Por Mariela Goy

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió este viernes por la noche un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. Allí, rectoras y rectores de universidades públicas repudiaron los “ataques y agresiones infundadas” contra las instituciones académicas y sus autoridades, en medio de la discusión por el financiamiento universitario y tras la masiva marcha federal realizada ese martes 12.

El pronunciamiento llegó después de varios días de cruces públicos tras la cuarta Marcha Federal Universitaria -que también se hizo en Santa Fe con amplia convocatoria- y de un fuerte debate televisivo en TN entre Álvarez y el presidente del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En ese intercambio, el funcionario nacional acusó a las universidades de estar “colonizadas” por la política y cuestionó a los rectores que participaron de las movilizaciones, mientras Bartolacci defendió el reclamo presupuestario y pidió “un debate razonable, en otro tono y en serio”.

En paralelo, el propio Javier Milei -además de salir a felicitar a Alvarez por lo que consideró "una paliza” mediática al "delincuente este" (por el rector)- profundizó sus críticas al sistema universitario. Tras la marcha federal, el mandatario compartió en redes sociales una publicación donde comparó su salario con el de los rectores universitarios. Según sostuvo, él percibe alrededor de 4 millones de pesos brutos mensuales, mientras que algunas autoridades universitarias cobran “hasta cuatro veces más”, con ingresos cercanos a los 18 millones de pesos. Además, a lo largo de la jornada posterior a la manifestación, insistió en que detrás de las protestas existen “intereses partidarios” y acusó a sectores universitarios de defender “cajas” políticas.

La respuesta del CIN no tardó en llegar. “No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario”, expresaron los rectores en el comunicado difundido este viernes.

El texto también cuestionó el tono adoptado por el Gobierno nacional en el conflicto universitario. “Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática”, señalaron.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, le dijo al presidente del CIN: “Usted puede hacer una marcha de 250.000 personas, pero al otro día seguimos teniendo la restricción presupuestaria ahí mirándonos”.

En otro tramo, el CIN defendió el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y todavía no implementada plenamente por el Ejecutivo nacional. “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso constituye un acto delictivo”, remarcaron las autoridades universitarias.

Además, reclamaron una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la causa iniciada para exigir el cumplimiento de la normativa. “La sociedad argentina necesita una definición clara que ratifique algo que debería ser obvio en cualquier democracia madura: nadie puede estar por encima de la Constitución ni de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los funcionarios públicos, ni siquiera el propio Presidente de la Nación”, advirtieron.

El comunicado concluye con una defensa cerrada del sistema universitario público y un mensaje político frente al escenario actual: “La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación”. Para el CIN, el conflicto excede la discusión presupuestaria y pone en debate “el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de definir el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el CIN obtuviera fallos favorables en primera y segunda instancia para exigir el cumplimiento de la norma, mientras que la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario para frenar su ejecución.

La ley -que por ahora no se aplica- obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas universitarias, recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Desde el Gobierno sostienen que su aplicación afectaría el equilibrio fiscal, mientras que rectores, docentes y estudiantes denuncian un fuerte deterioro presupuestario y salarial. En paralelo, durante la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada esta semana, las autoridades académicas reclamaron que la Corte “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley”.

Mariela Goy / María José Ramón

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció una medida de fuerza para el 2 de octubre, en reclamo al gobierno por las políticas en educación y para sumar su apoyo a la marcha federal universitaria. A la medida se adhiere el gremio de base en la provincia (Amsafe) por lo que ese día habrá paro de la docencia pública santafesina.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, confirmó que "al ser un sindicato de base de Ctera, vamos a adherir a esta jornada de lucha con un paro de actividades y con movilizaciones a nivel nacional. También en cada uno de los departamentos de la provincia vamos a llevar adelante acciones".

En su sitio web oficial, la Ctera esgrime entre los argumentos la necesidad de una defensa del presupuesto educativo, la restitución del Fonid, fondos para infraestructura escolar, becas, comedores escolares, y se expresa en contra de las reformas jubilatorias y el "ajuste" en educación técnica. También la medida es para pedir más fondos para las universidades y por una nueva ley de financiamiento educativo.

"Desde que asumió el gobierno de Milei venimos exigiendo paritaria nacional docente, Fonid, fondos para comedores escolares, infraestructura y programas nacionales educativos y formación docente. La respuesta del gobierno nacional es de un ajuste y desfinanciamiento como nunca antes en 40 años democracia", dice la Confederación. Y añade que "el gobierno nacional no puede desentenderse de la educación pública".

