La iniciativa busca dar respuesta a una problemática creciente, con un enfoque que combina prevención, asistencia y articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado.

El programa plantea la creación de una red de servicios distribuidos en todo el territorio provincial, con especial énfasis en las zonas más vulnerables.

“La salud mental adolescente no puede seguir siendo una deuda pendiente. Estamos frente a una realidad que exige decisiones políticas firmes, con recursos, planificación y compromiso sostenido”, afirmó Castellani al presentar el proyecto.

Entre sus principales ejes, la propuesta contempla el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la implementación de campañas masivas de concientización, la capacitación continua de los actores involucrados y la generación de datos confiables que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

"Estamos frente a una realidad que exige decisiones políticas firmes, con recursos, planificación y compromiso sostenido”, afirmó Castellani al presentar el proyecto.

“El objetivo es claro: que ningún adolescente en Santa Fe quede sin acceso a un sistema de cuidado que lo escuche, lo contenga y le brinde herramientas para atravesar situaciones complejas”, sostuvo la legisladora.

El proyecto cobra especial relevancia a la luz de datos recientes difundidos por el Ministerio Público de la Acusación, que revelan que durante 2025 se registraron aproximadamente 448 suicidios en la provincia, posicionando a este fenómeno como la principal causa de muertes violentas.

El informe, presentado por la fiscal general María Cecilia Vranicich ante la Legislatura, constituye el primer cruce sistemático entre distintas bases de datos oficiales, lo que permitió validar cientos de casos y dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema.

En este marco, Castellani fue contundente: “Estos números no pueden naturalizarse. Detrás de cada caso hay una historia, una familia, una comunidad atravesada. Por eso necesitamos un Estado presente que actúe antes, que prevenga y que acompañe”.

“El objetivo es claro: que ningún adolescente en Santa Fe quede sin acceso a un sistema de cuidado que lo escuche, lo contenga y le brinde herramientas para atravesar situaciones complejas”, sostuvo la legisladora.

El Programa de Salud Mental Adolescente también prevé la creación de un Gabinete Interdisciplinario para la gestión de datos, así como la promoción de talleres en escuelas, clubes y espacios comunitarios. Además, impulsa la articulación con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer redes de contención.

“La salud mental debe integrarse definitivamente a los cuidados generales de la salud. No es un aspecto aislado, es parte central del bienestar de nuestros jóvenes”, agregó la diputada.

Con este proyecto, Castellani busca instalar el tema en la agenda pública y avanzar hacia una política estructural que aborde de manera integral una de las problemáticas más urgentes de la actualidad.

El gobierno provincial diseña un plan de "desendeudamiento" para trabajadores públicos pero también estudia ampliarlo al sector privado. Así lo confirmó este lunes la vocera oficial, Virginia Coudannes.

La posibilidad de asistir a agentes estatales mediante líneas crediticias con condiciones más favorables había sido esbozada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, a principios de marzo. Fue tras aludir a la situación salarial del personal policial y después de revelar que "entre el 40 y 50%" de los empleados públicos tienen buena parte de sus ingresos afectados por los denominados "códigos de descuento". A través de ellos se canaliza el cobro de préstamos o la financiación obtenida con tasas altas y condiciones propias del mercado.

Olivares anunció, entonces, que la provincia de manera conjunta con el Banco Santa Fe (opera como agente financiero), trabajaban en una línea de crédito "con plazos razonables, dos meses de gracia y tasas bajas" para poder sanear al situación salarial de los agentes. En rigor, se trataría de una refinanciación de las deudas contraídas.

Este lunes, Coudannes confirmó en conferencia de prensa, que el gobierno estudia extender tales beneficios también a empleados del sector privado.

"El viernes estuvimos hablando de esto – confirmó-. Es un tema muy importante para nuestro gobierno. Es un esfuerzo más que hacemos y para todos los vecinos que se levantan y la pelean a diario. La ampliación a trabajadores del sector privado es una alternativa que se está analizando y que será motivo de anuncio en los próximos días. La intención es oxigenar a los trabajadores y al sector productivo", planteó.

En otro orden y consultada sobre la eventual reelección de Maximiliano Pullaro, Coudannes dijo que por ahora, el mandatario está "plenamente abocado" a la gestión.

"El gobernador está ocupado en la gestión 24/7. Estamos con ese norte, muy centrados en la gestión – insistió-, sobre todo en el tema seguridad y haciendo mucho territorio". Indagada sobre si tienen previstas conversaciones con las demás fuerzas políticas para definir la fecha de elecciones de 2027, sostuvo que "de los calendarios se hablará, porque el tiempo pasa, pero será en su debido momento".

Coudannes ratificó el retorno progresivo y escalonado de las actividades a la escuela de San Cristóbal.

La funcionaria ratificó, en otro orden, el retorno progresivo y escalonado de las actividades a la escuela N° 40 de San Cristóbal. Y se refirió al planteo de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, de comenzar a debatir la conveniencia de prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años.

"Para nosotros es un tema que atender y transitar, con preocupación pero también con acción - sostuvo-. Ella (por Vranicich) habló en el marco del informe de gestión que brindó antes los senadores provinciales. Entendemos que ésa es una discusión que tienen que dar otros poderes del estado; tiene que darse la discusión en la Legislatura. El debate es legislativo", sentenció.

Finalmente, comentó que se registró un número récord de inscriptos interesados en participar de la próxima subasta de bienes secuestrados al delito. "Hay más de cinco mil anotados para un remate que incluye hasta una avioneta. El miércoles se exhibirán los bienes en Rosario con la presencia del gobernador y se procederá, luego, a la subasta", concluyó.

(Por Juliano Salierno) - La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentó el 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura santafesina, en una exposición donde combinó definiciones políticas con datos duros para describir un escenario en transformación: menos homicidios que en años anteriores, pero con nuevas expresiones de violencia, particularmente entre jóvenes.

Los cinco fiscales regionales acompañaron a la titular del MPA. Foto: Guillermo Di Salvatore

“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, afirmó al inicio de su discurso, enmarcando la presentación en la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. Sobre esa base institucional, la titular del MPA trazó un diagnóstico que tuvo como eje la mutación de la violencia en la provincia.

Vranicich sostuvo que los niveles de violencia letal muestran una tendencia a la baja, aunque advirtió que el fenómeno está lejos de resolverse. Los números del informe respaldan esa afirmación: en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los valores más bajos de la última década.

Sin embargo, la fiscal remarcó que el problema sigue concentrado territorialmente. El departamento Rosario acumuló 115 de esos crímenes, más de la mitad del total provincial, y en ese contexto adquiere centralidad el vínculo con economías ilegales: allí, 6 de cada 10 homicidios estuvieron asociados a organizaciones criminales.

En esa línea, también se evidenció el peso de la violencia armada. “Hay una multicausalidad en la baja de los niveles de violencia”, sostuvo, aunque los datos muestran que el 70,5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego —81,7% en Rosario— y que durante el año hubo 855 personas heridas por disparos.

Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las nuevas formas de violencia protagonizadas por adolescentes, centralizado en el crimen de Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Moreno de San Cristóbal. “Hoy, en el contexto que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar", dijo Vranicich. Foto: Guillermo Di Salvatore

Para ilustrar ese fenómeno, la fiscal enumeró otros casos recientes de alto impacto ocurridos en distintas localidades, y sostuvo que existe un cambio de paradigma en la forma en que se configuran estos hechos. “Esta violencia adolescente extrema nos interpela en el mundo adulto”, advirtió.

