El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación presentaron este lunes el nuevo esquema de trabajo del Observatorio de Seguridad Pública y el nuevo espacio digital para el acceso de la ciudadanía a los datos estadísticos sobre delitos complejos en el territorio provincial.

Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, remarcó que “la existencia del Observatorio de Seguridad Pública no se trata de una decisión exclusiva de un gobierno, sino el encuentro de dos poderes del Estado que tienen capacidad institucional. En conjunto con el Ministerio Público de la Acusación lo hacemos para generar información de calidad, ponerla a disposición con la mayor transparencia de cara a la ciudadanía y poder sostenerlo como política pública”.

Consultado sobre las estadísticas de homicidios que se presentaron en el informe cuatrimestral de 2024, el funcionario explicó que “lo primero que podemos decir es que hay una clara baja en términos de indicadores de violencia altamente lesiva, que en el orden provincial oscila el 50 %, mientras que en el departamento Rosario cayeron los homicidios en un 60 %”.

En ese sentido, Santantino argumentó que “esto se debe a dos fenómenos: por un lado, la caída en la cantidad de heridos de armas de fuego y, al mismo tiempo, un cambio en la composición de los homicidios. Disminuyó la tenencia de armas de fuego, bajó considerablemente la participación de los varones, se redujeron los homicidios en la vía pública y la cantidad de homicidios en contexto de criminalidad, delito organizado y economías ilegales. Estos son indicadores que nos permiten mejorar el diagnóstico para tomar mejores decisiones”.

No obstante, Santantino advirtió que más allá de las estadísticas, “los homicidios y la circulación de violencia en tramas tan complejas como las que vivimos en la ciudad de Rosario, tienen un montón de factores asociados. Desde el gobierno de Santa Fe asumimos el compromiso de ir a fondo contra las mafias, de retomar el control de las cárceles, de mejorar la operatividad policial y de trabajar en conjunto con el MPA en las investigaciones criminales complejas”.

Por su parte Augusto Montero, director de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación, señaló que “aunque los indicadores que observamos son alentadores, tenemos que seguir trabajando con la misma cautela para abordar esta problemática. Seguiremos desarrollando esta información pública y monitoreando las tendencias junto al gobierno provincial”.

“Nos parece importante manejarnos con cautela -insistió el funcionario del MPA-. Estamos hablando de un cuatrimestre y tenemos motivos para valorar estos indicadores que marcan no sólo un retroceso de la violencia, sino también nos permite advertir una modificación de la violencia. Hay una serie de indicadores positivos, que en la medida que se mantengan nos van a facilitar la búsqueda de explicaciones. Seguramente hay un conjunto de elementos a tener en cuenta, relacionados a instancias que se llevan adelante en diversos poderes del Estado”, concluyó Montero.

Durante su presencia en Expoagro, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo acompañada por el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia; el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro. También hubo un cordón de efectivos de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, fuerzas de seguridad que estarán a cargo del Plan Cosecha Segura.

"No tenemos dudas que dará excelentes resultados. Tenemos experiencia en su implementación, sabemos que funciona, porque es el resultado de medidas firmes llevadas adelante por las fuerzas federales y las policías provinciales trabajando en conjunto", dijo Bullrich en el inicio de la presentación.

"En su momento, redujimos en casi un 80% los delitos en las zonas portuarias y fuimos tras las mafias de sindicatos y los autoconvocados que perjudican a los productores", repasó.

"Sabemos que muchas medidas que fueron bien aplicadas, pero lamentablemente quedaron en la nada por la desidia de un gobierno al que nada le preocupaba la seguridad de los argentinos y mucho menos el incentivo de la producción", destacó Patricia Bullrich.

"Estamos comprometidos para llevar seguridad a quienes son motor innegable del crecimiento de nuestro país. Sabemos que desde hace muchos años el campo es, para los gobiernos, solo una fuente para financiar un Estado que solo pensaba en llenarse los bolsillos, sin brindar servicios y como ya vimos, sin que esa plata volviera al pueblo", enfatizó.

