La senadora provincial Leticia Di Gregorio trabaja en un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Procesal Penal y a la legislación sobre violencia familiar de Santa Fe, con el objetivo de acortar los tiempos de intervención de la Justicia, fortalecer los equipos interdisciplinarios y priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes cuando existen conflictos que afectan el vínculo con alguno de sus progenitores.

La iniciativa se encuentra en etapa de elaboración y, como parte de ese proceso, Di Gregorio mantuvo reuniones con representantes del Colegio de Abogados de Rosario, jueces y personas afectadas por situaciones de obstrucción de vínculos familiares. A partir de esos encuentros, la legisladora avanzó en una serie de modificaciones que apuntan principalmente a los procedimientos judiciales y a los tiempos de respuesta.

“Estamos trabajando sobre situaciones donde los conflictos entre adultos terminan afectando directamente a los chicos. El impedimento de contacto con uno de los padres es maltrato infantil. La separación de una pareja no puede convertirse en la separación de un hijo de alguno de sus progenitores”, sostuvo Di Gregorio.

Acortar los tiempos de la Justicia

Uno de los ejes del proyecto es la modificación del artículo 160 bis del Código Procesal Penal para establecer que las declaraciones de víctimas en situación de vulnerabilidad, incluso cuando sean mayores de edad, sean realizadas mediante la intervención de un equipo interdisciplinario penal y sin interrogatorio directo de las partes.

La propuesta incorpora además un plazo concreto para la realización de la Cámara Gesell: deberá concretarse dentro de los 20 días desde la formulación de la denuncia penal. En aquellos casos donde existan razones que imposibiliten cumplir ese término, podrá disponerse una prórroga fundada, pero el procedimiento no podrá superar los 45 días desde la recepción de la denuncia.

“Hoy uno de los problemas que encontramos es el tiempo. Cuando hablamos de niños, los meses y los años que demora un proceso tienen consecuencias. Por eso queremos procedimientos más rápidos, con profesionales especializados y una Justicia que pueda intervenir a tiempo”, explicó la senadora.

Un equipo interdisciplinario para toda la provincia

Otro de los cambios previstos es la creación del Equipo Interdisciplinario Penal de la Provincia de Santa Fe, que funcionará en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia provincial, con independencia técnica y especialización profesional. La Corte tendrá a su cargo su integración y deberá garantizar capacitación permanente y cobertura territorial en toda Santa Fe.

En los casos donde la víctima sea menor de edad y exista simultáneamente una intervención de la Justicia de Familia, el proyecto establece la coordinación entre ambos fueros. También prevé la asistencia de un abogado del niño para asumir su representación durante los procesos.

“Los chicos no pueden quedar en el medio de expedientes que avanzan por caminos distintos. Tenemos que lograr que el sistema actúe de manera coordinada y que la voz y los derechos del niño sean el centro de cada decisión”, planteó Di Gregorio.

“Que la perspectiva de género no tape la perspectiva de niñez”

Di Gregorio explicó que el eje que atraviesa el proyecto es el interés superior del niño y la necesidad de evitar que los hijos sean incorporados al conflicto entre los adultos.

“Los hijos no son propiedad de ninguno de los progenitores, no son un trofeo y mucho menos pueden ser utilizados como un arma en una separación. Tienen derecho a mantener sus vínculos familiares y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que esos derechos sean respetados”, afirmó.

En ese sentido, la senadora sostuvo que la discusión debe incorporar de manera central una perspectiva de niñez en las decisiones judiciales y que el proyecto continuará siendo trabajado junto a profesionales, especialistas y personas atravesadas por estas situaciones antes de su presentación en la Legislatura.

“Acá no discutimos ideologías, discutimos derechos. Y cuando hay un niño en el medio, su interés superior tiene que estar por encima del conflicto entre los adultos. Que la perspectiva de género no tape la perspectiva de la niñez”, resaltó Leticia Di Gregorio.

Cambios en los procedimientos por violencia familiar

La propuesta que trabaja la legisladora también contempla modificaciones a la Ley 11.529 de Violencia Familiar. Entre ellas, establece que, una vez recibida una presentación, el juez deberá requerir obligatoriamente una evaluación de la situación de la persona agredida para determinar el riesgo existente y que el informe correspondiente deberá realizarse dentro de las tres horas.

También se regulan las medidas que puede disponer de manera inmediata la Justicia, como la exclusión del agresor de la vivienda, la prohibición de acceso a determinados lugares, el reintegro al domicilio de quien debió abandonarlo por razones de seguridad y medidas vinculadas con alimentos, cuidado personal y derecho de comunicación.

A su vez, el proyecto incorpora el secuestro preventivo de armas de fuego y municiones cuando corresponda y establece mecanismos de revisión de determinadas medidas, que no podrán superar los 30 días sin una nueva evaluación judicial.

La reforma también prevé que, una vez adoptadas esas medidas, se realice como regla general una audiencia dentro de las 48 horas. La víctima y el supuesto agresor deberán ser escuchados por separado, evitando el contacto entre ambos, y quedará prohibida la mediación o conciliación.

