Por Carlos Retamal

Un hombre de 50 años fue atacado a tiros en el atardecer del martes 22 de julio, mientras estaba en una calle a metros del hospital de niños Víctor Vilela, en barrio Hospitales, al sur de Rosario. La víctima posee numerosos antecedentes y estuvo vinculado a la banda Los Monos. Está internado en grave estado en el hospital de emergencias.

El ataque se produjo alrededor de las 19:30 en calle Rueda al 1800, casi esquina Dorrego. Varios patrulleros llegaron hasta esa zona luego de recibir al menos un llamado al 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar. Cuando aparecieron los policías, encontraron a un hombre tendido en el piso, con heridas de bala en la zona del cuello y una mano (roce).

Los uniformados pidieron una ambulancia y un rato después, el herido –identificado como Juan Domingo R., alias ‘Cascarita’– fue llevado por personal del Sies hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en grave estado, con pronóstico reservado.

Voceros policiales señalaron que se desconoce por el momento en que se movilizaba él o los atacantes. Además, indicaron que la víctima residía a pocos metros de donde fue atacado. Tenía antecedentes penales; entre ellos una condena por una causa vinculada a Los Monos por la cual estuvo preso en la cárcel de Piñero y contaba con tobillera electrónica por una causa federal (tenía prisión domiciliaria desde 2022).

En el lugar donde se produjo la balacera, frente a la parte posterior del hospital de niños Víctor Vilela, personal policial secuestró al menos media docena de vainas servidas, que fueron enviadas a peritar.

Si bien en un primer momento se mencionó como referencia del lugar del ataque al hospital de niños, que tiene sus ingresos por calle Virasoro al 1800 y Virasoro e Italia, la balacera se produjo en la calle posterior (Rueda), que no tiene ingresos al nosocomio y es usada para estacionar vehículos.

La balacera se produjo a menos de 200 metros de donde en el atardecer del domingo 20 fue asesinado a tiros un hombre de 30 años, identificado como Brian Nahuel Figueroa, mientras estaba en el interior de un automóvil VW Polo de color negro, en Virasoro al 1900 (entre Dorrego y Moreno).

En el marco del Plan Bandera, personal de la Policía Federal Argentina desarticuló en la ciudad de Rosario un clan narco familiar vinculado con la banda criminal "Los Monos".

La investigación para dar con esta red se inició en febrero pasado, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario informó a la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Franco Carbone y la Secretaría del Dr. Matías Lartigau, sobre maniobras de comercialización de droga en un domicilio ubicado sobre la calle Alzugaray.

Como consecuencia, intervino la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Regional Nº 2, a cargo del Dr. César Pierantoni, que encomendaron a los federales tareas de inteligencia.

Fue así que, durante los trabajos de campo, los policías identificaron una organización narco de carácter mixto, integrada por miembros de una misma familia que tenían vinculación con la banda "Los Monos". Asimismo, los uniformados detectaron seis domicilios utilizados para el acopio, fraccionamiento y distribución de las sustancias ilícitas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Penal de Instrucción N°1 del Distrito Judicial N° 2 de Rosario, a cargo de la Dra. Eleonora Verón, ordenó allanamientos simultáneos de los inmuebles. Fue así que los efectivos irrumpieron en las viviendas y detuvieron a los integrantes de la banda: cuatro hombres y dos mujeres.

Durante los procedimientos se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, aproximadamente 3 millones y medio de pesos en efectivo, 100 dólares estadounidenses, 20 teléfonos celulares y documentación relevante.

Los detenidos, todos ellos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por infracción a la Ley de Drogas N° 23.737.

La Policía de Santa Fe detuvo este viernes en la localidad de Carreras, a un hombre y una mujer con pedido de captura por cometer diversos delitos relacionados a amenazas y robos a un empleado de un comercio de Villa Gobernador Gálvez. 

Se trata de Rodrigo M., de 34 años y Tatiana M., de 27 años, prima de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso alojado en la cárcel federal de Ezeiza y vinculado a la banda de Los Monos.

A partir de una investigación llevada adelante por el fiscal José Luis Caterina, de la Agencia de Crimen Organizado y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario, la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Sur capturó a esta pareja, sobre quienes pesaban delitos por usura, lesiones leves, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de la libertad y robo calificado por el uso de armas de fuego.Tras la detención de Rodrigo M. y Tatiana M., el personal policial allanó su domicilio en calle Arias al 100 de la localidad de Carreras y secuestró dos teléfonos celulares.

