Javier Milei descartó una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones sobre diferencias internas en el Gobierno y aseguró que su equipo ya trabaja en la estrategia para 2027. En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el Presidente también defendió su diagnóstico sobre la actividad económica y sostuvo que la Argentina mantiene perspectivas de crecimiento, pese a las dificultades que atraviesan algunos sectores.

Consultado sobre los rumores que ubicaban a Caputo fuera del Gobierno, Milei fue tajante. Los calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa” y afirmó que mantiene una relación de plena sintonía con el funcionario.

“Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo”, aseguró. Para explicar ese vínculo, relató una situación en la que ambos coincidieron en el planteo de una medida económica, pese a que el resto del equipo no lograba ponerse de acuerdo.

El mandatario sostuvo que existe una división de tareas dentro de la administración: mientras él se ocupa de la gestión y de la denominada batalla cultural, otra mesa aborda las cuestiones políticas. Sin embargo, remarcó que la decisión general del Gobierno depende de él y negó que haya un cuestionamiento interno al ministro.

Durante el reportaje, Feinmann también le preguntó si la Argentina está en recesión. Milei respondió que el análisis debe considerar la magnitud de las variaciones de la actividad y cuestionó el uso de indicadores desestacionalizados en una economía que, según su interpretación, atraviesa cambios estructurales.

El Presidente sostuvo que la apertura comercial, la incorporación de tecnología, la baja de impuestos y las desregulaciones están modificando el funcionamiento de distintos sectores. En ese escenario, reconoció que hay actividades que crecen y otras que atraviesan dificultades, pero negó que el país tenga un problema generalizado de empleo.

Como ejemplo, mencionó el efecto de las variaciones en los precios de la energía sobre las decisiones de producción de las empresas. Según explicó, una fábrica puede optar por detener temporalmente su actividad en los meses en que sus costos energéticos son más elevados, lo que puede incidir en las estadísticas mensuales.

Milei también defendió las perspectivas de crecimiento de su gestión. Afirmó que, tomando las estimaciones de mercado que mencionó en la entrevista, la economía podría acumular un crecimiento de entre el 16% y el 20% en cuatro años. Se trata de una proyección planteada por el Presidente, que vinculó con las reformas económicas y las inversiones previstas.

Otro de los tramos de la entrevista estuvo dedicado a la situación financiera y a la capacidad del Gobierno para responder ante una eventual corrida cambiaria.

Milei aseguró que cuenta con herramientas y recursos que, según su cálculo, equivalen a unos 125.000 millones de dólares para enfrentar una situación de ese tipo. En su enumeración incluyó mecanismos de refinanciación de vencimientos, dólares adquiridos, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, operaciones de dólar futuro y los ingresos previstos por el comercio exterior.

El Presidente aclaró que no está anticipando una nueva corrida, sino que busca contar con instrumentos para responder si se produce. También contrastó esa capacidad con la situación del año anterior, cuando, según su relato, el Gobierno debió afrontar una fuerte presión cambiaria en un contexto político y legislativo más adverso.

Las cifras expuestas durante la entrevista corresponden al cálculo presentado por Milei e incluyen instrumentos y flujos de distinta naturaleza; no equivalen necesariamente a reservas líquidas disponibles de manera inmediata.

En el tramo político, el Presidente afirmó que el Gobierno ya está diseñando su estrategia para 2027 y se mostró convencido de que podrá ganar las próximas elecciones presidenciales.

“Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar”, sostuvo. También señaló que espera fortalecer la representación oficialista en el Congreso para avanzar con las medidas de su programa.

Milei vinculó sus expectativas políticas con una eventual mejora de la actividad, la recuperación del salario real, la expansión del crédito y el ingreso de inversiones. Entre los factores que mencionó incluyó las privatizaciones, las obras viales y los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las definiciones del Presidente combinaron una defensa del rumbo económico, un respaldo explícito a Caputo y un mensaje de confianza electoral. Al mismo tiempo, dejaron planteado el contraste entre las proyecciones oficiales y las dificultades que enfrentan las actividades que todavía no muestran una recuperación sostenida.

El Gobierno nacional puso en vigencia este viernes la segunda Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que amplía los beneficios tributarios y restringe facultades de fiscalización de ARCA para intentar movilizar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

La Ley 27.826, promulgada mediante el Decreto 1160/2026 y publicada en el Boletín Oficial, modifica el régimen aprobado a fines de 2025, con el que la administración de Javier Milei procuró incentivar la formalización de ahorros mediante una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

"El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada", había afirmado el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la reforma el 22 de julio. El funcionario explicó que la iniciativa surgió de observaciones de especialistas tributarios y de la necesidad de ofrecer mayores garantías frente a eventuales inspecciones.

En aquella presentación, Caputo sostuvo que los depósitos bancarios en dólares rondaban los US$40.000 millones, mientras que los ahorros fuera del circuito financiero superaban cuatro veces ese monto.

La comparación permite dimensionar la expectativa oficial, aunque no significa que la totalidad de esos recursos pueda incorporarse mediante la nueva legislación.

El Gobierno deberá avanzar ahora con las normas complementarias, mientras ARCA dispone de 30 días para reglamentar el régimen especial de reducción de multas. El dato será cuánto dinero efectivamente ingresa al sistema financiero y qué parte de ese movimiento puede atribuirse a las nuevas garantías fiscales.

La primera Inocencia Fiscal, sancionada mediante la Ley 27.799, introdujo cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario. Elevó de $1,5 millones a $100 millones el umbral de evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones el de una de las modalidades agravadas. Modificó los plazos de prescripción y creó una declaración simplificada de Ganancias con presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, el acceso estaba restringido a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y que no estuvieran categorizados como grandes contribuyentes nacionales.

La segunda ley elimina los límites patrimoniales y de ingresos. Su artículo 38 establece que podrán optar por la modalidad simplificada las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

Los grandes contribuyentes también podrán utilizar ese mecanismo para presentar y pagar Ganancias, aunque sin acceder a sus restantes beneficios.

Se amplía entonces la simplificación administrativa, pero no se extienden a todos las mismas garantías ante eventuales fiscalizaciones.

La revisión respondió a los cuestionamientos técnicos que había recibido el sistema durante sus primeros meses de funcionamiento. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, participó de la presentación de los cambios junto a los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina.

Uno de los puntos centrales de la nueva reforma es la redefinición de la denominada discrepancia significativa, que determina cuándo el organismo recaudador puede desconocer la presunción de exactitud de una declaración.

La primera ley contemplaba diferencias iguales o superiores al 15% del impuesto declarado como una de las causales para habilitar mayores controles. La nueva norma mantiene ese porcentaje, pero establece que no se configurará esa causal cuando la diferencia no supere el 5% del monto penal correspondiente a evasión simple.

El cambio evita que una diferencia porcentualmente importante, pero reducida en pesos, provoque por sí sola la pérdida de las protecciones. Subsisten otras causales, como ajustes superiores al umbral penal o irregularidades vinculadas con documentación apócrifa.

La ley también dispone expresamente que la carga probatoria para establecer una discrepancia significativa recaerá sobre ARCA, utilizando la información declarada por el contribuyente, sus propios registros o los datos proporcionados por terceros.

Además, limita determinadas presunciones que anteriormente podían utilizarse para fundamentar diferencias impositivas.

La modificación atiende una de las principales preocupaciones de quienes evaluaban adherir: que el movimiento de fondos hacia el sistema formal terminara habilitando investigaciones patrimoniales sobre ejercicios anteriores.

Otra novedad es la posibilidad de presentar una declaración rectificativa sin perder automáticamente los beneficios del régimen.

El contribuyente contará con 15 días hábiles desde las notificaciones administrativas previstas en la ley para corregir determinadas diferencias y cancelar o regularizar el impuesto resultante, incluidos sus intereses.

En esas condiciones, la diferencia subsanada no será computada para determinar una discrepancia significativa.

También se incorpora un mecanismo de reintegro cuando ARCA impugne el régimen y posteriormente esa decisión quede anulada o revocada mediante resolución firme favorable al contribuyente.

Si hubo pagos derivados del reclamo fiscal, el organismo deberá devolverlos con intereses dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación correspondiente.

La garantía tiene límites. El artículo 42 ter establece que la adhesión no interrumpe ni invalida procedimientos de fiscalización o determinación tributaria notificados con anterioridad.

La segunda reforma incorpora disposiciones específicas para utilizar fondos dentro del circuito formal.

Como regla general, las operaciones deberán canalizarse mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, aunque se contempla una excepción para pagos en efectivo realizados al otorgarse determinadas escrituras públicas sobre inmuebles.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, esos fondos tendrán un tratamiento especial. A los efectos de Bienes Personales, se considerarán incorporados al patrimonio en la fecha de la operación.

Sebastián Domínguez, especialista de SDC Asesores Tributarios, explicó a La Nación que la legislación original "tenía muchas falencias", particularmente para quienes pretendían utilizar ahorros no declarados en operaciones inmobiliarias.

La modificación reduce el riesgo de reclamos retroactivos sobre la tenencia de esos fondos. Sin embargo, no elimina las exigencias antilavado.

La ley dispone que la adhesión al sistema simplificado deberá considerarse un antecedente favorable para los sujetos obligados, pero mantiene sus responsabilidades de identificación y debida diligencia.

La Unidad de Información Financiera tiene 15 días hábiles desde la publicación para emitir la normativa complementaria.

El texto promulgado también recoge uno de los cambios introducidos durante el debate parlamentario: los funcionarios públicos comprendidos en la nueva legislación podrán utilizar el procedimiento simplificado, pero no acceder a su presunción de exactitud ni a las restantes protecciones.

La restricción incluye determinados cargos jerárquicos, legisladores, magistrados y otras autoridades, incluso cuando los hayan ejercido durante los cinco años anteriores.

La discusión por estos beneficios había condicionado el tratamiento en Diputados. Su modificación permitió avanzar con el dictamen y posteriormente con la sanción del Senado, que aprobó la ley el 17 de septiembre por 44 votos afirmativos y 23 negativos.

La reforma también incorpora una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para MiPyMEs, personas humanas y otros sujetos comprendidos, excluidos los grandes contribuyentes.

A ello suma un régimen extraordinario de reducción del 50% para ciertas infracciones anteriores a su vigencia, condicionado al cumplimiento de las obligaciones omitidas y a la aceptación de la pretensión fiscal correspondiente.

