La jueza Mariana Vidal dictó la prisión preventiva ordinaria para ASV, de 29 años, acusado de agredir y robar a un remisero en un violento hecho ocurrido el jueves 27 de noviembre en Venado Tuerto. La medida se tomó en la audiencia imputativa, donde María Cecilia Tosco ofició de defensora pública, en tanto que el fiscal Luis Lagioia presentó las evidencias del caso.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.15, cuando el sujeto abordó el remís de Guillermo Javier Widmer en la terminal de ómnibus de la ciudad. Allí, solicitó ser trasladado hasta la calle Gobernador Caesar, donde descendió del vehículo y se dirigió a una vivienda. En ese momento, rompió una botella de vidrio, tomando el pico como un arma. Posteriormente, regresó al remís y solicitó ser llevado al Cementerio Municipal.

Fue en el trayecto hacia la necrópolis, específicamente en la intersección de las calles Vieytes y 120, donde ASV atacó al remisero con el pico de la botella, causándole una herida en el cuello. Después de la agresión, le robó la billetera, que contenía unos 40 mil pesos, y un teléfono celular de marca Samsung. Tras el robo, se dio a la fuga rápidamente, dejando a la víctima herida.

Gracias a la pronta intervención de las fuerzas de seguridad, el hecho fue esclarecido en cuestión de horas. La Policía de Investigaciones (PDI), el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 2ª trabajaron de manera coordinada, y a las 22.30 de esa misma jornada se emitido la orden de detención, en tanto que a las 3 de la madrugada siguiente, el acusado fue capturado.

El caso fue rápidamente judicializado y, durante la audiencia de este lunes, se presentó evidencia clave, como testimonios y elementos incautados, que permitieron la imputación por robo calificado por el uso de arma. En su declaración, la víctima relató cómo el acusado, tras bajar en el domicilio de su expareja, se subió al vehículo, le robó la billetera y lo amenazó de muerte, infligiéndole heridas, siempre con la botella rota presionando sobre su cuello, tras lo cual el atacante huyó del lugar. 

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad, junto con la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal, fueron factores decisivos para resolver el caso con tanta celeridad. 

Ahora, ASV permanece en prisión preventiva, a la espera de nuevas instancias judiciales. 

Iván Raposo fue admitido por el Consejo de la Magistratura para el concurso que definirá quién será el próximo Fiscal Regional de la Circunscripción N° 3 Venado Tuerto.

De esta manera, en carrera para reemplazar a Matías Merlo se encuentran los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal, Leandro Martín, y el fiscal de Rufino, Mauro Menéndez.

En tanto, en la jornada de hoy martes se llevarán adelante las correspondientes entrevistas con cada uno de los interesados.

Raposo había sido impugnado por no cumplir con 10 años de ejercicio en su cargo, al haber asumido como fiscal adjunto en el año 2016. Sin embargo, en la apelación, dejó en claro que su ingreso al Ministerio Público de la Acusación se produjo en 2014, con lo cual lleva más de una década de la profesión.

En la Resolución, que se conoció en la jornada del lunes, el Consejo de la Magistratura resolvió “admitir en forma condicional al Dr. Iván Gastón Raposo en el marco del concurso de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial Nº 3”.

Al mismo tiempo define “convocar al Dr. Raposo para la realización de la prueba de oposición y entrevista personal para el día martes 11 de noviembre del corriente a las 12:00 hs en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario”.

Por último, determina “condicionar la admisión del recurrente, a la resolución definitiva por parte del Poder Ejecutivo del recurso presentado”.

Palabra fiscal

En diálogo con Sur24 Raposo se mostró satisfecho con la resolución del Consejo de la Magistratura. Sostuvo que su motivación pasa por “investigar, por buscar la verdad en todos los hechos delictivos que ocurren”.

Además, “me motiva esta profesión, ya que desde el 2014 a esta parte estuve siempre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tengo la convicción de que es el lugar donde quiero estar, y que tengo la capacidad para llevar adelante un equipo de trabajo donde el objetivo principalmente sea darle respuestas a las víctimas”, agregó.

Raposo, señaló que en lo personal lo que más le “gusta es la parte instructiva de las causas judiciales. Razón por la cual, en todo este tiempo transcurrido, donde empecé siendo empleado, luego fiscal adjunto y ahora fiscal de distrito, me siento con la aptitud y capacidad para liderar un equipo de trabajo para dar respuestas a las víctimas de delitos de cualquier índole”.

A la hora de presentar la candidatura a Fiscal Regional los interesados deben detallar por escrito los desafíos, objetivos y mecanismos en que llevarán adelante el trabajo.

Al respecto, Raposo expresó que “presenté un plan de trabajo en donde puse varios puntos, entre ellos la política de persecución del delito, siguiendo obviamente los lineamientos de la fiscalía General; la relación interinstitucional entre la fiscalía y los demás órganos intervinientes, como lo policial, municipal o de salud; la relación y el trato con las víctimas”.

Por último, Raposo dejó en claro que “la carrera que deseo es dentro de la actividad fiscal, dentro del MPA. En esta instancia, la magistratura hoy en día no está en mi interés”.

En una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses, el poder judicial resolvió que los 17 inmuebles comprendidos en la Megaestafa Inmobiliaria 1 sean restituidos a sus legítimos propietarios. 

Se trata principalmente de terrenos, viviendas y dos campos, uno ubicado en el distrito de San Eduardo, y el restante en Venado Tuerto

A instancias de la fiscal Mayra Vuletic, que acompañó el reclamo de las víctimas, la resolución fue tomada por un tribunal integrado por Leandro Martín, Mariana Vidal y Aldo Baravalle.

En 2022, Antonio Di Benedetto fue encontrado culpable cómo líder de una asociación ilícita y fue condenado a 12 años de prisión. En tanto, el gestor Raúl Jaime recibió una sentencia de a 10 años de cárcel, y Marcelo Sava, una pena de tres años, la cual posteriormente se redujo en la Cámara de Apelaciones.