Un hombre de 28 años identificado como Alexis Oscar Romero fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por haber amenazado a una mujer en Venado Tuerto. 

El condenado está detenido en la cárcel de Piñero por otros delito. La sentencia fue ordenada por el juez Leandro Martin en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. El fiscal a cargo de la investigación fue Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, de la Fiscalía Regional Nº 3.

El ilícito por el cual fue condenado Romero fue cometido el 12 de diciembre de 2022. “La víctima recibió amenazas de muerte en un cartel que le dejaron en la puerta de su casa”, señaló el fiscal y agrego que “también le decían que se comunique con un número telefónico”.

El funcionario del MPA relato que “el condenado la amenazó por mensajes de WhatsApp para que venda drogas para su banda criminal conocida como «La Mafilia»”. En este sentido, “la víctima realizó captura de las conversaciones y ese mismo día denunció lo ocurrido”, destacó Raposo.

El fiscal refirió que “Romero tiene vinculaciones con la banda «Los Monos»”, y agregó que “cuando detectamos que este grupo criminal estaba operando en Venado Tuerto, se trabajó de manera intensa y con rapidez para identificar a los responsables y evitar que sigan delinquiendo en la ciudad”.

“Solicitamos a la Policía de Investigaciones (PDI) que analice las llamadas telefónicas y los mensajes, lo que permitió dar con Romero quien está privado de su libertad en Piñero por otros hechos ilícitos ocurridos en Rosario”, detalló Raposo.

Por el ilícito cometido en perjuicio de la mujer de Venado Tuerto, Romero fue condenado como autor de amenazas calificadas.

Por su parte, Romero y su Defensa manifestaron su conformidad con la atribución delictiva, el monto de la pena y el procedimiento abreviado escogido para realizar el juicio. En la audiencia, el condenado admitió su responsabilidad penal por todos los hechos por los que lo investigó el MPA.

En cuanto a la víctimas, fue notificada y expresó su acuerdo con lo resuelto.

Entre principios de mayo y fines de junio, el gobierno provincial decomisó y tomó posesión de una docena de inmuebles pertenecientes a organizaciones narcocriminales del sur provincial, según trascendió de fuentes inobjetables del gobierno y de la justicia santafesina.

Se trata de bienes que pertenecieron a Esteban Alvarado y a Los Monos y que la justicia había ordenado su incautación desde mediados del 2022, medida que fue demorada y que la gestión actual decidió llevar adelante ante la advertencia formulada por fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la regional II. "Hay que cortar los circuitos de financiamiento a los grupos delictivos; se debe desarticular la trama del dinero", se repite en oficinas de los ministerios de Justicia y Seguridad; de Gobierno y en la propia gobernación.

Ahora ya las propiedades inmuebles están en manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), agencia creada en 2016 a partir del dictado de la ley Ley Nº 13.579. La norma dispone que bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la Agencia.

Será la APRAD la que deberá resolver si esos inmuebles salen a remate o bien serán destinados a organismos oficiales de la provincia. En principio, varios de ellos están ubicados en barrios cerrados del sur santafesino lo que impedirá instalar oficinas públicas.

Según pudo saber El Litoral los primeros procedimientos apuntaron a propiedades del clan liderado por Esteban Lindor Alvarado, tres de ellas en un country en jurisdicción de Roldán, otra propiedad en la zona sur de Rosario, un inmueble también en Rosario donde funcionaba una carnicería y finalmente una finca en jurisdicción de Piñero a nombre de sus hijos donde en cuatro hectáreas además de la vivienda se secuestraron caballos y galgos de carrera así como perros entrenados. "Muy parecido a los gustos que muestran las series televisivas sobre Pablo Escobar", dijo uno de los funcionarios que participó del acto de toma de posesión de esos inmuebles. En esa finca, una de las salas además estaba preparada para realizar actos de torturas con los elementos más sofisticados para hacer sufrir a la víctima, se señaló. En el caso de las casas de Pérez se pudieron encontrar túneles conectando las viviendas e incluso habitaciones subterráneas para usar como escondite.

