La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución de Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Lo hizo al rechazar un recurso presentado por el ex ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, que había acudido al Máximo Tribunal cuestionando las decisiones de la Justicia santafesina, ante la cual no había conseguido frenar un sumario administrativo en el que se lo acusaba de “faltas graves”. Precisamente por esas faltas fue destituido por la Legislatura en noviembre del 2021.

Sain llegó a la Corte Suprema en queja por denegatoria de recurso de inconstitucional. Buscaba cuestionar el sumario administrativo en su contra y que se declarara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley provincial 14016, que amplió el régimen disciplinario diseñado para los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. En esa presentación, alegó que el procedimiento configuraba un “juicio político encubierto” y que se aplicaba de forma retroactiva una ley disciplinaria que consideraba inconstitucional.

El fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el ex funcionario por considerar “inadmisible” el recurso extraordinario planteado, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lorenzetti, en su voto, aclaró que este tipo de decisiones no implica convalidar la justicia del fallo cuestionado, sino únicamente rechazar la vía procesal elegida, citando el precedente “Vidal”.

El caso se originó cuando Saín presentó una acción de amparo contra la provincia de Santa Fe para detener un sumario administrativo abierto en su contra durante su gestión como director del Organismo de Investigaciones, cargo que asumió en 2017.

El juez de primera instancia rechazó el planteo, lo que fue confirmado después por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario y luego por la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Laboral. Ambos tribunales entendieron que la vía del amparo no era idónea y que la cuestión se había tornado abstracta, ya que en noviembre de 2021 la Legislatura santafesina había votado su destitución.

La Corte Suprema provincial, también por mayoría, rechazó la queja. Ante ese escenario, la defensa de Saín acudió a la Corte nacional, que este martes cerró el camino judicial y otorgó firmeza al procedimiento que derivó en su apartamiento del cargo.

Saín, politólogo y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció en reiteradas oportunidades que fue objeto de persecución y sostuvo que la ley provincial había sido diseñada especialmente para desplazarlo. Sin embargo, todos los tribunales que revisaron su reclamo coincidieron en que el amparo no resultaba procedente para cuestionar decisiones de carácter legislativo.

Pero al margen de este planteo rechazado, Sain enfrenta un proceso judicial que podría llevarlo a prisión, junto a algunos de sus ex colaboradores. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió elevar a juicio la causa iniciada en 2022 en su contra por presunto espionaje ilegal.

De acuerdo con la acusación, Saín lideró una asociación ilícita que confeccionó al menos 661 “perfiles” sobre dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales sin orden de un juez, en violación de la Ley de Inteligencia. La imputación sostiene que esas prácticas implicaban la sistematización de datos sensibles -patrimoniales, familiares y migratorios- obtenidos tanto de registros públicos como de bases privadas.

En esa causa también están involucrados seis ex colaboradores de su gestión en el Ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la ex directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Además, se les atribuyen delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.

La investigación incluyó, además, sospechas sobre una licitación para la compra de armas para la policía provincial. En ese marco, Saín fue imputado por “negociaciones incompatibles con el cargo” y tentativa de defraudación a la administración pública, con un perjuicio estimado en más de 17 millones de dólares.

En una extensa presentación realizada a fines de agosto pasado, el equipo de abogados que representa al gobernador Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Marcelo Sain y otros funcionarios por, entre otros puntos, espionaje ilegal, en la que pide 10 años de prisión.

El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, acusa al ex funcionarios por defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.

La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.

Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.

El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.

En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado santafesina también acusa a Sain y sus ex colaboradores, y pide pena de prisión.

La oficina a cargo de Domingo Rondina presenta un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.

En una extensa presentación, el equipo de abogados que representa a Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Marcelo Sain y otros funcionarios por, entre otros puntos, espionaje ilegal.

El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín que representan al gobernador de la provincia, acusan al nombrado ex ministro de Seguridad y ex funcionarios de delitos como defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.

El ex ministro es acusado por el equipo letrado del ahora gobernador.

La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.

Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.

El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.

Sobre el final del documento, los abogados solicitan la imposición de las siguientes penas:

a Marcelo Fabián Sain: 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Nadia Schujman y Débora Cotichini: 8 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Esteban Germán Montenegro: 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Diego Alfredo Rodríguez: 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Milagros Bernard: 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

Fiscalía de Estado también acusó a Sain y su equipo. Foto: Fernando Nicola

En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, también acusa a los anteriormente citados y pide pena superiores en el caso de Sain (11 años de cárcel).

La oficina a cargo de Domingo Rondina presenta un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.

Juliano Salierno

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe presentó este jueves la acusación formal contra el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Fabián Sain, para quien adelantó un pedido de condena de 11 años de prisión, como jefe de una asociación ilícita dedicada a espiar a políticos, empresarios, sindicalistas, militantes y abogados, entre otros. Además, el pedido de condenas se extiende a otros seis integrantes de la misma cartera, durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti.

El escrito ingresó este 28 de noviembre a las 00.35 por sistema, ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad capital, donde se encuentra radicada la causa que lleva adelante el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández. Aunque no trascendió, la acusación completa consta de 404 fojas y fue presentada junto a la documental y medios de prueba materiales.

En tanto, este viernes comenzó a circular una breve reseña con la información de cada uno de los imputados en la causa, sus datos personales y cargo público que ocupaba al momento de la investigación. Además, constan los delitos que se les atribuye y los pedidos de condena que van de los 3 años y medio a los 11 años de prisión.

En total son siete los implicados, quienes al entender de la Fiscalía habrían formado parte de una asociación ilícita con carácter piramidal, en cuya cúspide se encontraba el ex ministro Sain y las dos organizadoras.

En orden de importancia, al ex ministro y director del Organismo de Investigaciones (OI) le siguen Nadia Schujman, exasistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional; y Débora Vanina Cotichini, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, ambas con pedido de condena de 9 años de prisión.

Un escalón por debajo de ellas está el exsecretario de Seguridad Pública de la provincia, Esteban Germán Montenegro, para quien el MPA reclama 7 años de cárcel.

Se solicitan 5 años de pena para Pablo Andrés Álvarez, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia; y Diego Alfredo Rodríguez, exsubsecretario de Control Institucional de la provincia. En último término está Milagros Bernard, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional provincial, con un pedido de condena de 3 años y 6 meses.

La empresa criminal se dedicaba a confeccionar “informes de inteligencia”, dirigidos contra funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).

Dichos “informes” eran utilizados para “perfilar” personas que pudieran estar relacionados con los círculos de poder santafesino y para ello se recopilaron datos que van desde “multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales”, según trascendió.

De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.

La actividad ilegal habría transcurrido durante dos años, entre el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Según plantea el fiscal, “la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones)”.

De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

En todos los casos, se solicitó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena a cada uno de los acusados.

Por último, el ex ministro Sain fue acusado por dar órdenes a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, “en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.

Y también se los acusa de destruir gran cantidad de documentos públicos y utilizar información y evidencia proveniente de causas judiciales son fines distintos a la investigación penal.

Marcelo Fabián Sain: hombre, 59 años, exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones

Delitos: Asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público)

Pedido de pena: 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Nadia Schujman: mujer, 48 años, exasistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional

Delitos: Asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionaria pública) y destrucción de documentos y elementos de prueba.

Pedido de pena: 9 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Débora Vanina Cotichini: mujer, 48 años, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones.

Delitos: Asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.

Pedido de pena: 9 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Esteban Germán Montenegro: hombre, 57 años, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia

Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.

Pedido de pena: 7 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Pablo Andrés Álvarez: hombre, 37 años, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia

Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.

Pedido de pena: 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Diego Alfredo Rodríguez: hombre, 44 años, exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia

Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.

Pedido de pena: 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

Milagros Bernard: mujer, 31 años, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y violación de sellos calificada (por ser funcionaria pública abusando de sus funciones).