Planteo formal

Vuletic puntualmente había solicitado que se declare firme el punto número 9 de la sentencia dictada el 12 de noviembre 2022, la cual ordenaba que los bienes inmuebles sean restituidos a sus legítimos propietarios. La representante del Ministerio Público de la Acusación fundamentó que ese punto del fallo judicial no había sido apelado por las partes. Las defensas se allanaron al mismo, con la salvedad de Ángel Rossini (abogado de Di Benedetto) quien pretendía que se anoten como litigiosos los bienes. El tribunal hizo lugar al pedido, y mando cumplimentar el punto IX pero como “cese de estado antijurídico”, decidiendo cerrar de esta manera una demanda histórica de los damnificados por las maniobras ilegales de la “asociación ilícita”.

Detalles del fallo

El fallo, al que accedió Sur24, detalla: “La Fiscal solicita se disponga la firmeza y carácter operativo del punto N° 9 de la Resolución N° 779 de fecha 12/10/2022, donde el Tribunal ordenó la rectificación de los asientos registrales. Subsidiariamente solicita se declare el cese antijurídico de los bienes inmuebles. Los Dres. Baiguera y Couselo no se oponen”.

El tribunal en la resolución define “hacer lugar a la solicitud de rectificación de los asientos registrales, peticionada por la Fiscalía y aceptadas por las Defensas, en los casos: 1) Ferrari; 2) Plebani, 3 y Plebani 2; 4) Vigeriego; 5) Battaino; 6) Zanatta; 7) Mascieri de Birocco; 8) Gonzalez; 9) Llorenz; 10) Agataura; 11) Mastandrea; 12) Di Benedetto Altobello; 13) Carli de Conesa. En el mismo sentido hacer lugar a la rectificación de los asientos registrales conforme argumentos expuestos en los casos: 1) Conde; 2) Chateriay-Dufour-Bar, previa constitución de una caución real por hasta 5 veces el monto del avalúo fiscal de la propiedad. La rectificación que se ordena se efectivizara tal como fuera ordenado en el punto 9) de la resolución 779 de fecha 12/10/2022 como cese de estado antijurídico y sin que implique una firmeza del punto”.

Historia del caso

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron "arrepentidos" y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.

Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla'rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

Esta semana comenzó el juicio oral y público contra un hombre de 45 años (Héctor V.) acusado de abusar sexualmente de su hija biológica (K.M.V.) el 13 de octubre de 2023 en la casa familiar que compartían.

A fiscal que llevó adelante la investigación fue Mayra Vuletic, quien solicitó 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, Mariana Vidal se desempaña como jueza. El próximo lunes se desarrollará la audiencia con los alegatos de cierre. 

La joven expresó en su denuncia que no pudo resistir el ataque, y tras darse cuenta de lo ocurrido, trató de defenderse y le advirtió a su padre sobre la gravedad de lo que había sucedido.

El relato de la víctima es estremecedor: después de la agresión, logró salir de la casa a los gritos, buscando ayuda. Primero intentó comunicarse con su abuela, sin éxito, y luego se dirigió a la casa de su madre, donde pudo denunciar el hecho ante la policía.

La Investigación

Mayra Vuletic, llevó adelante la investigación en la que se recabaron pruebas que apuntan a la culpabilidad del acusado.

Ante los graves hechos, la representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva para Héctor V., por ser considerado autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en calidad de progenitor de la víctima. Según el Código Penal, este delito contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, y en este caso, se solicitó la pena intermedia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación.

La fiscal enfatizó el grado de confianza que debe existir entre un padre y su hija, lo que hace aún más grave el abuso. Además, resaltó el impacto emocional y psicológico que esta agresión ha tenido en la joven, quien ha manifestado en varias oportunidades su deseo de que su agresor sea apartado de su vida y de la sociedad.

El impacto en la víctima

El abuso sufrido por K.M.V. ha tenido consecuencias devastadoras en su bienestar emocional. La víctima ha experimentado un profundo sufrimiento psicológico a raíz de la agresión, lo que se reflejó en sus declaraciones y en los informes de la investigación. La fiscalía señaló que este tipo de delitos no solo impactan negativamente a la víctima en el momento del abuso, sino que también tienen repercusiones a largo plazo, afectando la salud mental y el futuro de quienes los sufren.

El tribunal que condenó a 15 años de prisión a Pedro Ortiz y Hontoria fundamentó en la sentencia que la “falta de educación sexual integral” (ESI) en el nivel primario del Colegio Sagrado Corazón durante los años 2018 y 2019 “generaba en las víctimas la inseguridad sobre lo que estaba ocurriendo”. En consecuencia, de “la ignorancia de las niñas también se valió el agresor para asegurar su impunidad”.

El religioso fue sentenciado el 30 de julio al ser encontrado responsable de cuatro de hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante, todos agravados por estar a la guarda de las niñas que en ese momento cursaban 6° y 7° grado.

La sentencia, a la que accedió Sur24, cuenta con 360 páginas. El tribunal integrado por Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero, analizó cada uno de los casos y las graves consecuencias sufridas por las víctimas. En ese contexto, hacen referencia al desconocimiento de las jóvenes en relación a lo que estaban sufriendo. Hablan de un abuso de posición dominante por parte del religioso, al ser Director del establecimiento educativo, y del temor que le tenía el alumnado. Además, dejan en claro que ante los rumores que “corrían” en los recreos del colegio, los adolescentes del nivel secundario habían bautizado al Hermano Pedro como “Pedrófilo”.

Abusos

El religioso fue condenado por hechos de abusos ocurrido en el edificio del establecimiento educativo, y por dos hechos acontecidos en una pileta de Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio.

El tribunal sostiene que “surge del relato de las cuatro víctimas de forma coincidente que los tocamientos en zonas del cuerpo como pechos, cuello, hombros, espalda, ingle, pierna (parte trasera y frontal), rodilla, glúteos (parte inferior y central) los realizaba el imputado aprovechando su condición de Director del establecimiento educativo, en diversas circunstancias; pero todos en su calidad de autoridad”.