"Para nosotros el campo es el motor de la Argentina. Hoy está apagado o funcionando a medias. Nosotros vamos a ayudar a encenderlo para que pueda desarrollar toda su capacidad productiva. En ese marco, vamos a implementar este nuevo plan de Cosecha Segura", sostuvo.

La ministra señaló la importante cosecha pronosticada y expresó: "Con todos los controles que ya hemos programado, llevaremos tranquilidad a los trabajadores de la región portuaria, a los transportistas y a los trabajadores y productores del sector agropecuario. También a los vecinos de la zona, porque con los delitos se ve afectada la paz de cada ciudadano en su vida cotidiana".

Acerca de la operatividad, dijo: "En una primera etapa realizaremos reuniones con organismos nacionales y provinciales, donde estén representados todos los sectores y actores intervinientes. Cada uno es fundamental para hacer aportes y contar la realidad que viven y las necesidades imperativas que tienen".

Del cómo del Plan Cosecha Segura, destacó: "Nos enfocaremos en la reducción de delitos, como robo de camiones y cargas, de contrabando, de bloqueos, piquetes y de todo tipo de situación que pueda poner en jaque el desarrollo de la actividad. Todo ello va a redundar en la mejora del tránsito en la zona de las cercanías al puerto. Además, articularemos mejoras edilicias de las playas de estacionamiento de camiones, y vamos a promover mejoras de infraestructura, como pavimentación, iluminación, cámaras de seguridad, en las cercanías a los puertos".

En una misma línea expresó: "En las instalaciones portuarias, habrá monitoreo de playas de camiones y recorridas preventivas y aleatorias. También mayor control de camiones y de sus conductores y se alentará la participación del "Sistema De Alertas Tempranas" de organismos involucrados".

"Hay mucho por hacer", admitió Bullrich sobre el fin de su mensaje, cerrando con una certeza: "Estamos con ustedes ¡Vamos a encender juntos el motor del campo!"

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, expresó su más enérgico repudio a la balacera sufrida este miércoles por el Banco de Santa Fe de Granadero Baigorria y las amenazas contra el diputado provincial Maximiliano Pullaro.

Atacan a balazos un banco y dejan un mensaje contra Pullaro: “Dejá de hablar de los narcos”

Los boinablanca aseguraron que “Pullaro es un dirigente comprometido con la lucha contra el narcotráfico que dio muestras de su tarea cuándo ejerció cómo ministro de Seguridad de Santa Fe y que es la convicción que tiene Juntos por el Cambio”.

Escalada de violencia. Así quedó el frente del banco en Granadero Baigorria

En esta línea, ponderaron: “Juntos por el Cambio va a llevar adelante una política de Estado a nivel provincial y nacional que termine con este flagelo. Desde ese compromiso colectivo respalda el carácter individual de los dirigentes decididos a enfrentar al narcotráfico”.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió esta mañana con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. En contacto con los medios locales, enumeró una lista de medidas concretas para aplicar. Mayor presencia de Gendarmería en Rosario; Fuerzas Armadas blindando las fronteras, aprobación de leyes clave; cárceles para aislar a los capos narcos; una división élite contra el crimen organizado; y mayor tecnología; entre las más importantes.

El precandidato a la presidente del espacio Juntos por el Cambio encaró hoy un viaje de urgencia a Rosario, con motivo de los hechos de inseguridad que afectan a la provincia y a la ciudad. Lo acompañó Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad de la Nación y que hoy en día está a cargo de los temas de Seguridad en la Fundación Pensar.

Luego de la reunión de trabajo, los funcionarios recibieron a la prensa en las inmediaciones de la municipalidad, donde Rodríguez Larreta afirmó: “No es cierto que se perdió la batalla contra el narcotráfico; hay que darla a fondo, con mucha decisión y con un plan”.

El mandatario dio su apoyo a Pablo y a todos los rosarinos que están sufriendo una situación “gravísima de la cual el Gobierno Nacional no se hace cargo”.

“Hay que actuar ya, no valen las elecciones ni el cambio de Gobierno porque no hay tiempo para esperar”, sentenció Rodríguez Larreta.

