Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe recibieron esta semana a autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza, en el marco de una serie de intercambios institucionales orientados a conocer el modelo de seguridad implementado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Días atrás, también habían visitado la provincia representantes de Neuquén.La agenda incluyó recorridas por distintas áreas estratégicas, con especial énfasis en el sistema penitenciario y en las políticas destinadas a neutralizar la capacidad operativa de organizaciones criminales desde las cárceles. En ese sentido, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el enfoque apunta a “interrumpir la metodología de ordenar delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, al tiempo que destacó la articulación entre las distintas áreas del ministerio.La funcionaria subrayó además que el plan de seguridad -impulsado por Pullaro y conducido por el ministro Pablo Cococcioni- se apoya en el uso de información criminal para la toma de decisiones, el refuerzo del patrullaje preventivo, la incorporación de equipamiento y la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias. “Se avanzó mucho, pero queda camino por recorrer. Ese proceso, basado en un método definido desde el inicio de la gestión, es lo que hoy otras provincias están observando”, sostuvo.Durante su estadía en Rosario, la comitiva mendocina -integrada por Diego Asensio, Marcelino Armata, Noelia Lanzilotta y Marcos Quiroga- visitó la Unidad Penitenciaria Nº 8, conocida como “El Infierno”, actualmente en construcción en Piñero; la Unidad Penitenciaria Nº 11, ubicada en el mismo predio sobre la intersección de la ruta provincial 14 y la A012; y la Central de Información Criminal Operativa (CICO), conocida como OJO.

Masneri señaló que, a partir de la difusión del modelo santafesino -en un contexto en el que el primer trimestre del año registró una caída superior al 70 % en los homicidios dolosos respecto de los años más críticos-, se multiplicaron las consultas de otras jurisdicciones interesadas en replicar las políticas implementadas. “Uno de los aspectos que más interés genera es cómo se logró reducir la criminalidad organizada desde las cárceles”, indicó, y remarcó la importancia del paquete de leyes sancionado desde diciembre de 2023 para sostener estas medidas.Semanas atrás, el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, también visitó la provincia y accedió a una presentación del sistema OJO y del programa Lince, la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial que permite analizar grandes volúmenes de imágenes y reconstruir recorridos de personas y vehículos en tiempo real.En cuanto a la infraestructura penitenciaria, uno de los proyectos centrales es la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 8, destinada a internos de alto perfil. El establecimiento tendrá capacidad para 1.152 detenidos y está previsto que entre en funcionamiento hacia fines de este año. En el mismo complejo avanzan las subunidades 13 y 15, que sumarán otras 4.000 plazas.“Nos sorprendió la magnitud de la obra y los estándares de seguridad previstos”, señaló Asensio, director regional oeste del Servicio Penitenciario de Mendoza, tras la recorrida.La visita incluyó además el paso por la Central OJO, donde se integran en tiempo real datos del sistema 911, mapas de calor del delito, monitoreo de patrulleros y análisis de imágenes provenientes de cámaras de videovigilancia. El dispositivo constituye uno de los ejes del esquema de inteligencia criminal que la provincia consolidó en los últimos meses.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 50 camionetas 0 km destinadas al Servicio Penitenciario, en un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. Las unidades forman parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

La incorporación de estos vehículos refuerza la capacidad operativa del sistema penitenciario y se inscribe en la estrategia de fortalecimiento institucional que, según el Gobierno provincial, contribuyó a una baja histórica de la violencia en todo el territorio.

Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; la presidenta comunal de Piñero, Carina Gaspari; autoridades provinciales y la plana mayor del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe.

El gobernador destacó el trabajo conjunto del Servicio Penitenciario y la Policía al señalar que lograron “algo que en la provincia y en la República Argentina parecía impensado: reducir los niveles de delito y de violencia”.

Recordó que, años atrás, ciudades como Rosario y Santa Fe vivían bajo niveles extremos de violencia y que el Ejecutivo decidió intervenir con un plan integral de seguridad pública.

Con cifras concretas, Pullaro sostuvo que “en lo que va de 2026 se registran 16 homicidios en toda la provincia, frente a los 86 contabilizados en el mismo período de 2023”, y atribuyó esa reducción a “una política pública muy clara”.

El mandatario subrayó además que el ordenamiento del sistema penitenciario fue un eje central de la estrategia: “Entendimos que poniendo orden en las cárceles íbamos a poner orden en la calle, y estamos empezando a lograr esos objetivos”.

En ese sentido, advirtió que quienes intenten cometer delitos desde prisión “no lo van a poder hacer”.

El ministro Cococcioni afirmó que “los tiempos han cambiado” y existe una decisión firme de que las instituciones de seguridad cumplan estrictamente su función.

Explicó que las camionetas “serán utilizadas para preservar el orden penitenciario y la seguridad de todos los santafesinos”, y destacó que la compra unificada para todas las fuerzas permitió optimizar recursos públicos.

También remarcó que se trata de una entrega sin precedentes por su magnitud y que fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales.

“Para nosotros no hay nada por encima de la seguridad, del bienestar de la gente y del funcionamiento del sistema penitenciario y policial”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que la incorporación de los móviles representa una decisión política de respaldo al personal penitenciario que trabaja en contextos complejos y de alto riesgo.

Indicó además que la Provincia viene realizando inversiones en infraestructura, equipamiento, armamento, chalecos y modernización de los mecanismos de trabajo. “La seguridad no es improvisación: es una tarea permanente basada en decisiones sostenidas”, afirmó.

Las camionetas entregadas -marca Chevrolet, modelo Montana- cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están totalmente equipadas para tareas operativas dentro del sistema penitenciario.

Los vehículos integran el plan de renovación de la flota de seguridad provincial, orientado a fortalecer el control penitenciario y consolidar la política pública de reducción de la violencia.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, adquirió 20 paletas detectoras de metales que fueron incorporadas al Servicio Penitenciario, que fueron adquiridas con el dinero recaudado en las subastas de bienes decomisados a delincuentes.

Al respecto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, remarcó que esta política de subastas “es inédita a nivel nacional, y parte de esa plata recaudada la aplicamos para más control, y en este caso particular, al control en cárceles”. Al respecto, recordó que “el año pasado -también con dinero de las subastas- compramos 10 paletas italianas que asignamos al Servicio Penitenciario. En esta oportunidad son 20 paletas de origen estadounidense; es un modelo de paletas con las que el Servicio Penitenciario hoy no contaba".

De esta manera “mostramos a la sociedad que parte del dinero de tanta gente que tanto daño nos hizo a todos, se lo estamos quitando, le estamos vendiendo los autos, los BMW, los Audi, las casas, y a esa plata recaudada la estamos volcando para mayor seguridad, en este caso, traducido paletas detectoras para control en las cárceles”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.Finalmente, Figueroa Escauriza aseguró que “cumplimos con lo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, que todo lo que podamos recuperar del delito lo vayamos aplicando a diferentes políticas: una parte para mayor control, en este caso paletas; otra parte para educación pública, con donaciones que hacemos a escuelas; o con mayor orden”, y mencionó en ese sentido que “aquí teníamos 40 vehículos que estaban en desuso hacía muchos años y que fueron compactados".

Luego, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que “estas paletas se van a utilizar principalmente en el grupo centralizado de requisas, es decir, para permitir el mayor límite de seguridad que tenemos, que es el control permanente de los pabellones, de los internos, y de las personas que ingresan y que siempre están intentando violentar las barreras de seguridad que tenemos en las unidades: esconden cosas, esconden celulares, balas y demás, con lo cual las paletas se transforman en un insumo esencial para controlar todo esto”.