Al mismo tiempo, aseveran que “es importante remarcar que la forma en la cual realizaba los abusos y la falta de educación sexual integral de los niños y niñas que asistían a ese Colegio, generaba en las víctimas la inseguridad sobre lo que estaba ocurriendo”.

Una de las niñas es “quien manifestó que no tenía conciencia de que esa acción era un abuso sexual. Sí refería en ese momento incomodidad, malestar, pero hasta que no adquirió mayores herramientas, solo veía como abuso sexual a la penetración”. En consecuencia, de “la ignorancia de las niñas también se valió el agresor para asegurar su impunidad”, dejan en claro los jueces. 

Una de las jóvenes declaró que “conoció las características de los abusos sexuales en redes y es ahí cuando procesó que cuando él (por Pedro) le había tocado la cola era un abuso sexual. Que en ese momento le contó a su mamá, le dijo que no sabía si eso era o no un abuso sexual y que su mamá le dijo que sí y le preguntó si quería denunciar”.

El fallo destaca que “los abusos se daban en un contexto de poder ejercido por el perpetrador, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las niñas y logrando generar en ellas miedo. Así como también aprovechando la falta de educación sexual, cuando las mismas no entendían la significación de esos actos hasta tiempo después, aunque los mismos en el momento les generaban incomodidad”.

Sin pruebas

Ortiz y Hontoria en su declaración hizo referencia a la existencia de una presunta “organización” para perjudicarlo. Y también habló de venganza.

En la sentencia, el tribunal sostiene que el ex Director “no indicó porqué querrían perjudicarlo, de qué querrían vengarse”. Y principalmente, “cómo se pusieron de acuerdo cuatro familias que no tienen relación entre sí, con más de 10 exalumnos y alumnas de la institución, con el padre Cabrera y la Psicóloga Belligotti para querer perjudicarlo”, se plantearon.

En tal sentido, concluyen que “no existe ningún tipo de evidencia que demuestre animosidad contra el Hermano Pedro, más allá de la existencia de los abusos sexuales”.

Los informes de psicólogos y psiquiatras “que atendieron a las víctimas fueron cruciales para demostrar el grave daño a la salud mental de las víctimas. Estos informes detallaron los síntomas de ansiedad, depresión, ataques de pánico y otros trastornos que sufrieron las víctimas como consecuencia de los abusos”.

Rasgos de Ortiz y Hontoria

El tribunal asegura que el condenado tiene rasgos de “de manipulador, autoritario, utilizando su conocimiento y su posición en las disciplinas que enseñaba, que generaba oportunidades de estar con las alumnas a solas o bien aprovechaba juegos o situaciones cotidianas para realizar sus actos abusivos, a sabiendas que eran muy chicas, menores de edad, en una edad crítica”.

Esto se daba en un contexto de “circunstancias humillantes y agresiones verbales y sometimiento psíquico en una actitud particularmente sádica ya que es evidente que sabía que su accionar generaba temor, humillación y sumisión de las menores, accionar del cual contaba plenamente con el dominio del hecho, que utilizaba a su absoluto antojo y sin que fuera posible por parte de las víctimas realizar cualquier intento de evitar las circunstancias, existiendo una diferencia etaria de más de 40 años y tratándose de preadolescentes de la escuela primaria”. 

Un hombre de 55 años, Daniel Iván Favilla, que fue condenador a 19 años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja, podría acceder al beneficio de la prisión domiciliaria tras un fallo de la Cámara de Apelaciones. El juez considera que la situación de encierro puede perjudicar su cuadro de salud.

Se trata de un caso reciente, con sentencia el 14 de mayo mediante un fallo unánime del tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Aldo Baravalle. Mientras que Mayra Vuletic fue la fiscal que llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio oral y público.

Favilla tiene un diagnóstico de bipolaridad. Según consta en el expediente fue tratado por psiquiatras de la Corte, profesionales de la Junta médica especial y la médica forense. Los profesionales coinciden en que padece una enfermedad que no le impide comprender la criminalidad de sus actos ni cumplir una prisión efectiva. También señalan que, con la medicación correspondiente, puede tener una vida normal.

En tanto, el Camarista sostiene que atento a existir esa enfermedad es necesario ver hasta qué punto la situación de encierro no perjudica su cuadro.

Tomás Orso informó a Sur24 que Favilla viene gozando de prisión domiciliaria desde el principio de la investigación y “la Fiscalía nunca había apelado la misma. Es decir, que no fui yo quien la fijó en su momento”. Además, destacó que “se había otorgado ese régimen atenuado de encierro debido a una patología mental que tiene el ahora condenado en primera instancia”.

Finalmente, “en la audiencia consideré que debía seguir en prisión preventiva domiciliaria debido a que en el juicio hubo un médico que dijo que podía ser tratado de su patología en la cárcel y otro que dijo que lo más conveniente es que siga en su casa, por la contención familiar que deben tener ese tipo de pacientes”.

En consecuencia, hizo “lugar a la apelación, disponiendo un reenvío a primera instancia para que, antes de que vuelva a la casa a cumplir prisión preventiva, se fije caución, eventual tobillera electrónica y otras medidas que pueda solicitar la Fiscalía”, finalizó el camarista. 

Un mes de encierro

Un informe de la Alcaidía del 17 de junio indica que “la persona durante el mes de encierro que lleva no ha padecido ninguna afección a su salud, no fue necesario hacer ningún operativo de rescate (dar asistencia médica urgente a un interno cuando atraviesa una crisis). Tampoco hubo intervenciones de urgencia, ni se ha solicitado asistencia médica. Además, tiene una conducta excelente tanto con el personal policial como con los internos que convive en la celda”.

Mayra Vuletic precisó que previo al juicio “esta persona venía gozando del beneficio de una prisión domiciliaria sin ningún tipo de sustento objetivo, como lo indica la ley. Luego de la sentencia a 19 años, el tribunal, muy atinadamente, revocó esa prisión domiciliaria”.

