El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.

Por operación propia, el FGS tiene la opción de colocar dinero a plazo fijo. Ahora la entidad subastará esos plazos fijos a los bancos a plazos de 1 y 5 años.

El monto total disponible para este programa es de $ 2 billones, equivalente a unos US$1.500 millones.

La tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años.

Con esta base los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El plazo mínimo será de 15 años y no podrán superar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

El dinero deberá ser otorgado para la adquisición de primera vivienda y su estricto uso estará controlado por el Banco Central.

La primera licitación –que será controlada por el Banco Central y se realizará a través del SIOPEL- se realizará la semana próxima y será por $ 200.000 millones.

Una vez entregado el dinero el Banco Central auditará que se asigne a los créditos en los plazos acordados.

Caputo estimó que dado que se estima que los bancos otorgan el 70% del valor de la vivienda, el monto asignado a este programa podría darle solución habitacional a unas 17.000 familias.

El ministro estimó que a los montos actuales la cuota a pagar a 30 años sería de $ 865.000 por un crédito de aproximadamente US$100.000. El ingreso neto a demostrar por el grupo familiar sería de algo más de $ 3.4 millones.

“Esto se combina con lo que anunciamos hace dos semanas que los bancos podrán prestar en dólares solo a personas jurídicas por no más de un 15% de sus depósitos”, añadió Caputo.

El ministro señaló que “de esta manera atacamos la oferta como la demanda” porque por un lado desarrolladores tendrán acceso a financiamiento en dólares y “por otro lado se le da impulso a los créditos”.

En plena discusión con las provincias por el estado de las rutas y el destino de los recursos nacionales destinados a mantenerlas, Luis Caputo anunció una nueva etapa del modelo con el que el gobierno de Javier Milei pretende reemplazar la obra pública vial.

El ministro de Economía confirmó este viernes la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores. Tres de ellos atraviesan Santa Fe y abarcan cuatro de sus principales arterias nacionales: las rutas 9, 11, 19 y 34.

“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre”, sostuvo Caputo. Se trata. según dijo, de 16 tramos estratégicos por los que circula “cerca del 80% del tránsito del país”.

“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos”, afirmó el ministro, quien aseguró que la nueva etapa tendrá financiamiento “100% privado”. El esquema también incorpora el cobro de peajes a los usuarios y nuevas estaciones sobre varios de los corredores santafesinos.

El anuncio aparece en medio de críticas sobre el destino de los fondos viales que Nación recauda vía impuesto a los combustibles, a la vez que distintas provincias reclaman por rutas deterioradas y la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento.

Caputo no informó en su anuncio los nombres de las empresas que resultaron adjudicatarias ni detalló las tarifas ganadoras de cada tramo. Según el dictamen previo del proceso licitatorio, diecinueve interesados habían superado la evaluación técnica y la definición debía regirse por la menor tarifa de peaje ofertada.

De acuerdo al criterio previo, la explotación del Tramo Chaco-Santa Fe debía recaer en José Eleuterio Pitón S.A. - ROVIAL S.A. - OBRING S.A, con un peaje estimado de $ 4.259,20 con IVA; del Tramo Centro en AFEMA S.A. - PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. - GUIDO MOGETTA S.A., con una propuesta de $1.399 sin IVA; y el Tramo Centro-Norte a José Cartellone Construcciones Civiles SA, con un valor de peaje de $1.295,96.

El denominado Tramo Centro reúne la autopista de la RN 9 entre Rosario y el acceso a Córdoba; la RN 19 desde Santo Tomé hasta el límite interprovincial; y la RN 34 desde Rosario hasta su empalme con la 19. Los pliegos técnicos establecen una longitud total de 679,03 kilómetros para el corredor completo entre Santa Fe y Córdoba.

La importancia excede largamente al traslado de pasajeros. Son trazas sobre las que se mueve buena parte de la producción agroindustrial del centro del país y que vinculan el área portuaria del Gran Rosario con Córdoba y con el corredor que avanza hacia el Noroeste. Sobre ellas, el adjudicatario no recibirá solamente la obligación de mantener lo existente. El pliego establece entre las obras obligatorias la reconstrucción de losas de hormigón sobre las rutas 9 y 19, la construcción de banquinas pavimentadas en la autopista 9 entre Rosario y Carcarañá y trabajos de mantenimiento sobre el puente del río Carcarañá en la RN 34.

La segunda es el Tramo Centro-Norte, integrado íntegramente por la RN 34 desde su empalme con la RN 19 hasta La Banda, en Santiago del Estero, con 536,43 kilómetros de extensión. Acá aparece una de las excepciones de mayor escala dentro de un esquema predominantemente orientado al mantenimiento: el concesionario deberá construir una autopista sobre la 34 entre los kilómetros 231 y 247, en el sector norte del área de Rafaela. El pliego define esa intervención como obligatoria y la fundamenta en la necesidad de mejorar “la capacidad y la seguridad vial” del corredor.

Finalmente está el Tramo Chaco-Santa Fe, que comprende 497,18 kilómetros de la RN 11, desde Nelson hasta el empalme con la RN 16 en Resistencia. En este caso, la obra obligatoria específica prevista en la documentación es la adecuación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, en el kilómetro 839,45. Junto con ello, el adjudicatario deberá hacerse cargo de las tareas generales de rehabilitación y conservación de un corredor que atraviesa buena parte del centro y norte santafesino.

Los pliegos marcan una diferencia central respecto de los esquemas tradicionales de obra pública. Vialidad Nacional, bajo este modelo, se corre de la ejecución directa y queda principalmente del lado del control. Incluso los concesionarios deberán aportar, a su costo, oficinas, equipamiento y movilidades para que el organismo pueda fiscalizar las obras y el mantenimiento comprometidos.

Así, el grueso de las obligaciones contractuales ya no pasa por desarrollar grandes proyectos de ampliación de capacidad, sino por recuperar las trazas existentes y conservarlas durante el período de concesión. El compromiso privado se concentra en la reparación de calzadas, bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de fisuras, colocación de carpeta asfáltica, reconstrucción de banquinas, reposición de defensas y señalización horizontal, además de otras tareas destinadas a sostener las condiciones de transitabilidad.

También cambia quién solventa las tareas. No habrá aportes directos ni subsidios del Tesoro nacional para sostener las concesiones. La contraprestación económica de las empresas se financiará a través de las tarifas de peaje que abonarán quienes utilicen los corredores.

En el Tramo Centro, el concesionario recibirá las estaciones existentes de Carcarañá, sobre la RN 9; James Craik, en Córdoba; y Franck, sobre la RN 19. Además deberá construir nuevas estaciones en Leones, San Francisco y Totoras, esta última sobre la RN 34 santafesina. Los nuevos puntos no podrán comenzar a cobrar inmediatamente. Antes, la empresa deberá obtener el acta que certifique la finalización de las obras iniciales de puesta en valor y construir la estación, que tendrá que operar bajo modalidad Free Flow, sin barreras. Una vez cumplida esa condición, la tarifa de las nuevas estaciones del corredor se vinculará a la aplicada en Carcarañá. El pliego prevé además la continuidad de las tarifas diferenciales existentes para determinados usuarios, aunque habilita su revisión posterior.

Sobre la RN 34 ocurrirá algo similar. El Tramo Centro Norte conserva las plazas de Ceres y Fernández y contempla nuevas estaciones denominadas Angélica, Palacios, Pinto y Herrera. También deberán funcionar con cobro automático y solo podrán comenzar a percibir la tarifa una vez completadas las obras iniciales exigidas. En este corredor, el valor de las nuevas estaciones estará referenciado al cuadro tarifario de Ceres.

El cambio más visible aparece en la RN 11. El pliego del Tramo Chaco-Santa Fe directamente establece la construcción de cinco nuevas estaciones: Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia, todas ubicadas sobre el corredor que parte desde Nelson hacia el norte. El cobro será en ambos sentidos y mediante sistema Free Flow. En este caso, la tarifa surgirá de la oferta económica adjudicada y sus posteriores actualizaciones.

El Gobierno Nacional convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución será publicada mañana en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

Resolución 1350/2026 by El Litoral

Que si, que no. Al final, el presidente Javier Milei no presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 en el Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre. Las primeras informaciones daban por hecho que el mandatario repetiría la práctica que inauguró en 2024, cuando esa fecha coincidió con un domingo y se transmitió en el prime time televisivo.

Ahora todo indica que repetirá el criterio del año pasado y transmitirá un mensaje desde Casa Rosada.

Es el tercer presupuesto elaborado por esta gestión aunque, si logra acompañamiento en las dos cámaras, Diputados y Senadores, será el segundo aprobado por el Congreso.

