Agustina Labath - Gustavo Ocampo

Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Desde fines de 2025, el país es escenario de intensas protestas sociales, impulsadas inicialmente por el deterioro de la economía y agravadas por la represión estatal. En las últimas semanas, más de 600 personas murieron y más de 10.000 fueron arrestadas, según datos de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“El régimen está aplicando el mismo libreto que en 2022: represión total a través de la Guardia Revolucionaria, que responde directamente al líder supremo”, explicó el analista Joaquín Bernardis en diálogo con CyD Litoral.

La chispa del estallido no fue un caso aislado, como el asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en 2022, sino una serie de medidas económicas que golpearon a la población. Entre ellas, la eliminación de subsidios y restricciones para comerciantes a la hora de adquirir divisas, sumadas a una inflación estructural que supera el 40% anual.

“El aumento del costo de la canasta básica, especialmente en carne y harinas, generó un malestar profundo en la población. Hoy las protestas alcanzan incluso a Teherán, algo inusual por su nivel de control”, señaló Bernardis.

En este contexto, el gobierno teocrático encabezado por el Ayatollah Ali Khamenei se enfrenta no solo a un colapso social, sino también a una incertidumbre política interna. La muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente aéreo en 2024 dejó vacante la línea sucesoria dentro del régimen, que se apoya cada vez más en el ala militar para sostenerse.

“Raisi era el sucesor natural de Khamenei, y su muerte dejó un vacío de poder. Hoy, los grandes aliados del régimen son las Fuerzas Armadas, que actúan como sostén del poder religioso”, explicó el analista.

A ello se suma una pérdida de influencia en el plano regional. Milicias aliadas como Hezbolá, Hamas y los hutíes en Yemen han sido golpeadas militarmente por Estados Unidos, Israel y coaliciones árabes. Según Bernardis, esto marca un retroceso significativo en la proyección geopolítica de Irán.

“Prácticamente todos sus aliados regionales fueron desarticulados. En lo externo, el régimen está más aislado que nunca, y en lo interno, completamente deslegitimado ante su propia población”, afirmó.

La combinación de crisis económica, represión, descontento social y vacío de poder hace de Irán un foco de altísima inestabilidad para 2026. A pesar de los intentos del régimen por contener la situación, la magnitud de las protestas y la violencia de la respuesta oficial han encendido alarmas en la comunidad internacional.

“La legitimidad del régimen está en su punto más bajo desde la Revolución Islámica. Si esto no se resuelve pronto, podríamos estar ante el comienzo de una nueva etapa en la historia iraní”, concluyó Bernardis.

Al menos 27 manifestantes, entre ellos cinco menores, han muerto desde el inicio de las protestas en Irán a finales de diciembre, según un balance comunicado el martes por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

"Al menos 27 manifestantes murieron por disparos u otras formas de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad en ocho provincias", escribió la organización, tras diez días de protestas, en su sitio internet, donde precisó que más de 1.000 personas fueron detenidas.

IHR acusa a las fuerzas de seguridad de haber matado al menos a seis personas en un solo incidente el sábado, cuando abrieron fuego contra manifestantes en el distrito de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam.

La organización señala que el domingo las fuerzas de seguridad allanaron un hospital en Ilam donde habían sido trasladados manifestantes heridos de Malekshahi y detuvieron a varios.

A nivel nacional, las protestas se extendieron a al menos 26 de las 31 provincias de Irán, y los estudiantes organizaron manifestaciones en más de 20 universidades, según IHR.

De acuerdo con los anuncios oficiales difundidos por los medios iraníes, al menos 12 personas murieron desde el inicio de las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

"La República Islámica tiene un historial documentado de represión sangrienta y asesinatos masivos de manifestantes en levantamientos anteriores", dijo Mahmod Amiry Moghadam, director de IHR.

La ONG ya confirmó más de 550 muertes durante la represión del movimiento de protestas de 2022-2023 en Irán.

"Dado que ahora el régimen es más inestable que nunca y teme seriamente por su supervivencia, existe una grave preocupación de que la magnitud de la represión esta vez pueda ser incluso más violenta y generalizada que antes", añadió.

La ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" comienza a sufrir sus primeras modificaciones. Este jueves, en la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich anunció que se retiró de la ley, la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.

“Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos”, explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331 que para la oposición representaba un grave peligro que lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta.

“Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirarlo directamente”, insistió al participar de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se trata la ley ómnibus.

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.

Según estaba estipulado en la ley ómnibus, estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante el Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.

En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó este viernes "preocupación" por el nuevo "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" presentado el jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtió que "las peores tragedias" de la historia argentina "han llegado de la mano de las políticas represivas".

"Abuelas de Plaza de Mayo se suma a las manifestaciones de preocupación ante el anuncio de un nuevo 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' comunicado, ayer (por el jueves), por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", expresó la Asociación en un comunicado.

Asimismo, señaló que el anuncio "no respeta derechos y garantías elementales" previstos por la Constitución y los estándares internacionales para "los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno".

También remarcó que la protesta social "es un derecho pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes".

"Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas", sostuvo la histórica organización de derechos humanos.

Y solicitó: "A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra Carta Magna".

De esta manera, Abuelas de Plaza de Mayo se sumó al repudio manifestado por otras organizaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron al protocolo anunciado ayer por Bullrich para asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, como una medida "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social en respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno.

Activistas de la organización Greenpeace cubrieron este jueves la casa de verano del primer ministro británico, Rishi Sunak, en North Yorkshire, Inglaterra, con una tela de color negro como protesta por los planes gubernamentales de llevar adelante más perforaciones de petróleo y de gas en el Mar del Norte.

La acción se produce durante un verano marcado por impactos climáticos crecientes que incluyen temperaturas inéditas, inundaciones y otros fenómenos.

El Gobierno de Sunak fue criticado duramente por avanzar en los planes para otorgar alrededor de 100 nuevas licencias de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte, que según Greenpeace serán catastróficos para el clima.

La organización ecologista destacó en un comunicado que “la perforación de nuevos pozos de petróleo en el Mar del Norte no hará nada para aumentar nuestra seguridad energética o reducir las tarifas de la gente. Solo el compromiso con las energías renovables y la eficiencia energética puede lograrlo”.

Un ejemplo es el campo de Rosebank, el mayor yacimiento de petróleo no desarrollado en el Mar del Norte.

El Gobierno está decidiendo si aprueba su explotación y Sunak declaró que cree que debería seguir adelante, una posición que enfureció a los ambientalistas.

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“Rosebank solo beneficiará a un puñado de accionistas de combustibles fósiles. El año pasado Equinor obtuvo 28,7 mil millones de dólares en ganancias”, denunció Greenpeace.

Además, resaltó que el Reino Unido pagará enormes subsidios para ayudar a las compañías petroleras a obtener grandes ganancias.

La petrolera noruega Equinor solicitó desarrollar Rosebank, con la ayuda de subsidios gubernamentales del Reino Unido. De aprobarse, “Equinor recibirá efectivamente 3,75 mil millones de libras del dinero público del Reino Unido para desarrollar el campo”, agregó la ONG.

Greenpeace también advirtió que la explotación del yacimiento de Rosebank y otros campos en el Mar del Norte creará más contaminación por CO2 que las emisiones anuales combinadas de los 28 países más pobres del mundo, según datos del Banco Mundial.

Recordó que la Agencia Internacional de Energía fue clara en que no debe haber inversión en nuevos campos de petróleo y gas si el mundo quiere cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Greenpeace recalcó que “la única manera de asegurar un suministro de energía asequible y seguro para el Reino Unido es construir más energía renovable”.

La organización instó a Sunak a tomar una decisión: “las ganancias del petróleo o nuestro futuro”.

Este jueves 27 de abril, se instalará la Carpa Negra en la ciudad de Santa Fe, como preparación para la conmemoración de los 20 años de la inundación que afectó la región en el año 2003.

El viernes 28 de abril, se presentará el libro “Río Salado 2003”, de la Editorial Legüera Cartonera, con una ronda de lecturas en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 16.30 horas. Además, desde las 18, en la misma plaza, se realizará una Radio Abierta en conjunto con Radio en la Mira, bajo la temática “Salud Mental e Inundaciones”, organizada por La Zito Lema y el movimiento Nuestra América. Y para continuar la reflexión sobre los territorios y la prevención de desastres naturales, se realizará una vigilia a partir de las 20 horas.