La defensa del condenado apeló esta decisión y el camarista Tomás Orso “dispone un reenvío de la situación al tribunal de primera instancia para que esta situación se revea. En definitiva, considera que esta persona podría volver a gozar de una prisión domiciliaria”, agregó.

En consecuencia, este fallo “va a ser impugnado por la fiscalía. No coincidimos en absoluto con este criterio. Entendemos que es una decisión que se toma por fuera de los alcances de la ley, incluso por fuera de los criterios que tiene la Corte Suprema respecto a la disposición de prisiones domiciliaria”, aseguró Vuletic. 

El fallo de Tomás Orso “afecta cuestiones constitucionales, apartándose de la ley. Y en segundo lugar, afecta la protección de la víctima, la tutela judicial efectiva”, sentenció la fiscal. 

Por el momento, Favilla continúa detenido en la Alcaidía, mientras el tribunal de primera instancia, audiencia mediante, analice lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. 

La fiscal considera que “una persona puede estar enferma o tener una patología, pero no por eso no va a poder ser encarcelada de manera ordinaria y recibir la asistencia médica correspondiente. Incluso hay una persona condenada por este tipo de delitos que padece una enfermad oncológica y está recibiendo el tratamiento en una unidad penitenciaria”. 

El caso

La fiscal Mayra Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Calificación penal

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada.

Se llevó adelante la segunda jornada de audiencia en el marco el juicio oral y público que tiene sentado en el banquillo de los acusados al “hermano” Pedro Ortiz y Hontoria, ex director el nivel primario el colegio Sagrado Corazón. Sobre el religioso pesan cuatro denuncias de abuso sexual contra alumnas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019, y por las cuales la fiscalía solicitó 16 años de prisión.

En los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli en la jornada del miércoles prestaron testimonio psicólogas y psiquiatras que atendieron en los últimos años a una de las niñas que denunció los abusos del religioso. 

Ante el tribunal integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, a lo largo de las exposiciones la tarea de la fiscal Florencia Schiappa Pietra apuntó a consolidar las evidencias con el objetivo de que no queden dudas en cuanto a los episodios padecidos por las alumnas, ya sea en el establecimiento educativo como en el viaje de estudio a Santa Rosa de Calamuchita, lugar donde se habrían registrado dos de los cuatro casos. 

Testigos

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde brindaron testimonios un importante número de profesionales. En primer lugar, estuvo el Trabajador Social Miguel Ávila, quien confirmó que la primer denunciante estaba en plenas condiciones para declarar en Cámara Gesell. 

Luego prestó declaración la psicóloga Angélica Rinaudo, encargada de la entrevista en Cámara Gesell.

La abogada querellante, Ana María Regidor, sostuvo que “fueron testimonios muy contundentes sobre todos los síntomas indicadores de abusos, los daños psicológicos, emocionales. Una de las psicólogas señaló que de los 40 indicadores de abusos que existen, una de las niñas tenía más de 30, conforme la bibliografía especializada en el tema”.

En consecuencia, “todos esos indicadores llevaban claramente a pensar que el trauma con el que la nena llegó a terapia era por un abuso sexual”, agregó la penalista.

Las profesionales también hicieron referencia a “los daños psicológicos y emocional irreversibles. Además, por los síntomas que presentaba mi defendida, las psicólogas y psiquiatras estuvieron en contacto con médicos de distintas especialidades: clínicos, otorrinos laringólogos, neurólogos de Venado y de Rosario. Todos descartaron cuestiones orgánicas sobre estos síntomas que presentaba la niña”, aseguró Ana Regidor. 

Algunos de los síntomas que se mencionaron como indicadores de abuso sexual fueron “la imposibilidad de defenderse, auto reproches, baja autoestima, intentos de suicidios, depresión, ansiedad, desesperanza, trastornos con el sueño, distanciamientos afectivos, la imposibilidad de concurrir al colegio”, entre otros. 

Además de Angélica Rinaudo, brindaron testimonio la psicóloga Silvina Gross, la médica pediatra con formación en psiquiatría infanto-juvenil Susana Petinón, la psiquiatra Florencia Coronel y Jessica Valeria Sibuet, terapeuta dedicada a la programación neuro-lingüística. 

Este martes 17 de junio comenzará el juicio oral y público contra el “Hermano” Pedro. El religioso que se desempeñaba como Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto está acusado de cuatro abusos sexuales contra niñas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

En tal sentido, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó 16 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

En tanto, el tribunal estará integrado por los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal y Aldo Baravalle. 

El religioso, luego de “dejar” su cargo en el establecimiento educativo local, se instaló en Buenos Aires en donde tuvo que cumplir con una serie de reglas de conductas. Y mientras duró el proceso, surgieron una serie de polémicas, principalmente por los pedidos oficiales que realizaba ante el poder judicial solicitando autorización para viajar a España a visitar a su familia. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner la malla delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven describió que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el, en ese entonces, fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

Continuará en prisión preventiva un hombre de 28 años (JDE) que es investigado por haber intentado matar a una mujer en Firmat (departamento General López). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mariana Vidal, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Melincué (cabecera del departamento General López).

La fiscal Vanina Servidio Pozzi lleva adelante la investigación y se opuso a un pedido de medidas alternativas a la prisión realizado por la abogada defensora del imputado. Además, la funcionaria del MPA le endilgó al hombre de 28 años haber cometido tres ilícitos en fechas anteriores a la de la tentativa de homicidio.

Golpes y puñalada

La fiscal expuso que “el martes 18 del mes pasado alrededor de las 18:30, el imputado fue hasta una casa en la que reside una mujer a la que conocía previamente y, de manera sorpresiva, la agredió”. Al respecto, afirmó que “la golpeó con un palo mientras le exigía que le prestara un par de zapatillas”, y agregó que “cuando ella se negó, él le dijo que la iba a matar”.

“Entonces, el atacante tomó un punzón que estaba en el domicilio, se lo clavó en el cuello a la víctima y se fue del lugar”, relató.