1. Fuerte presencia de Gendarmería para recuperar el territorio ocupado por los narcos. A las fronteras las blindamos con las Fuerzas Armadas. 3000 gendarmes en Rosario, 10.000 en todo el país.

3. Necesitamos cárceles que aislen a los que manejan el negocio, que estén fuera de su zona de influencia y les impidan la comunicación con sus organizaciones criminales.

4. Hay que mudar a Rosario la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, para empezar a ver de cerca lo que pasa acá. Rosario merece toda la atención por parte del Gobierno nacional.

5. Tomando a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas federales vamos a crear un grupo de elite que lleve adelante las investigaciones y acciones necesarias para frenar el crimen organizado, una suerte de FBI argentino.

6. Vamos a usar la tecnología para combatir la inseguridad como nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires con el uso de las cámaras de reconocimiento facial que ahora están proponiendo para usar en Santa Fe.

“Mi mensaje a los rosarinos, es que se puede dar la batalla a las mafias y a las drogas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos, después de muchos años de pelear, de trabajar con un plan integral; no hay medidas mágicas”, cerró.

Por su parte, Javkin sostuvo: “No tenemos inteligencia penitenciaria, no sabemos qué sucede en las cárceles. Ayer allanaron penales y en los tres encontraron celulares y drogas”. Y pidió: “La prioridad ahora es que nos cuiden”.

Sobre los dichos del presidente, contestó: “No podemos permitir que se asuma que Rosario está fuera del país. las armas y las drogas no las fabricamos acá. Llegan, llegan a un territorio que no cuidan. Esa es la situación de la que Rosario tiene que salir”.

De la reunión en la Municipalidad de Rosario, también participaron Rogelio Biazzi, coordinador de Gabinete de Rosario; y Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de Rosario.

(Por Luis Rodrigo) – Las amenazas telefónicas al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Melincué, Susana Pepino; y al senador provincial por General López, Lisandro Enrico, que se conocieron este jueves 12 de enero, fueron parte de las declaraciones que el legislador brindó a El Litoral. Habló tanto en tono personal de lo que le generan este tipo de mensajes intimidatorios como de las políticas públicas que el Estado, en el nivel federal y en la provincia, deben garantizar.

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta expresó que “apenas se supo de la noticia”, el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, “se puso a nuestra disposición y me expresó por supuesto su preocupación y solidaridad, lo cual quiero destacar”. “Del mismo modo -siguió-, agradezco y pongo de relieve lo pronto que la fiscalía, así como a la justicia, tomaron rápidas medidas de investigación para el esclarecimiento, en especial al MPA de Venado Tuerto”.

El fiscal Matías Merlo brindó más detalles sobre las amenazas a Chiarella, Enrico y Pepino

Para el senador, lo importante es sostener un reclamo que en numerosas oportunidades ha dado desde su banca: “De alguna manera, el Estado tiene que encontrar como controlar el tema de los celulares en las cárceles, a través del servicio penitenciario federal y provincial, en especial con los presos de alto perfil en cuanto a su peligrosidad. Hay una instigación permanente a las balaceras, en varias localidades que son ordenados desde teléfonos en espacios carcelarios”, advirtió más allá del caso en que fue víctima de amenazas.

“La corrupción en los servicios penitenciarios está generando un problema social muy grande y esto es lo que tiene que terminarse. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de encontrar una solución para que haya un control efectivo de los detenidos que son los más peligrosos, pero no son toda la población carcelaria que es muchísima. Está claro que es un tema que puede y debe ser resuelto porque no significa tener condiciones especiales de detención para todos los detenidos sino sobre aquellos que son más peligrosos”, destacó.

Respecto de los llamados “presos de alto perfil delictivo”, explicó que “si se los controla mejor se puede aminorar el nivel de ataques, de balaceras, de estafas telefónicas, de delitos en general y de violencia urbana en definitiva”, que muestran conexiones con comunicaciones tras las rejas.