En otro capítulo, modifica las escalas de sanciones por incumplimientos de registración del trabajo rural ante el RENATRE, cuyos montos comenzarán a actualizarse anualmente mediante la UVA desde 2027.

Las transferencias automáticas a provincias durante septiembre crecieron 4,2% real. La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) traccionada por Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron -6,1%.Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 7,08 billones; al medirlas en términos reales.

Con relación a agosto exhibieron un alza del 1,3%, según un informe de Politikon Chaco.

Los envíos por Coparticipación alcanzaron los $ 6.457.735 millones (91% del total), exhibiendo un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).

Por su parte, el conjunto de LEYES Y REGÍMENES ESPECIALES totalizaron envíos por $ 337.968 millones (5% del total) con un desempeño positivo de +9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133,0%) y Monotributo (+29,9%) mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).

Finalmente, los recursos por COMPENSACIÓN DEL CONSENSO FISCAL totalizaron $ 282.215 millones (4% del total) pero en este caso, exhibieron una baja del 6,1% real i.a.

En este mes, el resultado fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño.

Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de +5,5%) y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, otras cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires la que exhibió el incremento más leve (3,1%).

En el caso de Santa Fe, la bota cuenta con 4,1% y se ubica por debajo del total subnacional de 4,2%, dentro de los cuatro distritos de menor incremento.

La provincia de Santa Fe se había posicionado en julio como una de las jurisdicciones beneficiadas por el repunte en la llegada de recursos federales según uno de los más recientes reportes del Iaraf. Durante ese mes, el distrito recibió un total de $621.187 millones, lo que representa un incremento nominal del 44,0% respecto al mismo mes del año anterior.

Al descontar el efecto de la inflación, por aquel entonces la Casa Gris obtenía una mejora real del 7,9% en sus ingresos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Este incremento significó para las arcas santafesinas un excedente de $45.499 millones -a precios constantes de julio- lo que equivale a un beneficio per cápita de $12.835 por habitante solo en este mes.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, Santa Fe registraba envíos por $3.768.732 millones, lo que se traducía en una caída real del 1,7% respecto al mismo periodo de 2025, con una pérdida acumulada de $70.006 millones a valores de hoy, contabilizando leyes especiales y compensaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el incremento del riesgo país responde en parte al contexto internacional y en parte al temor político local, ratificó que no buscará competitividad vía devaluación y argumentó por qué la reforma previsional debe ser el último paso del plan de gobierno.

En el marco del Coloquio de IDEA, en una entrevista grabada con el presidente del encuentro empresario, Fabián Kon, el ministro exhibió un cuadro comparativo sobre los resultados financieros y macroeconómicos de las últimas cuatro gestiones y remarcó que el principal hito del programa en marcha es haber alcanzado la estabilidad respetando la propiedad privada y la santidad de los contratos.

Caputo enfatizó que, a diferencia de crisis pasadas, el ordenamiento fiscal se logró sin recurrir a "expropiaciones, planes Bonex, corralito, corralones" o subas de impuestos.

Consultado por Fabián Kon sobre la reciente volatilidad financiera y el aumento del riesgo país -que pasó de un promedio de 450 a rozar los 600 puntos básicos-, el ministro desglosó los factores detrás de esta dinámica.

"Yo diría que mitad es atribuible al contexto internacional, sin duda, que está afectando a todos los países", sostuvo Caputo al referirse al shock externo provocado por el alza de las tasas internacionales y el precio del petróleo.

No obstante, admitió que la otra mitad responde a incertidumbres domésticas: "Ha sido parte propia que viene dada más que nada por este temor que tienen algunos a que se vuelva al pasado", concepto que sintetizó como el "temor a volver al infierno".

Pese a este escenario, el titular del Palacio de Hacienda calificó esta desconfianza como "totalmente exagerada" y descartó un retorno a esquemas populistas.

Uno de los tramos más enfáticos de la exposición de Caputo estuvo centrado en su negativa a modificar el tipo de cambio para ganar competitividad empresarial. "No creemos que sea devaluando como típicamente quieren algunos economistas, algo que obviamente nunca funcionó en Argentina", afirmó

En ese sentido, ironizó sobre la historia económica del país: "Si fuera así seríamos Suiza porque nadie devaluó tanto su moneda como nosotros". El ministro advirtió que la devaluación solo deteriora el tejido social, señalando que "la devaluación es simplemente sueldos miserables para la gente".

En su lugar, sostuvo que la competitividad genuina debe construirse mediante la rebaja de tributos, la desregulación de mercados, la mejora en infraestructura y la reducción del costo financiero.

Al abordar el capítulo impositivo, Caputo diferenció la estrategia de coyuntura de la reforma integral. Tras calificar la estructura tributaria argentina como "desastrosa" y "engorrosa", aclaró que una transformación de fondo requiere consensos con gobernadores y mayorías parlamentarias.

Destacó que la gestión avanzó de forma gradual reduciendo tres puntos del PBI en impuestos y prevé bajar un punto adicional. Asimismo, ratificó el horizonte formal de simplificación tributaria: "Pos 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva y demás", dijo.

Con respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), explicó que actúa como un puente para garantizar previsibilidad cambiaria y fiscal, destacando que ya existen proyectos aprobados por más de 56.000 millones de dólares y más de 150.000 millones de dólares adicionales en carpeta.

Requerido sobre el futuro del sistema jubilatorio, Caputo justificó la decisión oficial de postergar la reforma jubilatoria para la etapa final del proceso de transformación. "La reforma previsional tiene que ser la última de las reformas. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en lo que se llama un steady state", detalló el funcionario.

El ministro argumentó que diseñar un nuevo marco previsional sin conocer el estado de equilibrio ni la proyección de recursos de largo plazo terminaría perjudicando a los haberes de los jubilados.

A su vez, contextualizó el problema en la caída de la tasa de natalidad y en el legado institucional recibido: "El kirchnerismo metió prácticamente dos tercios de los jubilados de hoy sin los aportes correspondientes".

En materia de empleo e informalidad, el jefe de Economía ponderó las modificaciones normativas impulsadas para incentivar la registración laboral. "Hemos bajado las cargas patronales del 20 al 2%", puntualizó, asegurando que la medida busca eliminar las distorsiones que incentivaban el trabajo no registrado.

Finalmente, Caputo hizo un llamado explícito a las provincias y municipios para que acompañen el esfuerzo de competitividad mediante la eliminación de tributos distorsivos, poniendo como ejemplo el caso de una provincia que anunció la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la industria.

"Acá la reforma impositiva no es solo qué nivel de impuestos tenés, sino también que paguen todos. La informalidad es muy alta. En Argentina más del 7%, 8%, 9% del PBI son impuestos distorsivos. Hay que eliminarlos; no digo bajar todos los impuestos y desfinanciar al gobierno. Digo: cambiémoslo por impuestos que no sean distorsivos".

Santiago Mignone -presidente de IDEA- sintetizó así a El Litoral el planteo empresario ante un gobierno que en boca de Javier Milei se define en similar sentido. ¿Pero prevé hacerlo en pleno año electoral, con reclamos cruzados de industria y comercio frente a demandas del FMI?

El debate impositivo en la Argentina vuelve a situarse en el centro de la escena económica. La llegada de una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Joyce Wong -la tercera revisión define un desembolso de US$ 867 millones- pone a prueba el compromiso nacional con el superávit primario, fijado en 1,4% del PBI para 2026.

En sus recomendaciones técnicas para consolidar la meta fiscal y ampliar la recaudación, el FMI ha vuelto a sugerir reformas estructurales sobre los impuestos de mayor masa impositiva: 

Impuesto a las Ganancias: Ampliar la base de contribuyentes de la cuarta categoría mediante la reducción del piso a partir del cual tributan los empleados en relación de dependencia.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Extender la base imponible del tributo hacia bienes y servicios que actualmente se encuentran exentos.

Monotributo: Reformar el régimen simplificado para incrementar los topes y valores de las categorías.

Desde la perspectiva oficial, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ratifica la regla del déficit cero, estimando un resultado financiero superavitario de $246.741 millones, sobre la hipótesis de un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%.

Un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el proyecto presupuestario advierte que la presión tributaria efectiva nacional aumentará del 21,1% del PBI en 2026 al 21,7% en 2027 (+0,64 p.p. del PBI), a contramano del discurso que sostiene el Ministerio de Economía como propósito de gestión.

De acuerdo con las proyecciones del IARAF, la mayor carga tributaria en 2027 estará explicada por subas en

Ganancias: +0,24 p.p. del PBI (alcanzando un 4,89% del PBI).

IVA Neto: +0,23 p.p. del PBI (subiendo al 6,95% del PBI).

Impuesto a los Combustibles: +0,19 p.p. del PBI (hasta 0,86% del PBI).

Derechos de Exportación (retenciones): +0,10 p.p. del PBI (alcanzando el 0,85% del PBI).

Derechos de Importación y Tasa Estadística: +0,08 p.p. del PBI.

Créditos y Débitos en Cuenta Corriente (Impuesto al Cheque): +0,03 p.p. del PBI

En contraposición, las únicas bajas proyectadas por el IARAF corresponden a la Seguridad Social (-0,19 p.p. del PBI, ubicándose en 5,07%) y a Bienes Personales (-0,03 p.p. del PBI).

Si bien la presión de 2027 (21,7%) continúa 4,4 p.p. por debajo del pico histórico registrado en 2015 (26,1%) y es inferior a los niveles de 2023 (22,6%) y 2024 (23,0%), el IARAF evidencia que el Gobierno proyecta una mayor recolección fiscal basada en tributos vinculados al consumo, los ingresos y el comercio exterior.

Para el campo y la agroindustria de la región pampeana, los datos del Presupuesto confirman que la presión efectiva de los Derechos de Exportación aumentará del 0,75% al 0,85% del PBI en 2027. Pero el sector pone sus mejores expectativas en el mediano plazo.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras remarca que el sector registra un flujo constante y previsible de liquidaciones de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones mensuales, apoyado en una cosecha proyectada en torno a los 150 millones de toneladas.

En relación con el esquema de retenciones -el más relevante para el sector- contempla una reducción gradual del 0,5% mensual a partir de enero de 2027, lo que llevará la alícuota de la soja (hoy en 24% para el grano y 22,5% para subproductos) al 14% a fines de 2028.