En ese sentido, Masneri indicó que “las paletas tienen una utilidad mayor que es poder detectar, según la carga, la cantidad de metal que necesitamos, desde una pulsera o un arito hasta un objeto más grande, y hacerlo tanto con sonido como silenciosamente, según la alerta que queramos generar o no en el otro”, y aclaró que “los controles necesitan este apoyo porque tenemos unidades de hasta de 100 años, entonces, mientras construimos las unidades nuevas, los escáneres y demás, necesitamos paliar y seguir controlando la situación de los lugares que por su antigüedad tienen otras medidas de seguridad inferiores”.

Por último, Masneri hizo hincapié en la importancia de los aportes que reciben de Aprad y puso como ejemplo lo ocurrido con cámaras frigoríficas “decomisadas a una carnicería dependiente de (el detenido líder del clan narco Esteban) Alvarado: esas cámaras se desarman y automáticamente llegan al Servicio Penitenciario, al área de personal. De otra manera, hubieran quedado arrumbadas, robadas por partes, vendidas como metales, y nunca hubieran llegado a tener el uso tan necesario que le damos en el Servicio”, y comparó que si las hubiera tenido que comprar la Provincia “hablamos de un expediente de un año a un año y medio para que el Estado ponga más recursos en algo que en realidad está volviendo a través del decomiso a los delincuentes”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, presentaron este martes las tobilleras duales que el Gobierno de la Provincia implementará a través del Ministerio de Justicia y Seguridad para prevenir hechos de violencia de género.

Para la adquisición de las tobilleras y equipos de monitoreo se invirtieron más de 1 millón de dólares, siendo la principal diferencia con otros dispositivos que ahora la responsabilidad va a estar en el agresor. “Estos dispositivos cuentan con una inversión provincial de casi $ 1.500 millones, sumado al mantenimiento y el sostenimiento que tiene un costo de 688 dólares mensuales y los que son domiciliarios cerca de 600 dólares mensuales, con lo cual son muchos recursos que va a destinar por mes el Gobierno de la provincia para que este dispositivo pueda funcionar correctamente”, señaló Pullaro durante la presentación en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. 

“Esto no es solo una inversión pública, sino que es parte de un sistema de seguridad pública coordinado con el Ministerio Público de la Acusación y con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo”, remarcó el gobernador, quien además reconoció que “es una acción que no se podría llevar adelante si no tendríamos en este momento un despliegue policial y operativo como el que tenemos en las grandes ciudades, que permite que cada vez que una mujer es víctima de violencia de género o una persona es víctima de violencia intrafamiliar, lo tomemos como incidencia priorizada y en menos de cinco minutos se haga presente la policía en el lugar”.

Pullaro valoró que a partir de la incorporación de estos dispositivos, “cambia el paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza y eso estará monitoreado las 24 horas por el personal policial que está al servicio del 911 y podrá ver en el monitoreo que hay un agresor acercándose a la víctima, por lo que estarán acudiendo a ese caso en ese preciso momento”. A la vez reconoció que “a la víctima no la estamos revictimizando, sino que al agresor lo vamos a estar controlando permanentemente”.

De la presentación participaron también los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Maria Cecilia Vranicich; las secretarias de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes y de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito; el fiscal regional, Jorge Nessier; autoridades provinciales, de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial. 

Vranicich remarcó que desde el MPA “estamos trabajando en la instalación de criterios para imputar femicidios en contexto de criminalidad organizada, ya tenemos antecedentes, producción y sistematización de información sobre femicidios y muertes violentas de mujeres con un registro único en la provincia de Santa Fe” y recordó que “el año pasado tuvimos 30 mil legajos iniciados en violencias de género”, a la vez que señaló la consolidación de “la persecución penal de este tipo de delitos porque es, junto a las violencias altamente lesivas y a las economías ilegales, uno de los objetivos priorizados”.  

Los dispositivos constan de una tobillera electrónica y un rastreador que va a portar el agresor denunciado por violencia de género. Y por otro lado la víctima va a tener, un rastreador que tiene las características similares a un teléfono celular que le va a estar informando en el caso de que ella esté en su domicilio o que esté yendo a algún lugar fuera de su domicilio si el agresor está cerca y permitirá tomar medidas que resguarden su integridad física.

Funcionan con el uso de la tecnología global satelital (GPS) y el monitoreo permanente por parte de la Central 911 de Emergencias. “Lo novedoso de esto es que va a ser a través de disposiciones que haga la Justicia, se van a tener que respetar zonas de exclusiones, el agresor no se va a poder acercar ni al domicilio ni al ámbito de trabajo de la víctima y además va a tener un monitoreo que va a ser de manera dinámica que permitirá tener una respuesta policial temprana”, señaló Polito.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe licitó este jueves la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 13, que se levantará en Piñero (departamento Rosario), con un presupuesto oficial de $ 118.755.655.722,96 y un plazo de ejecución de 480 días. El acto se desarrolló en la Sede de Gobierno en Rosario y fue encabezado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el nuevo penal estará “en el predio donde ya funciona la Unidad 11 y se construye la cárcel para presos de alto perfil El Infierno. Contará con 1.920 plazas, lo que nos permitirá trasladar a todos los internos alojados en comisarías y garantizar que la policía esté en la calle y los detenidos en prisión”. Añadió que brindará “toda la seguridad necesaria para procesados y condenados a largas penas”.

El secretario de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Leone, precisó que la obra tendrá seis módulos para hombres, cada uno con 168 celdas dobles. “Queremos optimizar los tiempos para que en 16 meses esté terminada. Una empresa se encargará de cada módulo, de forma que todos se construyan en simultáneo”, señaló. Estimó que la obra estará lista a comienzos de 2027.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, valoró el trabajo “codo a codo con el gobernador y su equipo en leyes que dieron herramientas para enfrentar uno de los problemas más duros: la inseguridad y el delito organizado que derivaba en violencia letal”.

La Unidad Nº 13 se edificará dentro del Complejo Penitenciario Piñero, en un predio de 80 hectáreas donde también se construye el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap). Contará con cuatro pabellones comunes, uno de resguardo, edificio de ingreso, área educativa con aulas y talleres, cocina central, circulaciones restringidas y edificios complementarios.

Incluirá un centro de salud para todo el penal, con áreas de atención ambulatoria, internación primaria y aislamiento para internos con enfermedades infectocontagiosas.

Se recibieron propuestas individuales para cada módulo, que sumadas conforman las siguientes ofertas globales: MEM Ingeniería–Tecma ($ 115.482 millones), Bauber Conhomarq ($ 114.972 millones), Cocyar ($ 118.164 millones), Pose ($ 111.302 millones), Pilatti ($ 120.150 millones), Ing. Pedro Minervino ($ 110.209 millones), Dinale ($ 118.471 millones), Mundo Construcciones ($ 109.767 millones), Dyscon ($ 119.246 millones), Cocivial ($ 159.359 millones), Werk ($ 109.776 millones), Tecsa ($ 122.683 millones), Pecam ($ 105.059 millones), Epreco ($ 104.938 millones), Sanimat ($ 107.923 millones), Coemyc ($ 113.806 millones), Pirámide Constructora ($ 113.806 millones), Del Sol ($ 110.729 millones), Edeca ($ 110.209 millones), Semac ($ 128.462 millones) y Depaoli & Trosce ($ 110.210 millones).

La Provincia ejecuta un programa para vaciar comisarías y reforzar el sistema carcelario. Su obra central es la Unidad Nº 8, conocida como El Infierno, destinada a reclusos de alto perfil -narcos, sicarios y líderes criminales-, con 1.152 plazas y el mayor nivel de seguridad del continente.

El plan también incluye la ampliación de las unidades Nº 12 y Nº 14 de Rosario, la Nº 10 en Santa Felicia, y las Nº 13 y Nº 15 en Piñero. Recientemente se inauguró la Subunidad Nº 4, que recibe internos trasladados desde comisarías de Rosario, liberando efectivos policiales para tareas de prevención e investigación. En total, la provincia prevé alcanzar 7.352 plazas carcelarias, con una inversión superior a los $ 414.000 millones.