El sábado 29 de abril, se instalará la muestra fotográfica “El Revelar de las Ollas”, de La Poderosa, desde las 9 horas. Durante el día, habrá actividades con vecinos y murgas en la plaza.

El acto central se llevará a cabo a las 17 horas, en la plaza 25 de Mayo, donde se realizará un micrófono abierto para recordar a las víctimas del crimen hídrico y reflexionar sobre lo sucedido. Además, habrá música en vivo.

La concentración para la marcha será a las 16 horas en la plaza del Soldado.

La inundación del año 2003 en Santa Fe dejó un saldo de más de 150 muertos, directa e indirectamente, y miles de afectados. A 20 años de la tragedia, se busca mantener viva la memoria y continuar trabajando en la prevención de desastres naturales y la protección de los territorios y sus habitantes.

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la sesión iniciada este lunes el proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social, que entre diversos puntos, aumenta la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

Con media sanción en Diputados, se espera su aprobación este martes en el Senado. Se trata de una reforma impulsada por el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

La iniciativa recibió 54 votos afirmativos de un total de 97, provenientes de la coalición de gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) y con oposición del Frente Amplio.

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El informe en mayoría, presentado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, recuerda que la reforma de la seguridad social constituye la concreción de un compromiso político asumido por la coalición durante la pasada campaña electoral. También que una reforma de este tipo fue considerada necesaria por parte de todo el sistema político para garantizar la sostenibilidad del sistema.

“Todos sabemos que el gasto público en pasividades en Uruguay es excesivamente alto, y la situación tiende a empeorar con el paso del tiempo” porque “si no se hace nada”, los recursos destinados al Banco de Previsión Social (BPS) pasarán de 8,4% del PBI a 9,6% en 2050, advierte el informe, citado por Jisdonian.

En base a las modificaciones, los contribuyentes del país oriental deberán continuar con el aporte del 15% de su salario, pero con la división del 10% al Banco de Previsión Social (BPS) y el restante 5% a la AFAP (Administradora de Fondos de Ahorro Previsional). Hasta el momento, los trabajadores que ganan más de cierta remuneración y optan por el ahorro individual aportan 7,5% al BPS y 7,5% a la AFAP.

Por acuerdos entre el oficialismo y el partido Cabildo Abierto (CA), se aceptó la baja de 25 a 20 mejores años trabajados para calcular la jubilación –un cambio que costará 300 millones de dólares, es decir el 0,3% del PBI, y la retirada de los artículos que permitían a las AFAP invertir en el exterior.

Respecto al pedido del Partido Colorado, se obtuvo la disminución gradual del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y una nueva escala de edad de jubilación de acuerdo a la cantidad de años aportados (a los 63 con 38 de aportes y a los 64 con entre 35 y 37 de aportes).

Con una edad promedio de retiro que hoy está en los 60 años, a partir de esta ley quedará fijada en 61 años para los nacidos en 1973, aumentando en forma escalonada un año para finalizar en los 65 años para los nacidos a partir de 1977. La causal anticipada por retiro prevé 30 años trabajados a la fecha de vigencia de la ley, o 40 o más años de servicios computables para los nacidos a partir de 1973.

Junto a la @IntersocialUY y el @PITCNT1 el 25/4 todos al Palacio Legislativo! https://t.co/9uheg0ZDGD

— Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) April 24, 2023

Desde la central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, se convocó para este martes a un paro general de 24 horas con movilización. Medida que se mantiene en concordancia a las tomadas durante el mes previo.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que está previsto que “todas las ramas de actividad” paralicen sus actividades en el marco de una jornada de huelga que, opinó, será “amplia” y “contundente”, incluyendo los sindicatos del transporte, la educación y la salud.

“Esto es una demostración de protesta y al mismo tiempo un acto importante con todas las organizaciones sociales”, indicó el referente sindical uruguayo. Luego detalló que los trabajadores se concentrarán sobre las 16.00 horas en inmediaciones al Palacio Legislativo.