Además, el acuerdo UE-Mercosur establece la eliminación total de retenciones tres años después de su entrada en vigor (mayo de 2029), excepto para la soja.

A corto plazo, a pesar de los reclamos del sector productor por una aceleración de las bajas, las autoridades gubernamentales y las cerealeras coinciden en que el Gobierno no tiene margen fiscal para encarar una baja inmediata o anticipada de retenciones. Por ende, el agro deberá convivir con los niveles actuales durante el próximo ciclo productivo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación ante una caída de la producción industrial del -4,9% interanual (afectando a 12 de los 16 rubros medidos por INDEC).

La entidad remarcó que la industria argentina enfrenta una presión fiscal formal del 56% (récord a nivel internacional), sumada a tarifas energéticas industriales (GUDI) con incrementos de entre 90% y 100% y un nivel de crédito bancario al sector privado de apenas el 12% del PBI (frente al 60% en la región).

Ante este cuadro, la central fabril presentó a la Subsecretaría PyME un paquete técnico con propuestas de alivio impositivo coyuntural que incluye la suspensión de embargos bancarios por 180 días y facilidades para la migración entre planes de pago, además de la reducción de tasas de financiación de ARCA para micro, pequeñas y medianas empresas.

El planteo requiere el diferimiento del pago de IVA a 180 días para actividades de carácter estacional y la anualización de cargas sociales y postergación de contribuciones patronales para las economías regionales. También la agilización en la devolución de saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.

Las entidades representativas del comercio y los servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), fijaron tiempo atrás una postura crítica frente a las exigencias del organismo internacional.

La CAC tachó de "inapropiada" la pretensión del FMI de ampliar la base de Ganancias sobre los salarios o aplicar subas de magnitud al Monotributo.

Por su parte, CAME argumentó que reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos en Ganancias o IVA solo logra contraer la demanda interna y el consumo, sin resolver los verdaderos problemas de competitividad.

De todas maneras -no es novedad- para CAME, el verdadero "nudo fiscal más dañino" está en la presión subnacional:

Ingresos Brutos (IIBB): Es un impuesto en cascada que representa entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una Pyme, cobrándose sin importar si existe utilidad o pérdida.

Tasas Municipales: Tasas como la de Seguridad e Higiene representan entre un 0,3% y un 1,2% adicional sobre las ventas brutas, muchas veces sin contraprestación efectiva de servicios.

Retenciones provinciales y saldos a favor: Los regímenes de pago anticipado provincial generan saldos a favor cuya devolución demora entre 12 y 36 meses, provocando pérdidas de entre el 60% y el 80% de su valor real por inflación.

Como solución estructural, CAME plantea la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal que elimine Ingresos Brutos en las etapas productivas intermedias (fijándolo únicamente en la venta final al consumidor, como el IVA) y dote a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de facultades para fiscalizar la devolución obligatoria de los saldos a favor en todo el país.

Para el 329 a. C., el rey persa Darío III y los sátrapas de Bactria ya habían muerto, cuando Alejandro Magno reinaba sin resistencias aparentes en Asia Central. Excepto por sogdianos refugiados en un “nido de águila”, en las montañas Hisar, en el extremo Este de lo que hoy es Tayikistán/Uzbekistán. Es una delicia escuchar las conferencias de la historiadora Eva Tobalina repasando los hechos.

Al implacable macedonio no lo conmovieron el cruel invierno ni las alturas nevadas. Muchos de los 300 hombres que envió a escalar por encima de su enemigo para sorprenderlo, murieron en el intento. Pero logró su cometido: sometió lo que parecía el inexpugnable reducto de Oxiartes e incluso se casó con su hija Roxana, apodada “la pequeña estrella” y considerada “la mujer más hermosa de Asia”.

Sátrapas hubo que se avasallaron ante Alejandro, no por propia convicción sino ante la evidencia del poder. Poco a poco en la Argentina, se acallan (ocultan) las voces que piden la devaluación. Lo hicieron Roberto Frenkel y Miguel Ángel Broda a principios de agosto, y Gita Gopinath (exsubdirectora del FMI) a finales del mes pasado.

Carlos Melconian calculó en una reciente entrevista con Marcelo Longobardi, que el tipo de cambio de Néstor Kirchner equivaldría hoy a “menos de 3 mil pesos”. Pero también advirtió que deben evaluarse temas como los subsidios a competidores externos que traen sus productos al país, o los impuestos a fabricantes argentinos que otras economías del mundo no tienen.

“Hay un tipo de cambio que no te arregla el problema del queso (hecho en el país), pero que te da un poco más de relax para la transición”, sugirió el economista y candidato eventual a presidente según él mismo reconoció.

Algo similar a lo que plantea por estas horas el presidente de la UIA; el centro empresario más afectado por la marcha implacable de Luis Caputo ya no pide devaluar. No porque no lo quieran, pero saben en la entidad fabril que el ministro no va a modificar el rumbo hacia un 2027 con comicios presidenciales.

Incluso Domingo Cavallo fue algo más cauto de lo habitual sobre el tipo de cambio en la Argentina. Claro que el exministro pide “liberar el cepo” y eso supondría una flotación por encima de los $1.438 del dólar mayorista para la venta. Sería de hecho una devaluación.

“Devaluar es bajarle el salario a la gente”, viene advirtiendo Caputo, con evidencia histórica que lo avala: la inflación también es cruel, en especial con los más débiles. Para el ministro, “es cierto que hay precios caros en dólares, pero la solución no es devaluar, la solución es que los precios bajen. Y bajan con menos impuestos y más competencia”, asegura.

Ahora el dilema es que, con devaluación vuelve la inflación, pero sin baja de impuestos -como la que promueve Caputo y reclama la UIA- no hay reactivación por productividad que pague mejores salarios, dinamice el consumo y recupere la recaudación que permita… bajar impuestos.

Antes de conquistar la cordillera del Hissar, Alejandro Magno llegó a enfrentarse con "Clito el negro” (los bienpensantes no adjetivaban por entonces).

Era un veterano lugarteniente que había servido en las filas de Filipo el Grande (padre de Alejandro) e incluso salvó la vida del joven líder macedonio en la batalla del Gránico (334 a. C.). Tras un banquete en Samarcanda, cuando Clito reclamó por las inclementes estrategias a su jefe, Alejandro lo asestó con una lanza que le atravesó el pecho.

No es que haya magnitudes comparables entre aquellos hechos y el presente económico argentino. Pero acaso la historia sirva para reflexionar si la línea de la perseverante virtud no ha sido cruzada hacia el territorio del imprudente empecinamiento.

Es un ejercicio contrafáctico, de meditación razonada, de argumento debatido. Al menos para ponderar cuáles son los costos eventuales de cambiar o seguir adelante, para llevar la empresa (la campaña) a mejor destino, o al menos con mejores modos.

Descartada Cristina Fernández por cumplir una condena efectiva -por corrupción probada-, Axel Kicillof es en los hechos el principal referente de una oposición que podría alcanzar el poder por el voto en el país.

El bonaerense le cuestiona a Milei las 30 empresas que cierran por día, acusa al gobierno de apuntar a un modelo de “primarización productiva” y “precarización laboral”, y reclama fondos que “le robaron a las provincias”.

¿Hay espacio para una oposición moderada y electoralmente competitiva en la Argentina? Maximiliano Pullaro no confronta con Milei por su prudencia fiscal, pero sostiene el discurso “productivista” y advierte contra el kirchnerismo que se llevaba recursos fiscales santafesinos para hundirlos en el conurbano bonaerense, sin más trascendencia que la subsistencia y la conveniencia electoral.

Es solo un ejemplo; el santafesino hoy no expresa una aspiración presidencial… al menos no en público.

De Milei a Kicillof, nadie expone una propuesta de inclusión socioproductiva para el conurbano bonaerense. No hay evidencia de que la minería o Vaca Muerta ayuden a solucionar ese problema; tampoco hay fundamento para descalificar esas iniciativas que se suman a la agroindustria para generar divisas en un país que las necesita, solo porque son (falsamente) catalogadas como “extractivistas”.

Si en la Argentina existe hoy un consenso, o al menos una tendencia a algo parecido, es que la apertura es necesaria para exportar, que las Pymes son indispensables para dar trabajo y que la productividad necesita inversión privada, pero también baja de impuestos y rutas. Pero los actores de la conversación pública están demasiado ocupados en descalificar y contratar encuestas.

Alejandro Magno ya había cruzado el Indo cuando en el 326 a. C. ganó la Batalla del Hidaspes al rey Poros, soberano del reino de Paurava, en el actual Pakistán. Para entonces, el más grande estratega de la historia perdió a su caballo Bucéfalo y descubrió que Aristóteles no estaba en lo cierto cuando le enseñaba que el fin del mundo estaba por esas latitudes.

La India, y aún China, se extendían en magnitudes imposibles antes de llegar a una nueva orilla oceánica en el naciente.

El gran macedonio se convenció allí, junto a los suyos, de volver sobre sus pasos; murió en el intento, a los 33 años en Babilonia. Sus generales dividieron los territorios ganados, la herencia cosmopolita apenas resiste hoy los nacionalismos. El imperio no subsistió a falta de líder, creencia, cultura, idioma o tolerancia en favor de un propósito en común.

Puede Milei conquistar el “nido de águila” de la inflación; incluso con costos cruentos parece ser eso necesario. Pero más allá de la reforma impositiva pendiente, de los inexistentes créditos razonables a producción y consumo, hay un escenario por gobernar antes de que se recompongan el empleo y la recaudación, indispensables incluso para pagar universidades y discapacidad.

La inflación derroca al gobernante, pero gobernar no es derrotar la inflación. La inteligencia artificial y la robótica desafían los modos de producción; un mundo en guerra tensiona la energía y las monedas; los algoritmos secuestran conciencias adultas y condicionan el aprendizaje de los más chicos.

Son magnitudes que interpelan al más poderoso, o a quien se proponga en el poder. Incluso si alcanza a cruzar el Indo.

Las municiones argumentales de la pelea por el poder se recargan en los próximos días. El miércoles el INDEC publicará el Índice de Precios Mayoristas, que puede alentar las buenas noticias que busca el gobierno. También se difundirá el Costo de la Construcción (ICC) de agosto, que augura lo contrario.