En cuanto a la mujer, Servidio Pozzi destacó que “fue auxiliada por personas de su entorno que se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para informar lo que había sucedido”.

Otros hechos

La representante del MPA manifestó que “el hombre de iniciales JDE también es investigado porque a principios de enero le provocó lesiones a otra mujer”. Detalló que “en la vía pública, la insultó y la golpeó con un caño de pileta”, y subrayó que “después la persiguió varias cuadras y la amenazó de muerte con una cuchilla”.

Por otro lado, Servidio Pozzi sostuvo que “al imputado además se le endilgó haber tratado de robar en una vivienda a la que accedió tras escalar un portón de más de dos metros de altura y romper la traba de una ventana”. En tal sentido, puntualizó que “mientras sustraía diferentes pertenencias, fue interrumpido por el propietario del inmueble”.

En tanto, la fiscal indicó que “en otro domicilio, el imputado hurtó un teléfono celular”. Por último, señaló que “a su vez, se lo investiga por haberse resguardado en una planta industrial a la que no le habían permitido ingresar”.

Calificación penal

Además de la tentativa de homicidio, al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves, amenazas calificadas, una tentativa de robo agravado (por escalamiento), hurto y violación de domicilio.

En la jornada del martes fue condenado a 8 años de prisión Omar Emanuel Maidana (31) por ser encontrado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas, siendo la víctima una persona discapacitada (24).

El fallo fue informado en los tribunales de la localidad de Melincué por la jueza Mariana Vidal, en el marco de una investigación que fue llevada adelante por la fiscal Susana Pepino, en base a un hecho registrado en la ciudad de Firmat en junio de 2020.

La magistrada también resolvió mantener la situación cautelar de Maidana y, oportunamente, se proceda a su encarcelamiento ordinario para recibir el tratamiento progresivo de resocialización previsto en la ley nacional 24.660. Y autorizar los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el registro respectivo.

Historia del caso

La fiscal Susana Pepino fundamentó que el 17 de junio de 2020 Omar Maidana se movilizaba en una motocicleta de 110 cc y en la zona de ruta 33 y calle Rivadavia interceptó a la víctima, quien “padece dificultades en el habla y un grado de inmadurez agudo”.

Desde el MPA fundamentaron que Maidana engañó al joven de 24 años, pidiéndole que “lo siguiera para ir a tomar unos mates a la casa”.

Las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo de la Municipalidad de Firmat registraron todo el recorrido que realizaron ambos hasta llegar a la casa del acusado, ubicada por calle Sarmiento.

Una vez en el inmueble, Maidana llevó a la víctima a la habitación, donde lo desvistió y obligó a tener sexo con él. Posteriormente lo amenazó de muerte si contaba lo ocurrido a otra persona.

El hombre de 31 años fue condenado finalmente a 8 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y amenazas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitaron 10 años de prisión para Omar de 31 años acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de un hombre de 24 años con discapacidad en la ciudad de Firmat.

El hecho se habría registrado el 17 junio del año 2020 en la vivienda familiar del acusado, quien atravesó gran parte del proceso detenido. 

En tanto, en el juicio fueron citadas más de 30 personas a prestar testimonio, y en la jornada de este viernes se llevará adelante la última audiencia con los alegatos de cierre.

Historia del caso

La fiscal Susana Pepino fundamentó que el 17 de junio de 2020 Omar se movilizaba en una motocicleta de 110 cc y en la zona de ruta 33 y calle Rivadavia interceptó a la víctima, quien “padece dificultades en el habla y un grado de inmadurez agudo”.

Desde el MPA sostienen que Omar engañó al joven de 24 años, pidiéndole que “lo siguiera para ir a tomar unos mates a la casa”.

Las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo de la Municipalidad de Firmat registraron todo el recorrido que realizaron ambos hasta llegar a la casa del acusado, ubicada por calle Sarmiento.

Una vez en el inmueble, Omar habría llevado a la víctima a la habitación, donde lo desvistió y obligó a tener sexo con él. Posteriormente lo habría amenazado de muerte si contaba lo ocurrido a otra persona.

El hombre de 31 años se expone a una pena de 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y amenazas.

En la jornada de este viernes la fiscal Susana Pepino hará los alegatos de cierre, al igual que la defensa. Mientras que la jueza Mariana Vidal será la encargada de informar la sentencia en los primeros días del mes de febrero. 

Desde el poder judicial rechazaron nuevamente los bienes presentados por Raúl Jaime para acceder a la prisión domiciliaria. El gestor rosarino está condenado a 10 años de prisión por ser un importante engranaje en el marco de la Megaestafa inmobiliaria, por la cual también se encuentra detenido bajo una sentencia de 12 años de cárcel el abogado penalista Antonio Di Benedetto.

Ambos ahora, enfrentan una segunda parte del juicio, sindicados de haberse apropiado ilegalmente de 31 terrenos en la ciudad de Venado Tuerto. 

La audiencia se llevó adelante en la jornada del lunes y el tribunal estuvo integrado por Leandro Martín, Aldo Baravalle y Mariana Vidal. En tanto, Silvia Cousello se desempeñó como defensora pública, mientras que la fiscal Mayra Vuletic representó al Ministerio Público de la Acusación.

Historia reciente

El 21 de febrero el juez de Segunda Instancia, Tomás Orso, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al gestor rosarino, quien adujo la necesidad de cuidar a su mujer que atraviesa un delicado estado de salud y no cuenta con ningún familiar cercano para que se pueda hacer cargo de su cuidado.

Posteriormente un tribunal presidido por Leandro Martín fijó una caución de 142.000 dólares para que Jaime acceda a dicho beneficio, monto que no pudo alcanzar con los bienes presentados.

En tanto, en la jornada de ayer lunes la defensa intentó llegar a ese número poniendo disposición para alcanzar la base de la caución siete automóviles y una vivienda que legalmente está declarada bien de familia, con lo cual se encuentra impedido de ser gravada con un embargo o una hipoteca. 

De esta manera, el gestor continuará detenido en la Alcaidía de Melincué, y dentro de 90 días contará con la posibilidad de solicitar una nueva audiencia. 