En cuanto a las propiedades incautadas a Los Monos también en una de ellas había presencia de caballos y perros galgos así como un polígono de tiro. En el caso de este grupo, la justicia ordenó hacerse de viviendas en Pérez, Granadero Baigorria, Funes y en la zona sur de Rosario.

"La gestión está enfocada en cortar la financiación de las organizaciones vinculadas al negocio de la droga" se insistió en Casa de Gobierno a la hora de admitir la versión. Mientras tanto no se abren juicios de valor sobre las razones que demoraron casi un año el cumplimiento de la orden judicial y que tenía preocupados a los fiscales.

Por otra parte, en el gobierno se analizan medidas para incentivar a eventuales compradores a adquirir estos inmuebles. En la corta experiencia de APRAD hubo reticencia de los participantes en los remates de adquirir inmuebles que pertenecieron a organizaciones delictivas por temor a represalias. En cambio, es más ágil la venta de rodados debido a que se les cambia el dominio.

Por otra parte, la APRAD ya ordenó la compactación de mil vehículos que estaban en los depósitos que la agencia tiene en Alvear y en Santo Tomé. Se señaló que una de las tareas que demandó mayor tiempo a la gestión fue hacer una trazabilidad de los cientos de vehículos que estaban depositados en ambos lugares. Algunos vehículos fueron entregados a la policía y a otras agencia del Estado mientras que se está terminando de armar un nuevo remate de vehículos para la primera quincena de septiembre. "Hoy son unos 500 vehículos ya ordenados en los dos depósitos", señaló un vocero, acotando que pertenecen a organizaciones delictivas de distintos ámbitos, no solo ligadas al tráfico de drogas. La ley santafesina determina que en el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado Provincial.

Patricia Celestina Contreras, la madre de madre del líder de “Los Monos”, Máximo Ariel "Guille" Cantero, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ordenar balaceras a escuelas y estaciones de servicio de Rosario en noviembre de 2021 y cumplirá la pena con reclusión domiciliaria por un problema de salud.

La jueza de primera instancia Lamas González resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, representada por el fiscal Franco Carbone, aceptado por la Defensa y convalidado por las partes durante una audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los delitos por la que fue juzgada Contreras fueron intimidación pública calificada por el empleo de arma de fuego y amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por el empleo de armas en carácter de coautora (en un hecho), e intimidación pública calificada por el empleo de arma de fuego en carácter de coautora (tres hechos) y, como la pena se unificó con una anterior, en total será de 14 años de prisión efectiva.

A “la Cele Cantero”, apodo con el que se la conoce, se le atribuye haber entregado dinero en efectivo a Nazareno G. (ya imputado) en concepto de pago por un ataque de la organización criminal liderada por Nelson Alexis Aguirre (también imputado), quien disparó el 14 de noviembre de 2011 contra la escuela de educación técnica Nº472 “Crisol”, de Magnano al 6300. Según la resolución, la balacera realizada desde una moto "puso en riesgo la vida y los bienes de las personas presentes, con la finalidad de demostrar poderío, para lo cual instruyó a Nazareno G. sobre la manera de ejecutar la acción”.

También se le atribuye haber entregado dinero a Nazareno G. como pago por el ataque a balazos en San Martín y Saavedra, el 9 de noviembre de 2021, contra una estación de servicio en un hecho que fue ordenado por Aguirre desde su lugar de detención, en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Coronda, mientras que Nazareno G. fue el encargado de reclutar y seleccionar a las personas utilizadas para llevarlo a cabo, de coordinar la logística y de recaudar el dinero en concepto de pago.

Además, se le endilga entregar dinero a Nazareno G. como pago por un ataque cometido en la madrugada del 14 de noviembre del mismo año contra el Complejo Educativo de Cafferata al 4000 donde los balazos impactaron en el frente y en la puerta, mientras en su interior se encontraba personal del Ejército Argentino custodiando las urnas que se utilizarían en la elección legislativa nacional que se desarrollaría aquel día.

Finalmente, a Contreras se le atribuye entregar dinero a Nazareno G. para cometer la balacera del 12 de noviembre contra la estación de servicio de Ovidio Lagos al 4900 y todos los hechos fueron ordenados por Aguirre desde Coronda.