El jueves se difundirán el anticipo del PBI del segundo trimestre y el Índice de Confianza del consumidor de la UTDT, que en julio cayó 4,8% y en agosto 1,1%. Por otra parte el viernes cierran la balanza comercial y el resultado fiscal que alienta argumentos oficiales, a pesar de una recaudación que volvió a perder contra la inflación.

Son marcadores de un país en el que predomina la negación a una conversación política de calidad y prevalecen los extremos en la descalificación. La arquitectura maniquea de la escena política es la estructura discursiva, electoral y mediática diseñada para reducir la vida pública a una confrontación binaria entre dos polos que se perciben dueños del bien absoluto contra el mal absoluto.

Milei pidió este lunes a sus ministros “no dejarse sicopatear” y cuidar la “reputación económica” reconstruida en los últimos años. Planteó evitar que las presiones políticas alteren el rumbo del programa. Y condensó el mensaje repitiendo una frase: “Al populismo no se le gana con populismo”.

Eso mientras la economía exhibe que el beneficio de la baja de inflación persiste pero no alcanzaría por sí solo para traccionar la baja de la pobreza. El 24 de este mes se dará a conocer el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares; 1,7 millones de argentinos habría vuelto a la “pobreza estadística” (carece de ingresos suficientes para la subsistencia).

Un reciente informe elaborado por la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros advierte que los buenos datos en los precios al consumidor quedaron opacados por indicadores de actividad sumamente débiles, sin los cuales no habrá salarios y consumo en recuperación.

“Los datos de actividad publicados en la última semana volvieron a poner en el centro los riesgos de que Argentina ingrese a una recesión técnica -dos trimestres consecutivos de caída del PBI- ante el fuerte retroceso que mostraron en julio la actividad industrial, la construcción y hasta la actividad minera que venía siendo el principal motor de la actividad”.

Cabe recordar que el Índice de Producción Industrial sufrió un desplome del 5,0% mensual y del 4,9% interanual, marcando su peor desempeño desde marzo del año pasado y retrocediendo a niveles de junio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la industria arrastra un deterioro del 2,6% i.a.

La construcción se contrajo un 4,6% mensual y un 4,5% interanual, aunque preserva un leve saldo positivo del 1,7% en lo que va del año. Pero incluso la minería -uno de los “nuevos motores” que demora sus evidencias porque las inversiones maduran a plazo- experimentó un retroceso mensual del 0,9%, aun cuando mantiene un crecimiento acumulado del 7,7% en el año.

Cohen destaca que la nota favorable de la semana la aportó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que anotó un alza del 1,7% mensual (frente al 2,1% de julio), registrando el incremento más bajo de los últimos 14 meses.

Esta desaceleración estuvo promovida por la caída de los precios estacionales (-0,9% m/m), mientras que la inflación núcleo (Core) se ubicó en 1,8% m/m y los precios regulados subieron un 2,2% mes contra mes. Así, la inflación acumulada en el año se sitúa en 21,3%, con un registro interanual del 34%.

Sin embargo, esta calma relativa en los precios convive con una creciente tirantez en el mercado cambiario. A pesar de un ritmo fluido de liquidación de divisas por parte del sector agropecuario (a razón de US$ 130 millones diarios) y de buenos valores para las exportaciones petroleras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas logró comprar un promedio de US$ 10 millones por día.

La mayor demanda neta por otros conceptos redujo las reservas internacionales brutas en US$ 290 millones, cerrando en US$ 50.469 millones. Por su parte, el tipo de cambio oficial se sostuvo sin variantes en $1.510, en un contexto de tasas holgadas donde la TAMAR se ubicó en 23,8% TNA y la tasa de pases en 20,2%, destaca Cohen.

Este marco permitió al Tesoro concretar una renovación de vencimientos de corto plazo (rollover del 103,5%), evitando convalidar costos elevados en los tramos largos de la curva. Paralelamente, los títulos de deuda en dólares mostraron comportamientos dispares y el riesgo país se posicionó en los 485 puntos básicos.

Al proyectar el horizonte cercano, el informe de Cohen plantea un escenario donde los márgenes de maniobra se estrechan y la atención se focaliza en dos variables críticas: la capacidad de compra del BCRA y la sostenibilidad de las tasas bajas.

La posibilidad de evitar una fase recesiva extendida dependerá de si los meses de agosto y septiembre logran revertir el sesgo contractivo del PBI. Una persistencia en la caída de la producción industrial y la construcción no solo minaría la recaudación fiscal, sino que postergaría aún más la recuperación del consumo interno.

El mercado financiero descuenta una inflación implícita promedio del 1,8% mensual para septiembre y octubre, proyectando un escalón inferior hacia el 1,6% mensual a partir de noviembre.

Cohen advierte que lo que aparece en el horizonte de lo posible es un equilibrio frágil. La estabilidad del dólar y la contención de los precios otorgan un marco de previsibilidad financiera a corto plazo, pero la economía real requiere señales de reactivación que por ahora la desinflación pura no ha podido generar por sí sola.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.

Por operación propia, el FGS tiene la opción de colocar dinero a plazo fijo. Ahora la entidad subastará esos plazos fijos a los bancos a plazos de 1 y 5 años.

El monto total disponible para este programa es de $ 2 billones, equivalente a unos US$1.500 millones.

La tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años.

Con esta base los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El plazo mínimo será de 15 años y no podrán superar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

El dinero deberá ser otorgado para la adquisición de primera vivienda y su estricto uso estará controlado por el Banco Central.

La primera licitación –que será controlada por el Banco Central y se realizará a través del SIOPEL- se realizará la semana próxima y será por $ 200.000 millones.

Una vez entregado el dinero el Banco Central auditará que se asigne a los créditos en los plazos acordados.

Caputo estimó que dado que se estima que los bancos otorgan el 70% del valor de la vivienda, el monto asignado a este programa podría darle solución habitacional a unas 17.000 familias.

El ministro estimó que a los montos actuales la cuota a pagar a 30 años sería de $ 865.000 por un crédito de aproximadamente US$100.000. El ingreso neto a demostrar por el grupo familiar sería de algo más de $ 3.4 millones.

“Esto se combina con lo que anunciamos hace dos semanas que los bancos podrán prestar en dólares solo a personas jurídicas por no más de un 15% de sus depósitos”, añadió Caputo.

El ministro señaló que “de esta manera atacamos la oferta como la demanda” porque por un lado desarrolladores tendrán acceso a financiamiento en dólares y “por otro lado se le da impulso a los créditos”.

En plena discusión con las provincias por el estado de las rutas y el destino de los recursos nacionales destinados a mantenerlas, Luis Caputo anunció una nueva etapa del modelo con el que el gobierno de Javier Milei pretende reemplazar la obra pública vial.

El ministro de Economía confirmó este viernes la adjudicación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores. Tres de ellos atraviesan Santa Fe y abarcan cuatro de sus principales arterias nacionales: las rutas 9, 11, 19 y 34.

“Con esta adjudicación, completamos más de 9.000 km de las principales rutas nacionales que estarán todos en obra a partir de fin de septiembre”, sostuvo Caputo. Se trata. según dijo, de 16 tramos estratégicos por los que circula “cerca del 80% del tránsito del país”.

“Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos”, afirmó el ministro, quien aseguró que la nueva etapa tendrá financiamiento “100% privado”. El esquema también incorpora el cobro de peajes a los usuarios y nuevas estaciones sobre varios de los corredores santafesinos.

El anuncio aparece en medio de críticas sobre el destino de los fondos viales que Nación recauda vía impuesto a los combustibles, a la vez que distintas provincias reclaman por rutas deterioradas y la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento.

Caputo no informó en su anuncio los nombres de las empresas que resultaron adjudicatarias ni detalló las tarifas ganadoras de cada tramo. Según el dictamen previo del proceso licitatorio, diecinueve interesados habían superado la evaluación técnica y la definición debía regirse por la menor tarifa de peaje ofertada.

De acuerdo al criterio previo, la explotación del Tramo Chaco-Santa Fe debía recaer en José Eleuterio Pitón S.A. - ROVIAL S.A. - OBRING S.A, con un peaje estimado de $ 4.259,20 con IVA; del Tramo Centro en AFEMA S.A. - PABLO FEDERICO E HIJOS S.A. - GUIDO MOGETTA S.A., con una propuesta de $1.399 sin IVA; y el Tramo Centro-Norte a José Cartellone Construcciones Civiles SA, con un valor de peaje de $1.295,96.

El denominado Tramo Centro reúne la autopista de la RN 9 entre Rosario y el acceso a Córdoba; la RN 19 desde Santo Tomé hasta el límite interprovincial; y la RN 34 desde Rosario hasta su empalme con la 19. Los pliegos técnicos establecen una longitud total de 679,03 kilómetros para el corredor completo entre Santa Fe y Córdoba.

La importancia excede largamente al traslado de pasajeros. Son trazas sobre las que se mueve buena parte de la producción agroindustrial del centro del país y que vinculan el área portuaria del Gran Rosario con Córdoba y con el corredor que avanza hacia el Noroeste. Sobre ellas, el adjudicatario no recibirá solamente la obligación de mantener lo existente. El pliego establece entre las obras obligatorias la reconstrucción de losas de hormigón sobre las rutas 9 y 19, la construcción de banquinas pavimentadas en la autopista 9 entre Rosario y Carcarañá y trabajos de mantenimiento sobre el puente del río Carcarañá en la RN 34.

La segunda es el Tramo Centro-Norte, integrado íntegramente por la RN 34 desde su empalme con la RN 19 hasta La Banda, en Santiago del Estero, con 536,43 kilómetros de extensión. Acá aparece una de las excepciones de mayor escala dentro de un esquema predominantemente orientado al mantenimiento: el concesionario deberá construir una autopista sobre la 34 entre los kilómetros 231 y 247, en el sector norte del área de Rafaela. El pliego define esa intervención como obligatoria y la fundamenta en la necesidad de mejorar “la capacidad y la seguridad vial” del corredor.

Finalmente está el Tramo Chaco-Santa Fe, que comprende 497,18 kilómetros de la RN 11, desde Nelson hasta el empalme con la RN 16 en Resistencia. En este caso, la obra obligatoria específica prevista en la documentación es la adecuación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, en el kilómetro 839,45. Junto con ello, el adjudicatario deberá hacerse cargo de las tareas generales de rehabilitación y conservación de un corredor que atraviesa buena parte del centro y norte santafesino.