Pedido de pena: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena

En cuanto el Senado de la Provincia de Santa Fe le quitó los fueros (con los que se había blindado en 2020), el senador Armando Traferri interpuso por medio de sus abogados defensores un recurso de queja para que se aparte de su caso a los dos fiscales acusadores: Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, porque han "faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación", según el legislador.

El representante por San Lorenzo pidió una audiencia pública para mostrar las pruebas contra ambos, a la que se permita el acceso a los periodistas. Traferri ha dicho, luego de lograr su reelección por el 42% de los votos, que irá "hasta las últimas consencuencias" para evitar que "la libertad de los ciudadanos no esté en manos de estos fiscales".

Durante la exposición que brindó en el recinto de la Cámara alta, cuando les pidió a sus pares de todas las bancadas que reviertan su resolución y lo autoricen a presentarse ante la justicia y ser imputado (no puede ser encarcelado) sostuvo que en estos tres años logró reunir pruebas que le permiten no solo defenderse sino acusar a sus acusadores. Ese será finalmente el primer paso de su estrategia legal.

Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que solicita el apartamiento del caso Traferri para esos fiscales. (Como se sabe, Matías Edery está hoy bajo un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que votó el avocamiento tras la inhibición de la Auditoría del MPA, y todavía no se sabe si la diputada Lorena Uleldin, cuyo mandato termina en la primera semana de diciembre, aceptará o no ser su acusadora).

Edery es cuestionado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca por sus vínculos y el intercambio de información con Mariana Ortigalal, presa por ser parte de la banda Los Monos, en una causa por extorsiones y balaceras. Un primer dato al respecto: Moreno Socca fueron apartados por la fiscal regional Iribarren por haber hecha pública ante la prensa la identidad de Ortigala, una testigo protegida en otra causa (contra el clan rival de los Alvarado). Y una segunda acotación nada al márgen: Edery, y también Schiappa Pietra, escucharon el apellido Ortigala en varias oportunidades como parte de las extorsiones a Luis Peiti, un capitalista del juego clandestino, que tanto era exprimido en pagos mensuales por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal. Pese a esas acusaciones de 2020 no hubo una línea de investigación en la llamada causa del juego ilegal por la que ahora podrá ser por fin imputado Traferri al ser levantadas sus inmunidades.

En su banca, el 21 de septiembre, dijo que durante el actual gobierno provincial de su partido "la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad (Marcelo Sain) designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó.

Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", afirmó.

Traferri sostiene esos argumentos desde que comenzó el caso en su contra, desde una posición incómoda porque optó por el privilegio como legislador de no someterse a juicio. Ahora lo afrontará desde el banquillo de los acusados, tras los comicios provinciales y la crisis que muestra el MPA de Rosario precisamente con Edery en el centro de las miradas. De todos modos, hace ya un año en que el senador sintió que la taba comenzaba a darse vuelta: desde noviembre de 2022 Traferri es considerado por la fiscales de la ciudad de Santa Fe como víctima de espionaje, en la causa Sain.

Lo mismo les sucedió a otros dirigentes políticos y personalidades públicas que fueron "perfilados", como el hoy gobernador electo Maximiliano Pullaro, funcionarios del propio gobierno como Héctor "Pirucho" Acuña, empresarios, periodistas como el fallecido por esos días (de un infarto) Mauricio Marona, y empresarios de medios, como el titular de Arcadia y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.

Ahora aquellas declaraciones públicas de Traferri están avaladas por el caso Sain e incluso por un audio del propio ex ministro y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del MPA (en una polémica licencia) en la que "como compañero" les reprocha a los fiscales Edery y Schiappa Pietra no tener suficientes pruebas contra el por entonces jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado.

El escrito que tiene en sus manos Iribarren (que debió ir a Acuerdos a dar explicaciones sobre la crisis entre sus subordinados días atrás) afirma que las acciones de los fiscales "responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra". Les endilga "una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar" a funcionarios del MPA.

El pedido de apartamiento dice que los fiscales no fueron objetivos que carecieron de "buena fe, lealtad, y legalidad". Y advierte que "del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito". En ese contexto, agrega: "detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain".

Entre las pruebas ofrecidas hay "testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de 'llevarse puesto' al senador". Ese testigo citado por la defensa afirma: "Hubo mucho interés el último año con todo lo que pasaba en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que lo perjudique"

De las relaciones probadas entre integrantes del MPA y Sain queda claro para el escrito que se excedían largamente los vínculos institucionales. "La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él".

"Los funcionarios del Ministerio de Seguridad solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso".

Finalmente, el tercero de los apartados, llamado "El sumario de Cotichini", desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el Espionaje Ilegal. En esta causa, justamente, Traferri es querellante y como se ha dicho, víctima.

En segunda instancia, la justicia santafesina consideró que corresponde a su jurisdicción el caso contra el ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, conocido en los medios como la “causa espionaje”, aunque técnicamente no corresponde esa denominación sino la de otras figuras como la de “uso indebido de datos”, entre otras, como “abuso de autoridad”.

El fallo difundido al mediodía del viernes 14 comprende también los pedidos de los ex funcionarios Esteban Montenegro, María Agustina Moulins, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Milagros Bernard, Diego Rodríguez y Pablo Álvarez, que según el caso se desempeñaron en el Ministerio de Seguridad o en el MPA.

“Conforme los supuestos de hechos que habría planteado la acusación en las audiencias imputativas, por las acciones que habrían desplegado los imputados estaríamos en presencia de ilícitos de competencia de la justicia ordinaria, la mayoría de ellos vinculados a la función pública (Abuso de Autoridad, Peculado, Malversación de Caudales Públicos, etc.). Es por estos fundamentos que considero que corresponde la competencia de los tribunales de la Provincia, para la investigación y juzgamiento de posibles ilícitos penales cometidos por personas que ejercían funciones públicas en la administración central provincial”, dice el magistrado.

Con este nuevo traspié judicial, al ex ministro Sain y sus colaboradores en esa cartera y en el órgano de la Acusación le queda por delante la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para completar las quejas por agravios presentadas por la defensa.

En los considerandos, el juez entiende que se debe confirmar lo resuelto en primera instancia, “aunque con distintos fundamentos”. Y se explaya: “no se puede compartir el análisis que efectúan los acusadores de los tipos legales. En efecto, los tipos penales contemplados en la Ley 25.520, son delitos especiales, que requieren que los sujetos activos reúnan las cualidades exigidas por la propia norma”, vinculada al espionaje ilegal en el ámbito del Estado federal dentro de la denominada “Ley de Inteligencia Nacional”.

En otras palabras, “no es correcto la interpretación que efectúan los acusadores, de que cualquier funcionario o empleado puede realizar las conductas prohibidas en el cuarto de la Ley 25.520, sino solo aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional. Así, entonces, cuando la ley prescribe una pena a “todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes… 25.520… ” (art. 43 ter, Ley 25.520-t.o. Ley 27.126), debemos entender que refiere a cualquier funcionario o empleado público que integre el Sistema de Inteligencia Nacional, quedando excluídos todo otro empleado o funcionario, ya sea nacional o provincial, que no forme parte de dicho sistema”, tal el caso de los funcionarios provinciales tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial.

El juez Jorge Patrizi rechazó la declaración de incompetencia del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe que había solicitado la defensa del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, con lo cual la causa no pasará a la órbita federal, sino que seguirá tramitándose en los tribunales de la Justicia santafesina.

Los abogados Hernán Martinez y el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, abogados defensores de Sain y los demás imputados en la causa por espionaje ilegal, presentaron un recurso de incompetencia de la justicia provincial, por entender que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por la pretendida asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje.

Prohíben salir del país a Marcelo Sain

El fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

El juez Patrizi rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción “circunscripto al ámbito provincial”, y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

Siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el juez aplicó el criterio de que “el accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.