Durante los dos primeros años de gestión, el jefe de Estado gobernó con el mismo esquema que diseñó la administración de Alberto Fernández, prorrogado.

En 2024, Milei no consiguió el apoyo parlamentario de su propuesta de “ley de leyes”, cuyo objetivo era “blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, consigna que sigue presente hasta ahora.

En realidad, el debate quedó empantanado en la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidía por entonces José Luis Espert.

“El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”, decía por entonces Milei, al anunciar el proyecto que quedó trunco meses después.

Siguiendo esa línea, durante 2025 Milei vetó sucesivas leyes (emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario) con la premisa de que no estaban asignados los fondos para su cumplimiento efectivo.

El 15 de septiembre de 2025 el presidente presentó con un mensaje por Cadena Nacional el proyecto de Presupuesto 2026. Allí consignó que el 85% del gasto previsto se destinaría a educación, salud y jubilaciones.

Una vez más, remarcó que el equilibrio fiscal sería “innegociable” y aseguró que el proyecto incluía una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caían o los gastos superasen lo previsto, se deberían ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas, advirtió.

En aquel momento, anunció el impulso al proyecto de Inocencia Fiscal que el Senado convirtió en ley en diciembre de 2025 y, bajo el número 27.799, fue promulgada por el Ejecutivo en ener o.

Por estos días, Diputados va por una Inocencia Fiscal II que ya tiene dictamen de comisiones y se encamina a ser debatida en el recinto el 26 de agosto. Para esa fecha también está previsto el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

En definitiva, el Presupuesto 2026 fue el primero de la era Milei que ahora va por la segunda “hoja de ruta” de su gestión, la que regirá en un año de alto voltaje político partidario en el que intenta jugarse la reelección.

El 15 de septiembre constituye la fecha límite para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional ante el Parlamento. Como ocurre cada año, la iniciativa abrirá una compleja discusión política y fiscal en la que volverán a tener un papel central los gobernadores y las provincias, en un contexto en el que el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la aprobación de la norma.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística.

La convocatoria será publicada este jueves en el Boletín Oficial y abarcará una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y pasos internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Luis Caputo confirmó que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión obligatorios y posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos ferroviarios de determinada escala.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció el ministro de Economía, quien sostuvo que el objetivo es incorporar capital privado y modificar la gestión actual del sistema.

Caputo agregó que quienes inviertan al menos US$ 200 millones en renovación de vías podrán acceder a los beneficios previstos en el RIGI.

La privatización fue incluida dentro del programa habilitado por la Ley Bases y contempla que el Estado conserve tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que los privados asumirán la operación, las inversiones y el riesgo empresario.

El esquema permitirá además que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo condiciones de acceso abierto. Los adjudicatarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años y podrán comprometer intervenciones adicionales.

El plazo de medio siglo fue definido para facilitar proyectos ferroviarios de gran escala, cuyos períodos de recuperación requieren horizontes de inversión más largos.

Uno de los puntos de mayor impacto provincial será la intervención destinada a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe. El anuncio nacional contempla avanzar sobre ese problema dentro de las inversiones de la Línea Belgrano.

La Provincia había solicitado en junio que la finalización del Circunvalar Ferroviario santafesino fuera incorporada explícitamente a los pliegos de la privatización. El proyecto conecta el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y tenía un avance cercano al 70%, según informó el Gobierno provincial.

La obra apunta a evitar que los trenes de cargas atraviesen la capital provincial. El proyecto original contempla unos 60,5 kilómetros de vías y un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado.

El Circunvalar fue diseñado para reducir de aproximadamente diez a dos horas el tiempo que demandan las formaciones entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, además de eliminar decenas de pasos a nivel dentro del área urbana.

La Provincia también propuso que los oferentes que se comprometan a acelerar esos trabajos reciban una valoración favorable durante el proceso de adjudicación.

Además del proyecto santafesino, el Gobierno nacional mencionó la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano y trabajos sobre los corredores principales del San Martín y el Urquiza.

Los futuros concesionarios podrán adquirir locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido mediante esas ventas y otros remates será destinado a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las obras obligatorias.

Caputo defendió el cambio de modelo al afirmar que, pese al crecimiento de la producción agropecuaria desde 1970, el sistema ferroviario de cargas moviliza actualmente menos volumen que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, sostuvo.

La Secretaría de Transporte señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, elevados niveles de descarrilamientos y dificultades para cumplir los programas de mantenimiento.

La licitación busca trasladar la inversión y operación a actores privados mientras Nación conserva las facultades regulatorias. El proceso formal comenzará con la publicación de la convocatoria y los respectivos pliegos.

La minería argentina atravesó la primera mitad de 2026 en franco ascenso.

El Índice de Producción Industrial Minero aumentó 8,4% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025, informó este jueves el INDEC. La expansión aceleró respecto del 7,4% acumulado hasta abril y del 7,8% registrado entre enero y mayo.

En el sexto mes del año, el indicador creció 11,4% interanual y 1,7% frente a mayo en la medición desestacionalizada. La tendencia-ciclo avanzó otro 0,8%, consignó el organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la producción minera alcanzó “un nuevo récord histórico en junio” y señaló que la tendencia-ciclo encadenó 24 meses consecutivos de crecimiento.

El dato profundiza la trayectoria observada en los informes anteriores. En abril, el índice había alcanzado el mayor nivel desde el inicio de la serie, en 2017; en mayo avanzó otro 0,4% mensual; y en junio dio un salto de 1,7%, con una variación interanual que pasó de 9,2% a 11,4%.

La mejora, sin embargo, no fue uniforme. Las mayores subas acumuladas del semestre correspondieron a la extracción de sal, con 102,6%; los minerales utilizados para fabricar productos químicos, con 54%; la turba, con 29,8%; y el petróleo crudo, con 17,4%. Los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación, como conjunto, crecieron 36%.

El petróleo volvió a ser el principal sostén por su peso dentro del indicador. La extracción total aumentó 16,3% interanual en junio y 17,4% en el semestre. El cambio estructural estuvo otra vez en Vaca Muerta: la producción no convencional acumuló una suba de 35,2%, mientras la convencional cayó 8,8%.

Durante junio se extrajeron 4,3 millones de metros cúbicos de crudo. De ese volumen, poco más de 3 millones fueron no convencionales y 1,3 millones correspondieron a yacimientos tradicionales. Así, siete de cada diez metros cúbicos provinieron del segmento que conduce la expansión energética.

El gas natural mostró una dinámica más moderada: creció 1,2% en el semestre y apenas 0,2% interanual en junio. También allí el no convencional compensó el retroceso de las cuencas maduras, con un avance acumulado de 8,3% frente a una caída de 10,9% en el convencional.

El otro eje fue el litio. El índice de carbonato de litio y otros minerales del mismo grupo aumentó 57,1% entre enero y junio y 61,5% interanual en el último mes. Los minerales de boro crecieron 33,3% en el semestre y reforzaron el salto del agrupamiento químico.

El récord general convivió con retrocesos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas bajaron 15,3% en el semestre, pese al fuerte aumento de los volúmenes producidos. También cayeron las rocas ornamentales, 8,6%; la piedra caliza y el yeso, 2,8%; y la arcilla y el caolín, 9,9%.

Estas se refieren a ramas próximas a la construcción y al mercado interno, que no acompañaron el ritmo de los recursos energéticos y exportables.

La divergencia ya estaba presente en abril y mayo, pero junio la dejó más marcada: la minería alcanza máximos históricos mientras parte de su cadena de servicios y materiales tradicionales sigue operando por debajo del año anterior.

Se espera que durante la segunda parte del año, impulsado por la puesta en marcha de las inversiones comprometidas a través del RIGI, el sector traslade el récord de extracción a los servicios de apoyo; o si por el contrario continuará profundizándose la brecha entre producción y actividad.

Los industriales santafesinos expresaron su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusaron de dirigirse en forma despectiva a quienes manifiestan preocupación por la situación de la industria nacional. Además, advirtieron que descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas para recuperar el crecimiento. “La industria no necesita agravios, necesita políticas que promuevan el desarrollo y un diálogo serio entre el sector público y el sector privado”, señalaron.

Caputo habló de “los tarados que hablan de la industria” y sostuvo que omiten mencionar que, durante años, los argentinos pagaron precios muy superiores por productos como indumentaria, calzado, tecnología y automóviles. Lo hizo durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.

“Parece que viniéramos de un boom de la industria entre 2011 y 2023, que tuviésemos la industria más competitiva del mundo y que crecía fenomenal. Era exactamente lo contrario… En esos años la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque pagábamos las cosas dos, tres o diez veces más de lo que valían”, afirmó el ministro.