Megaestafa 2

Hace diez días el fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.

A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.

En la mañana de este lunes en la localidad de Melincué se conoció la sentencia condenatoria a 14 años de prisión en el marco del juicio oral y público contra Enzo Juárez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una empleada que prestaba servicios en la sede gremial durante los años 2016 y 2017. Al mismo tiempo se definió la prisión preventiva ordinaria en la Alcaidía departamental, independientemente de las etapas apelatorias con las que contará la defensa del dirigente gremial.

La denuncia fue radicada en el año 2020 por Daniela S. La investigación la inició el fiscal Matías Merlo, y posteriormente pasó a manos de Julián Cochero, que en los alegatos de clausura había solicitado una condena de 14 años. En tanto, la abogada querellante, Carolina Walker Torres, en su momento pidió 20 años de cárcel. Mientras que el abogado defensor, solicitó la absolución del gremialista.

La sentencia la dieron a conocer en la mañana de este lunes 5 de junio desde el Tribunal integrado por Mariana Vidal, Leandro Martín y Paula Borrello.

Historia de los acontecimientos

Daniela S. radicó la denuncia a comienzos del año 2020, la cual se visibilizó producto de una manifestación llevada adelante por una agrupación feminista frente a la sede del Sindicato.

Más tarde se realizó la imputación contra Juárez. Y posteriormente en el mes de noviembre de ese mismo año la denunciante realizó una ampliación de su relato.

En ese momento fue Matías Merlo, quien dio inicio a la investigación y el caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y acoso laboral”.

Luego se realizaron informes psicológicos, entrevistas con el personal del Sindicato, historias clínicas de la víctima por diferentes circunstancias que fue padeciendo y entrevistas con su círculo cercano.

El 5 de junio se conocerá la sentencia del juicio contra Enzo Juárez

Una vez finalizada la investigación se concretó la requisitoria de elevación a juicio por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal y por daño físico”.

Cierre de una etapa

El caso se había instalado nuevamente en la agenda mediática desde que comenzó el juicio en el mes de mayo. Finalmente, en la mañana de este lunes el Tribunal dio a conocer la sentencia a 14 años, la prisión preventiva ordinaria y al mismo tiempo informó el fundamento del fallo.

Ahora, tal cual lo había adelantado el abogado del sindicalista, Franco Gardali, concurrirán a la Cámara de Apelaciones con el objetivo de revertir la condena.

En un juicio oral y público que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en los Tribunales de Melincué, se dictó una medida de seguridad inédita para esta Circunscripción Judicial. En un caso de abuso sexual agravado, la magistrada Dra. Mariana Vidal sobreseyó al acusado al considerarlo inimputable, pero impuso su internación en la Colonia de Oliveros como medida de seguridad.

El juicio, que comenzó el 24 de abril, estuvo a cargo del Dr. Julián Cochero, quien acusó a M.A.M de abuso sexual contra una niña de una localidad vecina.

Por su parte, la defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, argumentó que el acusado era incapaz de enfrentar un juicio y solicitó que el caso fuera remitido a la Justicia Civil.

La Dra. Vidal recordó que esta cuestión ya había sido resuelta en dos instancias previas, primero por el Dr. Aldo Baravalle y luego por el Juez del Colegio de Segunda Instancia, Dr. Tomás Orso.

El fiscal Julián Cochero, en representación del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que el hecho había sido probado y solicitó una medida de seguridad de ocho años revisables, argumentando la peligrosidad del imputado tanto para sí mismo como para terceros. Aclaró que también era un derecho del acusado que se llevara a cabo el juicio y que la medida de seguridad solicitada tenía como objetivo proteger a la víctima y disminuir la conflictividad.

La Dra. Vidal, al pronunciar su fallo, planteó la pregunta de qué sucede con las personas inimputables que no pueden participar en un juicio y cuya incapacidad se prevé que persistirá durante toda su vida. Subrayó que el propósito del juicio era determinar si el imputado había participado en el delito y evaluar el riesgo existente para sí mismo y para terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Código Penal. En consonancia con esto, consideró la imposición de la medida de seguridad y su posterior ejecución, teniendo en cuenta la protección de la víctima.

En resumen, el juicio oral y público concluyó con el sobreseimiento del acusado debido a su inimputabilidad, pero se impuso una medida de seguridad que incluye su internación en la Colonia de Oliveros. Esta decisión busca brindar asistencia al acusado y proteger tanto a la sociedad como a la víctima del delito. Cabe destacar que este fallo marca un precedente en la jurisdicción y refleja la complejidad de abordar casos donde la inimputabilidad es un factor determinante.

En la jornada de este martes, entre decenas de designaciones en el Poder Judicial santafesino, hubo cuatro nuevas confirmaciones de cargos para la 3° Circunscripción Judicial, con sede en Venado Tuerto, resueltas por los ministros de la Corte Suprema Provincial de Justicia santafesina. Son ellos Claudio Heredia como juez de Familia (venía actuando como subrogante en dicho cargo); Mariana Vidal (actual fiscal del MPA) como jueza penal de primera instancia de distrito Melincué; Vanina Servidio Pozzi como fiscal adjunta en Venado Tuerto; y Cecilia Magurno como jueza comunitaria de las pequeñas causas en Maggiolo.

De esta manera, concluyó un largo proceso iniciado con las postulaciones de más de 80 aspirantes de toda la provincia, que debieron atravesar, entre otros pasos, la entrevista en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (integrada por representantes de ambas cámaras) y la correspondiente aprobación de los pliegos en la Asamblea Legislativa.

De los actos oficiales participó la presidenta del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial, Andrea Majul, quien destacó las designaciones que desde hacía tiempo reclamaban en distintos ámbitos, no sólo para favorecer la actividad de sus representados, sino también “para garantizar el servicio a los justiciables”, puntualizó la abogada.