Este 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha clave para visibilizar y combatir problemáticas como el abuso físico, emocional, la negligencia y la explotación. El objetivo central de esta efeméride es concientizar sobre el impacto negativo de estas violencias en la salud mental de los niños y niñas, promoviendo el compromiso social para asegurar su integridad integral.

En este contexto, Venado Tuerto se consolida como un actor clave en la región al formar parte del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), impulsado por Unicef. Esta red, que integran también localidades como Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Tostado y Vera, representa un reconocimiento al compromiso del gobierno local con el diseño de políticas públicas con perspectiva de derechos.

El programa Muna ofrece acompañamiento técnico y herramientas de capacitación a los municipios para implementar planes de acción integrales y participativos. El objetivo es que los gobiernos locales puedan monitorear y fortalecer sus estrategias de protección de forma coordinada.

Representando al Gobierno de Venado Tuerto en esta red de trabajo, participan activamente la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal; la subsecretaria de Gestión Participativa, Ana Inés Acosta; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide; y el director de Juventudes, Jonatan Martínez.

Desde la gestión municipal, se busca transformar esta conmemoración en una oportunidad para reafirmar el trabajo diario en la construcción de comunidades donde cada niño y niña pueda crecer libre de violencias, respaldados por un Estado presente que garantiza el acceso pleno a sus derechos fundamentales.

Un hecho de maltrato infantil conmociona a la provincia de Córdoba y al país. Una niñera fue detenida luego de que los padres de un bebé de siete meses descubrieran, a través de las cámaras de seguridad instaladas en su casa, que la mujer golpeaba y asfixiaba al pequeño mientras estaba bajo su cuidado. El material registrado es contundente y muestra escenas de extrema violencia.

“Casi me lo mata”, dijo angustiada Georgina, la mamá del bebé, quien relató cómo, gracias a su intuición, decidió revisar las cámaras mientras se encontraba en su trabajo. Lo que vio la obligó a salir corriendo hacia su casa para enfrentarse con la agresora y rescatar a su hijo.

Según contó la madre en declaraciones al medio Telenoche, al revisar las imágenes fue testigo de cómo la niñera —contratada a través de la empresa “Niñeras Ya”— maltrataba brutalmente a su hijo. “Le dio una cachetada que le dio vuelta la cara, le hundió la cabeza contra el colchón y, como él lloraba, le tapó la boca”, relató Georgina, aún conmovida por la situación vivida.

Lo más estremecedor es que la violencia no terminó allí. En otra secuencia de las filmaciones, la madre observa cómo, mientras le daba la mamadera al bebé, la niñera le tapaba la cara con una manta hasta cubrirle la nariz. En otro momento, intentando hacerlo dormir, le propina cinco cachetadas seguidas. “Si no llegaba a tiempo, me lo mataba”, aseguró la mujer.

El hecho fue denunciado inmediatamente y la intervención de la fiscalía permitió que la mujer fuera detenida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la acusada quedó imputada por “lesiones leves reiteradas”.

Sin embargo, para los padres de la víctima y su abogado, Ramiro Bazán Fernández, la acusación resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos. “Estamos solicitando que se agrave a ‘lesiones graves, agravadas por la condición de guardadora’, e incluso se evalúa la posibilidad de sumar tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad”, expresó el letrado en diálogo con el canal El Doce.

El caso está siendo investigado por la fiscal María Celeste Blasco, mientras que la familia ya se constituyó como querellante. Según trascendió, existirían otras grabaciones donde se observan situaciones similares de violencia. “Vimos imágenes terroríficas, amasijando a este pequeño, torturándolo, asfixiándolo”, describió el abogado de la familia.

La situación escaló aún más cuando la madre, al ver lo que sucedía en tiempo real desde las cámaras, decidió regresar urgentemente a su casa. “Sentía un dolor físico, como un puñal en el pecho. Me levanté del trabajo y me fui. Sentía que si no llegaba, la mataba o me lo mataba”, relató.

Cuando Georgina intentó ingresar al domicilio, la niñera le bloqueó el acceso por unos minutos, lo que agrava aún más la situación y constituye uno de los elementos por los cuales se analiza el cargo de privación ilegítima de la libertad. “Ella no quería abrirme la puerta. Después lo hizo, pero nunca mostró arrepentimiento. Me miraba como si no hubiese hecho nada”, agregó.

La madre del bebé también se comunicó con la empresa que había gestionado la contratación de la niñera para informar lo sucedido. Mientras tanto, los padres continúan adelante con el proceso judicial en busca de justicia por su hijo.

“La familia está totalmente destruida, pero afortunadamente gracias a las cámaras pudieron reaccionar a tiempo y evitar lo peor”, concluyó el abogado.

Una ONG de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.

La acusación daría inicio a una investigación formal sobre la culpabilidad de la denunciada, junto a los demás funcionarios dependientes que, sin tomar los recaudos socio-ambientales, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte.