Y que tal marco es aplicable a este caso, por cuanto “la seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente a la Nación, toda vez que no se ha involucrado personal del gobierno federal, y los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia de Santa Fe”.

(Por Ivana Fux) – En una suerte de salida salomónica, el juez Martín Torres resolvió una serie de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal, que dejaron satisfechas a todas las partes. En la investigación ya fue imputado el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y siete de sus ex colaboradores por asociación ilícita. A través de esa organización, según la acusación, cometían otros delitos como malversar fondos y recabar indebidamente y con fines políticos, información sobre empresarios, gremialistas, periodistas, referentes de la oposición y magistrados.

Además de prohibir la salida del país y la portación de armas, el magistrado ordenó a Sain evitar contacto con víctimas y testigos, fijar domicilio, establecer una caución real y designar una persona a cargo.

“Estamos satisfechos porque son las medidas que habíamos solicitado al juez desde la Fiscalía; es un logro”, dijo el fiscal Hernández ante la consulta de El Litoral. En tanto, consideró que al haber existido un acuerdo con la defensa con respecto a las cautelares que se solicitarían, ello implica – de parte del imputado- reconocer la materialidad de los hechos. “Así lo entendimos y así lo entendió el juez. Sin embargo, hubo una maniobra de la defensa de intentar plantear a pesar del acuerdo, que estábamos ante conductas atípicas y que había una cuestión de competencia. No conocemos los argumentos del juez, pero estamos seguros de que la calificación surgida de la fiscalía es la correcta”, aseveró.

Pablo Cocochioni, representante de Maximiliano Pullaro en su carácter de querellante, consideró “razonables” las medidas resueltas por el juez. “Entendemos que se logra una mayor protección de los testigos, de las víctimas y del proceso. Se mitiga el peligro de fuga que para nosotros sigue estando, pero consideramos que es razonable cómo se ha conjurado ese peligro procesal. Estamos conformes y adelantamos que no vamos a recurrir la resolución porque nos parece razonable”, insistió. El abogado consideró importante la decisión del magistrado de prohibirle la tenencia de cualquier tipo de arma a Sain, puesto que “muchas personas fueron amedrentadas por él colocando el arma sobre el escritorio; de hecho, una de las querellantes (Evelyn Andreozzi) dijo tener miedo… Es una querellante, pero las víctimas y testigos que sufrieron hostigamiento son miles”, planteó.

Finalizada la audiencia de medidas cautelares, se realizó la de “competencia” para definir si la causa se sigue tramitando en los tribunales provinciales, o si pasa al fuero federal, como solicita tanto la defensa de Sain como Juan Lewis, defensor de otros cinco imputados. Los letrados consideran que la violación a la Ley nacional de Inteligencia es un delito federal y que, en consecuencia, no corresponde ser investigado en el fuero local.

La fiscalía disintió con ello. Para el fiscal Hernández, “está claro que la competencia federal es excepcional y para casos cometidos por funcionarios propios de los diferentes poderes y que afecten a la institucionalidad del país. En los casos que investigamos -sostuvo- eran funcionarios provinciales cometiendo delitos en la provincia y utilizando medios y herramientas provistos por la provincia y contra personas que residen también en Santa Fe, entonces, sin dudas es de competencia provincial. Y está muy bien que las instituciones de la provincia salvaguarden su propia actuación y sancionen a quienes cometen delito en los ámbitos provinciales”, concluyó.

En la línea argumental opuesta, Hernán Martínez (padre), defensa de Sain, objetó la competencia provincial y consideró que “no entender eso es ofender la razón; no tiene sustento ni sentido”, sentenció. “No quiero ser autorreferencial -aclaró ante una consulta de El Litoral- pero he sido juez federal. Sé muy bien cuáles son los delitos federales y la ley 25.520 (de Inteligencia Nacional) es absoluta y totalmente de material federal. Tiene que entender en esto, pero sin ninguna duda, un juez federal y sea quien fuere quien cometa el delito de espionaje. Creo que la confusión puede venir por ahí; cualquier funcionario o no funcionario provincial o de cualquier nivel puede cometer delito de espionaje en la medida que afecte la inteligencia nacional. Y si no afecta la inteligencia nacional, como sucede aquí, entonces directamente no hay delito”, planteó.

La decisión de definir la competencia está en manos del juez Patrizi, que resolverá pos escrito en los próximos días.

La audiencia de medidas cautelares por la causa del presunto espionaje ilegal en Santa Fe habilitó a los imputados, entre ellos ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Fabián Sain y otros ex funcionarios de esa cartera a continuar lo que resta del proceso en libertad, debiendo cumplir varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Para Sain, el juez Martín Torres impuso la prohibición de salir del país por ende deberá entregar el pasaporte, y de portar armas de fuego.

Durante la audiencia que encabezó el juez Torres en los Tribunales de Santa Fe, la querellas y la defensas debatieron la prisión preventiva de los imputados.

Los patrocinantes de Sain y otros acusados habían planteado su continuidad en libertad en lo que resta del proceso incluso con acuerdo de la fiscalía. El pedido de prisión preventiva de los imputados había sido formalizado por las querellas del diputado Maximiliano Pullaro y de Upcn.

El juez Torres determinó que los imputados, para poder seguir el resto del proceso en libertad, deberán cumplir varias medidas alternativas: prohibición de salir del país así como de portar armas, además de abonar un caución real y entregar pasaportes, entre otros puntos.

Concluyó el juicio disciplinario contra Débora Cotichini, una de las funcionarias de confianza de Marcelo Sain en el Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia. Se desempeñaba como directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, hasta que fuera suspendida preventivamente en el cargo. Se la investigaba y se la acusó por haber filtrado indebidamente información a Sain, cuando éste ya se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe.

La primera audiencia del juicio disciplinario con los respectivos alegatos, se llevó a cabo el pasado jueves durante más de ocho horas. Se pasó, entonces, a cuarto intermedio hasta el lunes por la tarde. Al cabo de esa segunda jornada, el Tribunal resolvió volver a reunirse en horas de la mañana de este martes para deliberar y emitir el veredicto. La auditoría a cargo de María Cecilia Vranicich, solicitó la destitución de Cotichini; en tanto que la defensa a cargo de Juan Lewis, reclamó la desestimación de los cargos.

El jurado estaba integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; su par regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador del PJ Alcides Calvo (reemplaza a Armando Traferri, quien se excusó) y Gabriela Capponi Fiorillo, en representación de los abogados.

Entre las instituciones públicas de las que se obtuvo información, “sin autorización o requerimiento”, cabe nombrar a: “Municipalidad de Leandro N. Alem; Municipalidad de Necochea; Municipalidad de Azul; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Municipalidad de José. C. Paz; Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero; Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Córdoba; Municipalidad de Dolores; Colegio Privado Santa Teresita del Niño Jesús; Club Atlético Rosario Central”

Este material es de una causa judicial en trámite, en el “Juicio a Sain”, que involucra a muchas personas acopladas a sus designios, órdenes o favores personales que terminan en supuestos delitos estas personas, conforman más de tres a un mismo fin: delinquir. Clásica definición de los ignaros, como quien escribe: asociación ilícita. Eso suponemos desde fuera del expediente. En el “Juicio a Sain” se pide que se investigue a muchísimas personas e instituciones, de las que mencionamos algunas. Pedimos que se repare en el carácter de las mismas. Su sitio y su función. Se está más cerca de una categoría siquiátrica/sicológica (paranoia), que de un verdadero servicio de protección del estado.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El tema permite otro abordaje, diferente al de los empleados del estado que lo llevan a cabo (reitero, empleados del estado provincial a esta fecha, primeros días de diciembre del 2022), junto con los abogados de quienes se han convertido en querellantes, acompañando la denuncia de un funcionario, del estado, que fue quien iniciara este asunto. Se insiste, es un funcionario quien denuncia a otro funcionario. El resto son admitidos como querellantes. Ojo con eso, no confundir.