Los pliegos marcan una diferencia central respecto de los esquemas tradicionales de obra pública. Vialidad Nacional, bajo este modelo, se corre de la ejecución directa y queda principalmente del lado del control. Incluso los concesionarios deberán aportar, a su costo, oficinas, equipamiento y movilidades para que el organismo pueda fiscalizar las obras y el mantenimiento comprometidos.

Así, el grueso de las obligaciones contractuales ya no pasa por desarrollar grandes proyectos de ampliación de capacidad, sino por recuperar las trazas existentes y conservarlas durante el período de concesión. El compromiso privado se concentra en la reparación de calzadas, bacheo superficial y profundo, fresado, sellado de fisuras, colocación de carpeta asfáltica, reconstrucción de banquinas, reposición de defensas y señalización horizontal, además de otras tareas destinadas a sostener las condiciones de transitabilidad.

También cambia quién solventa las tareas. No habrá aportes directos ni subsidios del Tesoro nacional para sostener las concesiones. La contraprestación económica de las empresas se financiará a través de las tarifas de peaje que abonarán quienes utilicen los corredores.

En el Tramo Centro, el concesionario recibirá las estaciones existentes de Carcarañá, sobre la RN 9; James Craik, en Córdoba; y Franck, sobre la RN 19. Además deberá construir nuevas estaciones en Leones, San Francisco y Totoras, esta última sobre la RN 34 santafesina. Los nuevos puntos no podrán comenzar a cobrar inmediatamente. Antes, la empresa deberá obtener el acta que certifique la finalización de las obras iniciales de puesta en valor y construir la estación, que tendrá que operar bajo modalidad Free Flow, sin barreras. Una vez cumplida esa condición, la tarifa de las nuevas estaciones del corredor se vinculará a la aplicada en Carcarañá. El pliego prevé además la continuidad de las tarifas diferenciales existentes para determinados usuarios, aunque habilita su revisión posterior.

Sobre la RN 34 ocurrirá algo similar. El Tramo Centro Norte conserva las plazas de Ceres y Fernández y contempla nuevas estaciones denominadas Angélica, Palacios, Pinto y Herrera. También deberán funcionar con cobro automático y solo podrán comenzar a percibir la tarifa una vez completadas las obras iniciales exigidas. En este corredor, el valor de las nuevas estaciones estará referenciado al cuadro tarifario de Ceres.

El cambio más visible aparece en la RN 11. El pliego del Tramo Chaco-Santa Fe directamente establece la construcción de cinco nuevas estaciones: Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia, todas ubicadas sobre el corredor que parte desde Nelson hacia el norte. El cobro será en ambos sentidos y mediante sistema Free Flow. En este caso, la tarifa surgirá de la oferta económica adjudicada y sus posteriores actualizaciones.

El Gobierno Nacional convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución será publicada mañana en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

Resolución 1350/2026 by El Litoral

Que si, que no. Al final, el presidente Javier Milei no presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 en el Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre. Las primeras informaciones daban por hecho que el mandatario repetiría la práctica que inauguró en 2024, cuando esa fecha coincidió con un domingo y se transmitió en el prime time televisivo.

Ahora todo indica que repetirá el criterio del año pasado y transmitirá un mensaje desde Casa Rosada.

Es el tercer presupuesto elaborado por esta gestión aunque, si logra acompañamiento en las dos cámaras, Diputados y Senadores, será el segundo aprobado por el Congreso.

Durante los dos primeros años de gestión, el jefe de Estado gobernó con el mismo esquema que diseñó la administración de Alberto Fernández, prorrogado.

En 2024, Milei no consiguió el apoyo parlamentario de su propuesta de “ley de leyes”, cuyo objetivo era “blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, consigna que sigue presente hasta ahora.

En realidad, el debate quedó empantanado en la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidía por entonces José Luis Espert.

“El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”, decía por entonces Milei, al anunciar el proyecto que quedó trunco meses después.

Siguiendo esa línea, durante 2025 Milei vetó sucesivas leyes (emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario) con la premisa de que no estaban asignados los fondos para su cumplimiento efectivo.

El 15 de septiembre de 2025 el presidente presentó con un mensaje por Cadena Nacional el proyecto de Presupuesto 2026. Allí consignó que el 85% del gasto previsto se destinaría a educación, salud y jubilaciones.

Una vez más, remarcó que el equilibrio fiscal sería “innegociable” y aseguró que el proyecto incluía una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caían o los gastos superasen lo previsto, se deberían ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas, advirtió.

En aquel momento, anunció el impulso al proyecto de Inocencia Fiscal que el Senado convirtió en ley en diciembre de 2025 y, bajo el número 27.799, fue promulgada por el Ejecutivo en ener o.

Por estos días, Diputados va por una Inocencia Fiscal II que ya tiene dictamen de comisiones y se encamina a ser debatida en el recinto el 26 de agosto. Para esa fecha también está previsto el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

En definitiva, el Presupuesto 2026 fue el primero de la era Milei que ahora va por la segunda “hoja de ruta” de su gestión, la que regirá en un año de alto voltaje político partidario en el que intenta jugarse la reelección.

El 15 de septiembre constituye la fecha límite para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional ante el Parlamento. Como ocurre cada año, la iniciativa abrirá una compleja discusión política y fiscal en la que volverán a tener un papel central los gobernadores y las provincias, en un contexto en el que el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la aprobación de la norma.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente operadas por Belgrano Cargas y Logística.

La convocatoria será publicada este jueves en el Boletín Oficial y abarcará una red de 7.594 kilómetros distribuida en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y pasos internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Luis Caputo confirmó que las concesiones funcionarán bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversión obligatorios y posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos ferroviarios de determinada escala.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza”, anunció el ministro de Economía, quien sostuvo que el objetivo es incorporar capital privado y modificar la gestión actual del sistema.

Caputo agregó que quienes inviertan al menos US$ 200 millones en renovación de vías podrán acceder a los beneficios previstos en el RIGI.

La privatización fue incluida dentro del programa habilitado por la Ley Bases y contempla que el Estado conserve tareas de regulación, fiscalización y control, mientras que los privados asumirán la operación, las inversiones y el riesgo empresario.

El esquema permitirá además que diferentes operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo condiciones de acceso abierto. Los adjudicatarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años y podrán comprometer intervenciones adicionales.

El plazo de medio siglo fue definido para facilitar proyectos ferroviarios de gran escala, cuyos períodos de recuperación requieren horizontes de inversión más largos.

Uno de los puntos de mayor impacto provincial será la intervención destinada a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe. El anuncio nacional contempla avanzar sobre ese problema dentro de las inversiones de la Línea Belgrano.

La Provincia había solicitado en junio que la finalización del Circunvalar Ferroviario santafesino fuera incorporada explícitamente a los pliegos de la privatización. El proyecto conecta el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y tenía un avance cercano al 70%, según informó el Gobierno provincial.

La obra apunta a evitar que los trenes de cargas atraviesen la capital provincial. El proyecto original contempla unos 60,5 kilómetros de vías y un nuevo puente ferroviario sobre el río Salado.

El Circunvalar fue diseñado para reducir de aproximadamente diez a dos horas el tiempo que demandan las formaciones entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, además de eliminar decenas de pasos a nivel dentro del área urbana.

La Provincia también propuso que los oferentes que se comprometan a acelerar esos trabajos reciban una valoración favorable durante el proceso de adjudicación.

Además del proyecto santafesino, el Gobierno nacional mencionó la recuperación de un ramal azucarero de la Línea Belgrano y trabajos sobre los corredores principales del San Martín y el Urquiza.

Los futuros concesionarios podrán adquirir locomotoras y vagones correspondientes a cada línea. El dinero obtenido mediante esas ventas y otros remates será destinado a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las obras obligatorias.

Caputo defendió el cambio de modelo al afirmar que, pese al crecimiento de la producción agropecuaria desde 1970, el sistema ferroviario de cargas moviliza actualmente menos volumen que entonces.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, sostuvo.

La Secretaría de Transporte señaló que, al comienzo de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística presentaba pérdidas económicas, deterioro de infraestructura, elevados niveles de descarrilamientos y dificultades para cumplir los programas de mantenimiento.

La licitación busca trasladar la inversión y operación a actores privados mientras Nación conserva las facultades regulatorias. El proceso formal comenzará con la publicación de la convocatoria y los respectivos pliegos.

La minería argentina atravesó la primera mitad de 2026 en franco ascenso.

El Índice de Producción Industrial Minero aumentó 8,4% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025, informó este jueves el INDEC. La expansión aceleró respecto del 7,4% acumulado hasta abril y del 7,8% registrado entre enero y mayo.

En el sexto mes del año, el indicador creció 11,4% interanual y 1,7% frente a mayo en la medición desestacionalizada. La tendencia-ciclo avanzó otro 0,8%, consignó el organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la producción minera alcanzó “un nuevo récord histórico en junio” y señaló que la tendencia-ciclo encadenó 24 meses consecutivos de crecimiento.

El dato profundiza la trayectoria observada en los informes anteriores. En abril, el índice había alcanzado el mayor nivel desde el inicio de la serie, en 2017; en mayo avanzó otro 0,4% mensual; y en junio dio un salto de 1,7%, con una variación interanual que pasó de 9,2% a 11,4%.

La mejora, sin embargo, no fue uniforme. Las mayores subas acumuladas del semestre correspondieron a la extracción de sal, con 102,6%; los minerales utilizados para fabricar productos químicos, con 54%; la turba, con 29,8%; y el petróleo crudo, con 17,4%. Los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación, como conjunto, crecieron 36%.

El petróleo volvió a ser el principal sostén por su peso dentro del indicador. La extracción total aumentó 16,3% interanual en junio y 17,4% en el semestre. El cambio estructural estuvo otra vez en Vaca Muerta: la producción no convencional acumuló una suba de 35,2%, mientras la convencional cayó 8,8%.

Durante junio se extrajeron 4,3 millones de metros cúbicos de crudo. De ese volumen, poco más de 3 millones fueron no convencionales y 1,3 millones correspondieron a yacimientos tradicionales. Así, siete de cada diez metros cúbicos provinieron del segmento que conduce la expansión energética.

El gas natural mostró una dinámica más moderada: creció 1,2% en el semestre y apenas 0,2% interanual en junio. También allí el no convencional compensó el retroceso de las cuencas maduras, con un avance acumulado de 8,3% frente a una caída de 10,9% en el convencional.