El periodista Hernán Lascano presentará en Venado Tuerto el libro “Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad”, escrito en coautoría con el periodista del diario La Nación, Germán de los Santos (Editorial Sudamericana - 2023). La cita es para el viernes 19 de abril a las 20 en la sala Castalia de la Biblioteca Florentino Ameghino (Juan B. Justo 42), con entrada libre y gratuita.El libro indaga en una serie de historias que buscan dar explicación al fenómeno que atraviesa la ciudad de Rosario en cuanto a seguridad pública, con una mirada profunda e integral del contexto, como continuidad y actualización del libro “Los Monos: Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno”, publicado también por Lascano y De Los Santos en 2017.La obra pone el foco en las disputas violentas entre las diferentes bandas, el lavado de dinero, las vinculaciones con el poder, el accionar de los sicarios y el funcionamiento del sistema carcelario.La presentación del libro, organizada por el Instituto N° 4058 Dante Alighieri (en su 30° aniversario) y la Asociación Regional de Trabajadores de Prensa (Artrap), fue declarada “de interés municipal” por el Concejo de Venado Tuerto.Este evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, de las diputadas provinciales Sofía Galnares y Rosana Bellatti y del concejal Sebastián Roma.

Hernán Lascano nació en Buenos Aires en 1967, es graduado en Comunicación Social en la UNR, con posgrados en Flacso.Periodista de investigación, fue editor de la sección Policiales del diario La Capital de Rosario, donde actualmente escribe, y redactó el suplemento regional santafesino de Crítica de la Argentina.Fue corresponsal del diario El Litoral de Santa Fe y formó parte de proyectos en Canal 5 y Radio Universidad de Rosario.

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

En la mañana de este martes 26 de diciembre personal de diversas dependencias policiales llevaron a cabo varios allanamientos ordenados por el fiscal Federico Rébola, que derivaron en la detención de Vanesa Barrios, esposa del líder de la banda Los Monos, "Guille" Cantero, una de sus hermanas y otro familiar, por una causa vinculada con extorsiones a un inmueble ubicado en la zona noroeste, que incluyeron un ataque a tiros, con el fin de apoderarse de la vivienda, donde actualmente funciona un minimarket.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación comenzó tras varios ataques –algunas veces a través de balaceras y al menos en una oportunidad con una bomba incendiaria (tipo molotov)–a un comercio ubicado en la esquina de Mendoza y Matienzo, de barrio Azcuénaga, que pertenecía a una persona que había sido condenada en su momento por narcotráfico.

Según la causa que maneja el fiscal Rébola, integrantes de la banda Los Monos hicieron se “apoderaron del inmueble”. Ante esto, este martes se detuvo a Vanesa Barrios, esposa de Ariel Máximo ‘Guille’ Cantero, líder de Los Monos, su media hermana, Julieta M. y al tío de su yerno, identificado como Ariel Ricardo D. El trío será llevado a audiencia imputativa junto con Cantero y Mariana Ortigala, presunta testaferro de la organización.

Voceros indicaron que una de las puntas para llevar adelante los allanamientos se dio tras las pericias telefónicas realizadas a teléfonos celulares de Ortigala, quien está detenida desde hace casi 100 días.

Los operativos fueron realizados por personal de la Brigada de Balaceras de la Policía de Investigaciones y de la Agencia de Control Policial (ACP), en distintas viviendas ubicadas en Rosario y Funes.

Los ataques contra el local comercial ocurrieron a mediados de julio de 2021, cuando el local fue baleado por tiratiros que además dejaron un cartel con una nota amenazante dirigida al dueño del inmueble (no de quien tenía en ese momento un comercio de venta de bebidas).El segundo fue a mediados de enero de 2022, cuando desconocidos pasaron y arrojaron una bomba molotov, que provocó el incendio de la puerta del negocio.

Tras estos dos ataques, el local pasó a manos de Mariana Ortigala. Esto se supo en el marco de la imputación contra la mujer detenida en un barrio privado de la ciudad de Funes en septiembre pasado. En dicho momento también se develó que el local no era para ella sino para la hija de Vanesa Barrios.

Un dato que no deja de llamar la atención sobre el local de Mendoza y Matienzo, donde actualmente funciona un minimarket que está abierto las 24 horas, es que luego de la detención de Ortigala fue atacado a tiros al menos en dos oportunidades, una en la noche del 12 de septiembre, y la otra hace casi 3 semanas (a principios de diciembre).