En ese análisis, introdujo un factor novedoso: el rol de las redes sociales y entornos digitales. “El submundo a través de las redes donde niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar de contención, pero no desde la empatía, sino desde el odio”, describió. A ello sumó la dificultad investigativa: “Se comunican por aplicaciones que no dejan rastros”.

Frente a este escenario, Vranicich defendió la estrategia del MPA basada en objetivos priorizados. “Hemos reafirmado el trabajo de un plan de persecución penal”, indicó, con foco en las violencias altamente lesivas, la corrupción institucional, las víctimas vulnerables, la violencia de género, los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Los indicadores muestran avances en esa línea. El índice de individualización de autores en homicidios alcanzó el 62,2%, y se dictaron 258 condenas por ese delito durante el año. En paralelo, se registraron 1.044 causas por extorsión —con fuerte concentración en Rosario— y 87 condenas.

En materia de microtráfico, uno de los ejes centrales de la política criminal, se contabilizaron más de 15.000 ingresos, con 2.513 investigaciones formalizadas y 350 condenas. Además, se realizaron 63 operativos de derribo de puntos de venta, alcanzando los 111 desde la vigencia de la ley que autoriza a la provincia a combatirlo.

“No estamos esperando la denuncia policial para actuar, generamos nuestras propias investigaciones”, subrayó la fiscal, al describir un cambio en la lógica de intervención del organismo.

El control de armas ocupó también un lugar destacado en la exposición. Durante 2025 se enviaron a destrucción 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones, en una política que el MPA considera clave para reducir la violencia letal.

En cuanto a la violencia de género, el informe registró 30 homicidios de mujeres, de los cuales 18 estuvieron vinculados a este tipo de violencia (femicidios y transfemicidios). “La violencia de género existe y falta muchos años para que podamos desterrarla”, afirmó Vranicich.

Los regionales de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto estuvieron presentes. Foto: Di Salvatore

Además, la fiscal incorporó al análisis otras muertes violentas, especialmente suicidios, en línea con recomendaciones internacionales.

Según los datos del informe, en 2025 se registraron 964 muertes violentas: los suicidios representaron el 46,5% del total (448 casos, con una tasa de 12,7 cada 100.000 habitantes), seguidos por los homicidios culposos en siniestros viales con el 31,7% (306 casos) y, en menor proporción, los homicidios dolosos con el 21,8% (210 casos).

La fiscal planteó que esta lectura permite dimensionar que el grueso de las intervenciones del sistema no se agota en la violencia intencional, y advirtió además sobre una carga de trabajo menos visible.

En ese sentido, destacó que cada muerte bajo sospecha —incluidos los suicidios— activa protocolos complejos de investigación, con peritajes y medidas probatorias, lo que amplía significativamente la actividad del MPA más allá de los delitos tradicionales.

Finalmente, la titular del MPA dejó planteadas tensiones con el Poder Judicial. Cuestionó decisiones de jueces que se declaran incompetentes en causas relevantes -“Le pedimos a los jueces que comiencen a entender la lógica de trabajo”, reclamó-; y apuntó contra la Corte Suprema provincial por la falta de respuesta en torno al Centro de Justicia Penal de Santa Fe.

En ese contexto, Vranicich profundizó sus cuestionamientos hacia la Corte señalando que, conforme a la nueva arquitectura constitucional, existía una cláusula que obligaba a contemplar la participación de los actores del sistema en las decisiones sobre infraestructura judicial, lo que —según afirmó— no fue respetado.

“Estoy contando objetivamente lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a las notas remitidas por el MPA y el MPD, incluida una presentación formal del 1 de abril que aún no obtuvo contestación.

En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones unilaterales no sólo tensionan el vínculo entre poderes, sino que también impactan en las condiciones operativas del organismo en una etapa de transición institucional marcada por la reciente consagración de su autonomía.

La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el Ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, recorrieron la obra del Centro de Justicia Penal que se construye en Venado Tuerto, en el barrio Gutiérrez (viejo Hospital).

Vranicich señaló que los especialistas a cargo de la obra "nos brindaron detalles acerca de los avances de la misma".

En tal sentido, Enrico dijo que "esta es una obra compleja porque no es un edificio para una sola función, porque acá estarán los defensores públicos, los fiscales, los jueces penales, las oficinas de gestión judicial y las salas de audiencias".

Vranicich también valoró que "tendremos un edificio funcional que permitirá optimizar  la atención a las víctimas y testigos y el propio trabajo de los integrantes del MPA además de la cercanía con las policías de investigación".

"Los centros de justicia penal, como su nombre lo indica, están destinados a alojar a todas las instituciones del sistema penal: fiscales, defensores y jueces", subrayó Vranicich. "Este modelo es replicado en toda la provincia, tal como se viene proyectando desde hace más de 10 años y por el cual el MPA continuará bregando en su cumplimiento a través de los carriles institucionales correspondientes y en el marco constitucional vigente, concluyó la Fiscal General.

Juliano Salierno

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, mantuvo este miércoles por la tarde una reunión de trabajo con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, Victoria Tejeda, y con la recientemente designada secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el inicio formal de una agenda compartida entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las nuevas autoridades del área de género del Poder Ejecutivo.

Travaini (izq) fue designada recientemente en el cargo por el gobernador Pullaro. Foto: Prensa Gobierno

De la reunión también participó la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani.

Según se informó oficialmente, Travaini —quien fue nombrada en el cargo por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 26 de enero— se presentó formalmente ante la titular del MPA y, a partir de allí, se avanzó en la definición de prioridades para los primeros meses del año.

Fuentes del MPA y Gobierno coincidieron que durante el encuentro se trabajó sobre cuatro ejes centrales:

El primero fue la necesidad de establecer mecanismos estables de comunicación entre el organismo de la acusación y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de coordinar las intervenciones del denominado “segundo nivel” en relación con las víctimas de violencia de género.

En ese punto, se destacó la complejidad de los casos y la multiplicidad de actores que intervienen en la llamada “ruta crítica de atención”.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de fortalecer y ampliar los espacios destinados al abordaje de los varones que ejercen violencias por razones de género.

En ese sentido, se analizó la experiencia de dispositivos grupales que funcionan como instancias de concientización, tratamiento y eventual reinserción, ya sea ofrecidos de manera voluntaria o impuestos como reglas de conducta en el marco de procesos penales, generalmente a través de convenios con municipios y comunas.

El tercer eje estuvo vinculado a la necesidad de avanzar en la implementación de dispositivos de análisis y evaluación de riesgo para las víctimas de violencia de género, con criterios compartidos entre los distintos organismos del Estado.

La posibilidad de contar con un protocolo común que involucre a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, junto con el MPA, fue señalada como una herramienta clave para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones críticas.

En ese marco, se confirmó que el próximo martes se realizará una reunión con actores de los tres estamentos para profundizar ese trabajo.

Finalmente, se planteó la creación de dispositivos específicos para el abordaje de jóvenes menores de edad que cometen delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, hechos que dan origen a investigaciones a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

Las fuentes coincidieron en que actualmente existen vacíos en este campo y que resulta necesario repensar las estrategias desde una lógica preventiva y territorial.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Género ampliaron que la reunión tuvo como telón de fondo la construcción de “una agenda compartida”, principalmente centrada en la atención integral de la violencia de género.