Con el avance del proyecto, se estima que los reclamos escalen, pero sin alcanzar niveles comparables a los masivos disturbios registrados en Francia, algo que llegó a ser evaluado en el gobierno uruguayo.

Los mayores riesgos que si atraviesa la gestión de Lacalle Pou se relacionan con las elecciones presidenciales 2024 y los acuerdos con partidos como Cabildo Abierto, los cuáles se han resquebrajado aún más tras el debate de la reforma jubilatoria.

Francia y el Reino Unido decidieron el viernes (24.3.2023) aplazar la visita del rey Carlos III, prevista inicialmente a partir del domingo, por las actuales protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.

“Los Gobiernos francés y británico (…) tomaron esta decisión para acoger a su majestad el rey Carlos III en las condiciones que corresponden a nuestra relación de amistad”, reza una declaración del Elíseo, que no precisa ninguna nueva fecha para la visita.

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El soberano británico tenía previsto iniciar en Francia su primer viaje al extranjero desde su llegada al trono. El lunes (27.3.2023) estaba previsto que participara en un homenaje en el Arco del Triunfo y en una cena en el Palacio de Versalles, antes de viajar a Burdeos el martes.

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Sin embargo, la convocatoria de una nueva movilización el martes contra la reforma de las pensiones ha obligado a Londres y París a aplazar la visita a una fecha aún por confirmar, máxime cuando las últimas protestas degeneraron en disturbios.

El Congreso unicameral de Perú aplazó nuevamente, en principio hasta este jueves, el debate y la votación sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales para este año, reclamado por el Gobierno y buena parte de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política desatada en diciembre a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.

Paralelamente, el parlamento resolvió extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que vencía este miércoles y que de ese modo le ponía límite a la posibilidad de celebrar los comicios este año.

La sesión del Congreso, que sufrió de ese modo la tercera postergación consecutiva, quedó programada para mañana a las 11 (las 13 en la Argentina), informó su presidente, José Williams, en Twitter.

La decisión fue adoptada “con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución”, explicó Williams.

El debate había sido programado en principio para ayer y aplazado sucesivamente para esta mañana y esta tarde, en medio de febriles negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, que aún seguían sin haber alcanzado un consenso, según la radio limeña RPP.

De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobado por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes finalizaba la primera, que fue extendida hoy mismo hasta el 10 de febrero.

Con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, la sesión del pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para mañana miércoles a las 11:00 am

— José Williams Zapata (@jwilliamszapata) January 31, 2023

Si no se hubiera prorrogado ese período, la decisión sobre el anticipo de los comicios habría quedado postergada al menos por un año y habría sido imposible celebrarlos este año.

Los legisladores habían acordado reabrir ayer el debate, después de que la semana pasada no se hubieran alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo. Por tratarse de una reforma constitucional, para ser aprobada se requieren al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios del total de 130 bancas.

El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron tras la destitución de Castillo, y que dejaron decenas de muertos.

Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año. La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.

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Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.

En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, aunque lejos de tener mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como estableció el Congreso en diciembre.

Mientras las protestas aumentaban en ciudades del sur del país, tropas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron en los puntos de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao -al sur de la ciudad de Lima- ante una protesta que transcurría muy cerca de la terminal aérea y logró “dispersar a los manifestantes” que se dirían al lugar, informó la fuerza en un comunicado, según la agencia estatal de noticias Andina.

Tres personas fueron detenidas por los incidentes en las inmediaciones del aeropuerto, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

Asimismo, la Defensoría reportó “manifestaciones violentas” en Andahuaylas, en el departamento sureño Apurímac, que dejaron al menos una persona herida, una madre con su bebé evacuados en helicóptero y dos detenidos.

En Lima, cientos de manifestantes volvieron a marchar este martes por la tarde y llegaron hasta una distancia de unos 200 metros del edificio del Congreso, donde se produjeron algunos enfrentamientos con efectivos policiales, que los dispersaron con gases lacrimógenos, sin que hasta esta noche se reportaran heridos ni detenidos.