Además, Majul valorizó que desde hace un tiempo “los puestos de la 3° Circunscripción están siendo ocupados por profesionales que no sólo residen en el departamento General López, sino que crecieron y se formaron en esta región, es decir que conocen las particularidades e idiosincrasia del vecindario, y eso es muy importante para un mejor desenvolvimiento en la función, como también es el caso de los profesionales recientemente designados”.

(Imagen ilustrativa)

Delincuentes ingresaron a una empresa distribuidora y de una caja fuerte robaron 500.000 pesos en efectivo. El hecho se registró aparentemente en la madrugada de este viernes, y la denuncia fue radicada en sede de la Comisaría 2°. El local está ubicado en Ruta 8 y Leoncio de la Barrera, cuenta con cámaras de seguridad y sistema de alarma, que no se activó.

Fuentes consultadas por Sur24 señalaron que “personal policial se hizo presente en la distribuidora tras ser convocados producto de un ilícito. Arribados al lugar, se entrevistaron con el encargado, quien manifestó que llegó a la distribuidora cerca de las 07:30 horas y pudo notar que autores ignorados, (desconoce por donde ingresaron), rompieron la parte trasera de una pared de durlock donde estaba amurada una caja fuerte y sustrajeron $500.000. El lugar posee cámaras y sistema de alarmas, la cual no se activó”.

En el lugar trabajó personal de la Agencia de Investigación Criminal. Y la causa está a cargo de la fiscal Mariana Vidal.

Un hombre de 58 años cuyas iniciales son MER quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual sufridos por su hijo menor de edad en la localidad de Chapuy (departamento General López). La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Mariana Vidal y ordenada por el juez Eduardo Bianchini en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Venado Tuerto.

El magistrado también dispuso que la privación preventiva de la libertad del hombre investigado sea por 10 días, y que durante ese plazo se realice la entrevista al niño en cámara Gesell, la cual fue agendada para el próximo jueves.

“Entendemos que, tal como resolvió el juez, la privación de la libertad es la medida cautelar que corresponde en este caso”, valoró Vidal. “Sin embargo, consideramos que es insuficiente el plazo otorgado porque por las particularidades y la complejidad de este caso, se necesita más tiempo para llevar a cabo las diligencias y medidas que exigen la investigación”.

Los hechos

La investigación que encabeza la fiscal Vidal comenzó el lunes pasado a partir de una denuncia que realizó la madre del niño en la comisaría de San Gregorio.

“El papá y la mamá del niño están separados y, de acuerdo con lo que pudimos relevar hasta el momento, los ataques sexuales habrían sido cometidos en reiteradas oportunidades en la casa del padre en Chapuy, vivienda a la que iban la víctima y su hermana los fines de semana”, relató Vidal en la audiencia.

La funcionaria del MPA también remarcó que “contamos con pericias médicas e informes del área de Acción Social de San Gregorio que son contundentes” y añadió que “aguardaremos la entrevista que le hará una profesional a la víctima en cámara Gesell”.

Arma de fuego

Una de las diligencias ordenadas por la fiscal Vidal en el marco de la investigación por los delitos sexuales, fue un allanamiento en la vivienda del hombre investigado. “Se llevó a cabo en horas de la madrugada del martes pasado, oportunidad en la que se concretó su detención”, explicó Vidal.

“En su vivienda tenía partes de un arma de fuego que estaba desarmada. Se le secuestraron un cargador de una pistola 9 milímetros; un armazón de pistola; un cañón de pistola, un muelle recuperador y una corredera”, enumeró la fiscal.

Delitos

De acuerdo con la imputación realizada por la fiscal Vidal, al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo y por la convivencia) y de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal.

Para la media tarde de este viernes 21, desde las 18.30, está en marcha una autoconvocatoria de vecinos de la localidad de Chapuy, frente al edificio de la Comisaría de pueblo, en reclamo de justicia y contra la impunidad por un caso de abuso sexual con acceso carnal -agravado por la convivencia- en perjuicio de un niño de siete años.

Por este aberrante hecho, desde el lunes último, un ex policía de 57 años de edad quedó en prisión preventiva por 10 días, a instancias de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariana Vidal.

De esta manera, así como sucedió en los últimos tiempos con otras pequeñas localidades de General López y departamentos vecinos, esta vez es la apacible Chapuy la que se encuentra conmovida por un grave episodio que disparó la movilización de la comunidad.

“Para que nunca más se metan con los chicos”, dice uno de los lemas de la movilización en apoyo a la familia de la pequeña víctima y en repudio al atacante.

El contratista rural detenido el último miércoles acusado de ser el responsable de la destrucción total de la Planta de Tratamiento de Residuos, fue imputado en la jornada de este viernes bajo la carátula de Incendio en concurso real con el delito de daño. Y al mismo tiempo recuperó la libertad con una fianza de 200 millones de pesos, que sería el monto del daño provocado en el predio municipal y en un campo lindante.

La noticia fue informada por la fiscal Mariana Vidal, quien reemplazó a Horacio Puyrredón que estuvo ausente por problemas de salud.

Al mismo tiempo, el intendente Leonel Chiarella se expresó en redes sociales, con un comunicado en donde destaca el accionar del gobierno local desde el punto de vista legal, solicita al poder judicial que el acusado repare el daño económico causado e insta al gobierno de la provincia, principalmente a la figura de José Freyre, a dejar cuestiones políticas de lado y trabajar por el bien de la ciudad.

Breve historia

El siniestro se registró el miércoles 7 de septiembre, dejando totalmente inutilizable la planta. Al día siguiente personal de bomberos zapadores de Rosario trabajaron en la zona afectada con el objetivo de llevar adelante un informe técnico que aporte certezas en relación a cómo se inició el fuego.

Los datos preliminares sostienen que el siniestro no comenzó en la planta, sino en un campo lindante. Y que el fuego, producto de la velocidad de viento, avanzó rápidamente de norte a sur, terminando por consumir el galpón del estado local.

La hipótesis que maneja fiscalía es que el contratista rural quiso hacer un incendio controlado en un campo improductivo y “se le fue de las manos” como consecuencia de las condiciones climáticas.