También se analizó la implementación de las tobilleras duales. Foto: Archivo

Uno de los puntos sensibles fue la necesidad de mejorar el “ida y vuelta” de información respecto de la situación procesal de los varones imputados, ya que, si bien la fiscalía brinda información, muchas veces resulta difícil de procesar para las mujeres víctimas en los primeros momentos.

También se analizó la implementación de las tobilleras duales, cuyo uso fue anunciado en la provincia el 25 de noviembre pasado. Si bien el sistema ya se encuentra operativo, se reconocen limitaciones técnicas que condicionan su aplicación, como la necesidad de conexión al 911 y una distancia mínima entre víctima y victimario, lo que dificulta su utilización en algunas localidades.

En conjunto, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación interinstitucional, ajustar los dispositivos existentes y avanzar hacia una política más integral, que no sólo contemple la respuesta penal, sino también la prevención y el trabajo en el territorio.

En el marco del segundo aniversario de la ley N.º 14.239 y en cumplimiento de su artículo 5, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la fiscal general, María Cecilia Vranicich, presentaron este viernes la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, que tendrá alcance en todo el territorio provincial.

Durante la actividad, Pullaro -que estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni-, destacó “la valentía de los fiscales para comprender que era necesario hacer cosas distintas y asumir la iniciativa política”. Recordó que la situación de violencia que atravesaba la provincia, y en particular la ciudad de Rosario, fue durante años presentada como irreversible. “Las instituciones democráticas de Santa Fe entendimos que teníamos que trabajar de manera conjunta los tres poderes del Estado para innovar en políticas públicas y dar respuestas concretas a la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario subrayó que la ley de microtráfico fue objeto de un intenso debate. “Había que ser valientes para dar una discusión contracultural. Entendimos que necesitábamos estas herramientas normativas para poder avanzar y, dos años después, vemos que tomamos las decisiones correctas”, señaló. Y agregó: “Si seguimos trabajando con método y coordinación, las imágenes que durante mucho tiempo expusieron a Rosario y a Santa Fe en medios nacionales e internacionales van a quedar atrás. Hay una decisión del Estado provincial de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”.

Pullaro remarcó además el trabajo articulado con la Justicia Federal en las causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, y enfatizó el rol que asume la Provincia en el combate al narcomenudeo. “Nos hacemos cargo de nuestra parte”, sostuvo.

Al hacer un balance de la política de seguridad, el gobernador aseguró que Santa Fe atraviesa el año menos violento desde que existen estadísticas oficiales. “Rompimos un círculo vicioso en el que la violencia crecía año tras año. Esto no fue casual: hubo planificación, coordinación institucional y decisiones firmes, como impedir que los presos tengan teléfonos celulares para ordenar homicidios o extorsiones. Recuperar el orden nos está permitiendo volver a vivir con mayor tranquilidad”, concluyó.

Por su parte, la fiscal general Vranicich recordó que a solo trece días de la implementación de la ley, el 11 de enero de 2024, se concretó el primer derribo de un búnker de venta de drogas. “Hoy ya llevamos 99 búnkeres derribados. Es una medida que tuvo un impacto muy positivo, especialmente para los vecinos”, destacó. En la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico trabajarán 11 fiscales.

De cara a 2026, Vranicich sostuvo que el objetivo es profundizar un abordaje “proactivo y estratégico” para que los índices de violencia continúen en descenso, y remarcó que “el rol del Ministerio Público de la Acusación es objetivo: los fiscales no somos jueces”.

Finalmente, el fiscal Franco Carbone señaló que la creación de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico “no es un punto de llegada, sino una respuesta institucional a una demanda histórica del Ministerio Público”. “Quienes trabajamos en el territorio sabemos que la venta minorista de estupefacientes no es un fenómeno aislado, sino que está directamente vinculada a las violencias que se generan en los barrios”, explicó.

“A poco más de dos años de la implementación de la ley N.º 14.239, inauguramos formalmente la primera unidad fiscal que depende directamente de la fiscal general y tiene competencia en toda la provincia. Esto no es casualidad: es planificación, conducción y coherencia”, concluyó Carbone.

"El Plan Bandera sigue firme en Rosario. Continúa la doctrina de seguridad y orden" señaló la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva ayer en Rosario tras reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro y su par santafesino, Pablo Cococcioni y visitar la sede del comando unificado central de fuerzas federales.

Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad Cococcioni con la flamante ministra de Seguridad nacional mantuvieron una reunión de coordinación, trabajo y análisis del despliegue en conjunto que desde hace dos años se lleva adelante entre fuerzas de seguridad provincial y federales en el marco del Plan Bandera.

El encuentro entre funcionarios provinciales y nacionales se llevó a cabo en la Sede de Gobierno en Rosario y coincidió con la primera visita de Monteoliva como ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de la recientemente electa senadora nacional Patricia Bullrich.

"A los rosarinos quiero transmitirles que el Plan Bandera es una prioridad, que se fortalece día a día y que el esfuerzo de Nación se suma al trabajo de la Provincia. Entendemos que es la única manera para seguir generando los resultados que tenemos hasta el momento", expresó Monteoliva en conferencia de prensa.

Pullaro, Monteoliva y Cococcioni mantuvieron una reunión de coordinación, y trabajo del Plan Bandera.

"Hacemos un gran reconocimiento a estos dos años de gestión de la saliente ministra Patricia Bullrich y no dudamos de que vamos a seguir este trabajo", señaló el ministro Cococcioni. Y aseguró que la nueva titular de la cartera nacional, quien anteriormente fuera secretaria de Seguridad, "es una persona sumamente preparada y con la cual hace un año y medio veníamos trabajando codo a codo".

"Es una parte fundamental, ella y su equipo, de los resultados que se han logrado en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario, en lo que es la reducción de los terribles indicadores de violencia que hemos recibido en diciembre de 2023", enfatizó Cococcioni sobre la nueva ministra Monteoliva.

La funcionaria nacional indicó que "para nosotros es fundamental, desde el Ministerio de Seguridad, tener presencia y acompañamiento permanente en la ciudad de Rosario. El Plan Bandera es parte de nuestros ejes fundamentales de gobierno".

La reunión de coordinación de trabajo se llevó adelante en el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y, además del gobernador Pullaro y los ministros Cococcioni y Monteoliva, participaron Martin Ferlauto (secretario de Seguridad), Federico Angelini (subsecretario de Intervención Federal) y Germán Pugnaloni (director de Normativa y Enlace con la Justicia), entre otros.

El encuentro entre funcionarios provinciales y nacionales se llevó a cabo en la Sede de Gobierno en Rosario

La ministra además ratificó el compromiso del trabajo conjunto para seguir llevando a la baja los indicadores de violencia en esa zona de la provincia. "Donde antes había caos, ahora hay orden" señaló tras mencionar que desde que se puso en marcha del Plan Bandera se han logrado pacificar los barrios y la ciudad de Rosario. Marcó que ya hubo más de 665 allanamientos y 3.050 procedimientos para desbaratar bandas.

"Esperamos que hacia fin de año sigue el descenso de casos de violencia" afirmó.

La ministra, además de visitar el Comando Unificado se reunió con legisladores de La Libertad Avanza y con la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich. En el encuentro institucional, Vranicich y Monteoliva coincidieron en continuar con la tarea articulada que vienen realizando desde el inicio de la gestión de cartera de Seguridad nacional con resultados destacables.