John le Carré y su personaje (Smiley) definen cuestiones que nosotros, los ignorantes, podemos entender muy bien. Recomiendo su lectura. Los gobiernos tienen espías; los espías hacen eso: verbo espiar. Se vigilan entre si y mandan informes a oscuras jefaturas de personajes ocultos. Un espía que es reconocido deja de ser espía y toca el timbre. Todos se preguntan sobre la inutilidad del trabajo. Convengamos: en el otro extremo de la artesanía del espionaje están los satélites. Va en serio la cosa.

Graham Greene hace lo suyo y “nuestro hombre en La Habana” es un bellísimo texto literario. Admiro a los dos. Vladimir Putin fue Jefe de Espías. Hoy comanda Rusia y protagoniza una guerra fuera de escala y de lógica. Hay excesos que vuelven irrefrenable los secretos de Estado, el poder y la paranoia. Repito: ojo con eso. Mucho cuidado, también, con los gobernantes a los que les gusta conocer secretos e intimidades de sus opositores. El reino del carpetazo es argentino y no es de ayer.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Iann Fleming, que fue espía, creó un personaje que nos define en este tema: James Bond. Pero el punto más alto en el terreno lo consigue Mel Brooks que al crear el “Súper Agente 86” llevó el tema a su extremo más comprensible: la risa. En la provincia de Santa Fe apareció un personaje que reúne todas las condiciones para la risa y el recontra espionaje. Pero una cosa es el “Súper Agente 86”, y su lucha contra Caos, y otra muy distinta Marcelo Fabián Sain.

Con un concurso amañado, para que fuese a medida, es la administración socialista con Lifschitz gobernador y Pullaro ministro quienes lo traen. Trabaja con ellos. Hay notas elogiosas de Pullaro para con Sain, cuando este ya era parte del gobierno peronista. Lo que dice Sain de los socialistas, de Lifschitz y Pullaro, corre por su cuenta. La historia no es la memoria ni el relato.

Los doce años de gobierno provincial socialista/radical coinciden con los años más duros de la narcocriminalidad. Eso es almanaque e historia. Pullaro fue el último ministro de Seguridad del último gobernador socialista. Después de la referida dupla retornó el peronismo. Perotti nombró ministro a Sain. En sus declaraciones (defendiéndose, por lo tanto puede mentir) Sain dice que lo que hace con Perotti ya se hacía con Pullaro, y que Perotti estaba al tanto de todo lo que hacía.

Lo dice él… no los mencionados. Es su alegato defensivo y se repite: puede mentir. Corta ancho Sain, pone a todo el sistema de gobierno, la división de poderes, los pactos entre los mismos, en este plan: espiar a cualquiera es lícito. Recordar: estuvo con los dos gobiernos.

Está claro que el espionaje existe en el mundo civilizado y en los sótanos de la democracia se cuecen mondongos malolientes. En todos. Está más claro, si cabe, que el argumento, aún en las democracias más solemnes, es este: “Tenemos espías y espiamos porque de ese modo cuidamos nuestra forma de gobierno, nuestra libertad, la patria, la bandera, la libertad de nuestros amigos, etc”. Premisa mayor: asumamos, los espías existen. Premisa menor: Sain es espía. Conclusión: hace muchos años tenemos un espía en el poder.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

El interbloque de la UCR pide explicaciones a Perotti sobre su relación con Saín

Sain ha mandado a espiar a dueños de medios periodísticos y a intendentes. ¿Qué instituciones defiende con esas órdenes? De qué se trata el armado de legajos de actividades de personajes públicos. ¿Necesita, la democracia, la división de poderes, el necesario entendimiento que se espíe como parte de la conversación y el acuerdo entre los distintos estamentos de nuestra forma de gobierno?

Sain interpela la sustancia de nuestra forma de vivir y de confiar en los que mandan. Creerle a Sain es aceptar que cualquier conocimiento retorcido, escondido, secreto y básicamente delictual es la base de los acuerdos democráticos de gobierno.

Sigamos: se llega a los acuerdos de parte porque se conocen putrefacciones del interlocutor. Cuando Sain manda a espiar a los arriba mencionados (hay más, hay muchos nombres propios de fuera de la provincia), extiende la enfermiza necesidad de conocer secretos del otro para charlar con el otro. La Matanza, Necochea, Dolores… Caramba… ¿de qué va este asunto?

Se hace necesario reflexionar si lo suyo es una enfermedad particular o, simplemente, Sain es parte de un cuerpo social enfermo que se extiende a todo el país y que, repito, necesita los secretos del otro para hablar con el otro. Estamos ante una forma diferente de relación social. Se hace necesario reflexionar y requerir (se) si esto es parte del patrón de juego de la democracia.

Espionaje: el miércoles se discutirá si la causa Sain pasa al fuero federal

Se impone una pregunta que duele. ¿Rompió Sain la inocencia del hombre común y en el juicio que se sustancia se muestra la bajeza de la actividad política, o es una enfermedad particular que lo atraviesa y provocó daños institucionales muy graves, pero que se curan amputando las partes enfermas de un cuerpo de gobierno que -se insiste- atraviesa los cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y MPA).

Suelo esquivar la conclusión aclarando: no me pregunte, soy periodista, soy el que hace las preguntas sin tener las respuestas. Una cuestión aparece muy clara: su presencia hizo daño al total de la clase política. No mejoró la democracia. Empeoró la relación con los representados. Apuntó contra la fe de los votantes. El súper agente provocaba la broma por el disparate y la exageración. Y Saín demuestra que el disparate y la exageración, de por sí, no llaman a la sonrisa. Se necesita otra cosa. De nuevo: no pregunte qué es. Yo sólo soy periodista, en este caso con un derecho: la aflicción.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

La causa por presunto espionaje ilegal en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tendrá el próximo miércoles un nuevo capítulo. Es que para ese día, a las 17 y en los Tribunales locales, se realizará una audiencia para discutir la competencia de la justicia provincial en la tramitación de la causa. Fue convocada por el juez Jorge Patrizi, a propósito de un planteo formulado tanto por el abogado defensor de Sain, Hernán Martínez; como por Juan Lewis, patrocinante de otros de los cinco imputados. Concretamente, solicitan “excepción de incompetencia, reclamando que se remitan las actuaciones a la justicia federal”.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El mismo día en el que el ex ministro y siete de sus ex colaboradores eran imputados por integrar una asociación ilícita montada en el propio Ministerio de Seguridad, los letrados advertían que formularían un planteo de competencia por considerar que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por dicha asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje. También en el mismo día de la imputativa, el fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Tras la presentación formal del planteo de parte de las defensas, el juez Patrizi resolvió convocar a la audiencia del miércoles. Fueron citados para la ocasión abogados, imputados y querellantes. Lo que allí se resuelva será clave para la acción inmediata que tenían prevista los fiscales: la realización de la audiencia de medidas cautelares.

En los argumentos del escrito presentado ante Patrizi, las defensas califican a la acusación como “imprecisa, confusa y que describe hechos manifiestamente atípicos”. Según los abogados, de acuerdo al Artículo 116 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación”. Más adelante analizan el ámbito de la Ley 25.520 y advierten que en ella “se observan numerosas referencias al ámbito federal regulado”.

El MPA resuelve sobre la destitución de una ex funcionaria de confianza de Sain

Patrizi es el mismo magistrado que en febrero de este año había ordenado el levantamiento de la reserva de las actuaciones, y dispuso que dejasen de ser secretas. Así lo había solicitado la defensa de Sain. “La reserva o el secreto del sumario penal – argumentaba Patrizi en su resolución- tienen carácter excepcional y solamente pueden imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen; ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno. De lo expuesto – concluía-, no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse de los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.