Un detenido por amenazar al intendente Chiarella, al senador Enrico y a la fiscal Pepino

“En segundo lugar, quiero dejar claro que como una postura política de fondo, que siempre hemos tenido, es que vamos a estar siempre denunciando a los delincuentes, contra las mafias de la venta de drogas que envenenan a los jóvenes. Los hemos denunciado y lo seguiremos haciendo, más allá de estas amenazas que nos ponen en alerta y que nos generan mucha angustia”, confesó.

“Tenemos una mirada sobre los problemas de la inseguridad y un compromiso asumido de enfrentar a los violentos. Pero evidentemente hay una responsabilidad y una gestión que debe mejorar en plano del servicio penitenciario federal y en el provincial. No puede seguir pasando que desde las cárceles se instiguen los delitos”, apuntó.

La referente nacional del PRO fue recibida por la intendenta de San Guillermo, Romina López, para compartir junto al diputado nacional, Federico Angelini, el presidente del PRO en Santa Fe, Cristian Cunha, su par del radicalismo, Felipe Michlig, y los diputados Fabián Bastía y Marcelo González entre otros, un encuentro con vecinos, empresarios e instituciones.

“Todos coincidimos en que la provincia y el país tienen que tomar un nuevo rumbo, que el potencial y las ganas para salir adelante sobran”, enfatizó Angelini. Tras lo cual el presidente de la UCR a nivel provincial, Felipe Michlig, destacó que “hoy nos encontramos para fortalecer nuestro compromiso con los que producen, se esfuerzan y generan empleo genuino, porque el país y la provincia necesitan trazar un horizonte claro de desarrollo productivo y genuinamente federal”.

La exministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró muy cerca del diputado Maximiliano Pullaro. “Me imagino que lo deben extrañar mucho a Maxi por acá, porque la verdad que lo que ha sucedido con la inseguridad en Santa Fe es un desastre total”, dijo, y remarcó: “abandonaron el trabajo conjunto que nos había dado muy buenos resultados cuando Maxi era ministro”.

Por su parte, Pullaro también destacó la presencia de Bullrich: “es muy importante que dirigentes nacionales como Patricia visiten localidades del interior del país como San Guillermo, para escuchar de primera mano cuáles son los problemas que tienen nuestros productores, empresarios, comerciantes y trabajadores”. En el mismo sentido, destacó que la referente del PRO “es una mujer muy valiente que sabe escuchar y se anima a ir para adelante; lo pude comprobar durante los cuatro años que trabajamos en conjunto, codo a codo, para enfrentar a las mafias en la provincia”.

Asimismo, Pullaro que está lanzado como precandidato a Gobernador, valoró positivamente la posibilidad de volver a trabajar con Bullrich que llega como precandidata a Presidente: “con Patricia fuimos a fondo contra las mafias, logramos bajar los índices de delito y violencia extrema. Nos faltó mucho por hacer, pero la realidad marca que desde que asumió el kirchnerismo en el país y en Santa Fe, se revirtió la tendencia a la baja que habíamos logrado, y ahora estamos mucho peor, a punto tal que hoy es noticia en todo el país que Rosario está atravesando el año más violento de la historia”.

Finalmente, si bien Pullaro reconoce que “la seguridad pública es el tema dominante hoy en la agenda de Santa Fe”, agregó que “con Patricia también abordamos otros dos temas que son fundamentales para salir adelante; por un lado, cómo hacemos para recomponer la cadena productiva, generar valor agregado y nuevos puestos de trabajo genuino y, por otro lado, de qué manera logramos reconstruir un sistema educativo que prepare mejor a nuestros chicos para su futuro laboral”.

Gabriel Real, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP).