Vranicich manifestó que "los Ministerios Públicos Fiscales deben trabajar coordinadamente con los demás poderes del Estado, de los distintos niveles, fundamentalmente con los ministerios de Seguridad, tanto de Nación como de Provincia. De esa manera venimos trabajando y con la misma lógica continuaremos".

Por su parte, la diputada Romina Diez acompañó a la funcionaria al Comando Unificado de Rosario, donde repasó los logros del Plan Bandera y reafirmó el rumbo en la lucha contra el crimen organizado. "Acompañamos este proceso con firmeza y compromiso. Vamos por la ley de reforma penal porque el que las hace las paga" afirmó, en redes, la diputada rosarina.

Por Juliano Salierno

La declaración de autarquía, autonomía e independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tras la entrada en vigencia de la Reforma Constitucional se escindió del Poder Judicial, tendrá en noviembre dos hitos, uno de ellos consumado y otro en marcha.

El primero tiene que ver con un paso estrictamente formal y burocrático, pero que hace a la independencia del MPA como órgano extrapoder y refiere al pago de haberes. “Por primera vez el MPA pagó sueldos a 799 personas” que se desempeñan en las cinco regionales de la provincia, confirmaron desde el MPA.

Aunque simbólico, el recibo lleva un membrete con la sigla MPA y “no dice más Poder Judicial”, destacan desde 1º de Mayo 2417.

En cuanto a la masa salarial de 799 personas, la misma se desglosa de la siguiente manera: Fiscal General, Auditor General, Fiscales Regionales y fiscales titulares y adjuntos: 202; funcionarios: 70; y empleados: 527".

En paralelo, “estamos en el trabajo de armar el régimen de ingresos y el sistema de carreras”; y si bien “hay una parte que va pasar por una nueva Ley Orgánica que tiene que dictar la Legislatura, hay temas reglamentarios que tiene que dictar la Fiscal General”, expresaron.

Otro hecho histórico que está a punto de consumarse será la jura de 8 fiscales adjuntos subrogantes, que a diferencia de sus colegas en actividad, no asumirán el compromiso institucional ante la Corte Suprema de Justicia provincial, sino ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.

Aunque todavía no fue definido, se espera que se realicen dos actos, uno en la ciudad de Santa Fe, donde jurarán seis fiscales para la Fiscalía Regional Nº 1 (Santa Fe) y uno para la Fiscalía Regional Nº 5 (Rafaela); en tanto que luego se celebrará un acto similar en Rosario, donde asumirá el octavo fiscal, que prestará funciones en la Fiscalía Regional Nº 2.

Los ocho fiscales que restan prestar juramento y que inaugurarán esta nueva etapa en la vida institucional del MPA, ya atravesaron la instancia de la Asamblea Legislativa el pasado 25 de septiembre y el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto designándolos el 24 de octubre último.

La lista está compuesta por seis fiscales para Santa Fe (FR1): Agostina Yanel Aimi; Jésica Bernard; Laura Gerard; Natalia Giordano; Julio Lema; y Pablo Gabriel Lipowy. Un fiscal para Rafaela (FR5): Mauricio Gabriel Spinosa. Y un fiscal para Rosario (FR2): Federico Damián Aranda.

Y si bien se aguardan precisiones en cuanto a definición de día y lugar, es un hecho que se realizará a mediados de la semana próxima. En cuanto a lo protocolar, se espera la presencia de autoridades académicas y del Ministerio de Justicia y Seguridad; legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad y fiscales y funcionarios del MPA.

Los antecedentes inmediatos en cuanto a los actos de jura se remontan al 12 de septiembre pasado, cuando el gobernador Pullaro en su discurso de cierre de la reforma de la carta magna provincial se refirió al rol de la Justicia, en el que se “definen con claridad cuáles son los límites de permanencia en los cargos para el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“Con esta Constitución tendremos un ministerio público de la acusación y defensa que protege a la sociedad, que persigue el delito y también esté al lado de los más vulnerables. Se democratiza el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores, y el procedimiento de remoción. Queremos consolidar un sistema de justicia más ágil, cercano y centrado en la protección de la sociedad”, completó.

Ese mismo día juraron la Fiscal General, Vranicich y la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, junto a las principales autoridades de los tres poderes tradicionales del Estado y los convencionales constituyentes.

Luego, el 27 de septiembre, en un acto realizado en el Museo de la Constitución, la Fiscal General tuvo su propio acto para recibirle juramento a los tres fiscales regionales del centro norte y a unos 60 fiscales. Acto que al mes siguiente se replicó en Rosario, en el Museo a la Bandera.

“Es un día histórico”, dijo Vranicich, subrayando que “es la primera vez que una autoridad del MPA toma juramento, y esto responde a la decisión de los convencionales que, en representación del pueblo santafesino, decidieron que el MPA sea un órgano extrapoder”.

(Por Juliano Salierno) - El Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe será escenario de la primera jura de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes prometerán “fidelidad, respeto y cumplimiento” de la nueva Constitución provincial.

La actividad, prevista para este sábado 27 de febrero a las 10.15, estará encabezada por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, quien en primer término tomará juramento a los fiscales Jorge Nessier -titular de la Regional Nº 1 Santa Fe-, Rubén Martínez -de la Regional Nº 4, sede en Reconquista- y Carlos Vottero -de la Regional Nº 5 de Rafaela-.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estará al frente de la ceremonia. Foto: El Litoral

Además, se espera que presten juramento al Auditor General de Gestión, Leandro Luis Mai, y funcionarios de la Fiscalía General.

Luego, la Dra. Vranicich, junto a cada fiscal regional, hará lo propio con los fiscales titulares, adjuntos y adjuntos subrogantes de cada una de las circunscripciones.

La fórmula única de juramento será: “Por la fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de la Provincia de Santa Fe”, la cual culminará con la entrega de un certificado de juramento a cada uno de los asistentes.

La ceremonia contará con la presencia de unos 15 fiscales de la Regional Rafaela; 12 de la Regional Reconquista y Vera; en tanto que por la Regional Santa Fe confirmaron su presencia 36 de los 45 fiscales actualmente en actividad.

Unos 15 fiscales acompañarán al Regional, Carlos Vottero, de Rafaela. Foto: Agencia

Así, más de 60 funcionarios públicos prestarán juramento a la Constitución reformada y sancionada el 10 de septiembre, “en cumplimiento de la obligación constitucional establecida en la Segunda Cláusula Transitoria, la cual entró en vigencia el jueves 11 de septiembre”, señala la participación oficial enviada a cada uno de los participantes.

“La Fiscal General va a tomar juramento a los regionales primero y luego, junto a cada regional se le va a tomar a cada fiscal y fiscal adjunto de las respectivas circunscripciones”, expresó el Dr. Carlos Vottero, de la Regional Nº 5.

El fiscal Martínez consideró “extraordinario que sea jurada y conocida por todos". Foto: Archivo

“Me parece importante porque es todo un proceso histórico el que estamos viviendo, porque la constitución es la idea de un territorio, de cómo organizarse y desarrollarse”, dijo el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez.

Afín a la idea de “que se conozca y que se le de difusión”, el representante del norte santafesino considera “extraordinario que sea jurada y conocida por todos”, porque “la jura implica un compromiso personal con la constitución, más allá del acto meramente formal”.

"Será un acto importante desde lo simbólico”, destacó el fiscal Nessier.