Desde Fisfe respondieron mediante un comunicado que “la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”. También señalaron que las industrias argentinas enfrentan una realidad compleja, marcada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener el empleo.

Los industriales de la provincia sostuvieron que, como representantes del sector, tienen la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y proponer soluciones. Reafirmaron, además, que la industria es un pilar del desarrollo nacional porque genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por eso, afirmaron, merece ser escuchada con respeto, más allá de las diferencias existentes.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

En el comunicado, los industriales remarcaron que las diferencias de ideas, programas de gobierno o modelos económicos son propias de una democracia plural. Sin embargo, advirtieron que el agravio, la descalificación personal y el insulto no pueden convertirse en un método de construcción política ni en una forma de ejercer el gobierno. “Quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales tienen el deber de contribuir al fortalecimiento de una convivencia democrática basada en el respeto, la prudencia y la responsabilidad”, señalaron.

“La inversión, la producción, el empleo y el desarrollo requieren reglas claras, diálogo permanente y vínculos institucionales sólidos, tanto en el plano interno como en el internacional”, afirmaron. Las entidades empresarias, agregaron, tienen la responsabilidad de promover un clima de previsibilidad, confianza y respeto. “Desde Fisfe reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, la libertad de expresión, el diálogo democrático y el respeto como pilares indispensables para construir una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos”, concluyeron.

Javier Martín, presidente de la Fisfe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Es la segunda vez en los últimos diez días que los industriales santafesinos responden a declaraciones de autoridades nacionales: primero, del presidente, y ahora, del ministro de Economía. A fines de julio, habían manifestado su profunda preocupación por las “reiteradas descalificaciones personales y agravios” del presidente hacia dirigentes políticos, empresarios y mandatarios extranjeros, entre ellos el ex secretario de Industria y ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese contexto, las expresiones dirigidas a Lula —a quien llamó “ladrón”, “corrupto” y “basura socialista” durante un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, y luego ratificó en una entrevista televisiva— derivaron en uno de los incidentes diplomáticos más graves en décadas entre ambos países. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, expulsó al embajador argentino y redujo el nivel de las relaciones diplomáticas al de encargados de negocios.

Mauro L. Muñoz

El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este miércoles por el INDEC dejó una postal incómoda, similar a las que ya había ofrecido marzo y abril.

Según el informe, la economía nacional creció solo 0,2% frente a mayo de 2025, pero volvió a caer en la medición desestacionalizada, esta vez 0,5% respecto del mes anterior. En la serie tendencia-ciclo, el organismo registró una mejora de 0,2%.

La secuencia mensual del año grafica la volatilidad del indicador: enero subió 0,2%, febrero cayó 2,5%, marzo rebotó 2,8%, abril bajó 1,5% y mayo retrocedió otro 0,5%.

El dato acumulado también se moderó. En los primeros cinco meses del año, la actividad económica de la Argentina se ubicó en 1,7% contra igual período de 2025, reflejando un movimiento decreciente del 2,3% que mostraba marzo y el 2,2% de abril.

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió destacar el medio vaso lleno. En X sostuvo que “la economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025” y remarcó que el indicador tendencia-ciclo “creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011”.

En lo que va del año, la actividad económica creció un 1,7% comparado con el mismo periodo de 2025, aunque se observa una desaceleración respecto a meses anteriores.

Esa es la línea interpretativa que el Gobierno viene sosteniendo desde el informe anterior: mirar menos la serie desestacionalizada, afectada por saltos de corto plazo, y más la tendencia-ciclo, que suaviza la volatilidad. El problema es que el dato mensual volvió a mostrar una economía sin tracción pareja. Crece poco contra el año pasado y cae contra abril.

El propio informe del INDEC marcó el contraste: “En mayo de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento de 0,2% en la comparación interanual y una disminución de 0,5% respecto a abril en la medición desestacionalizada”.

La mejora interanual quedó explicada, otra vez, por pocos sectores. “Con relación a igual mes de 2025, ocho de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en mayo”, indicó el organismo. Los dos rubros más destacados fueron Explotación de minas y canteras, con un avance de 15,7%, y Electricidad, gas y agua, con una suba de 8,0%.

Ocho de los quince sectores analizados mostraron subas, liderados por Explotación de minas y canteras, y Electricidad, gas y agua. No obstante, sectores clave como la industria manufacturera y el comercio registraron caídas significativas, restando 1,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Pero la principal incidencia positiva volvió a estar en el agro. Según el INDEC, “la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE”, seguida por minería. Entre ambas aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

La composición ratifica la matriz núcleo que tracciona el programa económico: campo, energía y minería son los sectores que generan divisas y que aparecen en el centro del nuevo esquema económico. Pero no alcanzan para ocultar el otro lado del informe.

La parte más sensible aparece en los sectores ligados al mercado interno. El INDEC señaló que “siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual”, entre ellos Pesca, con un derrumbe de 29,3%; Industria manufacturera, con una baja de 5,6%; y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 4,3%.

La suma de esos tres sectores le restó 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En el gráfico de incidencias, el organismo precisó que las actividades con mayor aporte negativo fueron “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”.

La comparación con abril muestra además un deterioro en la industria. El mes previo había caído 2,7% interanual; en mayo, la baja se amplió a 5,6%. En comercio, la contracción pasó de 3,2% a 4,3%. La construcción, que venía de caer en abril, mostró una mejora de 1,9%, pero sin peso suficiente para cambiar la lectura general.

El próximo informe técnico del EMAE, con la estimación preliminar de junio, será difundido por el INDEC el jueves 20 de agosto.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó este miércoles una publicación en redes sociales tras el traspaso de la ruta A012 por parte del gobierno nacional.

La firma entre el mandatario santafesino y los representantes del gobierno nacional se dio durante una reunión este mismo 22 de julio en Casa Rosada, de la cual participó también el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Las otras autoridades nacionales fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Por la parte de Santa Fe estuvo Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas.

El gobernador Pullaro compartió una publicación en su cuenta de X luego de la rúbrica y describió el encuentro como “un paso enorme para la producción santafesina”.

“Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años”, comentó en un breve mensaje y agregó: “Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro sistema productivo y tenemos claro el valor de la logística y cómo las mejoras en infraestructura impactan de lleno”.

Un paso enorme para la producción santafesina. Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años.Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro… pic.twitter.com/gM0EO8XU7i

“Y lo más importante para demostrar que acá hay gestión: mañana mismo ya comienzan las obras de reparación en la ruta”, sumó en el mensaje.

Además, publicó un video en el que se lo ve en el patio central de la Rosada luego de la firma. “Firmamos el traspaso de la ruta de la jurisdicción nacional a la de Santa Fe por 20 años”, relató en el mismo.

El tránsito pesado, con carga del sector productivo, el principal concurrente en la A012. Crédito: Marcelo Manera

“Insistimos mucho con el traslado de esta ruta para nuestra provincia, fundamentalmente porque entendemos que el valor de la logística y su mejora impacta en el sistema productivo”, argumentó en el video.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico destacó que la primera intervención “comienza este mismo jueves con dos frentes de obra y una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a reparar los sectores más deteriorados”. Además, agradeció el acompañamiento de Scaglia, Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, para llegar a este acuerdo.

Por su parte Olivares, recordó que “por los puertos de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites”, por lo que la recuperación de la A012 permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad. Explicó además que las obras se financiarán con recursos generados por la eficiencia de la administración provincial y con financiamiento obtenido por el Gobierno santafesino, una inversión que "favorecerá a productores, transportistas y a toda la economía nacional al fortalecer el principal corredor de acceso a los puertos".

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los ejes logísticos más importantes del país. Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de distintas rutas provinciales, evitando que miles de camiones atraviesen áreas urbanas para acceder al complejo portuario del Gran Rosario. Su trazado une Pueblo Esther con la Ruta Nacional 11 y atraviesa localidades como Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo. Por esa condición estratégica, el estado del corredor impacta directamente en la seguridad vial, los tiempos de viaje y la competitividad del principal polo agroexportador argentino.

El Gobierno Provincial formalizó a comienzos de 2024 el pedido para asumir la administración de la A012, ante la paralización de la obra pública nacional y el progresivo deterioro de la traza. La solicitud fue respaldada por municipios, comunas, entidades empresarias y cámaras del transporte, que reclamaban una intervención urgente.

Trabajos sobre la Ruta Nacional A012 y el cruce con Ruta Nacional 34. Crédito: Archivo

Un paso decisivo se produjo en abril de este año, cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión de transferir la ruta a Santa Fe. Tras completar los procedimientos administrativos y jurídicos, este miércoles quedó formalizada la cesión por un plazo de 20 años.