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Más temprano, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el centro histórico de la capital será declarado “zona intangible” para evitar que se produzcan más actos de violencia y vandalismo.

Los manifestantes “están destrozando la economía de Lima, la economía de todo Perú”, sostuvo el funcionario, que señaló que 90% de la economía del país es informal y se sostiene con lo que las personas ganan cada día.

El país vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

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En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.162 personas (entre ellas, 629 policías) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 74 cortes de rutas en diversos puntos de 23 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.

De acuerdo con esas cifras, había hoy siete cortes más y dos provincias afectadas más que ayer, cuando la PNP liberó al tránsito dos tramos de la clave ruta Panamericana Sur, en lo que se anunció como el comienzo de una serie de operativos para levantar los bloqueos de caminos.

El presidente del Congreso de Perú, José Williams, ha postergado hasta este martes la votación para decidir sobre el posible adelanto de las elecciones presidenciales a 2023 en lugar de en 2024, como se había votado en un primer momento el pasado 20 de diciembre.

La decisión del presidente del Parlamento andino ha tenido lugar tras casi seis horas de debate entre la Comisión de Constitución y las diferentes bancadas parlamentarios en las que no se ha llegado a ningún acuerdo, ha informado ‘La República’.

La presidenta dio un discurso el domingo por la noche en el que se notó un cambio de tono respecto a mensajes anteriores. Le pidió al Congreso que asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral para 2023, en lugar de a mediados de 2024, como estaba previsto. “Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos”. Con esas palabras asume el grito que se ha extendido ya por el país, en el que los ciudadanos exigen “que se vayan todos”: el Gobierno y el Congreso.

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El pasado viernes ya se dio ese debate en el Pleno y fue rechazado por una amplia mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en contra. El ambiente no es de que esto vaya a cambiar de un día para otro. Hay partidos que exigen la renuncia de Boluarte, congresistas que sostienen que celebrar las elecciones en abril de 2024 es lo correcto para poder llevar a cabo reformas políticas previas y otros, los menos, que abogan por irse cuanto antes.

El Congreso volverá a debatir para buscar un consenso que permita alcanzar los 87 votos necesarios para aceptar el adelanto de elecciones a este año que, de ser aprobado, deberá ser votado nuevamente en la siguiente legislatura, por tratarse de una reforma constitucional.

Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció toque de queda en la región de Puno por tres días. Esto se dio luego de que el 9 de enero, se registrará una jornada violenta, dejando 18 muertos en la ciudad de Juliaca y más de 30 heridos.

La inmovilización social obligatoria corresponderá desde las 8.00 p.m. hasta las 4.00 a.m. El titular anunció esta medida en el séptimo día de manifestaciones que se registró con saqueos, incendios, ataques, entre otras acciones.

“Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Decreto Supremo que declara la inmovilización obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 04:00 de la mañana. Esto, en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”, informó el premier.

El premier Otárola junto a su Gabinete Ministerial se presentó ante el Congreso de la República para solicitar la cuestión de confianza. En medio de las violentas protestas que se desarrollaron en Juliaca, algunos legisladores han revelado que no votarán a favor de la confianza.

La presidenta Dina Boluarte tiene un mes y un poco más en el cargo, pero hasta el momento se ha cobrado 45 decesos en las protestas que se han desarrollado en las regiones del país. Entre los muertos se han identificados civiles y agentes policiales, algunos no han sido identificados.

En ese sentido, el premier anunció que por respeto a las personas que perdieron la vida y los que resultaron heridas proceden a declarar un día de duelo nacional para el 11 de enero. Es decir, se deberá izar la bandera hasta media asta.

“Para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, aseguró.

Miles de seguidores del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro, que defienden un golpe de estado para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, invadieron este domingo el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), en Brasilia, prácticamente sin resistencia de la policía de la capital federal.

Lula se encontraba en Araraquara, interior de San Pablo, en una visita prevista en agenda desde el viernes para ver zonas de desastre causados por las lluvias, mientras algunos manifestantes llegaron hasta la puerta del Palacio del Planalto, la sede del gobierno.