El otro eje fue el litio. El índice de carbonato de litio y otros minerales del mismo grupo aumentó 57,1% entre enero y junio y 61,5% interanual en el último mes. Los minerales de boro crecieron 33,3% en el semestre y reforzaron el salto del agrupamiento químico.

El récord general convivió con retrocesos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas bajaron 15,3% en el semestre, pese al fuerte aumento de los volúmenes producidos. También cayeron las rocas ornamentales, 8,6%; la piedra caliza y el yeso, 2,8%; y la arcilla y el caolín, 9,9%.

Estas se refieren a ramas próximas a la construcción y al mercado interno, que no acompañaron el ritmo de los recursos energéticos y exportables.

La divergencia ya estaba presente en abril y mayo, pero junio la dejó más marcada: la minería alcanza máximos históricos mientras parte de su cadena de servicios y materiales tradicionales sigue operando por debajo del año anterior.

Se espera que durante la segunda parte del año, impulsado por la puesta en marcha de las inversiones comprometidas a través del RIGI, el sector traslade el récord de extracción a los servicios de apoyo; o si por el contrario continuará profundizándose la brecha entre producción y actividad.

Los industriales santafesinos expresaron su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusaron de dirigirse en forma despectiva a quienes manifiestan preocupación por la situación de la industria nacional. Además, advirtieron que descalificar esas voces no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas para recuperar el crecimiento. “La industria no necesita agravios, necesita políticas que promuevan el desarrollo y un diálogo serio entre el sector público y el sector privado”, señalaron.

Caputo habló de “los tarados que hablan de la industria” y sostuvo que omiten mencionar que, durante años, los argentinos pagaron precios muy superiores por productos como indumentaria, calzado, tecnología y automóviles. Lo hizo durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa.

“Parece que viniéramos de un boom de la industria entre 2011 y 2023, que tuviésemos la industria más competitiva del mundo y que crecía fenomenal. Era exactamente lo contrario… En esos años la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque pagábamos las cosas dos, tres o diez veces más de lo que valían”, afirmó el ministro.

Desde Fisfe respondieron mediante un comunicado que “la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo”. También señalaron que las industrias argentinas enfrentan una realidad compleja, marcada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener el empleo.

Los industriales de la provincia sostuvieron que, como representantes del sector, tienen la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y proponer soluciones. Reafirmaron, además, que la industria es un pilar del desarrollo nacional porque genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por eso, afirmaron, merece ser escuchada con respeto, más allá de las diferencias existentes.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

En el comunicado, los industriales remarcaron que las diferencias de ideas, programas de gobierno o modelos económicos son propias de una democracia plural. Sin embargo, advirtieron que el agravio, la descalificación personal y el insulto no pueden convertirse en un método de construcción política ni en una forma de ejercer el gobierno. “Quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales tienen el deber de contribuir al fortalecimiento de una convivencia democrática basada en el respeto, la prudencia y la responsabilidad”, señalaron.

“La inversión, la producción, el empleo y el desarrollo requieren reglas claras, diálogo permanente y vínculos institucionales sólidos, tanto en el plano interno como en el internacional”, afirmaron. Las entidades empresarias, agregaron, tienen la responsabilidad de promover un clima de previsibilidad, confianza y respeto. “Desde Fisfe reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, la libertad de expresión, el diálogo democrático y el respeto como pilares indispensables para construir una Argentina con más desarrollo, más producción y más oportunidades para todos”, concluyeron.

Javier Martín, presidente de la Fisfe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Es la segunda vez en los últimos diez días que los industriales santafesinos responden a declaraciones de autoridades nacionales: primero, del presidente, y ahora, del ministro de Economía. A fines de julio, habían manifestado su profunda preocupación por las “reiteradas descalificaciones personales y agravios” del presidente hacia dirigentes políticos, empresarios y mandatarios extranjeros, entre ellos el ex secretario de Industria y ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese contexto, las expresiones dirigidas a Lula —a quien llamó “ladrón”, “corrupto” y “basura socialista” durante un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, y luego ratificó en una entrevista televisiva— derivaron en uno de los incidentes diplomáticos más graves en décadas entre ambos países. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, expulsó al embajador argentino y redujo el nivel de las relaciones diplomáticas al de encargados de negocios.

Mauro L. Muñoz

El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este miércoles por el INDEC dejó una postal incómoda, similar a las que ya había ofrecido marzo y abril.

Según el informe, la economía nacional creció solo 0,2% frente a mayo de 2025, pero volvió a caer en la medición desestacionalizada, esta vez 0,5% respecto del mes anterior. En la serie tendencia-ciclo, el organismo registró una mejora de 0,2%.

La secuencia mensual del año grafica la volatilidad del indicador: enero subió 0,2%, febrero cayó 2,5%, marzo rebotó 2,8%, abril bajó 1,5% y mayo retrocedió otro 0,5%.

El dato acumulado también se moderó. En los primeros cinco meses del año, la actividad económica de la Argentina se ubicó en 1,7% contra igual período de 2025, reflejando un movimiento decreciente del 2,3% que mostraba marzo y el 2,2% de abril.

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió destacar el medio vaso lleno. En X sostuvo que “la economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025” y remarcó que el indicador tendencia-ciclo “creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011”.

En lo que va del año, la actividad económica creció un 1,7% comparado con el mismo periodo de 2025, aunque se observa una desaceleración respecto a meses anteriores.

Esa es la línea interpretativa que el Gobierno viene sosteniendo desde el informe anterior: mirar menos la serie desestacionalizada, afectada por saltos de corto plazo, y más la tendencia-ciclo, que suaviza la volatilidad. El problema es que el dato mensual volvió a mostrar una economía sin tracción pareja. Crece poco contra el año pasado y cae contra abril.

El propio informe del INDEC marcó el contraste: “En mayo de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento de 0,2% en la comparación interanual y una disminución de 0,5% respecto a abril en la medición desestacionalizada”.

La mejora interanual quedó explicada, otra vez, por pocos sectores. “Con relación a igual mes de 2025, ocho de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en mayo”, indicó el organismo. Los dos rubros más destacados fueron Explotación de minas y canteras, con un avance de 15,7%, y Electricidad, gas y agua, con una suba de 8,0%.

Ocho de los quince sectores analizados mostraron subas, liderados por Explotación de minas y canteras, y Electricidad, gas y agua. No obstante, sectores clave como la industria manufacturera y el comercio registraron caídas significativas, restando 1,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Pero la principal incidencia positiva volvió a estar en el agro. Según el INDEC, “la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE”, seguida por minería. Entre ambas aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

La composición ratifica la matriz núcleo que tracciona el programa económico: campo, energía y minería son los sectores que generan divisas y que aparecen en el centro del nuevo esquema económico. Pero no alcanzan para ocultar el otro lado del informe.

La parte más sensible aparece en los sectores ligados al mercado interno. El INDEC señaló que “siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual”, entre ellos Pesca, con un derrumbe de 29,3%; Industria manufacturera, con una baja de 5,6%; y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 4,3%.

La suma de esos tres sectores le restó 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En el gráfico de incidencias, el organismo precisó que las actividades con mayor aporte negativo fueron “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”.

La comparación con abril muestra además un deterioro en la industria. El mes previo había caído 2,7% interanual; en mayo, la baja se amplió a 5,6%. En comercio, la contracción pasó de 3,2% a 4,3%. La construcción, que venía de caer en abril, mostró una mejora de 1,9%, pero sin peso suficiente para cambiar la lectura general.

El próximo informe técnico del EMAE, con la estimación preliminar de junio, será difundido por el INDEC el jueves 20 de agosto.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó este miércoles una publicación en redes sociales tras el traspaso de la ruta A012 por parte del gobierno nacional.

La firma entre el mandatario santafesino y los representantes del gobierno nacional se dio durante una reunión este mismo 22 de julio en Casa Rosada, de la cual participó también el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Las otras autoridades nacionales fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Por la parte de Santa Fe estuvo Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas.

El gobernador Pullaro compartió una publicación en su cuenta de X luego de la rúbrica y describió el encuentro como “un paso enorme para la producción santafesina”.

“Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años”, comentó en un breve mensaje y agregó: “Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro sistema productivo y tenemos claro el valor de la logística y cómo las mejoras en infraestructura impactan de lleno”.

Un paso enorme para la producción santafesina. Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años.Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro… pic.twitter.com/gM0EO8XU7i

“Y lo más importante para demostrar que acá hay gestión: mañana mismo ya comienzan las obras de reparación en la ruta”, sumó en el mensaje.

Además, publicó un video en el que se lo ve en el patio central de la Rosada luego de la firma. “Firmamos el traspaso de la ruta de la jurisdicción nacional a la de Santa Fe por 20 años”, relató en el mismo.

El tránsito pesado, con carga del sector productivo, el principal concurrente en la A012. Crédito: Marcelo Manera

“Insistimos mucho con el traslado de esta ruta para nuestra provincia, fundamentalmente porque entendemos que el valor de la logística y su mejora impacta en el sistema productivo”, argumentó en el video.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico destacó que la primera intervención “comienza este mismo jueves con dos frentes de obra y una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a reparar los sectores más deteriorados”. Además, agradeció el acompañamiento de Scaglia, Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, para llegar a este acuerdo.

Por su parte Olivares, recordó que “por los puertos de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites”, por lo que la recuperación de la A012 permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad. Explicó además que las obras se financiarán con recursos generados por la eficiencia de la administración provincial y con financiamiento obtenido por el Gobierno santafesino, una inversión que "favorecerá a productores, transportistas y a toda la economía nacional al fortalecer el principal corredor de acceso a los puertos".

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los ejes logísticos más importantes del país. Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de distintas rutas provinciales, evitando que miles de camiones atraviesen áreas urbanas para acceder al complejo portuario del Gran Rosario. Su trazado une Pueblo Esther con la Ruta Nacional 11 y atraviesa localidades como Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo. Por esa condición estratégica, el estado del corredor impacta directamente en la seguridad vial, los tiempos de viaje y la competitividad del principal polo agroexportador argentino.

El Gobierno Provincial formalizó a comienzos de 2024 el pedido para asumir la administración de la A012, ante la paralización de la obra pública nacional y el progresivo deterioro de la traza. La solicitud fue respaldada por municipios, comunas, entidades empresarias y cámaras del transporte, que reclamaban una intervención urgente.