En el marco de la inversión histórica que realiza el Gobierno de la Provincia en infraestructura penitenciaria, este lunes el gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurados los pabellones Nº 8 y Nº 9 de la Unidad Penitenciaria Nº 10 de Santa Felicia, en el departamento Vera.

Con una inversión de $ 1.441 millones, la obra permite trasladar a 199 internos alojados en comisarías de las Unidades Regionales de Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera. Las nuevas instalaciones tienen capacidad para 200 reclusos, lo que eleva a 622 las plazas disponibles en esta unidad.

Durante la actividad, Pullaro afirmó que “con la puesta en funcionamiento de estos dos pabellones, hoy podemos mostrar que estamos dando los primeros pasos para aliviar el trabajo que los agentes penitenciarios realizan a diario. Eso nos permitió alcanzar mayores niveles de tranquilidad y paz en nuestra provincia. Durante años, la mayoría de los delitos graves y violentos se ordenaban desde la cárcel. Parecía que el Estado peleaba a ciegas contra el crimen organizado. Sin embargo, con decisión, determinación y sin violar la ley, en muy poco tiempo logramos poner orden en el sistema penitenciario”.

“Posteriormente -explicó- las organizaciones criminales cruzaron todos los límites, intentando que esa presión sobre el gobierno hiciera retroceder nuestras políticas públicas. Lo que no midieron fue que contábamos con un gran respaldo de la sociedad santafesina”.

En ese sentido, el mandatario destacó el compromiso de las fuerzas de seguridad: “Los hombres y mujeres de la Policía tomaron el control de las calles. Sin decir que la batalla está ganada, estamos mucho mejor y aún queda mucho camino por recorrer. Hoy podemos decir que Santa Fe está por debajo de la media del delito a nivel nacional, después de una década en la que aparecíamos semana tras semana en los medios porteños como una provincia tomada por el crimen organizado. Ustedes, integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario, demostraron que eso no era así y que cuando el Estado quiere, puede”.

Pullaro remarcó que “la política de seguridad pública se sostiene en tres pilares: control del sistema carcelario, presencia policial en las calles y aumento del patrullaje preventivo. Todo esto se logró mediante una distribución inteligente de los recursos, basada en datos de análisis criminal”.

Luego subrayó: “En los últimos 100 años se construyeron en Santa Fe unas 3.700 celdas. Nosotros, en cuatro años, vamos a construir más que eso. Vamos a ampliar unidades existentes y a edificar nuevas cárceles, entre ellas la de Piñero, que será la primera de alto perfil, con capacidad para 1.152 detenidos”.

Por último, anunció obras de conectividad para el norte santafesino: “En septiembre vamos a inaugurar la Ruta 3, que unirá cuatro localidades. Vamos a seguir invirtiendo en este querido norte provincial. Creemos en la infraestructura como motor de desarrollo, y en la obra pública como herramienta de igualdad”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó: “Esta era una obra que encontramos muy avanzada, pero sin condiciones de seguridad penitenciaria adecuadas. Santa Fe está experimentando un crecimiento constante de su población carcelaria: en promedio, ingresan tres nuevos presos por día. Esto nos obliga a agudizar el ingenio y redoblar esfuerzos para dar respuestas”.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, añadió: “Cuando asumimos, esta obra estaba paralizada. Le dimos ritmo para poder habilitarla hoy. Y quiero destacar el trabajo articulado entre todos los niveles del Estado durante la emergencia hídrica de la semana pasada. No obstante, tuvimos algunos inconvenientes, por eso decidimos no esperar a que Vialidad Nacional amplíe las alcantarillas y vamos a iniciar nosotros un sistema de obras complementarias, sin afectar la circulación sobre la Ruta Nacional N.º 11. Lo haremos a través de tres secciones de paso”.

Participaron del acto la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el diputado Sergio Rojas; la secretaria de Asuntos Electorales, Juliana Caillat; el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; y la intendenta de Vera, Paula Mitre, entre otras autoridades.

El gobernador Maximiliano Pullaro presidió este jueves en Rosario la apertura de sobres de la licitación para adquirir 300 chalecos antibala y antipunzantes destinados a agentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe. La licitación, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto con la Unidad Ejecutora de Infraestructura, contempla la compra de chalecos de protección individual RB3, de uso externo, con capacidad para resistir impactos de armas de fuego y ataques con armas blancas.El equipamiento demandará una inversión provincial de $ 337.500.000 y se sumará a los 300 chalecos ya licitados en marzo. La única oferta recibida fue presentada por la empresa FC Group SRL, que cotizó la compra en $ 285.000.000.Durante el acto, Pullaro afirmó: “Estamos cumpliendo un paso más en este proceso para recuperar la paz y la tranquilidad que necesitaban la mayoría de los vecinos, que en los últimos años vivieron muy mal. Nosotros entendimos que debíamos dar respaldo total a las fuerzas de seguridad”.En ese sentido, el mandatario remarcó: “Sabíamos que venían momentos difíciles porque no contábamos con el equipamiento, las herramientas normativas ni la capacidad para revertir lo que ocurría en las cárceles y en la calle. Sin embargo, confiamos en el personal y en el liderazgo de nuestros jefes policiales y penitenciarios para retomar el control. Y así, en muy poco tiempo, empezó a sentirse un cambio significativo en la provincia”.Pullaro agradeció el compromiso del personal del Servicio Penitenciario: “Se ha demostrado que cuando el Estado tiene voluntad y decisión política, puede lograr resultados. Ahora nos corresponde avanzar en una etapa más lenta, vinculada no solo a la planificación operativa y a las órdenes concretas, sino también a la llegada de equipamiento, armamento e infraestructura”.“Por eso, compramos chalecos, móviles y armamento, y estamos por inaugurar las primeras etapas de un programa de infraestructura carcelaria único en la historia de la provincia y del país. Vamos a duplicar las plazas penitenciarias construidas en los últimos 100 años, generando 3.400 nuevas celdas en solo cuatro años. Lo hacemos con la firme convicción de que este es el camino para llevar paz y orden a toda la sociedad santafesina”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recordó que “hace poco más de tres décadas, durante una toma de rehenes, perdió la vida un suboficial del Servicio Penitenciario. En su honor, la Escuela Penitenciaria lleva hoy su nombre: Marcos Sánchez. Pero más allá de los homenajes, queremos asegurarnos de que hacemos todo lo posible para brindar protección a cada uno de nuestros penitenciarios, así como lo hacemos con los policías”.Cococcioni subrayó que “la vida y la integridad física de las fuerzas del orden son pilares fundamentales de nuestra política de seguridad. Debemos cuidar a quienes nos cuidan. La tarea del penitenciario es crucial. Y cuando una cárcel no se gestiona adecuadamente, las consecuencias se ven en la calle”.Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó: “Vamos a contar con el equipamiento necesario y con unidades operativas adecuadas para cumplir nuestro trabajo y garantizar la seguridad en la provincia. No habrá unidades con personal desprotegido. El grupo de requisa, integrado por 150 efectivos que trabajan de forma permanente para controlar las unidades y evitar el ingreso de elementos prohibidos, será el principal destinatario de estos chalecos”.La actividad se desarrolló en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario. Estuvieron presentes también el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orsiani, y otras autoridades provinciales.

Venado Tuerto recibirá por primera vez a la Comisión Nacional de la Abogacía Joven de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en su 1ª Reunión Plenaria Anual, que se desarrollará el sábado 22 de marzo, desde las 9.30, en Sarmiento 698. La jornada incluirá disertaciones de especialistas y mesas de trabajo para abordar problemáticas del ejercicio profesional en los primeros años de la carrera.