Con estos elementos, Puyrredón emitió una orden de detención contra Carlos N. de 63 años, quien quedó en calidad de incomunicado.

Audiencia

En la mañana del viernes se llevó adelante la audiencia imputativa y cautelar. “Fue imputado ante la Jueza Paula Borrello. Y se determinaron reglas de conducta, como la prohibición de acercamiento a testigos del caso, la firma semanal en la comisaría y una fianza del valor similar al del daño ocasionado en la planta municipal y el campo lindante”, detalló la Mariana Vidal.

La carátula de la causa es Incendio en concurso real con el delito de daño.

Palabra del intendente

Leonel Chiarella realizó una publicación en redes sociales en donde expresa: “Estimados vecinos, queremos informar que en virtud de la denuncia que realizamos y la investigación de fiscalía, en el día de hoy (viernes) se llevó adelante la audiencia imputativa a la persona detenida por el incendio del campo lindero, que provocó la pérdida de la Planta de Tratamiento de Residuos”.

Al mismo tiempo, “esperamos que la justicia sancione a esta persona y pague económicamente el daño provocado. Con nuestro equipo seguimos trabajando en generar un proyecto superador”, agrega.

Por último, “lamentamos mucho las declaraciones inoportunas del ex intendente que nos intentó responsabilizar de este incendio. No vamos a entrar en peleas políticas. Toda la energía del gobierno municipal está puesta en trabajar para continuar lo que venimos haciendo”.

Fiscal Mariana Vidal

Los fiscales Mariana Vidal y Horacio Puyrredón apelaron la absolución en primera Instancia de un hombre acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja en la localidad de San Gregorio.

El fallo se conoció el último día hábil de 2021 y desde el tribunal consideraron que no eran suficientes las evidencias para condenar a M.K.

Los hechos en un principio ocurrieron durante 2017 y 2018, cuando las hermanas mellizas tenían entre 12 y 14 años y la madre se encontraba debilitada por un tratamiento que estaba llevando adelante para vencer un cáncer de mama.

El juicio comenzó el lunes 6 de diciembre y se extendió hasta el miércoles 15. La evidencia principal presentada desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se basó en el testimonio de las adolescentes, el cual no fue considerado como prueba contundente por parte de los tres integrantes del tribunal: Eduardo Bianchini, Adrián Godoy y Benjamín Révori.

En consecuencia, el 15 de febrero, Vidal y Puyrredón presentaron una apelación ante la Cámara con el objetivo de revertir el fallo y que M.K. sea condenado a 20 años de prisión, tal cual lo habían solicitado en el juicio oral y público.

Los hechos

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, los hechos se registraron durante 2017 y los primeros meses de 2018.

La denuncia se basa en un abuso sexual con acceso carnal de dos adolescentes mellizas (menores de edad en ese momento) en la vivienda familiar, por parte de quien era la pareja de su madre.

Desde la Fiscalía solicitaron 20 años de prisión efectiva, con accesorios legales y costas, en tanto que la Defensa, en su alegato pidió la absolución de su cliente.

El acusado hacía 12 años que convivía con la madre de las hijas, que estaba en pleno tratamiento para enfrentar un cáncer de mamas, con lo cual se encontraba debilitada e imposibilitada de acompañar permanentemente a sus hijas.

En el juicio se expuso que las adolescentes pudieron romper el silencio y contarle a la hermana mayor lo que estaban padeciendo. Y ésta luego se lo transmitió a la madre, para radicar la denuncia poco tiempo después.

En un primer momento la investigación estuvo a cargo del fiscal de Rufino (ahora juez en Venado Tuerto), Mauricio Clavero.

Miradas opuestas

M.K. fue absuelto en primera instancia por falta de pruebas y “nosotros consideramos que la evidencia estaba, y como ocurre siempre en este tipo de casos, se basa en la declaración de las víctimas. Estos hechos de abusos se dan en la privacidad y a partir de ahí cualquier tipo de recolección de evidencia es bastante compleja. Por eso es fundamental creer en la persona que declara, en las víctimas de estos hechos”, sostuvo Mariana Vidal.

Desde el Tribunal manifiestan que falta evidencia contundente en la recolección de las pruebas para condenar a M.K., con lo cual, ante la duda, fue absuelto en primera instancia.

“Nosotros, desde el MPA, estamos convencidos de que las evidencias están, que las declaraciones son válidas. Por eso solicitamos la revocación de este resolutorio”, precisó la fiscal.

Doble declaración

En el inicio de la investigación, las jóvenes, al ser menores de edad, declararon en lo que se denomina Cámara Gesell. Pero al cumplir los 18 años, lo hicieron en el juicio oral y público, “con lo cual hubo una doble declaración de las víctimas en juicio y eso las afecta. Si a alguien le preguntan qué hizo en la Navidad de 2021, va a tener un relato. Pero si dentro de cuatro años le preguntan lo mismo, obviamente va a utilizar diferentes términos, otras palabras. Por eso decimos que no es válido que hayan tenido en cuenta las dos declaraciones durante el juicio”, precisó Vidal.

Por otro lado, el Tribunal “se basa en supuestas contradicciones de las víctimas en base a la declaración en la Cámara Gesell y a la declaración en el juicio. Contradicciones que para nosotros no son tales, sino que se trata de diferente utilización de terminología o detalles en los que no coinciden. Pero para los jueces fueron cuestiones fundamentales. Y hacen una valoración de la prueba con la cual no estamos de acuerdo”, añadió.

Por último, sostuvo que “este tipo de delitos son de una carga sumamente difícil de probar, porque habitualmente pasa en la intimidad. Por eso para nosotros es fundamental la declaración de la víctima y la credibilidad de la misma en la investigación. Y estamos convencidos de que el relato es contundente. Son dos las víctimas y una era testigo de lo que le ocurría a la otra. Y eso sube la vara a un nivel de credibilidad mayor. Realmente el fallo me sorprendió y fue muy difícil comunicárselo a las víctimas y a su familia”.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 28 DE FEBRERO