Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este jueves, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial". También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Entre otras cuestiones, Rosenkrantz expuso que "las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria".

"Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas -algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-, y una demonización de mis votos", expresó en el texto.

Por su parte, Rosatti consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte".

"La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48", indicó el presidente de la Corte Suprema.

Tras la convocatoria para el martes 7, la intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar.

Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones "sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos".

Una ONG de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, y a la pareja de esta, quienes actualmente están detenidas por el crimen del niño, a la espera de que el próximo jueves un tribunal de juicio resuelva si son o no culpables, informaron fuentes judiciales.

La acusación daría inicio a una investigación formal sobre la culpabilidad de la denunciada, junto a los demás funcionarios dependientes que, sin tomar los recaudos socio-ambientales, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte.

La denuncia penal fue ingresada por la Fundación “Más Vida” en la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa. Una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— “podrá determinarse la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentó Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.

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Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, dé un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.

Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.

Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

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Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas a la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.

El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorará las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.