Por Juan Pablo Peralta (El Litoral)

Los últimos movimientos en la Casa Rosada demuestran la necesidad urgente que tiene el oficialismo nacional a la hora de intentar reordenar su camino en los últimos dieciocho meses de mandato que le quedan. El poder vuelve a demostrar que en su entramado no hay lugar para lealtades extremas y mucho menos para caprichos. La caída de Manuel Adorni convierte en sentencia el axioma que inscribe al pragmatismo como uno de los principios ineludibles cuando se trata de mantener la gobernabilidad.

La administración de los Milei fue dejando afuera de su estructura a muchos de los que iniciaron la gestión el 10 de diciembre de 2023, pero ninguno lastimó tanto el eje de flotación y sustentación de La Libertad Avanza como el caso del ex vocero y jefe de Gabinete, que seguirá dando novedades que darán de lleno en el concepto presidencial de “la moral como política de Estado”.

En esta etapa difícil de comparar con otras instancias que atravesó el mileísmo, vale apuntar que la inevitable salida del alfil -por antonomasia- de los hermanos más poderosos de la Argentina obligó a los capitostes violetas a pretender dar una lavada de cara a la comunicación gubernamental. Del debut del flamante portavoz del primer mandatario, Adrián Ravier, quedó un título que no cayó bien en el seno libertario.

La definición surgió de una pregunta que le hizo El Litoral con respecto a los altos costos que tiene la energía para los argentinos. Consulta que se efectuó luego de que el funcionario destacara la suba de exportaciones que tiene el país gracias a Vaca Muerta. Haciendo una apología de la eliminación de los subsidios, Ravier señaló que esto “ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este Gobierno tiene que hacer de decir ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad’.

Eso también después conduce a otro tipo de acciones en la familia de decir, ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas’, remató el vocero, que rápidamente salió a rectificarse reconociendo que la frase “fue poco feliz”.

Otra cuestión a la que ni él, ni el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, pudieron dar respuesta, es al pedido que se les entregó en mano con respecto al conjunto de restricciones que a través de la Casa Militar continúan poniendo un cerrojo inconstitucional al trabajo de los acreditados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. El miércoles, mientras Karina y Javier Milei encabezaban un cónclave con sus legisladores en el Salón Héroes de Malvinas, las medidas que van contra la libertad de prensa y expresión se potenciaron al punto de que los periodistas, no sólo no podían salir de la Sala Roberto Di Sandro, sino que, en caso de hacerlo para ir a los sanitarios, debían ir custodiados por personal a cargo del general de Brigada Sebastián Ibáñez, responsable de la custodia en Balcarce 50. Un dispositivo antidemocrático que se impuso tras una denuncia que acusaba a los cronistas de poner en peligro la seguridad nacional, algo que la Justicia Federal desestimó y archivó.

Más de tres meses llevó reconocer que Adorni era insostenible y varias semanas determinar quién lo reemplazaría cuando se tomó la decisión de eyectarlo del cargo. Así como se desestimó que fuera Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano y segunda en la línea sucesoria de la JGM), quien ocupara el puesto, lo mismo ocurrió con Martín Menem, a quien prefieren tener al frente de la Cámara baja en contraposición con un Senado que tiene al frente a Victoria Villarruel y a una jefa de bloque que ya mostró atisbos de cierta independencia del verticalismo mileísta, al que Patricia Bullrich prefiere no adscribir. Descartadas estas posibilidades, incluyendo la del canciller Pablo Quirno y la titular del partido y bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue Diego Santilli la opción ineludible.

Al fin y al cabo, fue el que salvó las papas en la provincia de Buenos Aires cuando se desplomó José Luis Espert, y es quien viene dialogando con los gobernadores a partir de hacerse cargo de la cartera de Interior, área que negoció conservar bajo su órbita, aunque auditado por un karinista de pura cepa, nos referimos al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “Como todo dirigente que asume un rol de tanta responsabilidad, Diego acordó pautas que le permitan gestionar sin trabas. Es lo habitual, pero está bien claro que todo lo que haga va a ir en línea con los considerandos y postulados del Presidente. De eso no tengan dudas”, expresó una garganta que trabaja con él desde las épocas en que era vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA. El mismo dirigente reconoció que no le gustó “para nada” la presencia de Adorni en la jura de su sucesor. “Se podría haber evitado”, manifestó encogiendo los hombros resignado.

Como jefe de los ministros y negociador con los mandatarios provinciales, Santilli jugará un papel determinante en cuanto a conseguir consensos en torno a la reforma electoral. El borrador del asesor Santiago Caputo está en manos de todos ellos, inclusive de los más díscolos, sin embargo, los números para eliminar las PASO no están. La contrapropuesta que Karina Milei les hace llegar a través de ‘El Colo’, es dejar la puerta abierta a una primarias abiertas y optativas, o en su defecto, poner en práctica el viejo artilugio de las colectoras, esas polémicas listas en las que varios partidos acuerdan poner en la boleta un mismo candidato nacional y provincial, pero con listas sábanas diferentes según el distrito. Otra sugerencia que acercaron representantes regionales es la de buscar la chance de volver a suspenderlas, como ocurrió en 2025. El problema es que el hecho de que sean más los que tienen la necesidad imperiosa de dirimir sus postulantes aleja la viabilidad de que esto se repita.

A mitad de semana, los Milei convocaron a los 116 congresistas que tienen bajo su égida. Durante tres horas se les explicó la estrategia parlamentaria y las prioridades que están en agenda. Por lo pronto, la reforma política encabeza la nómina debido a las necesidades que tiene el actual mandatario en búsqueda de su reelección. Una imperiosa y titánica tarea que no goza del beneficio temporal. Al finalizar este período legislativo dará inicio a otro que estará atado a un año electoral que bloqueará y frenará sistemáticamente los deseos de la Casa de Gobierno. Asimismo, se apuran proyectos pendientes en este 2026 como el de Inviolabilidad de la Propiedad privada; Inocencia Fiscal y Régimen de Zonas Frías, entre otros.

Así como el Palacio de Hacienda decidió correr deuda hacia adelante con bancos (REPO) por 6.000 millones de dólares para el 2028, el ministro de Economía, Luis Caputo adelantó que, junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, abrirán el lunes anunciando el programa financiero del Tesoro para el 2026-2027. En esa línea se adelantó que “lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán".

Con el resultado del partido de la Selección local frente a Cabo Verde, voces oficiales comunicaron que la segunda rueda de prensa del vocero Ravier se mantiene, si no hay cambios de último momento, para las 10:30 del martes. Karina Milei tiene previsto encabezar con Santilli una reunión de Mesa Política esta semana y el jueves, el titular del PEN, estará al frente del acto central por el °210 aniversario de la Independencia argentina que se realizará en la Casa Histórica de Tucumán. Allí donde hace más de dos años se firmó el Pacto de Mayo y se prometió iniciar el Concejo homónimo, que recién arrancó en junio de 2025 y no produjo los resultados esperados. Esta vez, el jefe de Estado buscará otra postal con los caudillos provinciales, esos que de mantener un mayoritario alineamiento con Casa Rosada podrían garantizarle equilibrio parlamentario, y si no hay una oposición organizada, la probabilidad de estar otros cuatro años en el sillón de Rivadavia.

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe resolvió participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina. La decisión se tomó contrarreloj, a pocas horas de que venciera el plazo límite de la prórroga dispuesta por la Casa Rosada.

El REOR fue creado a fines de 2024 (mediante el Decreto N° 969/24) con el propósito de compensar y extinguir deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional y las distintas provincias incluida CABA.

Santa Fe había decidido no participar, en principio, por entender que el Estado nacional era deudor de la provincia e ingresar al sistema significaría habilitar al gobierno nacional pagos en bonos o en especies de esa deuda. Ahora, el gobierno provincial adhirió tras ser incluido por el presidente Javier Milei entre las provincias receptoras de anticipos financieros para el presente ejercicio.

Para Santa Fe, la adhesión al REOR le puede permitir tomar los hasta $400.000.000.000 de anticipo financiero e incluirlo en el sistema. En principio, el objetivo es solicitar un primer anticipo de $300.000.000.000 y en caso de ser necesario en el segundo semestre la cifra restante.

Pablo Olivares encabezará la negociación con Nación por el esquema de compensaciones. Foto: Manuel Fabatia.

En las próximas horas el gobernador Pullaro firmará un decreto delegando en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la negociación con el gobierno nacional del régimen de compensación.

El Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024 creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o CABA con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole. "Se busca resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", se había señalado en Casa Rosada cuando se dictó el instructivo.

Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones. En este sentido, según pudo saber El Litoral, Santa Fe ya tiene un listado de bienes inmuebles que aceptaría recibir del Estado nacional en compensación de deudas.