Los militantes ultraderechistas llegaron a los edificios situados en Brasilia desde el Cuartel General del Ejército de Brasil, donde acampaban desde que Bolsonaro perdió las elecciones dos meses atrás, con el fin de exigir una intervención militar que impida la presidencia de Lula.

Los bolsonaristas sortearon en primer lugar las barreras policiales para asaltar las sedes del legislativo y del Poder Judicial, mientras que después asaltaron la presidencia. Los manifestantes rompieron vidrios, cámaras de seguridad, armarios y despachos en el Planalto y el STF.

Los manifestantes rompieron vidrios, cámaras de seguridad, armarios y despachos en el Planalto y el STF.

Bolsonaristas quebram cadeiras e vidros dentro do Palácio do Planalto. pic.twitter.com/gajeRb4NCs

— Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

Llegaron en caravanas de todo el país, mientras Bolsonaro se encuentra en Orlando, Estados Unidos, adonde viajó tras abandonar el poder.

“Estos actos antidemocráticos deben sufrir el rigor de la ley”, afirmó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contato permanente. O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação.

— Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) January 8, 2023

“Estos actos antidemocráticos deben sufrir el rigor de la ley”, afirmó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

La situación fue comparada con la invasión al Capitolio, el Congreso de Estados Unidos, en enero de 2020 para desconocer la derrota electoral del entonces presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, Gleisi Hoffmann, acusó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro, de haber liberado la zona para permitir el avance de los golpistas.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

Si bien se había montado un importante cordón de seguridad en torno a los edificios principales de los poderes constitucionales brasileños, los simpatizantes radicalizados lograron quebrar el cerco e ingresar a los predios.

Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, encargada de brindar seguridad al Congreso. Además, destruyeron barreras de protección y, armados con palos, se enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los bolsonaristas.

La policía utilizo gas lacrimógeno para intentar dispersar a los militantes radicalizados, pero por el momento no habían tenido éxito.

El presidente de Irán, Ebrahim Raissi, insistió en que las protestas desatadas en el país tras la muerte de la joven Mahsa Amini forman parte de un plan diseñado y financiado por Estados Unidos, Israel y varios países europeos.

En este contexto advirtió que “no tendrá piedad” con aquellos que muestran su hostilidad hacia la república islámica en las manifestaciones. “Los hipócritas, los monárquicos, las corrientes contrarrevolucionarias y todos los perjudicados por la revolución se han unido a las manifestaciones”, declaró.

Frente a la Universidad de Teherán ante una multitud rindió homenaje a los 200 soldados muertos durante la guerra Irán-Irak. “Los brazos de la nación están abiertos a todos los que fueron engañados, pero no tendremos piedad con los elementos hostiles”, insistió el mandatario.

Irán ejecutó a un segundo manifestante por protestar contra el régimen

En las últimas semanas, varias de las principales ciudades iraníes han sido escenario de manifestaciones de protesta por el fallecimiento de la joven Mahsa Amini, quien perdió la vida poco después de ser detenida por la policía de la moral, por no llevar puesto su velo correctamente.

“Si piensan alcanzar sus objetivos difundiendo rumores y dividiendo a la sociedad, se equivocan”, sostuvo Raissi. “Quieren engañarnos, pero les conocemos y conocemos también a nuestra nación”, añadió.

Numerosos funcionarios afirmaron que cientos de personas fueron asesinadas durante las protestas, entre ellas miembros del personal de seguridad, mientras que miles fueron arrestadas.

Defensores de los derechos humanos fuera de Irán estiman que más de 450 manifestantes fueron asesinados en la represión. Sin embargo, la justicia anunció hasta ahora haber condenado a muerte a 11 personas por su participación en las manifestaciones.

Dos de ellas ya fueron ejecutadas y dos serán juzgadas nuevamente, mientras los militantes aseguran que una docena más se arriesgan a la pena capital.

Las movilizaciones a nivel nacional ya se produjeron en Irán en anteriores ocasiones -una de ellas en el año 2017 que duró hasta principios de 2018 y otra en noviembre de 2019-, pero la magnitud de las protestas actuales son únicas porque involucran a personas de todos las clases sociales y están lideradas por mujeres, bajo la consigna “Mujer, vida, libertad”.