Por su parte, el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier destacó que “será un acto importante desde lo simbólico”, aunque lamentó que por viajes programados o licencias previstas, 9 fiscales de su equipo no podrán estar presentes.

Este será el primer acto en su tipo desde la puesta en funcionamiento del MPA, el 10 de febrero de 2014. El próximo, está previsto para el sábado 4 de octubre, en la ciudad de Rosario y estará destinado a fiscales regionales y sus respectivos equipos de las Regionales Nº 2 (Rosario) y 3 (Venado Tuerto), a la que se espera que asistan más de un centenar de funcionarios.

Veintisiete fiscales adjuntos subrogantes del MPA juraron este viernes en una ceremonia que se llevó a cabo en Rosario. De ese total, 22 cumplirán funciones en la Fiscalía Regional 2 y los otros 5 en la Fiscalía Regional 3.

La jura se desarrolló este mediodía en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad del sur provincial.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto. En relación a la incorporación de los fiscales adjuntos subrogantes, destacó que “el 85% de las personas que juraron son recursos formados en el propio MPA”. Al respecto, explicó que “se trata de integrantes del MPA que vienen desempeñándose en la Institución y que conocen claramente el rol de persecución penal a asumir”.

Por otro lado, Vranicich resaltó que “la jura de los 27 fiscales se enmarca en la etapa de fortalecimiento institucional que inició en 2023, luego de haber atravesado una primera etapa fundacional desde 2011 y una segunda de consolidación a partir del 2017”. Además, subrayó que “la incorporación de nuevos fiscales representa un fortalecimiento a las estructuras del MPA, ya que proporcionará una mejora en las respuestas a la ciudadanía y en particular a las víctimas”.

En el acto, también estuvo presente el fiscal regional de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, quien a su vez está a cargo interinamente de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción Judicial; y el secretario general, Leandro Maiarota, entre otros funcionarios e integrantes del MPA.

Los fiscales adjuntos subrogantes que comenzaron a prestar funciones fueron designados en razón de la tramitación de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo, en el cual por primera vez el MPA formó parte del jurado a través de fiscales evaluadores designados por la Fiscalía General, junto a representantes de los Colegios de Abogados y del estamento académico. Dicho concurso contó con el acuerdo legislativo correspondiente.

Para la Fiscalía Regional 2 juraron como fiscales adjuntos subrogantes: Ivana Addoumie; Mercedes Banchio; Leonardo José Barucca; Amílcar Carlos Bernardi; Alejandro Caron; Georgina Cherara; María Manuela Dalcol; Ernesto Juan Manuel Ducasse; Agustina Fertitta; Mariela Verónica Gusso; Ignacio Andrés Hueso; María Cecilia Marcolín Loberse; Ramiro Martínez; Pol René Moutin; Juan Pablo Oggero Gentinetta; Carla Soledad Ranciari; María Laura Riccardo; Nicolás Luis Rolón; Martín Oscar Sanguinetti; Franco Leonel Tassini; Antonela Inés Valente y Victoria Vigna.

En tanto, para la Fiscalía Regional 3 se les tomó juramento a Larisa Barucca; Luciana Del Grecco; Luis Ricardo Jesús Lagioia; Ana Belén Stampella y Débora Vanesa Valentin. 

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantuvo un encuentro de intercambio con una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). La reunión se llevó a cabo ayer en la sede Rosario de la Fiscalía General.

En representación del organismo nacional, participaron los comisionados Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen y el integrante de la Dirección de Litigio, Juan Cardozo.

En tanto, por parte del MPA, Vranicich estuvo acompañada por el Secretario de Política Criminal y Derechos Humanos, Gustavo González, y el funcionario de la Fiscalía General, Mauro Trucco.

La reunión fue solicitada por la CNPT, a raíz del informe final de la visita de inspección que ese organismo de control realizó en abril del año pasado a unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe.

Luego del encuentro, la Fiscal General valoró que “la delegación de la CNPT propuso abordar cuestiones advertidas en la inspección y articular acciones para la implementación de recomendaciones para prevenir actos de tortura en perjuicio de personas privadas de su libertad”.

A su vez, Vranicich destacó que “en la reunión también se abordaron diversos temas como los establecimientos penitenciarios en los que hay detenidos de alto perfil y el proceso de implementación de la ley de desfederalización de microtráfico en la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, los comisionados fueron recibidos por el Fiscal Regional Interventor de Rosario, Matías Merlo.

Al cabo de un minuto de silencio, en memoria de la convencional reformadora electa Alejandra “Locomotora” Oliveras, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el pliego del doctor Matías Sebastián Merlo, como Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Circunscripción Judicial Nº 2, con sede en la ciudad de Rosario.

La votación fue por signos y en el mismo sentido que el dictamen que, también con todas las firmas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, recomendó la aprobación. El miércoles 30 de julio la bicameral tomó la entrevista de rigor a Merlo, quien ya estaba en esas funciones como interventor, designado por la fiscal general María Cecilia Vranicich.

El caso de Rosario y el MPA mereció algunas acotaciones nada al margen por parte de la diputada Lionella Cattalini (UCSF-PS) quien recordó la grave crisis de conducción que vivió esa fiscalía regional y las modificaciones hechas por Vranicich cuando contó con normas que votadas por la Legislatura que le dieron más poder. Tanto elogió la labor de la cabeza del MPA como la decisión política que en su momento tomaron los legisladores frente a la crisis de inseguridad rosarina y las acusaciones entre fiscales.

La Asamblea Legislativa rindió homenaje a la Locomotora Oliveras con un minuto de silencio.

En marzo de 2024, Merlo se hizo cargo de esa labor ante “los múltiples conflictos existentes entre los fiscales” que “ponen de manifiesto un ejercicio de la autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria” en esa fiscalía regional. Fue designado solo por seis meses inicialmente y continuó en esa función hasta su confirmación por el Poder Legislativo.

Antes, la fiscal general ordenó un monitoreo de 90 días del trabajo en las unidades “críticas” del MPA rosarino, desde septiembre de 2023, cuando los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su colega Matías Edery ante presuntas irregularidades en la relación informativa que mantenía con su informante Mariana Ortigala, a quien Moreno y Socca imputaron en septiembre de 2023 por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido del líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero. Además, la mujer está sindicada como posible testaferro del capo narco que está en el penal federal de Marcos Paz.

El 30 de julio la bicameral le tomó la entrevista de rigor a quien ya estaba en funciones como interventor.

Antes, esa oficina estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Iribarren, desde 2020, de forma interina, tras la detención del entonces fiscal regional, Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad por recibir coimas del juego clandestino.

Iribarren había estado al frente de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que luego fuera auditada. Presentó su renuncia al MPA para iniciar sus trámites jubilatorios a fines de 2024.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) puso en funcionamiento este lunes el portal Muninn, una nueva herramienta digital que permitirá a víctimas o familiares de víctimas realizar cualquier consulta sobre denuncias o investigaciones en curso. Este nuevo sistema fue creado por la Dirección de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica en conjunto con la Secretaría de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General.

La implementación de Muninn es un paso fundamental para asegurar una comunicación fluida y transparente entre el MPA y las víctimas, al tiempo que garantiza la trazabilidad, la seguridad y la eficiencia necesarias.

Esta incorporación fue proyectada y diseñada en el marco del lineamiento estratégico de gestión priorizado de la Fiscalía General relacionado al abordaje a las víctimas con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y el acercamiento institucional a las mismas.

