La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, y el subsecretario de Legal y Técnica de la cartera, Juan Pablo Gutiérrez, brindaron este jueves una conferencia de prensa con el objeto de brindar precisiones sobre los 11 trabajadores del Hospital Iturraspe de la ciudad capital que fueron cesanteados por irregularidades graves cometidas en la gestión de fondos públicos, a partir de una investigación administrativa llevada adelante, además de una causa judicial abierta.El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Ciancio fundamenta la decisión basándose en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, que regula el funcionamiento de la administración pública (ver aparte).En la oportunidad, Ciancio enfatizó que “quienes roban no pueden ser empleados del Estado. Desde el inicio de nuestra gestión tomamos este tema como prioritario y encontramos empleados del hospital Iturraspe que habían sido trasladados por la gestión de gobierno anterior, por lo cual, por medio de una resolución decidimos que estos agentes debían ser suspendidos e investigados. Transcurridos seis meses tomamos la decisión de que 11 involucrados sean cesanteados”, explicó la ministra al tiempo que aclaró que “durante el transcurso de la investigación no han percibido sus haberes”.“Gracias al impecable trabajo de la Subsecretaría Legal y Técnica y de Fiscalía de Estado se llevó a cabo este proceso con la transparencia que ameritaba y pudimos arribar a este resultado final. Para que quede claro: esto fue un robo a las arcas del Estado -y a los demás empleados del efector- en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos. La investigación continúa abierta por si surgen nuevas derivaciones del caso”, añadió la funcionaria.Luego, la ministra de Salud indicó que por cuestiones de salud, “una de las personas investigadas no pudo asistir a la correspondiente instancia de defensa, lo cual no implica que quede desafectada del proceso de la investigación; otra, al recibir el depósito de los fondos de manera irregular, denunció el hecho a la administración del efector; y está el caso de una reemplazante que tampoco está dentro de las personas cesanteadas”, mencionó.  En ese marco, Ciancio destacó “el compromiso de la dirección y del personal del Hospital Iturraspe, que permitieron que se siguiese trabajando normalmente y prestando los servicios necesarios a los usuarios”. Y recordó que “el gobernador Pullaro me instruyó que trabajemos fuertemente en el sistema de recupero de los hospitales, no solamente en lo que refiere a posibles irregularidades cometidas, sino a asegurar que los fondos vuelvan a los trabajadores”.

Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proceso de investigación y sus posibles derivaciones. “La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”, consignó.Respecto de cómo prosigue el curso administrativo y legal del proceso, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron  trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.

El expresidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich (2003-2017) y exdiputado nacional (2019-2021) llegó a un acuerdo con la Fiscalía donde se declaró culpable por delitos de Administración fraudulenta y defraudación en perjuicio de la administración pública durante los años que estuvo al frente de la comuna de Chovet.

En ese momento el denunciante fue el exjefe comunal de la localidad (1999-2003), Anibal Ianni, quien habló con Sur24 y aunque se mostró satisfecho por lo pautado hasta el momento, considera “irrisoria” la sanción económica impuesta al ex funcionario.

“En lo personal estoy satisfecho porque demostré que lo que decía era verdad y encuentro la pena insignificante por los daños y delitos que cometió, pero la justicia le permite llegar a este acuerdo y nosotros no tenemos más que aceptarlo”.

Si bien resta la homologación para determinar cuántos años de inhabilitación le pesarán a Bogdanich, que puede variar entre 10 años o perpetua, la condena es de 2 años de prisión condicional y una sanción económica de 42 mil pesos y 2 mil pesos mensuales para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Chovet.

“En este momento estamos en un cuarto intermedio de este juicio abreviado hasta la semana que viene porque necesitamos un informe de la Fiscalía de Estado y aunque hay una pena, ahora se discute la inhabilitación (resta definir los años) a la espera del dictamen”, declaró la fiscal de Melincué, Susana Pepino.

Las irregularidades por las que el ex diputado fue condenado y para lo cual hubo varios testimonios que acreditaron la veracidad de lo denunciado por Ianni, fueron cometidos a partir de un subsidio de 300 mil pesos entregado por el gobierno provincial (en ese momento administrado por Miguel Lifschitz) para reacondicionar la Comisaría de Chovet, en ese entonces a cargo del comisario Sergio David, hoy preso por estar involucrado en varios hechos, entre ellos la muerte del policía Leonardo Delgado, asesinado en jurisdicción de Miguel Torres.

“Todo comienza en la campaña del ingeniero Lifschitz quien promete y trae un subsidio de 300 mil pesos y se lo entrega a Bogdanich que ejecuta las mejoras de la comisaría pero en esa ejecución los trabajos los hicieron con un preso acusado de abuso, por lo que luego David resultó separado de la comisaría”, inicia Ianni.

En este punto, cabe recordar que en febrero de 2016 el comisario Sergio David estuvo en el centro de la polémica por ceder permisos especiales a un preso condenado por abuso sexual hacia su hijastra.

En este intermedio, el entonces presidente comunal recibió el subsidio para arreglar el techo de la comisaría y “las obras las hicieron con este preso y personal eventual; además la plata del subsidio la sacó él de la comuna con una factura -apócrifa- a nombre de una cooperativa local, algo que ni los miembros de esta entidad sabían”, detalla el denunciante.

En este marco también fue condenado el comisario David, “por apoderarse de material de construcción destinado a refaccionar el techo de la comisaría”, describe la imputación de ese momento contra David.

En este contexto, la tesorera de la comuna de ese momento, María del Carmen Roselló, quedó involucrada por estas irregularidades y junto con Bogdanich admitió su culpa y recibirá la misma condena. A lo que Ianni agrega que  Roselló en realidad fue víctima de Bogdanich porque “a veces uno acompaña y no sabe la dimensión de lo que ejecuta y a esta mujer la conozco y es buena persona; Bogdanich es muy hábil y tiene poder de convencimiento y esta mujer termina siendo víctima”.

Aníbal Ianni, a pesar de que este acuerdo significa un cierre a varios años de espera -cabe recordar que en medio Bogdanich contó con fueros por ser diputado nacional-, manifiesta que todo esto sucedió en la base de “un gobierno corrupto” y de un jefe comunal “que se manejaba con total impunidad”.

Siendo revisor de cuentas por la minoría durante los dos primeros años de la gestión de Bogdanich, Ianni sugiere que el ex funcionario “ha cometido delitos peores que el que nosotros denunciamos solo con una revisión de cuentas entregada a Fiscalía. Nosotros siempre comunicábamos las irregularidades y la gente lo votaba igual”,enfatiza.

Y aporta que hubo varios testimonios para llegar a esta definición por lo que “era imposible negar que había cometido ese delito”.

Por ejemplo, uno de los testigos contundentes atestiguó que “las chapas para la reparación de la comisaría las compraba y las pagaba la Comuna y una empresa de Firmat las llevaba al domicilio del comisario David, donde firmaba el remito, siendo que el pago provenía de la comuna de Chovet”, desarrolló el ex presidente comunal.

Finalmente, Ianni, agradeció al fiscal Matías Merlo quien inició la causa “por la rapidez con la que actuó pero entiendo que los tiempos de la justicia son otros”.

“Queda un análisis para este tipo de situaciones, porque Bogdanich sale airoso y hasta pudo llegar a ser diputado nacional por lo que goza de una jubilación por ese cargo, pero la conclusión con este tipo de maniobras es que no estamos dejando algo bueno para nuestros hijos”, cerró.