El encuentro, que forma parte de los cuatro plenarios anuales organizados por la comisión, tiene como objetivo analizar y proponer soluciones para las dificultades que enfrentan los abogados jóvenes en el inicio de su trayectoria. La agenda del evento contempla una serie de exposiciones y debates sobre temas de relevancia jurídica y social.

La jornada iniciará con dos charlas académicas. En primer término, el Dr. Alberto Biglieri disertará sobre la Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, un tema clave en el ejercicio profesional. Posteriormente, el encuentro contará con un panel a cargo del fiscal de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone, y la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, quienes abordarán el trabajo interagencial en la lucha contra delitos complejos, como el narcotráfico.

Ambos especialistas expondrán sobre la coordinación entre distintas agencias del Estado para enfrentar delitos de alta complejidad, en un contexto donde la provincia de Santa Fe se encuentra en plena reconfiguración de sus estrategias de seguridad y justicia.

En la segunda parte del evento, los participantes trabajarán en comisiones para debatir y buscar soluciones concretas a los desafíos que enfrentan los jóvenes abogados en sus primeros años de ejercicio.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto destacó la importancia del encuentro y aprobó una declaración de interés municipal en reconocimiento al aporte que la Comisión de Abogacía Joven de FACA realiza en la formación y desarrollo de los profesionales del derecho.

Desde el cuerpo legislativo local resaltaron que esta iniciativa “guía hacia nuevas oportunidades, brinda aprendizajes y genera encuentros constructivos para que los jóvenes abogados puedan seguir creciendo profesionalmente”.

Con la participación de representantes de todo el país, este plenario se presenta como una oportunidad clave para fortalecer la federalización del ejercicio de la abogacía joven y la generación de estrategias de mejora en el ámbito profesional.

El Programa Recompensas, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y presentado públicamente a mediados de febrero, tuvo esta semana un resultado de alto impacto: la captura en Bolivia de Damián Reinfestuel, evadido de la Justicia desde el 30 de septiembre de 2023. Era buscado por el asesinato de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Rosario Central que fue atacada a piedrazos por simpatizantes de Newell’s tras el clásico disputado entre ambos equipos el 30 de septiembre de 2023.

El programa busca reducir los niveles de violencia y la impunidad. Para ello propone el ofrecimiento de un monto de dinero para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos desde el año 2014 a la fecha. La identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

Este mecanismo de Recompensas se suma al sistema ya vigente. La diferencia fundamental es que el programa que ya existía se establecía para casos específicos y a través de un pedido puntual. Hoy, a través de la decisión del gobernador Pullaro, el trabajo es absolutamente general y transversal a todos los homicidios que hayan ocurrido desde el 2014. Por lo tanto, en aquellos casos ocurridos desde esa fecha y que no tengan una resolución, está abierta la posibilidad de que quien sepa algo pueda aportar datos y, si es válido, cobrar una recompensa.

El gobernador sostuvo, tras la detención de Reinfestuel, que el Programa de Recompensas de la provincia “es el más ambicioso de la República Argentina por los recursos que implica y por el mensaje que le queremos enviar a todos los santafesinos y a los familiares de las víctimas de delitos violentos. La audacia de esta iniciativa es mirar hacia atrás para reducir la impunidad y la violencia”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Lucía Masneri, detalló que “el monto básico de la recompensa es de 8 millones de pesos. Sabemos que tenemos casos absolutamente particulares que pueden requerir una recompensa aún mayor. Un caso muy claro y absolutamente vigente es el de Paula Perassi (la joven sanlorencina desaparecida desde 2011), donde la recompensa es mayor por la complejidad que ha demostrado”.

Aquellas personas que tengan datos para aportar sobre cualquier causa pueden contactarse a través de correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o llamar al 911. Tanto la información recibida así como quien la brinda es “absolutamente confidencial. Los datos que se reciben son únicamente mandados al fiscal del caso”, precisó Masneri.

Cuando se recibe un dato, primero, se corrobora su veracidad, la utilidad en la causa y allí se determina la recompensa. “El pago se realiza en un sobre cerrado lacrado que no forma parte del expediente, por lo tanto el nombre de quien aportó datos no va a aparecer en ningún lado”. “Si reducimos la impunidad de 11 años para atrás, es claro que los niveles de violencia también van a empezar a bajar”, subrayó la secretaria de Asuntos Penales.

Sobre la posibilidad de falsos testimonios, Masneri afirmó que “es poco probable que tengamos un caso así. La sociedad se compromete seriamente con la necesidad resolver estos casos para que ningún asesino esté suelto. La resolución de homicidios nos va a traer paz. Muchas de estas personas están condenadas, tal vez por otro caso o lo siguieron cometiendo. Un asesino impune es realmente un riesgo para nosotros, no importa si en el 2015 o ayer. Además, a través del programa se realiza una mayor difusión de los casos. Eso nos va a ayudar a reducir la impunidad. Prueba de eso es el reciente caso de Ivana Garcilazo”.

Por último, la secretaria de Asuntos Penales explicó que “el Ministerio Público de la Acusación está cuantificando la cantidad de casos posibles en los últimos 11 años. En una instancia promedio, hoy estamos en un esclarecimiento del 50 % de los casos de homicidio. Es un número absolutamente alto y pocas veces visto en ciudades de América Latina. Muchas veces se esclarece a través del autor material y, en algunas instancias, esto no anula la continuidad del caso porque tal vez falte el instigador de este homicidio. Entonces, es un conjunto de datos lo que estamos buscando”, completó.

Por segunda vez en la semana, la titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, Lucía Masneri, convocó a la prensa para actualizar el panorama devenido del escándalo desatado en torno a la cárcel de Las Flores donde el jueves último se encontraron más de cuatro kilos de marihuana. El hallazgo se generó a partir de una requisa realizada por el propio personal penitenciario, pero a raíz del volumen de sustancias, se dio intervención a la justicia federal. Desde entonces, comenzaron una serie de allanamientos que son llevados adelante por efectivos de Gendarmería y que iban a concluir en el mediodía de este miércoles.

Producto de esos procedimientos y de acuerdo a lo informado oficialmente por la propia fuerza federal, se terminaron encontrando 1210 elementos cortopunzantes, 67 teléfonos celulares, semillas y plantas de marihuana, cocaína y hasta un arma de fuego.

Sin embargo, Masneri puso en duda la legitimidad de lo informado por Gendarmería. Dijo que, en rigor, fueron las requisas del propio Servicio Penitenciario las que generaron "los hallazgos más significativos", y sostuvo que en esos mismos relevamientos (de la provincia, y no de Gendarmería) fue encontrada el arma de fuego.

Lucía Masneri, la titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Foto: Flavio Raina

"Con intención de no superponer más requisas administrativas, y por razones de seguridad, hicimos otra requisa en el Pabellón seis ya allanado por Gendarmería y fue allí cuando se encontraron 27 celulares y los otros cuatro paquetes de marihuana que no había hallado Gendarmería", sostuvo la funcionaria.

"Me encantaría organizar el discurso – se plantó-: nuestras requisas son las que permitieron encontrar la mayoría de la droga; luego se hacen los otros pequeños hallazgos". Así, restó mérito a lo comunicado por Gendarmería respecto de los resultados de sus procedimientos. "Es más -sostuvo-, el arma es hallada a través de un anoticiamiento que llega al 911 y lo encuentra el equipo de nuestra Unidad. Los allanamientos (de Gendarmería) no tienen nada que ver ni con el arma ni con el resto de los elementos", aseveró.

Masneri relativizó algunos de los supuestos hallazgos (aclaró que la provincia no ha recibido información oficial sobre los resultados de los allanamientos); sobre las "pipas", sostuvo que son de fabricación casera y sobre los elementos cortopunzantes, dijo que la provincia autoriza en sus cárceles determinados cubiertos que, para el sistema federal, pueden ser considerados elementos de riesgo.