El portal fue presentado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, en reuniones que mantuvo con asociaciones de víctimas en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. En la capital de la provincia, el encuentro se llevó a cabo el miércoles pasado, mientras que en Rosario fue el viernes.

A partir de hoy, las víctimas y familiares pueden registrarse para acceder al sistema.

Para acceder al sistema el usuario deberá, por primera y única vez, presentarse con su DNI y un teléfono celular en una dependencia del MPA. El personal del MPA que fue especialmente capacitado en este nuevo sistema creará el usuario. Además, en el dispositivo móvil que lleve la persona, se configurará una contraseña OTP que garantiza una autenticación reforzada.

Una vez registrada la información de la persona interesada, ya podrá acceder en el botón “Portal de la víctima”, disponible en la página de inicio de la web oficial del MPA (mpa.santafe.gov.ar), y enviar sus consultas al MPA.

Cada vez que el usuario inicie su sesión, deberá ingresar el nuevo código OTP que se genera en su celular particular, lo cual garantiza que solo esa persona pueda acceder a su información.

El MPA atenderá las consultas y brindará respuestas claras y respaldadas digitalmente. Asimismo, se podrán visualizar todas las consultas realizadas y las respuestas recibidas, con registro de la fecha de acceso.

En un acto que se llevó adelante en la ciudad de Rosario en la jornada del lunes, juró como fiscal adjunta para la Fiscalía Regional 3, Venado Tuerto, Marianela Montemarani Menna. Al mismo tiempo, Romina Ayelén Cocomazzi, Mariana Caratozzolo, Brenda Carina Coassollo y Carlos Gabriel Álvarez se incorporaron como fiscales adjuntos a la Fiscalía Regional 2. Los cinco integrarán las Unidades Fiscales Especializadas de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario y en Venado Tuerto.

La ceremonia se realizó en mañana del lunes en el salón de actos de los tribunales provinciales en la ciudad de Rosario.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto junto con el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y e Interventor de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, y la Fiscal Regional Interina de Segunda Circunscripción, Marianela Luna.

También estuvieron presentes la fiscal coordinadora del Área de Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General para la implementación de la incumbencia en Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) acercó a constituyentes electos una serie de propuestas que buscan contribuir a una reforma de la Constitución "que promueva la inversión, la innovación, el empleo de calidad y el desarrollo equilibrado de todas las regiones". Fue durante una reunión realizada en Rosario y a la cual asistieron representantes de cuatro de los seis sectores que estarán en la asamblea desde el 14 de julio.

"En el documento nos enfocamos en aquellas cuestiones que pueden tener impacto en lo productivo. No fueron reclamos, fueron propuestas" señaló Javier Martín, presidente de Fisfe a El Litoral. En el encuentro hubo varios representantes de Unidos, entre ellos Joaquín Blanco, Esteban Motta, Lionella Cattallini y Germana Figueroa Casas; Pablo Corsolini (Más para Santa Fe); Marcelo Lewandowski, Victoria Capoccetti, Rubén Giustiniani y Eugenia Martínez (Activemos) y Daniel Machado (Somos Vida y Libertad).

"Este espacio de diálogo es fundamental. Es clave que tantos actores diversos estemos sentados hoy en esta mesa con los legisladores", destacó Martín. "Hablamos de autonomía municipal, empleo de calidad, formación técnica, servicios públicos, innovación, ambiente y del rol estratégico de la industria en el desarrollo de Santa Fe", agregó el empresario.

Javier Martín expone propuestas industriales ante representantes políticos. Foto: Gentileza Fisfe

En el documento, se señala que la reforma de la Constitución constituye "una oportunidad histórica para actualizar el marco institucional que guiará el desarrollo de nuestra provincia en las próximas décadas. Este proceso exige una visión estratégica y plural, que contemple las necesidades del entramado productivo santafesino".

Las propuestas buscan contribuir a una reforma que promueva la inversión, la innovación, el empleo de calidad y el desarrollo equilibrado de todas las regiones.

Luego marca seis puntos: Autonomía municipal y constitución de áreas metropolitanas; trabajo decente y negociación colectiva; educación y desarrollo científico tecnológico; servicios públicos; derecho a un ambiente sano y sustentable y promoción de la industria.

Sobre el último punto proponen incorporar un artículo específico que jerarquice la necesidad de impulsar el crecimiento de la industria santafesina, en línea con el artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional, que manda "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo".

Fisfe marca que "Santa Fe tiene una larga tradición industrial que debe consolidarse con políticas de Estado que garanticen estabilidad normativa, estímulos productivos e infraestructura adecuada. Incorporar este principio en el texto constitucional sería una señal clara de respaldo al entramado productivo y a la inversión de largo plazo., financiero e institucional, determinando los criterios para el dictado de cartas orgánicas, según los alcances que establezca la ley especial".

La Legislatura santafesina. Crédito: Manuel Fabatía

La defensora provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, se reunió con la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

Durante el encuentro, realizado en la sala de reuniones de la Fiscalía General del MPA, y en el marco del proceso de reforma constitucional actualmente en curso en la provincia, ambas autoridades destacaron la importancia de que las instituciones que conducen sean expresamente reconocidas en el futuro texto constitucional como órganos independientes de los demás poderes del Estado, dotados de plena autonomía funcional y autarquía financiera, en consonancia con la Constitución Nacional.

Asimismo, el diálogo permitió abordar aspectos vinculados al funcionamiento del sistema de justicia penal, analizando especialmente los desafíos normativos, operativos e institucionales derivados de la reciente entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil.

El próximo sábado 21 de junio entrará en vigencia en toda la provincia el Código Procesal Penal Juvenil, aprobado por la ley número 14.228 sancionada por la Legislatura de la provincia el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año.

Para su implementación, en el seno del MPA, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco Fiscalías Regionales que hay en la provincia. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

“La UFERPA se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó la Fiscal General. “A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA”, especificó.

Vranicich sostuvo que “estamos frente a un cambio sustancial en las funciones del MPA”, y agregó que “desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad”. Al respecto, recordó que “comenzaremos a investigar a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”.

“La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia”, resaltó la Fiscal General.

Vranicich señaló que “a diferencia de lo sucedido en 2014 cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en tramite de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores por el MPA”.

Asimismo, destacó que “está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad”. Precisó que “nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA”. En tanto, añadió que “estamos en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente”.

“Hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los Fiscales Regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la UFERPA durante la primera etapa de persecución penal juvenil”, detalló Vranicich.

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

“La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas”, valoró Vranicich. “En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades”, manifestó.

Por otro lado, la Fiscal General afirmó que “desde la Escuela de Capacitación, se desarrollaron diversas actividades de formación en la materia, lo cual reafirma nuestro compromiso de mejora continua”.

Actualmente, se lleva a cabo la primera edición de un curso en el que se aborda la política de persecución penal en ese sentido y es obligatorio para todos los integrantes del MPA y del fuero penal de Menores de la provincia que traspasarán a la institución. En ese marco, el viernes de la semana pasada se desarrolló una clase virtual de cierre que estuvo a cargo de Vranicich, la fiscal coordinadora de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General en relación a Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Por su parte, quienes asumirán las nuevas incumbencias como funcionarios y empleados mantuvieron encuentros de trabajo presenciales a principios de este mes. Para los que pertenecen a las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5 se desarrolló una jornada de intercambio en la ciudad de Santa Fe; mientras que los de las Fiscalías Regionales 2 y 3 participaron de una reunión similar en Rosario.