Por César Rodríguez

Débora Cotichini, ex funcionaria de confianza de Marcelo Sain, podría ser destituida el próximo lunes del Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia, luego de que pasara a un cuarto intermedio hasta entonces la audiencia desarrollada este jueves.

Actualmente, Cotichini está suspendida en su rol de directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, pero el Tribunal de Disciplina podría dejarla fuera del cargo de manera definitiva. Durante la tarde del jueves, desde las 14 y hasta aproximadamente las 22, sus integrantes escucharon a los testigos, entre ellos el propio Sain a través de zoom.

La reunión fue a puertas cerradas, por lo cual no trascendió ninguna de las actuaciones, que serán retomadas el lunes, también a las 14 y también en este caso con modalidad virtual.

Cotichini fue imputada este martes como partícipe de una asociación ilícita que comandaba el ex ministro Sain y que se dedicaba al espionaje ilegal y a la malversación de fondos, entre otros delitos. Pero en paralelo, afronta un proceso administrativo que se inició en la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de María Cecilia Vranicich, y que este jueves tendría un punto cúlmine cuando dé a conocer su veredicto. El Tribunal de Disciplina que evalúa su conducta la juzgará por haberle filtrado audios a Saín sobre investigaciones que se llevaban adelante en el organismo, pero cuando Sain ya era ministro de Seguridad. Ello constituye una falta grave por el rol que ocupaba la funcionaria, y por esa razón ya había sido suspendida preventivamente en el cargo hace más de un año.

El Tribunal

El tribunal que juzgará a Cotichini está compuesto por el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini ; el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, la diputada Lionela Cattalini, el senador Alcides Calvo (en reemplazo de Armando Traferri que se excusó) y la rafaelina Gabriela Caponi Fiorilllo por el estamento de los abogados.

Cotichini, en tanto, estará patrocinada por el ex ministro de Justicia de la provincia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis, quien también ejerce su defensa en la causa penal por la que acaba de ser imputada.

El origen

La investigación contra Cotichini surge a partir de una denuncia que se formulara en setiembre de 2021 a través del director a cargo del OI (tras la salida de Sain), Víctor Moloeznik. El funcionario se presentó ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura, y dio cuenta en ese ámbito de cómo la funcionaria le pasaba información confidencial y grabaciones de escuchas judicializadas a Sain, a pesar de estar este último a cargo del Ministerio de Seguridad. Moloeznik contó, incluso, que Cotichini había vaciado y cerrado con llave su oficina; y reveló que cuando pudieron acceder a ella, la computadora había sido formateada.

Vranicich, en tanto, respondiendo a una convocatoria que había planteado la Comisión de Acuerdo, presentó a los legisladores documentación – contenida en 600 en fojas- en la que constaba que Cotichini había enviado en agosto de 2020 a los analistas del Organismo, un informe “sobre la trayectoria política y policial junto a los antecedentes de la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione”.

Tras esa presentación en la Legislatura, al retirarse, Vranichich decía a El Litoral que en términos generales, la falta en la que habría incurrido Cotichini consistía en “haber utilizado recursos e información desde el OI, y haber transmitido determinados datos de modo indebido con fines ajenos a los institucionales”. Y asentía que había “indicios” de que esa transmisión había sido al por entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Consultada en la ocasión por este medio respecto de si el intercambio de información entre diferentes poderes del estado era correcta y frecuente, Vranicich respondía: “Hay relaciones dentro del marco que son naturales y que no tenemos que asustarnos porque existan entre los diferentes poderes, porque son necesarias. Lo que no es tolerable es que información que proviene de investigaciones judiciales penales sea utilizada o al menos transmitida, que es lo que nosotros estamos observando, por fuera de la institución que es el MPA o por fuera de una investigación penal”.

“El gobernador Omar Perotti debe explicar por qué sus funcionarios se robaban millones por mes en gastos reservados, porqué mandaba a espiar a quienes no pensamos como él y denunciamos la corrupción de su gobierno y porqué permitió torturas y vejaciones violando las garantías constitucionales”, expresó Maximiliano Pullaro luego de la audiencia imputativa a Marcelo Sain, Germán Montenegro, Nadia Shujman y otros ex funcionarios del gobierno de Omar Perotti.

“Esta es una práctica que claramente se llevó adelante desde el gobierno de la provincia de Santa Fe con la pretensión de subordinar, de disciplinar a quienes pensamos distinto. Cuando nosotros denunciamos corrupción en el gobierno que conduce Omar Perotti, cuando nos presentamos ante la Justicia para denunciar la corrupción en el otorgamiento del juego online, cuando denunciamos irregularidades en la compra de armas y motos; ahí venían una andanada de ataques a mi persona”, señaló el legislador radical.

La audiencia se desarrolló esta semana en la ciudad de Santa Fe. En la causa se investiga el robo de gastos reservados y el uso de recursos del Estado para investigar a personas de manera ilegal. En otras causas los funcionarios están sospechados de amañar licitaciones para la compra de armas y de motos.

“Le tengo una mala noticia a Perotti y al peronismo. Hay un fin de ciclo para los gobiernos que abusan del poder. No me van a callar. Me atacan porque yo salgo a decir las cosas como son, me expongo y a un gobernador autoritario no le gusta eso. Al peronismo no le gusta que lo enfrenten y que le digan las cosas en la cara. Esta construcción de poder peronista que se creen que pueden hacer cualquier cosa porque están en el gobierno se va a terminar”, enfatizó Pullaro, quien abundó en algunos detalles con respecto a las denuncias.

“El peronismo vino a robar, vino a saquear la provincia de Santa Fe y tuvo el aval de Perotti, pretendió robar en la compra de armas, pretendieron robar en la compra de motos cuando compraron pagando 2 mil dólares más con otro pliego amañado y hecho a medida para que pueda ganar una empresa que ellos querían que gane. Otorgaron el juego online, un negocio millonario, de manera directa, se robaban millones por mes en gastos reservados. Vinieron a robar y nosotros los descubrimos y es muy probable que terminen presos y es muy probable que para defenderse digan cualquier cosa. Lo que no dicen, lo que no explican, es cada uno de los hechos. Perotti debería explicar porque permitió y avaló robos y torturas durante su gobierno. Porque Sain dice en la audiencia que el gobernador estaba al tanto de todo lo que hacían. Esta forma de gobernar va a cambiar, esta forma de hacer política va a cambiar”, finalizó.

(Por Ivana Fux) – Con la pretensión de que se realice antes de fin de año, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg solicitarán en los próximos días la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que ya fue imputado Marcelo Sain. Ante la consulta de El Litoral, evitaron confirmar si pedirán la prisión preventiva, aunque tampoco la descartaron; sólo adelantaron que la decisión será conversada con las partes intervinientes, esencialmente, los querellantes.

Al exministro se le atribuye haber comandado dicha asociación que se proponía -en términos generales y según los fiscales- recopilar de manera ilegal y violando la Ley Nacional de Inteligencia (espionaje) información sobre empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas. Además, hacerse de dineros públicos para beneficio propio (peculado). “Se apropiaban de parte de los recursos de los Gastos Reservados del Ministerio. A partir del 20 de cada mes, había movimientos y comunicaciones entre ellos que aludían al cobro de un dinero; a veces lo hacían de modo solapada y otras no”, describió Hernández.

Asociación ilícita es el delito más grave de los imputados este martes; prevé una pena mínima de cinco años. “De todos modos – aclaró el fiscal-, es una gran cantidad de delitos la que se ha atribuido y en función de las reglas del concurso real del ordenamiento nacional, se deben sumar los máximos”.