"Los allanamientos importantes fueron producto de nuestros relevamientos. Todo lo demás, lo sabemos a través de los medios, porque no tenemos notificación oficial", insistió.

Más allá de la disputa sobre de quién es el mérito de las actuaciones, Masneri admitió que "claramente hay una falla" en el sistema de control del penal, que permitió o facilitó el ingreso de todo lo mencionado. En esa línea, aclaró que los escáneres que verifican el eventual ingreso de elementos o sustancias "muestran del mismo modo un paquete de yerba que un bulto de marihuana; la clave para diferenciar uno y otro es la expertise del agente que maneja la computadora".

El último jueves se hallaron 4 kilos de marihuana en la cárcel de Las Flores. Foto: Gentileza

La funcionaria se refirió también a declaraciones del fiscal federal Gustavo Onel, quien estableció que la investigación abarca al personal penitenciario, sobre la base de las hipótesis de complicidad o bien de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y mencionó el hallazgo de drogas en sitios que utiliza el Servicio.

"Se trata de una oficina. Por lo menos es lo que nos han informado verbalmente. Tampoco sabemos si eso se trata de un secuestro viejo, o si hay un delito en curso del cual no estamos al tanto", sostuvo. Aclaró que no han sido notificados sobre eventuales imputaciones que pudieran involucrar a personal provincial, y reiteró que el desplazamiento de la cúpula del penal y el pase a disponibilidad de seis agentes se realizó "de manera preventiva". La intervención del penal se mantendrá por sesenta días.

La titular del Servicio Penitenciario provincial, Lucía Masneri, confirmó que continúan los allanamientos y se mantiene la intervención dispuesta por cinco días en la cárcel de Las Flores, después de que se hallaran más de cuatro kilos de marihuana en el patio del pabellón seis del penal.

Según precisó, la sustancia se encontraba fraccionada en 15 paquetes diferentes. La funcionaria explicó este lunes en conferencia de prensa que se dio intervención a la justicia federal a partir del volumen de estupefacientes encontrados puesto que excede el delito de microtráfico.

Masneri admitió que preocupa que se hayan vulnerado los controles.

Para Masneri, "es positivo que el hallazgo se haya producido a través de una requisa interna del propio Servicio Penitenciario". Sin embargo, ante la consulta de El Litoral, admitió que preocupa que se hayan vulnerado los controles permitiendo el ingreso de una cantidad significativa de droga.

"Sorprende la cantidad -dijo-; no así el ingreso de celulares o estupefacientes porque ese intento es permanente. Es algo que ocurre y sobre lo que se trabaja y controla. Por eso insistimos en que estamos conformes con que haya sido una propia requisa interna la que detecta la sustancia. Eso demuestra el trabajo que se realiza y se redoblarán los esfuerzos para mejorar aún más. El hallazgo se produjo en el marco de requisas de manera unificada, sorpresivas y completamente aleatorias", reiteró.

Masneri confirmó que fue desplazada la cúpula del penal (cinco funcionarios) en tanto que fueron pasados a disponibilidad seis agentes penitenciarios. Hasta el momento no se produjeron detenciones pero el penal continuará intervenido por disposición del propio Servicio Penitenciario. La unidad está a cargo del Director General de Seguridad.

Además de la sustancia, la funcionaria confirmó que se hallaron y secuestraron teléfonos celulares aunque se darán mayores detalles cuando concluyan los procedimientos.

Los panes encontrados durante el allanamiento.

Según mencionó, no hubo denuncias previas que advirtieran acerca de lo acontecido. Sí llamó la atención que durante las requisas se detectaran sectores del patio del pabellón mencionado con "tierra removida". "A partir de allí se extendió la excavación y se encontraron las sustancias", precisó.

Según contó, desde el momento de la intervención al penal se reforzaron medidas de seguridad y control. Están suspendidas desde entonces las visitas a todo el penal (alberga a más de dos mil internos) y se realiza un "trabajo más exigente con el sector canes".

El sitio en el que fueron encontrados los quince paquetes de marihuana es un área de uso común para los 160 reclusos que están alojados en el pabellón seis; no son presos de alto perfil. Según dijo Masneri, "hay allí cámaras y garitas pero las sustancias se encuentran en pequeños rincones donde no llega una visión directa de dichos dispositivos".

La funcionaria evitó abrir juicio de valor sobre la supuesta connivencia del personal penitenciario. Defendió la decisión de pasar a disponibilidad a los seis celadores y de desplazar a la conducción de la cárcel, pero dijo que se dejará trabajar tanto a fiscalía como a la dirección de Asuntos Internos.

Con respecto a los internos del pabellón involucrado, dijo que se realizaron algunos traslados que se consideraron pertinentes. Al margen de ello, dijo que la situación del penal es de "normalidad".

En el marco de las obras de infraestructura penitenciaria que lleva a cabo el Gobierno de Santa Fe en todo el territorio provincial, el Ministerio de Seguridad realizó la apertura de sobres con las ofertas económicas para realizar la Unidad Penitenciaria Nº 9 en Recreo. Para ejecutar la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 43.037.654.498,89, se presentaron catorce ofertas. 

El proyecto consiste en la construcción de 2 minipenales para hombres con 168 celdas cada uno y un minipenal para mujeres de 139 celdas, alojando en total 880 reclusos. 

Durante la actividad, el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura Penitenciaria, Diego Leone, explicó que “la obra se enmarca en el plan de infraestructura penitenciaria que desarrolló el gobernador Maximiliano Pullaro, que consiste en construir en 4 años unas 4.200 plazas para alojar presos, el equivalente a la cantidad que se realizó en los últimos 40 años. Además, al ejecutar una obra generamos mano de obra, en esta en particular van a trabajar de manera directa 150 operarios y 300 de manera indirecta. Es un motor de la economía para la región”. 

Otra particularidad que tiene esta obra “es que posee innovaciones sustentables, con paneles y calefones solares para generar 150 kw de energía”. Por último, Leone se refirió a la cantidad de ofertas recibidas y manifestó que “tener 14 empresas oferentes indica la responsabilidad, seriedad y transparencia con la que trabaja el Gobierno provincial”.

Infraestructura carcelaria para mujeres

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que “esta nueva unidad nos va a permitir reemplazar y otorgar finalmente una unidad carcelaria a la Unidad Nº 4 de mujeres de Santa Fe. Actualmente se encuentra en un edificio antiguo que no tiene la infraestructura que necesitamos para atender a la criminalidad femenina, ni en la ciudad de Santa Fe ni en toda la región centro-norte de la provincia. Estas 320 plazas van a resolver esa situación y a aportar un espacio de alojamiento a las condiciones de seguridad y de habitabilidad necesarias. Esto nos va a permitir resolver la situación de alojamiento para mujeres de manera definitiva”.

“Los otros dos módulos también contarán con la seguridad necesaria para alojar hombres, mejorando ampliamente la seguridad vigente en la Unidad de Las Flores y permitiendo vaciar las comisarías”, puntualizó Masneri. 

Las ofertas

La Unidad Penitenciaria N° 9 (Recreo) conlleva la construcción de tres Subunidades penitenciarias, una destinada para mujeres y dos para hombres. Para ello se realizó la licitación por módulo.

Para el primer módulo el presupuesto oficial es de $15.105.839.124,85 y las ofertas son: Riva por $16.992.000.000; Epreco por $16.457.432.338,71; Mundo Constructora S. A. por $13.953.275.192,95; Pecam S. A. $15.305.883.950,33; Tecsa S. A. $15.756.576.837,59; Capitel S. A. $16.389.911.605,34; De Paoli Trosce Constructora S. R. L. $13.955.042.247,32; Dyscon S. A. $17.934.948.497,59; Sanimat S. A. $16.555.587.882,64; Cocyar S. A. $16.344.369.179,37; la Unión Transitoria de Pirámide S. A. - Coemyc S. A. $14.784.592.382,18; Dinales S. A. $16.705.506.670,17; Mariano Panetto $16.602.113.372,90; y la Unión Transitoria Edeca Minervino $14.488.309.863,33.