En declaraciones a la prensa, el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP), señaló que “en nuestra provincia transitamos momentos sumamente preocupantes. En primer lugar, nos solidarizamos con los trabajadores de prensa que en los últimos días recibieron mensajes intimidatorios de grupos mafiosos. Ese intento por silenciar y disciplinar nos debe encontrar a todos unidos, evitando que las bandas narco criminales ganen el espacio público y dominen la escena. No hay margen para las vanidades, para silencios que aturden o declaraciones que no muestran la firmeza necesaria para solicitar que la provincia cuente con las fuerzas federales que necesita para combatir este problema. Más de 230 homicidios en lo que va del año en Rosario por disputas territoriales y guerras de clanes narco. Inocentes que pagan con su vida y una sociedad que padece el temor de quienes no tienen ningún tipo de escrúpulos. No exageramos al decir que este es el panorama”, enfatizó el legislador.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, se refirió a la falta de subastas por parte de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). “Evidentemente les falta coraje para enfrentar a las mafias” dijo Pullaro y agregó: “se abandonó la idea de un Estado fuerte, que enfrenta, investiga, detiene, incauta y subasta los bienes de los narcos. Desde el 2020 no paramos de retroceder y las organizaciones están más fuertes cuando el gobierno se muestra débil y temeroso.” 

Consultado sobre los motivos por los cuales las subastas han sido interrumpidas, el legislador de Juntos por el Cambio dijo tener “la sensación de que estamos ante un gobierno escondido, sea por miedo o por complicidad el resultado es el mismo, la fortaleza de las mafias es la contracara de la debilidad del gobierno de Omar Perotti”, aseguró. 

“Durante la gestión de Lifschitz no sólo pusimos en marcha la Agencia, sino que llevamos adelante tres subastas, la última fue cuando se acercaba el fin de la gestión en octubre de 2019” remarcó Pullaro, y agregó: “seguimos adelante porque nos llenaba de orgullo haber logrado que Santa Fe se convirtiera en la primera y única provincia con capacidad de quitarle los bienes obtenidos de forma ilícita a las mafias para luego subastarlos y resarcir a las víctimas e invertir en obras de bien público.” 

Carlos Retamal

Minutos antes de las 23 del miércoles 18 de agosto, dos personas en moto balearon el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Al menos dos de los plomos impactaron en los vidrios blindados del inmueble ubicado en el barrio Hospitales, en la zona sur de Rosario. El ataque es el cuarto que se registra en menos de tres años. Este viernes comenzaba un juicio oral contra el jefe de la banda Los Monos, por la primera de esta mafiosa saga de balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales.

Minutos después de las 23 del miércoles 18 de agosto, desafiando la restricción de circulación vehicular impuesta en el marco de la pandemia (hasta las 22), dos personas en una moto Yamaha, en principio de color roja, atacaron a tiros la fachada del inmueble ubicado sobre calle Sarmiento, entre Rueda y Virasoro.

El edificio cuenta con custodia policial en el perímetro exterior y también en el interior, pero eso no fue obstáculo para que sicarios hicieran su trabajo y dejaran a la ciudad inmersa en la incertidumbre y el miedo.

Personal del gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) halló dos impactos de bala sobre la fachada del edificio vidriado que da a calle Sarmiento y recogió siete vainas servidas, calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.

El ataque no dejó heridos de bala, pero sí marcas en el imaginario colectivo de la gente que ve como la ciudad sigue a merced de las balaceras, el sicariato y los crímenes; y también en el Poder Judicial, donde por ejemplo el fiscal general Jorge Baclini indicó que el hecho consumado menos de 48 horas antes del inicio de un nuevo juicio contra una de las bandas que marcó a la ciudad “es una situación condicionante para todos los actores” que estarán involucrados en ese proceso.

Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador, sostuvo que el ataque “es una muestra de intimidación a la Justicia y un desafío a la autoridad del Estado”. En declaraciones radiales, agregó que “la mayoría de los hechos de amedrentamiento, no solo a integrantes del Poder Judicial o a edificios judiciales sino a personas particulares, están organizadas desde distintas cárceles del Servicio Penitenciario. No lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas que surgen en distintos juicios”.

Y continuó diciendo: “Tiene que haber un firme compromiso de todos los poderes del Estado para tratar de evitar estos episodios”. “No se puede seguir tolerando que se intente coartar la independencia de los jueces y el trabajo que llevan adelante los fiscales mediante actos intimidatorios de esta naturaleza”, finalizó.