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

En relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, cuya ley de convocatoria permite tratar el posicionamiento institucional del MPA, la Fiscal General subrayó que “el trabajo realizado en la implementación de esta nueva incumbencia refuerza el convencimiento de la necesidad de definir al MPA con autonomía funcional y autarquía financiera reales, lo cual permitirá ejercer la superintendencia sobre sus recursos humanos sin trabas burocráticas o de otra índole, lo cual redundará en la agilización de los procesos de trabajo para que sean más eficientes”. En tal sentido, concluyó que “estamos en uno de los momentos de mayor trascendencia institucional para la vida del MPA”.

(Por Juliano Salierno) - El lunes 9 de junio será un día más que especial para la Justicia santafesina, cuando en los tribunales de San Cristóbal se dé inicio al primer juicio por jurados en la historia de la provincia.

Las miradas están puestas en la ciudad del noroeste donde, desde muy temprano, comenzarán a llegar los ciudadanos convocados a intervenir como miembros del jurado, pero también habrá importante presencia de autoridades provinciales, principalmente de los poderes Judicial y Ejecutivo.

La fiscal general Vranicich confirmó su presencia en San Cristóbal. Foto: Archivo

Estarán presentes el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich; y autoridades de Secretaría de Gobierno, equipos de Gestión y Comunicación de la Corte Suprema de Justicia provincial.

En cuanto al juicio oral en ciernes, se llevará a cabo en San Cristóbal porque la ley N° 14.253 sancionada y promulgada en marzo de 2024 que instaura el juicio por jurados en las causas criminales de mayor relevancia, estableció una puesta en marcha progresiva, siendo la Circunscripción judicial N° 5 con sede en Rafaela, la encargada del debut.

Según el cronograma de implementación, establecido en la resolución 2342 del 17 de septiembre de 2024 y modificatoria de la 1388 del 22 de julio, ya se encuentran en igual condición Reconquista -desde el 1 de diciembre de 2024; Venado Tuerto -1 de febrero de 2025-; y Santa Fe -1 de junio de 2025-; mientras que Rosario lo estará a partir del 1 de octubre de 2025.

En el caso particular, el 9 y 10 de junio próximos será juzgado el crimen del policía Franco López (40) y las lesiones contra Jésica L., ocurridos en zona rural de Monigotes -departamento San Cristóbal- la madrugada del 17 de enero de 2023.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, también estará en el juicio. Foto: El Litoral

Por el hecho estará en el banquillo Rubén Ulrich, un hombre de 58 años, detenido por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja" y "lesiones leves dolosas calificadas, mediando violencia de género”.

Ambos delitos agravados por el uso de arma de fuego, en concurso ideal; además de los delitos de “daño calificado y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Estará a cargo de guiar el debate el juez penal de Rafaela, Nicolás Stegmayer; en tanto por el Ministerio Público de la Acusación actuarán las fiscales Silvina Verney y Hemilce Fissore; y la defensa de Ulrich la ejercerán los abogados de la matrícula, Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci.

Si bien el debate en sí mismo tiene horario de inicio al mediodía, la actividad judicial comenzará a las 9 con la audiencia de selección del jurado, a la que asistirán los 36 ciudadanos convocados, de los cuales quedarán los 12 titulares, más 2 suplentes, que efectivamente estarán en la sala.

Una vez cumplimentado este paso formal, estará todo listo para el inicio del juicio. El juez Stegmayer dará las instrucciones iniciales al jurado y luego serán los alegatos de las partes.

La programación oficial establece que tras un cuarto intermedio se abra la etapa probatoria, con la declaración de 13 testigos; 6 de los cuales declararán el lunes y los 7 restantes el martes.

De no mediar inconvenientes, los alegatos de clausura están previstos para después del mediodía del martes, previo a las instrucciones finales y la deliberación del jurado, que decidirá por la condena (la fiscalía pedirá perpetua) o absolución del inculpado (la defensa proclama su inocencia).

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación por el cual formalizó su ingreso a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas. El documento fue rubricado esta mañana en Rosario por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y por el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la cartera nacional, Ignacio Cichello.

“El acuerdo viene a formalizar la participación del MPA en esta Red”, sostuvo Vranicich, quien también aclaró que “desde hace aproximadamente un año ya venimos trabajando mancomunadamente y hoy tenemos la alegría de suscribir formalmente el convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante el cual nos integramos a la Red”.

La titular del MPA sostuvo que “la Red, impulsada por la cartera nacional y con el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC), ha logrado articular laboratorios de distintas jurisdicciones, compartir criterios, establecer estándares analíticos comunes y construir un espacio de cooperación que trasciende fronteras y jerarquías institucionales”.

“Este modelo federal, ágil y colaborativo, no solo optimiza recursos. Eleva la calidad técnica y humana con la que enfrentamos uno de los fenómenos más complejos que atraviesan nuestras sociedades. Y eso, sin duda, nos acerca cada día más a una justicia efectiva y con bases científicas sólidas”, subrayó Vranicich.

La titular del MPA explicó que “hasta hace poco, el laboratorio forense del MPA en la ciudad de Santa Fe, realizaba análisis de estupefacientes, pero en el marco de investigaciones de la justicia federal. Hoy, ese mismo laboratorio -junto al de la ciudad de Rosario, que se suma con enorme compromiso a esta tarea- podrá comenzar a trabajar también en el abordaje de causas de microtráfico”. En tal sentido, la funcionaria destacó que “esta ampliación de capacidades no hubiese sido posible sin múltiples esfuerzos articulados, entre ellos, el valioso impulso que nos brindó la Red Federal de Laboratorios Antidrogas”.

El convenio entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación fue rubricado en el marco de las VII Jornada Interinstitucional de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas que comenzó esta mañana y que se extenderá hasta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad, el eje del encuentro es “Actualización de estándares analíticos para laboratorios forenses e introducción a sistemas de gestión de la calidad”.

“Es un orgullo participar en la apertura de esta nueva edición de las Jornadas Interinstitucionales de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas, un espacio que en solo un año se consolidó como una herramienta estratégica para fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente al tráfico de estupefacientes”, sostuvo Vranicich en el acto de apertura.

A una semana y media de la entrada en vigencia del nuevo Sistema Integral de Recompensas en la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación recibió dos mails aportando información sobre diferentes homicidios, y otras cuatro comunicaciones que podrían derivar en posibles denuncias sobre nuevos hechos.

Así lo confirmó la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, en diálogo con El Litoral. La funcionaria había participado del acto de presentación del nuevo sistema junto al gobernador, en la ciudad de Rosario. La principal innovación radica en que se fija el valor de la recompensa en 8 millones de pesos como piso para todos los crímenes cometidos a partir de 2014 y que no hayan sido esclarecidos.

Hasta aquí, el mecanismo implicaba que sólo en casos puntuales y por pedido de los propios fiscales, se activaba el ofrecimiento de una recompensa.

“Partíamos de individualizar y diferenciar, primero, un caso de todos los demás. Ahora, el programa es integral; es darle un vuelo mucho más amplio al sistema y con una lógica distinta de aplicación. El sistema siempre fue bueno; como herramienta investigativa es interesante. Pero ahora es mucho más amplio y depende mucho del nivel de difusión que tengamos”, insistió.

La Fiscal General María Cecilia Vranicich. Foto: Manuel Fabatía.

-¿Cómo funcionaba el sistema antes de este relanzamiento?