La denuncia penal fue ingresada por la Fundación “Más Vida” en la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa. Una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— “podrá determinarse la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentó Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.

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Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, dé un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.

Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.

Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

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Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas a la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.

El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorará las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.

Dos niñas, de 2 y 4 años, que habrían sufrido malos tratos de parte de sus padres, son intensamente buscadas en la ciudad bonaerense de Balcarce debido a que desaparecieron hace cinco días.

El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de mujeres, niñas y personas de diversidad emitió una alerta de búsqueda para tratar de dar con las menores que faltan de su hogar desde el día 30 de marzo.

Según informó La Capital de Mar del Plata, se trata de Milagros Martínez Ramírez de 2 años, y su hermana Daiana Martínez Ramírez, de 4, quienes sufrían malos tratos de parte de sus progenitores y por eso la Justicia había librado una restricción de acercamiento sobre ellos, identificados como Ana Claudia Ramírez y Máximo Martínez Cipriani.

Según informaron las autoridades, una hermana mayor de las nenas, de 10 años, ya había sido víctima de malos tratos por parte de sus padres y se había dictado una medida de abrigo para institucionalizarla y protegerla.

Esta medida inicial no afectó a los dos niñas y esa violencia que sufría su hermana mayor se habría replicado a ellas, por lo cual desde el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño realizaron un seguimiento de las menores para buscar los medios necesarios para ponerlas a resguardo.

Ante esta situación, personal de esa dependencia concurrió el pasado miércoles al domicilio en el que se encontraban las niñas y al llegar al lugar pudieron constatar que ya las menores y sus padres se habían ido.

Por esta razón, quedó asentado en la causa de averiguación de paradero que “las menores habían sido sustraídas por sus progenitores” con intervención del Juzgado N° 5 de Familia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la jueza Alejandra Obligado.

Las dos nenas son intensamente buscadas por la policía y la Dirección Departamental de Investigaciones han multiplicado esfuerzos para dar con ellas y con sus padres, mientras que se solicitó que ante cualquier información que pueda ayudar para encontrar a las menores, comunicarse al 911.

Así se resolvió en un juicio abreviado, donde la fiscalía penal de violencia y de género de Salta impuso la sentencia y a su vez que solicitó que sea privado de la responsabilidad parental, es decir no tener contacto con sus hijos.

La condena fue por lesiones agravadas por el vínculo, de los hechos que tuvieron lugar el 14 de septiembre pasado cuando una vecina de Cafayate llamó en dos oportunidades a la Comisaría para denunciar que dos niños, de 7 y 9 años, estaban siendo golpeados por su padre.

El hombre fue detenido y los menores trasladados al hospital de Cafayate, con múltiples lesiones. El niño de 7 años debió ser trasladado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta debido a las severas heridas que presentaba.

Al declarar en el Circuito Cerrado de Televisión los dos menores señalaron que las lesiones que presentaban en su cuerpo fueron ocasionadas por su padre.

Junto a la pena, el Ministerio Público Pupilar pidió al juzgado de familia que imponga a la privación de responsabilidad parental.

El niño fue identificado como Benicio Valentino Abel Troncoso y había sido trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, en la localidad de Pablo Nogués.

Los doctores encontraron otras huellas de maltrato, tales como hematomas recientes, signos de violación, estrangulamiento y quemaduras con cigarrillo.

El padre biológico de Benicio, Leandro Martín Ibarrola, declaró que, al momento del traslado, su bebé estaba inconsciente y que llegó al lugar de la mano del padrastro y de su tío, quienes sostuvieron que “el niño se había ahogado con la mamadera”.

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Además, aclaró que no veía a su hijo hace más de dos meses y que, según el parte médico, la criatura “tenía un golpe profundo en la base del cráneo y su cuerpo estaba lleno de hematomas”.

En adición, Ibarrola realizó un descargo en su cuenta de Facebook, donde reconoció que “más allá de los errores que uno cometió, me toca contar lo que viví, lo que estaba luchando por ver y disfrutar de mi hijo, pero no se va a poder cumplir”.

A su vez, dejó en claro que va a ser todo lo que esté a su alcance para que su hijo tenga justicia, “sea como sea”. “Estoy destruido pero me voy a poner de pie. (…) Que el cinismo, la falsedad y la mentira se terminen, y que esto que me pasó a mí sirva para aprender que no todo el que sonríe es bueno y leal. La gente es oportunista, ventajera y se agarra hasta en los momentos más crudos para zafar”, redactó.

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En cuando a la causa, intervinieron integrantes de la Unidad Funcional N° 20 de Malvinas Argentinas, dependiente de los tribunales de San Martín. También fueron convocados los peritos de la Subdelegación San Miguel de la Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes. Hasta el momento y a falta de una investigación más concreta, fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

La Justicia también decidió arrestar preventivamente a su padrastro (26) y a su madre (25), ya que las primeras hipótesis apuntan a que la mencionada violencia habría tenido lugar en el domicilio que habitaban.

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