Trabajos sobre la Ruta Nacional A012 y el cruce con Ruta Nacional 34. Crédito: Archivo

Un paso decisivo se produjo en abril de este año, cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión de transferir la ruta a Santa Fe. Tras completar los procedimientos administrativos y jurídicos, este miércoles quedó formalizada la cesión por un plazo de 20 años.

Por Juan Pablo Peralta (El Litoral)

Los últimos movimientos en la Casa Rosada demuestran la necesidad urgente que tiene el oficialismo nacional a la hora de intentar reordenar su camino en los últimos dieciocho meses de mandato que le quedan. El poder vuelve a demostrar que en su entramado no hay lugar para lealtades extremas y mucho menos para caprichos. La caída de Manuel Adorni convierte en sentencia el axioma que inscribe al pragmatismo como uno de los principios ineludibles cuando se trata de mantener la gobernabilidad.

La administración de los Milei fue dejando afuera de su estructura a muchos de los que iniciaron la gestión el 10 de diciembre de 2023, pero ninguno lastimó tanto el eje de flotación y sustentación de La Libertad Avanza como el caso del ex vocero y jefe de Gabinete, que seguirá dando novedades que darán de lleno en el concepto presidencial de “la moral como política de Estado”.

En esta etapa difícil de comparar con otras instancias que atravesó el mileísmo, vale apuntar que la inevitable salida del alfil -por antonomasia- de los hermanos más poderosos de la Argentina obligó a los capitostes violetas a pretender dar una lavada de cara a la comunicación gubernamental. Del debut del flamante portavoz del primer mandatario, Adrián Ravier, quedó un título que no cayó bien en el seno libertario.

La definición surgió de una pregunta que le hizo El Litoral con respecto a los altos costos que tiene la energía para los argentinos. Consulta que se efectuó luego de que el funcionario destacara la suba de exportaciones que tiene el país gracias a Vaca Muerta. Haciendo una apología de la eliminación de los subsidios, Ravier señaló que esto “ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este Gobierno tiene que hacer de decir ‘Te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad’.

Eso también después conduce a otro tipo de acciones en la familia de decir, ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas’, remató el vocero, que rápidamente salió a rectificarse reconociendo que la frase “fue poco feliz”.

Otra cuestión a la que ni él, ni el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, pudieron dar respuesta, es al pedido que se les entregó en mano con respecto al conjunto de restricciones que a través de la Casa Militar continúan poniendo un cerrojo inconstitucional al trabajo de los acreditados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. El miércoles, mientras Karina y Javier Milei encabezaban un cónclave con sus legisladores en el Salón Héroes de Malvinas, las medidas que van contra la libertad de prensa y expresión se potenciaron al punto de que los periodistas, no sólo no podían salir de la Sala Roberto Di Sandro, sino que, en caso de hacerlo para ir a los sanitarios, debían ir custodiados por personal a cargo del general de Brigada Sebastián Ibáñez, responsable de la custodia en Balcarce 50. Un dispositivo antidemocrático que se impuso tras una denuncia que acusaba a los cronistas de poner en peligro la seguridad nacional, algo que la Justicia Federal desestimó y archivó.

Más de tres meses llevó reconocer que Adorni era insostenible y varias semanas determinar quién lo reemplazaría cuando se tomó la decisión de eyectarlo del cargo. Así como se desestimó que fuera Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano y segunda en la línea sucesoria de la JGM), quien ocupara el puesto, lo mismo ocurrió con Martín Menem, a quien prefieren tener al frente de la Cámara baja en contraposición con un Senado que tiene al frente a Victoria Villarruel y a una jefa de bloque que ya mostró atisbos de cierta independencia del verticalismo mileísta, al que Patricia Bullrich prefiere no adscribir. Descartadas estas posibilidades, incluyendo la del canciller Pablo Quirno y la titular del partido y bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue Diego Santilli la opción ineludible.

Al fin y al cabo, fue el que salvó las papas en la provincia de Buenos Aires cuando se desplomó José Luis Espert, y es quien viene dialogando con los gobernadores a partir de hacerse cargo de la cartera de Interior, área que negoció conservar bajo su órbita, aunque auditado por un karinista de pura cepa, nos referimos al ex secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “Como todo dirigente que asume un rol de tanta responsabilidad, Diego acordó pautas que le permitan gestionar sin trabas. Es lo habitual, pero está bien claro que todo lo que haga va a ir en línea con los considerandos y postulados del Presidente. De eso no tengan dudas”, expresó una garganta que trabaja con él desde las épocas en que era vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA. El mismo dirigente reconoció que no le gustó “para nada” la presencia de Adorni en la jura de su sucesor. “Se podría haber evitado”, manifestó encogiendo los hombros resignado.

Como jefe de los ministros y negociador con los mandatarios provinciales, Santilli jugará un papel determinante en cuanto a conseguir consensos en torno a la reforma electoral. El borrador del asesor Santiago Caputo está en manos de todos ellos, inclusive de los más díscolos, sin embargo, los números para eliminar las PASO no están. La contrapropuesta que Karina Milei les hace llegar a través de ‘El Colo’, es dejar la puerta abierta a una primarias abiertas y optativas, o en su defecto, poner en práctica el viejo artilugio de las colectoras, esas polémicas listas en las que varios partidos acuerdan poner en la boleta un mismo candidato nacional y provincial, pero con listas sábanas diferentes según el distrito. Otra sugerencia que acercaron representantes regionales es la de buscar la chance de volver a suspenderlas, como ocurrió en 2025. El problema es que el hecho de que sean más los que tienen la necesidad imperiosa de dirimir sus postulantes aleja la viabilidad de que esto se repita.

A mitad de semana, los Milei convocaron a los 116 congresistas que tienen bajo su égida. Durante tres horas se les explicó la estrategia parlamentaria y las prioridades que están en agenda. Por lo pronto, la reforma política encabeza la nómina debido a las necesidades que tiene el actual mandatario en búsqueda de su reelección. Una imperiosa y titánica tarea que no goza del beneficio temporal. Al finalizar este período legislativo dará inicio a otro que estará atado a un año electoral que bloqueará y frenará sistemáticamente los deseos de la Casa de Gobierno. Asimismo, se apuran proyectos pendientes en este 2026 como el de Inviolabilidad de la Propiedad privada; Inocencia Fiscal y Régimen de Zonas Frías, entre otros.

Así como el Palacio de Hacienda decidió correr deuda hacia adelante con bancos (REPO) por 6.000 millones de dólares para el 2028, el ministro de Economía, Luis Caputo adelantó que, junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, abrirán el lunes anunciando el programa financiero del Tesoro para el 2026-2027. En esa línea se adelantó que “lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán".

Con el resultado del partido de la Selección local frente a Cabo Verde, voces oficiales comunicaron que la segunda rueda de prensa del vocero Ravier se mantiene, si no hay cambios de último momento, para las 10:30 del martes. Karina Milei tiene previsto encabezar con Santilli una reunión de Mesa Política esta semana y el jueves, el titular del PEN, estará al frente del acto central por el °210 aniversario de la Independencia argentina que se realizará en la Casa Histórica de Tucumán. Allí donde hace más de dos años se firmó el Pacto de Mayo y se prometió iniciar el Concejo homónimo, que recién arrancó en junio de 2025 y no produjo los resultados esperados. Esta vez, el jefe de Estado buscará otra postal con los caudillos provinciales, esos que de mantener un mayoritario alineamiento con Casa Rosada podrían garantizarle equilibrio parlamentario, y si no hay una oposición organizada, la probabilidad de estar otros cuatro años en el sillón de Rivadavia.

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe resolvió participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina. La decisión se tomó contrarreloj, a pocas horas de que venciera el plazo límite de la prórroga dispuesta por la Casa Rosada.

El REOR fue creado a fines de 2024 (mediante el Decreto N° 969/24) con el propósito de compensar y extinguir deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional y las distintas provincias incluida CABA.

Santa Fe había decidido no participar, en principio, por entender que el Estado nacional era deudor de la provincia e ingresar al sistema significaría habilitar al gobierno nacional pagos en bonos o en especies de esa deuda. Ahora, el gobierno provincial adhirió tras ser incluido por el presidente Javier Milei entre las provincias receptoras de anticipos financieros para el presente ejercicio.

Para Santa Fe, la adhesión al REOR le puede permitir tomar los hasta $400.000.000.000 de anticipo financiero e incluirlo en el sistema. En principio, el objetivo es solicitar un primer anticipo de $300.000.000.000 y en caso de ser necesario en el segundo semestre la cifra restante.

Pablo Olivares encabezará la negociación con Nación por el esquema de compensaciones. Foto: Manuel Fabatia.

En las próximas horas el gobernador Pullaro firmará un decreto delegando en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la negociación con el gobierno nacional del régimen de compensación.

El Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024 creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o CABA con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole. "Se busca resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", se había señalado en Casa Rosada cuando se dictó el instructivo.

Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones. En este sentido, según pudo saber El Litoral, Santa Fe ya tiene un listado de bienes inmuebles que aceptaría recibir del Estado nacional en compensación de deudas.

La autoridad encargada de tramitar estos acuerdos y auditar los saldos es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deuda previsional, hoy suspendido por 180 días, debido a las negociaciones llevadas adelante con Anses y que desembocaron en el pago mensual a cuenta mientras avanzan las conversaciones de reconocimiento sobre el déficit previsional santafesino. A propósito de esto ya hubo avances sobre el cruce de números del ejercicio 2020.

Santa Fe podrá gestionar anticipos financieros por hasta $400.000 millones.

Fueron 18 las jurisdicciones que adhirieron en primera instancia al régimen y firmaron sus respectivas cartas de intención o convenios. Entre Ríos fue la primera en suscribir el entendimiento a través de su gobernador Rogelio Frigerio.

Luego, el gobierno nacional amplió en 60 días hábiles el plazo de sumarse al programa debido a que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, ni La Rioja y Formosa habían dado el ok.

El tema de sumarse o no al régimen fue motivo de charlas varias de gobernadores en encuentro bilaterales o de reuniones en conjunto. Fueron varios los mandatarios que aconsejaron a Pullaro no dejar de lado la posibilidad de buscar un entendimiento con Nación e incluso tener la posibilidad de sumarse a los anticipos financieros.