La autoridad encargada de tramitar estos acuerdos y auditar los saldos es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deuda previsional, hoy suspendido por 180 días, debido a las negociaciones llevadas adelante con Anses y que desembocaron en el pago mensual a cuenta mientras avanzan las conversaciones de reconocimiento sobre el déficit previsional santafesino. A propósito de esto ya hubo avances sobre el cruce de números del ejercicio 2020.

Santa Fe podrá gestionar anticipos financieros por hasta $400.000 millones.

Fueron 18 las jurisdicciones que adhirieron en primera instancia al régimen y firmaron sus respectivas cartas de intención o convenios. Entre Ríos fue la primera en suscribir el entendimiento a través de su gobernador Rogelio Frigerio.

Luego, el gobierno nacional amplió en 60 días hábiles el plazo de sumarse al programa debido a que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, ni La Rioja y Formosa habían dado el ok.

El tema de sumarse o no al régimen fue motivo de charlas varias de gobernadores en encuentro bilaterales o de reuniones en conjunto. Fueron varios los mandatarios que aconsejaron a Pullaro no dejar de lado la posibilidad de buscar un entendimiento con Nación e incluso tener la posibilidad de sumarse a los anticipos financieros.

El decreto 474 del pasado 17 de junio. firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

La Provincia también analiza recibir inmuebles nacionales como parte de compensación.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

Vale señalar que al momento del decreto, Entre Ríos ya había tenido un anticipo financiero del Estado Nacional.

Durante la última sesión, en la Cámara de Diputados fue votado un pedido de informes motorizado por el justicialista Walter Agosto donde solicita "informe si la provincia ha adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y en su caso mediante qué acto administrativo y remita los instrumentos a través de los cuales ha formalizado dicha adhesión".

El Gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial, ha establecido un marco legal para captar hasta US$5.000 millones en operaciones de crédito público con los que Economía se propone despejar el horizonte financiero, abrir la confianza de inversores y acumular reservas.

El financiamiento se realizará mediante préstamos con entidades financieras internacionales de trayectoria, utilizando garantías parciales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

La medida faculta al Ministerio de Economía a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, una práctica estándar para atraer capitales internacionales bajo condiciones de mercado que suele tener fuerte resistencia de la oposición en la política nacional.

De todas maneras, si bien se renuncia a la inmunidad de jurisdicción para reclamos vinculados a estos contratos, el decreto es explícito en preservar la inmunidad de ejecución sobre activos críticos, tales como las reservas del Banco Central, bienes del dominio público, activos militares y patrimonio cultural.

Federico Furiase. Crédito: Universidad Torcuato Di Tella

La coordinación recae conjuntamente en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.

La estrategia del Ministerio de Economía busca reducir la percepción de riesgo y el costo del endeudamiento mediante dos mecanismos clave. El primero de ellos es la mitigación de riesgo vía multilaterales. El BM comprometió un respaldo por US$ 2.000 millones y el BID por otros US$ 550 millones.

En Casa Rosada existe expectativa de que se sume la CAF. El gobierno busca perforar la tasa de interés que el mercado exigiría a un bono soberano tradicional. Por cada 100 puntos básicos del EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco de inversión norteamericano J.P. Morgan, el país debería pagar una sobretasa del 1%.

Caputo aún no emite bonos en el mercado. REUTERS/Brendan McDermid

Por estas horas el RP es de 420 puntos básicos, por encima de los 185 que marcaba entre 2005 y 2007, pero muy por debajo de los 1.900 puntos que alcanzó con “la 125” y la disputa con el campo, o de los 1.100 puntos del canje de Martín Guzmán.

La adopción de la "Ley Nueva York" funciona como un aliciente para los bancos internacionales, despejando temores sobre la resolución de posibles controversias legales bajo normativa local.

El objetivo inmediato es despejar el horizonte de pagos, especialmente de cara a los vencimientos de deuda de julio, para los cuales el Palacio de Hacienda ya habría asegurado un alto porcentaje de los fondos necesarios.

Al operar con garantías de organismos internacionales, Argentina podría obtener financiamiento a tasas sensiblemente más bajas que las actuales del mercado secundario de bonos, renovando vencimientos con mejores condiciones.

Existe la posibilidad de que el Ministerio de Economía colabore con el BCRA en la compra de dólares para robustecer la posición de divisas con vistas a los pagos de deuda, aprovechando momentos de mayor liquidación (por parte del campo) y relativa estabilidad cambiaria.

Según el economista Amilcar Collante, el Tesoro Nacional compró US$ 600 millones el 17 de este mes y ya tienen en la cuenta US$ 3.680 millones para el pago de Julio. El compromiso ronda los US$4350 millones entre amortizaciones de capital y pago de intereses.

Hasta el final del mandato de Javier Milei (10 de diciembre de 2027), Argentina enfrenta un calendario de vencimientos de deuda exigente, especialmente en moneda extranjera, con picos importantes en 2027 (año electoral).

Estimaciones recientes de consultoras privadas estiman los vencimientos de este año entre US$ 8.200 a US$ 10.400 (privados y FMI). En 2027 suman otros US$ 21.100 a 23.600 millones, en cálculos “prudentes” .

Kristalina Goergieva respalda desde el FMI los progresos macro de la Argentina.

Los montos se refieren principalmente a deuda en moneda extranjera (bonos soberanos/Globales y Bonares, BOPREAL, repos con bancos, FMI y multilaterales). Excluyen tenencias intra-sector público.

El ministro Luis Caputo ha afirmado que todos los vencimientos del mandato están cubiertos, mediante refinanciamiento, garantías multilaterales y posible retorno a mercados internacionales. Hay negociaciones para extender repos.

La iniciativa fue detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa que compartió con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El esquema establece bajas graduales que comenzarán a implementarse principalmente a partir de 2027, con ajustes mensuales, trimestrales o semestrales según el producto.

El gobierno de Javier Milei diseñó un plan estratégico para reducir los impuestos a las exportaciones agrícolas e incluyendo cultivos clave como la soja, el maíz y el girasol, tras los anuncios efectuados por el propio presidente para el trigo en su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Para la soja, se implementará una reducción mensual de 0,25 puntos porcentuales a partir de 2027. Con este esquema, al finalizar el presente mandato, el gobierno propone una alícuota del 21%.

Posteriormente, en el año 2028, la baja mensual se acelerará a 0,5 puntos porcentuales, lo que permitirá que el derecho de exportación descienda al 15% hacia fines de ese año. Eso si la Casa Rosada mantiene para entonces los criterios anunciados.

El equipo económico confirmó que esta reducción ya no estará supeditada a la recaudación fiscal, despejando así las condiciones que había planteado inicialmente el presidente. Aclaró que los subproductos como la harina y el aceite, que actualmente tributan una alícuota del 22,5%, también recibirán una reducción proporcional.

Para el maíz y el sorgo, la reducción del impuesto se aplicará de forma trimestral. El esquema funcionará de la siguiente manera: en 2027, durante el primer trimestre, las alícuotas bajarán del 8,5% al 8,25%, para finalizar ese año ubicándose en un 7,5%.

El esquema establece bajas graduales que comenzarán a implementarse principalmente a partir de 2027.

En 2028: La reducción se acelerará y el recorte será de 0,5 puntos por trimestre. De esta forma, ambos cultivos terminarán ese ciclo con una carga del 5,5%.

Para el girasol, se aplicará un esquema semestral de reducción de retenciones El cronograma funcionará de la siguiente manera: en 2027, partiendo de la alícuota actual del 4,5%, la carga descenderá al 4,25% en el primer semestre y luego bajará al 4% durante la segunda mitad del año.

En 2028: La reducción será más pronunciada, bajando 0,5 puntos por semestre. De esta forma, pasará a un 3,5% en los primeros seis meses y terminará ese año tributando una alícuota del 3%.

El presidente Javier Milei ya había anunciado una baja "inmediata" de las retenciones para el trigo y la cebada, durante su discurso del pasado jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "Quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5% al 5,5%, a partir de junio", señaló el mandatario.

El ministro Caputo detalló que la reducción escalonada se diseñó para evitar la especulación con la comercialización de los granos, tal como lo habían advertido algunas cámaras agroindustriales.

El equipo económico confirmó que la reducción ya no estará supeditada a la recaudación fiscal.

El costo fiscal de la medida en el caso del agro será de US$ 32 millones para 2026, US$ 415 millones para 2027 y US$ 1224 millones para 2028.

Por el lado de las retenciones a la industria, el ministro también adelantó bajas escalonadas para las exportaciones automotrices. La alícuota actual del 4,5% se reducirá 0,37% por mes hasta llegar a cero en el sexto mes del próximo año.