Por su parte, Alonso señaló que el paro y movilización es para poder expresar el "malestar" de las trabajadoras y los trabajadores de la educación "por la pérdida de recursos nacionales". Amplió que "la preocupación es por el presupuesto educativo que disminuyó muchísimo, no solamente en cuanto al Incentivo Docente, sino también en cuanto a partidas nacionales que tienen que ver con los refuerzos nutricionales, con la formación docente, con los programas educativos, con infraestructura escolar".

"Esto tiene una implicancia directa no solamente en los derechos de los trabajadores, sino también en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que, con otros sectores, vamos a llevar adelante esta jornada de lucha, también para exigir a los gobiernos que den vuelta estas políticas de ajuste que nos hacen perder derecho y erosionan la calidad educativa y la escuela pública", fundamentó Alonso.

Sobre los descuentos del día de paro y del premio a la Asistencia Perfecta que ya está instaurada en la provincia a través de declaraciones juradas, el titular de Amsafe señaló: "Creo que las trabajadoras y los trabajadores de la educación estamos firmes, llevamos adelante las acciones, incluso aquellos compañeros que por una cuestión totalmente extorsiva por parte del gobierno tienen que concurrir a los establecimientos educativos".

Asimismo, pidió al gobierno provincial que "reflexione" porque "este paro tiene que ver con exigir a la Nación que envíe los recursos a la provincia. Uno de los grandes problemas que hemos tenido fue la pérdida del Incentivo Docente. Entonces, el gobierno lo que debería hacer es acompañar la lucha de los docentes".

Por otro lado, Alonso anticipó que el gremio está evaluando hacer una presentación por la ley de reforma previsional. "Puede ir en dirección a la forma de cómo se ha votado, pero también básicamente al fondo de la cuestión que es una ley que le quita derechos a los activos y a los jubilados, por lo tanto lo estamos evaluando. Hay plazos legales, y seguramente estas semanas serán centrales para terminar de definir la situación", explicó.

César Rodríguez

En la última semana del año y a 17 días de la asunción de Javier Milei como presidente, la Central General de los Trabajadores (CGT) convocó a una marcha este miércoles frente a los Tribunales porteños en la Plaza Lavalle para demostrar el descontento e intentar derrocar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado el pasado viernes.

Pablo Moyano fue quien anunció la marcha y convocó desde la CGT a movilizarse el día miércoles en Tribunales para "presentar que se anule este decreto que es una locura lo que está produciendo en millones de argentinos. Después se va a discutir un plan de lucha, que también abarca un paro nacional”.

El Gobierno confirmó que se aplicará el protocolo antipiquete implementado por Bullrich, según afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.

En la misma, expresó que todas las "medidas de disuasión" que tomaron en la marcha anterior también las aplicarán para la movilización del miércoles y "en cualquier otra que pueda existir". Además, afirmó que continuarán controlando a quienes participen "puntualmente a los colectivos y la estructura habitual que se utiliza".

El sindicalismo combativo y el movimiento piquetero anunciaron que este martes estarán presentes en la concentración frente a Tribunales en repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, emitido la semana pasada.

En una conferencia de prensa realizada frente al Congreso, el dirigente del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, anunció la "participación masiva de la convocatoria de la CGT" que tendrá lugar en Plaza Lavalle frente a Tribunales a partir de las 11.

"Tenemos un reclamo muy concreto: un paro urgente y un plan de lucha para derrotar el DNU de Milei que es un ataque a los trabajadores y al conjunto del pueblo", afirmó el dirigente.

Además reclamó que "no puede desaparecer del escenario la lucha por el salario porque las paritarias son solo para una parte de los trabajadores" y aseguró que el salario "tiene que figurar entre los reclamos de las centrales sindicales".

Entre los reclamos también se insistió en la derogación del DNU, se advirtió sobre el plan de ajuste y los despidos que diferentes sectores ya están sufriendo, se pidieron más recursos para los comedores y se manifestó el repudio al protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la conferencia también estuvo presente el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, el dirigente sindical y referente de la Izquierda Socialista, Rubén "Pollo" Sobrero, Cristina Mena del MTR 12 de Abril, representantes de la AGD UBA, Claudio Dellecarbonara del gremio AGTSyP, entre otros.