La primera reacción de los abogados defensores tras las audiencias fue cuestionar la imputación de espionaje; tanto Hernán Martínez (defensor de Sain) como Juan Lewis (defensor de otros cinco imputados) adelantaron que harán un planteo de competencia porque consideran que se trata de un delito que debe investigar la Justicia Federal. El fiscal Hernández disintió, y advirtió que la competencia federal es “excepcional”. “De ninguna manera la ley que nosotros citamos, que es la de Inteligencia Nacional, prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba ser de competencia federal”, insistió.

Martínez, por su parte, cuestionó por “deficiente” la imputación; habló de “hechos dudosos y aseguró que las conductas que se imputan “forman parte de la función que tiene un ministro de Seguridad o un Organismo de Investigaciones”. Asimismo, objetó “la selección arbitraria” que se hizo de la evidencia. “Por qué sólo llegan (los audios y evidencias) hasta el ministro y no hasta el gobernador, hacia arriba; y por qué no hacia abajo, siendo que hay muchos miembros del propio ministerio de Seguridad que no están involucrados”, se preguntó. A su criterio, también hubo arbitrariedad en la selección temporal de la investigación. “Las conductas que se identifican aquí ya se llevaban adelante en 2019, durante la gestión de Maximiliano Pullaro”, planteó.

Durante su exposición en el marco de la audiencia, Sain acusó a los fiscales de “salir a reclutar querellantes”, e insistió con el argumento de una “persecución política y causa armada” en su contra. Negó haber incurrido en acciones ilícitas, y sostuvo que la recopilación de información fue siempre “legítima, legal e inherente” a las funciones propias de un ministro de Seguridad. “Ustedes tal vez piensan que el ministerio no debía mover las manos y ser un apéndice de la Corte Suprema”, ironizó. “La política y las estrategias de persecución del crimen que desarrollamos eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador -expresó-. Teníamos como eje trabajar fuertemente en los delitos de poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Fue un mandato del gobernador. Desde el Ministerio recibimos directivas expresas; el gobernador siempre estuvo al tanto de todo lo que nosotros desarrollamos en esta materia”.

Sain asegura que Perotti “estaba al tanto de todo”, pero en paralelo niega los hechos que se le imputan. El dilema pasa entonces por dilucidar la legalidad de ello, porque las acciones que según Sain eran lícitas y estaban en conocimiento del gobernador, para los fiscales son ilegales y constituyen delito. El fiscal Hernández ante la consulta de El Litoral, dijo que, por las evidencias reunidas hasta aquí, la investigación no alcanzaría a la figura del gobernador.

“En el desarrollo de esas estrategias para combatir el crimen y la connivencia con las estructuras de poder -explicó Sain-, había que producir algo básico que es el análisis criminal de aquella problemática sobre la que teníamos que desarrollar acciones institucionales concretas. El grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Acá nadie ha tenido información sin la debida autorización”, aseveró. Y advirtió que esa metodología de trabajo le vino heredada de gestiones anteriores. “La verdad, la forma de trabajo haciendo análisis criminal sobre fuentes públicas se inauguró con un nivel de sistematicidad importante en las gestiones precedentes, sobre todo, en la de Pullaro. Allí había áreas en el ministerio específicamente avocadas a la producción de información de análisis criminal sobre fuentes públicas que han hecho gran cantidad de informes. Hacían perfilamientos áreas como la Secretaría de Análisis Criminal al frente de Rolando Galfrascoli o la secretaría de Seguridad Comunitaria a cargo de Angel Ruani. No digo que esto sea ilegal; digo que esto también lo hacían en la gestión anterior. También la Dirección de Investigación Patrimonial a cargo de Margarita Zabalza y Nicolás Rolón. Allí se perfiló, por ejemplo, a Jorge Molina. Si esto para ustedes es una asociación ilícita, en todo caso empezó con Pullaro y ustedes deberían hacer un estiramiento para atrás…”, reprochó.

Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación imputaron formalmente al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y parte de su equipo como miembros de una asociación ilícita que tenía como objetivo realizar tareas ilegales de inteligencia contra dirigentes opositores, empresarios y responsables de medios de comunicación. También se les imputa peculado, malversación de fondos y hasta el encubrimiento de apremios ilegales.  

A raíz de ello, el interbloque de la Unión Cívica Regional lanzó un comunicado manifestando su preocupación por lo sucedido y poniendo el foco en el manejo del gobierno de Omar Perotti hacia la cartera de Seguridad provincial y su relación con el acusado Sain.

Desde los bloques de diputados y senadores provinciales de la Unión Cívica Radical veníamos advirtiendo desde hace tiempo que el gobierno de Omar Perotti utilizaba el Ministerio de Seguridad para, con su estructura y recursos, realizar tareas que nada tenían que ver con mejorar las condiciones de seguridad de los santafesinos y las santafesinas sino con intentar, mediante las operaciones y el apriete, acallar voces disidentes. Nada propio de una República Democrática que está a punto de cumplir 40 años de vida. Mientras el delito aumentaba, se duplicaban los índices de homicidio con los que Perotti recibió la provincia y les negaban a las fuerzas de seguridad recursos para poder patrullar las calles, se llevaban adelante tareas de espionaje ilegal. Y el Gobernador, como mínimo, dejó pasar el aumento de la crisis de seguridad.  

Hoy no se cerró ninguna etapa. Se abre una instancia de extrema gravedad institucional en nuestra provincia. El gobernador Omar Perotti, sindicado por Sain como quien consintió todos los hechos por los que hoy se ha imputado a ex funcionarios del actual gobierno, deberá explicar con claridad cuál es su relación con esta banda delictiva que operaba desde despachos a escasos metros de su oficina. El Gobierno que tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus ciudadanos no puede ser el que los persiga sin que medie orden judicial. Llamamos al gobernador a no esconderse como hace ante cada problema y darle a la ciudadanía explicaciones urgentes y creíbles de este hecho que avergüenza a Santa Fe. 

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, volvió a defender su accionar al asegurar que estaba encuadrado en la legalidad y en la política de persecución criminal dispuesta por el gobernador de la provincia y que, en ese sentido, Omar Perotti “siempre estuvo al tanto de todo”, certificó.

En tanto, consultado por El Litoral, el abogado de Sain, Hernán Martínez, cuestionó lo que consideró “la falta de rigor” de la imputación y adelantó que va a recurrir la acusación por espionaje.

Y en un tramo de su extensa alocución advirtió que no iba a “aportar audios privados con el gobernador, de eso se encargan ustedes y la prensa aliada”, pero recordó que, en la Asamblea Legislativa del 11 de diciembre de 2019, Perotti dejó en claro que “debía haber una clara línea que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado, y el mundo delictivo por el otro”, y mencionó específicamente la criminalidad vinculada al narcotráfico.

En ese sentido, remarcó que “recibimos directivas expresas”, y que todo lo actuado, además de estar encuadrado en la ley, formaba parte de una “estrategia política de control de la criminalidad, que es la primera vez que hubo en Santa Fe”. Y para lo cual, en la medida en que era necesario establecer e indagar presuntos vínculos, era preciso “producir algo básico, que es el análisis de información” que, según resaltó, en su mayor parte “se elaboró sobre la base de datos de acceso público”.

Se realizan este martes las audiencias imputativas en el marco de la causa en la que se investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los presuntos imputados son ocho; además de Sain, otros ex funcionarios de la cartera y del Organismo de Investigaciones (OI).

Si bien el esquema original preveía ocho audiencias individuales – así fueron convocados, incluso, cada uno de los involucrados-, la metodología implicaría dos grandes audiencias que agrupan a los presuntos imputados en función de su abogado defensor. Así, desde las 9.30 comparecerán los tres clientes del Dr. Hernán Martínez. Se trata del propio Sain; del ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y de la ex asesora del OI, María Agustina Moulins. Los tres, al igual que el letrado, participarán de manera virtual.