Para el caso del complejo petroquímico, químico y del caucho, que también fue alcanzado por los anuncios, la alícuota del 4,5% vigente también recibirá una reducción progresiva del 0,37% mensual hasta junio de 2027. El esquema será similar para otras maquinarias y equipo que la industria argentina vende a mercados externos.

Las reducciones a los derechos de exportación industrial supondrán para el gobierno un costo fiscal estimado de US$ 25 millones este año y de US$ 115 millones en 2027.

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra anotaron una caída pronunciada en la medición interanual en abril, lo que refleja un consumo que sigue estando rezagado y no logra repuntar. Los datos fueron revelados por los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales.

En supermercados, las ventas retrocedieron 5,1%, por lo que el acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%. Esta caída fue la más pronunciada desde abril del 2025, cuando el índice perdió 8,9%. En la medición mensual, mostró una variación negativa cercana a 0%, al igual que el índice serie tendencia-ciclo.

El rubro de las carnes volvió a ser el segmento con el mayor aumento, al incrementarse un 41,9%, seguido por Panadería (28%), Alimentos preparados y rotisería (25%) y Almacén (22,7%).

Con respecto a los medios de pago, el más utilizado por los consumidores fue la tarjeta de crédito: representó el 44,9% de las ventas y sumó más de $1.107 millones. Tarjeta de débito: 24,8% de las ventas ($610.033 millones). Efectivo: 16,6% de las ventas totales ($408.840 millones). Otros medios de pago: 13,7% de las ventas totales ($337.912 millones).

Las ventas en los mayoristas continuaron a la baja durante abril y anotaron una merma de 7,2%, lo que representa la mayor caída desde noviembre de 2025 (-8,3%). En lo que va del año registran un retroceso de 2,6%; contra febrero cayeron 1,4% y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En total, sumaron $374.252 millones (+16,7% interanual) y el ticket promedio se ubicó en $43.954 por consumidor (+16,7% contra el mismo mes del 2025). Al igual que en los comercios minoristas, el grupo de las carnes anotó el mayor aumento en su precio, tras incrementarse 50,5%. Le siguieron Otros (23,7%), Almacén (21,5%) y Lácteos (19,8%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros que no sean los clásicos fue la más requerida con el 31,9% y totalizó $119.445 millones. Tarjeta de crédito: 26,8% de las ventas ($100.307 millones). Efectivo: 25,6% de las ventas totales ($95.973 millones). Tarjetas de débito: 15,6% de las ventas totales ($58.526 millones).

Por el lado de los shoppings, las ventas anotaron la mayor caída en la comparación histórica. Fue del 13,3% y llegó a los diez meses consecutivos de bajas. Así, cerró el primer trimestre con una variación negativa de 5,7%. Mensualmente avanzó 1,5% y el índice de la serie tendencia-ciclo aumentó 0,3% contra febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), en medio del proceso heterogéneo que atraviesa el sector, con actividades que aumentaron sus ganancias y otras que se encuentran golpeadas.

Según trascendió, al encuentro asistieron el titular del Palacio de Hacienda, quien fue acompañado por el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne; mientras que en el rubro industrial estuvieron presentes el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a distintas autoridades de la entidad.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Crédito: REUTERS/Cristina Sille

En la reunión se trataron temas sobre el desarrollo del mercado de capitales, con el objetivo de "reducir el costo financiero de las empresas" y la continuidad de la reducción de impuestos nacionales para "mejorar la competitividad de los bienes transables".

A su vez, solicitaron la adhesión de las provincias y municipios a la baja de impuestos y tasas como realiza Nación, ya que "son la carga mayor en la cadena productiva" y va a servir para "seguir reduciendo así el costo argentino".

El encuentro se produce en un momento de heterogeneidad que atraviesa la industria, en donde sectores como la energía y minería muestran grandes avances, mientras que los textiles y manufactureros son dos de los más golpeados.

El último dato del INDEC mostró un repunte del 5% interanual en marzo, cortando así una racha negativa de ocho meses consecutivos. En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

También se da en un contexto en el que Rappallini pidió la creación de un RIGI industrial, como consecuencia del anuncio del Gobierno sobre la implementación de un "Súper RIGI" para sectores poco convencionales.

El último dato del INDEC mostró un repunte del 5% interanual en marzo.

El titular de la UIA elogió las medidas implementadas por el Ejecutivo, aunque alertó que la industria compite contra el mundo con "una estructura impositiva, laboral y financiera mucho más elevada que la de sus competidores internacionales".

"Las condiciones en las que produce el sector industrial argentino quitan competitividad", señaló en un artículo que publicado.

La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, denunció este martes un nuevo recorte del gobierno nacional en materia de medicamentos y políticas de salud. Según planteó la funcionaria en conferencia de prensa, el ajuste quedó plasmado en "una decisión administrativa del gobierno central firmada por (el Jefe de Gabinete, Manuel) Adorni y el ministro de Economía de la Nación".

Coudannes ironizó sobre la figura del cuestionado funcionario y ex vocero de Javier Milei; "Adorni junta por un lado y recorta por el otro", planteó. Y precisó que la motosierra nacional "profundiza el ajuste y perjudica por 63 mil millones de pesos" a las provincias en el área salud.

La funcionaria se refirió así a una decisión administrativa firmada por Adorni y Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, en el que se produjeron recortes en 211 programas que el Gobierno lleva adelante en diferentes áreas, por una suma de $ 2,8 billones.

En Salud se recortaron $62.731 millones, del programa 47 - Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud- por $25.000 millones, del programa 29 - Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica- por $20.000 millones, y del programa 55 - Cobertura Sanitaria Compensatoria- por $5.000 millones, entre otros

"Vivimos de recorte en recorte – se quejó Coudannes-. Medicamentos, insumos y tecnología, prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades transmisibles como VIH, lepra y otras herramientas para trabajar sobre salud sexual. Y también insumos para el Incucai… Nos preguntamos si estos funcionarios (en alusión a los ministros nacionales) conocen los hospitales; si los han transitado… No sé si conocen lo que le pasa a la gente…", volvió a ironizar.

La funcionaria contrapuso a la actitud del gobierno central, la postura del gobierno provincial que "sostiene, sostiene y sostiene". Lo dijo a propósito de las compras de medicamentos para suplir la faltante provocada por el recorte anterior de Nación, y por el mantenimiento de la obra pública, a diferencia del gobierno central que se ha replegado en dicha materia.

Coudannes criticó al gobierno nacional por el ajuste en salud.

En otro orden, Coudannes fue consultada sobre el pedido de audiencia solicitado por algunos sectores políticos al gobernador para comenzar a discutir la reforma electoral que el gobierno proyecta enviar a la Legislatura.

La funcionaria comenzó recordando que la semana pasada, dos ministros del Poder Ejecutivo (Fabián Bastía de Gobierno y Pablo Coccocioni de Seguridad) se reunieron con legisladores del oficialismo para explicar una serie de proyectos en materia de seguridad que también serán remetidos en breve al parlamento local.

Puntualmente respecto de la consulta formulada, aseguró que "el gobernador es un hombre de palabra y escucha, y las instancias que se requieran para conversar (en este caso, sobre la reforma electoral), se van a seguir sosteniendo y se van a dar".

Sectores de la oposición buscan discutir una reforma electoral. Foto: Flavio Raina.

En su conferencia de prensa, Coudannes aludió a la obra del puente Santa Fe – Santo Tomé. Recordó que se anunciaba "hace tan sólo dos años", y resaltó que hoy, "ya lleva un 40% de avance".

Asimismo, se refirió a los controles de camiones que se realizan en las rutas de la provincia para "cuidar" la infraestructura vial.

"Estamos resistiendo; estamos continuando las obras provocando un impacto positivo en el mercado laboral y de la construcción. Esto también genera un círculo virtuoso en términos del trabajo, la producción y la obra pública", planteó.

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó mediante la resolución 673 la adjudicación de la participación estatal en Citelec —controlante de Transener— a Edison Energía y Genneia por US$356 millones sin IVA, en una operación que supera el piso mínimo que esperaba obtener el fisco y que deberá cerrarse con la firma del contrato en 15 días hábiles.

La sociedad ganadora agrupa a Edison Energía y Genneia. Edison Energía reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo; a los socios del fondo Inverlat —Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai—; y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan. Genneia, cuyo principal accionista es el banquero Jorge Brito, es la principal generadora de energías renovables del país.

La adjudicación se impuso sobre las ofertas de Central Puerto y Edenor. Según adelantaron las partes, “Son tres compañías con la misma visión estratégica sobre Transener, pero con independencia en las decisiones”.