Belliboni confirmó que la Unidad Piquetera y otras organizaciones de izquierda mantuvieron una reunión de coordinación con la CGT para acordar los lugares que cada organización ocupará en la Plaza Lavalle.

"Fue una reunión con 10 secretarios de la organización de Camioneros, Obras Sanitarias, Uocra, entre otras", precisó y comentó que el "encuentro fue muy cordial en la que acordamos el lugar de cada organización".

Además de Belliboni, participaron dirigentes gremiales del sindicalismo combativo y del movimiento piquetero de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de la Asociación Gremial Docente (AGD) UBA, del Banco Francés, del Subte, entre otros.

Entre los temas que trataron en el encuentro, Belliboni comentó que le plantearon a la central obrera la realización del "paro nacional y un plan de lucha" y acotó que "en buenos términos" los dirigentes de la CGT le dijeron que ese tema "lo resuelven la Confederal".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a advertir a quienes tengan la intención de cortar las calles y se refirió a la marcha convocada por la CGT frente a Tribunales.

"En el día de mañana queremos llamar a la reflexión a quienes tienen planes sociales, que recuerden que si se quedan haciendo sus tareas van a mantener el plan", comenzó destacando la ministra de Seguridad.

"Hace 16 días que asumió este Gobierno y esta es la tercera manifestación", sostuvo Bullrich sobre la concentración convocada por la cúpula cegetista.

"Nos parece importante que se comience a tomar conciencia respecto de la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, baja productividad, problemas que tenemos en el trabajo, la producción, el desarrollo, la falta de crecimiento", subrayó.

Finalmente, pidió "a todos los ciudadanos argentinos, y especialmente los trabajadores, que entiendan que este Gobierno está desarmando un modelo que es un modelo corporativo, que solo beneficia a unos pocos, y ha dejado a millones de trabajadores fuera del trabajo formal".

"Hoy hay más trabajadores informales que formales, y por eso quiero pedirles colaboración, que en vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante", concluyó la titular del la cartera de Seguridad.

El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó este martes un nuevo amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada por el Gobierno nacional para desregular la economía, debido a que considera que la norma rompe con los principios republicanos de la división de poderes y es "inconstitucional".

La presentación fue realizada en la mañana del martes ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta forma se suma a tres otras presentaciones que también son analizadas en la justicia.

En esta presentación formulada por Rizzo se pide la declaración de inconstitucionalidad y que se conceda la medida de "no innovar" que impediría que el Decreto sea aplicable hasta que la justicia resuelva sobre su constitucionalidad.

De caso contrario, este viernes 29 de diciembre entraría en vigencia el DNU que el presidente Javier Milei firmó la semana pasada.

El Litoral Este miércoles, los choferes de la Subsecretaría de Emergencias y Traslados (SIES 107), tras los reiterados reclamos por su situación laboral, se concentraron en la Plaza del Soldado, para luego movilizarse al Ministerio de Salud hasta la Casa de Gobierno. Al respecto, Estanislao Romero, referente del sector, explicó que el pedido concreto que se viene realizando hace 40 años es la creación de un agrupamiento de choferes. “ Queremos que se nos recategoricen como choferes de ambulancia de emergencia y no como estamos ahora, que es servicio generales”. En este sentido, Romero precisó que la convocatoria se ha hecho extensiva a los distintos sectores de la provincia que comprende a los trabajadores de la salud porque “chequeamos que en la pluralidad hay más igualdades que diferencias”. En esta oportunidad, los trabajadores además señalaron, que se encuentran reclamando por los compañeros contratados por Covid, cuyo contrato se termina el 31 de diciembre. Se trata de unos 200 choferes, y algo de 6.000 personas en la provincia. “Queremos enfatizar que sin esos contratos, muchos de nuestro servicios van a ser inviables, ya que ellos llegaron en plena pandemia para cubrir los lugares que estaban vacíos”. Siguiendo en esta linea de reclamos, Romero recordó que “en la pandemia a nosotros se nos llamó “esenciales”, y hoy cuando por decreto se termina la emergencia sanitaria, pasamos a ser descartables”. Ante esta preocupante situación, desde el sector reiteraron la necesidad de la recategorización de chofer, “para que se regularize la situación, ya que hay gente que está precarizada, manejando la ambulancia que le paga la comuna, o se les paga de otra manera”, señaló el referente Mauricio Acosta. Al tiempo que agregó que esto “no solo va a hacer lo remunerativo lo que nos favorecerá, si no que también la regularización de todo el servicio de emergencia”, puntualizó.