Operativo, un día más tarde El ataque se produjo a horas del inicio de un amplio operativo (iban a participar más de 200 policías y casi 50 vehículos) que se iba a implementar a partir de este jueves, por el juicio oral y público que va a comenzar mañana –si es que no hay suspensión– contra el líder de la banda Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, como responsable de una serie de atentados a balazos cometidos entre mayo y agosto del año 2018 contra distintos objetivos del Poder Judicial (la sede del Centro de Justicia Penal y viviendas de distintos funcionarios judiciales).

Informe clasificado En la tarde del miércoles, el diario Clarín publicó una nota sobre el juicio que tiene como fecha de inicio este viernes en Rosario. El mismo señala que la Policía de Santa Fe está en alerta máxima debido a un informe confidencial en el que se advierte que juzgar al principal acusado (Cantero) tenía “riesgo extremo” si se hacía presencial y “riesgo alto” si se hacía virtual.

También se señala que “la presencialidad, que implicaría el traslado diario y repetitivo de los imputados, daría una ventaja táctica considerable al oponente”, que “la sola presencia del principal acusado genera entre los malvivientes una motivación extra para el desafío a la justicia y el orden público”, y que el juzgamiento de forma virtual “puede causar lesión severa (a las personas), daño significativo a la propiedad y contener serios riesgos potenciales que son probables de ocurrir” entre otras apreciaciones, dejando en claro que había un alerta máxima ante la posibilidad de ataques a tiros, algo que finalmente ocurrió.

Saga de ataques Los ataques contra el Poder Judicial que comenzarán a ser juzgados este viernes comenzaron a fines de mayo y finalizaron en agosto de 2018.

El listado da escalofríos. Comenzó el 29 de mayo, con el ataque contra dos viviendas vinculadas al juez Ismael Manfrín, que integró el tribunal que condenó al grupo Los Monos, en Italia al 2.100 y Montevideo al 1.000.

Siguió el 30 de junio, contra el frente de una vivienda en Braille al 1.400 que perteneció a Ariel Lotito, ex integrante de la División Judiciales que participó de la investigación contra la banda de Los Monos.

El siguiente ataque fue el 26 de julio, esta vez contra viviendas ubicadas en Zeballos al 2.500 y Dorrego al 1.600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que también integró el tribunal en el juicio oral y público contra Los Monos.

Luego fue el turno de un edificio ubicado en Libertad al 300, que fue atacado el 4 de agosto. En ese inmueble, ubicado a metros del Monumento a la Bandera, había pertenecido a la familia de la jueza Usandizaga. Esa misma noche se registró una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) ubicado en Sarmiento y Rueda.

Al día siguiente, el ataque fue en Tarragona al 700 bis, vivienda que se presume fue apuntada por error, ya que la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández (quien formó parte del tribunal que revisó la sentencia) vive en Tarragona al 700.

El 10 de agosto balearon una vivienda de la familia Usandizaga, ubicada en Buenos Aires al 1.700 y el 13 de agosto las balas impactaron en el frente de un edificio ubicado en San Luis al 1.400, que pertenece a la familia de la jueza de Cámara Gabriela Sansó, que también formó parte del tribunal que revisó la sentencia.

El 14 de agosto hubo un ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) ubicada sobre calle Montevideo al 1.900, a menos de 100 metros del Palacio de Tribunales.

Y el último hecho registrado ese año, y que forma parte de la saga de balaceras que serán analizadas en el juicio que comienza este viernes ocurrió el 28 de agosto, cuando desconocidos arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ocho en el banquillo

Ariel “Guille” Cantero será imputado como ideólogo de estas intimidaciones y podría ser sentenciado a 24 años de cárcel. Está alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires y desde ese lugar seguirá el juicio en su contra.

Las otras siete personas que serán juzgadas, también en forma virtual, son Leandro Daniel Olivera, Daniel Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado y Leonel Alejandro Fernández, todos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, y Lucía Estefanía Uberti, quien está en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.

Foto: Marcelo Manera.