La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que no está de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de Seguridad Interior, tal como lo dispusieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó en diálogo con TN.

Y explicó que con la legislación vigente si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite” ya que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.

La vicepresidente señaló que en caso de modificarse la ley, el Estado debe respaldar las acciones de las Fuerzas Armadas y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas.

“En caso de repeler el terrorismo, narcoterrorismo o cualquiera de las nuevas amenazas, los militares van a tener el respaldo estatal en la orden que se les está impartiendo sino pasa lo que pasó después en los 70′: un gobierno democrático que había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados. Incluso, hoy tenes gente que está pagando penas más gravosas que Videla o Massera”, completó.

Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir también cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”, “al igual que ella”. Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre ‘Jamoncito’", lanzó en referencia al jefe de Estado,

En otro tramo de la nota, Villarruel habló de lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella. Sobre esto, dijo: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”.

Y agregó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.

“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella", completó Villarruel.

En medio de la escalada de la violencia narco en Rosario, el Ministerio de Seguridad de la República oficializó la creación de la Unidad Antimafia (UA), una iniciativa destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado de tipo mafioso en el país. La Resolución 134/2024 surge en respuesta al creciente desafío que representa el crimen organizado.

La UA, creada en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, tendrá como principal objetivo detectar y prevenir el accionar de organizaciones criminales de tipo mafioso en el territorio argentino. Según lo estipulado en la resolución ministerial, la UA también será responsable de centralizar información proveniente de investigaciones relacionadas con estas organizaciones y elaborar informes periódicos que servirán como insumos para el diseño de estrategias de prevención y represión del crimen organizado.

Una de las funciones clave de la UA será coordinar el intercambio de información entre las diferentes agencias y fuerzas de seguridad del país, con el fin de generar indicadores de alerta temprana sobre la comisión de delitos por parte de estas organizaciones. Además, la unidad se encargará de brindar apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento de la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM), un espacio dedicado al análisis y la planificación de acciones contra el crimen organizado.

El titular de la UA será designado por la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad y estará a cargo de liderar la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Este funcionario será responsable de convocar reuniones periódicas de la MECOAM y de elaborar el reglamento interno de la unidad, entre otras tareas.

La MECOAM, por su parte, tendrá como objetivo detectar las diferentes manifestaciones del crimen organizado de tipo mafioso y elaborar planes y programas para su persecución. Esta mesa estará integrada por representantes de diversas instituciones y organismos relacionados con la seguridad y la justicia, incluyendo la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Además de la participación de organismos nacionales, la UA podrá invitar a representantes de fuerzas policiales y de seguridad de otros países a participar en la MECOAM. Esta medida refleja el compromiso del gobierno argentino de colaborar con la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA), creado en el ámbito de la UA, estará compuesto por representantes de varias fuerzas de seguridad y se encargará de llevar a cabo investigaciones específicas relacionadas con el combate al crimen organizado de tipo mafioso. Este grupo trabajará en estrecha colaboración con la MECOAM y otras agencias de seguridad y justicia para identificar y desmantelar las redes criminales.

La creación de la UA representa un paso importante en los esfuerzos del gobierno argentino por combatir el crimen organizado y proteger la seguridad de sus ciudadanos. El crimen organizado, con sus diversas manifestaciones, representa una amenaza constante para la sociedad y requiere una respuesta coordinada y multifacética por parte del Estado.

En un contexto marcado por el avance del crimen organizado, la iniciativa de crear la UA y fortalecer la cooperación con otros países en la lucha contra este flagelo es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, queda claro que la lucha contra el crimen organizado es un desafío continuo que requerirá un compromiso sostenido y la cooperación de todos los actores involucrados.

Resolución 134/2024 by El Litoral

"En el pasado hemos estado sufriendo la muerte de víctimas inocentes del narcotráfico, producto de sus luchas internas o por disputas de territorio; la situación actual parece similar, pero es esencialmente distinta", inicia el documento de la Mesa de Diálogo santafesino, que tiene una plural representación de entidades de todos los ámbitos.

El texto se conoció poco después de los graves episodios ocurridos en la ciudad de Rosario donde en menos de una semana fueron asesinadas cuatro personas (dos taxistas, un colectivero y un playero) en un marco de violencia creciente ligada a la operatoria del narcotráfico.

En este punto, destacan las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo provincial "para impedir la conducción del delito desde los mismos establecimientos penales"; decisión que provocó "que se planteara una disputa de poder entre las mafias y el Estado mismo, con amenazas a funcionarios y luego con crímenes que pretenden generar terror en la población y hacer retroceder las medidas dispuestas".

"Es un momento de encrucijada para toda la Sociedad, donde no hay muchas opciones, o nos rendimos a los planteos mafiosos, donde el futuro nos puede encontrar viviendo lo que han pasado otros países latinoamericanos, o nos unimos todos en defensa de las instituciones, de la ley y de la convivencia pacífica", advierte, con contundencia, la Mesa del Diálogo Santafesino.

A continuación expresa su "total apoyo al Estado Provincial, en este combate al narcotráfico y a su violencia", a la vez que solicita al Estado Nacional y a las demás provincias "que brinden el mayor apoyo logístico, para demostrar que ni Rosario ni Santa Fe estamos solos: esto es un problema de toda la Nación y no se puede dar un solo paso atrás".