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

Al mediodía se prevé la segunda gran audiencia para el segundo grupo de presuntos imputados, cuya defensa está a cargo del ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis. Se trata de Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del OI; Diego Rodríguez, ex responsable de Asuntos Internos; Nadia Schujman, ex directora de Control Policial; Pablo Alvarez, del área de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad; y Milagros Bernard, ex asesora del OI. Los cinco concurrirían de manera presencial.

Para esa hora, organismos de derechos humanos anunciaron una concentración frente a la fiscalía para respaldar a Nadia Shujman, abogada de HIJOS; consideran que en su caso, la investigación se trata de una persecución política.

Según pudo saber Sur24, durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Hernández impondrá a los citados sobre los cargos a imputar, y se les dará la posibilidad de que hagan uso de la palabra. No se ventilarán las evidencias porque se entiende que todas las partes, tanto imputados como querellantes, ya han accedido a ellas a través del expediente.

Los vínculos de Sain con dos fiscales se revelan en una escucha judicial

Las audiencias se realizarán sin presencia de un juez y en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos. Será así, puesto que todos los imputados transitan el proceso en libertad. Aún así, en las últimas horas la defensa de Sain solicitó formalmente la presencia de un magistrado y la publicidad de la audiencia. Pero ambos pedidos fueron denegados.

El acto procesal se realizará a un año de que se realizasen los primeros allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario, cuando la cartera estaba a cargo de Sain. La justificación de parte de los fiscales para fundamental la dilación estuvo siempre asociada a la necesidad de contar con tiempo suficiente para procesar y analizar las abultadísimas pruebas y evidencias.

La investigación en torno de Sain tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de la provincia. Si bien se identifica el accionar como de un presunto “espionaje ilegal”, éste no sería un delito posible de imputar puesto que es federal. Los cargos pasarían por asociación ilícita, malversación de fondos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

(Por Luis Rodrigo) – El plato final de la agotadora sesión de la Asamblea Legislativa santafesina fue sin dudas el más sabroso desde el punto de vista de los cronistas parlamentarios, aunque ya para entonces en su mayoría habían desistido de la cobertura presencial y pasaron a la modalidad remota. Era la hora de la cena.

El tratamiento del pliego del fiscal, ahora titular y antes adjunto, Matías Eddery produjo un tenso cruce entre dos senadores del bloque del NES por una parte y de tres diputados de bloques del peronismo kirchnerista y de la izquierda clasista, así como por un radical díscolo, por otra.

En una vereda estuvo el senador que preside el bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri y el presidente de la Comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo, de una intensa labor durante toda la jornada que con una sesión conjunta de ambas cámaras se inició a las 13 horas de un súper jueves que además de los pliegos de los fiscales incluyó otros para jueces penales y de otros fueros, para jueces comunitarios de pequeñas causas, para dos directores del Enress y un vocal del Tribunal de Cuentas. En total fueron considerados 82 propuestos por el Ejecutivo. La Casa Gris logró la aprobación de casi todos: solo se rechazaron 3 para jueces comunitarios (de 36 elevados) y se pospuso el tratamiento de un cuarto porque la justicia no comunicó a tiempo -con las debidas formalidades del caso- un fallo de segunda instancia que habilitaba el tratamiento ante un recurso de amparo. Fue por whatsapp y no por mesa de entradas, ni siquiera llegó por un medio más formal, como un e-mal.

Fue una sólida mayoría la que decidió aprobar todos los pliegos de los fiscales y lo mismo ocurrió con el que fue tratado en último lugar, el de Eddery. En esa votación hubo sólo cinco abstenciones, en todos los casos de senadores justicialistas del NES, que encabeza Traferri. El sanlorencino dijo que se había definido internamente no rechazar el pliego porque se entendía que el principio de inocencia debía ser considerado pese a las tres denuncias judiciales contra el fiscal que detalló el titular de la bancada Juan Domingo Perón.

El momento de mayor tensión sucedió en el cruce entre Traferri y el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade. El primero sostuvo que Eddery se prestó a una maniobra política en su contra ordenada por el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain para vincularlo con la causa sobre el juego ilegal. El segundo aseguró que según la declaración del llamado zar del juego de Rosario, Leonardo Peiti, el legislador recibió “una coima de 200 mil dólares” que luego iba a ser usada para financiar “la campaña del entonces candidato a gobernador Omar Perotti”.

El senador mostró por primera vez la caratula con una foto suya de la carpeta en la que fue “perfilado” por Sain. Y explicó que cuenta con esa copia porque fue declarado por una investigación de fiscales del MPA como víctima en la causa de espionaje. Allí están sus datos personales, todos los datos filiatorios de sus familiares y los números de las cuentas bancarias de cada uno de sus seres queridos. Dijo que no pensaba mostrarlo, pero al parecer las acusaciones de Del Frade lo hicieron cambiar de opinión y que en definitiva puede mostrar esa documentación “porque en mi caso no hay nada que ocultar”.

El ex periodista dijo que habrá además que investigar “los vínculos” entre las fuerzas de la policía de San Lorenzo y el senador y abundó en referencias a los subsidios institucionales que se entregan en la Cámara alta, al recordar una vieja denuncia del ex concejal rosarino Carlos Boasso.

Le salió al cruce Gramajo y le reclamó a viva voz que Del Frade diga “por sí o por no”, si no había ya recibido toda la información respecto de esas ayudas que no se entregan en efectivo sino por una cuenta bancaria a las instituciones, mediante resoluciones que vota la Cámara. Del Frade aprovechó entonces la intervención del representante por 9 de Julio para darle la razón y marcar una diferencia con Traferri al decir que el norteño sí había pedido ser investigado y se había despojado de sus fueros para que haya un fallo absolutorio que finalmente se produjo.

Traferri aseguró que Del Frade en el fondo a quien defendía era Sain y que lo hacía porque “piensa como Sain” el ex ministro de Seguridad que también era al mismo tiempo titular del Organismo de Investigaciones del MPA. Nadie habló sobre el significado político de esa expresión.

En otro tono, sin el mismo nivel de enfrentamiento, hablaron en favor de las cualidades como fiscal de Eddery los diputados Fabián Palo Oliver (UCR-Frente Progresista) y Matilde Bruera de Lealtad kirchnerista.

A días de la audiencia imputativa del 29 de noviembre, un audio confirma la estrecha relación del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, con los fiscales Matías Eddery y Luis Schiappa Pietra. Se trata de un mensaje enviado a sus ya por entonces ex colaboradores de esa cartera, que aún estaban en funciones con otro ministro (Jorge Lagna), y que está rotulado como una comunicación a esos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. “Audio mío a los fiscales (reservado)”, dice la captura de pantalla del envío a sus ex subordinados Nadia Shujmann y Germán Montenegro.

Allí supuestamente el ya depuesto funcionario de la Casa Gris da consejos a ambos fiscales por el caso contra el senador por San Lorenzo Armando Traferri (PJ-NES) y palabras más, palabras menos, les indica que lo que hasta ahora han mostrado públicamente o han hecho trascender era poco. Que no alcanzaba, al menos para la consideración pública “y la prensa”.

Puede colegirse por las palabras del por entonces solo jefe del Organismo de Investigaciones del MPA (ya había sido desplazado por Omar Perotti del ministerio) que el audio es de marzo de 2021. Y les habla a Eddery y Schiappa Pietra del evidente estancamiento de la causa, tras la negativa del Senado a quitarle los fueros al presidente del bloque Juan Domingo Perón y de la Justicia en todas sus instancias -incluso la Corte- respecto de la constitucionalidad del Código Procesal Penal que ordena archivar el expediente tras la decisión de los senadores.

Sain incluso usa una comparación para exponerles qué piensa de cómo van las cosas, en un tono de particular respeto, pero también de confianza: “Creo que ustedes deberían revisar eso (‘la estrategia de la construcción del caso’, según el propio Sain) porque si pretenden descubrir quién mató a Kennedy van a tener un problema y vamos a tener todos el problema. Se los digo con franqueza”.