Antes era al revés. Nosotros teníamos que convencer al Poder Ejecutivo de que un caso en particular ameritaba la recompensa. Ahora, se nos facilita enormemente porque todos los casos están dentro del paraguas de un eventual recompensa.

-¿Es decir que todo aquel que tenga datos de homicidios no esclarecidos a partir de 2014, los puede aportar y ustedes sobre la base de la veracidad de esa información, definen si se paga la recompensa o no?

Sí, pero no es sólo la veracidad, sino también la utilidad de esa información. Porque tal vez hay un dato que es certero pero que no me alcanza para detener a la persona que estamos buscando. Entonces, al no ser útil, no se dispara la recompensa.

La información aportada tiene que dar frutos reales en la investigación. Hay dos cosas, credibilidad y relevancia. Tenemos que poder corroborar el dato para verificar que sea certero, y nos tiene que servir para resolver una investigación.

Ministerio Público de la Acusación.

-¿Qué resultados han tenido en los primeros quince días de anunciados los cambios del sistema?

Para recibir información, como MPA, tenemos la vía del correo electrónico (recompensas@mpa.santafe.gov.ar) y también la ciudadanía puede llamar al 911. Son los dos carriles institucionales que tenemos para recibir información. Esa información se pasa directamente al fiscal que tiene la investigación del homicidio sobre el que se aporta el dato.

En estos primeros quince días, tuvimos información relacionada a dos homicidios. Después llegó otro tipo de información, pero que no tenía pertinencia directa sobre lo que es la recompensa, sino más bien, personas que querían hacer algún tipo de denuncias. En esos casos puntuales, los asesoramos para que el tema se reencauce.

- ¿Cuántos son los homicidios no esclarecidos en la provincia desde 2014?

Nosotros lo chequeamos con lo que es el índice de identificación formal que a nivel provincial es de alrededor del 50%. Es decir, tenemos un 50% (de los responsables de esos hechos) identificado; hay otro 50%, no identificado.

-¿La mitad de los homicidios de 2014 a la fecha no está esclarecido?

Sí, pero tampoco podemos dar un número exacto porque hay casos que quizá están parcialmente esclarecidos. Hay homicidios en los que quizá los responsables fueron dos, y tenemos al autor material pero no logramos identificar o detener al autor intelectual.

O al revés; hay casos en los que tengo el autor intelectual pero no al gatillador. Por eso es muy difícil hablar en términos de cuántos hechos están esclarecidos y cuántos no.

-¿Sobre la base de qué parámetros se establece el monto a pagar? Porque el piso es 8 millones, ¿pero -cuál es el límite?

Eso depende del caso en concreto. El caso de Paula Perassi, por ejemplo, tiene asignada una recompensa de 30 millones de recompensa. Ése es un caso paradigmático. Se analiza la gravedad de cada caso; no es lo mismo un homicidio que un múltiple homicidio. Depende del caso concreto en sí y también de la conmoción que genere.

-¿Hay un tope?

Eso no quedó establecido; el programa fija un inicio, un piso, una base, pero para arriba, no hay límite.

Ministerio Público de la Acusación.

-¿A partir de ahora, ya no habrá casos puntuales que disparen el pedido de ofrecimiento de una recompensa?

Exacto; todos los homicidios (desde 2014) están contemplados. Incluso, como decíamos antes, cuando hayan sido esclarecidos o parcialmente esclarecidos porque puede haber hechos que generaron una condena pero el aporte de un dato nuevo, dispara una línea investigativa sobre quién ha sido, por ejemplo, el instigador de ese hecho.

O al revés; tengo al autor intelectual pero no al sicario. Por eso lo importante es que la ciudadanía entienda que cualquier información sobre un homicidio con condena o sin condena, puede ser muy relevante para nosotros.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este viernes un programa de recompensas para quienes aporten información que ayude a resolver homicidios no esclarecidos ocurridos en la provincia de Santa Fe desde el año 2014 hasta la actualidad, fijándose como piso de recompensa general el monto de $ 8 millones para quien aporte datos considerados de interés para la causa.El acto se realizó en la Sede de Gobierno en Rosario, y participaron también el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.La iniciativa ofrece dinero para quienes aporten datos para dar con autores de homicidios no esclarecidos, así como también información relevante para las causas. Asimismo se dispuso que la identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

Pullaro expresó que este programa “es un paso más en la lucha contra la violencia y contra la impunidad”, y remarcó que “es el programa más ambicioso de la República Argentina, por los recursos que estamos poniendo, pero fundamentalmente por el mensaje que le queremos enviar a todos los santafesinos, a los familiares de las víctimas de delitos violentos, y en particular a quienes viven en Rosario, que durante muchos años se vio golpeada por una tasa de violencia superior a la media”.Pullaro reconoció que “más allá de que existió un trabajo muy fuerte por parte del MPA para poder esclarecer los hechos, muchos quedaron impunes. Y esa impunidad se ve en la circulación de la violencia, que tiene que ver con rencillas viejas o venganzas. Entonces, la audacia de este programa tiene que ver con eso: mirar hacia atrás para reducir la impunidad y la violencia en tiempos en los que muchos casos son por deudas inconclusas de la criminalidad”.En ese sentido, el mandatario afirmó que “el primer punto es la lucha contra la impunidad: no queremos que ninguno de los delitos violentos que sucedieron en Santa Fe, desde que comenzó el nuevo proceso de justicia penal, quede impune, y ahí el gobierno provincial pone los recursos para que esto se pueda esclarecer”.“En segundo término -continuó-, estamos dando un mensaje a futuro que tiene que ver con poner todo lo que tenemos que poner para reducir la violencia”, y explicó que “vemos que se han pagado 50, 100, 200.000 o 300.000 pesos para que una persona termine con la vida de otra, entonces el Estado de Santa Fe está dispuesto a pagar 40 veces más a la persona que nos entregue al que cometió este delito y que termine con prisión perpetua. Eso es jugar fuerte”.

Previamente, Cococcioni brindó precisiones sobre el programa “que se puso a disposición para que no haya impunidad en Santa Fe”, y detalló que “a partir de hoy el gobierno ofrece de manera general e invariable una recompensa de 8 millones de pesos para todas aquellas personas que aporten información para esclarecer un homicidio ocurrido en la provincia de Santa Fe a partir del año 2014 y hasta la la actualidad”.El ministro aclaró también que “esos 8 millones de pesos de recompensa son el nuevo monto base que podrá ir actualizándose si es necesario, y pude haber un monto mayor por pedido del gobierno o la fiscalía dependiendo de la gravedad del caso, la complejidad del caso, de la dificultad investigativa, u otras causales”.

Por último, Vranicich mencionó que desde el MPA “celebramos esta propuesta de una lógica de recompensa integral, invitando a toda la ciudadanía a que si tienen información que pueda colaborar con la investigación de los fiscales en razón de homicidios cometidos desde 2014 en adelante, va a ser bienvenido”, al tiempo que pidió “madurez de toda la ciudadanía y seriedad” en la información que se brinde.Al respecto, la fiscal General indicó que “ya se habilitó el mail recompensas@mpa.santafe.gov.ar a través del cual vamos a recepcionar la información que quieran brindar. Esa información va a ser puesta en conocimiento del fiscal que en particular esté trabajando la causa, el caso o la investigación. Luego, el fiscal deberá corroborar la relevancia y la credibilidad que tenga esa información”.