Transener opera alrededor del 85% de la red de líneas de alta tensión y supervisa el 15% restante; administra más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, que constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La participación estatal se estructuró de forma indirecta: el Estado posee el 26,32% de Transener a través de Enarsa, que controla el 50% de Citelec junto a Pampa Energía. El resto se reparte entre la Anses, con 19,57%, y el capital flotante que cotiza en la Bolsa porteña, con 27,79%.

Hasta que se efectivice la operación, el paquete accionario seguirá siendo manejado por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, actual socio del Estado en Citelec, según adelantaron las partes.

Para Edison Energía, la incorporación de Transener completa una cadena de expansión iniciada en los últimos dos años: el grupo sumó la distribuidora tucumana EDET, la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Litsa, la central hidroeléctrica Potrerillos y las represas Alicurá y Cerros Colorados —estas últimas por US$226 millones—. Cada adquisición añadió eslabones que, con Transener, le dan presencia en generación, transporte y distribución.

El activo adquirido es estratégico pero arrastra un diagnóstico técnico severo. Pablo Tarca, director general de Transener, dijo que “la demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas un 54%: tenemos un sistema fuertemente saturado”

El nuevo dueño, además de administrar un activo clave para el sistema eléctrico, asumirá el desafío de revertir décadas de desinversión en la red que mueve la electricidad del país, según el análisis que acompañó la adjudicación.

El Ministerio de Economía formalizó la operación mediante la resolución 673 y la adjudicación deberá consolidarse con la suscripción del contrato de compraventa en el plazo fijado por la administración.

(Por Mauro Muñoz) - El Gobierno nacional presentó este viernes el proyecto del llamado “Súper RIGI”, una versión reforzada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobada con la Ley Bases en 2024. Estuvo a cargo del ministro de Economía Luis Caputo, en una conferencia que compartió con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El jefe de Hacienda explicó el anuncio como una pieza central de la estrategia libertaria para atraer sectores que hoy no tienen desarrollo local. “Pensamos en la idea de un super RIGI que implique todavía más beneficios impositivos para lograr una mayor industrialización de lo que son nuestros recursos”, planteó. Y sintetizó el proyecto pensado para “todos esos sectores o industrias que hoy no existen en Argentina”.

Caputo presentó el proyecto durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que encabezó el cuestionado Adorni.

La idea que expuso Caputo es que, a través de la instancia superadora del esquema, la Argentina empiece a disputar inversiones en eslabones más largos de la cadena productiva, como baterías de litio y autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes, datacenters y desarrollos vinculados al agro, la pesca o la forestación.

La apuesta central, según definió, es “transformar la matriz productiva argentina”, con la intención de empujar la industrialización en la extracción de recursos naturales, impulsar el empleo privado registrado, ampliar exportaciones y recaudar más por volumen aunque se cobre menos por alícuota.

La principal diferencia con el régimen vigente pasa por el paquete fiscal. Caputo explicó que la alícuota del impuesto a las ganancias para las firmas alcanzadas sería del 15%, contra el 25% que contempla hoy el RIGI. A eso se sumaría un esquema de amortización acelerada: 60% de la inversión deducible en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero.

También se ampliaría la exención de derechos de importación para todos los bienes vinculados a la producción, no sólo para bienes de capital. Y del lado de las exportaciones, el proyecto prevé arancel cero desde el inicio de las operaciones.

Previo al anuncio del Super RIGI, Caputo adelantó un proyecto de Chevrón al RIGI destacando el volumen total de iniciativas adheridas.

No sólo apunta a capturar inversiones privadas, sino también disciplinar la presión tributaria en torno a esos proyectos. Las provincias que adhieran no podrán cobrar Ingresos Brutos por encima del 0,5% y los municipios no podrán aplicar tasas sobre ventas. “También va a hacer que no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”, dijo.

La apuesta es mejorar el flujo de fondos en la etapa inicial de los proyectos y volver más competitiva a la Argentina frente a países que, según la mirada oficial, ya ofrecen marcos fiscales más previsibles y favorables para grandes multinacionales. “La idea de hacer un Súper RIGI es porque muchas de estas industrias tienen márgenes muy, muy bajos y nosotros competimos con países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva”, expresó Caputo.

Frente a la consulta por el eventual costo fiscal, cuentas que el Gobierno viene sintiendo durante los últimos nueve períodos, Caputo descartó pérdidas: “Vamos a tener una mayor recaudación fiscal porque, si bien hay reducciones impositivas, vamos a estar cobrando más debido a que son industrias que hoy no existen”.

Ahí aparece el antecedente del actual régimen que el Gobierno usa como credencial de éxito. Según lo informado, los proyectos presentados y aún en evaluación bajo el RIGI podrían generar inversiones por 94.965 millones de dólares, con un impacto en la balanza comercial superior a 40.000 millones. Ya enfocado en el Súper RIGI, Caputo habló de captar inversiones del orden de “veinte mil, treinta mil millones de dólares”.

Trabajadores en la mina de Gualcamayo, en Jachal, San Juan, uno de los proyectos aprobado del RIGI. Foto: Reuters / Lucila Sigal.

El punto que todavía no quedó cerrado es el monto mínimo de inversión para ingresar al nuevo esquema. El ministro admitió que esa cifra aún no estaba definida, aunque aseguró que se resolverá antes del envío del proyecto. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana”, dijo.

El Gobierno llega a esta presentación apoyado en los números que Manuel Adorni llevó al Congreso sobre el RIGI actual. Según esa exposición, los 12 proyectos aprobados y uno más con recomendación de aprobación proyectan 36.873 empleos entre directos e indirectos que podrían sumar 107.000 empleos adicionales de concretarse los otros 21 proyectos en evaluación.

En el mapa federal, el régimen vigente ya tendría efectos potenciales sobre el trabajo. De acuerdo al 145° Informe de Gestión, San Juan aparece con 12.939 empleos proyectados en tres iniciativas; Santa Fe, con 9.700 puestos en un proyecto; Buenos Aires, con 3.965; y Río Negro, con 3.944 en petróleo y gas. Cifras que le permiten al oficialismo mostrar que el RIGI tiene potencial de impacto en provincias con perfil exportador y logístico.

El cobre gana terreno en el sur del país: proyecto minero PSJ en Uspallata, Mendoza. Foto: Reuters / Ramiro Gómez.

Sin embargo, esa promesa convive con una discusión más profunda e incómoda. Los empleos proyectados hasta el momento siguen siendo bastante menores que el deterioro reciente del empleo formal: con un aumento de la desocupación a 300.000 personas y una suba sostenida de la informalidad desde el inicio de la gestión libertaria, según la proyección sobre los últimos datos del INDEC. En ese sentido, los datos que presentó Adorni en el Congreso permiten, también, comparar con los sectores adheridos al RIGI: la minería lidera la lista con 18.880 empleos distribuidos en siete proyectos; infraestructura suma 9700 puestos con la terminal multipropósito de Timbúes, en Santa Fe; petróleo y gas aportan 3944 vacantes; y siderurgia, 3800.

Operarios descargando trigo en la bodega de un buque en la terminal portuaria de la localidad de Timbúes, otro de los proyecto adheridos al RIGI. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

La otra cara en el debate sobre el trabajo aparece en el cruce con la foto del empleo reciente. Mientras el Gobierno apuesta a una transformación de la matriz productiva, el mercado laboral argentino arrastra problemas, no solo en la pérdida de puestos formales, sino también en el desempleo creciente especialmente en sectores jóvenes y una brecha cada vez más mayor entre las habilidades disponibles y las demandas de las nuevas empresas marcada por la automatización y el avance de la inteligencia artificial. Por lo que las lecturas sobre el trabajo no se asientan solo sobre el arribo de las inversiones, sino en cuántos puestos crearán, a qué velocidad, para quiénes, con qué calificaciones y durante qué período.

Sobre este aspecto, Caputo buscó marcar una diferencia de fondo respecto de la crítica habitual que se le hace al programa económico de Milei, presentando al Súper RIGI como una herramienta mucho más ambiciosa orientada, precisamente, a la industrialización. “Este es un esquema que no apunta al corto plazo, es un esquema del que se van a beneficiar todos los próximos gobiernos. Es un esquema que viene a transformar la matriz productiva argentina, incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales”, afirmó.

Mauro L. Muñoz

Los dos informes que difundió este jueves el INDEC llevaron alivio al gobierno nacional: marzo trajo un repunte tanto en la industria como en la construcción, dos sectores sensibles para medir el pulso de la actividad, el empleo y la demanda interna.

El organismo estadístico indicó que el IPI manufacturero mostró al tercer mes del año una suba interanual de 5%, mientras que en el ISAC trepó 12,7% respecto del mismo mes de 2025. El avance en la comparación desestacionalizada contra febrero fue de 3,2% y 4,7%, respectivamente.