Para el segundo módulo el presupuesto oficial es de $14.001.325.580,98 y las ofertas que se presentaron son: Riva por $16.789.221.000; Epreco S. R. L. $16.091.486.229,98; Mundo Construcciones S. A. $13.615.230.698,69; Pecam S. A. $14.950.477.990,30; Tecsa S. A. $14.864.022.017,78; Capitel S. A. $16.020.440.747,34; De Paoli Trosce Constructora S. R. L. $13.609.653.922,93; Dyscon S. A. $17.177.946.477,51; Sanimat S. A. $15.772.426.717,21; Cocyar S. A. $16.287.083.095,04; la Unión Transitoria de Pirámide S. A. - Coemyc S. A. $13.909.311.819,58; Dinales S. A. $15.574.051.258,20; Mariano Panetto $15.700.031.932,06; y la Unión Transitoria de Edeca Minervino $14.114.759.532,77.

Para el tercer módulo el presupuesto oficial es de $13.930.489.793,15 y las ofertas que se presentaron son: Riva por $116.683.210.000; Epreco S. R. L. $16.286.810.152,17; Mundo Construcciones S. A. $13.243.724.037,07; Pecam S. A. $14.947.626.717,37; Tecsa S. A. $14.880.906.750,93; Capitel S. A. $15.992.356.390,09; De Paoli Trosce Constructora S. R. L. $13.243.684.041,31; Dyscon S. A. $17.590.180.949,71; Sanimat S. A. $15.694.331.564,80; Cocyar S. A. $16.254.922.755,18; la Unión Transitoria de Pirámide S. A. - Coemyc S. A. $13.706.736.617,09; Dinales S. A. $15.504.941.898,06; Mariano Panetto $16.672.509.262,20; y la Unión Transitoria de Edeca Minervino $14.106.532.322,48.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, recorrió este jueves las obras que se llevan a cabo para construir 4 nuevos pabellones en el Complejo Penitenciario Rosario y que alojarán a 320 reclusos. La obra se lleva a cabo en el marco de un total de 4.260 celdas que la Provincia construirá durante los cuatro años de la actual gestión. Esto permitirá liberar a la policía de las tareas de custodia, para concentrarla en la vigilancia en las calles.

Actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres penales: uno de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria, mientras que el nuevo penal, denominado Sub Unidad 4, estará destinado a alojar varones.

Luego de la recorrida, en las instalaciones ubicadas en 27 de Febrero al 7800, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri destacó que “el 9 de abril abrimos los sobres para esta obra y hoy tiene un avance de más del 20 % construido. Este ritmo de obra va a permitir vaciar rápido las comisarías de Rosario. La fecha de inauguración prevista es en marzo del próximo año”.

En ese marco, Masneri también precisó que “se están realizando cambios y mejoras respecto al modelo básico para aportar a la seguridad. Esta Sub Unidad 4 viene a completar un complejo penitenciario que actualmente tiene 3 sub unidades y a transformar ese complejo en la cuarta cárcel en cuanto a capacidad y tamaño de alojamiento en la provincia”.

“Un complejo que actualmente tiene alojadas 960 personas, con 320 más va a pasar los 1.200 internos. Nos permitirá seguir mejorando el trabajo en las unidades, resolver parcialmente el problema de la sobrepoblación y la operatividad policial. Permitirnos utilizar la alcaldía de la manera en la que fue diseñada va a servir para que los internos puedan ingresar, hacer todos los trámites y tener allí sus audiencias y no estén permanentemente yendo a Tribunales”.

La construcción fue diseñada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, que depende directamente del gobernador Maximiliano Pullaro. Esta obra tiene 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados destinados a áreas recreativas y patios. La construcción demandará una inversión de 7.200.000 pesos.

En ese sentido, el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura Penitenciaria, Diego Leone, detalló que “la obra consiste en 4 pabellones, y se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora estamos concretando los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos”.

También apuntó datos constructivos de la obra: “Buscamos un método constructivo de sistemas premoldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón ‘in situ’, pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería premoldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses”, finalizó Leone.

Participó también de la recorrida el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informa que se encuentran en trámite de actualización las recompensas para las personas que aporten información y datos fehacientes por los homicidios de Damián Lucero, Joaquín Pérez, Mauro Villamil y Rocío Romano; en tanto que se han generado nuevos pedidos por las causas de Ivana Garcilazo, Lautaro Aranda, Enrique Candelaria, Nicolás Agüero, Matías Isassa y Maximiliano Gómez.

Además, el Gobierno de Santa Fe mantiene en vigencia las recompensas en relación a los homicidios de Marcos Iván Daloia, Héctor Raúl Figueroa, Diego Alejandro Celentano, Walter Eduardo Paglia y Andrea Verónica Portillo; al igual que por los paraderos de Paula Perassi y Mónica Soledad Aquino.

“Las recompensas se originan a partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Gobierno de la Provincia, mientras que los montos se establecen de acuerdo a la complejidad de cada causa”, explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. “Cada fiscal interviniente realiza el pedido de recompensa a la Fiscalía Regional y de ahí se eleva a la Fiscalía General antes de que llegue al Ministerio de Justicia y Seguridad”, amplió al funcionaria.

La identidad de aquellas personas que brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

El pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, en relación al mérito de la misma. “Es que no se podría emitir el pago de la recompensa si el fiscal de la causa no asegura que esa información haya sido importante”, aclaró Masneri.

La información y los datos relativos a la causa deberán ser aportados en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación: Fiscalía Regional N° 1 sita en Av. General E. López N°3302 de la ciudad de Santa Fe; Fiscalía Regional N° 2 sita en calle Sarmiento N°2850 de la ciudad de Rosario; Fiscalía Regional N° 3, sita en calle Alvear N° 675 de la ciudad de Venado Tuerto; Fiscalía Regional N° 4, sita en calle Iriondo N° 553 de la ciudad de Reconquista; o Fiscalía Regional N° 5, sita en calle Necochea N° 44 de la ciudad de Rafaela.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, recorrieron las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario y entregaron equipamiento al Servicio Penitenciario. En ese marco, Cococcioni sostuvo que “hoy contamos con 660 reclusos de alto perfil nivel 1, con lo cual también los dispositivos de seguridad tienen que adaptarse a los nuevos requerimientos. Los tiempos cambiaron y el Servicio Penitenciario no se las va a arreglar más solo. Ahora tienen un Gobierno que los respalda, no solamente con algunas lindas palabras, sino con hechos concretos”.En ese marco, el ministro de Justicia y Seguridad precisó que “tenemos en marcha un plan de reequipamiento del Servicio Penitenciario y de reconstrucción de plazas. Si la política penitenciaria no se refleja en un gobierno que invierte en obra pública, terminamos teniendo presos en comisaría y hacinamiento en Servicio Penitenciario. Por eso, en esta gestión de gobierno aspiramos a crear más de 4.000 plazas penitenciarias, que es el equivalente en número a las plazas que se crearon en los últimos 40 años en la provincia de Santa Fe”.“Queremos ver un cambio total en la institución, como ya empezamos a ver cambios en ustedes. Sin la formación del personal penitenciario y sin el respaldo para que pueda proceder operacionalmente cuando situación lo requiere, todo esto no serviría de nada. No se trata solamente de bienes materiales que el Estado les compra, sino de herramientas a través de las cuales les queremos decir que procedan, que hagan su trabajo, que requisen, que sean muy estrictos y muy intrusivos en los controles, que la sociedad se lo va a saber agradecer, como ya se lo está reconociendo. La ciudad de Rosario hoy tiene un tercio de los homicidios que tenía hace un año; mucho de eso tiene que ver con haber cortado la operación del delictual dirigida desde el interior de las cárceles. Eso se lo debemos a ustedes”, finalizó Cococcioni.