La escucha fue difundida por el portal Sin Mordaza, que indica que el audio es del 24 de marzo del 2022 a las 12 hs, “6 días después de su renuncia como ministro de Seguridad”. Aún sin ese detalle, todo indica que la escucha es parte del material con que cuenta la fiscalía sobre los perfilamientos y las persecuciones (así como la idea de armar causas judiciales) contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos hechos durante la gestión Sain, desde la Casa Gris.

Desde hace semanas, es conocida la existencia de más de dos terabytes de material secuestrado en la llamada causa por espionaje, y a unos pocos días de la imputativa se confirma que era un vínculo estrecho el del ex ministro y los fiscales que acusaron a Traferri, pero no obtuvieron el visto bueno del Senado para imputarlo.

La relación entre un alto funcionario del Poder Ejecutivo y los dos integrantes del MPA, que pertenece al Poder Judicial, es conocida pero no ha había pruebas al respecto. En la audiencia que los senadores les concedieron a los fiscales Eddery y Schiappa Pietra antes de votar en contra de su pedido, cuando ambos intentaron probar ante los integrantes del cuerpo que contaban con pruebas para imputar al legislador, quedó claro en un momento de descanso -por lo que se hablaba en los pasillos- que ambos se habían reunido con Sain. Y ese elemento fue una y otra vez mencionado por Traferri en cada una de sus diatribas desde su banca contra sus acusadores.

Este jueves 24 está convocada la Asamblea Legislativa que entre 82 pliegos debe tratar el de Eddery, quien ha concursado para ser fiscal titular. Hoy es fiscal adjunto. Fue impugnado formalmente por un ex comisario retirado, Ernesto Andriozzi, quien sostiene que su nombre fue agregado por los fiscales en la transcripción de una declaración de un imputado judicial para así poder allanar su domicilio y la oficina de su hija, abogada en este último caso -a su entender- sin orden judicial.

Por otra parte, cabe recordar que a fines de julio pasado la Comisión de Acuerdos decidió por 6 votos a 2 archivar la denuncia que Traferri había presentado contra ambos fiscales.

“(…) Lo que digo es sigan investigando; profundicen la investigación. Yo les reitero algo: entre diciembre (2020) y ahora, pese a todo lo que tienen en relación a la estructura de lavado de dinero de Peiti, la mujer de él, y compañía, no se produjo nada, públicamente hablando. Por lo cual, para la política y para la prensa no hay más. Ahí deberían revisar ustedes la estrategia de la construcción del caso. Con franqueza lo digo, de compañero. Yo ahora estoy afuera del cargo, ya no tengo más. Respeto la labor de ustedes. Ustedes manejan los tiempos de fiscales. Yo les hago la lectura desde la política. Y, particularmente, cómo en realidad Traferri, compañía y sus socios socialistas y radicales, usan ese vacío público en contra de todos nosotros. Creo que ustedes deberían revisar eso, porque si pretenden descubrir quién mató a Kennedy van a tener un problema y lo vamos a tener todos al problema. Se los digo con franqueza”, dice el ya ex ministro de Seguridad que, para entonces solo contaba con el cargo de titular de la OI en el MPA, del que fue destituido el 4 de noviembre de 2021 por muy amplia mayoría: votaron por la afirmativa 12 senadores y 38 diputados, mientras que por la negativa lo hicieron 4 y 9, respectivamente.

Solo veinte días después el depuesto por mal desempeño en sus funciones, según la acusación formulada por el senador Lisandro Enrico (General López), hoy jefe del bloque de la UCR, Sain fue nombrado como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández. En ese cargo se mantuvo hasta su renuncia, que entró en vigor el 27 de octubre de este año.

La confirmación de que el senador Armando Traferri (PJ-NES San Lorenzo) fue víctima de espionaje ilegal generó un verdadero cimbronazo en buena parte de la dirigencia política provincial. No tanto por las tareas de inteligencia clandestina, de las cuales ya circulaban en los medios de comunicación y teléfonos muchas pruebas, sino porque la víctima es uno de los dirigentes más importantes de la provincia, quien venía denunciando esta situación hace al menos dos años.

Fue el propio Traferri quien en la sesión del Senado del último jueves hizo uso de la palabra y, en una exposición de poco más de 10 minutos, les contó a sus pares que su asesor legal había recibido la confirmación de parte del fiscal Ezequiel Hernández de que “reviste carácter de víctima en la CUIJ 21-08689330-1, donde se investiga la violación de secretos por parte de la Ps Débora Cotichini, a raíz de una presentación de la Auditoría General de Gestión”.

La investigación por espionaje ilegal en la provincia comenzó en abril de 2021, poco después de que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fuera echado del Ministerio de Seguridad. Fue luego de que se notaran movimientos sospechosos dentro de una oficina del Organismo de Investigaciones, que de la noche a la mañana apareció vacía. Eso motivó las actuaciones de la Auditoría General de Gestión del propio MPA, a cargo de María Eugenia Vranicich, quien luego de meses de investigación, de recabar evidencia y secuestrar dispositivos móviles, formalizó la denuncia contra Cotichini, ex jefa de Inteligencia de zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y mano derecha de Sain, quien aún era director del OI, ya que no había renunciado a ese puesto para asumir en la cartera de seguridad.

Por ese entonces, ya circulaban audios en los que Cotichini solicitaba a otros empleados del MPA que convirtieran archivos de audio para pasarle a Sain por fuera de los canales legales. Y también daban cuenta de que organizaba información de diferente tipo para filtrar a la prensa, en evidente contravención a toda la normativa sobre el manejo de esa información

A partir de los allanamientos, los fiscales a cargo de la causa Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (esta última se jubiló) pudieron recabar una gran cantidad de evidencias. En lo que refiere puntualmente al senador sanlorencino, fuentes con acceso a la causa admitieron que existen pruebas de conversaciones entre Cotichini y otros funcionarios del MPA respecto de la decisión de interceptar conversaciones que Traferri mantenía con personas allegadas, de manera ilegal. En uno de los documentos, Cotichini dice textualmente: “Qué raro que Pipi hable así. No sospecha que lo escuchamos”.

La línea argumentativa que se sostiene en el entorno de Traferri es que se armaban causas contra personas ligadas al senador, para poder escucharlos y así registrar sus intercambios con él. Y aluden a recurrentes conversaciones entre Sain y miembros de su equipo de trabajo con funcionarios del MPA, con especial familiaridad en el caso de Edery y Schiappa Pietra. De hecho, en uno de los audios se la escucha a Nadia Schujman, parte del equipo, decir en relación a un pedido para avanzar en la llamativa reapertura reapertura de una causa (luego vuelta a cerrar por falta de mérito): “Genial. Sí, (hablá) con Matías. Porque Marita está de vacaciones y el Chapa (por Schiappa Pietra) está de fiscal Regional. Si querés avanzar y hablar con Matías, hablalo. Si no, el viernes yo lo veo a Mati. Pero hagámoslo con ellos. Vos sabés que Matías nos dice a todo que sí, pero que hay que perseguirlo”.

El encono personal de Sain contra Traferri también parece quedar en evidencia en los chats recuperados por los investigadores de los celulares de los ex integrantes del Ministerio de Seguridad. En una conversación datada el 14 de agosto del año pasado Sain se burla junto a Germán Montenegro (entonces su segundo) de la supuesta muerte de Traferri. Y manifiestan el deseo de una imputación previa al eventual deceso del senador.

En su intervención durante la última sesión del Senado, el dirigente del NES afirmó sentirse “dolido” por la persecución y el espionaje ilegal. Y advirtió sobre “la degradación institucional que sufrió nuestra provincia, porque se violaron derechos fundamentales de muchas personas”. El pedido de su asesor legal para sumarlo como querellante a la causa promete más novedades sobre este escándalo en el futuro cercano.