Los datos ratifican estimaciones previas y cortan un fuerte desplome, especialmente en la industria. Y aunque lejos están de revertir la tendencia, dan aire al Gobierno tras un comienzo de año marcadamente negativo para la actividad.

En ese sentido se inscribió la lectura que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X: remarcó sobre la industria que "8 de las 9 categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes"; y sobre construcción que "la dinámica subyacente que mide el indicador tendencia-ciclo acumuló 5 meses consecutivos de expansión".

El dato fabril fue mejor que el de febrero y también mejor que lo que venía dejando el arranque del año. En marzo de 2026, el índice de producción industrial manufacturero muestra una suba de 5,0% respecto a igual mes de 2025. A eso se sumó una variación positiva de 3,2% mensual en la serie desestacionalizada y de 0,6% en la tendencia-ciclo.

El rebote se dio en diez de las dieciséis divisiones fabriles. Se registraron alzas en “Alimentos y bebidas”, con 7,9%; “Sustancias y productos químicos”, con 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, con 12,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con 13,5%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con 7,6%.

IPI manufacturero nivel general. Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 2004=100, en números índice. Enero 2016-marzo 2026

Sin embargo, también hubo ramas que profundizaron su caída, como “Industrias metálicas básicas”, 10,1%; “Maquinaria y equipo”, 11,3%; “Productos textiles”, 23,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,9%; “Productos de caucho y plástico”, 2,4%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 0,5%.

Marzo, entonces, trajo alivio estadístico, pero estuvo lejos de revertir el acumulado. El primer trimestre dejó a la industria 2,3% por debajo del mismo período del año pasado. Además, el comportamiento por sectores sigue marcadamente heterogéneo, con mejoras en químicos y refinación, pero todavía con caídas fuertes en ramas intensivas en mano de obra y expuestas al enfriamiento de la demanda interna.

El repunto en la construcción fue más visible todavía. El INDEC informó que “en marzo de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción muestra una suba de 12,7% respecto a igual mes de 2025”. En el acumulado del trimestre, el índice original presentó una mejora de 3,9% interanual. En la serie desestacionalizada, el avance mensual fue de 4,7%, mientras que la tendencia-ciclo subió 0,7%.

Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Serie original, desestacionalizada y tendencia-ciclo, base 2004=100, en números índice. Enero 2012-marzo 2026

El detalle del consumo aparente de materiales acompañó esa mejora. En marzo crecieron 24,0% los artículos sanitarios de cerámica; 18,0% las pinturas para construcción; 16,2% el hierro redondo y aceros para la construcción; 14,6% los ladrillos huecos; 13,7% el resto de los insumos —grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano—; 12,8% el hormigón elaborado; 11,6% el cemento portland; 10,3% el asfalto; 8,7% los pisos y revestimientos cerámicos; 7,9% las placas de yeso; 6,5% las cales; y 5,8% los mosaicos graníticos y calcáreos. Solo el yeso cayó, con una baja de 4,6%.

Al comentar el dato de la construcción de marzo, Caputo resaltó que los puestos de trabajo registrados en la construcción privada crecieron 1,1% interanual en febrero y acumularon una mejora de 1,5% en el primer bimestre del año. En paralelo, el informe agrega una advertencia sobre el rebote: la superficie autorizada por permisos de edificación cayó 5,3% interanual en febrero y acumuló una baja de 0,7% en el primer bimestre.

El trimestre tuvo una mejora desigual pero con varios rubros en verde como el 14,3% en pinturas, 13,6% en artículos sanitarios de cerámica, 9% en hormigón elaborado; en cambio, todavía siguen en rojo yeso, pisos y revestimientos, mosaicos, ladrillos huecos. Así, la medición muestra que el sector repuntó después de un febrero flojo, aunque el dato todavía está atravesado por una base de comparación baja y con un movimiento muy vinculado a la recomposición parcial de algunos insumos.

En medio de un proyecto de ley que contiene otros importantes cambios para el sector de las energías en general, el Gobierno Nacional ha decidido insistir con la quita del subsidio al gas natural por zona fría a casi todas las regiones que hoy gozan de esas ayudas, con excepción de aquellas áreas con los climas más extremos en invierno.

De llevarse a cabo lo que el gobierno se propone (ya fracasó en dos oportunidades con el mismo intento) solo quedarían bajo ese régimen los hogares de la Puna, la zona de Malargüe (en Mendoza) y de toda la Patagonia.

En pocas palabras, se trata de retrotraer esos beneficios al año 2022. Y sin esas ventajas quedarían los usuarios residenciales del sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, así como el norte de las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, en la zona central. Pero además se derrumbaría el precio especial del gas natural para casi toda San Luis y Mendoza (menos Malargüe), y buena parte de San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, con excepción de sus áreas cordilleranas y puneñas.

La ayuda sería entonces solamente para la Patagonia, y otras escasas áreas donde existe el servicio, junto a la Cordillera de los Andes o la región la Puna.

El texto propuesto por el presidente Javier Milei al Congreso ya fue rechazado en 2023 con la fallida ley Ómnibus que por tocar todo tipo de materias y normas fue rechazada por el Congreso, e insistió con un artículo en la Ley de Presupuesto 2026 pero el Congreso otra vez se ocupó de que no se modifique la Ley 27637 (de 2022) que amplió las regiones del país que eran alcanzadas por la Ley 25.565 (de 2002).

Aquella reforma, hoy vigente, partió en dos a la provincia de Santa Fe: Rosario y otras localidades provistas con gas natural gozaron desde entonces del subsidio cruzado, mientras que el centro de la provincia y lo poco del norte provincial que cuenta con esas redes quedaron fuera de esos beneficios.

El Poder Ejecutivo Nacional se propone obtener del Poder Legislativo una norma más amplia, que también toca otros tópicos para una reforma del sistema energético nacional. Y uno de ellos es especialmente relevante para aquellas provincias en las que sus distribuidoras provinciales o de carácter cooperativo ya han hecho del no pago de sus consumos de electricidad en el mercado mayorista una costumbre.

El proyecto reúne tres reformas que habían quedado fuera del Presupuesto 2026 enviado en septiembre. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la estabilidad fiscal para fuentes renovables, un aspecto clave para que por ejemplo los estados subnacionales o los municipios no propongan impuestos a la luz solar o al viento para gravar a los generadores verdes de energía eléctrica.

También, lo dicho para el régimen de subsidios por Zona Fría, y el tercer aspecto bastante más tentador para las provincias se atrasan en el pago de sus facturas a Cammesa.

La norma que recién ingresó al Congreso habilita un mecanismo para que las distribuidoras y transportistas eléctricas federales cancelen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, contra los ingresos no percibidos durante la emergencia tarifaria.

A esos tres puntos se añade la derogación del Decreto 929/2013, los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 y el Decreto 277/2022 en el capítulo de hidrocarburos. Es evidentemente un mensaje de ley para la negociación ante tantos fracasos por poder bajar el gasto en subsidios para los hogares donde encender las estufas es una cuestión vital.

El ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo, se reunió este miércoles con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quienes "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", indicó el funcionario.

Caputo se expresó sobre el encuentro en su cuenta oficial de la red social X, y lo calificó de "excelente". El ministro estuvo acompañado por su vice José Luis Daza y Daniel González, quienes recibieron en la Ciudad de Buenos Aires a la delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Como es habitual, el funcionario nacional dejó un mensaje en su cuenta de X, en este caso sobre el encuentro que mantuvo con referentes de la mencionada institución y sobre el que dijo fue una "excelente reunión en el Ministerio de Economía con José Luis Daza, Daniel González y la delegación de la organización empresarial".

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber) estuvo encabezada por su vicepresidente Niel Herrington. Por su parte, los invitados "destacaron la situación económica y agradecieron los avances logrados en tan poco tiempo para atraer inversiones", sumó Caputo.

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y, de la misma, "participaron los representantes de Amazon, Amgen Argentina, Bristol Myers Squibb, Cargill, Caterpillar Inc., Cisco Systems, Corteva Agriscience, DHL Argentina, Dow, Elsevier (RELX), Excelerate Energy, FedEx, General Motors, John Deere, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, MSD Argentina y Rio Tinto", enumeró Caputo.

La US Chamber es, tal como indica la descripción de su cuenta oficial de X, la organización empresarial más grande del mundo. "Abogamos, conectamos, informamos y luchamos por el crecimiento empresarial y el éxito de Estados Unidos".

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue parte del reducido staff de funcionarios que acompañaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación de su informe en el Congreso Nacional.

Caputo se mostró en uno de los balcones del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación junto al presidente de la Nación, Javier Milei; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.