuestos a hacerlo. Pero no vamos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento.

"Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de ninguna manera. Busquen consenso político. Discutamos tema por tema. Estamos dispuestos a discutir. Pero no estamos dispuestos a ceder el poder que la sociedad le dio al parlamento", agregó.

Sostuvo que "ninguna de las crisis que vivimos se vio una respuesta institucional de esta naturaleza. Cuando Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad. El nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina dice que la política no resuelve nada. No es así. La política le resolvió muchas cosas a los argentinos. Quieren poner un estado de excepción. Ponerse encima de las normas constitucionales".

La diputada de Pro, Silvia Lospennato, cruzó al ex dirigente radical al advertir que "no podemos hablar de este capítulo de emergencias y delegaciones legislativas sin recordar cómo es la historia de este Congreso". Le reocordó a Moreau que "todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas".

Recordó que así sucedió "desde el 2002 hasta que llegó Mauricio Macri, que fue el único presidente que dejó vencer las emergencias sin pedir una prórroga. Y en el año 2019, ni bien dejamos el gobierno, el kirchnerismo volvió a pedir nueve emergencias. Si hay alguien que no tiene autoridad moral para venir a hablar a este recinto de emergencias es el kirchnerismo.

El juez de feria en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, concedió la apelación del Gobierno contra su propio fallo, por el cual había rechazado el pedido para que todas las causas se acumularan en su Juzgado. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, busca así neutralizar al fuero laboral, en el que -a pedido de CGT, CTA- los tres expedientes en los que ha hecho lugar a acciones de amparo presentadas por la CGT, la CTA y la Federación de Viajantes de Comercio- se suspendió la reforma laboral contenida en el DNU. Decidirán los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco.

Fuerte reclamo de Germán Martínez

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigió al oficialismo que arbitre los medios para que comparezcan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor económico Federico Sturzenegger, de quien dijo no saber "quién le paga el sueldo" ya que no tiene cargo formal en el Gobierno de La Libertad Avanza.

A su vez, reclamó que se convoque al debate a los distintos sectores afectados por las reformas contenidas en el proyecto de ley "ómnibus".

"Hay personas de carne y hueso detrás de cada una de las cosas que se quieren hacer con este DNU y esta ley ómnibus. Si hay que agregar días para que estos sectores se hagan oír, hay que hacerlo", reclamó el santafesino el comenzar el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

El diputado de Unión por la Patria mencionó que hay organizaciones productivas, inquilinos, trabajadores y personas afectadas por los planes de privatizaciones que deberían tener voz en el debate legislativo. También pidió que "nunca más se le niegue la palabra" a un legislador como sucedió en la reunión constitutiva de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se designó a José Luis Espert a la cabeza.

El tratamiento del proyecto de ley "ómnibus" en la cámara de Diputados se desarrolló en un escenario áspero y tenso, marcado por cruces y chicanas. La primera "zancadilla" llegó de la mano de la diputada y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda Myriam Bregman, se preguntó sí Federico Sturzenegger "es, otro fantasma como Conan", el fallecido perro de Milei.

El diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo criticó las acusaciones de Milei sobre supuestas "coimas en el Congreso". "A mí ningún Presidente me va a tratar de coimero", espetó el jefe de La Bancaria, que pidió "a los tres presidentes (de las comisiones) o algunos de los miembros" que "informen si han recibido pedido de coimas".

Cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, tomó el micrófono y comenzó a hacer una reseña de la historia de la ley ómnibus desde su concepción, el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto empezó a formular quejas en voz alta. El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, le advirtió: "No se ponga a gritar si no está en la cancha, tranquilo, pida la palabra. No está bien lo que está haciendo. Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha", retó el cordobés de La Libertad Avanza.