Por su parte, Masneri explicó que “este equipamiento es para reforzar la tarea que realizan todos los días. Muchas de estas tareas las hacemos con lo que tenemos, prueba clara de eso son los resultados de las estadísticas que venimos teniendo y el incansable trabajo conjunto que hacemos con los poderes judiciales y con la fiscalías, ya sea provincial o federal. Esto es para a fortalecer nuestra tarea de seguridad”.“Celebro, puntualmente, poder decir que tenemos 200 cascos. Vamos a poder equipar a todos aquellos que en el peor momento del servicio tienen que estar disponibles para poder entrar y resolver las situaciones de seguridad. Espero que podamos ampliar la adquisición porque nuestro servicio crece y siempre va a estar cubierto con las necesidades de seguridad”, finalizó la secretaria de Asuntos Penales.Por último, el director de Seguridad de la Unidad Penitenciaria N.º 5, Gastón Brun, detalló “los elementos que hoy recibimos van a poder sumar a los que ya tenemos dentro del Servicio Penitenciario. Quiero agradecer la voluntad política y destacar la necesidad que tenemos siempre de estar innovando y sumando el material logístico acorde a la seguridad. El material humano lo tenemos, pero con eso solamente no alcanza. Hay que equiparlo, instruirlo y tratar siempre de estar un paso adelante de lo que nos demanda el servicio. Con estos elementos cumplimos con la regla de las tres E: efectividad, eficiencia y eficacia”.Participaron también de la actividad el secretario de la Unidad Ejecutora, Diego Leone; y la directora provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP), Rocío Zanón.

En la subunidad 4 del Complejo Penitenciario de Rosario - Unidad 5- se están realizando la primera etapa de 320 plazas en pabellones de alojamiento.En la oportunidad, se entregaron 3 escudos antibalísticos y antifragmentarios Nivel RB 3 con visor y linterna y 200 cascos balísticos con protección Nivel RB 3, elementos que requirieron una inversión de U$S 267.900. Además, con una inversión de $ 3.793.873,45, se otorgaron 5 minicámaras endoscópica; 5 detectores de materiales; 5 detectores de metal con brazo sujetador tipo busca minas Dualteik; 20 linternas tácticas militares GadnicFly Light Led 3000lm IP66; 5 reflectores a batería recargables; y 20 linternas mineras, led recargables reforzadas, material aluminio – abcfloolight.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó este viernes el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas destinadas a la construcción de un nuevo edificio de control y requisas en la Unidad Penitenciaria Nº11 de la localidad de Piñero, situada en la Ruta Nacional Nº 14, km 13,5, a unos 15 kilómetros al sudeste de la ciudad de Rosario.

Estas obras se enmarcan en el plan de infraestructura carcelaria que lleva adelante el gobierno provincial. Los trabajos involucran una superficie total de 1.316 m2 de obra nueva y tienen un presupuesto de  $ 1.006.516.238,90 (a valores oficiales del mes de Enero 2024) que actualizado al mes de julio del corriente año asciende a $ 1.554.061.071,47 y un plazo de ejecución de 300 días calendario. 

Durante el acto, Cococcioni resaltó que la obra “forma parte de un programa de obra pública carcelaria que tiene como objetivos generar plazas carcelarias para terminar con el problema de los presos en comisarías y generar condiciones para alojar reclusos de distintos niveles de peligrosidad; y brindar servicios complementarios que aumentan los niveles de seguridad en las plazas ya existentes”. 

Por ese motivo, el funcionario provincial reconoció que “esperamos terminar este programa de obra pública carcelaria, que será el mayor en su despliegue en la historia de la provincia donde vamos a generar en cuatro años el equivalente en plazas carcelarias a las que se generaron en 40 años. Y vamos a dejar cárceles con todos los recursos para llevar a cabo los procedimientos de seguridad que la criminalidad actual nos exige”. Acompañaron al ministro durante la apertura de ofertas, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas, Lucas Condal y el titular de la DIPAI Santa Fe, Andrés Francesconi.

Por su parte, Lucía Masneri remarcó que dicha obra “no sólo tiene que ver con la posibilidad de tener inhibidores, garitas y muros, sino de impedir que determinadas cosas que afectan a la seguridad, ingresen. Estamos adaptándonos a las necesidades existentes”. 

Asimismo, Condal señaló que la obra “viene a mejorar las condiciones que tiene el complejo penitenciario y va a resolver la mejora en el control de las personas que visitan a los internos” y constará de “un nuevo edificio de requisas, dedicado a la visita, donde se amplia el sector de acceso y la parte existente hoy. Se hará un nuevo espacio para control de acceso de las visitas con áreas de espera y equipamientos sanitarios. Y tendrá una superficie de 500mts2 cubiertos más las áreas de galerías que son espacios de espera”.

En la oportunidad se presentaron ocho ofertas económicas destinadas a realizar los trabajos licitados: la primera de la firma Epreco S.R.L que cotizó $1.498.699.019,28; la segunda oferta correspondió a la firma Sanimat S.A que cotizó $1.551.363.151,95; la tercera oferta fue de UT. Werk constructora S.R.L, Del Sol Constructora S.A que presentó una oferta de $1.444.986.564,69; la cuarta oferta correspondió a la firma Dycson S.A que cotizó $1.350.660.986,62; la quinta oferta fue de firma VG Construcciones S.R.L por $1.187.244.077,71; la sexta oferta correspondió a la U.T AC ingeniería S.R.L – Tekno ingeniería S.R.L que cotizó $1.622.553.610; la séptima oferta fue de la firma DEPAOLI & Trocse Constructora S.R.L que cotizó la suma de $1.711.821.653,92; y la octava oferta fue de la firma PH Constructora S.R.L que ofertó $877.079.434,60.

Por cuestiones logísticas y de seguridad, la obra se dividirá en dos etapas: la primera consiste en la construcción del Sector B, donde se ubicará el nuevo control y requisa de las visitas y el área de espera. Una vez habilitado para su funcionamiento se podrá iniciar la construcción del Sector A, que incluye el desmantelamiento y demolición de un sector existente y la intervención del actual edificio de control de requisa a fin de habilitarlo para requisa del personal penitenciario que desempeña funciones en este lugar, incluyendo también un área de espera que se unifica con la del Sector B.

Se contempla construir un edificio con iguales características al existente como continuidad del mismo al otro lado del ingreso vehicular, y unificar la imagen de ambos hacia el exterior con un único edificio en forma de galería.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la Resolución 008/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que rige a partir de hoy, y que dispone que todos los presos de alto perfil alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Provincial comiencen a utilizar un uniforme de color naranja. 

Al respecto, la funcionaria aseguró que “consideramos que esto es un antes y un después en la seguridad carcelaria de Santa Fe. Esto viene no sólo a acomodar lo que desde un primer momento decíamos que estaba muy desprolijo, sino además a definir un criterio de seguridad, definitivo y por encima de otros criterios o estándares”.

En ese sentido, la funcionaria de la gestión de Maximiliano Pullaro agradeció “al Poder Legislativo, porque es una tranquilidad saber que estamos haciendo esto en el marco de nuestra nueva Ley de Ejecución N°14.243, que comenzó a regir en enero de este año, y que en su Artículo 24 nos permite categorizar a los internos, y progresivamente ir colocando uniformes”.

Durante el encuentro con los periodistas, realizado en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, Masneri indicó que “hoy se ponen en funcionamiento los uniformes para la primera tanda de internos que considerábamos más urgentes, es decir, los internos de alto perfil Nivel 1, aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe”, y agregó que estos detenidos “son los que más daño pueden causar en la sociedad santafesina, y por eso son considerados los de más peligrosidad y de los que más visibilidad necesitamos tener”. 