Asimismo, manifiestan su solidaridad "con los funcionarios que reciben amenazas contra su vida o la de sus seres queridos; son la cara visible de una sociedad hastiada de vivir aterrorizada por un narcoterrorismo que la encierra y le impide vivir en libertad. Ellos, los funcionarios legítimamente elegidos en las urnas, son los que deben ejercer el poder del estado conferido por la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que regulan el ejercicio de ese poder".

"Estamos con ustedes", cierra el documento dirigido a las autoridades provinciales en el que se reitera la convocatoria "al compromiso por la paz y el cese de todo conflicto y acto de violencia".

Integran la Mesa de Diálogo la Iglesia Católica Apostólica Romana, Consejo de Pastores Evangélicos, DAIA. la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santa Fe, Facultad Regional Santa Fe-Universidad Tecnológica Nacional, la Unión Industrial Santa Fe, Bolsa de Comercio, Cámara de Comercio Exterior, Centro Comercial, Sociedad Rural, Confederación General del Trabajo - Regional Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción-Delegación Santa Fe, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, Asociación Conciencia y Asociación Dirigentes de Empresa.

Desde el 2020 a la fecha, el gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Seguridad, realizó una fuerte inversión de más de $12 mil millones para modernizar y equipar a las Fuerzas de Seguridad provinciales. Asimismo, se incorporaron 3.269 policías y 1.729 agentes penitenciarios para reforzar las tareas en todo el territorio de Santa Fe.

En cuanto al equipamiento para la policía, el gobierno adquirió 1.873 nuevos vehículos entre los que se encuentran 414 motos, 528 patrulleros, 844 camionetas, 50 patrulleros tipo furgón, 35 minibuses y 2 autobombas; 156 vehículos no identificables que se utilizan para actividades de investigación y 20 drones.

También, para el personal se adquirieron 9.134 nuevas armas de fuego entre las que se encuentran 8.400 pistolas, 634 escopetas y 100 fusiles; 20.500 chalecos de protección balística y multiamenazas; 800 equipos de protección antidisturbios entre los que hay 460 cascos y 60 escudos de protección balística.

Mientras tanto, para el Servicio Penitenciario se compraron 460 armas de fuego y 800 chalecos de protección balística y multiamenazas. En la policía provincial se incorporó el sistema UFED para la extracción de datos de celulares y el hardware para el uso en investigaciones; se contrató el Sistema de Administración y Juzgamiento de Infracciones que utiliza la Policía de Seguridad Vial, que tiene como finalidad la verificación electrónica de infracciones y su validación informática; se reemplazó el viejo 911 por un nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho (SiCAD) para la modernización de los servicios policiales que comprende tecnologías avanzadas de comunicación y videovigilancia, logrando que todas las fuerzas de la provincia estén plenamente coordinadas y conectadas para realizar tareas de prevención, operación y control policial.

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Este nuevo sistema integra a su vez, el funcionamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales conocido como COPs que permite planificar, analizar y evaluar las operaciones policiales, mejorando la atención de incidencias, optimizar la gestión de los recursos y minimizar los tiempos de respuesta y, para ello, se invirtió en equipamiento 2.164 teléfonos inteligentes robustos, 343 cámaras corporales con accesorios para motos, 47 estaciones de cargas para las cámaras, 10 estaciones de transmisión de datos para las cámaras; y geoposicionamiento en tiempo real para el seguimiento, despacho y control del accionar policial en el territorio.

También, el Servicio Penitenciario adquirió inhibidores de señal para las cárceles santafesinas y el sistema de body scanner que ya fue implementado en la cárcel de Las Flores, Coronda y Piñero.

Por otro lado, a finales del 2022 se obtuvo un fondo de 300 millones de pesos que fue destinado al fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, que ya lleva firmados 141 convenios con municipios y comunas dentro de los 19 departamentos de la provincia.

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La provincia invirtió $4.628 millones para la construcción de las Estaciones Policiales del Distrito Sudoeste y Distrito Sur, la ampliación y construcción del cerco de la Subcomisaria 19 de la UR II Rosario, Centro Integrado de Seguridad y Centro de Justicia Penal y la adecuación edilicia de Bloques B y C del CADEV (Centros de Atención, Despacho y Videovigilancia) ubicados uno en Rosario y otro en Santa Fe del 911.

También, destinó $137 millones en refacciones edilicias de comisarías, subcomisarías y destacamentos en 166 municipios y comunas. Asimismo, el Ministerio de Seguridad, en el marco del “Plan Incluir+Seguridad” invirtió un total de $2.496 millones para asistir a los grandes centros urbanos en el recambio de luminarias Led y el diseño de corredores seguros.

Entre 2020 y 2021 se sumaron 1.260 nuevos agentes a la policía provincial, en 2022 egresaron 1.394 más y en 2023 ya se integraron 615 nuevos agentes para atención de la Central de Emergencias 911 e ingresarán 1.800 aspirantes a la Policía de Seguridad, 250 técnicos administrativos y 107 profesionales médicos y psicólogos.

Por su parte, el Servicio Penitenciario incorporó 1.472 nuevos agentes (entre oficiales, suboficiales y profesionales). Y, en los próximos días, egresarán 257 oficiales, así como 50 oficiales y 600 suboficiales más, antes de fin de año.