El decreto 474 del pasado 17 de junio. firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

La Provincia también analiza recibir inmuebles nacionales como parte de compensación.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

Vale señalar que al momento del decreto, Entre Ríos ya había tenido un anticipo financiero del Estado Nacional.

Durante la última sesión, en la Cámara de Diputados fue votado un pedido de informes motorizado por el justicialista Walter Agosto donde solicita "informe si la provincia ha adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y en su caso mediante qué acto administrativo y remita los instrumentos a través de los cuales ha formalizado dicha adhesión".

El Gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial, ha establecido un marco legal para captar hasta US$5.000 millones en operaciones de crédito público con los que Economía se propone despejar el horizonte financiero, abrir la confianza de inversores y acumular reservas.

El financiamiento se realizará mediante préstamos con entidades financieras internacionales de trayectoria, utilizando garantías parciales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

La medida faculta al Ministerio de Economía a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, una práctica estándar para atraer capitales internacionales bajo condiciones de mercado que suele tener fuerte resistencia de la oposición en la política nacional.

De todas maneras, si bien se renuncia a la inmunidad de jurisdicción para reclamos vinculados a estos contratos, el decreto es explícito en preservar la inmunidad de ejecución sobre activos críticos, tales como las reservas del Banco Central, bienes del dominio público, activos militares y patrimonio cultural.

Federico Furiase. Crédito: Universidad Torcuato Di Tella

La coordinación recae conjuntamente en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas.

La estrategia del Ministerio de Economía busca reducir la percepción de riesgo y el costo del endeudamiento mediante dos mecanismos clave. El primero de ellos es la mitigación de riesgo vía multilaterales. El BM comprometió un respaldo por US$ 2.000 millones y el BID por otros US$ 550 millones.

En Casa Rosada existe expectativa de que se sume la CAF. El gobierno busca perforar la tasa de interés que el mercado exigiría a un bono soberano tradicional. Por cada 100 puntos básicos del EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco de inversión norteamericano J.P. Morgan, el país debería pagar una sobretasa del 1%.

Caputo aún no emite bonos en el mercado. REUTERS/Brendan McDermid

Por estas horas el RP es de 420 puntos básicos, por encima de los 185 que marcaba entre 2005 y 2007, pero muy por debajo de los 1.900 puntos que alcanzó con “la 125” y la disputa con el campo, o de los 1.100 puntos del canje de Martín Guzmán.

La adopción de la "Ley Nueva York" funciona como un aliciente para los bancos internacionales, despejando temores sobre la resolución de posibles controversias legales bajo normativa local.

El objetivo inmediato es despejar el horizonte de pagos, especialmente de cara a los vencimientos de deuda de julio, para los cuales el Palacio de Hacienda ya habría asegurado un alto porcentaje de los fondos necesarios.

Al operar con garantías de organismos internacionales, Argentina podría obtener financiamiento a tasas sensiblemente más bajas que las actuales del mercado secundario de bonos, renovando vencimientos con mejores condiciones.

Existe la posibilidad de que el Ministerio de Economía colabore con el BCRA en la compra de dólares para robustecer la posición de divisas con vistas a los pagos de deuda, aprovechando momentos de mayor liquidación (por parte del campo) y relativa estabilidad cambiaria.

Según el economista Amilcar Collante, el Tesoro Nacional compró US$ 600 millones el 17 de este mes y ya tienen en la cuenta US$ 3.680 millones para el pago de Julio. El compromiso ronda los US$4350 millones entre amortizaciones de capital y pago de intereses.

Hasta el final del mandato de Javier Milei (10 de diciembre de 2027), Argentina enfrenta un calendario de vencimientos de deuda exigente, especialmente en moneda extranjera, con picos importantes en 2027 (año electoral).

Estimaciones recientes de consultoras privadas estiman los vencimientos de este año entre US$ 8.200 a US$ 10.400 (privados y FMI). En 2027 suman otros US$ 21.100 a 23.600 millones, en cálculos “prudentes” .

Kristalina Goergieva respalda desde el FMI los progresos macro de la Argentina.

Los montos se refieren principalmente a deuda en moneda extranjera (bonos soberanos/Globales y Bonares, BOPREAL, repos con bancos, FMI y multilaterales). Excluyen tenencias intra-sector público.

El ministro Luis Caputo ha afirmado que todos los vencimientos del mandato están cubiertos, mediante refinanciamiento, garantías multilaterales y posible retorno a mercados internacionales. Hay negociaciones para extender repos.

La iniciativa fue detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa que compartió con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El esquema establece bajas graduales que comenzarán a implementarse principalmente a partir de 2027, con ajustes mensuales, trimestrales o semestrales según el producto.

El gobierno de Javier Milei diseñó un plan estratégico para reducir los impuestos a las exportaciones agrícolas e incluyendo cultivos clave como la soja, el maíz y el girasol, tras los anuncios efectuados por el propio presidente para el trigo en su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Para la soja, se implementará una reducción mensual de 0,25 puntos porcentuales a partir de 2027. Con este esquema, al finalizar el presente mandato, el gobierno propone una alícuota del 21%.

Posteriormente, en el año 2028, la baja mensual se acelerará a 0,5 puntos porcentuales, lo que permitirá que el derecho de exportación descienda al 15% hacia fines de ese año. Eso si la Casa Rosada mantiene para entonces los criterios anunciados.

El equipo económico confirmó que esta reducción ya no estará supeditada a la recaudación fiscal, despejando así las condiciones que había planteado inicialmente el presidente. Aclaró que los subproductos como la harina y el aceite, que actualmente tributan una alícuota del 22,5%, también recibirán una reducción proporcional.

Para el maíz y el sorgo, la reducción del impuesto se aplicará de forma trimestral. El esquema funcionará de la siguiente manera: en 2027, durante el primer trimestre, las alícuotas bajarán del 8,5% al 8,25%, para finalizar ese año ubicándose en un 7,5%.

El esquema establece bajas graduales que comenzarán a implementarse principalmente a partir de 2027.

En 2028: La reducción se acelerará y el recorte será de 0,5 puntos por trimestre. De esta forma, ambos cultivos terminarán ese ciclo con una carga del 5,5%.

Para el girasol, se aplicará un esquema semestral de reducción de retenciones El cronograma funcionará de la siguiente manera: en 2027, partiendo de la alícuota actual del 4,5%, la carga descenderá al 4,25% en el primer semestre y luego bajará al 4% durante la segunda mitad del año.

En 2028: La reducción será más pronunciada, bajando 0,5 puntos por semestre. De esta forma, pasará a un 3,5% en los primeros seis meses y terminará ese año tributando una alícuota del 3%.

El presidente Javier Milei ya había anunciado una baja "inmediata" de las retenciones para el trigo y la cebada, durante su discurso del pasado jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "Quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5% al 5,5%, a partir de junio", señaló el mandatario.

El ministro Caputo detalló que la reducción escalonada se diseñó para evitar la especulación con la comercialización de los granos, tal como lo habían advertido algunas cámaras agroindustriales.

El equipo económico confirmó que la reducción ya no estará supeditada a la recaudación fiscal.

El costo fiscal de la medida en el caso del agro será de US$ 32 millones para 2026, US$ 415 millones para 2027 y US$ 1224 millones para 2028.

Por el lado de las retenciones a la industria, el ministro también adelantó bajas escalonadas para las exportaciones automotrices. La alícuota actual del 4,5% se reducirá 0,37% por mes hasta llegar a cero en el sexto mes del próximo año.

Para el caso del complejo petroquímico, químico y del caucho, que también fue alcanzado por los anuncios, la alícuota del 4,5% vigente también recibirá una reducción progresiva del 0,37% mensual hasta junio de 2027. El esquema será similar para otras maquinarias y equipo que la industria argentina vende a mercados externos.

Las reducciones a los derechos de exportación industrial supondrán para el gobierno un costo fiscal estimado de US$ 25 millones este año y de US$ 115 millones en 2027.

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra anotaron una caída pronunciada en la medición interanual en abril, lo que refleja un consumo que sigue estando rezagado y no logra repuntar. Los datos fueron revelados por los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en base a las encuestas realizadas a los tres rubros comerciales.

En supermercados, las ventas retrocedieron 5,1%, por lo que el acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%. Esta caída fue la más pronunciada desde abril del 2025, cuando el índice perdió 8,9%. En la medición mensual, mostró una variación negativa cercana a 0%, al igual que el índice serie tendencia-ciclo.

El rubro de las carnes volvió a ser el segmento con el mayor aumento, al incrementarse un 41,9%, seguido por Panadería (28%), Alimentos preparados y rotisería (25%) y Almacén (22,7%).

Con respecto a los medios de pago, el más utilizado por los consumidores fue la tarjeta de crédito: representó el 44,9% de las ventas y sumó más de $1.107 millones. Tarjeta de débito: 24,8% de las ventas ($610.033 millones). Efectivo: 16,6% de las ventas totales ($408.840 millones). Otros medios de pago: 13,7% de las ventas totales ($337.912 millones).

Las ventas en los mayoristas continuaron a la baja durante abril y anotaron una merma de 7,2%, lo que representa la mayor caída desde noviembre de 2025 (-8,3%). En lo que va del año registran un retroceso de 2,6%; contra febrero cayeron 1,4% y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En total, sumaron $374.252 millones (+16,7% interanual) y el ticket promedio se ubicó en $43.954 por consumidor (+16,7% contra el mismo mes del 2025). Al igual que en los comercios minoristas, el grupo de las carnes anotó el mayor aumento en su precio, tras incrementarse 50,5%. Le siguieron Otros (23,7%), Almacén (21,5%) y Lácteos (19,8%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros que no sean los clásicos fue la más requerida con el 31,9% y totalizó $119.445 millones. Tarjeta de crédito: 26,8% de las ventas ($100.307 millones). Efectivo: 25,6% de las ventas totales ($95.973 millones). Tarjetas de débito: 15,6% de las ventas totales ($58.526 millones).

Por el lado de los shoppings, las ventas anotaron la mayor caída en la comparación histórica. Fue del 13,3% y llegó a los diez meses consecutivos de bajas. Así, cerró el primer trimestre con una variación negativa de 5,7%. Mensualmente avanzó 1,5% y el índice de la serie tendencia-ciclo aumentó 0,3% contra febrero.