Un color que favorece la identificación

Asimismo, explicó que “hemos elegido un color llamativo, que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes: no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, o un verde, que son representativos de nuestras fuerzas de seguridad, sino que elegimos algo que favorece la posibilidad de identificación: ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciario, y con eso poder controlar no sólo cualquier circulación no permitida, sino cualquier intento de fuga”.

Los internos designados deberán utilizar estos uniformes anaranjados “en todo momento para salir de los pabellones, es decir, no recibirán ni visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas, sin estos uniformes”, dijo la secretaria de Asuntos Penales, que remarcó que “los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos. Hoy tenemos 60 internos Nivel 1 y 72 uniformes, pero estamos considerando el crecimiento de nuestra población”.

Finalmente, Masneri expresó que “creemos que marcamos una diferencia y que nos adelantamos a lo que va a venir: iremos ampliando los colores conforme se vayan actualizando las otras categorías de internos de alto perfil. Este es el primer paso con los internos Nivel 1, porque era lo más urgente, pero nos quedan los internos Nivel 2 y Nivel 3. En todos los casos este año se realizarán las licitaciones pertinentes”.

El Gobierno provincial licitó este martes la compra de uniformes completos para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario -un total de 29.055 agentes-, para lo cual se destinó un presupuesto de $ 28.815.084.576. Con el fin de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de las fuerzas de seguridad, se adquirirá ropa de abrigo, calzado, equipamiento de seguridad, ropa interior, ropa sport y para la lluvia.

El acto que se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, contó con la participación de las secretarias de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Georgina Orciani; de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari; y de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; junto al subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni; entre otros.

Al llamado a licitación se presentaron cinco empresas: la Unión Transitoria (UT) conformada por las firmas Mariana S.A. - Chirical S.A. - Robot S.R.L., que cotizaron por $ 21.848.552.283; la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda., que presentó una oferta de $ 27.498.277.830; Industrias Seatle S.A., que presentó una cotización por un solo renglón del pliego licitatorio, por $ 830.311.500; Margus Tex S.R.L., que cotizó por dos renglones del pliego, ofertó $ 1.334.228.610,25; y Prentex S.A., que cotizó un solo renglón del pliego, lo hizo por $ 646.329.420,66.

En su discurso, Orciani valoró “la importancia de las asignaciones presupuestarias en las políticas públicas, y vaya si es esta una ponderación del Gobierno de la Provincia en lo que es la política pública en materia de justicia y seguridad”, y reconoció que “nada de esto sería posible sin la celeridad con la que se ha actuado en las distintas gestiones de compra que ha llevado el Gobierno; esto habla de una integración de esfuerzos, de una suma de voluntades de los órganos rectores, de las conducciones ministeriales, y de todos los equipos que integramos las distintas carteras”.

“Hoy, luego de cuatro años de que esta sana costumbre se perdiera, estamos retomando una política pública con el valor que para nosotros tienen las fuerzas de seguridad -continuó-. No se trata de una compensación económica: esto tiene que ver con el verdadero valor que le damos al uniforme y al equipamiento de la fuerza de seguridad”, afirmó la funcionaria, quien aseguró que “estamos tratando de ponernos al día, de robustecer los equipamientos y la calidad en la prestación de servicio, porque eso depende en gran parte de lo que el Estado puede hacer”.

Mientras, Masneri remarcó que “en menos de ocho meses de gestión asistimos a 5 o 6 aperturas de sobres relacionadas con seguridad, con cuestiones trascendentales”, y recordó que “la última vez que se entregaron uniformes completos fue en 2018, es decir, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad. Tener el uniforme no sólo forma parte de una cuestión reglamentaria para nuestras fuerzas, sino que es la honorabilidad y el orgullo de portar un uniforme completo, elegante, provisto por la provincia, de calidad, y que dure”.

Finalmente, Faraoni agradeció “a los integrantes de la Subsecretaría de Tecnología y Equipamiento por el trabajo que han realizado en tiempo récord, prácticamente en poco más de seis meses poder llevar adelante una gestión tan importante como es la confección de las fichas técnicas, que son más de 90 por la cantidad de prendas y por la especificidad que tiene cada una”.

Para la Policía de la Provincia, que cuenta con 23.535 agentes, se elaborarán uniformes para el personal de Seguridad (compuesto de 18 prendas), administrativos (13 prendas), Operativo Verano (9 prendas), la Guardia Rural (18 prendas) y para las Tropas de Operaciones Especiales (TOE, 11 prendas).

En tanto que para los 5.520 agentes del Servicio Penitenciario, se confeccionarán los uniformes para el personal del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP, compuesto por 17 prendas), Fajina Gris (18 prendas), Administrativos (15 prendas), Fajina Negro (18 prendas), Técnico (18 prendas) y Grupo Operativo de Restitución del Orden (GORO, 17 prendas).

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Lucía Masneri, se refirió a la detención de un agente penitenciario del Penal de Coronda a quien se lo detectó intentando ingresar marihuana y cocaína. “Esto es fruto de los controles permanentes que realizamos en todas las unidades penitenciarias, tanto en el ingreso como el egreso del personal, porque no solo es importante requisar a las visitas o a los internos, sino a todos los actores que circulan por las unidades”, explicó.

Cabe recordar que, este domingo, durante los controles diarios que se realizan por escáner a las visitas y a los agentes penitenciarios, el personal detectó que uno de los agentes llevaba objetos sospechosos en ambos bolsillos del pantalón. Al requisarlo, le secuestraron medio kilo de cocaína y 388 gramos de marihuana. De inmediato se dio intervención a la Justicia para que procediera con las acciones correspondientes y se lo pasó a disponibilidad para luego ser expulsado del Servicio.

Masneri destacó el trabajo de los agentes que realizaron la requisa: “En este caso, la detección se hizo, a través del escáner corporal. Funciona como cuando nos sacamos una radiografía; detecta principalmente huesos, detecta metales que salen en formato blanco y el resto de las prendas, u objetos vinculados a un cuerpo, los detecta en formato de siluetas. Por eso celebramos la excelente actuación del personal de requisa en cuanto a ver una silueta que no es habitual, que no corresponde a una vestimenta y que no forma parte de un cuerpo humano y realizar posteriormente una requisa visual y manual de la persona que portaba estas cosas”. 

Luego, dijo que “cuando se realizó el hallazgo se comunicó tanto a la fiscalía de turno para que determine su continuidad y como a la PDI, quien se apersonó al espacio aprendiendo al empleado y constató que se trate efectivamente de estupefacientes y no de material con apariencia”. “En virtud de la cantidad y del evidente incumplimiento de las funciones de un funcionario público, lo llevaron detenido y se determinará si la causa queda en manos de la Justicia Provincial y Federal”, concluyó.

Este domingo, a partir de los controles diarios que se realizan por escáner a las visitas y a los agentes penitenciarios, el personal detectó que uno de los agentes llevaba objetos sospechosos en ambos bolsillos del pantalón. Al requisarlo, le secuestraron medio kilo de cocaína y 388 gramos de marihuana. De inmediato se dio intervención a la Justicia para que procedieran con las acciones correspondientes y se lo pasó a disponibilidad para luego ser expulsado del Servicio Penitenciario. 

Al respecto, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri indicó que “los nuevos controles implementados en el personal redundan en la defensa de la enorme mayoría de agentes penitenciarios que día a día cumplen de la mejor manera con su labor para aportar al control de las cárceles y la baja de la violencia en las calles”.“Por eso no vamos a permitir que se ensucie la tarea y el uniforme de los penitenciarios y vamos a proceder con la mayor dureza, de la misma manera que apoyamos sin dudar a quienes cumplen con su deber cada día”, concluyó Masneri.